El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, llega a su final. Este miércoles será el turno del interrogatorio al investigado; un interrogatorio inédito dentro de un juicio histórico. Antes, por la mañana, pasarán por el tribunal los agentes de la UCO que registraron su despacho y clonaron sus dispositivos móviles.
La línea de la defensa y de la Fiscalía ha consistido en demostrar que el interés del fiscal general en los correos entre el letrado del novio de Ayuso, Carlos Neira, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto era para llegar a la verdad y desmentir las noticias falsas con las que desde el gabinete de Ayuso, con Miguel Ángel Rodríguez al frente, trataban de manchar a la Fiscalía y por ende al Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que había ofrecido un pacto de conformidad a la pareja de Ayuso pero que luego se había tumbado por «órdenes de arriba».
El interés del fiscal general en el correo
Según quedó patente en la testifical de Mar Hedo, jefa de comunicación de la Fiscalía General del Estado, se trataba de limpiar la imagen de la Fiscalía porque parecía si no que se había maniobrado contra una rival política, es decir, Díaz Ayuso, que era el relato que esta trataba de imponer.
Había ocurrido precisamente al revés: la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, pidió a la Fiscalía un acuerdo de conformidad a través de su letrado, Carlos Neira, en el marco del procedimiento abierto por la Agencia Tributaria, para evitar así un plausible juicio por delitos fiscales. La presidenta de Madrid quiso dar la vuelta a la noticia, que no era otra que dichos delitos fiscales de la persona con la que convive en un piso adquirido por González Amador.
El fiscal general del Estado, según consta en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO)
—cuyo autor precisamente declarará esta mañana antes que García Ortiz—, preguntó a su círculo y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid
—donde habitualmente se llevan este tipo de procedimientos de fraude fiscal en Madrid— por la noticia de El Mundo, que difundía el bulo propagado por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).
El correo con la confesión del novio de Ayuso llegó a la cuenta de Gmail de García Ortiz a las 21.59 horas del 13 de marzo, de la mano de la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, horas después de que un periodista de La Ser conociera, pasadas las tres y media de la tarde, la existencia y el contenido de dicho correo (de 2 de febrero de 2024), lo viera con sus propios ojos y publicara la noticia a las doce de la noche.
Correo personal
De momento, ninguno de la treintena de testigos que han declarado en este juicio ha aportado una prueba de que García Ortiz sea el responsable del delito del que le acusan, es decir, de revelación de secretos, por el que le piden entre cuatro y seis años de prisión.
Este miércoles le preguntarán sin duda por qué pidió que le pasaran el correo a una cuenta de Gmail en vez de a la suya oficial. Posteriormente, García Ortiz eliminó esa cuenta personal.
Nota de prensa cuestionada
Le preguntarán por la nota de prensa con la que la Fiscalía quiso desmentir el bulo y que originó la denuncia del Colegio de la Abogacía de Madrid, cuyo decano ha declarado este martes en el juicio, en el que el ICAM ejerce la acusación popular. Según el decano Ribón, se interpuso la denuncia por considerar que se había vulnerado la confidencialidad que rige entre abogado y fiscal y se dio por hecho que la filtración procedía de la Fiscalía. La nota de prensa no es materia de enjuiciamiento, pero su importancia en el posterior discurrir de los acontecimientos ha centrado buena parte del juicio.
El borrado del móvil
Será interrogado también por el borrado de todos los mensajes que había en su móvil. El fiscal delegado de Protección de Datos,
Agustín Hidalgo de Morillo, ha explicado en la sesión de este martes que estaba facultado para ello pues es el responsable de los datos que aloja en su terminal, y más por ser datos «sensibles y reservados» los que guarda el fiscal general del Estado.
La resistencia desde dentro de la Fiscalía para no difundir la nota de prensa que dejaba en mal lugar a Ayuso y a su jefe de gabinete la ejerció la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que declaró en el juicio que estuvo en contra de esa nota de prensa. Según ella, «no había necesidad de dar tanto detalle, no había que dar más información. Solo señalar que la información es falsa».
El comunicado, difundido el 14 de marzo de 2024, hacía alusión a los correos intercambiados entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Salto. «Muchas veces los abogados se dirigen a la Fiscalía sin hablar con sus clientes», sostuvo Lastra en el juicio, en un claro respaldo a la tesis de González Amador, que será juzgado pronto por fraude fiscal y no quiere dar por sentado que admitió dos delitos fiscales por un montante de 350.000 euros, pese a que reconoce que su letrado le explicó en qué consistía una conformidad con Fiscalía.