Cuando el Ministerio de Juventud e Infancia se reúna con los consejeros de las Comunidades Autónomas en la Conferencia Sectorial, Vox ya tendrá tres representantes en ese cónclave. Los pactos con el Partido Popular en Extremadura, Aragón y Castilla y León (y posiblemente en Andalucía) tras las últimas elecciones han provocado que sean tres los consejeros de la extrema derecha con las competencias en este ramo, lo que significa, por traducción directa, que Vox ya ejerce poder sobre los menores migrantes tras las cesiones de los de Alberto Núñez Feijóo. Los de Abascal han presentado especial énfasis en controlar este departamento, precisamente, por suponer las competencias directas sobre los menores extranjeros no acompañados, cuya distribución por los territorios se trata en esa mesa conjunta. Personas, niños y adolescentes, despreciados por los ultras con el acrónimo MENAs y que son el objetivo de ataques en su discurso antiinmigración.
Cabe recordar cómo se distribuyen las competencias sobre este asunto. Mientras que al Gobierno central le corresponde atender la política migratoria en general, a las comunidades les corresponde la tutela y acogida de los niños y menores extranjeros. En Aragón, Extremadura y Castilla y León, lugares donde se han celebrado elecciones recientemente y los ‘populares’ han tenido que pactar con la extrema derecha para poder gobernar, Vox se ha hecho con estas competencias, en carteras cuyos nombres varían ligeramente.
En verano de 2024, los ultras abandonaron los Gobiernos que compartían con el Partido Popular, precisamente con la excusa de que el PP había aceptado la distribución no obligatoria de los menores extranjeros. Dos años después, los de Abascal retoman el control de las riendas con los nuevos pactos, y ahora se verá, verdaderamente, hasta dónde pueden llegar (y hasta dónde les permite la ley hacerlo). Concretamente en Extremadura, dichas funciones se han subsumido bajo la consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia; en Aragón, en la de Desregulación, Bienestar y Familia, y en Castilla y León, en la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. En las dos primeras, además, ambas corresponden a una vicepresidencia, lo que les otorga aún más peso, y se encargan de ellas los líderes de Vox que han concurrido a las urnas, Óscar Fernández y Alejandro Nolasco, respectivamente.
«La Junta rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad», reza, por su parte, el pacto firmado por PP y Vox en Castilla y León, anunciado el miércoles y sobre el que todavía se desconoce lo que ocurrirá con la respectiva Consejería del ramo. Como en Extremadura y en Aragón, los ultras también quieren promover mecanismos de retorno a sus países (aunque las comunidades no tienen competencias para ello) y pretenden reforzar los mecanismos de «verificación de edad» de los menores.
Pruebas forenses a todos los menores extranjeros
Sobre este último punto se ha hablado en Aragón. El miércoles, el vicepresidente Nolasco informaba de que «solicitará pruebas forenses de edad a todos los menores extranjeros no acompañados que sean enviados forzosamente a Aragón por el Gobierno de España», ante lo que ellos consideran «casos de fraude». El pasado 25 de mayo, el Ejecutivo aragonés expulsó de un centro de acogida a un interno después de que el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) determinase que no tenía 13 años, sino que rondaba los 20, hecho que propició la comunicación de Nolasco.
No obstante, cabe destacar que pese a las reivindicaciones de la extrema derecha, esa clase de pruebas solo las puede ejecutar la Fiscalía y no dependen de la decisión de una comunidad autónoma sin competencias para ello. Cabría la posibilidad, por ejemplo, de que se compraran más dispositivos con ese propósito si así lo deseara la administración autonómica, pero siempre tendrá que ser la Fiscalía quien tome la decisión de realizar o no las pruebas, que además han sido condenadas por organismos internacionales por su imprecisión y por su carácter prejuicioso. Está previsto, por ello, que se reformen a través de un proyecto de ley del Gobierno central, cuya tramitación sigue, por ahora, paralizada. Por otra parte, el Tribunal Supremo reforzó la presunción de minoría de edad en casos de los jóvenes migrantes con identidad discutida, en una sentencia de este 29 de enero.
Sea como fuere, las competencias en este ramo estarán en manos de Vox en estas tres regiones, en lo que supondrá, además de una prueba de fuego para examinar su capacidad normativa, un altavoz en el que hacer sonar sus proclamas xenófobas. El PP, por su parte, también ha ido endureciendo su posición sobre los menores migrantes durante el año, oponiendo una gran resistencia al Gobierno central en la distribución obligatoria de los niños y adolescentes en la Península, con recursos judiciales que han llegado hasta el Tribunal Supremo.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
La primera entrega de premios de la asociación de ultraderecha Luz de Trento tendrá lugar en un edificio del Ministerio de Defensa. La organización franquista celebrará el próximo día 27 de junio un acto en la Residencia Militar Alcázar de Madrid, perteneciente a la cartera que dirige Margarita Robles. En el acto se premiará a varias figuras reconocidas en el ámbito de la ultraderecha.
La Residencia Militar Alcázar, situada en la calle Diego de León de Madrid, está bajo la órbita de la Subsecretaría de Defensa. Público contactó este jueves con el ministerio que dirige Margarita Robles para conocer si estaba al corriente del carácter del encuentro que tendrá lugar en dichas dependencias. De momento, no ha habido respuesta.
El acto contará con la participación del sacerdote Gabriel Calvo, quien también será premiado por los organizadores del encuentro. Este religioso participó en abril de 2024 en unas jornadas de Luz de Trento en las que reivindicó la figura del dictador Francisco Franco. Según consta en un vídeo de esas charlas, Calvo habló a sus seguidores con un pequeño busto del dictador sobre la mesa.
Relacionado con este tema
Cartel del acto Luz de Trento en la residencia militar Alcázar de Madrid.
En esa conferencia, el sacerdote afirmó que «el general Franco no solamente vence militarmente, sino que vence moralmente». Recordó además que el Vaticano concedió en 1953 a Franco la «máxima distinción» otorgada por la Santa Sede, el Gran Collar de la Suprema Orden de Cristo. Esa distinción nunca fue retirada.
Luz de Trento también premiará al presentador José Javier Esparza y al historiador Alberto Bárcena. Ambos figuran además como oradores durante el encuentro organizado por esta asociación de extrema derecha. También se prevé una charla a cargo de Calvo en torno a la figura de Isabel la Católica.
En la primera versión de la convocatoria del evento también figuraba entre los premiados Jaime Alonso, un veterano militante de extrema derecha que ha ejercido como vicepresidente y portavoz de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).
Relacionado con este tema
En una entrevista ofrecida al medio de ultraderecha El Toro TV en mayo de 2025, Alonso subrayó que el dictador creó «un Estado sin partidos políticos, y eso es algo que no pueden entender los demócratas de hoy».
Agradecidos con Franco
La asociación a cargo del evento cuenta con registro en el fichero de asociaciones de la Comunidad de Madrid y también actúa como empresa editora de libros. En febrero de 2025 organizó un acto de exaltación de la dictadura que se celebró en un salón de eventos situado en Casa de Campo (Madrid).
El 20 de noviembre de 2025, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, publicó un mensaje en su canal oficial en Telegram -donde cuenta con más de 2.400 seguidores- en el que agradecía a Franco por «hacer a España grande otra vez», «edificar una nación cristiana» o establecer «la concordia entre españoles» y «hermanar los pueblos y tierras de España».
«Gracias por librarnos de la corrupción liberal y del crimen,el terror y la miseria socialista«, subrayaba Luz de Trento en esa misma publicación, en la que incluyó una foto del dictador golpista.
Fusilar a 26 millones
No es la primera vez que la Residencia Militar Alcázar se ve envuelta en un episodio de estas características. El 20 de noviembre de 2024 –coincidiendo con el aniversario de la muerte de Franco– miembros de la XIX promoción del Ejército del Aire intentaron organizar un encuentro en esas dependencias. Según informó entonces Público, entre los invitados estaban los miembros del chat de antiguos oficiales que en 2020 plantearon fusilar a 26 millones de personas y dar un golpe de Estado contra Pedro Sánchez.
El teniente coronel de aviación (retirado) José Ignacio Domínguez, un integrante de esa promoción que abandonó aquel chat y denunció lo ocurrido, se dirigió entonces por escrito al director de la residencia para pedirle que impidiese la celebración del evento.
“He solicitado al Coronel Director de la Residencia Militar Alcázar que desconvoque la reunión, pero me ha contestado que se trata de una reserva particular, no de promoción, que cumple con toda la normativa vigente para reunirse», señaló Domínguez en una carta remitida a la ministra de Defensa. Finalmente, Robles intervino en este caso e impidió que se celebrase el encuentro.
Actos en la catedral
Otro lugar propiedad del Ministerio de Densa que ha acogido homenajes religiosos a figuras vinculadas a la ultraderecha es la Catedral de las Fuerzas Armadas. En abril de 2023, se celebró en ese templo el funeral de Carmen Alemán Artiles, ex candidata del partido Alternativa Española en 2008 y de reconocida militancia en organizaciones de extrema derecha.
«Colaboró intensamente con el movimiento liderado por Blas Piñar, siempre activamente, aunque desde un segundo plano, pero haciendo fotos, atendiendo puestos, colocando cosas, atendiendo a la logística y preparación de todo», afirmó el Movimiento Católico Español tras su fallecimiento.
En diciembre de 2022, la Catedral de las Fuerzas Armadas fue escenario del funeral de Carmen Diez Pereira, esposa del golpista Antonio Tejero. Tras conocer ese acto a raíz de un artículo de Público, el entonces senador de Compromís Carles Mulet formuló una pregunta escrita al Gobierno.
«La Catedral Castrense, sita en la calle Sacramento número 11 de Madrid, es un lugar de culto en el que se celebran actos de carácter religioso, no siendo considerada como lugar de exaltación golpista«, señaló entonces el Ejecutivo en una escueta respuesta.
Charla sobre exorcismo
El último episodio polémico en centros militares se registró el pasado 10 de abril en la Base Militar Jaime I de Bétera (València), donde se celebró una conferencia sobre exorcismos a cargo del sacerdote Javier Luzón.
Compromís remitió una serie de preguntas al Gobierno para que explicase si al Ministerio de Defensa «le parece adecuado» que, en un Estado aconfesional, se realice un acto sin «base científica» en «una instalación pública que opera por y para el Ejército español». En su respuesta, Defensa consideró «absolutamente inadecuada la celebración del acto».
El exjuez Baltasar Garzón publica La democracia amenazada (Planeta), cuyo subtítulo es elocuente: Cuando el fascismo ataca la convivencia. Sale a la venta justo después de que el Tribunal Supremo rechazase su pretensión de ser readmitido en la carrera judicial. De eso habla en esta entrevista, en la que se retrotrae a algunos casos mediáticos del pasado, de los GAL a la Operación Nécora. Aunque, como ha venido a hablar de su libro, profundiza en la amenaza ultra, en la crisis de la izquierda, en los crímenes del franquismo, en los casos de corrupción, en el lawfare o en la herencia franquista de la derecha española.
Empecemos por el final del libro, que es el principio de todo: la juventud. En los jóvenes, escribe en La democracia amenazada, está la solución a los problemas, aunque le preocupa el creciente desprecio al feminismo y la deriva hacia planteamientos autoritarios o posfascistas.
Sí, yo veo un problema en la juventud y estamos en riesgo quizá porque no hemos sabido atajar a tiempo lo que otros, y especialmente la extrema derecha, sí interpretaron clarísimamente: la utilización de las redes sociales, las dinámicas de los influencers y de los algoritmos, dónde estaba el futuro… Hace cuatro años, en Los disfraces del fascismo, anunciaba, advertía de que podía producirse esta deriva, pero realmente no creía que se produciría esta involución. En paralelo, otro sector de la juventud está muy comprometido. Debemos ejercer nuestra responsabilidad porque tenemos esa obligación de pedagogía. ¿Cómo hacerlo? No queda otra que adaptarse y hacer ver a ese 20 o 25% de jóvenes con dinámicas regresivas que están equivocados.
¿Cómo?
Ese es el reto. Yo no tengo la solución, está en ellos y en esa labor de pedagogía y en ese ejercicio de transmisión de memoria y de lecciones aprendidas. La izquierda está perdiendo y los progresistas han perdido el norte, porque se distraen en luchas internas y en la anulación de unas iniciativas con otras. Es muy frustrante, aunque algo tenemos que hacer: ¿no nos damos cuenta de que nos están comiendo el terreno? Hemos perdido la calle.
Relacionado con este tema
¿Quiere decir que la izquierda ha perdido la calle?
Sí. Cuando digo «la hemos perdido» es porque hablo como progresista. O sea, hemos dejado espacios vacantes y la derecha, pero sobre todo la extrema derecha, sabía que los tenía que ocupar y lo ha hecho. Históricamente ocurrió lo mismo a inicios de los años noventa: se produjo un declive porque dejamos espacio. No podemos aceptar que sea normal que se pasen no sé cuántos meses frente a las sedes de un partido político diciendo barbaridades, o que hagan manifestaciones en defensa de la patria, como si no fuera nuestra patria también. Es decir, en la izquierda ha habido mucha decepción. Quizá por cansancio, quizá por aburrimiento, quizá porque creíamos que todo estaba conseguido, y ahora vemos que no es así. Sin embargo, a la vez hay un segmento de la juventud muy comprometido, y tenemos que acercarnos y descubrirlo.
