23 de febrero del año 1976. El escenario es Elda, una localidad alicantina del valle del Vinalopó. Una ciudad industrial, en pleno apogeo económico. Y con una larga tradición zapatera desde finales del siglo XIX. El punto de encuentro es la Plaza de Castelar. Qué mejor símbolo que el que fuera cuarto y último presidente de la Primera República. Allí se reúnen hasta 3.000 trabajadores de diferentes sectores. El metal, el textil, la piel. Todos en apoyo a la lucha de los compañeros del sector del calzado. La lucha por un convenio justo. Una negociación de la que el sindicato vertical ha dejado fuera a los representantes obreros y, con ellos, sus reivindicaciones. «¡Arriba los salarios y abajo los precios! ¡No al despido libre! ¡No más horas extra!». La comitiva avanza y pone rumbo a la ciudad vecina: Petrer. Otra ciudad zapatera. Pero la Guardia Civil y la Policía Municipal les cortan el paso. Llegan los golpes. Se suceden las cargas. Finalmente, la concentración se dispersa. Pero en el ambiente sigue resonando un lema: «¡El pueblo unido jamás será vencido!».
Al día siguiente vuelven las asambleas. Y, a la caída de la noche, se celebra una nueva manifestación. Algo más modesta. Eso sí, esta vez, el gobernador civil de Alacant, Benito Sáez González-Elipe, ha mandado refuerzos. Hay que meter en cintura a la ciudad. A eso de las 11 de la noche, las calles empiezan a recuperar la calma y los furgones policiales se retiran. El último autobús recibe el adiós de un grupo de trabajadores, que lanzan piedras contra los bajos del vehículo. A la orden del sargento Ballesteros, el autobús se detiene y los policías descienden, pistola en mano. Comienzan las persecuciones.
Ocurrió en la calle San Roque, en el casco viejo de Elda. Eran ya cerca de las 11 y media. Teófilo, un joven trabajador del sector de la piel, se ha quedado solo. Le persigue un policía armado. Está a punto de girar la calle, de lograr escabullirse. De repente, seis disparos. El joven se desploma. Dos impactos le han alcanzado: uno en el tobillo derecho y otro en la nuca. Fallece a los pocos minutos. «Recuerdo que se presentó la Policía en mi puerta. Serían ya la 1 de la mañana. Me lo soltaron tal cual: mi hermano había muerto», hace memoria José Antonio, hermano del fallecido. Por aquel entonces él tenía 28 años; Teófilo, apenas 20. «Nos llevaron al cementerio, donde se hacían las autopsias. Mi padre no se sintió con fuerzas para identificarle, así que me lo pidió a mi», sigue contando en conversación con Público. Allí estaba. Pálido y amoratado. Sin vida.
Al día siguiente se celebró un funeral multitudinario en Elda, en la iglesia de San Francisco de Sales. Se decretó un día de luto y un paro general del sector zapatero en toda la comarca. Todo ello acompañado de una nueva manifestación. Unas 25.000 personas de todos los pueblos de la zona marcharon por las calles de la ciudad. «Las muestras de apoyo fueron enormes. La gente se volcó con nosotros. Con él», valora José Antonio. La respuesta institucional, sin embargo, no estuvo a la altura. El día 26, el gobernador civil emitió un comunicado sobre el suceso. «Al sonar algunos disparos, [los policías] hubieron de hacer uso de las armas», rezaba el documento. No se asumía ninguna responsabilidad. Todo lo contrario. Empezaba la campaña de criminalización mediática del manifestante.
Tras su asesinato, los medios se volcaron difundiendo la versión oficial
Las tres muertes de Teófilo del Valle
«A Teófilo lo mataron tres veces», sostiene el director alicantino de cine Manuel de Juan. Lo recuerda bien. Por aquel entonces trabajaba en el sector del metal y estaba afiliado a Comisiones Obreras. La muerte de Teófilo se le quedó clavada como una espinita. «Quería saber la verdad», confiesa a Público el también guionista. «La versión oficial era que el policía había hecho una serie de disparos de advertencia, al aire, y que algún rebote había tenido la mala suerte de impactar sobre Teófilo», refiere De Juan, que nunca llegó a creérselo. Por eso, empezó a investigar el caso, acompañado de su hijo. Contactando con familiares, antiguos compañeros y responsables de la investigación del asesinato. Lo terminó llevando a la gran pantalla, a través de un documental: Las tres muertes de Teófilo del Valle.
¿Por qué tres? El asesinato, la difamación mediática y la impunidad judicial. «Tras su asesinato, los medios se volcaron difundiendo la versión oficial«, critica De Juan. «El fallecido, de vida irregular, había sido detenido con otros en junio de 1975 en Madrid como componentes, al parecer, de una banda de traficantes de droga, habiéndoseles intervenido siete kilos, trescientos cincuenta gramos de hachís que tenían escondido en un piso franco del barrio de Canillejas», publicó la Jefatura de la Policía en una nota de prensa autoexculpatoria en los días siguientes al asesinato. Una información que corrió como la pólvora. Teófilo era un hippy. Un antisistema. Un criminal.
«Le desdibujaron completamente», denuncia su hermano. Teo era un joven trabajador, insiste. Por aquel entonces, estaba empleado en una fábrica de bolsos del barrio de la Tafalera. «Era de los pequeños de la familia, teníamos otros siete hermanos», cuenta José Antonio. Maruja, Victoria, Eugenia, Angélica, Guadalupe, Fernando y Tino. «A Teófilo le recuerdo como un joven afable, muy cariñoso. Y no estaba afiliado a ningún partido o sindicato. Simplemente tenía sus convicciones», asegura tajante. «Le tocó a él como le podía haber tocado a cualquier otro».
