«No puedo irme de este mundo sin ver la justicia cumplida. Es lo único que aún puedo hacer por mi hijo», se quiebra Laura Moreno al otro lado del teléfono. Lleva seis años viviendo con la herida abierta que dejó el fallecimiento de su hijo Ilán Barbosa. Murió por suicidio el 28 de agosto de 2019, con apenas 11 años. Todo este tiempo, Laura se ha sostenido entre la tristeza, la rabia, la impotencia y el remordimiento.
Aquella tarde parecía una más. Ilán había comido macarrones gratinados, se había bañado en la piscina con sus dos hermanos y había bailado en el salón. Faltaban tres días para sus vacaciones familiares. Media hora antes de su muerte, se había enfadado con su hermano pequeño por el mando de la consola. El niño, de siete años, tardó mucho tiempo en entender qué había ocurrido. «Sentía que era culpa suya —recuerda Laura—. Tenía devoción por su hermano. No podía asimilarlo».
Ilán fue víctima de acoso escolar. Lo hostigaban los hijos de sus propios profesores. «Lo perseguían. Se apuntaban a las mismas extraescolares solo para seguir humillándolo. Lo insultaban, lo golpeaban, amenazaban a otros niños para que también se metieran con él», confiesa su madre. «Ilán estaba cansado. No pudo más. Pero hasta el final siguió siendo un niño alegre, noble, positivo. En casa era feliz, pero cada vez que iba a la escuela era un ataque continuo».
Laura Moreno, madre de Ilán Barbosa: «Los acosadores de mi hijo actuaban con total impunidad. Los profesores lo taparon todo»
Laura pidió ayuda una y otra vez. Avisó al colegio y denunció lo que estaba ocurriendo. Nadie la escuchó. «Los acosadores actuaban con total impunidad. Sus padres, los propios profesores de Ilán, decían que eran niños nerviosos. Lo taparon todo«, delata. Envió un informe narrando el sufrimiento de su hijo. No recibió ninguna respuesta. Ni siquiera activaron el protocolo contra el acoso escolar. «Fui a la Consejería de Escolarización. Me dijeron que llevaban diez años recibiendo quejas similares, pero que si los padres no denunciaban, no podían hacer nada. Ilán no quería denunciar. Tenía miedo. Yo también. Lo cambié de colegio, pero en el nuevo centro tampoco se activó el protocolo«. Cuando murió el menor, siete familias más retiraron a sus hijos del colegio.
Seis años después, Laura no espera disculpas. Nunca las ha recibido. Exige justicia. Reclama que se cumplan los diez puntos del decálogo para erradicar el acoso escolar de la asociación No al Acoso Escolar (NACE), de la que forma parte desde la muerte de su hijo. Pide formación en empatía y valores para docentes, familias y alumnado. También una atención psicológica real y continua. «No una consulta cada tres meses, como la que nos ofrecían a nosotros». Todo, para que ninguna madre tenga que vivir el dolor que ella carga. Para que ningún menor sufra el acoso que destruyó la vida de su hijo.
El caso de Ilán se reabrió a comienzos de este año. La reciente muerte de la adolescente sevillana que murió por suicidio este mes tras denunciar también acoso escolar ha reavivado todos los recuerdos que Laura intenta sobrellevar cada día. Las historias de ambos menores comparten un mismo patrón: avisos ignorados, protocolos que no se activaron y administraciones que miraron hacia otro lado. Ni en el caso de Ilán ni en el de la chica andaluza se tomaron medidas efectivas. Tampoco se adoptaron cuando murió por suicidio otro menor, en julio de este año. Ni cuando murió otra joven en Barcelona, en 2021. En cada uno de estos casos se incumplió el protocolo contra el acoso escolar.
Se falló a las familias.
Y, sobre todo, se les falló a ellos.
¿Qué le falta al sistema?
¿Por qué?
Es la pregunta que repiten las familias de los menores que murieron por suicidio tras sufrir acoso escolar. Coinciden en una misma conclusión: el sistema ha fallado. El pasado martes, miles de voces lo repitieron en las calles de todo el país. Esta vez, España se detuvo por la menor de Sevilla. No hubo silencios, sino gritos de justicia, de responsabilidad y de memoria. Reclamaron espacios seguros y libres de discriminación, más psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública, y la presencia de profesionales de salud mental en cada colegio, instituto y universidad. Pidieron protocolos reales y efectivos. Pidieron no olvidar. «Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro».