«El poder en España es conservador y para la derecha los demás son usurpadores»
En tiempos de poderes autoritarios, «nos han robado la utopía», escribe en el libro.
Quizá sería mejor decir el camino hacia la esperanza y hacia esas luchas que en un momento eran utópicas, pero en las que tal vez teníamos que haber seguido insistiendo, porque ahí es donde está la solución. Si consentimos lo que está ocurriendo, al final no quedará ni esa esperanza ni esa lucha por mejorar, solo sobrevivir.
¿Cuál es la amenaza más urgente para la democracia de España?
La pérdida de confianza en el sistema político de partidos y en la Administración de Justicia.
Lo que, de alguna manera, termina favoreciendo al populismo, a la extrema derecha y, si lo quiere personificar, a Vox.
Efectivamente, esa es la dinámica. Como dice Enzo Traverso, se apropian de los espacios, consentimos esa apropiación y entonces se queda la democracia vacía. Esos discursos de insulto y de descalificación no son una casualidad, sino el mecanismo y el sistema para vaciar la democracia y para que no podamos analizar. Cuando se le pregunta al Partido Popular o a la extrema derecha: «¿cuál es su programa o su alternativa?», no hay respuesta nunca. No es que no la tengan, sino que no la quieren exponer.
Baltasar Garzón, autor del libro ‘La democracia amenazada’ (Planeta).
¿Dónde quedó el Feijóo gestor y estadista?
En Galicia.
¿Por qué la derecha no tolera un Gobierno progresista?
Porque considera que el poder es suyo. En España tenemos un grave problema: la derecha no ha aprendido y sigue con códigos de la dictadura. La apropiación del poder durante el franquismo se transmite sin solución de continuidad, a través de la Transición, a los planteamientos de Alianza Popular y del Partido Popular. El poder en España es conservador, o sea, de la derecha. Los demás son usurpadores. Aceptando que la moción de censura es un mecanismo constitucional, eso sería suficiente para no decir que el Gobierno es ilegítimo. Sin embargo, desde 2018 mantienen ese discurso.
«El que pueda hacer que haga», clamaba Aznar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Un mensaje que ha vuelto a repetir tras la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Se la esperaba?
Siempre habla el que más tiene que callar. Nadie se ocupa de las actividades de Aznar como expresidente ni se establece una comparativa entre Zapatero y sus antecesores. Tampoco con los mandatarios extranjeros, que también hacen lo mismo. No justifico ninguna de ellas ni tampoco las auspicio, solo digo que hay que regular la actividad de los ex altos cargos para definir lo que es estrictamente privado y lo que es consecuencia del cargo que has ocupado. En el libro trato el fenómeno de los lobbies. En España hay proyectos de ley que se están tramitando y que no avanzan. Este sería un momento idóneo para regular esa materia. Por otra parte, respetemos los tiempos penales, porque el investigado no ha comparecido ante el juez y ya está sentenciado y aniquilado.
¿Pero usted se esperaba la investigación a Zapatero?
Claro que me sorprendió. Ahora bien, la presunción de culpabilidad contra una persona es grave. Evidentemente, si se imputa un tráfico de influencias, habrá que demostrar que ha existido. Mientras tanto, deberíamos ser prudentes a la hora de calificar. No por tener relación con Venezuela ya es malo, mientras que tenerla con el señor Donald Trump es palabra de Dios.
«La izquierda ha perdido la calle y la extrema derecha ha ocupado los espacios que dejamos vacantes»
El Tribunal Supremo acaba de rechazar su pretensión de ser readmitido en la carrera judicial. ¿La echa de menos?
Con este sistema judicial no me apetece en absoluto formar parte del ejercicio de la profesión de juez. Lo único que yo he procurado es que se cumpla un dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU, ratificado por España y vinculante para España, que señala que hubo una sentencia arbitraria, parcial y sin previsibilidad penal. Yo no cuestiono la sentencia. Ya recurrí al Tribunal Constitucional y no se me hizo caso, pero el Comité ha dicho que los efectos se tienen que reparar. Si no lo entiende así el Tribunal Supremo, volvemos a un problema grave: la interpretación en materia de derechos humanos de la Justicia española es más que cuestionable. Rechazamos cualquier dictamen de organismos de derechos humanos de Naciones Unidas porque creemos que somos los poseedores de la verdad, y no es así.
En todo caso, una resolución positiva habría llegado, a su edad, demasiado tarde, porque la pena fue severa: once años de inhabilitación.
No podría, porque ya tengo la edad de jubilación. Es una cuestión de principios. O sea, ya no estoy peleando por mí, sino para que un país democrático cumpla los convenios internacionales de derechos humanos que ha ratificado. Yo pedía una reparación integral, como decía el Comité. Si no se entiende así, seguiré peleando.
¿Se equivocó al ordenar las escuchas entre los responsables de la trama Gürtel y sus abogados?
No. Había indicios de que seguían blanqueando y que podían utilizar las estructuras de los abogados. Mi resolución judicial estaba motivada y tenía amparo legal. Se podía discrepar de esa interpretación, pero una discrepancia en la interpretación de la ley no puede dar lugar a un delito de prevaricación. Eso es lo que sostiene el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité consideró que la condena fue «arbitraria e imprevisible» y duda que tuviese «acceso a un tribunal independiente e imparcial». También se refería a la causa contra los crímenes del franquismo, por la que fue acusado de prevaricación por el pseudosindicato ultra Manos Limpias, aunque luego fue absuelto. ¿Cree que sufrió una persecución por atreverse a investigar las tropelías de la dictadura?
Yo creo que sí. No tiene otra explicación. La Ley de Amnistía no puede amparar los hechos atroces y los crímenes contra la humanidad. Catorce años después, la Ley de Memoria Democrática de 2022 reconoce los argumentos del auto. Y respecto a las escuchas, la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce como posible lo que yo hice.
Baltasar Garzón, autor del libro ‘La democracia amenazada’ (Planeta).
¿Se considera más héroe o víctima?
Me da reparo considerarme víctima, porque víctimas son aquellos que han sufrido y siguen sufriendo la impunidad y el desconocimiento. En mi caso, héroe tampoco, porque hice lo que tenía que hacer, era mi obligación. No concibo el derecho si no es interpretándolo en defensa de la legalidad y de las víctimas. Digamos que soy un afectado por una interpretación muy particular de la Justicia española.
¿Hay modo humano de despolitizar la Justicia? ¿Y de evitar el lawfare? ¿Cómo se puede denunciar la instrumentalización judicial sin caer en una defensa ciega?
La cuestión no es si se despolitiza o no, porque los jueces somos personas normales y estamos contaminados de sociedad, y así debe ser. Tenemos cada uno nuestra ideología y, en la interpretación del Derecho, aplicas esas enseñanzas sin quebrantar los principios fundamentales, de forma más progresista o conservadora. En el ámbito de la defensa de los derechos humanos, siempre tienes que ser progresista. Pero sí, se puede evitar el lawfare y la instrumentalización de la Justicia.
«Si no hay un Gobierno progresista, la memoria democrática va a sufrir un detrimento absoluto y probablemente una derogación de la ley»
Coinciden varios casos judiciales que afectan al PSOE con el juicio de Kitchen. ¿Casualidad?
Los tiempos judiciales son diferentes. Un señalamiento del juicio de Kitchen no se hace de hoy para mañana. Y no veo al Tribunal Supremo poniéndose de acuerdo con la Audiencia Nacional. Han coincidido.
No duda en afirmar que hubo una «conspiración» para «aniquilar» a los fiscales generales del Estado. En el caso de Álvaro García Ortiz chapotean Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso y acusado de presunto fraude fiscal, y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña. ¿El mundo al revés?
La actuación de Álvaro García Ortiz fue legítima. Emitió una nota desmintiendo una falacia. No se ha investigado la calumnia y se demostró que era un bulo de Miguel Ángel Rodríguez. Y, mirando solo hacia un lado, se ha condenado a un inocente, porque solo se tomó en cuenta una versión.
¿El comisario Villarejo es un personaje de película?
No, es un personaje que está sometido a juicio, que tiene un discurso de sí mismo y sobre el que judicialmente tendrá que decidirse si lo que hizo en cada una de las fases fue correcto. Y ya se ha decidido que hubo materia delictiva. Evidentemente, se podría hacer una película sobre él, claro.
¿Qué dice de la democracia española la existencia de Villarejo?
Hubo un deterioro del Estado de derecho bajo el Gobierno del Partido Popular en el que se confundió la defensa de la democracia con el ataque absoluto a la misma. Y lo que debería haber sido una búsqueda de la verdad y de elementos que acreditaran la comisión de un delito se convirtió en la comisión de un delito para generar una impunidad y la protección del PP. Pero bueno, saltemos hacia atrás, porque eso ocurrió también con los GAL. Entonces, cualquier fenómeno que lleve a ocultar la realidad o que ponga a su servicio estructuras del Estado —en contra de la sociedad— es repudiable, es perseguible y debe ser erradicado.
Baltasar Garzón, autor del libro ‘La democracia amenazada’ (Planeta).
Usted investigó terrorismo, narcotráfico, corrupción y crímenes de Estado. ¿Qué poder opuso más resistencia?
Probablemente la investigación más compleja y difícil fue la de los GAL, porque las propias estructuras de las personas afectadas y del Ministerio del Interior se pusieron al servicio no de la investigación, sino para bloquear la misma. La única ayuda que tenía para investigar era un funcionario de Policía con un Seat 124. Cuando Francisco Paesa se dio cuenta de que lo estaba siguiendo, pegó un acelerón con su Jaguar y lo dejó plantado en un semáforo.
Usted fue el juez instructor de la Operación Nécora. ¿Qué falló para que no hubiese más condenas?
No es que fallara, sino que fuimos exactamente por lo que teníamos que ir. Con lo que teníamos, era necesario intervenir. Las estructuras dirigentes de la Policía no eran partidarias de hacerla, pero fue necesario porque se corría el riesgo de que Galicia se convirtiera en un escenario muy difícil de gobernar en el área de la investigación criminal contra el narcotráfico. Más allá del éxito final, que tampoco fue tan malo —hubo un 75% de condenas—, si no se actuaba se podía correr el riesgo de que aquello fuera insoportable. Teníamos que recuperar la calle para las víctimas, y eso se consiguió, aunque evidentemente el narcotráfico no se terminó.
Todavía no hemos hablado de Donald Trump. Después de la invasión de Venezuela, ¿puede ser el turno de Cuba?
Vivimos en una inseguridad jurídica total. Desde el momento en que la llamada primera democracia del mundo pone sus esfuerzos al servicio de aniquilar la arquitectura internacional, de prescindir del derecho internacional, de eliminar organismos internacionales o retirarse de los mismos, pues no queda más que el poder de su voluntad y la arbitrariedad. Como tiene poder y lo ejerce, corremos un serio riesgo, como estamos viendo: ejecuciones extrajudiciales en alta mar, invasión de un país para detener a su presidente, apoyar las masacres de Gaza, bombardear Irán o causar la muerte de decenas de niños y sus profesores en una escuela. Evidentemente, es un riesgo para la democracia y para toda la humanidad.
«Gaza es un resort, Venezuela un campo de petróleo», escribe en el libro. ¿Qué es España después de que Sánchez le plantase cara a Trump?
Es una cuestión de dignidad. A mí, como ciudadano español, me enorgullece que el presidente del Gobierno, esté o no esté de acuerdo con él, plante cara, como en su momento lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero ante una guerra ilegal. O tienes el valor de denunciarlo o estamos perdidos.
¿Cree que Netanyahu será condenado algún día?
Va a ser condenado en su país seguro, porque en gran parte todo lo que está desarrollando es para evitar los tres procesos por corrupción. Ahora bien, a nivel de la Corte Penal Internacional, no sé si alguna vez alguien decidirá detenerlo para juzgarlo.
«Me enorgullece que Pedro Sánchez plante cara a Trump, es una cuestión de dignidad»
¿Concibe un nuevo Gobierno de Sánchez tras las elecciones? Si no fuese así, ¿qué futuro le augura al país y a la memoria histórica?
Si no hay un Gobierno progresista, la memoria democrática va a sufrir un detrimento absoluto y probablemente una derogación de la Ley de Memoria Democrática, porque lo estamos viendo en los gobiernos autonómicos. En cuanto a la posibilidad de que haya un Gobierno conservador, no tengo ningún miedo, porque ya lo ha habido. Sí que tengo miedo de que sea un Gobierno como en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón o en Andalucía, y que se introduzcan elementos como el de la prioridad nacional. De eso trata este libro: de denunciar las amenazas contra la democracia. Y esa es una amenaza clarísima, porque incide en la discriminación, en la xenofobia, en el racismo, en la desigualdad… Y eso, hoy en día, es inaceptable.
