La Abogacía de Madrid denunciará en los tribunales la revelación de datos de la pareja de Ayuso
Además, la institución sostiene que la “revelación” de datos de unas diligencias penales en ese comunicado, “detallando fechas” y conversaciones entre el fiscal y el abogado de González Amador, supone una “ruptura del principio de confidencialidad“, básico en el derecho de defensa. Según ha recordado, “el Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido”.
El ICAM ha considerado, asimismo, que pone en riesgo la neutralidad que debe garantizar la actuación de la Fiscalía y que “incumple flagrantemente el protocolo de actuación” para juicios de conformidad entre el ministerio público y los abogados. Por ello, ha acordado desvincularse de este protocolo hasta que se establezcan “mecanismos reforzados de confidencialidad”.
El fiscal niega la revelación del pacto
Por otro lado, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado por carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega, que impulsará la creación de una comisión mixta con esta institución para “revisar y actualizar” dicho protocolo. En dicha carta, García Ortiz ha rechazado que el comunicado buscase “interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente” y ha defendido que nunca se reveló “la concreta propuesta de conformidad de ocho páginas” del letrado de González Amador.
Ribón, que ha subrayado la obligación del ICAM de “defender a ultranza” el derecho de defensa, ha señalado que “en el ánimo de la Abogacía” está la normalización de las relaciones con la Fiscalía, pero también ha puntualizado que “esto pasa” por la “depuración de responsabilidades”.