Pero también controlando las ayudas sociales que les presta el Estado. Así, el PP propone eliminar la relación entre el empadronamiento y el acceso de los inmigrantes en situación irregular a las prestaciones económicas no contributivas, «porque la irregularidad no puede generar derechos» y condicionar la residencia de larga duración a la contribución efectiva al sistema de Seguridad Social, al conocimiento del idioma y de la cultura españolas. También haciendo que recibir prestaciones asistenciales no genere por sí mismo el derecho a residir legalmente en España y devolviendo el arraigo y la reagrupación familiar su carácter excepcional «porque se ha convertido en una vía opaca de regularización masiva de inmigrantes irregulares sobre la que el Estado apenas ejerce control».
A todo lo anterior, los populares añaden un refuerzo en el control de las fronteras, con mayor dotación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través de más medios, tecnología y respaldo legal necesarios para combatir el crimen. El PP sitúa al Gobierno central como el principal responsable de la labor de proteger a los ciudadanos. «La primera razón de ser del Estado es la seguridad. La seguridad física y, también, la jurídica. Si el Estado falla en garantizar la seguridad de la gente, pierde su legitimidad. La ley existe para protegernos de otros que quieren imponerse o violentar nuestros derechos y nuestra libertad. Evitar esa situación es la tarea principal del Estado».
Con este convencimiento, Feijóo acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de haber «fallado» en su gestión en los primeros disturbios de Torre Pacheco. «Como solo se dedica a subastar España para mantener el favor del separatismo, ha renunciado a ejercer la autoridad del Estado. En su primer deber que es proteger la convivencia ha fracasado», sostuvo Feijóo esta semana. También criticó al Ejecutivo de Sánchez por usar los disturbios «para tapar sus cesiones al separatismo y su corrupción» cuando «lo único que ha hecho evidente es que ni hay política de seguridad ni migratoria». En este sentido el líder de la oposición recordó que mientras se debate sobre los inmigrantes ilegales de Torre Pacheco, siguen llegando más inmigrantes ilegales a las costas españolas.
Partiendo también de la premisa de que es el Estado el que protege al ciudadano, Feijóo quiso distinguirse de Vox, que justificó que la ciudadanía se tomara la justicia por su mano porque «es a lo que está conduciendo el Gobierno con su inacción», como replicó la portavoz parlamentaria Pepa Millán. Sin citar de forma expresa a Vox, Feijóo subrayó el martes pasado que, en democracia, a los delincuentes los persiguen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las leyes las aplican los jueces, por lo que «no es responsabilidad de la gente suplantar las carencias de su Gobierno»: «A quienes están llamando a incumplir la ley bajo la falsa proclama de tomarse la justicia por su mano les decimos que ya basta», sostuvo el líder nacional superada la tercera noche consecutiva de disturbios en Torre Pacheco.
Con todo, la actual dirección del partido reivindica una política migratoria desde el centro del tablero político: ni creen en «el buenismo ilimitado», que achacan a la izquierda, ni apoyan «los enfrentamientos, las brigadas ciudadanas ni alimentar el odio al extranjero» como acusan a Vox. En el PP entienden que «el problema está con la delincuencia y no en la procedencia» y que «las subvenciones son para quienes las necesiten, sean, o no, nacidos en España, pero no están para quienes no quieran trabajar». También consideran que la «ausencia» de política migratoria hace que el país sea «un coladero» y que España sea una excepción con respecto a otros países europeos a causa de los socios que sostienen a Pedro Sánchez.