¿Cree que el PSOE y el PP podrían haber evitado la llegada de la ultraderecha si en su día hubiesen pactado una gran coalición a la alemana?
Bueno, es que para pactar esa gran coalición tendríamos que ser alemanes y somos españoles.
El Consejo de Ministros es la alineación titular de un Gobierno y, junto a los secretarios de Estado, forma parte de la selección nacional. Esta refleja la estrategia y las prioridades del entrenador y da cuenta de su hoja de ruta. En todo gabinete, la plantilla debe estar equilibrada: habrá ministros más técnicos o diplomáticos; más políticos o partidistas; o más aguerridos o mediáticos.
Actualmente, el vicepresidente primero de Economía, Carlos Cuerpo; la ministra de Defensa, Margarita Robles; o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pertenecen al primer grupo ―altos funcionarios, juristas o profesionales independientes―.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; o la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pertenecen al segundo grupo ―perfiles institucionales con larga experiencia en el partido―. Sin embargo, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, forma parte del tercero.
Su estrella política “emergió cuando asumió la defensa del Gobierno durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, donde se lió a mamporrazos verbales con la oposición. Eso animó a una parroquia socialista últimamente abocada a recibir golpes”, recuerda el profesor de Comunicación Política de la UPF-BSM, Toni Aira.
“Antes, una figura como Alfonso Guerra ―vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del partido― era muy común”. “Guerra ahorraba al líder un rol de ataque contra los ‘marrulleros’. Es lo que ahora hace un ‘diputado/a jabalí’: “embestir con juegos contundentes y bajar al fango para emitir ataques y mensajes de erosión”. “Aznar tenía a Álvarez Cascos, el llamado ‘general secretario’ del Partido Popular”, añade el autor de ´Mitólogos’.
Según lo definió Iván Redondo en una entrevista en este diario, Puente es el “centrocampista ‘box to box’ de la Moncloa”. Es decir, un mediocentro tenaz que despliega su físico y calidad a lo largo y ancho del terreno de juego: presiona, vascula, asiste y remata. Incluso, en ocasiones, saca el balón jugado desde campo propio, pese a la coyuntura de la temporada o las dificultades del partido.
“Esa es la función que se le ha encomendado y que él asume bien y parece que con alegría. Lo hace sin el filtro de los medios de comunicación porque busca el link directo con la ciudadanía a través de las redes, donde se siente muy cómodo”, explica el profesor.
Puente, en redes
La actividad de Puente en redes sociales se ha convertido en uno de los fenómenos comunicativos más singulares dentro del Gobierno. El ministro acumula actualmente 306.550 seguidores en X, 48.000 seguidores y 671.100 ‘me gusta’ en TikTok, además de 36.300 seguidores en Instagram, unas cifras que le sitúan entre los miembros del Ejecutivo con mayor capacidad de generar conversación pública.
“Puente representa bastante bien una figura muy contemporánea: el político-troll. Un dirigente que entiende la lógica de internet y que logra ocupar conversación no tanto por el contenido, sino por la fricción. Su comunicación funciona muchas veces como funcionan las redes: interrupción, confrontación, respuesta rápida y generación constante de estímulo”, explica el politólogo, Javier Sánchez González.
En una izquierda acostumbrada durante años a una comunicación defensiva, “Puente aparece como alguien que disfruta el combate político y que además sabe convertirlo en espectáculo digital”. “Sánchez entendió que eso movilizaba emocionalmente a parte de su electorado y que servía para disputar agenda a la derecha en tiempo real”, detalla.
Según el analista internacional, el ministro cumple otra función muy clara dentro del ecosistema de Pedro Sánchez: “la del escudero político”. “Puente no comunica solo para sí mismo, comunica para proteger el núcleo emocional del sanchismo”.
Tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Puente publicó varios vídeos en defensa de la causa socialista con una lógica muy reconocible: “consolidar la idea de bloque asediado”. “La política ya no se plantea como una discusión entre adversarios, sino como una confrontación entre ‘los nuestros’ y quienes intentan derribarlos”, describe Sánchez.
Pues aquí va el vídeo. Luego que nadie se extrañe de que hablemos de maniobras anti democráticas concertadas. Dudar de todo ya no es solo legítimo. Es una obligación. https://t.co/adFarVHYOTpic.twitter.com/LXhaW56iw3
Eso cohesiona muchísimo a la militancia y al votante más fiel. El problema, según Sánchez, es que también radicaliza el tono y estrecha el espacio para hablarle a quien está fuera de esa burbuja emocional. “Porque cuando todo se convierte en combate permanente, el riesgo es acabar comunicando solo para los convencidos”, matiza.
El consultor y analista político, Jordi Sarrión-Carbonell, define a Puente como una figura comunicativamente muy interesante, capaz de combinar su condición de ministro con una estrategia de comunicación marcadamente personal. Según su análisis, Puente proyecta una imagen que trasciende la disciplina habitual de un responsable ministerial: “Si bien es un miembro muy destacado del Gobierno, está intentando ser un poco más ‘outsider’ para prepararse —hipotéticamente— para una etapa post Pedro Sánchez”, señala.
El asesor destaca que “en redes sociales, hace una función de servicio público buenísima y atiende a la gente personalmente”, especialmente en cuestiones relacionadas con infraestructuras, transporte ferroviario o incidencias en la movilidad. Esta cercanía le ha permitido construir una comunidad propia y diferenciarse del tono más institucional.
Su estilo, sin embargo, también genera controversia. Aunque se le reconoce una notable capacidad comunicativa y un sólido respaldo profesional, Sarrión-Carbonell considera que su perfil responde a una estrategia deliberada de diferenciación. “Tiene muy buen equipo de asesoramiento y comunicación, pero prefiere mantener su perfil propio y marcado de político indomable. Ello le permite salirse de los moldes y argumentarios, siendo más auténtico y genuino, pero también tiene riesgos”, explica. Entre esos riesgos figura una gestión complicada de la confrontación pública. “La relación con la crítica no la gestiona bien”, apunta el experto de comunicación y redes sociales.
En el ámbito de las plataformas digitales, los especialistas destacan especialmente su dominio de X, antigua Twitter. “Maneja muy bien Twitter, pero le falta mucha presencia en TikTok y otras redes sociales”, sostiene. Paradójicamente, una de las claves de su éxito reciente ha sido apostar por formatos que contradicen las tendencias dominantes de consumo rápido de contenidos. “En una época de vídeos de un minuto, Puente graba vídeos largos que han tenido un gran impacto mediático y viralidad”, subraya.
Su protagonismo también tiene implicaciones políticas dentro del propio Ejecutivo. Por un lado, Sarrión-Carbonell considera que “tiene un perfil que destaca y juega muy bien esa baza”, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del Gobierno. Por otro, advierte de que “su excesivo protagonismo puede eclipsar al presidente Sánchez o generar alguna pequeña crisis”, especialmente en momentos de elevada tensión política.
Esa capacidad de confrontación le ha permitido desempeñar un papel relevante dentro de la coalición progresista. Según el asesor, “hace de pegamento con otros ministros más de la izquierda por su naturaleza combativa”, una característica que le ha convertido en uno de los principales arietes del Gobierno frente a la oposición.
Sin embargo, en los periodos de normalidad política su discurso adquiere un tono más combativo. “En el día a día es más polarizante, profiere exabruptos más fuertes y entra en competición con un Partido Popular más polarizado y ‘ayusista’ en el sentido discursivo: radicalización, línea dura y trumpismo”, concluye.
Comunicación en tiempos de crisis
En conjunto, el ministro ofrece dos versiones comunicativas claramente diferenciadas. “Es un gran comunicador en épocas de crisis pero necesita ordenar su comunicación en el día a día”. Durante situaciones excepcionales, destaca, “está siempre presente, ocupa todos los espacios, rellena los huecos mediáticos, da información a tiempo real, comparece y se moviliza”.
No obstante, el experto en redes sociales detecta puntos débiles en su estrategia comunicativa, especialmente en la gestión de los problemas cotidianos del transporte ferroviario. “El Cercanías parece el gran olvidado. Creo que ahí hay una crisis de comunicación espectacular porque hay un vector de radicalización en España que se produce cada día en el transporte público y creo que no se le está dando la importancia suficiente”, alerta.
También lo recuerda Sánchez González: “Puente podría proyectar mejor perfil como ministro de gestión de lo que proyecta hoy. De hecho, cuando entra en infraestructuras o gestión técnica suele funcionar bastante mejor. Pero su personaje digital termina muchas veces tapando al ministro real”.
“Hacer oposición a la oposición puede ser útil tácticamente. El problema es cuando absorbe toda tu identidad política. Porque entonces ya no eres relevante por lo que haces, sino por el ruido que generas. Y el ruido constante acaba teniendo un efecto curioso: deja de escucharse”, recalca el politólogo.
El resultado es una figura política que combina gestión, presencia institucional y una intensa actividad digital, capaz de generar apoyos y críticas a partes iguales, pero que ha conseguido convertir las redes sociales en una de las principales herramientas de proyección de su perfil político.
Biografía y trayectoria
Puente (Valladolid, 1968) comenzó a militar en el PSOE con 22 años, en 1990, pero no inició su carrera política hasta 2004, como vicesecretario general de la Ejecutiva Provincial de Jorge Félix Alonso. Así, entre 2017 y 2021, Puente estuvo al frente de la Portavocía de la Ejecutiva Federal del partido. Fue sustituido por Felipe Sicilia en octubre de 2021.
Licenciado en Derecho y magíster en Dirección Política, llegó a la alcaldía de Valladolid en 2015 gracias al apoyo de ‘Valladolid Toma la Palabra’ y ‘Sí se puede’. Entonces, acabó con dos décadas de gobiernos ‘populares’ de Javier León de la Riva. Y aunque en 2019 reeditó el gobierno local, el Partido Popular y Vox recuperaron el bastón de mando en junio de 2023 tras una campaña electoral agridulce. Sin embargo, le esperaba un futuro inmediato prometedor.
Antes había sido concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valladolid desde 2007, asumiendo el liderazgo del grupo en 2008 y la Secretaría General de la Ejecutiva Municipal del PSOE en 2009. Asimismo, ejerció la abogacía desde 1995 hasta su llegada a la alcaldía vallisoletana.
Como antecedente a la cartera de Transportes, Puente fue representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en el Foro Local para la Agenda Urbana Española. En la misma FEMP ejerció también de presidente de la Red Española de Ciudades Saludables, entre 2015 y 2019, y como vocal de la Junta de Gobierno después. Asimismo, ha sido vicepresidente de la Organización Iberoamericana de Cooperación Internacional.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
Vito Zoppellari Quiles ha asegurado en más de una ocasión que no tiene ningún contrato laboral con ningún medio. No ha sido un lapsus. No ha sido un descuido. Lo ha dicho por escrito, en dos tuits, a finales de 2025 y de nuevo hace solo unas cuantas semanas, en mayo de 2026.
Quiles viene apareciendo en vídeos con el micro de Edatv desde comienzos de 2021. Pero su relación con el canal de bulos de Javier Negre no es mediante un contrato laboral. Quiles es autónomo y colabora con Edatv. Esa es su versión. La versión de Quiles. Porque la de Negre es otra.
La denominación social del canal de Negre es Eda TV Consulting desde el 28 de diciembre de 2021. Antes se llamaba Fack News Consulting. Supongo que le cambiaron el nombre porque eso de Fack News se parecía demasiado a Fake News.
El 25 de noviembre de 2025, Vito Quiles dijo desde su cuenta de Twitter: “No estoy contratado en ningún canal”, “soy un trabajador autónomo”. Lo dijo en alusión a Edatv. Lo decía comentando una noticia donde el diario El Salto daba a conocer que «el PP pagó 680.000 euros de dinero público al canal que catapultó a Vito Quiles».
Quiles también amenazó con llevar a los tribunales a El Salto por esa noticia. En su tuit, les daba 24 horas para eliminarla si no querían acabar como el Fiscal General. Una amenaza basada en sus conocimientos en derecho y periodismo. Quiles llegó a la conclusión jurídica de que si un medio de comunicación publica información obtenida de fuentes abiertas al público está cometiendo delito de revelación de secretos. Pues eso, una amenaza basada en sus conocimientos en derecho y periodismo. En su absoluto desconocimiento del derecho y del periodismo.
El 4 de mayo de 2026, Quiles volvió a advertir de que no tiene contrato alguno con Edatv. En un tuit, afirmó: “La publicidad institucional para medios en los que colaboro y no estoy ni contratado no tiene nada que ver conmigo”.
No está “ni contratado”, solo “colabora” con el canal de Negre. Eso ha dicho. Dos veces. Pero, ¿qué dice Negre?
El 1 de octubre de 2025, el canal de Twitter @edatvoficial publicó: “Urgente”, “Presidente del grupo EDATV, Javier Negre renueva contrato al periodista Vito Quiles por su trabajo contra la izquierda”. No entiendo exactamente cuál era la urgencia de la noticia, pero desde luego para Negre era muy importante contarla. El tuit estaba acompañado de una fotografía de ambos estrechándose la mano. Como si estuvieran escenificando que acababan de firmar un contrato, vaya. Pero recordemos que Quiles dijo al mes siguiente que no está “contratado en ningún canal”.
