0 – Barcelona: Joan García; Koundé, Pau Cubarsí (Cancelo, m.75), Eric García, Balde (Araujo, m.75); Casadó (Lewandowski, m.37), De Jong; Fermín (Gerard Martín, m.87); Lamine Yamal, Ferran Torres y Dani Olmo.
Goles: 1-0, m.7: Eric García, en propia puerta. 2-0, m.14: Griezmann. 3-0, m.33: Lookman. 4-0, m.48+: Julián Álvarez.
Árbitro: Juan Martínez (C. Valenciano). Expulsó con roja directa a Eric García, del Barcelona, en el minuto 85. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Giuliano (m.49), Llorente (m.51), Baena (m.79) y Pubill (m.86) y al visitante Casadó (m.27) y Ferran Torres (m.86).
El Atlético de Madrid ha pasado por encima del Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Le ha ganado 4-0 con una primera parte de ensueño en la que ha dejado muy encarrilada la eliminatoria.
Los de Diego Pablo Simeone salieron a tope y golpearon fuerte a un rival que empezó con mucha menos intensidad.
Hace una semana, en el partido de cuartos de final ante el Betis, el equipo rojiblanco ya dio un aviso de su potencial ofensivo y este jueves lo ha hecho igual de bien, pero nada menos que ante el líder de la Liga y vigente campeón de la Copa.
La presión a toda cancha desde el inicio del Atlético enseguida le permitió generar ocasiones. Koke robó un balón en la banda izquierda, Antoine Griezmann dio un pase sensacional a Giuliano Simeone y Joan García salvó a los suyos con un paradón en el minuto 3.
Sin embargo, el portero culé volvió a ser protagonista poco después cuando no calculó bien el bote del balón en una cesión de Eric García. La cantada del que seguramente es el mejor guardameta de la temporada provocó el primer gol (en propia puerta) del encuentro.
Una cantada de Joan García provoca el primer gol en la semifinal Atlético – Barcelona
Los locales mantuvieron su agresividad y encontraron un filón en el flanco derecho de la adelantada defensa del Barcelona. Y así llegaron en media hora tres goles antes del descanso mientras el equipo catalán apenas tuvo una ocasión con un disparo al palo.
El 2-0 llegó en una jugada lanzada por un saque de Juan Muso para intentar pillar al contraataque al Barça y que culminó Griezmann. El francés volvió a mostrar su clase con un disparo cruzado por debajo de las piernas de Jules Koundé.
‘La Araña’ escapa de su red
El tercero llegó tras una gran combinación de los atacantes culminada por Ademola Lookman. Y el nigeriano fue el asistente en el cuarto para que Julián Álvarez –que había fallado antes una ocasión clara– anotara con un trallazo desde la frontal. La Araña ponía así fin a una mala racha de 11 partidos y más de dos meses sin marcar.
Tan mal lo estaba el Barcelona que Hansi Flick decidió hacer un cambio antes del descanso para dar entrada a Lewandowswki en lugar de un Marc Casadó que había sido amonestado por cortar una contra una entrada por detrás a Giuliano, otra vez destacado por su despliegue y desborde.
En la segunda parte, el Barcelona lo hizo mejor, el Atleti se echó también un poco atrás y pronto se llevó el primer gran susto.
Cubarsí mandó el balón a la red tras un rechace en una jugada a balón parado (de una falta lanzada y provocada por Lamine Yamal). Pero después de una larguísima revisión de casi siete minutos, en la que según explicó luego la Federación falló el sistema semiautomático (por la acumulación de jugadores en poco espacio), el gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico.
No le ha salido nada esta noche al Barcelona, que llegaba quizá demasiado confiado tras haber ganado en sus anteriores cuatro visitas al Metropolitano y de haber logrado seis victorias entre todas las competiciones en sus partidos precedentes. Por contra, al Cholo le ha salido bien todo, incluida su táctica defensiva en la parte final del partido, en la que Eric García vio la roja por una falta a Álex Baena cuando este se podía ir solo hacia la portería.
¿Necesita la izquierda española nuevos liderazgos para afrontar el próximo ciclo político? La pregunta, que hasta hace poco se formulaba en voz baja, ha ganado fuerza tras la propuesta de Gabriel Rufián y Emilio Delgado de abrir un debate estratégico más amplio. En ese contexto, la figura de Yolanda Díaz vuelve a situarse en el centro de la conversación pública.
El movimiento impulsado por ambos dirigentes no nace en el vacío. Llega después de varios ciclos electorales en los que el espacio progresista situado a la izquierda del PSOE ha mostrado señales de desgaste, fragmentación y dificultades para traducir su influencia política en resultados sostenidos. A ello se suma un escenario marcado por el avance de la derecha y la extrema derecha en distintos territorios, así como por una creciente desmovilización de parte del electorado progresista, factores que han reactivado la reflexión interna sobre estrategia, organización y liderazgo.
La iniciativa planteada por Rufián y Delgado pretende, al menos en su formulación inicial, abrir un tiempo de escucha y deliberación más que presentar una arquitectura cerrada. La idea de repensar alianzas, superar dinámicas de competición entre fuerzas afines y explorar fórmulas de cooperación más flexibles vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión recurrente en la última década: cómo articular una alternativa política que sea capaz de sumar sensibilidades diversas sin diluir su capacidad de influencia institucional. En ese debate, inevitablemente, aparece la discusión sobre los rostros que deben encarnar esa nueva etapa.
Yolanda Díaz ha sido, en los últimos años, la dirigente que con mayor claridad ha simbolizado la aspiración de recomponer ese espacio. Su papel en el Gobierno de coalición, su perfil dialogante y su capacidad para proyectar una imagen de transversalidad la situaron como referencia indiscutible en el momento de lanzar una nueva plataforma política. Sin embargo, el paso del tiempo, las tensiones internas entre organizaciones y los resultados electorales desiguales han abierto interrogantes sobre la fase en la que se encuentra ese liderazgo y sobre si el ciclo político que se abre exige continuidades, reajustes o relevos.
El debate no es exclusivamente personal. Más bien remite a una discusión de fondo sobre cómo se construyen hoy los liderazgos en la izquierda, qué grado de personalización es compatible con proyectos colectivos y de qué manera pueden convivir la experiencia acumulada y la aparición de nuevas voces. También interpela a la relación con otras fuerzas progresistas, a la coordinación territorial y al modo en que se responde a un contexto político cada vez más polarizado.
Al mismo tiempo, cualquier reflexión sobre un posible paso al lado de Díaz convive con argumentos en sentido contrario. Sus defensores subrayan que sigue siendo una de las figuras con mayor reconocimiento público dentro del bloque progresista, que mantiene capacidad de interlocución social e institucional y que un relevo precipitado podría agravar la sensación de inestabilidad en un momento delicado. Quienes plantean la necesidad de cambios, en cambio, apuntan a la conveniencia de abrir una nueva fase que permita ensanchar el espacio político y renovar expectativas entre votantes desencantados.
Por eso, más allá de nombres propios, el debate abierto en las últimas semanas conecta con una cuestión más amplia sobre el rumbo del progresismo en España. Continuidad o renovación, liderazgo consolidado o apertura de una nueva etapa, unidad bajo fórmulas conocidas o exploración de marcos distintos. Dilemas que no son nuevos, pero que reaparecen con fuerza en cada cambio de ciclo. Con este trasfondo político y estratégico, proponemos a nuestros lectores una pregunta directa que busca recoger el pulso de la ciudadanía ante este momento de redefinición: ¿Crees que Yolanda Díaz debería dar un paso al lado en la nueva plataforma de izquierdas?
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Las urnas están empezando a dictar, y la tendencia es clara. Aragón y Extremadura revelan a una ultraderecha más fuerte que nunca, con Vox pegando bocados al PP en votos, en escaños y en discursos. Los de Alberto Núñez Feijóo, aunque no terminen de ponerse de acuerdo, ya hablan de Vox como «hermanos que se pelean», y acogen a sus referentes -Vito Quiles y Los Meconios- como suyos. A la izquierda del PSOE, la alternativa es confusa, con Yolanda Díaz cuestionada como líder del ‘nuevo’ Sumar y Gabriel Rufián sin dejar claro cómo planea unir a las izquierdas.
Pedro Sánchez ha aprovechado este fondo para reafirmarse como capitán del combate contra la ultraderecha. Lo ha hecho este miércoles en el Congreso, donde ha confrontado a Feijóo y Abascal por igual, en un Pleno bronco al que ha acudido para dar explicaciones por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, pero que se ha convertido en un duelo contra las derechas unidas.
Y en este nuevo escenario, que tiene ya en el horizonte la próxima cita electoral en Castilla y León, el discurso lo abarca todo. Las intervenciones de Sánchez han consistido en desmentir, uno por uno, los bulos de una derecha que «vive de la desinformación«. Primero, sobre los trenes, repitiendo los datos que ya ha reiterado una y otra vez el ministro de Transportes, Óscar Puente. Y después sobre otras cuestiones que Vox ha puesto sobre la mesa, y que Feijóo ya no confronta, dejando claro que, ya que las urnas no le dejan otra opción, está aprendiendo a convivir con la ultraderecha.
PP y Vox suben el tono y Sánchez los une: «Son lo mismo»
El Congreso ha acogido el primer Pleno ordinario del año en plena resaca electoral de Aragón. PP y Vox llegaban envalentonados tras sus victorias y la flaqueza de la izquierda, y ya han empezado a trasladar al ámbito nacional su nueva relación. Complicada eso sí, porque Feijóo ha demostrado que no se quiere quedar atrás en el discurso. El líder popular ha sido bronco desde el principio, criticando primero a Sánchez por hacer un «cajón de sastre» de su comparecencia, pero mezclando después Adamuz con ETA, Zapatero y hasta la independencia de Cataluña.
No ha tenido reparos Feijóo en lanzar bulos. Nada nuevo, porque algunos ya los había utilizado, pero Sánchez no lo ha dejado pasar. Más allá de desmentir las cuestiones técnicas de los trenes con las que Feijóo ha mentido, el presidente le ha recordado sus mentiras en lo político: «Tellado dijo que por supuesto no iba a gobernar con Vox, pero ahora dicen que sí pueden gobernar», le ha reprochado. Sánchez ya no tiene dudas: «PP, Vox y Alvise son lo mismo, en el fondo y en la forma».
Y luego estaba Santiago Abascal. El líder de Vox ha demostrado este miércoles que siempre se puede ir un paso más allá, y que cuanto más se derechice el PP, más se ultraderechizarán ellos. Abascal ha dedicado un minuto a hablar de trenes, y el resto a hablar de Soros y Bill Gates, de «invasión migratoria» y de «fanatismo climático». Feijóo no ha llegado a ese extremo, pero sí ha subido el tono. El popular ha asegurado que el Gobierno «acabará también sentado en el banquillo por esto«, ha hablado de una neglicencia mortal, y amenaza: «Encargue a sus abogados que lo miren todo, que les va a hacer falta«.
Sánchez capea las críticas y desmonta los bulos de la derecha
Ya no hay caretas, la derecha abandona definitivamente la moderación. Sánchez ha dejado entrever que no va a ceder, pero lamenta la deriva de Feijóo: «¿Qué ha sido de esa moderación, de esa altura de Estado, de esa política para adultos? ¿Se le han robado Ayuso, Abascal y Vito Quiles?«, le ha preguntado. El segundo turno del presidente, que ha rozado las dos horas, han consistido en desmentir una lista de bulos lanzados por Feijóo. Sánchez le acusa de «desinformar y, por tanto, generar zozobra, crispación y cierta angustia entre la sociedad».
Sobre lo que ya se conocía, y ha reiterado una y otra vez el ministro de Transportes, Óscar Puente, en sus comparecencias, el presidente ha vuelto a incidir: «Usted ha dicho que el ministerio ha ejecutado solo el 20% de los fondos, pero eso es mentira: es más del doble de lo que usted afirma«, le ha respondido. Feijóo ha llegado al Congreso con argumentos nuevos. Por ejemplo, que el Gobierno suprimió la Dirección General de Seguridad de Adif. El popular se refiere a una noticia que publicó hace unas semanas The Objective, que asegura que el presidente de la gestora ferroviaria, Luis Pedro Marco, había desmantelado este cargo y lo había metido dentro del área de Comunicación.
Sánchez le ha recordado a Feijóo que el cargo sigue existiendo: «No voy a dar su nombre. Es un ingeniero industrial con 20 años de experiencia», ha explicado. El titular de este cargo, que gestiona la Seguridad en la Circulación de la red ferroviaria, lo ostenta desde mayo de 2017. Es decir, que fue nombrado durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Sánchez también ha contestado a la petición de Feijóo de crear una «agencia independiente» para auditar la seguridad en transportes. Le ha recordado que este trabajo ya lo hace la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes, un organismo creado en agosto de 2024, y de la que el PP votó en contra.
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La liberación de Txeroki, quien fuera líder de ETA, ha vuelto a traer a la banda terrorista a primera línea mediática y, también, ha levantado asperezas en el ámbito político. A pesar de hallarse en prisión con una condena de 400 años, Txeroki adquiere ahora un régimen de semilibertad que le permitirá pasar los días en la calle y solo acudir a la cárcel para dormir. Este cambio en su condición como preso ha provocado las críticas de algunos miembores del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo; sin embargo, desde los colectivos de víctimas afean al popular que se muestre, ahora, incisivo con este tema, cuando no lo había abordado en mucho tiempo.
Así lo expresaba Consuelo Ordóñez en su perfil de la red social ‘X’, quien reprochaba al político gallego no haber prestado atención a este tema hasta ahora. Asegurando en la publicación realizada que «es la primera vez que le oigo quejarse de una de estas excarcelaciones fraudulentas», la presidenta de COVITE recordaba al líder nacional de los populares que «Zapatero negoció con ETA y Rajoy cumplió con todo lo negociado. En 2010 se pusieron de acuerdo en esa reunión tan secreta como fructífera».
De esta manera, ante declaraciones públicas de Núñez Feijóo en las que ha expresado que «Bildu ordenó, el PSOE ejecutó y el PNV acató… Así es como Txeroki, condenado a 400 años de cárcel, sale de prisión. Por obra y gracia de una consejera socialista que regala libertad a quien se la arrebató a sus compañeros«, Consuelo Ordóñez ha cargado contra el popular preguntándole dónde estaba en el resto de excarcelaciones que se han producido. Subrayando que Txeroki es igual de asesino que otros etarras que han sido liberados, así como que las víctimas de los que han salido de prisión también tienen nombres y apellidos, la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo le recriminaba el silencio guardado hasta respecto a este asunto y que no haya tomado parte en las 105 denuncias que COVITE ha interpuesto por terceros grados que el colectivo considera fraudulentos.
Sr Feijóo, Zapatero negoció con ETA y Rajoy cumplió con todo lo negociado. En 2010 se pusieron de acuerdo en esa reunión tan secreta como fructífera… Solo falta una de esas exigencias por cumplir «vaciar las cárceles» como SORTU exige: SIN arrepentimiento.@CovitePv lleva… https://t.co/qKTarG5Kr6pic.twitter.com/7ITFddgAeg
Las críticas de Consuelo Ordóñez ha Alberto Núñez Feijóo se producen después de que, recientemente, la presidenta de COVITE reaccionara, también, a unas palabras de Isabel Díaz Ayuso. Reprochando que la madrileña mantenga de manera constante a ETA en su argumentario, Ordóñez aseguró que el Partido Popular está inoculando odio y cargaba contra ella por hacer un uso tan constante de la banda terrorista y, especialmente, de su víctimas, para hacer política. «Soy víctima del odio, sufrí el odio de la izquierda abertzale ahora y con mucha más crueldad el vuestro, el de la derecha abertzale», expresaba.
Después de tiempo de silencio en lo referido a ETA, Alberto Núñez Feijóo ha comenzado a dar, recientemente, protagonismo en su discurso a la banda terrorista. De esta manera, el líder nacional de los populares abraza la estrategia de Isabel Díaz Ayuso, quien, por ejemplo, ha reiterado en distintas ocasiones, a pesar de la caída de la banda terrorista, que ETA sigue viva y con “más peligro que nunca”.