En marzo de este año, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó ante las Cortes Generales el Informe Anual de Actividad de 2024, un documento que ya ponía el foco en una de las grietas del sistema educativo: la ineficacia de los protocolos contra el acoso escolar. Según el análisis, las quejas recibidas por la institución evidencian que los mecanismos oficiales solo se activan cuando el daño ya está hecho, y casi siempre a iniciativa de las familias, no de los centros. «El elevado número de casos de acoso escolar en España hace imprescindible revisar y mejorar los planes de convivencia, actualizar los protocolos autonómicos y reducir su carga burocrática», advirtió el organismo.
Belén González, Comisionada de Salud Mental: «Los docentes no tienen herramientas ni canales para acompañar a los niños que sufren acoso»
Pero ¿qué está fallando realmente para que estas tragedias sigan ocurriendo? Belén González, psiquiatra y directora del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, lo resume en una conversación con Público: «Debemos mirar más allá del rendimiento escolar y escuchar, de verdad, lo que niños y adolescentes sienten y necesitan. Sin infantilizar, sin juzgar, sin restar valor a su dolor». Para González, el sistema educativo y sanitario continúa mirando el malestar infantil como una cuestión médica, cuando —valora— «el sufrimiento infantil tiene sentido en su contexto y necesita respuestas sociales, educativas y comunitarias, no solo clínicas«.
La especialista señala otro punto ciego: la soledad del profesorado. «Los docentes no tienen herramientas ni canales claros para acompañar a los niños que sufren acoso. Hay que formar y cuidar a los equipos educativos para que puedan reconocer las señales de alerta sin sentirse desbordados», explica. Y amplía que esa tarea debe ir acompañada de una coordinación real entre educación, salud, servicios sociales y comunidad. Defiende también la necesidad de abordar el acoso escolar como un problema de salud pública. «Necesitamos políticas que protejan a las personas y entornos escolares saludables: reducir las ratios por aula, fomentar relaciones seguras y ofrecer atención individual y profesionalizada», insiste.
Antonio Labanda, psicólogo: «Falla la sociedad que mira hacia otro lado, hasta que ya es tarde. Falla todo el que mira, ve y calla»
Sobre los protocolos de actuación, González destaca que aún presentan fisuras: «La regulación actual amplía lo que ya establece la Ley de Educación —incluyendo el acoso escolar, el ciberacoso o la violencia de género—, pero es esencial reforzar la figura del coordinador de bienestar y protección en cada centro». La psiquiatra incide en que el sistema debe asumir sus errores: «La autocrítica es fundamental. Reconocer dónde no se han dado las respuestas adecuadas nos permite avanzar en la prevención«. «Se necesita un cambio profundo, transversal a toda la sociedad. Las experiencias de violencia, negligencia o maltrato dejan huellas físicas y emocionales que pueden acompañar a una persona toda su vida. Por eso debemos construir una sociedad de tolerancia cero frente a la violencia y fortalecer las redes que protejan a la infancia y la adolescencia de forma integral», engarza.
El psicólogo Antonio Labanda, del Colegio Oficial de Psicología de Madrid, condensa otras grietas estructurales que agravan el problema: el exceso de alumnado por orientador y la sobrecarga administrativa que impide atender con tiempo y calidad. «En un informe del Ministerio de Educación de 2011 se recoge hasta en tres ocasiones que la UNESCO recomienda una ratio de un orientador por cada 250 alumnos«, deja caer. No obstante, el sanitario tiene claro qué y quién está fallando: «Falla el grupo de compañeros que ve y calla, que por miedo o por indiferencia no ayuda. Falla la familia que no enseña el respeto, la empatía ni la compasión. Falla la educación en valores, cuando dejamos que la burla se normalice y el dolor ajeno no duela. Falla la sociedad que mira hacia otro lado, hasta que ya es tarde. Falla todo el que mira, ve y calla».
Silencio y abandono en las aulas
La cadena de responsabilidades también atraviesa las aulas. Según el VI estudio La opinión de los estudiantes, elaborado por la Fundación ANAR y Mutua Madrileña, casi la mitad del alumnado (47%) admite que no interviene cuando presencia situaciones de acoso entre compañeros. El documento completa que uno de cada ocho estudiantes, el 12,3%, reconoce haber sufrido —o conocer a alguien que sufre— acoso escolar o ciberacoso. Pero las cifras podrían ser muchísimo más altas: la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE) estima que hasta 1,5 millones de menores se encuentran actualmente en esa situación en España.
Casi un 29% del alumnado valora que el profesorado no actúa ante los casos que conoce. Una percepción que coincide con los resultados del V Estudio sobre la percepción del bullying en la sociedad española, donde la mitad de los menores admitió haberse mantenido al margen, aunque sintieran compasión por la víctima.