¿Qué está pasando aquí? ¿Quizás lo que pretendía decir el tuit de Edatv es que han renovado su “acuerdo” con Quiles y no su “contrato” laboral? Pues no. Rotundamente no. Sé que no. Tengo las pruebas de que no.
Las tengo porque en 2022 interpuse una querella por delitos de injurias y calumnias contra Vito Quiles. Y en la causa abierta por esa querella, donde ya se ha dictado auto de procesamiento contra Quiles y contra Edatv como responsable civil subsidiario, su director general aportó dos contratos. El director general de Edatv es Javier García Isac. Durante su declaración ante la jueza, afirmó que Quiles tiene un contrato laboral con Edatv. Y la jueza le pidió que lo acreditase.
Por poneros en antecedentes. Javier García Isac no me tiene especial aprecio. Cuando fue citado a declarar hubo una confusión del juzgado en la fecha. Él dijo que mi abogado no se había presentado y yo dije que era él quien no se había presentado. Los dos teníamos razón porque a cada uno los citaron un día distinto. La diferencia entre lo que contamos García Isac y yo sobre el tema es que él dijo que soy un “mierda”. “Mierda” es uno de los insultos favoritos del director general de Edatv. Si hacéis una búsqueda en su perfil de Twitter vais a encontrar una larga lista de tuit llamando “mierdas” a un montón de gente. Gente de izquierdas, claro. Su perfil de Twitter es @javiergaciaisac. Sí, lo he dicho bien: “javier gacia isac”. Al crear la cuenta se comió una erre, vete a saber por qué.
Bueno, pues la cuestión es que la jueza pidió al director general de Edatv que explicase cuál es la relación de su medio de comunicación con Quiles. García Isac no dijo que Quiles fuese un “colaborador” ni que prestase sus servicios como “autonómo”. Dijo que viene teniendo contratos laborales con su empresa. Y tras la petición de la jueza de que aportase esos contratos, lo cierto es que Edatv tardó en hacerlo.
La declaración de García Isac ante la jueza tuvo lugar el 12 de enero de 2026. La jueza le dio 5 días para aportar los contratos de Quiles. No lo hizo en ese plazo, pero acabó aportándolos. Aportó dos contratos de trabajo indefinidos a tiempo parcial de Vito Zoppellari Quiles con Eda TV Consulting SL. El primero fechado el 17 de enero de 2022 y el segundo el 4 de febrero de 2025.
Dos contratos firmados por Javier García Negre como consejero delegado y Vito Zoppellari Quiles como trabajador. Bueno, supuestamente firmados por Quiles, porque él afirma que no tiene ningún contrato laboral con Edatv. Lo afirmó por primera vez en noviembre de 2025, dos meses antes de que el director general de Edatv afirmase ante la jueza que Quiles está contratado en su medio de información. Perdón, corrijo el error porque tengo que ser muy preciso con los datos. Contratado en su medio de desinformación, en su medio de difusión de bulos, en su pseudomedio. Eso no lo dijo García Isac. Lo digo yo. Y cualquiera que tenga unas mínimas nociones sobre periodismo.
¿Qué está pasando aquí? Quiles dice que no tiene contrato laboral con Edatv. Pero desde Edatv dicen lo contrario y aportan dos contratos. Alguien está mintiendo. La cuestión es, ¿por qué?
Dada la situación, en su escrito de acusación provisional, mi abogado, Francisco Tejado, ha pedido que tanto Quiles como Edatv aclaren el tema de los contratos. Ya he contado que en ese escrito solicitamos que Quiles sea condenado a nueve años de prisión para por tres delitos continuados de calumnias con agravantes de odio ideológico, a su inhabilitación para desarrollar cualquier actividad vinculada al supuesto ejercicio del periodismo durante el mismo periodo, a 24.000 euros de multa por otros dos delitos de injurias, al pago de una indemnización de 60.000 euros y a grabar un vídeo donde dé lectura al fallo de la sentencia para que sea publicado en su perfil de Twitter, su canal de Telegram y el canal principal de Edatv en YouTube. En ese escrito de acusación provisional también pedimos que Edatv sea condenada como responsable civil subsidiario.
Pues en ese escrito de acusación provisional mi abogado solicita que se requiera tanto a Quiles como a Edatv que antes del acto del juicio aporten copia de los contratos registrados en el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, y en la Tesorería General de la Seguridad Social los contratos que vinculaban a uno y a otro en las fechas en que se produjeron los delitos. Y junto a los contratos, los boletines de cotización y las nóminas de los salarios percibidos en esas fechas.
A priori no tendríamos por qué desconfiar de la existencia de esos contratos. No tendríamos por qué desconfiar de que lo que aportó Edatv al juzgado tras el requerimiento de la jueza sean contratos reales. Pero es que el trabajador que figura en esos contratos ha dicho que esos contratos no existen. Al menos, que no existe el que habría firmado en 2025 y habría continuado estando vigente en 2026.
Es más, también hemos presentado un escrito ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid para exponer lo ocurrido. Porque si Quiles dice la verdad, Edatv habría aportado un contrato falso. Un contrato con su firma falsificada. Y eso supondría un grave delito y también la vulneración de las normas de alta, baja y cotización a la Seguridad Social.
Así que hemos pedido a la Inspección de Trabajo que investigue los hechos. Si Quiles miente, no sería ninguna novedad. Sólo él sabe los motivos por los que estaría inventando que no tiene ningún contrato con el pseudomedio de Javier Negre. Pero si es el director general de Edatv el que ha mentido a la jueza y le ha aportado un contrato fake, la cosa sería extraordinariamente grave. Yo, a priori, no acuso a ninguno de los dos de haber mentido. Pero lo que está claro es que uno de los dos miente.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
Solo seis votos separan al Partido Popular y a Vox de uno de los objetivos que vienen persiguiendo a lo largo de toda esta legislatura, no siendo otro que el de lograr sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. En numerosas ocasiones se ha intentado presionar enérgicamente tratando de buscar la dimisión y convocatoria de elecciones, también hubo ya un intento de moción de censura, la cual resultó especialmente llamativa por el candidato que propusieron los de Abascal. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el líder de los socialistas sigue al frente del Ejecutivo nacional y las cuentas siguen sin salir en lo referido a sacar adelante una votación especialmente compleja.
La moción de censura ha sido una amenaza que tanto los populares como los de Abascal han mantenido de manera constante a lo largo de estos años, aunque ha sido algo que, salvo en una ocasión, nunca llegó a ir más allá que mencionarlo como una opción que estaba sobre la mesa para atender, según apuntaban, a la voluntad de la sociedad. No obstante, con las últimas noticias que están surgiendo en estas semanas en relación al PSOE y las causas judiciales abiertas contra algunos de sus integrantes, el Congreso de los Diputados ha entrado en un estado de tensión todavía mayor al que ya se venía atendiendo.
Los socios del Ejecutivo comienzan a alejarse del Gobierno, llegando a llamar a la convocatoria de elecciones anticipadas, y la oposición se torna todavía más incisiva a la hora de llamar a un cambio de ciclo. En este sentido, la posibilidad de convocar una moción de censura ha cobrado todavía más protagonismo, pero, como se mencionaba al inicio, las cuentas siguen sin salir al PP y Vox.
García Margallo pide un candidato «políticamente neutro y moralmente irreprochable»
El objetivo no es otro que el de tumbar el actual Gobierno de coalición, por lo que en los pasillos del Congreso o las sedes de las formaciones políticas se ha llegado a sugerir que, para lograr un consenso, el candidato no sea Alberto Núñez Feijóo. Esta posibilidad se encuentra presente, de fondo, y en ocasiones se manifiesta en declaraciones públicas como las realizadas por José Manuel García Margallo, quien en un vídeo publicado en sus redes sociales, expresaba entender que se ha de presentar una «moción de censura constructiva» que impulse a un candidato «políticamente neutro y moralmente irreprochable» para convocar posteriormente elecciones. Un candidato que no parece ser Núñez Feijóo para el que fuera ministro de Exteriores, que en ningún momento se refiere al político gallego.
La posibilidad se plantea pero no se acepta, al menos en el entorno más próximo a Feijóo, del cual este medio ha podido saber que se alejan de la posición de Margallo y que hallan al actual líder del partido como el candidato adecuado para liderar la moción de censura.
Tras años de enfrentamiento y críticas, ahora Feijóo entiende que «con Cataluña hay que comproterse»
Teniendo que el actual líder del PP ha de ser el candidato elevado, si los populares siguen considerando intentar hallar la forma de impulsar la votación en el Congreso, necesitan seis votos, ya que los escaños del PP y Vox suman 170. En este sentido, a los que más tratan de acercarse es al PNV y a Junts, los cuales han manifestado públicamente que quieren elecciones anticipadas ante el contexto actual que rodea al Ejecutivo nacional.
La moción de censura siempre ha figurado como una amenaza de fondo pero nunca llegaba a consolidarse por el enfrentamiento que ha existido en este tiempo entre el PP y Vox con los vascos y catalanes, contra los cuales manifestaban un claro descontento por haber apoyado a Pedro Sánchez. La tensión ha sido evidente a lo largo de estos años, en los que ha habido multitud de críticas y hasta cierta agresividad en los mensajes trasladados.
Sin embargo, en esta ebullición que vive ahora el panorama político español, Junts ha aparecido repentinamente con una postura que podría hacer cambiar por completo todo el panorama gracias a sus siete escaños. Los catalanes, que ya habían roto sus relaciones con el Ejecutivo nacional y que, en estos días, repetían que la legislatura está acabada, se han mostrado abiertos a negociar con el Partido Popular. Eso sí, remarcan que, para ello, ha de ser Feijóo el que viaje a Waterloo para reunirse con Puigdemont.
Si Feijóo tomará ese vuelo o no a Bélgica es una cuestión que queda por resolver, ya que el popular ha expresado que es momento de hablar de «cosas serias», aunque ello no implica cerrar la puerta a la negociación con los catalanes, por lo que nada está descartado todavía.
Ha sido este un giro inesperado de los acontecimientos que podría cambiar por completo el tablero de juego, aunque su confirmación dependerá de hasta dónde pueda estar dispuesto a llegar Feijóo en los acuerdos que pueda alcanzar con Junts si comienzan una reonda de reuniones.
El escenario, que podría resultar similar al vivido hace pocos años, aunque con un protagonista distinto, ha comenzado a dibujarse este martes en Barcelona, donde el líder de los populares, en su participación en la Reunión anual del Cercle d’Economia, cambiaba todo el discurso que venía difundiendo en los últimos años y aseguraba que «con Cataluña hay que comprometerse».
Una remodelación de las prioridades y las opiniones expresadas a lo largo de esta legislatura que, rápidamente, podrían cambiar por completo las relaciones entre el Partido Popular y los independentistas catalanes.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco después de que el pasado mes de enero el Ministerio de Sanidad y los sindicatos llegaran a un acuerdo. Lo hace, no obstante, con el descontento del Comité de Huelga, sin contra con su “visto bueno” y a la espera de que este próximo viernes 5 de junio Sanidad se siente con las comunidades autónomas y pongan sobre la mesa la reforma del marco normativo vigente desde hace más de dos décadas.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que la cartera de Sanidad “ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios para actualizar una normativa laboral que llevaba más de dos décadas sin renovarse”, por lo que, asegura, “el Gobierno de España ha hecho su parte”. En esta línea, Saiz ha insistido en que recae en cada comunidad autónoma las competencias sobre salarios, plantillas, organización de los servicios, así como “buena parte de las condiciones de trabajo de los profesionales”.
Con este nuevo texto que será abordado el viernes en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud extraordinario, la cartera que dirige Mónica García busca adaptar la regulación del personal estatutario a la realidad actual del Sistema Nacional de Salud, «reforzando la estabilidad en el empleo, mejorando las condiciones laborales y favoreciendo una planificación más eficiente de los recursos humanos». En lo que respecta a la jornada, la máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 horas establecido por la normativa europea.
Entre otras cosas, en lo referente a las guardias, elimina las de 24 horas y fija en 17 horas el límite máximo de trabajo efectivo. Además, las libranzas y los descansos obligatorios no generarán deuda horaria, impidiendo así que estos periodos puedan ser requeridos posteriormente como jornada ordinaria. Igualmente, se establece un descanso mínimo de 12 horas ininterrumpidas entre jornadas, y el personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales, al que se suma el descanso diario de 12 horas.
Grupos profesionales, conciliación y nombramientos temporales
Siguiendo el hilo de todo ello, el nuevo texto estructura al personal en grupos de clasificación profesional que se rigen por el nivel del título exigido para el ingreso, conforme al Marco Español de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (MECU). Así, el personal sanitario se divide en los grupos 8, 7, 6, 5 y 4, según la titulación, que puede ser doctorado, grado con especialidad, grado, técnico superior o técnico. Por su parte, el personal de gestión y servicios se clasifica en grupos del 8 al 2, abarcando desde titulaciones de Nivel 8 del MECU hasta categorías que no requieren titulaciones previstas en el sistema educativo.
