Un letrado del Congreso de los Diputados, en una conversación con un redactor de Público hará poco menos de un año, dijo que “cuando se diseñó la Constitución, jamás se hizo pensando en un rey delincuente”. El comentario intentaba justificar así que en una Constitución de finales del siglo XX se hubiera incluido la inviolabilidad del rey, lo que a su vez ha impedido que el defraudador Juan Carlos haya podido ser objeto de una investigación parlamentaria porque dos partidos políticos, uno de ellos solo republicano de boquilla, han preferido proteger a un delincuente que defender los intereses de los españoles frente al delincuente en cuestión.
El letrado, no lo dudo, será un cerebrito en Derecho, pero tiene ganado un cero patatero en Historia Contemporánea de España. Teniendo en cuenta que de los seis borbones que han reinado desde que se inauguró en 1812 la historia constitucional de España los seis han delinquido, está claro que tenemos todas las papeletas para que cualquier borbón que instalemos en la Jefatura del Estado salga con las mismas hechuras. Lo extraordinario sería lo contrario. Todos y todas (Fernando, María Cristina, Isabel, los dos Alfonsos y Juan Carlos) han quebrantado leyes y constituciones al amparo de su inviolabilidad. Los que no han sido golpistas y perjuros han sido comisionistas y evasores, y cuatro de ellos, dicho sin ambages, ladrones. Y todos adúlteros… aunque esto incumba más a la endémica impudicia de los borbones que al Código Penal.
Entre los seis borbones delincuentes referidos está claro que no me he atrevido a incluir al séptimo por razones obvias. Aunque se coman la indignación y se cuiden mucho de decir ni mu, porque ya saben ellos que no está el horno para bollos, el artículo 491 del Código Penal sigue ahí. El actual jefe del Estado tendría mucho de lo que avergonzarse si no fuera inmune a la vergüenza, y aunque aún no existan pruebas de sus delitos, sí hay evidencias de complicidad. Qué menos. Es su padre. Cómplices de Juan Carlos han sido todos sus hijos, Sofía, la nuera, yernos, ascendentes y descendientes que conocían sus delitos y se beneficiaban de ellos. Protegían al adúltero, al evasor, al comisionista… porque así defendían su estatus, sus ingresos y sus privilegios.
Y tras Juan Carlos, la historia se repite. Felipe, la ciudadana Letizia, las privilegiadas hijas y todos los ascendentes y descendientes del señor majestad siguen a salvo de todo, mientras que los demás estamos expuestos a cualquier denuncia de cualquiera de esos… ¿parásitos? ¿Parásitos es injuria? ¿Es calumnia? El diccionario de la RAE dice que es un adjetivo que define a la persona que vive a costa ajena, y cuyos sinónimos son “aprovechado, abusón, vividor, chupón, gorrón, sablista”. Yo creo que no hay duda alguna de que el rey y la familia medio real viven a costa ajena con carácter perenne, y que incluso la antes asalariada ciudadana ni siquiera se molestó en pedir una excedencia laboral (deduzco sin pruebas) porque ya sabía que se subía al carro monárquico para los restos.
Dicen que no hay cuórum en el cuerpo de letrados del Congreso sobre si se puede o no investigar a Juan Carlos. Lo que sí hay en el cuadro de letrados es mucho cortesano decimonónico sin perendengues para ponerse del lado de la ciudadanía estafada en vez de en el lado del estafador.
Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla
Quince o dieciséis veces han estado de acuerdo el PP y el PSOE en vetar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las irregularidades cometidas por Juan Carlos de Borbón. Incomprensible que un partido que se dice progresista votara proteger al que había robado a la nación, evitando que las víctimas del robo conozcamos cómo nos había robado. Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla.
Y allá va el dato para el cuerpo de letrados de la Cámara: el 1 de diciembre de 1854 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuatro principales irregularidades cometidas por María Cristina de Borbón. Parece que el cuerpo de letrados a mediados del XIX, aun conociendo la misma situación de inviolabilidad de la regente, tenía más conciencia ciudadana que los actuales.
