Uno de los más beligerantes ha sido Compromís, entre otras cosas porque su ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana, la autonomía más perjudicada por el sistema de financiación en vigor, que data de 2009. El pasado viernes, la formación recordaba este hecho e instaba a la Moncloa a «presentar ya una propuesta al conjunto de las comunidades que suponga terminar con la infrafinanciación autonómica que supone una merma importante en la calidad de los servicios públicos valencianos». Y, aunque este lunes Compromís se mostraba algo menos contundente y aceptaba los pactos bilaterales entre el Gobierno y Cataluña, su diputada Águeda Micó dejaba claro que «Compromís solo apoyará un nuevo modelo si pone fin a la discriminación» hacia la Comunidad Valenciana.
«Es imprescindible una reforma estructural y equitativa que respete la pluralidad del Estado, pero que también repare las injusticias que sufre el pueblo valenciano desde hace décadas», espetó Micó, que insistió en que cualquier nuevo modelo de financiación deberá incluir la condonación de la «deuda histórica» acumulada por la infrafinanciación. Compromís, asimismo, defiende la aplicación del principio de ordinalidad, por el cual ninguna comunidad debe empeorar posiciones en el ranking de recursos disponibles después de hacer su aportación a la caja única con la que el Estado reparte el dinero para compensar a las autonomías menos desarrolladas.
Otro de los partidos que ha mostrado sus reservas en relación a la financiación singular de Cataluña es Chunta Aragonesista, integrada en el Congreso dentro del grupo de Sumar. Su único diputado, Jorge Pueyo, exigió el pasado septiembre un acuerdo «amplio» que sirva para reformar la financiación de todas las comunidades y aseguró que, si se «ignoran» las necesidades de Aragón, su partido no apoyará en la Cámara Baja la modificación legal pactada este lunes. Pueyo ha convocado a los medios de comunicación este martes para trasladar su opinión sobre el acuerdo firmado por Gobierno y Generalitat, aunque hace unos meses insistía en que Aragón era una comunidad «infradotada».
El resto de Sumar ha tratado de ponerse de perfil con un asunto que provoca tiranteces en la coalición, y este lunes Lara Hernández, la coordinadora de Movimiento Sumar —la familia de la vicepresidenta Yolanda Díaz dentro de la alianza—, afirmó que es «imprescindible» renovar el sistema de financiación autonómica en su totalidad, no solo en lo referente a Cataluña. En la misma línea, Enrique Santiago, de IU, afirmó que ve «bien» el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat, pero advirtió de que el apoyo de su partido estará condicionado a que no «provoque discriminaciones» con otras comunidades y pueda ser «extensible» a otros territorios. Y, hace unos días, la líder de Más Madrid, Mónica García, consideraba «perfectamente compatible» que Cataluña se encargue de recaudar el IRPF con preservar la caja común.
Junts amenaza con votar en contra
Fuera de Sumar, otros partidos tampoco han querido garantizar aún su apoyo al acuerdo firmado por Ejecutivo y Generalitat. El BNG, como Chunta, ha convocado este martes a los medios de comunicación para fijar una posición al respecto, pero el pasado septiembre su líder, Ana Pontón, reclamó un modelo de financiación singular para Galicia como el que se pacte con Cataluña. «Un modelo que no atienda nuestras particularidades no nos conviene, tenemos características específicas en el sistema actual que hacen que los criterios que se están estableciendo nos perjudiquen», denunció entonces Pontón, que advirtió de que el BNG no apoyará en el Congreso ningún sistema que «resulte discriminatorio» para Galicia.
Por no gustar, el acuerdo suscrito este lunes no ha gustado ni a Junts, aunque en su caso también pesa el enfrentamiento que mantiene hace años con ERC dentro de la facción independentista por sus diferentes estrategias. El vicepresidente de la formación, Antoni Castellà, tachó el texto de «muy decepcionante» y amenazó con dejarlo caer en el Congreso. «Todo lo que no se acerque a un concierto económico y no suponga salir de la Lofca», la ley que regula la financiación autonómica de todas las comunidades menos el País Vasco y Navarra, «tendremos que dejarlo correr, no tendrá nuestro apoyo», espetó.