Vox pide y el PP da.
Los de Feijóo gobiernan pero son los de Abascal los que marcan el paso, señalan las líneas rojas y deciden la ruta por la que deben transitar los acuerdos entre los dos partidos. Al tiempo, por ese camino que diseña el discurso de odio la ultraderecha se van quedando las libertades civiles de miles de ciudadanos
y ciudadanas.
Así ha sucedido en Jumilla (Murcia), donde ambas formaciones han
aprobado una moción «sobre la defensa de los usos y costumbres
del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas»,
que insta al Ayuntamiento de la alcaldesa popular Seve González a
vetar los espacios deportivos públicos a las celebraciones
religiosas del calendario musulmán.
Para las asociaciones de migrantes vinculadas a la comunidad islámica, la medida constituye una violación del artículo 16 de la
Constitución Española, que garantiza «la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la
ley». Ante
la avalancha de críticas,
incluidas
las de los obispos católicos, el
PP ha intentado desvincularse
de la
iniciativa, y
su vicesecretario
de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, intentó
este
jueves
alejarse de lo que denominó «bravuconadas» de Vox.
Pero no es la primera vez que sucede. A cambio de alcanzar poder local, provincial y autonómico, y/o para no perderlo cuando ya lo ejerce, el Partido Popular se ha prestado en numerosas ocasiones a aplicar medidas del programa ultra que atentan contra los derechos y libertades esenciales de la misma Constitución de la que los populares se declaran como únicos abanderados. Pese a que Vox rompió todos sus acuerdos regionales con el PP hace poco más de un año, existen numerosos ejemplos recientes de esa estrategia con la que el partido de Feijóo está llevando a la práctica el argumentario ultraderechista.
Región de Murcia, xenofobia a cambio de presupuestos
El
pasado 27 de julio, aún en plena resaca por las cacerías en Torre
Pacheco de ciudadanos nacidos fuera de España o de ascendencia extranjera, que
Vox no ha condenado,
Fernando
López Miras (PP)
logró sacar adelante los presupuestos
para la Región de Murcia gracias al partido de Abascal. Acordó
con él su
abstención a cambio aceptar varias medidas xenófobas: cerrar un
centro de acogida de menores, revocar
la compra de viviendas para niños y niñas migrantes, eliminar de
los currículos escolares las menciones a la cultura marroquí,
suprimir ayudas a las ONG que ayudan a los extranjeros que llegan a
la comunidad… López Miras firmó ese acuerdo con el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, a quien la Fiscalía abrió diligencias por sus mensajes públicos de odio equiparando migración con delincuencia.
Illes Balears, sin memoria
En
mayo pasado, el Gobierno de Marga Prohens, también del PP, se ganó
el apoyo de Vox a su proyecto de presupuestos a cambio de prometer la
derogación de la ley autonómica de memoria democrática, priorizar el castellano
en la educación pública y concertada y negarse a participar en la
acogida de menores migrantes llegados a Canarias. Prohens también ha
levantado el veto a la entrada de menores en las corridas de toros, y
este jueves estaba previsto que se celebrara
en Palma, por
primera vez desde 2017,
un espectáculo de lidia con acceso permitido a niños y niñas.
Sevilla, recortes en cooperación y discurso antiabortista
El
alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sáenz, firmó en enero de
este año otro acuerdo presupuestario con Vox que recorta en más de
380.000 euros la inversión en cooperación y ayuda a los migrantes,
y que, por contra, destina un gasto de 165.000 euros a una nueva oficina –la oposición lo denomina «chiringuito»–destinada
a difundir el ideario antiabortista.
València, con acento a la derecha
El
pleno del Ayuntamiento de València, gobernado por el PP –la
alcaldesa es María José Catalá– en coalición con Vox, ha
aprobado este jueves, con los votos de ambas formaciones y la
oposición de PSOE y Compromís, iniciar el expediente de cambio de
la denominación del municipio por la versión «Valéncia», es
decir con acento cerrado a la derecha. El cambio no responde sólo a
razones filológicas sino a un posicionamiento político en el debate
identitario, que sigue los argumentos de quienes consideran que la
forma oficial actual del topónimo, con el acento a la izquierda, lo
subordina al estándar catalán.
Alicante, «zona castellanohablante»
El pasado 26 de junio, también en País Valencià, el pleno
municipal de Alicante, donde Luis Barcala (PP) gobierna gracias a la ultraderecha de Vox, aprobó con los votos de los dos partidos una propuesta de los de Abascal para pedir a las
Corts Valencianes –la asamblea autonómica– que declare
oficialmente el municipio como «zona castellanohablante». La pretensión de que dejen de regir en ella las normas de defensa y
promoción del valenciano.
PP
y Vox
tienen
pactos de gobierno o
se apoyan mutuamente en
los
ayuntamientos de más de 130
municipios de
España,
de los
que gobiernan en coalición alrededor de un centenar. Los de Abascal tienen 33 alcaldes,
26 de
ellos con
mayoría absoluta y
siete, gracias al PP.
El último
en el que ha situado un regidor es la localidad albaceteña de Caudete, de 10.000 habitantes, donde las elecciones de 2023 las ganó el PSOE sin mayoría absoluta y donde
el portavoz
local de Vox, José Miguel Mollá, acaba de tomar posesión de
la Alcaldía en
virtud del pacto de alternancia que firmó con los de Feijóo.
Entre
las ciudades y capitales más relevantes del
Estado donde también hay acuerdos PP-Vox
están
Elche, Valladolid, Toledo, Guadalajara y Huelva. También Castellón,
donde a
principios del pasado junio el concejal de Cultura, el ultra Alberto
Vidal, protagonizó una sonada polémica por unas
declaraciones
homófobas en
las que calificaba de «rebaño de colorines» al movimiento LGTBIQ+, tras
pedir a los padres de los alumnos de colegios públicos que no
llevaran a sus hijos al colegio durante los actos del Día del
Orgullo.
Vidal
acusó entonces al PP de «financiar el adoctrinamiento»de
escolares, pero su socia, la regidora Begoña Carrasco, lo mantuvo en
su cargo para salvar el pacto y mantener la Alcaldía. Por polémicas
similares sí se han roto
los
acuerdos
en Burgos –en
noviembre
de 2024, por la salida de Vox porque el proyecto de presupuestos del PP incluía ayudas a ONG de acogida de inmigrantes– y Ciudad Real –en
febrero
pasado, por la negativa de alcalde popular a retirar unos cuadernillos para
escolares que contenían referencias a la diversidad de tipos de
familias–.
Presupuestos a cambio de recortes
En
otras localidades más pequeñas, el PP sí se ha plegado al
discurso de Vox, como en
Arganda del Rey (Madrid), donde
el alcalde, Alberto Escribano, se ha garantizado la aprobación de
los presupuestos municipales a cambio de incluir
recortes fiscales y de gasto público.
En
cambio, se han roto los pactos de gobierno en
Arenas de Rey (Granada, 600
habitantes), donde Vox
se ha
negado
a cederle la Alcaldía al
PP,
como había prometido, y
en
Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real, 12.000
almas),
cuya
situación afecta
también
a
la Diputación Provincial
porque
los
dos partidos también
la
gobiernan
en coalición. En
Tineo (Asturias), Vox se desmarcó del acuerdo después de que Montserrat Fernández, la
alcaldesa del PP, rechazara destituir a una de sus concejalas con
competencias de gobierno, y
que
había abandonado el partido de
Abascal por discrepancias con la dirección.