Por qué, ante las mismas circunstancias, lo que fue posible hace casi 200 años no ha sido posible ahora. Porque los políticos del PP y el PSOE han optado por proteger al delincuente para protegerse a sí mismos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, otra emboscada de la más pura derecha, casi nos llamó idiotas a los españoles cuando quiso explicarnos que no procedía investigar a Juan Carlos porque eso sería como cuestionar las instituciones. La señora Robles considera, pues, que en una democracia no se pueden cuestionar las instituciones, aunque esas instituciones son sospechosas de ser corruptas. Ole tú, Marga… Pues anda que tenemos un bonito Poder Judicial… por no hablar del propio Ministerio de Robles, que incumple deliberadamente la Ley de Memoria Democrática del gobierno al que pertenece. Mejor proteger la memoria de un golpista que la de sus víctimas.
Con María Cristina de Borbón estaba vigente la Constitución promulgada en junio de 1845. En su Título VI, artículo 42, se dice que “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables sus ministros”. En todas las constituciones desde 1812 hasta la de 1876 se protege al rey y se responsabiliza a los ministros. En la de 1978 mantuvieron lo de la inviolabilidad, pero quitaron la frasecita de la responsabilidad ministerial. Así ya salen todos indemnes.
La comisión parlamentaria para investigar a María Cristina se centró solo en cuatro puntos, porque si no, tal y como se destacó entonces, la relación de irregularidades era tal que provocaría que la comisión se eternizara. Esos cuatro puntos eran, uno, el tráfico de influencias en construcción y gestión de recursos. Dos, la crisis provocada por las irregularidades de su segundo matrimonio que impedía el ejercicio de su regencia. Tres, la gestión de la herencia de su marido el mastuerzo Fernando VII (que aquí robó lo más grande), y cuatro, y esto lo recojo textualmente, “la comisión considera que la parte más repugnante es la participación e intervención en distintas empresas económicas”.
Existe una notable diferencia entre María Cristina de Borbón y su tatatataranieto Juan Carlos. Este huyó como un conejo, pero regresa cuando le da la gana a pitorrearse de nosotros. María Cristina había sido expulsada y le fue expresamente prohibido volver a pisar España
Alguien se estará preguntando dónde estaba María Cristina de Borbón mientras la comisión parlamentaria investigaba sus delitos. Qué pregunta… pues dónde iba a estar, viviendo en el extranjero de lo robado en España. María Cristina, su segundo esposo, Fernando Muñoz, y sus siete churumbeles estaban empadronados en París, a veces en su precioso palacete de la Rue Courcelles, a ratos en el palacio de la Malmaison, que había pertenecido a Josefina, la esposa de Napoleón.
Pero existe una notable diferencia entre María Cristina de Borbón y su tatatataranieto Juan Carlos. El padre de Felipe huyó como un conejo, pero regresa cuando le da la gana a pitorrearse de nosotros porque no fue expatriado oficialmente. María Cristina había sido expulsada, desterrada, puesta en la frontera, y le fue expresamente prohibido volver a pisar España; prohibición que quedó en agua de borrajas en cuanto la también delincuente Isabel II autorizó el regreso.
Pese a la vigencia de la inviolabilidad de la reina, y en contra de lo que pudiera parecer, la comisión abierta en 1854 tuvo consecuencias. Según el profesor Miguel Ángel López-Morell, de la Universidad de Murcia, sirvió para solucionar asuntos pendientes, al conseguir que finalmente se materializara el dictamen de una comisión de investigación abierta contra María Cristina en 1840 (¡¿otra?! Sí, otra. María Cristina estuvo sometida a dos comisiones de investigación) y que obligó por fin a la reina madre a devolver 46 millones de reales y el palacio de Vista Alegre, valorado en 11,5 millones más, sisado todo ello de la herencia de su primer marido, Fernando VII. Tampoco crean que esta es una buena noticia, los 46 millones y el palacio fueron a manos de Isabel II y su hermana Luisa Fernanda.