Asimismo, la norma comprende también la categoría de personal estatutario investigador, destinada al desarrollo de actividades de investigación sanitaria. Para acceder a ella será necesario contar con el título de doctor y estos profesionales dedicarán al menos el 50% de su jornada ordinaria a la investigación y podrán compatibilizar esta actividad con funciones asistenciales, docentes, de gestión clínica, prevención y promoción de la salud.
En otro orden de cosas, se introducen medidas de flexibilización horaria para cuidadores de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, así como la exención de guardias y nocturnidad para mayores de 55 años, embarazadas y lactantes. Asimismo, el documento reconoce el derecho a la desconexión fuera del tiempo de trabajo para garantizar el descanso y la intimidad familiar. Además, se define el concepto de carga horaria excesiva como indicador de intervención organizativa y se refuerza la protección frente a agresiones y discriminación por estado de salud, orientación sexual o predisposición genética.
Por otra parte, la norma limita la duración de los nombramientos temporales en plazas vacantes y establece la obligación de convocar procesos selectivos con una periodicidad máxima de dos años. De este modo, el nombramiento en plazas vacantes tendrá una duración máxima de tres años. Asimismo, se establece una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de la temporalidad. Mientras que los procesos para la adquisición de la condición de personal fijo se realizarán al menos con carácter bienal.
Los sindicatos amenazan con nuevas protestas
En la otra cara de la moneda, desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han asegurado que el Comité de Huelga intensificará sus movilizaciones si Sanidad «no modifica» su actitud, tras la aprobación de un Anteproyecto de Ley que «no cuenta con el visto bueno» del colectivo médico.
En esta línea, el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, ha avanzado que el conflicto entrará «en una fase de mayor intensidad» si Sanidad no actúa en las siguientes fases de tramitación, aunque ha puntualizado que las «medidas concretas» que tomará el Comité de Huelga tienen que ser decididas entre todos los sindicatos. «No estamos dispuestos a admitir que en una norma común en la cual se regula las condiciones laborales de todos los trabajadores, a los médicos no se nos permita tener voz propia. Y exigimos que si se nos tiene en una norma común con el conjunto de trabajadores, se nos garantice y se nos permita tener las mismas condiciones laborales. Ni más ni menos», ha explicado Pedrera.
Por su parte, desde Amyts, el sindicato mayoritario de médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, tildan de «mala noticia» la aprobación del Anteproyecto de Ley del personal estatutario de los servicios de salud y llaman a una movilización «más necesaria que nunca». «Es sin lugar a dudas una mala noticia; hablando en castellano antiguo es un sostenella y no en enmendalla. Y un tiro en el pie desde nuestro punto de vista para el Gobierno actual y para sus socios. Todo esto implica que las movilizaciones médicas y facultativas son más necesarias que nunca», han puesto de manifiesto desde Amyts.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
Isabel Díaz Ayuso se desconectó de la agenda pública española tras sufrir el agravio de la derecha mexicana en su turbulento viaje por Aguascalientes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, concentrada en librar una lucha cultural propia dentro y fuera de su partido, marchó a los Estados Unidos Mexicanos para erigirse como la ‘baronesa hispana’ que aglutine al buen y conservador pueblo latino y americano en Madrid D.F., el ‘Miami europeo’ que quiere calcar.
Desde entonces, la mandataria regional ha tenido dificultades para ocupar su cota de protagonismo mediático y político habitual ―elecciones andaluzas, sumarios de la Audiencia Nacional, requerimientos de la UDEF y registros de la UCO mediante―. Por ello, la cúpula de la Puerta de Sol urdió la puesta en escena de la premeditada visita de Ayuso al Vaticano como el milagro de resurrección que la devolviese a la realidad política de España.
Después de la reciente visita de el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, León XIV ha recibido este lunes en audiencia privada a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante el despacho han repasado la organización de los eventos que protagonizará el Papa entre los días 6 y 9 de junio, y han compartido impresiones sobre alguno de los actos.
Ayuso, por la paz
Tras su encuentro, Ayuso ha asegurado que no han hablado “de política”: “Le he trasladado preocupaciones por los jóvenes, la integración de Madrid, la hispanidad, que celebra que ciudadanos de tantos rincones vengan a vivir ahora como nunca, eso es para nosotros la bendición de Madrid”, ha dicho.
Madrid espera a Su Santidad el Papa con la mayor alegría y esperanza.
Somos un cruce de caminos donde celebramos en comunidad, en las calles, de niños a mayores.
En declaraciones a los medios de comunicación, la líder del Partido Popular de Madrid ha aplaudido que ahora la capital esté “llena de gente de todas las procedencias”. Preguntada por la entrevista que ha ofrecido estos días al Corriere della Sera, en la que ha relacionado a Pedro Sánchez con la “mafia de Estado”, Ayuso ha insistido en que “cualquier cuestión política está fuera ahora mismo”.
Asimismo, la presidenta autonómica ha indicado que entre los presentes que le ha entregado al Pontífice también está la Medalla internacional de la Comunidad.
Meloni se distancia de Sánchez
Justo en los días en que Giorgia Meloni evitaba un encuentro con Sánchez en Roma alegando problemas de agenda, su partido preparaba un dossier reservado contra el presidente del Gobierno español. El título es elocuente: “El Senado español censura al Gobierno de Sánchez”. El subtítulo va aún más lejos: “Enésimo varapalo para el ídolo de la izquierda”.
El informe, elaborado por la Oficina de Estudios del partido y acompañado de la indicación “documento de estudio para uso interno, no apto para su difusión”, está destinado a dirigentes y parlamentarios llamados a intervenir en el debate público, especialmente en tertulias de televisión y radio. Cada capítulo contribuye a la misma tesis: Sánchez no representa un ejemplo a seguir.
La presidenta madrileña elogió recientemente a Meloni en una entrevista con el Corriere della Sera, donde destacó su liderazgo y la estabilidad que ha aportado a Italia: “Tengo una altísima consideración por la presidenta italiana. Es una voz más necesaria que nunca en Europa y estamos muy impresionados por la estabilidad que ha aportado a Italia”, expresó. Con esos antecedentes, un encuentro entre ambas resultaría mucho más fácil de organizar.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
El escudo social del Gobierno agotará su primera fase este 1 de junio, lo que significa que ciertas medidas que forman parte del mismo dejarán de estar vigentes, mientras que otras solo tienen garantizada su continuidad hasta el final de este mes y otras se prolongarán todo el año.
Entre las medidas que concluyen este 1 de junio de 2026 se encuentran la reducción del IVA de la electricidad al 10%, la reducción del IVA del gas natural, el IVA reducido para pellets, briquetas y leña y la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%. Estas medidas estaban condicionadas a la evolución de los precios energéticos y de la inflación, y al no haberse alcanzado los umbrales previstos por el Gobierno, se suprimen con la entrada del sexto mes del año.
En fase intermedia, es decir, que no pierden vigencia ahora pero que solamente tienen su continuidad asegurada hasta el 30 de junio, están el IVA reducido sobre la gasolina y el diésel, las rebajas en determinados impuestos sobre hidrocarburos y la devolución parcial del gasóleo profesional para transportistas, además de los impuestos a la producción eléctrica (IVPEE).
En tercer lugar, las medidas que continuarán vigentes durante todo lo que resta de año son el bono social eléctrico, con protección a consumidores vulnerables; los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para severos);el incremento de las ayudas delbono social térmico; la prohibición de cortar suministros básicos de energía a hogares vulnerables; las bonificaciones y ayudas al transporte público (títulos multiviaje y de servicios de autobús de titularidad estatal); y en cuanto a la materia de vivienda, la suspensión de determinados desahucios de hogares vulnerables, las limitaciones y mecanismos de mediación para grandes tenedores y las medidas extraordinarias relacionadas con alquileres y vivienda social.
Terminan el 1 de junio
Se extienden hasta el 30 de junio
Se extienden hasta el final de 2026
IVA reducido de la electricidad
Ayuda a los carburantes
Bono social eléctrico
IVA reducido del gas
Suspensión del IVPEE (7%)
Bono social térmico
IVA reducido de pellets, briquetas y leña
Prohibición de cortes eléctricos a hogares vulnerables
Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%
Medidas antidesahucios y protección de vivienda
Descuentos al transporte público
Segunda fase con todo en el aire
El nuevo escenario que afronta ahora el Gobierno tiene su primer horizonte en el mes de julio, cuando empieza a dejar de estar garantizada la continuidad de las medidas en fase intermedia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya deslizó a mediados de mayo que Moncloa dispone de margen de actuación para intervenir en caso de que la incertidumbre persista. Asimismo, anunciaba que mantendrá el contacto con los agentes sociales para evaluar la evolución de la situación y, por tanto, deja la puerta abierta a la extensión de las medidas. En cualquier caso, la prioridad en el Ejecutivo pasa ahora por combinar dos objetivos: reducir el coste fiscal de las ayudas que ya no se consideran imprescindibles y mantener la protección en ámbitos donde la tensión de los precios siga empujando.
El calendario es clave. A partir de este 1 de junio comienza la desescalada fiscal con la desaparición de las rebajas en luz y gas, mientras que el 30 de junio se sitúa como fecha límite para los carburantes. A partir de ahora, los movimientos del Gobierno serán cruciales, habida cuenta de que la inflación se ha moderado, pero todavía se mantiene en el 3,2%. Es decir, por encima de los 2 puntos marcados como objetivo. Además, la percepción en un nutrido grupo de hogares sigue marcada por el encarecimiento acumulado de los últimos años y disparado por la fragilidad del terreno de juego internacional. Momento que, además, podrá aprovechar la oposición para blandir esa retirada de incentivos como espada para atacar al Ejecutivo y acusarle de dejar sin escudo social a las familias en un contexto de elevado coste de la vida.
El punto de fricción no se situará sólo en si la inflación baja, sube o se modera, sino en qué parte del escudo social debe mantenerse y durante cuánto tiempo. La mejora inflacionaria concede al Gobierno cierto oxígeno para justificar la retirada parcial, aunque la tensión en el mercado de carburantes y la incertidumbre geopolítica complican cualquier relato de normalidad, entrando así en una fase delicada. He aquí donde Moncloa deberá presentar la desactivación de las medidas como una desescalada selectiva y no como el final del blindaje social.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
La actualidad judicial vendrá cargada en junio, con numerosos casos en diferentes juzgados del país con afección directa sobre los principales partidos políticos. El sexto mes del año tendrá las redacciones de tribunales al rojo vivo, con especial interés en el expresidente del Gobierno por el PSOE José Luis Rodríguez Zapatero y su imputación en el caso Plus Ultra, la trama Kitchen o la trama Púnica, que afectan directamente al Partido Popular y sus anteriores cúpulas, o los casos de Begoña Gómez y David Sánchez, familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre otras muchas causas activas que tendrán sus respectivas sesiones en la temporada estival.
El 1 de junio, lunes, declararán varios encausados en la trama Kitchen, el operativo parapolicial que se puso en marcha para sustraer o eliminar documentos sensibles en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas. Entre los testimonios más interesantes de esta fecha se encuentra el del excomisario policial José Manuel Villarejo, especialmente después de que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también acusado en la trama, negara haberse reunido con él en una intervención judicial previa.
El mismo día y los tres siguientes, del lunes al jueves, continuará en la Audiencia Provincial de Badajoz la toma de declaraciones del caso David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por los presuntos delitos de tráfico de influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa, ante las acusaciones particulares del Partido Popular, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Manos Limpias, Liberum y Iustitia Europa.
El jueves 4 de junio continuará el juicio de la Púnica, con las declaraciones de José Miguel Moreno Torres y José Carlos Boza Lechuga, exalcaldes de Valdemoro por el PP; María del Carmen Benito Saldaña y Alfredo Ovejero López, exjefes de gabinete del Ayuntamiento de Valdemoro; María Ángeles Herrera García, exalcaldesa de Ciempozuelos por el PP; Rafael Martín Valenciano, exconcejal en ese mismo Ayuntamiento; Carlos Alberto Estrada Pita, exalcalde de Moraleja de Enmedio y Daniel Ortiz Espejo y Esteban Parro, excaldaldes de Móstoles, entre otros.
Begoña Gómez desde la segunda semana, Kitchen y Zapatero desde la segunda mitad
La segunda semana del mes seguirá igual de intensa. El martes 9 de junio aguardará la comparecencia como investigados de Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés ante los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, corrupción en los negocios y apropiación indebida, en una de las instrucciones que más polvo han levantado en la justicia española por la polémica actuación del juez Juan Carlos Peinado con este caso. El mismo día y el miércoles y jueves subsecuentes continuará el juicio oral de la trama Kitchen.
