La Audiencia Provincial de Madrid tendrá en sus manos el 16 de abril la decisión clave sobre si se crea una macrocausa por la discriminación sufrida por las personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid durante el covid. Determinará el futuro de los procedimientos instados por los familiares de los mayores, que no recibieron una prestación médica adecuada en marzo y abril de 2020. Porque, aunque la Audiencia de Madrid rechazó el pasado diciembre la solicitud del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid para inhibirse en la investigación de una residente fallecida, la decisión de abril afectará a más de una veintena de procedimientos que tiene abiertos otro juzgado de instrucción, el número 3 de Madrid.
Su titular, María Isabel Durántez, ha rechazado de momento acumular 19 procedimientos: dos procedentes de Arganda del Rey, una de Collado Villalba, una de Getafe, cuatro de Leganés, seis de Madrid, tres de Móstoles, una de Navalcarnero y una de Valdemoro. Además, aún no ha dictado auto rechazando la acumulación en cuatro procedimientos en los que otros tantos juzgados se inhibieron en favor del suyo, pero lógicamente lo hará en línea con sus decisiones anteriores.
La causa por la discriminación vivida en las residencias de Madrid, donde fallecieron 7.291 personas sin ser trasladadas a un hospital y sin que sus centros fueran hospitalizados como había anunciado el Gobierno madrileño, se reactivó la pasada primavera cuando fueron imputados los primeros ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por un delito de denegación discriminatoria de la atención sanitaria, castigado en el artículo 511 del Código Penal. Esos ex altos cargos imputados en diversos procedimientos son el director de Coordinación Sanitaria hasta mayo de 2020, Carlos Mur Bernat; su sucesor en el cargo, Francisco Javier Martínez Peromingo y el director del Summa 112, Pablo Busca. El primero fue el firmante del conocido como protocolo de la vergüenza, que bloquearon las derivaciones de residentes a los hospitales públicos; el segundo está considerado por las familias «el ideólogo» de dichos protocolos, y el tercero era el máximo responsable del servicio de ambulancias.
La Audiencia Provincial de Madrid deberá ahora decidir si se unen o no los procedimientos en el Juzgado de Instrucción 3 de la capital. Por un lado están la Fiscalía de Madrid, los familiares de las víctimas que impulsan las causas judiciales y Martínez Peromingo, que solicitan la acumulación de las causas. Por el otro se encuentran la titular del Juzgado y Carlos Mur, que argumentan que no deben unirse.
Un único hecho, los mismos investigados
En sus escritos para instar la reapertura de las diligencias por la posible existencia de un delito de denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria, el Ministerio Público ya argumentó a favor de la acumulación de los procedimientos en una macrocausa. Según establecía, se investiga un único hecho, pese a que bajo la lupa se encuentren múltiples fallecimientos en distintos hospitales. La Fiscalía los compara con las muertes en un accidente de autobús. «Las causas del accidente son múltiples y las circunstancias del fallecimiento de cada una de las víctimas son distintas. Algunas de las víctimas formularán querella contra el conductor, otras contra el conductor de otro vehículo que se cruzó en la carretera», explica. Pero el procedimiento que se abriría sería único, «valorando conjuntamente la responsabilidad del conductor del autobús, el otro vehículo e incluso las circunstancias de cada una de las víctimas (ir no con cinturón)». En el caso de las residencias, el objeto de valoración debe ser, apunta, el protocolo que prohibía la derivación de los residentes contagiados, la medicalización de las residencias –que no llegó a realizarse –, la comunicación con los geriatras de enlace, los testimonios de los médicos de las residencias y si éstos consideraban que esos protocolos eran obligatorios.
Además, la Fiscalía recurre a la «economía procesal» para apoyar la creación de una sola causa, un argumento que también utilizan en sus recursos tanto los familiares denunciantes como Martínez Peromingo. Las familias aseguran que no sólo hay un hecho único, sino que también los investigados son los mismos en todos los procedimientos: los tres ex altos cargos antes citados. «El hecho que dio origen a la comisión del delito es idéntico: la aprobación y ejecución de los Protocolos de la vergüenza, con sus discriminatorias consecuencias». A su juicio, mantener divididos los procedimientos en los juzgados, produciría «efectos injustos y revictimidatorios [sic] en los perjudicados» y afectaría a la tutela judicial efectiva.
Los denunciantes ponen el foco en que lo de menos es en qué residencia viviesen los mayores, qué hospital les correspondiese o si finalmente fallecieron o no. «A todos se les aplicó una política discriminatoria global, consistente no sólo en la no derivación hospitalaria, sino en la falta de medicalización de las residencias y la no derivación a hospitales privados ni al hospital de Ifema». Según subrayan, el contexto fue «idéntico» y respondió a la «decisión política tomada y ejecutada» por los ex altos cargos investigados.
Uno de ellos, Francisco Javier Martínez Peromingo, también pide la acumulación de los procedimientos en una sola causa. Y lo hace por las mismas razones que la Fiscalía y los denunciantes –el hecho investigado y los imputados son los mismos en todos ellos–. Pero también porque «no resulta procesal ni humanamente admisible» que se le llame a declarar «en multitud de juzgados de la Comunidad de Madrid (siete, por el momento) y siempre por los mismos hechos». Es más, reproduce un párrafo del escrito de la Fiscalía que también utilizan los familiares y que tacha de «caótica» la situación a la que han conducido los «distintos caminos procesales» abiertos con cada denuncia. Para el ministerio público, la dispersión de los procedimientos «perjudica los intereses de la justicia», de los familiares de los fallecidos y de los propios investigados.
Contextos asistenciales distintos
Por el contrario, otro de los ex altos cargos investigados, Carlos Mur, que firmó los Protocolos de la vergüenza antes de ser destituido en mayo de 2020, prefiere que no haya macrocausa. Dice que los hechos que se investigan son distintos, las víctimas son distintas y los «contextos asistenciales» también difieren, al igual que las responsabilidades que se atribuyen a los querellados. «La acumulación [de procedimientos] diluiría la necesaria individualización de conductas, perjudicando la claridad del procedimiento y el ejercicio pleno del derecho de defensa», razona.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3, que se opone también a la macrocausa, hace suyos los argumentos de Carlos Mur. Dice que sólo son tres los investigados comunes a todos los procedimientos; el resto, detalla, serán distintos según la residencia o el hospital implicados: los geriatras de enlace, los geriatras de cada residencia, los directores de esos centros… Lo mismo que ocurrirá, aduce, con las víctimas, sus padecimientos previos o con el hecho de que unos fallecieran y otros no.
No obstante, la jueza admite que los hechos objeto de investigación tienen un origen común: «La existencia y aplicación de los protocolos de no derivación hospitalaria y el funcionamiento (o no) del Plan de Choque aprobado por la Comunidad de Madrid, principalmente la medicalización de las residencias». Pero, a su juicio, esa «circunstancia» debe «conjugarse» con la comprobación de si cada víctima recibió la asistencia sanitaria adecuada. «Ese contexto», determina, «es lo que ha de constituir el objeto de investigación»: si cada afectado fue discriminado. Por eso, pide una «instrucción diferenciada».