De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a sugerir que que la banda terrorista “está preparando su asalto al País Vasco y Navarra” mientras, según ella, sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez, algo que ha provocado críticas por enrocarse tanto en un problema que muchos consideran superado tras su disolución. También llegó a afirmar que “ETA entregó la Legislatura” al presidente y denunció que su legado y políticas siguen “más fuertes” y con influencia en la actualidad. Estas declaraciones han generado debates políticos y reacciones de la oposición, además de colectivos de víctimas como el de Consuelo Ordóñez.
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El exdiputado Íñigo Errejón no acudirá este martes a los Juzgados de Plaza de Castilla a recoger la notificación de apertura de juicio oral en su contra por el presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá que habría cometido una noche de octubre de 2021, según ha informado su defensa.
Fuentes de su defensa han señalado, en concreto, que Errejón no tiene constancia de que la actriz haya subsanado el error de forma que afecta al escrito que presentó renunciando a seguir acusando al exdirigente de Sumar. «Informamos de que, atendiendo a motivos de economía procesal y seguridad jurídica, que deben primar en todo procedimiento, Íñigo no acudirá«, han apuntado.
El juez Adolfo Carretero citó a Errejón este martes a partir de las 09.30 horas para «emplazarle, requerirle y notificarle» la resolución por la que le sienta en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, la actriz ha convocado a las 12.00 horas de este mismo martes a los medios de comunicación «para comunicar su decisión sobre continuar o no en la acusación particular«. Mouliaá comparecerá junto a su abogado, Alfredo Arrién, después de informar este lunes que estaba «valorando qué decisión tomará finalmente«.
Cabe destacar que la Audiencia Provincial de Madrid se reunió este lunes para estudiar el recurso que presentó la defensa de Errejón contra su procesamiento por estos hechos. La propia Audiencia se dirigió al magistrado para pedirle que aclarase si había recibido el escrito por el que la actriz comunicó que renunciaba a la acusación, instándole a aclarar si había tomado alguna decisión al respecto.
Antes de esa comunicación, el magistrado había señalado que sí que había recibido el escrito de Mouliaá por el que retiraba su acusación, pero precisaba que carece de firma de abogado y procurador, «como es preceptivo«.
El instructor requirió a la actriz que subsanara ese defecto para dar trámite a su petición de archivo. «Pues si no lo hiciere, el procedimiento continuará por sus trámites al haberse dictado ya auto de apertura de juicio oral y haber formulado la peticionaria escrito de acusación firmado por abogado y procurador y existir otro escrito acusatorio de la acusación popular«, avisó.
Para el juez sí hay indicios
Fue el pasado mes de noviembre cuando el instructor procesó a Errejón después de trece meses de investigación en los que tomó declaración al propio Errejón, a Mouliaá, a testigos y a psiquiatras. Como parte de las pesquisas, también llegó a pedir al exdiputado y a la actriz que aportaran las conversaciones que intercambiaron en las fechas cercanas a la agresión denunciada.
Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostiene que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, «por educación» invitó al dirigente a que la acompañara.
El juez consideró que «los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, su prueba pericial y documental«.
La fiscalía ya retiró su acusación
La Fiscalía de Madrid, por su parte, pidió al juez que archivara la causa al considerar «insuficientes» los indicios. Además, en su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso Europa Press, ha solicitado la «libre absolución» de Errejón porque «los hechos no son constitutivos de delito».
El abogado de la acusación popular que ejerce la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (Adive), Jorge Piedrafita, mantiene la acusación contra Errejón al mantenerse «el relato de los graves hechos que atentan contra la libertad sexual». «Por muy poderoso que sea el denunciado no pueden quedarse impunes», señaló.
La propia Adive sostiene que el juicio contra Errejón se celebrará a pesar de que tanto Mouliaá ―que llegó a pedir tres años de cárcel para el exdiputado― como la Fiscalía hayan retirado sus acusaciones. La asociación busca salvaguardar ―según dijo― «los derechos de la víctima, que ha sufrido un enorme desgaste y exposición en solitario«.
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Un «contexto complicado», la «irresponsabilidad» del candidato popular, el auge de la ola reaccionaria, la tibieza del Partido Socialista… Muchos son los motivos con los que las dos listas de la izquierda nacional —IU-Movimiento Sumar y Podemos-Alianza Verde— han justificado sus «decepcionantes» resultados en los comicios aragonesas celebrados el pasado fin de semana. Una cita electoral en la que los primeros revalidaban su único diputado en las Cortes, aunque con un porcentaje de voto ligeramente inferior al que obtuvieron en 2023 (un 2,94%), y los segundos se quedaban, por primera vez en su historia, fuera del parlamento aragonés, con menos del 1% de los apoyos. Todo ello en un contexto marcado por el ascenso de Vox, sí, pero también por el batacazo electoral del PSOE, que calcaba el que fue en 2015, con la irrupción de Podemos, su peor resultado histórico en la comunidad.
De los cinco escaños que han perdido los socialistas en las Cortes solo ha sacado rentabilidad la Chunta Aragonesista, la izquierda regionalista por excelencia, duplicando el número de asientos que obtuvo en 2023. Y apuntándose un mérito más: son la única lista de todo el abanico de la izquierda que ha crecido al calor de estas elecciones. Los de Jorge Pueyo salen del 8F reforzados como cuarta fuerza en Aragón —por detrás de PP, PSOE y Vox— y, sobre todo, como la opción fundamental de la llamada izquierda transformadora, con IU en horas bajas, Movimiento Sumar en plena construcción y Podemos completamente desdibujado. Un panorama que suscita muchas dudas. ¿Es Aragón un caso excepcional o un síntoma más de la desintegración de la izquierda estatal? ¿Ha llegado el momento de apostarlo todo a las izquierdas regionalistas?
CHA celebra los resultados electorales de este domingo 8 de febrero.
Apenas unas horas antes de la cita de los aragoneses con las urnas, La Sextae infoLibre adelantaban una noticia de última hora: Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, y Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, se reunirán el próximo 18 de febrero para discutir sobre el futuro de la izquierda. Lo harán en la sala Galileo Galilei de Madrid, con la analista política Sarah Santaolalla como moderadora. El encuentro ha suscitado desde el primer momento todo tipo de habladurías, recuperando la propuesta de un frente amplio y plurinacional, encabezado por las izquierdas soberanistas, que ya lanzó el portavoz republicano el pasado mes de julio.
Una intención a la que el propio Rufián ha dado alas a través de varios mensajes publicados en los últimos días en sus redes sociales. «Lo que viene no se para con siglas, se para con pueblos», escribía el político catalán este lunes en X. Instando a la izquierda a «hacer algo diferente» para frenar el avance de las derechas. «Solo digo algo que basta estar en la calle cinco minutos para escuchar: más cabeza y menos pureza«, sentenciaba el portavoz republicano. Fuentes del entorno de Rufián, en conversación con Público, descartan que el encuentro tenga cualquier tipo de pretensión orgánica. Estas voces consideran, más bien, que lo que se trata de «una manifestación más» de algo que el portavoz de ERC ha defendido siempre: que hay que reforzar el espacio generando alianzas. Lo que no quiere decir, matizan, que la fórmula pase por constituir «una única lista».
El acercamiento entre fuerzas regionalistas se dejaba ya entrever durante los actos de campaña de las elecciones aragonesas. Dos semanas en las que acudieron a apoyar la candidatura de CHA dirigentes de la izquierda soberanista como Joan Baldoví, sindic de Compromís; Lluís Apesteguia, coordinador general de Més per Mallorca o el propio Emilio Delgado.
Al encuentro entre Rufián y Delgado, podría seguirle una ronda de contactos del catalán con dirigentes de la izquierda de toda España para tender puentes de cara a la construcción de ese nuevo frente a la izquierda del PSOE. Un propósito que ha generado todo tipo de reacciones dentro del espacio, todavía en plena resaca electoral. El primero en pronunciarse fue Oskar Matute, diputado y coportavoz de EH Bildu en el Congreso. «Nuestro proyecto es y será un proyecto por y para nuestro país: Euskal Herria y su gente», recordaba el político vasco a través de X. Comprometiéndose, eso sí, a «actuar con solidaridad con las clases populares y el resto de pueblos del Estado». Una postura con la que se han alineado también desde el BNG. «Nos movemos en otra clave«, trasladaban este lunes los de Ana Pontón.
También en el entorno de la izquierda estatal miran con recelo la propuesta del republicano. «La gente está harta de las telenovelas de la izquierda», valoraba en rueda de prensa el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. Abogando por el «diálogo entre militancias«: «Menos protagonismo personal y más protagonismo colectivo». Desde Podemos, por su parte, han rebajado la trascendencia del encuentro tachándolo de «charla». «Ni siquiera sabemos si cuentan con el respaldo de sus partidos», lanzaba al aire, también en rueda de prensa, el secretario de Organización morado, Pablo Fernández. Unas dudas que venía a confirmar, horas después, la propia formación del portavoz republicano: «ERC se presentará con las siglas de ERC».
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Más prudentes se han mostrado el resto de formaciones del entorno de Sumar. «Bienvenidas sean todas las propuestas«, valoraba este mediodía la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, calificando como «absolutamente necesario» cualquier debate que avance en la construcción de «una herramienta capaz de ponerle freno a la extrema derecha». De parte de Más Madrid, ha sido la ministra de Sanidad y dirigente del partido, Mónica García, quien ha asegurado que su formación siempre ha abogado por «abrir los brazos» a todas las fuerzas progresistas que quieran aportar. También los Comuns se han mostrado partidarios del entendimiento dentro del espacio de la izquierda. Con una petición: que las negociaciones discurran «con la máxima discreción».
Las izquierdas alternativas del Gobierno
En cualquier caso, los partidos de Sumar en el Gobierno tienen su propio proyecto entre manos el cual presentarán el próximo 21 de febrero en Madrid, tal y como ha adelantado Público. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns y Más Madrid llevan meses sentados a la mesa de negociación buscando una nueva fórmula para reconstruir el espacio de cara a las futuras elecciones generales de 2027. Lo harán a través de un proyecto «democrático», «plural» y «que ponga en el centro los problemas de la mayoría social», ofreciendo «una alternativa de país» frente al ascenso imparable de la extrema derecha y el «inmovilismo» del PSOE. Si bien, por el momento, son pocos los detalles que han trascendido sobre el mismo. Los mensajes menos crípticos han llegado de la mano de IU, que ha pedido, en reiteradas ocasiones, «superar» el molde de Sumar, del 23J. Una fórmula «incapaz de aglutinar» al conjunto de fuerzas progresistas. ¿Cómo? Con un nuevo programa, un nuevo nombre y nuevas caras. De momento no ha trascendido ni el nombre ni quién liderará la nueva confluencia.
La entonces dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, saluda a los simpatizantes del partido tras conocer los resultados del 23J.
«Estamos en un trabajo discreto, diario, que llevamos realizando desde hace tiempo y que no está en los grandes anuncios, sino en ese trabajo de hormiguita para la construcción de un proyecto alternativo a la izquierda del PSOE», explicaba en rueda de prensa este lunes la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. Una «herramienta útil», «capaz de enfrentar el actual contexto de emergencia social, política y cultural«, añadía la portavoz. ¿Son compatibles ese proyecto y la nueva propuesta de Rufián? «Eso lo tendremos que ir decidiendo», ha respondido Hernández. «Nuestra apuesta ahora mismo está en consolidar este espacio de discusión. El encaje que luego se dé en un marco de plurinacionalidad y de la defensa de una agenda progresista, será algo que tenga que decidir el conjunto de la ciudadanía».
En un tono similar se ha pronunciado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en su respectiva comparecencia frente a los medios de comunicación. «Estamos coordinándonos para sacar adelante un proyecto que reconecte con la gente de izquierdas de nuestro país, que nos pide esa cohesión y esa propuesta política solvente, programáticamente hablando», explicaba el político andaluz. Aprovechando para animar al resto de fuerzas del espacio a trabajar «con la misma convicción» para construir «un proyecto de país digno de tal nombre». «Pronto tendremos noticias y serán buenas», anticipaba el también candidato a la Junta de Andalucía.
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De Aragón a Andalucía
En la izquierda, algo se mueve. Y las lecciones de Aragón, con el fantasma de la división como telón de fondo, han impulsado ya los primeros gestos de acercamiento. «El pasado agosto apoyé personalmente el manifiesto por la unidad de la izquierda de Andalucía de la CUT. Tras los resultados en Aragón, me reafirmo en mi opinión. La extrema derecha avanza, juntas somos más fuertes”, escribía la noche del domingo, poco después de conocer los resultados electorales, Raquel Martínez, secretaria general de Podemos en Andalucía. Un mensaje que muchos entendían como una mano tendida hacia la coalición Por Andalucía que encabeza Maíllo, con la idea de emular la fórmula de Unidas por Extremadura.
Preguntadas por este asunto, fuentes de los morados enmarcan la reflexión de Martínez en el ámbito personal. «Vamos a continuar en esa tarea de intentar poner a la izquierda en pie y conformar las candidaturas más amplias y heterogéneas posibles«, zanjaba, en este sentido, su secretario de Organización, tras ser preguntado por una posible apuesta por la unidad en los futuros comicios. Una unidad para la que, reconocía el portavoz morado, se llega ya demasiado tarde en la próxima parada del ciclo electoral, Castilla y León. Pero para la que todavía queda margen en Andalucía.
Arranca este lunes el primero de los tres días que durará la huelga general convocada por los sindicatos ferroviarios españoles. Los brazos en alto de los trabajadores del sector responden a la convocatoria realizada por Semaf, UGT, SFF-CGT, SF-I y Alferro, colectivos que, tras los accidentes presenciados en Adamuz y Gelida, reclaman que se lleve a cabo un cambio estructural en la seguridad del sistema. Para ello, piden más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.
Los sindicatos han podido mantener reuniones en los últimos días con el Ministerio de Transportes; sin embargo, las opciones que han sido planteadas desde el Gobierno de España para responder a sus reivindicaciones no han sido consideradas adecuadas ni suficientes por estos colectivos. Por ello han mantenido la convocatoria de huelga general.
En estos encuentros, desde el Ministerio se han realizado algunas propuestas como una mayor inversión en mantenimiento, más contrataciones de personal en Adif y nuevas normativas que refuercen la seguridad ferroviaria. No obstante, no han terminado de convencer a los representantes de los trabajadores, ya que, tal y como entienden, son medidas que requieren el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al implicar aumentos de gasto público.
En conjunto, como se hacía mención, será tres días los que dure esta huelga general. Si bien, a pesar de ello se garantizarán un 73% de servicios mínimos en la alta velocidad, un 65% en la media distancia, un 50% en Cercanías (que aumentará al 75% en hora punta) y un 21% en Mercancías.
De esta manera, durante estas tres jornadas serán hasta 350 viajes de alta velocidad los que serán cancelados, de los cuales 272 pertenecen a Renfe, que operará 723 trenes de los 995 que tenía programados. Por su parte, Iryo no ofrecerá 48 servicios, por lo que contará con 136 de los 184 programados, mientras que de Ouigo no circularán 30 trenes, al circular 80 de los 110 programados. En lo referido a la media distancia, un total de 683 viajes serán cancelados, es decir, se ofrecerán a los usuarios 1.277 trenes de un total habitual de 1.960.
A lo largo de este lunes los sindicatos seguirán manteniendo conversaciones con el Ministerio de Transportes. Así, se abordarán mesas técnicas para tratar las propuestas realizadas por el Ministerio en materia de seguridad ferroviaria, por lo que, en caso de llegar a un acuerdo, la huelga podría ser desconvocada.
A este acto de protesta del sector ferroviario español no atienden solo los maquinistas, sino que se suman a él todos sus trabajadores, como son, entre otros, los encargados del mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que garantizan el funcionamiento de este servicio a diario. De esta manera, el parón no afecta solo al transporte de viajeros, sino también al de mercancía, por lo que también se suman a él como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha subrayado este sábado su compromiso con la unidad nacional y la estabilidad institucional tras reunirse con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, en Caracas.
Rodríguez aseguró que el encuentro sirvió para reafirmar el respaldo al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, una iniciativa impulsada por su Ejecutivo para fomentar el diálogo político y la cohesión social en el país. «Me reuní con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando nuestro compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, en favor del encuentro entre venezolan@s, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República», ha comentado Rodríguez en redes sociales.
