El juez Juan Carlos Peinado decidió este lunes imputar a Begoña Gómez y a su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación de caudales públicos, un delito que agrava aún más el caso judicial contra la esposa del presidente del Gobierno. La imputación se sustenta en la sospecha de que Álvarez, empleada del Ejecutivo, pudo usar recursos públicos para beneficiar el proyecto académico dirigido por Gómez en la Universidad Complutense. La decisión, de enorme repercusión política y mediática, se apoyó en un auto previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló la investigación y sugirió que la Presidencia del Gobierno podría haber funcionado como una “estructura institucionalizada de poder” para desviar fondos.
Más allá del alcance jurídico de la causa, las miradas se centran ahora en las conexiones familiares y políticas de los jueces implicados. Tanto el propio Peinado como los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargados de revisar sus resoluciones, acumulan vínculos con el Partido Popular que alimentan el debate sobre la independencia judicial.
“Llevamos tiempo sosteniendo con datos que Peinado es un pésimo juez de instrucción que nunca debería haber entrado en la judicatura. Pero no nos engañemos. No está solo en el intento de procesar a Begoña Gómez. Por ejemplo, en la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de resolver sus disparates está el magistrado Jesús Gómez Angulo, cuyo hermano Juan Antonio es íntimo amigo de los Aznar & Botella y alto cargo con ambos. Su hija Paula es concejala del Ayuntamiento de Madrid y miembro del Comité Organizador en el último Congreso donde fue proclamado Feijóo. Con estos mimbres y las vinculaciones de Pinado con el PP poco más que añadir”, ha señalado en su cuenta de Twitter, Los Genoves, histórico colaborador de este medio.
Su hija, Patricia Peinado, es concejala por este partido en Pozuelo de Alarcón, uno de los bastiones tradicionales de los populares en Madrid. A nivel corporativo, Peinado ha estado vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerada de línea conservadora, y en 2024 llegó a figurar en la lista de candidatos al Consejo General del Poder Judicial promovida por el PP, aunque finalmente no fue designado.
Estos lazos familiares, políticos y profesionales han generado sospechas sobre la imparcialidad con la que se instruye la causa. Desde el Gobierno y su entorno se denuncia un patrón de “lawfare”, es decir, el uso de la justicia como herramienta de desgaste político. La oposición, por su parte, defiende que la actuación judicial debe seguir su curso y que “la ley es igual para todos”.
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