En 1854 la comisión abierta no tuvo más consecuencias para la delincuente que las citadas, y tampoco las tendría ahora para Juan Carlos, pero al menos la de entonces sirvió para el debate político y sirve hoy para recordarles a los señores letrados que sí se puede, que querer es poder, que meter la mierda debajo de la alfombra del Congreso no nos ha gustado, y que no nos gustan que nos traten como a tontos niños chicos.
El caso de María Cristina de Borbón es tan calcado al de Isabel II, al de Alfonso XIII y al de Juan Carlos I que desespera comprobar la indefensión ciudadana propiciada por la deliberada desidia política.
Entre otras circunstancias que ahora no vendrían al caso, fueron los abusos de la Corona y las camarillas de ambas borbonas (reinaba Isabel II y negociaba a su amparo su madre), en connivencia con un gobierno conservador e insoportablemente corrupto, los que propiciaron la revolución de 1854. Los ciudadanos incendiaron la residencia de la reina madre, el Palacio de Las Rejas, un antro de corrupción a la vista de todos donde las comisiones y los chanchullos financieros estaban a la orden del día. Por algo los madrileños bautizaron la mansión como La Bolsa. El incendio del Palacio de las Rejas lo definió Benito Pérez Galdós como “la justicia misma en todo su esplendor”. Qué arte…
María Cristina, su marido y los siete hijos se refugiaron en el palacio real, fuertemente custodiado para frenar a la chusma, bajo la protección de Isabel II, que intentó negociar con Francia la salida honrosa de su madre, su padrastro y sus hermanos plebeyos. Pero el recién estrenado presidente del Gobierno, Baldomero Espartero, había prometido que la reina madre “no saldría ni de día ni de noche ni furtivamente”. Tenía que hacer frente a sus innumerables delitos por mucha inviolabilidad que le asegurara la Constitución. Lo que la Carta Magna no impedía era acusarla formalmente de haber quebrantado las leyes; otra cosa es que no se le pudiera condenar por ello. Pero oírlos, los iba a oír.
Espartero, sin embargo, se arrugó: “Con el objeto de evitar las complicaciones que podían sobrevenir si por más tiempo permanecía en el país la Reina madre Doña María Cristina de Borbón, el Ministerio presidido por el ilustre Duque de la Victoria [Espartero] obró con previsión y acierto extrañando del Reino a dicha señora, y reteniendo en depósito sus bienes hasta que las Cortes resuelvan lo más conveniente”. Este fue el pretexto que dio el Gobierno a las Cortes meses después, en febrero de 1855, cuando se le pidieron cuentas por haber expulsado a la reina madre sin que hiciera frente en España a sus responsabilidades.
María Cristina fue puesta en la frontera con Portugal ante la indignación ciudadana al ver por segunda vez cómo la reina era expulsada del país sin que sus actos tuvieran consecuencias. Se anuló la pensión (Felipe se creyó un valiente por haber hecho lo mismo con su padre), se le confiscaron los bienes (Felipe no tuvo lo que hay que tener para hacer lo mismo) y la enviaron a hacer gárgaras con órdenes de no regresar (también aquí Felipe, junto con el Gobierno español, demostraron una cobardía supina). Y tan despegado de la realidad como lo está Juan Carlos lo estaba su abuelita María Cristina, que se manifestó conforme con abandonar el país, pero recibiendo honores en su despedida. Por supuesto, la mandaron a freír espárragos.
Los bienes confiscados, evidentemente, se refieren a los que había en España, porque las propiedades que tenía en el extranjero las continuó disfrutando, y parte de la ingente fortuna que amasó y había evadido del país la había repartido entre los hijos: un millón de francos para cada uno.