En la reunión también participó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, según confirmaron imágenes difundidas por la Presidencia venezolana y la televisión pública VTV. El Gobierno enmarcó la visita de Zapatero en la llamada Diplomacia Bolivariana de Paz, orientada —según el Ejecutivo— a fortalecer el diálogo, la solidaridad y la convivencia democrática.
La Presidencia venezolana ha indicado que Rodríguez recibió a Zapatero «como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz que afianza la hermandad, el diálogo, la solidaridad y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que está en pleno desarrollo en el país».
A su vez, Zapatero afirmó ver en Venezuela “el mejor ambiente de los últimos diez años” y expresó su “gran confianza” en Delcy Rodríguez, a quien atribuyó avances rápidos hacia una nueva etapa política. El expresidente español, que también se ha reunido con representantes de la oposición, defendió el perdón y la reconciliación como ejes del proceso político venezolano.
«Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela», apostilló Zapatero a los medios desde Caracas, donde se ha reunido también con representantes de la oposición.
Zapatero lleva más de una década implicado en contactos entre el chavismo y la oposición y, según el Gobierno español, ha jugado un papel relevante en la liberación de presos políticos. Su visita se produce días después de que la Asamblea Nacional aprobara en primera lectura una ley de amnistía, presentada por el Ejecutivo como un paso decisivo hacia la pacificación del país tras la reciente salida de Nicolás Maduro del poder. «Hay un renacer de Venezuela. Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales», subrayó.
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El Estadio de San Siro (Milán) y varias localidades del norte de Italia como Livigno, Predazzo y Cortina D’ Ampezzo han dado el pistoletazo de salida a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 con una oda a la cultura e historia italiana y la unión de los pueblos, en un espectáculo donde Mariah Carey, Laura Pausini y Andrea Bocelli tocaron el corazón de los espectadores con su música, y la llama olímpica prendió, por segunda vez en la historia tras Innsbruck 1976, en dos pebeteros, aunque en esta ocasión, en dos ciudades diferentes.
Los atletas desfilaron de forma simultánea en las varias sedes tras un espectáculo donde no faltaron los iconos de la cultura, la historia, el deporte y la política italiana, con Sergio Mattarella, presidente de la República, y Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de MotoGP, como improvisados conductores de un tranvía que acercaba a los aficionados que se dirigían al Estadio para presenciar la ceremonia
Los mitos clásicos -Cupido y Psique- compartieron escenario con el ritmo de Raffaella Carrà, mientras desfilaban personajes ilustres como Dante, Pinocho, Puccini, Verdi, Rossini o Antonio Canova, sin olvidar a la moda italiana, presente en la iconografía de forma constante en un San Siro que enmudeció cuando los cinco aros olímpicos se elevaron al cielo de Milán iluminando la noche olímpica.
Iconografía italiana para un mensaje de «Armonía»
Otro de los momentos cumbres fue la presencia de Pierfrancesco Favino recitando el poema ‘Il Infinito’, de Giacomo Leopardi Giovanni, y la actuación de Andrea Zanon tocando una pieza con un violín de Antonio Stradivari de 1716, en el epílogo de un show que se convirtió en un tributo a la memoria, la creatividad y la visión del pueblo italiano.
El espectáculo visual dio paso al desfile de los deportistas, el primero en dos sedes distintas, a ritmo de la música de un improvisado DJ, donde la delegación española estuvo abanderada por Olivia Smart, en Milán, y Quim Salarich, en Cortina D’Ampezzo.
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Primoz Peterka y la familia Preucci.
Atención, España.
Turno para España con 20 deportistas
abanderadas lo saben ya olivia smart en
patinaje artístico y vamos
a ver si vemos donde Paco, el
abanderado masculino español para
acabar de
configurar este grupo de 20 atletas.
Ahí le tienes.
Exacto.
Ahí tienes
a Kim Salaric.
Mira, decía que le iba a comentar a
Lucas Aguibar cómo mover la bandera.
Bueno, creo que todavía
necesita un poco de entrenamiento, pero
la ilusión que le pone, la ilusión que
van a poner todos nuestros atletas
merece la pena, sin duda
el hecho de que disfruten en esta
ceremonia olímpica con
nuestros abanderados, con Olivia Smart
y con King Salaryk en sus terceros
Juegos Olímpicos, que decía que se
encontraba maduro
deportiva y personalmente.
Así ha desfilado la delegación española en la ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026
Tras un viaje en el tiempo por los carteles de los cien años de Juegos de Invierno, una performance de la actriz italiana Sabrina Impacciatore y un paseo por la gestualidad de los italianos, la parte final de la ceremonia estuvo marcada por los aspectos más protocolarios, como los discursos de las autoridades en los primeros Juegos de Kirsty Coventry, el izado de la bandera olímpica, la interpretación del himno, el juramento de la carta olímpica y el punto álgido de la ceremonia, el encendido de un doble pebetero olímpico, precedido de la interpretación magistral del Nessun Dorma por parte de Andrea Bocelli.
Poco antes de la media noche del viernes 6 de febrero de 2026, la llama olímpica de los Juegos de Invierno de Milano Cortina brilla en los pebeteros del Arco della Pace (Milán) tras los relevos finales de Deborah Compagnoni y Alberto Tomba, un fuego que saltó a la Piazza Dibona (Cortina d’ Ampezzo) que puso el punto final con una pirotecnia espectacular.
El escándalo por las presiones del PP de Madrid a una concejala de Móstoles que denunció presunto acoso sexual contra el alcalde ha vuelto a poner el foco en la gestión interna del partido ante este tipo de situaciones. La edil, que terminó abandonando tanto la formación como su acta tras meses de tensión, había alertado de comportamientos que consideraba constitutivos de acoso laboral y sexual y aseguró haber sufrido maniobras de descrédito y advertencias para que no acudiera a la vía judicial. Según su relato, trasladó reiteradamente lo ocurrido a la dirección regional en busca de amparo sin obtener una respuesta efectiva, en un proceso que, lejos de activar mecanismos de protección, habría derivado en su aislamiento político y personal.
El caso, destapado por el periódico ‘El País’, ha abierto un intenso debate sobre los protocolos internos del partido y su disposición a investigar denuncias que afectan a cargos propios. Sin embargo, lo cierto es que no se trata de un episodio aislado. Meses antes, en mayo de 2024, un grupo de militantes y exmilitantes ya había trasladado a la dirección regional denuncias de extrema gravedad que terminaron archivadas sin consecuencias públicas ni traslado a la Fiscalía.
Para ser más precisos, tal y como informó y documentó en su momento este medio, hasta nueve miembros de Nuevas Generaciones y del propio Partido Popular madrileño remitieron entonces testimonios grabados, mensajes y otra documentación al Comité de Derechos y Garantías del partido. En ese material describían un conjunto de conductas que incluían amenazas, acoso psicológico continuado, humillaciones públicas, presunto espionaje interno y propuestas de favores sexuales dentro de determinadas estructuras orgánicas. La respuesta que aseguran haber recibido fue el cierre del expediente por la vía interna y sin comunicación formal posterior sobre la resolución adoptada.
Los denunciantes coinciden en señalar que los hechos no se limitaban a conflictos personales aislados, sino que reflejaban —según su versión— un clima prolongado de miedo, presión y abuso de poder, especialmente en el ámbito juvenil de la organización. Sus relatos dibujan luchas internas por el control orgánico en las que se habrían normalizado prácticas de intimidación, bullying sistemático, comentarios xenófobos y homófobos y un trato denigrante hacia las mujeres. “Aquí se estaba por intereses económicos y personales”, resume uno de ellos, que sostiene que parte de la militancia joven era utilizada como herramienta dentro de estrategias de influencia interna.
Violencia, acoso psicológico y control interno
Entre los episodios más graves recogidos en los testimonios figuran presuntas situaciones de intimidación física protagonizadas por cargos con responsabilidad orgánica. Militantes aseguran haber presenciado cómo se sujetaba del rostro a compañeros para impedir dimisiones o imponer disciplina, acompañando esos gestos de frases intimidatorias. Otros relatan amenazas directas o veladas y describen un ambiente en el que cuestionar decisiones internas podía acarrear represalias políticas o personales.
El acoso psicológico aparece como un elemento recurrente en las denuncias de mayo de 2024. Cambios bruscos de trato, aislamiento deliberado dentro de la organización, burlas públicas por la vestimenta o la orientación sexual y una presión continuada que, en algunos casos, derivó en cuadros severos de ansiedad. Según los testimonios recabados, varios jóvenes militantes —algunos recién alcanzada la mayoría de edad— necesitaron atención psiquiátrica, medicación antidepresiva o incluso ingresos hospitalarios tras sufrir crisis de pánico vinculadas a esa situación de interna.
Otro de los aspectos que los denunciantes consideran especialmente grave es el presunto uso de mecanismos de vigilancia interna. Exmilitantes describen seguimientos informales, recopilación de información sobre compañeros considerados “desleales” y control de relaciones personales para medir afinidades políticas. El objetivo, sostienen, era apartar progresivamente a quienes no se alineaban con determinados dirigentes o corrientes internas.
En ese mismo contexto, varios relatos incluyen insinuaciones o propuestas explícitas relacionadas con favores sexuales como vía para obtener información o influir en decisiones políticas. Algunos denunciantes aseguran haber recibido sugerencias para mantener relaciones con personas vinculadas a administraciones o estructuras del partido a cambio de datos o ventajas. Otros hablan de presiones para utilizar su atractivo o popularidad dentro de la organización como instrumento de influencia. Las mujeres, según coinciden distintas fuentes, se encontraban en una posición de especial vulnerabilidad, expuestas a comentarios machistas, cosificación y bromas de contenido sexual que formaban parte de la dinámica cotidiana descrita en las denuncias.
Archivo interno y ausencia de investigación externa
La xenofobia y la homofobia aparecen igualmente de forma reiterada en los testimonios. Militantes de origen latinoamericano denuncian comentarios despectivos continuos y una utilización simbólica de su presencia en actos públicos para proyectar diversidad sin que existiera un respeto real en el ámbito interno. Otros relatan que a los afiliados homosexuales se les trataba como un grupo útil para llenar eventos mientras, en privado, eran objeto de expresiones vejatorias.
A todo ello se suma, siempre según los denunciantes, un uso irregular de datos personales de afiliados. Desaparición de documentación sensible, altas sin consentimiento previo y cobros indebidos de cuotas forman parte de los hechos relatados. Algunos recuerdan incidentes anteriores relacionados con la gestión de datos en la sede madrileña del partido, aunque esos episodios no han sido detallados públicamente ni vinculados oficialmente a las denuncias de 2024.
Pese a la gravedad del conjunto de acusaciones, la respuesta del Partido Popular se habría limitado al ámbito orgánico. Fuentes del PP de Madrid reconocen la recepción del burofax con las denuncias y sostienen que el Comité de Derechos y Garantías abrió un expediente, tomó declaración a las partes implicadas y acordó su archivo al considerar que los hechos no quedaron suficientemente probados. El partido añade que desconoce si alguna de las personas señaladas emprenderá acciones legales en defensa de su honor.
Los denunciantes, sin embargo, ofrecen una versión distinta. Aseguran que nunca recibieron una notificación formal del archivo ni acceso a la resolución completa del expediente, lo que —afirman— les impidió recurrirla o conocer los fundamentos de la decisión. También describen una actitud “despectiva” y “poco profesional” por parte de algunos instructores, que, según su testimonio, habrían minimizado hechos que consideran extremadamente graves.
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Sigue la batalla judicial por el Centro de Atención de Inmigrantes (CREADE) de Pozuelo de Alarcón entre el Gobierno central y el Ayuntamiento. Para que pueda permanecer abierto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá presentar un recurso contra la orden de cierre que el pasado mes de septiembre dictó el ayuntamiento de esta localidad.
El pasado mes de enero, el Juzgado de lo Contencioso número 16 aceptaba las medidas cautelares solicitadas por Moncloa, suspendiendo de este modo el cierre del espacio. Si bien, el juez recuerda ahora que el cierre no es definitivo, por lo que insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a presentar un nuevo recurso.
El CREADE, ubicado en la Zona Sur de Pozuelo, dependiente de Patricia Peinado, la hija del juez Juan Carlos Peinado, quien lleva la investigación contra Begoña Gómez, arrastra meses de pugna en los juzgados hasta (o desde) que el pasado 15 de septiembre el Consistorio decretó su cierre definitivo. Según defendía el equipo de la alcaldesa, en ese momento vivían aquí más de 400 migrantes.
Dos meses después, la Secretaría de Estado presentó un recurso ante el juzgado solicitando la paralización de la orden y la adopción de medidas cautelares. Ya en enero, la Justicia aceptaba estas medidas cautelares, dejando así suspendido de forma provisional la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo. Según la última versión de la Secretaría de Estado, el centro cuenta con una ocupación de 70 personas, todas ellas mujeres ucranianas de protección temporal con niños y niñas, así como mujeres procedentes, principalmente, de Afganistán o Latinoamérica.
El Ayuntamiento alega problemas de ocupación; el Gobierno los niega
En conclusión, sigue la guerra por ver si el CREADE mantiene abiertas o no sus puertas, en plena pugna por la migración. En paralelo a la regularización de medio millón de personas migrantes, el Gobierno celebraba como una buena noticia el último pronunciamiento de la Justicia hasta el de ahora, todo a la vez que niega que haya “hacimiento” en el centro migratorio. Todo lo contrario, indicaban que la ocupación estaba al 17%.
Abierto en 2022, ha atendido la llegada de ucranianos que huían de la invasión rusa, con 400 plazas iniciales, muy alejadas de las 70 que, según Migraciones, están actualmente ocupadas. Desde el departamento que dirige Elma Saiz subrayaron que el CREADE de Pozuelo “ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad, que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías”.
Además, recordaban que había sido un “centro de referencia” para otros espacios similares y “un modelo que ha sido reconocido como buena práctica por organizaciones de reconocidos prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)”. Asimismo, se refería a la profesionalidad y celeridad con la que se atienden a estas personas. “En apenas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derecho y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan”.
El Ayuntamiento de Paloma Tejero ha insistido constantemente en que el centro incumple “no solo la normativa municipal, sino también la estatal”. En este sentido, señalan que el CREADE solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedaje breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y “no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo”.
El Consistorio dio en un primer momento un plazo de cuatro meses para realojar a las personas que residían en el lugar que venció el 17 de enero. En ese tiempo se sucedían las acusaciones, llegando a decir Pozuelo que el Gobierno no había hecho “nada” para “regularizar esa situación en la vía administrativa”; sino que se había “limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre”.
Revés para el Gobierno de Ayuso
En otro orden de cosas, hace unas semanas el Tribunal Supremo (TS) rechazaba la petición de la Comunidad de Madrid para suspender doce actos administrativos de traslado de menores extranjeros no acompañados en Ceuta y Melilla.
El delegado del Ejecutivo en la capital regional, Francisco Aguirre, ensalzaba que “priorizara la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema”, una línea similar a la que hablaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctos Torres. En su caso, señalaba que era una noticia de “humanidad, porque es de justicia y porque la ley que hemos logrado sacar adelante con mucho esfuerzo, hay que cumplirla».
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«Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado». Con esta frase comunicaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que España va a seguir la estela que ya inició Australia, y que van a imitar Reino Unido y Francia, de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales. No se trataba de un anuncio, puesto que esta medida forma parte del proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, al que el Congreso de los Diputados dio luz verde en septiembre de 2025.
Falta aún determinar a qué alude Sánchez con la «tierra prometida» y cuáles van a ser los cerrojos que impidan el paso a quienes no están invitados a entrar a ella hasta que cumplan la nueva edad que va a marcar el límite. A qué se refiere el texto del Proyecto de Ley, en términos concretos, cuando habla de los «sistemas de verificación de la edad» que «deberán garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de datos». Más allá de que se pase la pelota al «prestador» del servicio de esas redes sociales para que sea él quien determine cuáles son esas barreras. Ante la duda, el multimillonario y dueño de X (antes Twitter), Elon Musk, ya ha llamado a Sánchez «fascista totalitario» y «tirano y traidor al pueblo de España».