La semana siguiente, concretamente el 17 y 18 de junio, arrancará la declaración como investigado del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional. El exdirigente socialista se enfrenta a un procedimiento que se centra en determinar si el dinero público concedido a Plus Ultra fue utilizado de forma irregular tras la ayuda aprobada en 2021 a través del fondo de apoyo a empresas estratégicas gestionado por la SEPI. La causa investiga presuntos delitos relacionados con organización criminal, blanqueo de capitales, apropiación indebida y tráfico de influencias en el entorno de la aerolínea y de varios empresarios vinculados a la compañía.
El 24 de junio también será un día marcado en el calendario, pero no por ninguna declaración judicial, sino política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Pleno del Congreso para dar cuenta del goteo de casos de corrupción investigados por la justicia en el entorno del PSOE, en una fecha que ciertos agentes parlamentarios, como el Partido Nacionalista Vasco, consideran muy lejana y de poca urgencia.
Ya en la recta final del mes, los días 29 y 30, continuará el juicio oral de la Kitchen y hará lo propio la Comisión de Investigación sobre el Caso Koldo en el Senado, pendiente de confirmar todavía las comparecencias exactas que discurrirán en las sesiones programadas.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
La Xunta de Galicia pagó casi dos millones de euros en cinco años a empresas vinculadas a personas del entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo mediante 35 expedientes registrados en su plataforma de contratación como contratos menores, que fueron asignados por varios departamentos de la Administración autonómica y cuya cuantía excede el máximo legal de esa modalidad de contratación.
Se trata de 32 adjudicaciones a la cabecera y las filiales del Grupo Eulen, la compañía de seguridad, limpieza y servicios cuya directora para el noroeste de España es la hermana del presidente del PP, Micaela Núñez Feijóo; y otros tres con Universal Support, la firma coruñesa de telemárketing vinculada a la multinacional Konecta, de la que es director comercial Ignacio Cárdenas, hermano de la pareja de Feijóo, Eva Cárdenas. A ellos se suman otras dos licitaciones consecutivas en favor de otra filial de la primera de esas sociedades que se valoraron sólo un céntimo por debajo del límite máximo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público.
Esa norma considera contratos menores los que tienen un valor estimado inferior a 40.000 euros más el impuesto sobre el valor añadido (IVA), cuando se trata de la ejecución de obras –es decir 48.400 euros aplicando el tipo ordinario de ese impuesto–, o a 15.000 euros más IVA –18.150 euros incluyéndolo– en el caso del suministro de bienes o la prestación de servicios. Esos contratos se pueden adjudicar directamente y sin concurso a cualquier empresa o persona física obviando las normas generales de publicidad, concurrencia y transparencia de la contratación pública convencional.
Relacionado con este tema
Si se acoge a ellos, la Administración tampoco está obligada a hacer pública la documentación completa de los expedientes, incluidas memorias justificativas; pliegos de cláusulas y prescripciones técnicas; empresas que acuden al concurso o las valoraciones y resoluciones fundamentadas de las mesas de contratación, sino que puede facilitar sólo el objeto genérico del contrato, su duración e importe y la identidad del adjudicatario.
Según la documentación a la que ha podido acceder Público, hay 24 adjudicaciones a empresas vinculadas con la familia consanguínea o política de Feijóo que se otorgaron cuando este era presidente de la Xunta, por una suma global de 703.151 euros. Otras diez, por 1.232.822 euros, se concedieron bajo el mandato de su sucesor, Alfonso Rueda. En total, estos 34 contratos suman 1.935.973 euros.
La Xunta alega que los expedientes se registraron «por error» o «por incidentes en la codificación» como contratos menores, pero que en realidad no lo son
La Xunta alega que no se trata realmente de contratos menores, sino de pagos mensuales por convenios previos que sí se licitaron mediante procedimientos abiertos a otras empresas; de prórrogas de otros concursos públicos ganados por las citadas compañías; o de facturas de contratos menores por un valor inferior al límite legal, pero que fueron agrupadas en un mismo pago que sí lo supera. Los portavoces de los departamentos de la Administración autonómica que adjudicaron esos contratos, a preguntas de Público, indicaron que se habían registrado como licitaciones menores «por error» o por «incidentes en la codificación».
Los contratos con Universal Support
El 27 de abril de 2022, sólo tres días antes de que el Diario Oficial de Galicia anunciara la dimisión de Feijóo tras el anuncio de su marcha a Madrid para presidir el PP, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) publicó la adjudicación directa a Universal Support SA de dos contratos archivados como menores pero con valores superiores al tope legal: 170.757 y 33.317 euros, respectivamente. Las referencias que hizo públicas la Consellería de Sanidade contemplan un objeto muy similar: «Diciembre 2021 Call Center NA-SER-21-062» y «Diciembre 2021 Call Center NA-SER1-21-063».
Dos años antes, en 2021, la Xunta había contratado a Universal Support, una firma de telemárketing sin experiencia en el sector sanitario, para poner en marcha los centros de atención telefónica contra la covid y de seguimiento de los casos de la enfermedad. Aquel encargo fue por el procedimiento de emergencia, distinto al de la contratación menor pero que también permitía a la Xunta adjudicar sin concurso alegando el estado de alarma derivado de la pandemia.
El Sergas aseguró en una primera comunicación con Público que esos expedientes «figuran erróneamente como contratos menores» en su perfil de contratación «por un error en el código empleado en el documento contable». «En realidad se trata de pagos de facturas de dos contratos basados en el acuerdo marco de los servicios de contact-center de la línea de atención telefónica de la covid», indicó el organismo. Esa adjudicación se tramitó, con un valor estimado de dos céntimos de euro, por el procedimiento de la asociación para la innovación, que tampoco contempla el concurso público convencional y que, según la ley de contratos, permite a la Administración «invitar» a un empresario a «participar» en proyectos de investigación e innovación, tras una preselección entre las empresas candidatas que se presenten libremente si la oferta les interesa o la consideran rentable.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado enero en un acto en A Coruña.
Público preguntó en segunda instancia al Sergas por el reducido valor del convenio que dio lugar a los dos pagos a Universal Support registrados como contratos menores, así como por la elección de lamodalidad de la asociación para la innovación para adjudicárselo, cuando los anteriores acuerdos para los call center de la covid que había conveniado previamente con la misma empresa habían sido asignados por el procedimiento de emergencia.
Sobre lo primero, el Sergas explica que «el programa informático desde el que se sube la información a la plataforma [de contratación pública] exige cumplimentar necesariamente el campo ‘Presupuesto de licitación’, y en los acuerdos marco no existe dicho presupuesto». «El motivo por el que figura con 0,02 euros es porque un acuerdo marco no tiene, por definición, un presupuesto de licitación, sólo un valor estimado de los contratos que se basarán en él», añaden los portavoces del organismo.
En el caso de los que se sustanciaron en el convenio marco adjudicado a la empresa en la que trabajaba Cárdenas, por el que este diario volvió a pregunta al Sergas, el valor estimado que no aparece en la plataforma era en realidad de 3.812.850 euros, según admitió la Xunta a Público. El Gobierno gallego no ha aclarado si llegó a pagar a Universal Support todo ese importe en su integridad, ni por qué no lo incluyó en el apartado «Presupuesto de licitación» en vez de los 0,02 euros.
Sobre la elección de la modalidad de la asociación para la innovación, el Sergas explica que si bien «en un primer momento la situación del Estado de Alarma obligó a una respuesta urgente y solo procedía acudir a la [tramitación de] emergencia«, después, «en cierta medida estabilizada la situación pero existiendo brotes y continuando la necesidad de mantener el servicio, ya se procedió a contratarlos por los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del sector Público, considerándose el más adecuado el acuerdo marco».
Además de esos dos contratos con Universal Support que fueron registrados «por error» como contratos menores, según la Xunta, este diario ha tenido conocimiento de otro expediente que, con idéntica referencia que el segundo, se publicó en enero de 2022 con el objeto «Contrato basado en el acuerdo marco de los servicios de contact center de la línea de atención telefónica del covid-19. Contrato complementario mes diciembre». Su valor era de otros 58.307 con IVA y su plazo de ejecución, cuatro días.
Sin respuesta
El Sergas se lo adjudicó a la empresa filial de Konecta mediante otro instrumento diferente a las anteriores: el procedimiento negociado sin publicidad, quela ley de contratos reserva a los casos en los que las administraciones no han recibido «ninguna oferta adecuada» en un procedimiento abierto previo; cuandose trata de un contrato declarado secreto o reservado, o cuando así lo exige «la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado», entre otras circunstancias excepcionales que incluyen la adquisición de obras de arte, bienes u objetos únicos, o la contratación de servicios que sólo presta una sola empresa sin competencia conocida.
Público ha preguntado a la Xunta por las circunstancias en las que se tramitó ese expediente y por qué bajo una misma referencia figuran dos contratos con presupuestos de licitación base diferentes. El Sergas asegura que no son contratos distintos sino el mismo: «El contrato NA-SER1-21-063 tenía un presupuesto de 58.307,48 euros, que no se ejecutaron totalmente, siendo facturados y pagados los 33.318,56 euros correspondientes a dicha factura de diciembre».
Lo cierto es que en su plataforma ésta última cifra no aparece como precio finalmente facturado sino como precio de licitación. El Sergas añade que ese pago «figura erróneamente en el portal como contrato menor por un error en el código empleado en el documento contable mediante el que se abonó la factura. Se tramitó un ADOK [un sistema de contabilidad que permite agrupar en un único documento todas las fases de la adjudicación] y se comunicó como contrato menor cuando no era tal, ya que se trataba del pago del contrato».
Este diario ha intentado sin éxito contactar con Ignacio Cárdenas. La empresa para la que trabaja, Konecta, especializada en la externalización de procesos de negocio y propiedad del empresario sevillano José María Pacheco, que adquirió Universal Support en 2012 al extinto Banco Popular, sí ha respondido a través de su agencia de prensa para asegurar que los tres contratos con la Xunta, que suman 262.383 euros «se llevaron a cabo conforme a los procedimientos internos y al marco normativo aplicable, tal y como es habitual en la organización».
Konecta, la multinacional para la que trabaja el cuñado de Feijóo, sostiene que las contrataciones «se llevaron a cabo conforme al marco normativo aplicable»
Los contratos con Eulen
En cuanto a la empresa de la que Micaela Núñez Feijóo es directora para el noroeste de España, el Sergas adjudicó a Eulen Seguridad SA entre abril y septiembre de 2024, es decir con Rueda ya en la presidencia de la Xunta, ocho contratos que también se registraron como menores y con un mismo objeto: «Seguridad». Todos superaban el tope legal de la contratación menor y suman un total de 1.187.094 euros.
Cinco de ellos fueron suscritos consecutivamente con la citada filial de Eulen en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2024, por una cantidad idéntica: 222.254 euros con IVA, lo que multiplica por más de doce el tope establecido por la ley. La suma de esos cinco expedientes supera los 1,11 millones. Los otros tres, de 22.242, 25.211 y 28.367, están un 22%, un 39% y un 56%, respectivamente, por encima del máximo legal.
Sobre las cinco adjudicaciones con el mismo importe, el Sergas alega de nuevo que, como en el caso de Universal Support, no son en realidad contratos menores, y si aparecen como tales en sus registros es por «un error en la codificación del tipo de procedimiento». «Hay que tener en cuenta que, debido al enorme volumen de procedimientos que tramita la Administración autonómica, a veces se producen este tipo de incidentes en la codificación», relatan los portavoces de la Xunta.
Esas fuentes matizan que esos pagos que aparecen en sus registros como adjudicaciones de contratos menores sin concurso responden en realidad «a las prórrogas de un procedimiento abierto que se hicieron para garantizar la continuidad de un servicio público esencial, en este caso, de vigilancia y seguridad en el área sanitaria de A Coruña».
Público ha reclamado al Sergas en dos ocasiones la justificación documental de esas prórrogas dado que, si responden a un procedimiento de tramitación ordinaria abierta y no son por tanto contratos menores, la Administración está obligada por ley a hacerla pública. El organismo no ha facilitado esa documentación y se ha limitado a informar por correo electrónico que consideraba contestadas todas las preguntas que le planteó este diario.
En cuanto a las otras tres adjudicaciones a Eulen, se trata, según la versión de la Xunta, «de pagos de servicios de vigilancia de centros de salud», cuyas facturas «fueron agrupadas en el mismo pago pero individualmente y por objeto no exceden del importe del contrato menor«. El Sergas tampoco ha facilitado a Público la justificación documental que sustenta esa explicación, tal y como este diario le reclamó expresamente, ni a qué centros sanitarios concretos se refieren.
Contratos con la Consellería de Política Social
Además de los ocho contratos del Sergas con Eulen Seguridad SA, el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, dependiente de la Consellería de Política Social y que financia los servicios a dependientes prestados por ayuntamientos y mancomunidades, también adjudicó a Eulen Servicios Sociosanitarios SA entre marzo de 2019 y marzo de 2024 otros 24 contratos registrados como menores, cuyos precios también exceden el tope legal y suman 544.803 euros. Es decir una media de 22.700 euros cada uno, un 25% sobre el máximo permitido.