Coral Latorre, estudiante: «El acoso escolar nos asfixia y, en demasiadas ocasiones, arrebata nuestras vidas»
Coral Latorre es estudiante universitaria y miembro del Sindicato de Estudiantes, la organización detrás de las movilizaciones del pasado martes. «El caso de la menor de Sevilla ha sido un golpe duro para nosotros. Muchos hemos sufrido acoso por cómo vestimos, por nuestro peso, por llevar gafas, por pertenecer al colectivo LGTBIQ+, o incluso por ser la feminista de clase», cuenta en declaraciones a Público. «Es una lacra horrorosa que nos oprime, nos asfixia y que, en demasiadas ocasiones, arrebata nuestras vidas», lamenta.
La joven corrobora la falta de seguridad en las aulas: «El acoso se vive en silencio, con vergüenza, y muchas víctimas llegan a creer que la culpa es suya». Critica los protocolos educativos, que considera demasiado abstractos: «Te explican qué es el acoso escolar, pero luego son cosas totalmente teóricas». Incluso si fueran perfectos, dice, no funcionarían sin recursos ni personal suficiente para aplicarlos. «¿Cuántas familias estarán sufriendo en silencio porque ni se activan los protocolos ni se toman medidas?», se pregunta. «Es importante que sepan que no están solos, no es un problema únicamente suyo y hay personas dispuestas a ayudarles«.
La falta de preparación del profesorado es otro factor crítico en la lucha contra el acoso escolar. Según el informe El estado de la salud mental en el aula 2025, elaborado por la Fundación Mapfre y Siena Educación, solo el 5,6% de los docentes ha recibido formación específica sobre convivencia o acoso en las aulas. La situación se confirma al cruzar estos datos con los del estudio de ANAR y Mutua Madrileña: el 64,5% del profesorado interviene solo a veces ante casos de acoso escolar, porcentaje que sube al 71% en secundaria. Solo el 32,5% considera que los centros actúan de manera adecuada, y uno de cada cinco profesores (20,9%) reconoce conocer directamente casos de acoso. El texto identifica barreras que dificultan la intervención de los centros: falta de recursos (88,9%), excesiva carga burocrática (65,2%) e insuficiente formación entre el profesorado (51,8%).
Lucas, profesor de un instituto en Madrid: «En muchos casos los protocolos antiacoso escolar no llegan a completarse»
Lucas (nombre ficticio para mantener su anonimato) es profesor en un instituto de la Comunidad de Madrid. Decidió hablar con Público para denunciar que en su centro, en los últimos cuatro años, no se ha abierto ni un solo protocolo de acoso escolar. El docente no duda de la utilidad de estas herramientas, pero su experiencia le demuestra que en muchos casos ni siquiera llegan a completarse. Admite que a él mismo y a sus compañeros les falta formación y respaldo. Reprocha que en los centros se ha instalado casi un mantra: «Si no hay protocolos abiertos, no existe el problema. Si no se ponen muchos partes, la convivencia es buena y se acabó». Además, desliza, la burocracia desborda a los equipos educativos: abrir un protocolo y atender un caso de acoso supone «muchísimo trabajo». También alude a la interinidad de los orientadores. «Si cada año cambias de orientador, todo el trabajo previo se pierde: conocer a los alumnos, al centro, a las familias…».
Sara Andrés es orientadora en otro instituto madrileño. «Hay una falta de aplicación de medidas, de sensibilización y de actuación ante la violencia en los centros educativos», expresa tajante en una charla con este medio. Para la especialista, el profesorado no está formado ni sensibilizado de manera sistemática. «Cuando hay docentes que sí muestran conciencia sobre estos problemas, suele ser un mérito personal, no el resultado de formación profesional o recursos específicos», aclara. También manifiesta la existencia de una cultura escolar que normaliza la humillación, tanto por parte de alumnos como de algunos docentes. «La reacción habitual ante los casos de acoso es minimizarlo: son cosas de niños o no tiene importancia«. «El sistema ha fallado, pero también lo ha hecho la sociedad», concluye con rotundidad.
El 024 es la línea de atención a la conducta suicida, disponible las 24 horas
del día, todos los días del año y de forma gratuita y confidencial. Ofrece
apoyo inmediato a personas con ideación suicida, a familiares y a personas
allegadas, con atención especializada y en varios idiomas.
También se puede contactar con los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar una llamada, existe la aplicación ALERTCOPS, que permite enviar una señal de alerta con geolocalización a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.