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Transcripción completa
España va a banar acceso a los medios
sociales para los mineros de la edad de
16 años.
España ha acompañado fuerzas con cinco
otros países europeos en una coalición
de
los grupos a ese
Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años
¿Qué hacen en otros países? Los espejos en los que mirarse se reducen prácticamente a uno: Australia. Se convirtió el pasado diciembre en una de las naciones con la legislación más punitiva y extensa contra el uso de redes por parte de menores. La fórmula que ha propuesto se basa en multas a tecnológicas y la implantación de contrafuertes digitales que estiman la edad del usuario, a partir de datos ya existentes o registros biométricos de sus rasgos faciales o su voz, y la verificación de la misma con documentos oficiales. Todo ello ha desembocado en el bloqueo de millones de cuentas casi dos meses después de la puesta en marcha de las medidas.
El propósito del Gobierno de vetar el acceso a redes sociales, como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y a las plataformas de streaming Twitch y Kick, como en el modelo que ha materializado Australia, «es valiente, duro y se sube a la ola de lo que están haciendo otros países», indica Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España.
¿Cómo se verificará el acceso?
El Gobierno de Anthony Albanese ha trasladado a las plataformas de redes sociales gran parte de la responsabilidad para «adoptar medidas razonables para impedir que los australianos menores de 16 años tengan una cuenta en redes sociales». También España va a volcar parte de la responsabilidad en las empresas.
Los menores de 16 años australianos pueden seguir viendo contenidos públicos en redes sociales que no requieren iniciar sesión, pero «es menos probable que estén expuestos a algunos de los elementos de diseño más perjudiciales, como los algoritmos depredadores», explican en el documento en el que describen cómo se aplica su nueva medida.
Además, continúan teniendo acceso en Australia a servicios de mensajería (como WhatsApp), videojuegos en línea, servicios de desarrollo profesional y redes profesionales, así como a servicios destinados principalmente a fines educativos y de apoyo a la salud.
Existen tres tipos de tecnologías que permiten garantizar que la persona que va a acceder a una cuenta en una red social es mayor de 16 años: con mecanismos de inferencia de edad, que emplean datos existentes del usuario, como el tiempo que lleva utilizando esa cuenta; con estimaciones biométricas de su edad, a través del análisis de sus rasgos faciales o su voz; y con una verificación para la que la plataforma suele consultar documentos.
Como «no basta con marcar una casilla» para contrastar los datos de los usuarios, la Comisión Europea, en colaboración con los Estados miembros, presentó en julio del año pasado un plan de verificación de edad para plataformas en línea, con herramientas, conocidas como pruebas de conocimiento cero o elementos de doble factor ciego, que no comprometiesen la privacidad de los usuarios.
Sin embargo, estas medidas y las que propone Australia «no son 100% infalibles», sostiene Vicente Aguilera, director de Internet Security Auditors, empresa especializada en ciberseguridad. «Son menores, pero en muchos casos conocen la tecnología mucho mejor que los adultos», alerta, y pueden aprovechar los recovecos de los que disponen para saltarse las limitaciones de edad. Destaca Aguilera la opción de utilizar una VPN para «evadir esa restricción geográfica» y hacer creer que se intentan conectar desde fuera de España, aunque hay «medidas técnicas» que pueden detectar el uso de esa tecnología.
Y evidencia que existe también un riesgo de que los adolescentes «se vayan a otras plataformas» no restringidas o, incluso, «a la dark web«, un rincón de Internet reservado para desempeñar actividades ilícitas o comunicaciones anónimas.
El Gobierno apuesta por una herramienta presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en julio de 2024: la aplicación móvil Cartera Digital Beta, una tecnología que, pese al revuelo que generó su sobrenombre de pajaporte, no se ha llegado a poner en marcha.
Se puede hacer en Australia, pero ¿también en España?
Australia procesa datos biométricos de los menores para verificar su edad. Sin embargo, «eso no se podría hacer» en un país miembro de la Unión Europea, porque debe cumplir la normativa comunitaria, esclarece Elena Gil, abogada especializada en Derecho digital y divulgadora legal.
Gil es clara: los datos relacionados con el rostro o la voz son «supersensibles» y están «especialmente protegidos», más aún cuando se trata de menores. La abogada no cree que Europa vaya a hacer excepciones en la vía que lleva años construyendo, porque eso «implicaría recoger datos intrusivos en masa de menores de edad». «Sería como matar moscas a cañonazos y la Unión Europea es especialmente protectora con este tipo de datos», argumenta.
Laura Cuesta, profesora de Comunicación y Estrategia Digital de la Universidad Camilo José Cela y divulgadora sobre Bienestar Digital, sentencia, en la misma línea, que «en la Unión Europea no es tan fácil implementar las medidas de Australia», porque los Estados miembros se deben ceñir a lo que rige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esa norma es «muy escrupulosa con cómo se tienen que proteger datos tan sensibles de los menores de edad».
Esta experta, que es además autora de los libros Conectados (Molino) y Crecer con pantallas (Amat Editorial), recalca que la prohibición de la que habló esta semana Sánchez tiene que venir acompañada de medidas complementarias o, como ha ocurrido en otras ocasiones, formará simplemente parte de lo que legalmente no se puede hacer, pero se hace.
Actualmente, recuerda, está vigente el Reglamento de Servicios Digitales, que exige que las plataformas no alberguen en sus sitios ni contenidos ilícitos ni ilegales. Esa normativa ya se está incumpliendo, porque los Estados comunitarios «no hemos dotado de recursos suficientes a los órganos que tienen que controlar y coordinar que esa ley se cumpla».
La realidad es que los menores de 16 años «hacen un uso intensivísimo» de las redes sociales, señala Nacho Guadix, de UNICEF, con el beneplácito o, en su defecto, por el descuido de las familias. «Los adultos no hemos sido capaces de crear un entorno perfecto para la infancia, porque las herramientas no están diseñadas para que sean seguras para los niños, las compañías están evitando responsabilidades y las familias no estamos acompañando adecuadamente», refleja.
Y es entonces cuando la situación se ha descontrolado, cuando se plantea la medida de «sacar» a los niños y niñas de ese espacio reservado a quienes se suponen mentalmente adultos. Una medida que Marta Fresnillo, subdirectora del Departamento Jurídico de las Líneas de Ayuda ANAR, una fundación dedicada a la orientación a menores de edad, considera «positiva». «La aplicación práctica de la medida supondrá un esfuerzo por parte de todos: de los menores, de las familias, que deben dar educación y acompañamiento digital, y de las plataformas, con unos sistemas de verificación lo suficientemente buenos, que garanticen que el menor no pueda burlarlos fácilmente», concluye.
“«Los adultos no hemos sido capaces de crear un entorno perfecto para la infancia»“
Limitar el acceso a estos entornos tecnológicos que han generado «mecánicas adictivas», «patrones oscuros en los algoritmos» y que han permitido que se compartan «contenidos tanto ilícitos como inapropiados», describe Laura Cuesta, va a ser complicado. Precisará del trabajo conjunto entre administraciones y plataformas, algo que pinta imposible, vistos los desencuentros entre los tecnoligarcas y el Gobierno que se han reproducido a lo largo de esta semana. Si no cumplen por las buenas, las empresas tecnológicas «se enfrentarán a responsabilidad penal», amenazó Sánchez.
La Federación Europea de Consumidores (BEUC) ha decidido que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su grupo matriz, Euroconsumers, dejen de formar parte de la federación a partir del 1 de enero de 2026, tras una prolongada controversia interna relacionada con sus vínculos económicos con grandes multinacionales, según publica FACUA-Consumidores en Acción.
Tal y como recoge FACUA, durante los últimos años varias asociaciones integradas en BEUC han manifestado su preocupación por los acuerdos comerciales firmados por Euroconsumers con grandes empresas, al considerar que ponen en riesgo la independencia y la credibilidad del movimiento de defensa de los consumidores. Estas discrepancias llegaron incluso a plantear la expulsión directa del grupo de la federación europea.
Uno de los principales focos de conflicto ha sido la relación económica mantenida con compañías tecnológicas como Google, que habría realizado pagos millonarios a Euroconsumers. Desde la dirección de BEUC se advirtió de que este tipo de acuerdos podían ser utilizados por las multinacionales para mejorar su imagen pública y presentarse como socialmente responsables, debilitando la posición crítica de las organizaciones de consumidores.
Representantes de otras asociaciones miembro de BEUC han subrayado que la defensa de los derechos de los consumidores debe ejercerse con total independencia de los intereses empresariales, especialmente cuando se trata de grandes corporaciones con un fuerte peso en el mercado europeo.
Además, según un comunicado oficial de BEUC, a partir del 1 de enero de 2026 Euroconsumers y sus organizaciones en España (OCU), Bélgica (Testaankoop/Testachats) e Italia (Altroconsumo) dejarán de ser miembros de la federación europea. Solo continuará formando parte de BEUC la asociación del grupo Euroconsumers en Portugal, DECO.
En el ámbito estatal, FACUA recuerda que lleva años denunciando las prácticas de la OCU, a la que acusa de obtener ingresos mediante comisiones pagadas por empresas a cambio de captar clientes, una actividad que, según la asociación, podría contravenir la legislación que regula a las asociaciones de consumidores en España.
La salida de la OCU, presidida por Miguel Angel Feito, de la Federación Europea de Consumidores supone un serio revés para su presencia y representación en el ámbito europeo, mientras que otras organizaciones de consumidores continuarán integradas en BEUC.
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La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, después de haber valorado este miércoles la posibilidad de intervenir con el artículo 155 de la Constitución en la Comunidad de Madrid ante la aplicación de la negativa a aplicar las normativas estatales de vivienda en la región y, especialmente, por el estado actual de la ‘Operación Campamento’, ha remitido una carta al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a la que ha tenido acceso este medio.
Rodríguez ha señalado este miércoles por la mañana que, de haber contado con la mayoría en el Senado para impulsar la aplicación del 155, “ya lo hubiera implementado”: “Si no quieren asumir la competencia, estoy dispuesta a asumirla”, ha precisado. La ministra ha reprochado por carta al alcalde sus ataques a la Operación Campamento, señalándole que las críticas se hacen “desde el exterior”, sin visitar la zona ni comprobar directamente el estado de los trabajos. Además, le reprocha que el Ayuntamiento no haya aprobado aún definitivamente el proyecto de urbanización, pese a que la aprobación inicial se produjo hace más de un año y faltan informes “críticos imprescindibles”.
La postura defendida por el mandatario de Cibeles ha pasado por reprochar a Moncloa no estar trabajando en Campamento, señalando que los medios desplegados son “escasísimos” y que la demolición en los trabajos de soterramiento en la A-5 “no se ha iniciado realmente”, culpando de ello a “la agenda” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No se puede tomar el pelo a los vecinos de Madrid. (…) Si quiere saber cómo hay que ejecutar la Operación Campamento, que se acerque unos metros para abajo a ver cómo estamos ejecutando la A-5”, ha sentenciado.
El telón de fondo de la cuestión viene de la mano de la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a aplicar la Ley de Vivienda estatal, una postura que Rodríguez ha achacado a “mero cálculo electoralista”: “¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias de las comunidades autónomas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma que estamos impulsando”, ha señalado la ministra.
Sobre esta premisa ha vuelto a dirigirse a Cibeles a través de una misiva en la que da cuenta de las inquietudes del Gobierno sobre la cuestión en vivienda en la capital y la operación Campamento, por la cual el alcalde de Madrid ha criticado al Ejecutivo y ha reclamado que se “ponga las pilas”.
«Por encima de lo previsto»
En la misiva, Rodríguez señala que ha conocido las dudas del regidor “a través de los medios de comunicación” y afirma que su objetivo es “despejar cualquier inquietud” sobre la evolución de las obras, enmarcadas en “una de las actuaciones de vivienda de promoción pública más ambiciosas del país”.
En su escrito, la ministra detalla el calendario administrativo y técnico seguido por su departamento, recordando que el informe favorable para iniciar las demoliciones se recibió el 11 de julio y que la licitación se puso en marcha el 24 del mismo mes, con “un presupuesto base de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses”. Añade que la adjudicación definitiva se produjo el 22 de diciembre y que las obras comenzaron el 12 de enero, subrayando que “no se han interrumpido en ningún momento” y que avanzan “a un ritmo por encima del inicialmente previsto”, con una primera certificación que podría suponer “un 250% de incremento sobre el plan de trabajo”.
Rodríguez también invita al alcalde a comprobar sobre el terreno el desarrollo del proyecto, al considerar “difícil e innecesario hacerlo desde el exterior” dada la dimensión del ámbito, de más de 200 hectáreas. Además, reivindica la necesidad de impulsar vivienda asequible en Madrid y reclama “la mayor colaboración y diligencia en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización”,pendiente desde hace más de un año. En este contexto, muestra su disposición al diálogo y confía en que “cuanto antes se pueda volver a agendar una reunión entre nuestros equipos” para desbloquear los trabajos pendientes.
La carta íntegra de Rodríguez a Almeida
A continuación, se plasma la carta íntegra que la ministra de Vivienda ha enviado al alcalde de Madrid en el marco de la ‘Operación Campamento’.
Estimado Alcalde:
Vengo recibiendo a través de los medios de comunicación las dudas que trasladas sobre la evolución de las obras de democión de los viejos cuarteles de Latina, por lo que quiero despejar cualquier inquietud que puedas tener al respecto, con el ánimo, una vez más desde este realidad al fin la vida en el Nuevo Barrio de Campamento, una de las actuaciones de vivienda de promoción pública más ambiciosas del país
Como sabes el pasado 11 de julio la Entidad Pública de Vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recibió el informe técnico de conformidad, cumplimiento y adecuación a la normativa de la declaración responsable presentada para proceder a las demoliciones de varias estructuras, edificios y muros aún existentes, paso ineludible para poder abordar las obras de urbanización y edificación. Una vez recibido este informe y sin ninguna dilación, el 24 de julio se procedió a la licitación de las obras de demolición, con un prepuesto base de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses.
Tras la presentación y valoración de las ofertas recibidas, respetando como es evidente los plazos y garantías establecidas en la ley de contratos del sector público, el Consejo de Administración de la Entidad adjudicó definitivamente las obras el pasado 22 de diciembre, pudiendo firmarse el acta de inicio a principios del mes pasado, momento en el que se procede a iniciar las obras de demolición, como sabes, el pasado 12 de enero.
Desde ese día las obras no se han interrumpido en ningún momento y se están desarrollando a un ritmo por encima del inicialmente previsto, lo que se evidencia en que la primera certificación de obras previsiblemente se ejecutará con un 250% de incremento sobre el plan de trabajo presentado, por lo que, de continuar así será incluso posible que finalicen con anterioridad al plazo establecido en el contrato.
Si a pesar de esta información aún mantienes dudas sobre la evolución de las obras, no hay inconveniente alguno en poder visitar in situ su desarrollo y conocer el proyecto de demoliciones, así como el estado de los inmuebles que acabarán pasando al patrimonio municipal. Es difícil e innecesario hacerlo desde el exterior teniendo en cuenta que se trata de un espacio de más de 200 hectáreas.
Sigo convencida del mutuo interés en que esta actuación se ejecute en el menor tiempo posible y en la necesidad de poder incrementar la oferta de vivienda asequible protegida para siempre en la ciudad de Madrid mediante todos los medios posibles, ya sea recuperando su función social o mediante promoción de vivienda pública, de ahí que encontrarás en mí la máxima disposición para alcanzar este e objetivo.
Aprovecho para solicitar, de nuevo, la mayor colaboración y diligencia en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, cuya aprobación inicial se produjo hace más de un año en el Pleno Municipal. En este momento seguimos pendientes de recibir algunos informes críticos imprescindibles para la adecuación final de los documentos que ya han sido presentados desde Casa 47.
Espero que, cuanto antes, se pueda volver a agendar una reunión entre nuestros equipos que nos permita continuar con los trabajos pendientes.
Recibe un cordial saludo,
La ministra
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al fundador de Telegram, Pável Dúrov, después de que haya lanzado un comunicado masivo a los usuarios de su red social acusándolo de «regulaciones peligrosas que amenazan la libertad en internet», en referencia a la medida anunciada por el Gobierno de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales. Sánchez, con un escueto comentario, ha respondido tajantemente al CEO de Telegram.
«Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos«, ha expresado Sánchez a través de un comentario difundido en las redes sociales.
Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos.
Dúrov, un día después de que el Gobierno anunciara su intención de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo las políticas que ya se aplican en Francia o Australia, ha lanzado un comunicado a todos los usuarios de su red en el que ha puesto en advertencia de lo que considera “amenazas peligrosas” por parte del Ejecutivo español en la regulación del uso de la plataforma.
“El Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. (…) Estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de ‘protección”, ha señalado.
En cuatro puntos explicativos, el fundador de Telegram ha expresado que la prohibición del Ejecutivo central “no se trata solo de los niños, requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir el DNI o biometría”, lo que considera un “peligro” al establecer un precedente para «rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos”, entendiendo así que, lo que empieza con menores de edad, “podría extenderse a todos”.
Después, ha situado la “responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas si no se elimina rápidamente contenido ilegal, odioso o perjudicial”, lo que, según percibe el fundador de Telegram, “forzará la sobrecensura” y “se borrará cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas”.
Ha proseguido con la “criminalización de la amplificación algorítmica” al considerar que serán los gobiernos los que “dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco”. Por último, ha aludido al seguimiento de “la huella de odio y polarización”, punto clave de la medida que Dúrov entiende como “definiciones vagas de odio que podrían etiquetar críticas al Gobierno” y podría traducirse como “una herramienta para suprimir a la oposición”.
Con este telón de fondo, el dueño de Telegram ha considerado que la medida del Gobierno de Sánchez viene a ejercer “el control total” de las redes sociales, por lo que ha pedido a los usuarios que se mantengan “vigilantes” y que exijan “transparencia”.
El anuncio de Sánchez sobre las redes sociales
Fue en el World Govemments Summit en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde Pedro Sánchez anunció un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias que tienen como objetivo “hacer frente a los bulos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.
El líder del Ejecutivo puso el foco en la gobernanza digital como una cuestión central en la era actual, considerando que debe ser abordada de forma global frente al estado fallido en el que ha devenido el ecosistema de las redes sociales donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.
Así, analizó el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumplimiento con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y materiales personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertados, además de distorsionar.
De la misma forma, Sánchez anunció que mediante una reforma de la ley busca poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracción que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio.
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La guerra en Ucrania ha cumplido este miércoles 1.442 días desde el inicio de la invasión de Rusia.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.
Zelenski, que habló tanto de militares de carrera como movilizados, ha hecho estas declaraciones en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2. A esa cifra, el presidente ucraniano ha señalado que hay que añadir «un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas«.
En Abu Dabi se ha celebrado la primera jornada de las reuniones trilaterales (Ucrania, EE.UU. y Rusia). El principal negociador de Ucrania ha afirmado que las conversaciones han resultado «productivas y sustantivas». Las negociaciones seguirán el jueves.
La jornada había comenzado con las declaraciones desde el otro lado del charco del presidente de Estados Unidos. Donald Trump afirmó que quiere que Putin «ponga fin» a la guerra en Ucrania.
Trump ha hablado con la prensa después de que Rusia reanudara los ataques aéreos masivos contra Kiev durante la noche del lunes al martes, en vísperas de las conversaciones del miércoles en Abu Dabi con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y representantes de los dos países en conflicto.
El ejército ruso incrementó el pasado año los ataques contra objetivos civiles en Ucrania, para lo que empleó bombas y drones de asalto, acciones que podrían constituir «crímenes de guerra», según el último informe de Human Rights Watch (HRW).
«En 2025 el empleo de armas explosivas en zonas pobladas contribuyó a un incremento del 31 % de las víctimas civiles en comparación con 2024», señala HRW. Esta organización que ha sido declarada indeseable en Rusia, destacó que julio de 2025 fue el mes más sangriento en tres años de conflicto con 286 muertos y 1.388 heridos.
Resumen | Guerra Ucrania – Rusia del 4 de febrero
Rodrigo García
Minuto Descripción
23:59
Hasta aquí llega la narración, minuto a minuto, de la guerra en Ucrania. Puedes seguir informado en los boletines de RNE, en el Canal 24h y en esta web, por supuesto. Gracias por estar ahí.
22:00
Zelenski cifra en 55.000 el número de soldados ucranianos muertos en la guerra
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.
Zelenski, que habló tanto de militares de carrera como movilizados, ha hecho estas declaraciones en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2.
A esa cifra, el presidente ucraniano ha señalado que hay que añadir «un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas».
17:26
El principal negociador de Ucrania afirma que las conversaciones en Abu Dabi han resultado «productivas»
El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, ha firmado tras la primera jornada de las reuniones trilaterales entre Kiev, Moscú y Washington que las conversaciones en Abu Dabi han resultado «sustantivas y productivas».
16:24
Las negociaciones tripartitas seguirán el jueves
El primer día de conversaciones entre ucranianos, rusos y estadounidenses, con el objetivo de encontrar una solución a la guerra de cuatro años entre Kiev y Moscú, ha finalizado este miércoles en Abu Dabi.
Una portavoz ucraniana ha anunciado que se prevén nuevas conversaciones el jueves.
«Las conversaciones han finalizado por hoy» y continuarán el jueves, ha declarado Diana Davitian, portavoz del jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov. (AFP)
11:00
Comienza en Abu Dabi la segunda ronda de negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos
La segunda ronda de contactos trilaterales entre negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev ha comenzado este miércoles en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, según ha informado en su cuenta de Telegram el integrante de la delegación ucraniana Rustem Umérov.
«El proceso negociador ha comenzado en un formato a tres bandas: Ucrania, EE.UU. y Rusia. En adelante se trabajará en grupos separados por temas, después hay planeada una (reunión de) sincronización conjunta de seguimiento», ha escrito Umérov, que es jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania.
08:30
EE.UU., Rusia y Ucrania planean retomar hoy los contactos de paz en Abu Dabi
Rusos, ucranianos y estadounidenses planean retomar hoy sus contactos de paz en Abu Dabi entre reproches de Kiev a Moscú por el ataque masivo al sector eléctrico ucraniano que puso fin en la víspera a la tregua energética pactada por los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.
07:55
Rusia derriba 24 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones
Las defensas antiaéreas rusas han derribado durante la pasada noche 24 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones rusas, según ha informado hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. «Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 24 drones ucranianos de ala fija«, ha señalado el mando militar ruso en su canal de Telegram.
Casi la mitad de los drones, once, han sido derribados sobre la región fronteriza de Briansk, y otros ocho, sobre Bélgorod.
También fueron neutralizados otros cinco drones en las regiones de Rostov y Astracán. A pesar de tratarse de un ataque de baja intensidad, las autoridades aeronáuticas decretaron el cese temporal de los aeropuertos de Volgogrado y Sarátov.
En los últimos días, la cantidad de ataques ucranianos contra la retaguardia rusa se ha reducido considerablemente: entre el 31 de enero y el 2 de febrero fueron derribados cerca de 25 drones diarios promedio, mientras el 26 de enero fueron aniquilados 106 y el 4 de enero, alrededor de 400, según datos de Defensa ruso. Este martes se produjo el menor ataque de las últimas semanas: durante la noche solo fueron interceptados diez drones. (EFE)
6:15
Rusia aumentó en 2025 los ataques contra objetivos civiles en Ucrania, según el último informe de Human Rights Watch
El ejército ruso incrementó el pasado año los ataques contra objetivos civiles en Ucrania, para lo que empleó bombas y drones de asalto, acciones que podrían constituir «crímenes de guerra», según el último informe de Human Rights Watch (HRW).
«En 2025 el empleo de armas explosivas en zonas pobladas contribuyó a un incremento del 31 % de las víctimas civiles en comparación con 2024», señala HRW. Esta organización que ha sido declarada indeseable en Rusia, destacó que julio de 2025 fue el mes más sangriento en tres años de conflicto con 286 muertos y 1.388 heridos. (EFE)
00:40
Trump dice que quiere que Putin «ponga fin» a la guerra en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este martes que quiere que Vladímir Putin «ponga fin a la guerra» en Ucrania.
Trump ha hablado con la prensa después de que Rusia reanudara los ataques aéreos masivos contra Kiev durante la noche del lunes al martes, en vísperas de las conversaciones del miércoles en Abu Dabi con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y representantes de los dos países en conflicto.
Estos ataques rusos contra la capital ucraniana se produjeron tras una pausa de unos días conseguida por Donald Trump. «Era de domingo a domingo, y se reanudó y les dio fuerte anoche», ha dicho el mandatario estadounidense. «Cumplió su palabra en eso… Aceptaremos cualquier cosa, porque hace mucho, mucho frío ¿allí. Pero era domingo, y pasó de domingo a domingo». (Reuters)
00:30
La ciudad rusa de Bélgorod se queda sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles
Bélgorod y varias localidades vecinas se han quedado este martes sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles, según han informado medios locales. El portal Noticias de Bélgorod ha señalado que Ucrania ha atacado una instalación energética en Bélgorod. «Parte de los misiles fueron derribados por las fuerzas antiaéreas, pero después de las explosiones se fueron la luz y el agua», escribe el medio.
El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha confirmado «un ataque masivo» que dejó daños al sistema energético local. Gladkov ha anunciado que presidirá la reunión de un gabinete de crisis para abordar y mitigar las consecuencias del ataque. Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año fallecieron 21 civiles por ataques ucranianos, según las estadísticas oficiales. (EFE)
00:20
Dos jóvenes mueren en un ataque aéreo ruso en Zaporiyia
Un ataque con un dron ruso en Zaporiyia, una ciudad del sur de Ucrania, ha matado a dos jóvenes y ha herido al menos a otros once, según han anunciado las autoridades este martes. «Dos personas murieron: un hombre de 18 años y una joven», ha declarado el gobernador regional, Ivan Fedorov, en redes sociales.
Las imágenes publicadas por los servicios de emergencia ucranianos mostraban dos cuerpos tendidos en el suelo y coches calcinados en el lugar del ataque. «Once personas, incluidos tres niños, buscaron asistencia médica», ha añadido Fedorov. «Esto es una masacre», ha manifestado la primera ministra Yulia Svyrydenko.
00:15
Zelenski asegura que espera «la reacción de Estados Unidos ante los ataques rusos»
El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha publicado este martes un mensaje en la red social X indicando que esperan «la reacción de Estados Unidos ante los ataques rusos».
«Fue una propuesta de Estados Unidos: detener los ataques contra las instalaciones energéticas durante las negociaciones diplomáticas y el duro invierno. El presidente de Estados Unidos hizo la petición personalmente. Rusia respondió con un número récord de misiles balísticos», ha escrito Zelenski.
“We await the reaction of America to the Russian strikes. It was the U.S. proposal—to halt strikes on energy during diplomacy and severe winter weather. The President of the United States made the request personally. Russia responded with a record number of ballistic missiles. pic.twitter.com/3SUyXk6aAk“
— Volodymyr Zelenskyy / ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ (@ZelenskyyUa) February 3, 2026
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.442 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.
La comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este martes en el Congreso de los Diputados estuvo marcada por la responsabilidad institucional con las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y las explicaciones hasta la fecha de los distintos siniestros. A su vez, el foco también se situó sobre la historia gráfica de las consecutivas inversiones ferroviarias de las últimas décadas y cómo se ha visto afectada la red bajo esta premisa.
Tanto en la red nacional como en el caso concreto de Rodalies, el titular de Transportes expuso tanto la variación de inversiones que ha realizado bajo su mandato como el global de las últimas décadas, tanto a cargo del actual Gobierno de Pedro Sánchez como de los anteriores liderados por el Partido Popular.
En este sentido, Puente comenzó señalizando los ejercicios de 2020-2025 en Rodalies de Cataluña: 1.228 millones de euros invertidos por el Ministerio, de los que 754 millones fueron destinados a ferrocarril y 607 exclusivamente a la red de Rodalies. En 2025, con datos aún provisionales, cifró en 1.196 millones con 822 millones a la red y 600 millones de ellos a Rodalies. “Cuando decimos que cada dos euros que invierte Transportes en los dos últimos años lo decimos con datos”, agregó.
A su vez, expuso el crecimiento de porcentaje de inversión total que se emplea en ferrocarriles. “En cuanto a la ejecución global del Ministerio en Cataluña, se exigen responsabilidades al que está, pero el que está no es responsable de lo que se ha producido en tiempos pretéritos, especialmente en aquellos en los que el abandono de la red ferroviaria de Cataluña es evidente”, sostuvo, mostrando el gráfico que así lo prueba.
“Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días. Es muy compleja. Cuando se abandona durante años, no se invierte ni se mantiene, se arrastra en el tiempo. Aquí se ve el papel de unos y otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no”, emplazó a modo de réplica a las críticas vertidas por la oposición de Génova y Vox en las últimas semanas.
Inversiones globales de la red ferroviaria
En este punto, situó un informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sobre el ámbito ferroviario e infraestructuras desde 1985 hasta la actualidad, finalizado en 2019. El gráfico que se muestra a continuación son las partidas presupuestarias destinadas a Cercanías a nivel nacional, es decir, ferrocarril metropolitano hasta 2018. «A partir de 2012 no es que se invierta menos, es que desaparece por completo. Así acaba este periodo analizado, en la nada”, remarcó
En este punto, introdujo el argumentario de que se llegó a “priorizar la inversión en Alta Velocidad que en Cercanías, tampoco es rigurosamente cierto”, mostrando así otro gráfico de la AIREF mostrando otra realidad. “No sólo se abandonó la inversión en ferrocarril convencional, sino la inversión ferroviaria por completo, en Alta Velocidad fue una caída en picado. Después, hemos remontado. Pero, ¿quién soluciona ese hueco?«, expuso sobre el estudio de la AIREF, finalizado en 2019, y cifrando en 30.000 millones de euros la inversión ejecutada durante el mandato de Pedro Sánchez sobre esta materia.
Siguiendo sobre este punto, Puente aludió a las inversiones realizadas por los gobiernos del Partido Popular, tanto de José María Aznar como de Mariano Rajoy, en Rodalies de Cataluña: “Fue cero, cero patatero. (…) Vamos a poner en servicio en Cataluña en la mejora de la conectividad otros 24 nuevos trenes regionales, en total, 1.207 millones de euros para Cataluña en la etapa de Sánchez, la mayor cifra empleada jamás en la adquisición de material rodante en Cataluña”, ha subrayado. Al tiempo, Puente referenció la conocida crítica de “PP y PSOE, todos son iguales”, a lo que contestado que “parece ser más culpa, o en mayor medida, más de unos que de otros, porque los datos son incontestables”, al menos, en materia de inversión ferroviaria.
Evaluación del accidente de Adamuz y la situación actual de Rodalies
El conjunto de la comparecencia de Puente se centró en estas dos cuestiones y la información disponible hasta la fecha acerca de ambos siniestros. En lo que concierne a la tragedia de Adamuz, incidió en que la circulación de trenes fue interrumpida en el mismo momento del accidente por el “corte automático del suministro eléctrico” y que “desde los primeros instantes, se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia”.
Incidió a su vez en la “plena disposición” del Ministerio de colaborar con los distintos órganos implicados en las dos investigaciones en curso: la CIAF, que investiga las causas del siniestro para establecer recomendaciones y reforzar la seguridad ferroviaria; así como la causa judicial que determinará las responsabilidades penales.
En lo que respecta a la situación actual de Rodalies, bajo el marco del siniestro en Gelida el 20 de enero que dejó un fallecido y varios heridos, ha ahondado en los defectos históricos de la red ferroviaria catalana, por su trazado y la influencia del entorno natural y climático como el déficit de inversión de previos gobiernos. En aras de revertir este escenario, Puente expuso ciertas claves del Plan Rodalies 2020-2030, con el 80% de la inversión ferroviaria de Transportes con un aumento de 1.700 millones.
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La publicación de los nuevos documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein ha desvelado una serie de nombres conectados con el delincuente. Fue el pasado viernes cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de documentos del caso haciendo cumplimiento a la Ley de Transparencia aprobada ‘ad hoc’ en noviembre. ¿Lo destacable de los nuevos archivos publicados? Que en el paquete de documentos se ha descubierto que figuran nombres de varios españoles, entre los que destacan los de la familia Aznar, el rey emérito, un arquitecto que participó en las obras de su isla o un condenado en la Gürtel, entre otros.