La Consellería de Política Social de la Xunta, que dirige Fabiola García –esposa del exdirector de comunicación de Feijóo en la Xunta, Lucas Martinón– explica que esos pagos responden a facturas de cuatro conciertos previos, licitados en concurso público abierto y ganados por Eulen, para la gestión de cuatro de los 200 centros de la red del Consorcio. «Por la forma de tramitar su pago mensual aparecen reflejados en la plataforma como contratos menores» pero, según la Xunta, tampoco lo son. «La facturación se realiza por centro y por mes para facilitar la contabilidad y la liquidación del servicio», mantienen fuentes del departamento de Fabiola García.
La conselleira de Política Social e Igualdade de la Xunta, Fabiola García, en una imagen de 2022.
Por otro lado, la Consellería de Cultura, Educación e Universidades otorgó sin concurso a Eulen SA, la matriz del grupo, otros dos contratos menores consecutivos publicados en la misma fecha –el 3 de septiembre de 2021, cuando el responsable de ese departamento era Román Rodríguez– por 18.149,99 euros cada uno. Es decir solo un céntimo por debajo del tope máximo de 18.150 euros que habría obligado a convocar un concurso abierto a su competencia. El objeto de esas adjudicaciones era «Control de aspectos estadísticos asociados a los visitantes y otros aspectos de carácter general en relación a la exposición», en el primero de ellos; y «Servicio de vigilancia e información al público visitante de la exposición», en el segundo.
Público ha preguntado en dos ocasiones a la Consellería de Cultura, que hoy dirige José López Campos, de qué exposición o exposiciones se trataba, y si, en el caso de que fuera una sola, existían razones para dividir en dos la contratación de una misma empresa para prestar servicios en la misma. También le ha pedido conocer las circunstancias que motivaron que el importe de ambas adjudicaciones fuera idéntico y al límite de la legalidad de la contratación menor. Aunque la Consellería de López Campos se comprometió hace más de dos semanas a dar una respuesta, todavía no la ha ofrecido.
Sin respuesta de Eulen ni de Micaela Núñez Feijóo
Este diario también se ha dirigido al Grupo Eulen para pedir la valoración de la compañía sobre las cuestiones relatadas en este artículo, pero la empresa, fundada por el empresario leonés David Álvarez Díez y que hoy preside una de sus hijas, María José Álvarez Mezquíriz, ha declinado pronunciarse. Tampoco ha sido posible contactar con Micaela Núñez Feijóo para obtener su versión.
Investigaciones previas de Público desvelaron que desde que Feijóo recuperó el poder en Galicia en abril de 2009 y hasta 2024, sus gobiernos y los de Rueda adjudicaron a Eulen más de 52 millones de euros en contratos públicos de todo tipo, multiplicando las cantidades que las empresas del grupo recibían hasta entonces. En algunos casos, con indicios de que disponía de información privilegiada, de trato de favor o incluso coincidiendo con nombramientos y ceses discrecionales en los organismos responsables de esas licitaciones. Dos de esos contratos se tramitaron en 2023 cuando la prima carnal de Feijóo y de su hermana Micaela, Eloína Núñez Masid, era la gerente del Sergas en el área sanitaria de Santiago, que entregó a Eulen dos adjudicaciones por más de 3,9 millones.
Desde que Feijóo accedió a la Xunta en 2009 hasta 2024, Eulen ha recibido contratos de la Administración autonómica por más de 52 millones de euros
En abril de 2024, el Consello de Contas de Galicia desveló que Universal Support, la compañía para la que trabaja el cuñado de Feijóo, sin experiencia alguna en el sector sanitario y cuyo modelo de negocio se basaba en el telemárketing comercial, había recibido contratos de emergencia de la Xunta para gestionar los centros de atención, asesoramiento y rastreo telefónico de casos de covid por más de 15,2 millones de euros, convirtiéndola en la más beneficiada por el fondo de contingencia para financiar la lucha contra la enfermedad que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en manos de la Xunta.
El año pasado, el Parlamento de Galicia celebró una comisión de investigación, instada por el BNG mediante una norma interna de la Cámara que le permitió sortear la oposición del PP, para analizar las adjudicaciones de la Xunta a empresas vinculadas a la familia de Feijóo. Esa comisión reclamó a la Administración de Rueda todos los expedientes de esos encargos de los que tuviera constancia. La Xunta de Galicia remitió información sobre más de 825 contratos suscritos con el Grupo Eulen y con Universal Support entre 2005 y octubre de 2024, pero ocultó otros 1.133 que sí aparecían en su plataforma de contratación en años posteriores.
Cuando se encara un concierto de este calibre y expectación desde el periodismo, como es este primer show en Madrid del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, de Bad Bunny (o el The Eras Tour de Taylor Swift o el Lux Tour de Rosalía), sabemos que venimos a un espectáculo multidimensional planificado por un gran equipo, impulsado por una popularidad desbordante con 60.000 personas bailongas, en este caso en el estadio Metropolitano, que quizá pudieran girarse de golpe y mirarte amenazantes si osaras practicar una crítica negativa. Y es que, además, no está sencillo tampoco, no se crean, estas estrellas saben dar a su público lo que quiere. Y máxime con un inicio salsero tan rotundo y un cierre tan emocional.
Informe Semanal – De Puerto Rico pa’l mundo
La residencia madrileña de diez conciertos de Benito Antonio Martínez Ocasio, que había iniciado la gira europea con dos estadios en Barcelona pocos días antes, se centra (aunque no solo, también luce Un verano sin ti y YHLQMDLG) en su exitosísimo último álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, Grammy a ‘Mejor Álbum del Año’ y primera vez en la historia por una obra musical en español. Un disco-carta de amor y folclor a Puerto Rico, un alegato político hacia sus esencias perdidas o en peligro, a la vez también que lo trufa con las canciones sentimentales habituales del pop y más o menos brillantes. Entre ritmos electrónicos, reguetón, salsa y géneros nativos como la plena y la bomba, del brillo de Baile inolvidable también está también el Everest de almíbar WELTiTA.
Bloque salsero
A falta de una semana para que visite España el papa León XIV, en los aledaños del estadio en los instantes previos al concierto cayeron unas gozosas gotas de alguna nube descargadora para refrescar un ambiente imposible de enfriar. Había ganas de perrear en las 60.000 personas que llenaron el estadio, vaya. La gran gira del año en España con permiso de Rosalía empezó en la capital con un vídeo de Bárbara Lennie y su hijo invocando el regreso del Conejito Malo a España, y así apareció el coloso boricua en medio del escenario principal, silente, con un elegante vestido blanco, observando con alegría templada durante un rato a todo el estadio. Y empezó así su descarga de su sudor. La Mudanza, (la locura con) Callaíta y un Pitorro de coco que sonó muy emotivo en su duel («Feliz Año Nuevo, pero no tan feliz. Te dieron un beso a las 12. Y no fui yo quien te lo di») y con un bello guiño del guitarrista al Entre dos aguas de Paco de Lucía.
¿Qué podemos decir ya del inicio? Celebrado. Bailado. Gritado. Pocas sorpresas. En lo sonoro la cosa era estridentilla, no obstante. «¿Quién me va a dar una vuelta por Madrid? Quién. Quién. Quién», animó Bad Bunny arropado por Los Sobrinos, una orquesta puertorriqueña de 16 miembros, con percusión, teclados, contrabajo, vientos y coros. Después llegó WELTiTA, acompañado por Chuwi, y una delicada Turista. El montaje es un despliegue inteligente pero nada ostentoso, incluso sencillo si lo comparamos con la fantasía faraónica escenográfica de una Taylor Swift, y que tiene la jugada maestra marketiniana de La Casita para llevar al famoseo local, porque el foco no se centra tanto en un espectáculo grandioso, que también, sino en su persona, con unos audiovisuales de tonos cálidos en busca de lo icónico de su figura.
«Este show va de disfrutar las cosas pequeñas de la vida», dijo después Bad Bunny, en un concierto cuyas entradas habían costado desde 80 y pico euros las más baratas hasta los más de 500 del paquete vip máximo. Y comenzó un ambiente sintético tipo Vangelis estirando un teclado que estalló en un Baile inolvidable que provocó el ídem en la grada por éxtasis salsero y que desembocó en un “Beniiiiiito, Beniiiiito, Beniiiiito…” por parte de las miles de gargantas. Hablamos de una de las canciones más memorables de 2025. De las de nailar y llorar a la vez. Y acto seguido, pidió al público un aplauso para ellos mismos y empezó “Nuevayol” con un cuerpo de baile y expandida con solos de teclado. Apoteosis. Qué buen cierre de acto y qué alaridos del feliz público.
La Casita
Entre que Bad Bunny se trasladaba por el subsuelo a la famosa Casita, salió el sapo concho puertorriqueño en dibujos en las pantallas para amenizar y hablar del cocido madrileño, los huevos rotos y las orejas a la plancha en un audiovisual entre simpático y horripilante. Y luego preguntó: «¿Quién quiere perreo?». Y apareció la estrella en la Casita para darle fuerte al reguetón al lado de Esther Expósito (la mayor parte del rato) o Ana de Armas, Marta Ortega, María León, Álvaro Carreras del Real Madrid o Isi Palazón, del Rayo Vallecano. Aquí cayeron Velda, una festejada Tití me preguntó y Neverita, con su reguetón, su urban y su tecnazo que nunca falla.
Todo listo en Barcelona para el primer concierto, este viernes, de la gira española de Bad Bunny
Un hecho inaudito ocurrió después cuando el concierto se paró y el artista estuvo saludando y dando abrazos a las primeras filas durante quince minutos. Cercanía con el pueblo vip. Cayó hasta algún tímido pitido, y al final subió a algunos a La Casita para seguir dándose abrazos muy sentidos. Había un chico que estaba derrengado de la emoción, con el artista boricua acompañándole con un lamparón tipo test de Rorschach de sudor en la espalda de su chaquetilla de chándal.
Después Benito se subió al techo La Casita para cantarse muchísimos reguetones tales como VOY A LLeVARTE PA PR, la ya mítica Yo perreo sola, Safaera, Diles o el trap de Monaco que puso al público a dar saltos tipo malote y alguno incluso hacerse vídeos mientras levantaba el brazo sacando bola. En general, fue un día grande para Instagram en Madrid. Ah, y todo esta acto fue sobre unas bases electrónicas sin deejay a la vista. Al final son tantos hits aglutinados que el hecho de que fuera una sección sin demasiada sorpresa escénica al coreante público le importó un rábano.
01.33 min
Transcripción completa
benito irrumpió en el salón de 130
millones
de personas y les puso sobre la mesa
doble ración.
Ritmos latinos y
español sin complejos.
Un orgullo para casi 60 millones de
hispanohablantes en Estados Unidos
Y para la música y las referencias
latinas que ha llevado al prime time
Todo esto lo pone en escena este
influencer que es Bad Bunny y
obviamente pues todo el mundo se vuelca
en pos de una moda en pos de un
fenómeno en pos de una mirada porque
guste más o menos hay
que enmarcar la actuación en un momento
político concreto y en un momento
cultural de creciente poderío latino
¿Quién no le gusta la música latina?
Cada vez se escucha más.
Sí, bastante.
Estar así de moda
es para muchos una oportunidad.
Saber aprovechar un momento en el cual
si todo
el mundo mira a America Latina, pues
que América Latina saque lo mejor de sí
misma.
Y
recalca que hay mucho más que
reggaetón, pero el reggaetón de Bad
Bunny abre una puerta.
Duolingo nos ha mostrado así..
cómo se ha disparado el interés por el
español.
En el Instituto Cervantes confirman la
tendencia
Me puede gustar más o menos.
Un escritor como Leonardo Paduda es muy
poco partidario del reggaetón, pero a
la hora de los datos..
pues resulta que el triunfo del
reggaetón hace que mucha gente se
interese por el español
en los Estados Unidos.
Y lo compara con el boom de las
telenovelas en los 90, que despertaron
el aprendizaje del español en países
como Rumanía
Bad Bunny reivindica el orgullo latino y dispara el interés por aprender español
Parlanchín, ceremonioso y constructor de intimidades ante multitudes, Bad Bunny acometió la canción exclusiva que cada concierto hace. En esta ocasión fue Adivino con su compatriota Myke Towers. En conjunto, esta sección fue como estar demasiado tiempo en una discoteca-karaoke con un sonido muy potente hasta la sordera, que funcionaba, pero que tenía sus momentos de bola y planicie musical. Trataron de compensarlo con juegos de luces y la sorpresa del invitado, que canto Si se da y LA FALDA mientras Bad Bunny descansaba y se hacía ya noche cerrada.
Debí tirar más fotos de este concierto
Apologeta del festejo (y el alcohol, evocado sin mesura en sus canciones), el intérprete de la Vega Baja que desafió desde el amor y la inclusión a Trump en esta Super Bowl volvió de nuevo al suelo de La Casita con los famosos para, acompañado de instrumentistas y cantantes de nuevo, Los pleneros de la cresta se llamaban, llegados de Puerto Rico también, retomar el sabor salsero con CAFé CON RON extendida con juegos con el público y de percusión y que acabó desinflada.
