La última propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reformar el sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos ha generado un importante malestar en el sector y ha generado el rechazo, no sólo de los partidos de la oposición, sino también de Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición.
El planteamiento del departamento dirigido por Elma Saiz no es nuevo, sino que emana de la reforma que pactaron en julio de 2022 las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE), el Ejecutivo y los agentes sociales. En esa reforma se acordó que en 2032 estos trabajadores cotizarían en base a sus ingresos reales, con el objetivo, entre otros, de equiparar algunas prestaciones de las que ya disfrutan los trabajadores por cuenta ajena o asalariados (como por ejemplo acercar la prestación por cese de actividad al paro, o igualar las cuantías de las pensiones).
En esa reforma se pactaron las cuotas previstas para el periodo 2023-2025, y se dejaron para una futura negociación las cuotas de los siguientes años (que, en teoría, se deben acercar de manera progresiva al sistema de cotización por ingresos reales que entrará en vigor, tal y como establece la reforma, en 2032).
Bajo esta premisa, el Ministerio de Seguridad Social ha diseñado una tabla de cotizaciones en la que se sube la contribución en todos los tramos, incluidos en los más bajos, lo que ha generado un importante malestar en el sector y sus organizaciones más representativas. En la actualidad, en el tramo de contribución más bajo (aquellos que tengan rendimientos netos de 670 euros), la cuota es de 200 euros (un 29,8% de los rendimientos, un porcentaje que sube en el caso de los trabajadores autónomos que tengan rendimientos menores).
Según la propuesta del Ejecutivo, el próximo año estas personas verían incrementada su cotización hasta los 217,34 euros (un 32,4% de los ingresos netos). Los cálculos ofrecidos por el Gobierno llegan hasta 2028, cuando las personas que ingresen 670 euros o menos deberían pagar una cuota de 252,10 euros, un 37,6% de sus rendimientos netos; pero si se hace el cálculo hasta el año 2031 (incrementando en 17,37 euros la cuota cada año, como plantea la propuesta), estos autónomos terminarían pagando 304,22 euros (un 45,4% de sus ingresos netos).
Las cuotas de autónomos son deducibles posteriormente en la declaración de la renta, aunque depende de cada comunidad autónoma. La modificación de las cuotas esbozada por el Gobierno cuenta con el rechazo frontal de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), que la califica de «propuesta escandalosa» y de «paso atrás».
La ministra del ramo, Elma Saiz, ha defendido este miércoles que el objetivo es el de avanzar «gradualmente» hacia la cotización por ingresos reales de los autónomos para «no pasar de cero a cien», y desde el Gobierno se defiende que es necesario modificar los tramos y aumentar las cuotas para desplegar el modelo que busca equiparar las prestaciones de los autónomos con las de los trabajadores asalariados.
Sin embargo, esto no convence a UATAE, que, además, señala que perjudica a los trabajadores con menores ingresos y que no responde «ni al criterio de proporcionalidad ni al de progresividad». «No puede ser que la gente que está en el umbral del salario mínimo interprofesional en ingresos pague esto», advierten desde la organización.
Según la propuesta de Seguridad Social, en el último tramo inferior al SMI (hasta los 1.166 euros, teniendo en cuenta que el salario mínimo en la actualidad está fijado en 1.184 euros), los autónomos pagarían una cuota en 2026 de 271,24 euros (un 23,2% de sus rendimientos netos), una cuota que se elevaría hasta los 293,71 euros en 2028 (un 25% de sus ingresos).
«La proporcionalidad no es que todos paguen más«, insisten desde UATAE, desde donde alertan de que esta reforma puede incentivar la economía sumergida y la precariedad. La propuesta también eleva las cuotas de los rendimientos más altos, que, en todo caso, siguen contribuyendo en menor proporción respecto a los más bajos (un trabajador que declare rendimientos netos de 6.000 euros en 2025 tendría una cuota de 796 euros, un 13,2% de sus ingresos; una cifra que se elevaría hasta los 1.208,73 euros en 2028, un 20% de sus ingresos netos, esto es, 17 puntos menos que una persona que tenga rendimientos por valor de 670 euros ese año).
Esta «falta de progresividad» también ha sido señalada por la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, que, además, ha destacado que se enteró de la reforma propuesta por Saiz «por los medios»: «Lo que creemos es que hay que avanzar en una propuesta ligada a los
ingresos reales y la progresividad empiece por arriba, que aporten más los que más tienen. Esta propuesta, si es la que dicen los medios, penaliza a los que
menos ingresan», aseguró el pasado martes la vicepresidenta.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, recuerdan que la propuesta emana de la reforma pactada en 2022 para que en 2032 haya un sistema de cotización por ingresos reales. «La propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión no supone una subida de cuotas, sino el cumplimiento del compromiso adquirido en 2022 y la obligación legal derivada del propio Real Decreto-ley. Lo que el Ministerio plantea son las nuevas aportaciones necesarias para completar la senda pactada, no un incremento de cotizaciones», defienden desde UGT.
Desde CCOO también consideran que hay «coherencia» entre lo pactado hace tres años y la propuesta del Gobierno, y recuerdan que «el Estado va a incrementar su esfuerzo en prestaciones para los trabajadores autónomos», pero también advierten de que lo esbozado por Seguridad Social «tiene margen de mejora, y es necesario encontrar fórmulas para proteger a las personas que tienen las rentas más bajas».
Saiz pidió este miércoles «tranquilidad y sosiego», y recordó que «todas las reformas del diálogo social requieren de un tiempo». También desde las organizaciones sindicales mayoritarias se apunta a que «esto no es el final de nada, es el principio de un proceso y, por lo tanto, hay mucho margen de mejora». De momento, el PP, Vox y Junts ya han anunciado que votarán en contra de esta propuesta si llega en estos términos al Congreso de los Diputados, y otros grupos (además de Sumar), la han criticado.