En los datos revelados, se muestra que Juan Carlos I y el expresidente del Gobierno José María Aznar mantuvieron algo más que una relación meramente diplomática. Los encuentros, las supuestas cenas, los viajes pagados y los paquetes enviados han situado a ambos en el punto de mira.
La cena con Juan Carlos I
Al salir a la luz los nuevos archivos del pederasta se ha confirmado que el nombre del emérito aparece reflejado en más de una decena de páginas de los documentos de Epstein.
Entre todos los archivos en los que figura el por entonces monarca de España, de los cuales muchos son simples recortes de periódicos, destaca la mención de un encuentro entre el empresario y el Borbón.
«Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos», manifestaba Epstein en uno de sus correos. Este documento ha dado a conocer que el emérito tuvo agendada una cena en la ciudad de Nueva York con el delincuente sexual el 11 de septiembre de 2018, mismo día que en España, casualmente, se hacía pública la investigación que había iniciado la Fiscalía Anticorrupción con motivo del presunto cobro de comisiones millonarias por la construcción del AVE a La Meca.
Hoy en día se desconoce si la quedada llegó a pasar ya que no figura ninguna prueba de la asistencia de Juan Carlos en la cena. Lo único que sitúa al rey en un contexto fue una imagen del emérito es en su visita a Sanxenxo días después de aquella supuesta cena mencionada en los archivos de Epstein.
Además de la cena, el borbón también es mencionado en más documentos por el interés que el empresario mostraba hacia su persona, llegando a existir correos en los que mencionan a la misma Corinna Larsen por su relación con el monarca.
Otros nombres
Además del rey emérito y el expresidente Aznar, otros rostros españoles figuran en los papeles. En este sentido, destacan Jacobo Gordon, un empresario condenado por el caso Gürtel, o Maite Arango, consejera de Acciona; Joaquín Fernández de Córdoba Arión, duque de Arión; Fernando de Córdova Hohenlohe; y el empresario Fernando de Soto. Ellos aparecen como contactos en la agenda.
Por su parte los empresarios Nacho Gaspar y Ludmila García, con domicilios vinculados a Madrid y Marbella, también figuran en los contactos. Además de Juan Herrero y Helen Herrero También está el arquitecto granadino Carlos Sánchez, quien reconoció haber trabajado en un proyecto en las Islas Vírgenes para Epstein.
Además, como contactos diplomáticos relacionados con Marruecos destaca el ministro de Exteriores Miguel ángel Moratinos,
Cabe mencionar que el hecho de que los nombres de las personas mencionadas aparezcan en los archivos estos no los sitúa en ningún delito y se encuentran al margen de la investigación.
Epstein y su relación con los Aznar
Por otra parte, el presidente del Ejecutivo español entre 1990 y 2004, José María Aznar López, también aparece citado en los archivos del empresario y, a diferencia del emérito, los documentos mostraban una relación más afianzada entre los implicados.
Empezando por la existencia de numerosos correos y terminando con los paquetes enviados a La Moncloa, el expresidente junto a su familia están relacionados en varias situaciones, a pesar de que estos digan lo contrario.
Las primeras apariciones de Aznar que le conectan con Epstein son los envíos que el primero recibía por parte del segundo. En 2003, cuando todavía ocupaba el cargo de presidente, hubo un primer envío del pederasta y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell,con destino Moncloa. El paquete de poco más de 200 gramos y por el que el empresario habría pagado casi 33 dólares a FedEx, figuraba a nombre de Aznar y su pareja, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. Dicha correspondencia enviada el 2 de septiembre desde Nueva York al «presidente y Ana Aznar», la recogieron el 4 de septiembre, según figura en los archivos recogidos.
Meses más tarde, tal y como reflejan los documentos del delincuente sexual, se registró un pago por parte del pederasta a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre. El pago fue realizado a la compañía Shoppers Travel Inc., la cual era conocida por ser la habitual del empresario para reservar vuelos comerciales a sus asociados y empleados.
Años después, a las dos semanas posteriores a que Aznar abandonara el gobierno español, el popular recibió otro paquete del pederasta, más grande que el anterior, a la oficina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).
Cabe destacar que tanto José María como Ana Botella no so los únicos miembros de la familia Aznar que se encuentran escritos en los documentos del criminal. El hijo del expresidente, José Aznar, y su yerno y exdiputado del Parlamento Europeo, Alejandro Agag, figuran en la agenda telefónica de Epstein.
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Octubre de 2003. Mientras millones de personas salían a las calles en España contra la guerra de Irak, José María Aznar viajaba a Nueva York para recibir un premio de la organización Appeal of Conscience Foundation. El desplazamiento, según los papeles de Jeffrey Epstein, fue financiado por el financiero estadounidense hoy símbolo de las cloacas del poder global, en un momento clave para apuntalar el respaldo español a la estrategia de George W. Bush en Oriente Próximo.
El viaje no fue un gesto protocolario menor. En el otoño de 2003, el Gobierno de José María Aznar atravesaba su mayor crisis de legitimidad social. La invasión de Irak, impulsada sin el aval de Naciones Unidas y apoyada por España pese a un rechazo ciudadano masivo, había convertido a Aznar en uno de los aliados europeos más fieles de la Casa Blanca. En ese contexto, la entrega de un galardón por parte de una fundación con fuertes vínculos con el establishment político y económico estadounidense funcionó como una operación de blanqueamiento internacional del liderazgo del presidente español.
Los registros del entorno de Epstein —que incluyen pagos de viajes y gestiones logísticas a nombre de terceros— sitúan a Aznar en ese circuito de relaciones donde confluyen diplomacia paralela, grandes donantes privados y organizaciones que actúan como nodos de influencia. No existe constancia de delitos ni de una relación personal directa más allá de esos apuntes administrativos, pero el episodio ilustra cómo, en plena guerra, figuras clave del poder occidental se movían en espacios opacos, al margen del escrutinio público.
Años después, ya fuera de La Moncloa, Aznar consolidó ese perfil internacional alineado con el neoconservadurismo estadounidense. En 2010 impulsó la Friends of Israel Initiative, una plataforma concebida para defender al Estado de Israel frente a lo que considera campañas de deslegitimación global. Lejos de tratarse de un proyecto marginal, la iniciativa reunió a exdirigentes políticos, altos cargos militares y figuras influyentes del ecosistema conservador internacional.
Desde su presentación pública, Friends of Israel se definió como una iniciativa no confesional, abierta a dirigentes y personalidades “no judías”, con el objetivo explícito de combatir lo que consideraba campañas de deslegitimación contra Israel y de reforzar su derecho a la autodefensa. Lejos de plantearse como una ONG clásica, la organización adoptó desde el principio una lógica propia de los lobbies de influencia: elaboración de posicionamientos políticos, interlocución directa con responsables institucionales y generación de espacios de encuentro entre élites políticas, económicas y estratégicas.
En ese entramado desempeñó un papel central Rafael Bardají, antiguo asesor de Aznar en materia de seguridad y uno de los principales arquitectos ideológicos del proyecto. Bardají, que posteriormente se convertiría en referente intelectual de Vox y en interlocutor habitual de la derecha radical estadounidense, actuó como puente entre el aznarismo, los sectores más duros del sionismo político y las nuevas derechas transatlánticas.
La dimensión financiera de Friends of Israel refuerza esa lectura. Entre 2015 y 2016, la organización recibió alrededor de dos millones de euros procedentes de la fundación del magnate estadounidense Sheldon Adelson, uno de los mayores financiadores del Partido Republicano y de causas sionistas en Estados Unidos. Adelson convirtió su fortuna en una herramienta política al servicio de una agenda claramente alineada con la derecha más dura en política exterior, especialmente en lo relativo a Oriente Próximo.
Israel como eje del relato conservador español
La relación entre la derecha española y el Estado de Israel no se limita a gestos diplomáticos puntuales, sino que responde a una convergencia ideológica cada vez más explícita. Tanto el Partido Popular como Vox han asumido en los últimos años un discurso abiertamente alineado con los sectores más duros del sionismo político, especialmente en lo relativo a la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la identificación del conflicto palestino-israelí como un choque civilizatorio. Esta afinidad se traduce en relaciones estables con asociaciones pro-Israel, fundaciones internacionales y think tanks vinculados al neoconservadurismo estadounidense.
En el caso del PP, esa orientación hunde sus raíces en la etapa de José María Aznar, cuando la política exterior española se reconfiguró como parte del eje atlántico liderado por Estados Unidos. Desde entonces, dirigentes populares han mantenido una línea de apoyo casi incondicional a Israel en foros internacionales, evitando críticas a la ocupación de territorios palestinos y oponiéndose de forma sistemática a iniciativas de reconocimiento del Estado palestino o de condena a las violaciones del derecho internacional. Esta posición ha sido reforzada por la cercanía del partido a fundaciones y lobbys que operan como altavoces de la agenda israelí en Europa.
Vox, por su parte, ha llevado esa alianza un paso más allá, integrándola de forma central en su discurso político. La formación liderada por Santiago Abascal ha convertido a Israel en un referente simbólico de su proyecto ideológico, presentándolo como un “muro de contención” frente al islamismo y la inmigración, y como modelo de Estado fuerte, militarizado y sin concesiones en materia de seguridad. Diputados y dirigentes de Vox han participado en viajes, encuentros y actos organizados por asociaciones pro-Israel, tanto en España como en el extranjero, reforzando una red de relaciones que trasciende lo meramente institucional.
En este contexto, la connivencia de la derecha española con Israel se ha hecho visible como nunca a raíz del genocidio en Gaza, no tanto por lo que Partido Popular y Vox han dicho, sino por lo que han evitado decir. Ante una ofensiva militar que ha provocado decenas de miles de víctimas civiles y que ha sido calificada por juristas internacionales y organismos de derechos humanos como una posible violación masiva del derecho internacional, ambos partidos se han movido en una ambigüedad calculada, esquivando cualquier condena directa al Gobierno de Israel y refugiándose en fórmulas retóricas de equidistancia. Esa indefinición, lejos de expresar prudencia, confirma la solidez de unos vínculos políticos e ideológicos que pesan más que la defensa coherente de los derechos humanos y que sitúan a la derecha española en una posición singular dentro del panorama europeo: alineada en el fondo con las redes y lobbys pro-Israel, pero incapaz de asumir públicamente ese respaldo ante una tragedia humanitaria que ha sacudido a la opinión pública mundial.
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2 – Barcelona: Joan García; Cancelo (Cubarsí, min.46), Eric García, Araujo (Kounde, min.78), Gerard Martín; Bernal (Casadó, min.66), De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Rashford (Fermín, min.66) ; y Lewandowski (Ferran, min.66).
Goles:
0-1, min.39: Lamine Yamal.
0-2, min.56: Araujo.
1-2, min.87: Javi Moreno.
El FC Barcelona se mantendrá otra ronda más como gran favorito a revalidar el título de Copa del Rey tras vencer 1-2 a un Albacete que ha puesto contra las cuerdas al campeón. Tres ocasiones claras de gol en la segunda parte, pero especialmente una en el descuento, han dejado al equipo de Segunda a las puertas de la prórroga. Los goles de Lamine Yamal y Ronald Araújo valen una victoria agónica (1-2).
Después de la inolvidable noche que vivió el Carlos Belmonte hace un par de semanas al eliminar al Real Madrid, Hansi Flick demostró desde la elección de los titulares que no se podía correr riesgos. Lamine Yamal, Dani Olmo, Lewandowski y Rashford eran de la partida en el frente de ataque.
Esa aglomeración de atacantes permitió a los visitantes que su amenaza sobre la portería local encerrara al equipo manchego, condenado a aprovechar las pocas jugadas a la contra que se le presentaran.
El conjunto de Alberto González, que atraviesa una gran racha de juego y resultados, se sentía más impotente esta noche ante el dominio de la posesión a cargo de los azulgranas.
A pesar del dominio visitante, las ocasiones de gol no se dieron. En toda la primera parte solo pudo romper la igualdad inicial Rashford en el minuto 7 —falló a la hora de batir a Lizoain tras una buena jugada combinativa— y Lamine Yamal en el minuto 39.
El de Mataró no desaprovechó la oportunidad. El fallo había venido en la salida de balón del Albacete y De Jong habilitó al 10 culé para batir al portero con un gran disparo cruzado, al palo largo. Con ese 0-1 se fue el partido al descanso.
Copa del Rey | Albacete – FC Barcelona: Lamine Yamal hace el primer gol
El Albacete se vacía en la segunda mitad y acaricia la épica
Tras la reanudación, la afición del Belmonte quiso ilusionarse al ver una primera jugada de su equipo que obligó a intervenir a Joan García. Poco duraría la esperanza al comprobar cómo el Barça ponía tierra de por medio con su segundo gol, en el minuto 56. Ronald Araujo fue el ejecutor al rematar a la perfección en el primer palo un saque de esquina.
Desde el banquillo local se optó por dar entrada al héroe de los octavos de final, el delantero Jefté. El canario dispuso en sus pies de la mejor oportunidad de gol a los pocos minutos de saltar al césped. Le ganó la espalda a la defensa blaugrana y cuando se adentraba en el área, después de ver cómo Araujo se pasaba de frenada, reventó el esférico lanzándolo alto.
En el minuto 73 se le escapó al Alba de nuevo la opción de reducir distancias. De nuevo a cargo de Jefté, esta vez de cabeza, y con el mismo destino para la pelota. Por encima del larguero.
El gol que tanto buscaban los locales acabaría llegando, después incluso de un gol anulado a Puertas en el minuto 87 por fuera de juego. También con incertidumbre del VAR incluida. Javi Moreno remató con el alma y la cabeza un centro lateral de Lazo.
El equipo manchego se subió en esos momentos a surfear una ola que a punto estuvo de llevarles al éxito. Después del gol anulado a Ferrán Torres por fuera de juego (min. 89), tuvieron la gran oportunidad del empate. Jugada extraordinaria por la banda izquierda, que acaba en el otro costado ya en el área. Fran Gámez se la picó al cancerbero y Gerard Martín evitó el gol con el flequillo (min. 91). Ahí estuvo el partido para el Albacete.
Copa del Rey | Albacete – FC Barcelona: Gerard Martín evita el empate bajo los palos
No se movería ya el marcador y los locales, que acabaron vaciados y de rodillas en el campo. Una gran lección de cómo vivir y disfrutar la competición del ko.
El vigente campeón avanza a semifinales a costa de un equipo de la Liga Hypermotion que ha exprimido al máximo su aventura copera. Las alegrías que se han llevado los seguidores del Alba con la tanda victoriosa ante el Celta y la victoria sobre el Real Madrid ya no se las va a quitar nadie.
Gobernaba Esperanza Aguirre cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha siete hospitales gestionados con un modelo de colaboración público-privada llamado «concesión de obra pública»: constructoras y bancos, en forma de UTE (unión temporal de empresas), construyeron los centros y se encargarán durante 30 años de la gestión de los servicios no sanitarios, mientras que la asistencia médica corre a cargo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Al tiempo, la Consejería de Sanidad creaba una Unidad Técnica de Control para «monitorizar» y «evaluar» los servicios prestados por las empresas concesionarias. Aunque depende de la Dirección General de Gestión Económica del Sermas, su personal pertenece a una empresa privada, a la que se adjudicó en 2007 un contrato para que hiciera ese trabajo. Se trata de Hill International Spain SA, filial española de una de las mayores multinacionales de gestión de proyectos y construcción de Estados Unidos.
Desde entonces y hasta 2022, Hill International Spain fue la encargada de supervisar la actividad y el desempeño económico y financiero de esos siete hospitales, a través de adjudicaciones y prórrogas de los contratos. El último contrato se firmó en 2022, ya con Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno madrileño, que además le amplió el trabajo: pasó también a ejecutar la «supervisión técnico-administrativa, económico-financiera y legal» de los cuatro hospitales gestionados con otro modelo de colaboración público-privada, la «concesión administrativa», así como de los hospitales con convenio singular –la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla– e incluso de los contratos centralizados de limpieza, lavandería y vigilancia y seguridad del Sermas.