Un Borbón entiende como pocos caudales lo que a un plebeyo le daría para vivir dos vidas… o tres
Bien es cierto que, a decir de los estudiosos, a partir de 1854 María Cristina y su tropa entraron en una decadencia económica a raíz de varios negocios fallidos y por culpa de su irrefrenable despilfarro, siempre teniendo en cuenta que un Borbón entiende como pocos caudales lo que a un plebeyo le daría para vivir dos vidas… o tres. López-Morell tiene publicado que, de los 196 millones de reales que la pareja llegó a amasar, al final de la vida de la manirrota María Cristina solo quedaban 39. Una birria para un Borbón. Para un ciudadano sería el cuponazo.
Y para no correr el riesgo de que quede en el tintero: pasado un tiempo los bienes le fueron restituidos, la pensión restaurada y tuvo autorización para regresar a España con su nutrida familia cuando le saliera de su peineta morena. Por eso hubo que expulsarla una tercera vez del país, en 1868. Esta vez salió en el mismo pack que su hija Isabel II.
Podríamos preguntarnos si pudo tener algo que ver a la hora de abrir una investigación a Cristina de Borbón que fuera reina y no rey. Pues según algunos investigadores que han estudiado el juicio político a Cristina de Borbón desde la perspectiva de género, sí. Por citar a uno de ellos, según Oriol Luján, de la Autónoma de Barcelona, “la corrupción consumada por una mujer era descrita como un acto deshonroso e indecoroso que quebrantaba el ideal de mujer respetable, mientras la denuncia de la corrupción cometida por parte de varones se percibía como una actuación que lesionaba la caballerosidad”. Lo mismo tiene razón, pero, sea como fuere y por lo que fuere, la comisión de investigación parlamentaria se abrió por acuerdo unánime.
Las conclusiones se presentaron en 1856, confirmando el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la corrupción administrativa por lo que afectaba a sus actividades privadas, aunque la comisión reconoció la imposibilidad de acceder a todos los negocios de los que sacó tajada. Y se confirmó igualmente el robo de las joyas patrimonio del Estado (la muy cuca intentó en un principio culpar a José I Bonaparte de la desaparición de muchas alhajas), la destrucción de documentos claves que la incriminaban y la manipulación de otros para incrementar la herencia de ella y de las dos hijas en común con el mastuerzo Fernando VII.
También la comisión consideró manifiestamente probada la ilegalidad del matrimonio morganático con su guardaespaldas Fernando Muñoz en 1833, que la hubiera obligado a renunciar a la regencia, a toda prerrogativa política y a todo ingreso relativo a su cargo.
Cómo es posible que un gobierno que hoy se dice progresista haya hurtado a la ciudadanía el derecho a escuchar en el Congreso que el jefe del Estado ha sido un embustero, un evasor, un defraudador, un despilfarrador, un comisionista y un manipulador
Entre tanto delito probado por la comisión se confirmó otro absolutamente extravagante que ahora lleva a sonreírse y decir… ¿en serio?… pero entonces tuvo mucho más calado de lo que podemos imaginar: el intento de María Cristina y Fernando Muñoz de colocar al mayor de sus hijos como rey de Ecuador utilizando recursos de España y tropas del Ejército para tomar el poder por la fuerza. ¿¡En serio!? En serio.
Aquella comisión de investigación parlamentaria promovida por un gobierno progresista, y siempre teniendo en cuenta que el progresismo de entonces era conservador, consideró necesario poner sobre la mesa, en el Congreso, a la vista de los diputados, todas las irregularidades y delitos en los que había incurrido María Cristina de Borbón. Cómo es posible que un gobierno que hoy se dice progresista haya tenido un comportamiento tan pusilánime y haya hurtado a la ciudadanía el derecho a escuchar, en ese mismo Congreso, que el jefe del Estado ha sido un embustero, un evasor, un defraudador, un despilfarrador, un comisionista y un manipulador. Y ese era Juan Carlos, nada más y nada menos que el padre del siguiente jefe del Estado.
No pudieron sorprenderse hace siglo y medio de que Isabel II estuviera cortada por el mismo patrón que su madre. Tampoco habrá sorpresas con Juan Carlos y Felipe. Doscientos años de experiencia nos avalan.