Fue todo una farsa. Le juzgó un tribunal militar, nada de un organismo independiente
Después del juicio mediático, llegó el juicio en los tribunales. «Nos enteramos de que habían detenido a un policía por los medios. No se nos comunicó nada oficialmente a los familiares, ni se nos permitió personarnos como acusación particular en el juicio», reprocha José Antonio. «De la misma forma nos enteramos del resultado», prosigue. Le habían absuelto. Daniel Aroca del Rey, el policía detenido, había asesinado a Teófilo en pleno cumplimiento de su deber. «Así funcionaba la maquinaria de la impunidad de la dictadura», valora el hermano del fallecido.
No sería hasta mucho más tarde, en medio de la investigación liderada por De Juan, cuando los detalles del caso saldrían a la luz. «Con un poder notarial que me firmó José Antonio, conseguí, por fin, acceder al expediente judicial», relata el director. «Ahí encontramos todas las pruebas del asesinato», señala. Y un nombre, el del juez instructor del caso: Agustín Ferrer. «Se atrevió, a pesar de recibir presiones de la Fiscalía de Alacant, a llamar a las cosas por su nombre: homicidio», concede De Juan. Un veredicto que se matizaría después durante el Consejo de Guerra, aprovechando la eximente de cumplimiento del deber. «Le juzgó un tribunal militar, nada de un organismo independiente. Sus propios compañeros. Yo me lo guiso, yo me lo como», ironiza José Antonio. Una farsa en toda regla. ¿Su resultado? Ni cárcel, ni multa. El asesinato de Teófilo quedó impune.
«No es venganza, es justicia y reparación»
La justicia llega tarde, pero llega. En abril de 2024, José Antonio presentó -con el respaldo de CEAQUA- una querella ante los juzgados de Elda contra los responsables de la muerte de su hermano. Entre los denunciados se incluían el policía Daniel Aroca del Rey, el sargento Laureano Ballesteros Carbajo, el capitán Carlos Holgado Marín, el exgobernador civil Benito Sáez González-Elipe y el entonces ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa. De los cinco, solo dos siguen con vida casi medio siglo después: Aroca del Rey y Martín Villa. Pues bien, el juzgado de Elda, que admitió la querella en noviembre de 2024, les ha citado a declarar este mes de noviembre. El primero lo hará el día 17; el segundo, dos días después, el 19. Los dos acudirán telemáticamente al juicio. Desde Albacete y Madrid.
«Es un primer paso para derribar el muro de la impunidad», reivindica De Juan. Un primer paso para limpiar -por fin- la memoria de Teófilo. Para reconocerlo como lo que fue: una víctima de la dictadura. «Mis padres se fueron a la tumba desconsolados, sin llegar a conocer nunca la verdad», se lamenta José Antonio. «Este reconocimiento les habría dado la paz que nunca consiguieron encontrar», añade emocionado. Pero no solo eso. El juicio por el asesinato de Teófilo se ha convertido ya en todo un hito. «Por primera vez en España, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar la categoría de crímenes contra la humanidad a dos responsables de la dictadura, como son un exministro y un miembro de sus fuerzas represivas», apunta De Juan.
«La aplicación de esta categoría es esencial para que el caso prospere», continúa el director. Por dos motivos fundamentales. Primero, porque los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben. Segundo, porque son inamnistiables y conseguirían, por tanto, burlar el filtro de la Ley de Amnistía del 77. Tampoco se podría lastrar el procedimiento conforme al principio jurídico de non bis in idem. Traducción: no puede juzgarse dos veces un mismo hecho. «La Ley de Memoria Democrática declara todo juicio y sentencia franquista nulo e ilegal, incluido el del asesinato de Teófilo», explica De Juan. Por todo ello, el caso tiene sustento y visos de prosperar. De cualquier manera, si la querella quedase finalmente archivada -han explicado a Público fuentes de la coordinadora- procederían a interponer un recurso de apelación. Y si el recurso fuera desestimado en la Audiencia Provincial, presentarían una demanda de amparo frente al Constitucional. Hasta recurrir, si fuera necesario, a instancias internacionales.
¡Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura!
«Esto ya no lo para nada», coinciden José Antonio y Manuel. Aprovechando para movilizar tres manifestaciones en torno a la celebración de las vistas del juicio. Dos frente al juzgado de Elda los propios días 17 y 19 de noviembre, a las 12. Otra frente a los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid. Allí se reunirán el día 19 también a mediodía, coincidiendo con la comparecencia de Martín Villa. «Es el principio del fin de la impunidad franquista. ¡Verdad, Justicia y Reparación para sus víctimas!», exigen los convocantes.
El caso de Teófilo se suma a tres causas ya abiertas en los tribunales españoles por los crímenes de la dictadura. La primera, por la desaparición forzosa del jornalero Juan Canet, fusilado el 13 de octubre de 1941 y enterrado -junto con otras 2.237 personas- en las fosas comunes del cementerio de Paterna. La segunda -tramitada a finales de junio en A Coruña- investiga las torturas que sufrió el militante de Unión do Povo Galego (UPG) Manolo Reboiras. La tercera y última, por torturas en la DGS de Madrid, la interpuso el pasado mes de enero el activista antifranquista Carlos Serrano.