Uno de esos hospitales bajo «concesión administrativa», también parte del proyecto privatizador de Esperanza Aguirre, es el de Torrejón, gestionado por la sociedad Torrejón Salud SA. Desde que se constituyó en 2009 y hasta agosto del año pasado, esta empresa ha tenido dos accionistas: el grupo Ribera Salud (89,47%) y Concessia (10,53%), una sociedad creada para invertir en proyectos de concesiones públicas de la que Hill International posee un 5,67%.
Es decir, la empresa que supervisa la actividad y cuentas del Hospital de Torrejón desde 2022 ha sido al mismo tiempo accionista indirecta –a través de Concessia– de dicho hospital durante tres años. Lo que puede suponer un conflicto de intereses, según confirman los expertos consultados por este periódico. La imparcialidad y objetividad de la supervisión ejecutada por Hill International podría quedar en entredicho al ser accionista indirecto del Hospital de Torrejón. La filial de la multinacional estadounidense fue ratificada como miembro del consejo de administración de Concessia en abril de 2023, por un plazo de seis años.
«No vamos a hacer ningún comentario», ha sido la respuesta de Hill InternationalSpaincuandoPúblicoleha preguntado por su participación accionarial enConcessiay la incompatibilidad con sus tareas de supervisión del Hospital de Torrejón entre 2022 y 2025.
Por su parte, la Consejería de Sanidad niega que haya conflicto de intereses y asegura que «los procedimientos sobre los que se trabaja y se trabajó en ese ámbito están ajustados a derecho». «Todo el problema» sobre el posible conflicto de intereses, añade un portavoz, «obedece a un problema de distribución de accionariado». [Puedes ver al final de este artículo las preguntas que dejaron sin responder la consejería y la empresa].
Causa de resolución del contrato
Los pliegos de condiciones administrativas del contrato de 2022 establecen en su capítulo de incompatibilidades que el adjudicatario no puede «tener compromisos con terceros que puedan suponer encontrarse en una situación de conflicto de intereses» para la realización de las tareas que se le han encomendado.
También precisan que «no podrá haber participado directa o indirectamente en los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión de los Hospitales Infanta Elena (Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Torrejón y Hospital de Villalba». Es decir, cita expresamente el centro del que Hill International Spain era accionista indirecto.
En cualquier caso, los pliegos exigen al adjudicatario que presente, en el momento de la firma del contrato, una «declaración responsable expresa y por escrito» de la inexistencia de conflictos de intereses. El incumplimiento de esta obligación es motivo para resolver el contrato. Y mentir en esa declaración implica que se le sancione con la prohibición de contratar con las administraciones públicas. Ni la empresa ni Sanidad aclararon qué figuraba en esa declaración responsable.
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Manifestantes durante una concentración ante el Hospital de Torrejón.
¿Lo sabía Sanidad?
Pero resulta poco creíble que Sanidad desconociera el vínculo societario entre Hill International,Concessiay Torrejón Salud. La creacióndeConcessia, en febrero de 2008, fue publicitada en la prensa económica. Trece cajas de ahorrose unían con la que entonces se llamabaGerensHill Internationalpara fundar«la primera y única gestora de concesiones de España controlada por entidades financieras y con total independencia de cualquier grupo constructor».Cada caja tenía un 7% de la sociedad, yGerensHill International, un 5%.Su plan era conseguir una cartera de 37 concesiones públicas por importe de 2.000 millonesde euros en 10 años. Aún no había explotado la burbuja inmobiliaria –Lehman Brothers quebró sólo sietemeses después– yConcessiase preparaba para participar en proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos como hospitales, carreteras, aeropuertos, comisarías, edificios para uso de las administraciones públicas y residencias de mayores, según publicó el diarioExpansión. No sólo en España, también en Europa del Este, Estados Unidos, México, Brasil y Chile.
Pero, tras la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, en su capital sólo quedan hoy siete socios: Ibercaja Banco (30,15%), Caixabank (24,2%), Kutxabank 16%), Banco Sabadell (8%), BBVA (8%) e Hiscan Patrimonio II SAU, gestora de Caixabank (8%), además de Hill International Spain. Desde agosto de 2025, cuando abandonó Torrejón Salud, Concessia sólo tiene una inversión, el 23% del Hospital Universitario de Burgos, gestionado con el modelo de concesión de obra pública. Además, en 2023 perdió 9,89 millones de euros, que se sumaron a los 3,37 millones de números rojos acumulados desde 2020. De hecho, en 2023 Concessia estaba en causa de disolución, por lo que tuvo que reducir capital por importe de 11,46 millones de euros para compensar pérdidas y revertir su desequilibrio patrimonial.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, durante la inauguración del Hospital de Torrejón, en septiembre de 2011.
Hill International también pierde dinero en España, 654.000 euros en 2024. Pero ese ejercicio facturó 13,54 millones, un 8,8% más que el año anterior, según destaca en las últimas cuentas que ha enviado al Registro Mercantil y que han sido consultadas por Público.
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En los últimos cinco años, Torrejón Salud SA ha recibido 121 millones de euros en concepto de compensación tras alegar que se produjeron «circunstancias extraordinarias o imprevisibles» que habían alterado «significativamente la economía del contrato». Los últimos 32,8 millones, pagados el pasado verano, salvaron a la concesionaria de la insolvencia. Pero no consiguieron cerrar el conflicto que arrastraba con su socio minoritario, Concessia. La empresa de las cajas y Hill International vendió sus acciones y abandonó el barco tras enfrentarse a Torrejón Salud en los tribunales y 16 años después de haberse vinculado al grupo Ribera Salud.
Las preguntas que Sanidad elude y su respuesta
Público envió a la Consejería de Sanidad las siguientes preguntas sobre la adjudicación a Hill International Spain SA del servicio de apoyo a la unidad que supervisa los hospitales públicos de gestión privada de la Comunidad de Madrid, que no contestó:
1. ¿Ocultó la empresa a la Consejería de Sanidad ese vínculo societario cuando se presentó al concurso público?
2. El pliego de condiciones administrativas establece que el adjudicatario, en el momento de firmar el contrato, debe presentar una «declaración responsable expresa y por escrito de la inexistencia de conflictos de interés». ¿Qué constaba en la declaración que presentó Hill International Spain SA?
3. ¿Qué comprobaciones hizo el órgano/mesa de contratación? ¿Pidió alguna documentación acreditativa, más allá de la declaración responsable, como un certificado de estructura económica de la empresa y de sus participaciones en otras sociedades, sobre todo en relación con las concesionarias supervisadas (que Hill International Spain SA era uno de los accionistas de Concessia fue ampliamente publicado en la prensa económica)?
En su lugar, la Consejería de Sanidad remitió la siguiente respuesta:
«En primer lugar, para determinarse algún tipo de conflicto de intereses dentro de la accionariado, habría que acudir al Registro Mercantil para comprobar porcentajes. Debido a la premura de la información que solicitáis, esto en 24 horas no se resuelve.
Hill no es la UTC [Unidad Técnica de Control]. Existe una unidad de apoyo en todo este procedimiento.
Como vosotros mismos determináis en vuestras afirmaciones, no hay ni obedece [a un] conflicto de intereses.
Los procedimientos sobre los que se trabaja y trabajó en ese ámbito están ajustados a derecho.
Todo el problema que planteas y que parece que tenéis perfectamente delimitado por vuestra fuente obedece a un problema de distribución de accionariado».
Las preguntas que Hill International Spain SA no responde
Público también envió una serie de preguntas a Hill International Spain SA sobre el contrato para la supervisión de los hospitales públicos de gestión privada y sobre su participación accionarial en Concessia. La empresa indicó que no iba a realizar ningún comentario. Las cuestiones son las siguientes:
Según nuestras informaciones (recabadas en la Plataforma de Contratación y el Registro Mercantil), Hill International Spain es la adjudicataria del contrato de «servicio de apoyo técnico a la Unidad Técnica de Control para los hospitales gestionados en régimen de concesión, hospitales con gestión de servicio público en la modalidad de concesión, hospitales de convenio singular y de los contratos de servicios no sanitarios gestionados de forma centralizada por el Servicio Madrileño de Salud». Concedido en 2022, le fue prorrogado en 2025 hasta 2027.
La empresa ya prestaba ese servicio desde 2007, cuando le fue adjudicado bajo su anterior denominación, Gerens Management Group. Desde entonces, el contrato le ha sido renovado y vuelto a adjudicar hasta ahora.
Desde 2022, en que se amplió el objeto del contrato, Hill International se encarga de supervisar y monitorizar no sólo los hospitales bajo concesión de obra pública, sino también los de concesión administrativa, entre los que se encuentra el Hospital de Torrejón. Este centro es propiedad de Torrejón Salud SA, sociedad de la que, hasta agosto de 2025, Concessia poseía una participación del 10,53%. A su vez, Hill International es accionista (5,66%) y consejera de Concessia.
Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Es legal que Hill International supervise la actividad y las cuentas de un hospital del que es accionista una sociedad en la que tiene una participación y en cuyo consejo de administración se sienta? ¿No incurre en un conflicto de interés?
2. En el pliego de condiciones administrativas del contrato, se establece que el adjudicatario «no podrá tener compromisos con terceros que puedan suponer encontrarse en una situación de conflicto de intereses para la realización de las mencionadas tareas». También que «no podrá haber participado directa o indirectamente en los contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión de los Hospitales Infanta Elena
(Valdemoro), Rey Juan Carlos (Móstoles), Hospital de Torrejón y Hospital de Villalba».
¿Por qué se presentaron al concurso, a sabiendas de que incumplían las condiciones del pliego?
3. En el capítulo de incompatibilidades se establece igualmente que «la entidad adjudicataria, en el momento de la firma del contrato, se compromete a presentar declaración responsable expresa y por escrito de la inexistencia de conflictos de interés».
¿Comunicó Hill InternationalSpaina la Consejería de Sanidad su participación accionarial enConcessiacuando presentó su oferta al concurso público de 2022?
4. ¿Mantiene Hill International aún hoy, enero de 2016, su participación accionarial enConcessia, teniendo en cuenta que en agosto de 2025 abandonó Torrejón Salud SA tras una disputa judicial con Ribera Salud y que la situación financiera deConcessiaes delicada (estaba en causa de disolución en 2023, tuvo que reducir capital, sus inversiones se reducen a una, el hospital de Burgos)?
La nueva filtración masiva de correos vinculados a Jeffrey Epstein vuelve a sacudir los márgenes del poder político internacional. Entre los mensajes desclasificados aparece una referencia directa a Friends of Israel Initiative, la organización fundada por el expresidente español José María Aznar, citada en un correo fechado en 2015 que describe una reunión de su consejo celebrada en Dallas y menciona a varios de sus miembros, entre ellos Rafael Bardají, figura clave del engranaje ideológico que conecta al aznarismo con Vox y la derecha radical estadounidense. El mensaje, dirigido al propio Epstein, añade además un detalle revelador: algunos de los asistentes no eran judíos y el anfitrión del encuentro fue el entorno que alojó a los miembros del consejo en Texas.
El correo, cuyo remitente no ha sido identificado en la documentación hecha pública, ofrece una fotografía poco habitual del funcionamiento interno de la Friends of Israel Initiative fuera de Europa. “Acabamos de celebrar una reunión del consejo de directores para una organización llamada Friends of Israel aquí en Dallas. Con sede en Europa. El ex presidente español José Aznar la fundó”, escribe el interlocutor. A continuación, remite a la página web de la entidad e invita a revisar la composición de su consejo, subrayando la presencia de Robert Agostinelli, empresario estadounidense y uno de los principales financiadores del lobby.
La aparición de esta referencia en los archivos de Epstein no implica, por sí misma, la existencia de una relación orgánica entre el financiero y la organización fundada por Aznar. Sin embargo, sitúa a Friends of Israel dentro del ecosistema de relaciones personales, políticas y económicas que rodearon durante años a Epstein, un entramado que combinaba élites financieras, dirigentes políticos y espacios de influencia ideológica a ambos lados del Atlántico.
Friends of Israel: un lobby político impulsado desde el aznarismo
Fundada en 2010, la Friends of Israel Initiative nació como una plataforma internacional destinada a defender la legitimidad del Estado de Israel en el debate político occidental, en un contexto marcado por el auge de resoluciones críticas en organismos internacionales y por el endurecimiento del discurso sobre el conflicto en Oriente Próximo. El proyecto fue impulsado por el expresidente del Gobierno español José María Aznar tras abandonar la primera línea institucional, como parte de su estrategia de proyección internacional en el ámbito de los think tanks y el lobby político.
Desde su presentación pública, Friends of Israel se definió como una iniciativa no confesional, abierta a dirigentes y personalidades “no judías”, con el objetivo explícito de combatir lo que consideraba campañas de deslegitimación contra Israel y de reforzar su derecho a la autodefensa. Lejos de plantearse como una ONG clásica, la organización adoptó desde el principio una lógica propia de los lobbies de influencia: elaboración de posicionamientos políticos, interlocución directa con responsables institucionales y generación de espacios de encuentro entre élites políticas, económicas y estratégicas.
La composición de su consejo y de su entorno directivo reflejó desde el inicio esa orientación. La organización se rodeó de figuras procedentes del neoconservadurismo estadounidense, exdirigentes políticos europeos y empresarios con amplia capacidad financiera y acceso a círculos de poder en Washington y Bruselas. Entre ellos figura de manera destacada Robert Agostinelli, empresario estadounidense y uno de los principales apoyos económicos del proyecto, cuya presencia en el consejo es mencionada de forma explícita en el correo remitido a Jeffrey Epstein en 2015.
Junto a Agostinelli, Friends of Israel ha contado históricamente con perfiles vinculados a la seguridad, la defensa y la política exterior dura, muchos de ellos con trayectorias en gobiernos conservadores o en think tanks estratégicos. Esa combinación de exresponsables políticos, analistas de defensa y financiadores privados ha permitido a la organización operar como un espacio de coordinación ideológica más que como una estructura pública con actividad visible continuada.
Aunque su sede y su origen están vinculados a España, Friends of Israel ha mantenido tradicionalmente un perfil discreto en el ámbito político nacional, con escasa presencia en el debate público y una actividad poco transparente para la opinión pública. Su influencia se ha articulado, principalmente, a través de encuentros internacionales a puerta cerrada, declaraciones conjuntas firmadas por sus miembros y una intensa labor de networking con responsables políticos, diplomáticos, militares retirados y analistas estratégicos.
La reunión celebrada en Dallas en 2015, ahora citada en los correos filtrados del caso Epstein, encaja plenamente en ese patrón de funcionamiento. Se trata de un encuentro del consejo fuera de Europa, con alojamiento y logística gestionados por el entorno organizador, y con la participación de miembros clave del lobby. Este tipo de reuniones, habituales en la trayectoria de Friends of Israel, refuerzan su carácter de plataforma transnacional de influencia, alejada de los circuitos institucionales formales pero estrechamente conectada a ellos a través de sus integrantes.
Rafael Bardají, el nexo ideológico
Entre los nombres que orbitan alrededor de Friends of Israel Initiative destaca el de Rafael Bardají, una figura clave para entender la continuidad ideológica entre el aznarismo, el neoconservadurismo internacional y, más recientemente, el proyecto político de Vox. Bardají fue asesor de José María Aznar en materia de defensa y política exterior durante su etapa en el Gobierno, y más tarde ocupó –entre 2004 y 2016– la dirección de política internacional de la Fundación FAES, el principal laboratorio de ideas del Partido Popular bajo el liderazgo del expresidente.
Desde ese espacio, Bardají contribuyó a articular una visión de la política exterior alineada con los postulados de la llamada “guerra contra el terror”, el atlantismo sin matices y la defensa de Israel como eje estratégico en Oriente Próximo. Ese mismo marco ideológico fue el que sirvió de base para la creación de Friends of Israel Initiative en 2010, una organización concebida como plataforma internacional para influir en el debate político europeo y estadounidense desde posiciones conservadoras, no confesionales y abiertamente críticas con cualquier cuestionamiento del Estado israelí.
La trayectoria de Bardají lo sitúa así como un elemento de continuidad entre distintas etapas y espacios de poder: el Partido Popular de los años 2000, los think tanks estratégicos vinculados a la derecha internacional y la nueva derecha radical europea. Tras su salida del entorno orgánico del PP, Bardají se convirtió en uno de los referentes ideológicos de Vox, formación en la que fue candidato al Congreso y responsable de su discurso en materia internacional y de seguridad durante sus primeros años de expansión electoral.
En ese papel, Bardají defendió posiciones alineadas con los sectores más duros de la derecha estadounidense, ha participado en foros internacionales sobre defensa y geopolítica y ha mantenido vínculos con figuras como Steve Bannon, exasesor de Donald Trump y uno de los principales impulsores de redes transnacionales de la derecha radical. Su nombre ha aparecido de forma recurrente como nexo entre el entorno de Aznar, el liderazgo de Vox —con Santiago Abascal al frente— y los circuitos ideológicos que conectan Madrid con Washington.
La presencia de Bardají en el consejo de Friends of Israel y su mención en el contexto de la reunión celebrada en Dallas en 2015 refuerzan ese perfil de intermediario ideológico. No se trata únicamente de una trayectoria personal, sino de una red de relaciones que ha sobrevivido a los cambios de siglas y coyunturas políticas, y que sigue operando en espacios donde confluyen lobby, estrategia internacional y afinidades ideológicas compartidas.
Un ecosistema que sigue activo
En este sentido, la publicación de estos correos no clausura una historia, sino que abre una ventana al presente. Las personas citadas en los archivos siguen activas, influyentes y ocupando espacios de poder político o intelectual. Friends of Israel Initiative continúa operando como plataforma internacional de interlocución política; José María Aznar mantiene un papel relevante en el debate estratégico y en la articulación de redes conservadoras a escala global; y Rafael Bardají sigue siendo un referente ideológico en el ecosistema de la derecha española y transatlántica. Nada de lo que aparece en los correos pertenece a un mundo extinguido ni a una etapa cerrada de la política internacional.
Los archivos de Jeffrey Epstein hablan del pasado, pero las estructuras que describen siguen funcionando en el presente, adaptadas a nuevos contextos y coyunturas. Think tanks, fundaciones privadas y lobbies internacionales continúan reuniéndose, intercambiando contactos y generando discurso fuera del foco público, lejos del escrutinio que acompaña a la política institucional. La reunión del consejo de Friends of Israel celebrada en Dallas en 2015, mencionada en uno de los correos, es solo una instantánea de un modo de operar habitual: encuentros discretos, logística privada y una agenda que rara vez se hace pública.
Este tipo de espacios no actúan al margen de la política, sino en paralelo a ella, influyendo en marcos ideológicos, posicionamientos internacionales y alianzas estratégicas que más tarde se reflejan —o se filtran— en los discursos oficiales. En ese terreno, la frontera entre lobby, asesoramiento político y activismo ideológico se vuelve difusa. Las organizaciones no electas, como Friends of Israel, funcionan como nodos donde confluyen antiguos responsables gubernamentales, estrategas políticos y financiadores privados, configurando consensos que después se trasladan a partidos, gobiernos o instituciones.
Porque el poder, como muestran estos archivos, no siempre se ejerce desde los parlamentos ni se decide únicamente en las urnas. A menudo circula por canales paralelos, en espacios de influencia donde las decisiones no se votan, pero sí se preparan; donde las alianzas no se anuncian, pero se consolidan. Y esas estructuras —con sus protagonistas, sus agendas y sus encuentros— siguen activas, aunque solo asomen a la superficie cuando una filtración permite, por un momento, ver cómo se mueven.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de dieciséis años e impulsará la persecución de la desinformación, la manipulación de los algoritmos y la distribución de contenido ilegal. Sánchez, que ha participado este martes en el World Govemments Summit en Dubái, Emiratos Árabnes Unidos, donde ha pronunciado un discurso central de la inauguración del foro, anunciado un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias que tienen como objetivo “hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.
El líder del Ejecutivo ha puesto el foco en la gobernanza digital como una cuestión central de nuestra era que debe ser abordada de forma global frente al estado fallido en el que ha devenido el ecosistema de las redes sociales donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.
El presidente ha analizado el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumpliendo con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertades y distorsionan, particularmente a los menores que tienen integrada en su cotidianidad el uso de las redes.
Mediante una reforma de la ley, Sánchez también plantea poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio. Asimismo, durante el foro ha anunciado que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.
He mantenido un encuentro con el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos, Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a quien he agradecido la organización del @WorldGovSummit.
Hemos puesto en valor la importancia de foros que, como este, crean un espacio para el… pic.twitter.com/JwxA1IBSZt
Asimismo, Sánchez ha puesto de manifiesto la determinación del Gobierno “para proteger a los menores y reforzar el control en las redes sociales y ha anunciado cinco medidas dirigidas a las plataformas digitales”, entre las que se incluye prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de dieciséis años obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.
En defensa de la soberanía digital y apelando a la “tolerancia cero” frente a cualquier forma de coerción, ha trasladado que el gobierno abordará junto a la fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram. Además, para atajar la amplificación de los discursos del odio, el presidente Sánchez ha anunciado la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una “Huella de Odio y Polarización” y exponer la permisividad de las plataformas digitales que alimentan este tipo de contenido cuyo impacto está incidiendo en una mayor división social.
El presidente del Gobierno también ha anunciado que España se ha unido a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales” para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.
Además, ha destacado a España como uno de los destinos de inversión más atractivos a nivel global, avalado por un crecimiento económico que casi duplica la media de la eurozona, un PIB superior a los dos billones de dólares y un mercado laboral en expansión, reforzados por la solidez que aporta el fondo soberano España Crece, que aspira a movilizar hasta 120.000 millones de euros. En este contexto, ha subrayado la vocación abierta y de futuro del país, defendiendo que España apuesta por la cooperación, la apertura a nuevos socios y la construcción de puentes en lugar de muros.
Comenzamos la jornada en Dubái con un desayuno de trabajo con representantes de empresas españolas instaladas en Emiratos Árabes Unidos.
En los márgenes del foro, el líder del Ejecutivo ha mantenido una serie de encuentros, entre ellos, con el vicepresidente honorario de la junta directiva y el copresidente de XPeng Motors, Brian Gu. También se ha reunido con un grupo de representantes de empresas españolas instaladas en Emiratos Árabes Unidos.
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza una tensa comparecencia ante la comisión de la DANA en el Congreso. En una sesión destinada a esclarecer qué comunicaciones mantuvo con el expresident Carlos Mazón durante las inundaciones que arrasaron Valencia el 29 de octubre de 2024, Feijóo ha optado por el rifirrafe como maniobra de evasión, sacando, por ejemplo, «el comodín de ETA» cuando le tocaba responder al diputado de EH Bildu Óskar Matute. Las evasivas del lider de la oposición han llevado a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, a llamarle al orden en varias ocasiones.
Matute ha comenzado sus preguntas al líder popular recordándole sus propias palabras: «Si miento, echadme del partido, ¿lo recuerda?». El diputado ha preguntado a Feijóo por qué amparó a Mazón hasta que el entonces president dimitió. El compareciente ha salido entonces por la tangente, invalidando la pregunta al venir de una persona «que ampara al señor Otegi», el líder de EH Bildu.
Feijóo ha tratado de desviar el foco ante las preguntas del diputado, vinculando a su partido con la extinta banda terrorista ETA: «Usted me está hablando de cuerpos sin vida y de delitos, le miro y pienso, ¿cómo me puede preguntar esto?», ha señalado. La tensión en la sala de comparecencias ha subido, con los aplausos de la bancada populary las peticiones del resto de grupos de que el compareciente se ciña al tema. Matute ha lamentado que Feijóo saque «el comodín de ETA», un argumento «un poco cuñado».
Feijóo, a la presidenta de la comisión: «Debería usted presidir el Congreso»
Durante la intervención de Matute, Feijóo ha tenido también sus más y sus menos con la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez. Ante la insistencia del popular de evitar la cuestión y aludir a ETA como defensa, la presidenta ha llamado al órden a Feijóo hasta en dos ocasiones. Es más, Martínez ha tenido que detener el tiempo del turno, momento en que Feijóo se ha enzarzado con ella: «Estoy diciendo lo que pienso», ha defendido Feijóo, a lo que la presidenta le ha puntualizado «Lo que piensa de la DANA«.
La intervención de Martínez ha sido un momento bronco, con los diputados interrumpiéndose constantemente. La presidenta ha tenido que tirar de autoridad, llamando la atención también a la vicepresidenta de la comisión, la popular Belén Hoyo, por cortarla para pedir que se respete al compareciente. Cuando Martínez ha conseguido imponerse sobre el ruido, ha reprendido a un Feijóo que la escuchaba sonriente.
El líder popular ha ironizado entonces: «Debería usted presidir el Congreso«, en un ataque velado a la actual dirigente de la Cámara Baja, Francina Armengol. Una vez encauzada la sesión, varios diputados han resaltado que el tiempo había seguido corriendo. «Es lo que quieren», han señalado, aludiendo a que Feijóo estaba tratando de perder tiempo con sus enganchones. La presidenta ha puntualizado que le daría más tiempo a Matute, algo que ha terminado haciendo, y ha reprendido también por ello al compareciente: «Es clarísima la estrategia«
Feijóo choca con los estatutos del PP
La sesión ha empezado con un Feijóo envalentonado, que ha dejado claro desde el principio que iba a ir al choque con los diputados. El líder de la oposición defiende que no tenía autoridad sobre las decisiones delentonces president, por lo que no pudo exigirle que pidiera la declaración de emergencia nacional. En el primer turno de preguntas, la diputada Águeda Micó ha preguntado al popular «¿por qué no le exigió a Mazón que solicitara el nivel 3?«. La respuesta de Feijóo ha puesto en duda sus propias capacidades para liderar dentro del PP: «Las decisiones del señor Mazón se ejercen con las competencias que le corresponden al señor Mazón. Sobre esas cuestiones no tengo ninguna autoridad. Ni yo, ni nadie«.
La defensa de Feijóo choca con las responsabilidades que le otorga el propio reglamento de su partido, que ha sacado a relucir la propia diputada: «¿No tiene usted capacidad de sugerir, o vehicular, o liderar las decisiones de sus presidentes autonómicos?«, ha preguntado Micó. Feijóo niega la mayor, a lo que la diputada ha recordado lo que recoge el artículo 44 de los Estatos del Partido Popular, que establece las competencias del presidente del partido. Micó ha concluido señalando que Feijóo es «igual de culpable que el señor Mazón» por la tragedia, idea en la que ha insistido el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna: «Usted es cómplice, ha actuado como encubridor».
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Lista única, frente amplio de fuerzas de izquierdas, para concurrir a las próximas elecciones generales. Es la propuesta que está defendiendo constantemente el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que abre la veda a trabajar en una lista plurinacional de cara a las próximas votaciones, aunque todavía sin concretar si hay negociaciones o una propuesta concreta. «Es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra», afirmaba el independentista esta semana, que comparecía junto al dirigente de cabecera del partido, Oriol Junqueras, este miércoles en Valencia, para defender la propuesta de financiación autonómica acordada entre ERC y el Gobierno.
Rufián ya repicó sobre esta cuestión el pasado verano y abogó por unificar las fuerzas de los diferentes partidos a la izquierda del PSOE, tanto del ámbito nacional como regionalistas. El republicano defiende que, por lo que percibe en la calle, «la gente demócrata tiene miedo» porque «la suma no da» y «a la izquierda del PSOE no hay nada, con todo el respeto a Sumar». «Lo que viene no es lo de siempre, no es la alternancia política, sino ilegalizaciones, encarcelamientos y políticas ultrarreaccionarias», advertía ante un posible Gobierno del PP con apoyo de Vox.
Frente a ello, Rufián reflexionaba que «sería interesante» trabajar en una confluencia que no esté creada «desde los despachos de Madrid», sino «desde las naciones», junto a otras formaciones como Compromís, BNG, Bildu o Adelante Andalucía, para beneficiar a todos los ciudadanos a los que representan sean del territorio que sean. «Quiero el mismo bien para alguien de Hospitalet que de Jaén», exponía el portavoz, que al ser preguntado sobre si ya se habían puesto manos a la obra para confecciontar tal proyecto, se limitó a contestar que «es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra«.
«La amenaza es enorme, terrible»
Por su parte, Junqueras incidía en los planteamientos del portavoz de ERC, al considerar que «la amenaza es enorme, terrible». «Haremos todo lo que esté en nuestra mano para traer esperanza», prometía el independentista, garantizando que están «encantados de construir alianzas y acuerdos». En el mismo sentido, Junqueras puso como ejemplo la lista conjunta con la que Esquerra concurrió a las últimas elecciones europeas junto a EH Bildu, BNG y Ara Més, defendiendo que estarán «encantados de construir alianzas y acuerdos» nuevamente con partidos con los que comparten «anhelos, compromiso, coraje y, sobre todo, esperanza«.
Volviendo al asunto de la financiación, Junqueras defendió que ERC negoció tal pacto desde la «generosidad» para que «todo el mundo gane y nadie pierda«, haciendo hincapié en que es una propuesta beneficiosa para la Comunitat Valenciana tras décadas «maltratada» por la infrafinanciación, aprovechando que el discurso se estaba dando en el suelo de esta región. Además, subrayó el líder republicano que el nuevo modelo supondría 3.669 millones de euros al año para las arcas valencianas: «Si no se aprovecha esta oportunidad, estos recursos no llegarán«.
La prensa también quiso preguntarle por si la mejor forma de negociar la reforma de la financiación es entre un partido y el Gobierno y no entre todas las autonomías, un punto clave de las críticas de la oposición, que defiende un modelo de negociación más multilateral. Junqueras respondía que «la tragedia es que ni PP ni PSOE lo han intentado, ni ninguna otra formación, gobierno o institución». «Durante 14 años han dejado que el modelo caducase», reprochaba, reivindicando, a su juicio, que es ERC quien se encarga de «tareas que nadie quiere asumir». Por el contrario, también matizaba que no sería posible de otro modo, ya que «el PP no negociaría nada que no tuvieran que administrar ellos mismos» y que, si los ‘populares’ siguieran gobernando la Generalitat Valenciana, la Comunitat «tendría que esperar 14 años más» para una nueva financiación.
Cuestionado por si la propuesta tiene posibilidades reales de salir adelante, ante el rechazo en bloque de todos los gobiernos autonómicos del PP, Rufián afeó que los ‘populares’ estén en contra de todo lo que «han negociado los ‘indepes'». «Somos ‘indepes’, sí, pero conscientes de que la gente come cada día, tenga la bandera que tenga en su balcón», enfatizaba el portavoz republicano, que defendía que «debería de haber un clamor social a favor de la nueva propuesta de financiación». «Si se tumba, una más para que la gente normal de aleje de la política, y aquí palmamos todos», alertaba.
Compromís, abierto pero con reticencias
Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reiterado que su coalición tiene «estricta obediencia valenciana» aunque estén «abiertos a hablar de todo» con otros partidos, ante la idea del portavoz de ERC de abordar la posibilidad de crear una lista plurinacional para las próximas elecciones generales.
«Nosotros siempre hemos dicho que somos un partido de estricta obediencia valenciana. Nosotros las decisiones las tomamos aquí, no dejamos que las decisiones se tomen ni en Madrid, ni en Barcelona. Las tomamos aquí«, recalcaba después de que Rufián reiterara su idea de crear una lista electoral que represente a «las naciones sin estado».
Así lo trasladaba a preguntas de los periodistas en Les Corts sobre si Compromís está en el saco de ese frente común, en el que Rufián apuesta por concurrir junto a otras formaciones como BNG, Bildu o Adelante Andalucía, al considerar que a la izquierda de PSOE actualmente «no hay nada». Baldoví contestaba que en la coalición valencianista, que según él es «un proyecto en crecimiento», están «abiertos a hablar de todo», pero ha remarcado que «cuando haya cosas de las que hablar». «Ahora por ahora, no hay nada encima de la mesa», subrayaba el síndic. En cualquier caso, recordaba el valenciano que conoce personalmente a Rufián, ya que coincidieron en el Congreso durante su etapa como portavoz de Compromís en la Cámara Baja, y le parece «un excelente diputado».
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