Por concluir el análisis, en este segundo acto en La Casita hubo cierta irregularidad compaginada con viralidad y muchos momentos de gran disfrute, demasiado enlatados. Digamos que no es un espectáculo-rodillo sino que tiene sus tiempos, su reposo y sus pausas sui géneris y hasta un desdibuje por momentos en un un concierto maratoniano pespunteado de muchos clímax por el cantante más escuchado en el mundo en 2020, 2021, 2022 y 2025.
A la tercera pata del concierto el personal diríamos que llegó renqueante y, en época ya de calores en Madrid, Bad Bunny se puso un gorro orejero a lo Ignatius Reilly y cantó Ojitos lindos para ver si levantaba de nuevo la energía a los asistentes. Siguió sin conseguirlo del todo con La canción y empujó aún más con KLOuFRENS, un eficaz levanta-muertos entre el el trap y el synth-pop que pareció resultar. Con DÁKITI lo consiguió definitivamente, en cualquier caso, con esa base que es como el sonido del viento ululante, bombo fuerte y un estribillo que puso a dar botes de nuevo a todo el público (y hasta a los periodistas).
Depués se vino El Apagón, con una parte final de electrónica dura tremenda que fue uno de los clímax indudables seguida de DtMF, preciosa en sus varias dimensiones, muy emotiva y con charla inspiradora en su mitad para que disfrutemos el momento que se fuga, y en donde Bunny pidió que la gente dejara el móvil y levantara las manos, y cerrarla así por todo lo alto hacia el cielo. Luego se marchó un minuto, corearon su nombre y volvió con una cañerísima EoO y un rótulo gigante que ponía «PERREO». Y ya.
O sea, “si te quieres divertir con encanto y con primor…” pasó. A tenor del nivel de decibelios de los chillidos, las caras de contento del personal y que desde la primera canción toda la grada estuviera de pie y bailando casi tres horas. Pasó. Y pasará nueve veces más.
La legislatura atraviesa uno de sus momentos políticamente más delicados. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra ha añadido un nuevo foco de tensión a un panorama ya marcado por varias investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista y por el creciente desgaste del Gobierno de coalición. Aunque toda persona investigada conserva intacta la presunción de inocencia, el impacto político de la causa ha reabierto el debate sobre la estabilidad del Ejecutivo y sobre si Pedro Sánchez debe agotar la legislatura o convocar elecciones anticipadas.
El presidente del Gobierno ha defendido públicamente el respeto a la justicia, ha mostrado su apoyo a Zapatero y ha descartado por ahora un adelanto electoral, apelando a la necesidad de mantener la estabilidad institucional. Además, ha solicitado comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre la situación política generada por las últimas investigaciones conocidas.
Sin embargo, la presión aumenta en varios frentes. El Partido Popular insiste en que el Gobierno está políticamente agotado y reclama que los ciudadanos vuelvan a las urnas. Vox también eleva el tono contra el Ejecutivo, mientras que algunos socios parlamentarios muestran inquietud por el impacto de los casos judiciales en la continuidad de la legislatura. El PNV ha advertido de la dificultad de mantener el apoyo si no hay una agenda clara, presupuestos y capacidad real de gobernar. En Sumar, por su parte, conviven distintas sensibilidades entre quienes apuestan por preservar la coalición y quienes reclaman una respuesta más contundente.
El debate, por tanto, se sitúa entre dos argumentos principales. Para quienes defienden un adelanto electoral, la acumulación de causas judiciales, la falta de mayorías sólidas y el deterioro de la confianza política justificarían devolver la palabra a la ciudadanía. Para quienes rechazan esa opción, convocar elecciones en plena ofensiva judicial y política podría interpretarse como una decisión precipitada, con riesgo de aumentar la inestabilidad y paralizar la acción de gobierno.
En este contexto, la pregunta vuelve al centro del tablero político: ¿debería Pedro Sánchez convocar elecciones generales anticipadas?
Encuesta
ENCUESTA: ¿Debería Pedro Sánchez convocar elecciones?
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
hazte socio
Añadir este medio como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.
Antes de que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y el ‘caso Leire Díez’ lo coparan todo, la izquierda trataba de recomponerse de un nuevo varapalo en las elecciones de Andalucía del pasado 17 de mayo. La actualidad judicial ha pospuesto dos semanas la reflexión de qué va a pasar con el espacio a la izquierda del PSOE, después de que en esos comicios los votantes volvieran a dictar sentencia a favor de los partidos territoriales, con el auge de Adelante Andalucía, y en contra de las izquierdas nacionales, con la debacle del PSOE y de la coalición integrada por Izquierda Unida, Sumar y Podemos: Por Andalucía.
Una de las piezas clave de este debate es Gabriel Rufián, que leyó esta situación en mitad del ciclo electoral que terminó en Andalucía y abrió la cuestión de que las izquierdas deben pensar cuál es la mejor fórmula para frenar el avance de la ultraderecha. El pasado 20 de mayo, en la semana de resaca electoral y un día después de conocerse la imputación de Zapatero en el ‘caso Plus Ultra’, el portavoz de ERC en el Congreso dio un paso más: «Si yo puedo ayudar a que haya una confluencia, colaboración o espacio de unión para maximizar resultados electorales entre fuerzas soberanistas y españolas siendo yo el cabeza de lista, pa’lante», anunció en un acto en Madrid.
Esta posibilidad ya se venía barruntando por varios motivos, entre ellos que Rufián es uno de los líderes políticos más populares en España, el cuarto favorito a presidente del Gobierno según el CIS. El catalán aprovecha esta popularidad para avanzar en su deseo de unir a las izquierdas desde febrero, cuando inició una ronda de actos que le han llevado a Madrid, junto al portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea, Emilio Delgado, y a Barcelona, con la exministra y eurodiputada de Podemos, Irene Montero.
Estos actos, y el paso definitivo dado este mes, han tenido varias consecuencias para él. Por un lado, su avance ha sacudido a Sumar, la actual referencia nacional en el espacio que trata de coser Rufián. La coalición que, de momento, lidera Yolanda Díaz, no deja de encadenar malos resultados electorales, lo que le sitúa en un abismo que le obliga a tomar acción.
Rufián enciende la guerra en ERC
Por otro lado, Rufián tiene que decidir qué va a hacer con su puesto en ERC. El partido independentista recela de que su portavoz en Madrid quiera embarcarse en un proyecto nacional, lo que ha elevado la tensión con la cúpula, que rechaza desde el principio la ‘vía Rufián’. Si bien es cierto que el catalán aclaró en el coloquio que no presentarse como cabeza de lista no significa que vaya a abandonar la formación, sí que abrió la puerta a ser la referencia de una lista nacional. Esto es incompatible con seguir en el partido republicano, que solo se presenta en Cataluña y la Comunidad Valenciana, y supondría ir bajo algunas otras siglas, que aún se desconoce cuáles serían.
El secretario general adjunto de ERC, Oriol López, evitó el choque este jueves diciendo que ven «bien» las pretensiones de Rufián, pero reafirmó que su actual portavoz en el Congreso es «el mejor para encabezar la candidatura de Esquerra por Barcelona en Madrid». Esto no quita que ya haya militantes que consideren que Rufián está mostrando «deslealtad» hacia ERC, y piden expulsarle de forma cautelar. Al partido que lidera Oriol Junqueras se le abre así otro frente, que se suma a las luchas internas por el poder y a la presión para romper con el PSC en Cataluña.
Sumar avanza en su «paso al frente»
Y luego está Sumar, que mantiene una relación agridulce con Rufián a tenor de los problemas internos que les ha causado su avance. Cuando el republicano anunció su acto junto a Delgado, que en paralelo ha protagonizado su propio cisma en Más Madrid, la coalición se apresuró a contraprogramarle con ‘Un paso al frente‘, un acto en la capital que se celebró ese fin de semana, y en el que los cuatro partidos —Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid y Movimiento Sumar— reafirmaron un compromiso: a pesar del avance de las izquierdas territoriales y de la vía unificadora de Rufián, estas formaciones van a ir juntas a las próximas elecciones generales.
Aunque desde entonces el lema se ha convertido en su línea de actuación, fuentes de estos partidos confirman que ‘Un paso al frente’ no es el nombre con el que acudirán a las urnas. Las siglas definitivas están pendientes de conocerse, pero apuntan a este fin de semana como un punto de inflexión. Los cuatro partidos avanzan en ese camino este sábado, 30 de mayo, en Barcelona, en un nuevo acto conjunto con protagonistas de todos los frentes en el edificio ONCE de la capital catalana.
Como cabezas de cartel estarán allí, por parte de los Comunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el secretario primero del Congreso y candidato a la alcaldía de la Ciudad Condal, Gerardo Pisarello. Al partido menor de la coalición, Movimiento Sumar, lo representarán el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y su coordinadora nacional, Lara Hernández. La delegación de Más Madrid, la encabezará la ministra de Sanidad y futura candidata a presidir la comunidad, Mónica García. En representación de Izquierda Unida, estará su coordinador federal y reciente candidato a las elecciones andaluzas, Antonio Maíllo.
El acto servirá como refuerzo del compromiso adquirido en Madrid, y que ya llevaron a Sevilla en otro acto en abril. Desde los Comunes hablaban de ‘Un paso al frente’ como la intención de «conformar una candidatura de izquierdas competitiva, unitaria y plurinacional«, según fuentes de la rama catalana de Sumar que recogía Eldiario.es. Insistían en que su coalición está «abierta al conjunto de las izquierdas», pero ahora las palabras son distintas.
Sumar reivindica la vía nacional
Su portavoz en el Congreso, Aina Vidal, mostraba este martes que las palabras dulces hacia la determinación de Rufián que imperan desde febrero en la coalición, no quitan que se nieguen a embarcarse en su proyecto. Vidal cuestionó que el republicano, dada su situación pueda liderar una candidatura de izquierdas en Cataluña, en referencia a la pretensión de que solo haya una papeleta a la izquierda del PSOE en cada provincia, que allí supondría una unión entre los Comunes y ERC: «Lo cierto es que la portavoz que os habla ganó a Esquerra Republicana y concretamente a Gabriel Rufián, por lo que si aplicáramos sus normas en todo caso sería mi número dos Gabriel Rufián«, le lanzó.
En la misma línea había ido Lara Hernández, que el lunes señaló que la iniciativa de Rufián «no obstaculiza», pero le exigió claridad: «Ha llegado la hora de que concrete«, dijo la coordinadora de Movimiento Sumar. Hernández propuso una gran cumbre estatal de la izquierda alternativa a la vuelta del verano, pero dejó un recado a Rufián advirtiendo de que la nueva fórmula no puede ser una «huida hacia adelante» ni basarse en «liderazgos salvavidas o personalistas«.
En cualquier caso, Sumar sigue avanzando por su cuenta en un camino que evita la realidad de que la izquierda nacional está en decadencia. Dentro de la coalición hay formaciones regionalistas, como Más Madrid o Comunes, que se beneficiarían de la ‘vía Rufián’, que apuesta por potenciar las candidaturas territoriales que ya superan a Sumar en muchos lugares. En toda esta ecuación aún falta por encajar Podemos, que a tenor de sus malos resultados se abre a negociar con todos, pero que tiene un as bajo la manga que también reivindica Rufián: Irene Montero, su gran activo electoral.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
Bajo el telón de fondo de la investigación judicial en manos del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional sobre el expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y el rescate a Plus Ultra, en las últimas 48 horas ha trascendido buena parte del foco de voces del Gobierno central sobre el informe de la UDEF que sustenta parte de la investigación, así como ciertos titulares de medios de comunicación conservadores que apuntan a indicios que han sido desmentidos por el ministro de Transportes. Óscar Puente vino denunciando este jueves las «coincidencias» en el calendario judicial y ciertas maniobras «antidemocráticas» que buscan «derribar» al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero ha sido este viernes cuando se ha sentado largo y tendido para dar explicaciones sobre un apunte que atañe a su cartera estatal.
En primer lugar, Puente ha hecho mención a dos titulares de prensa publicados por El Confidencial y ABC, entre otros, que recogían un contrato de Adif con Huawei presuntamente vinculado con el caso Plus Ultra. Horas más tarde, en un vídeo explicativo de cerca de diez minutos difundido en sus redes sociales, el ministro ha desmontado tanto el informe de la UDEF como estos artículos de prensa con la mencionada contratación en mano, denunciando al tiempo que todas estas informaciones son «absurdas y ridículas».
El titular de Transportes ha comenzado la explicación haciendo alusión expresa a las informaciones de prensa: «Una agenda implica a la red de Zapatero en un contrato público de Huaewi adjudicado por Óscar Puente’. La UDEF intervino a Julio Martínez Martínez una libreta en la que había anotaciones sobre una licitación del Ministerio de Transportes para comprar material de Huawei, la compañía China vinculada a Zapatero y sus hijos», rezaba literalmente. De esta manera, Puente ha explicado que, en la mencionada libreta, venía suscrito lo siguiente: «Martes 8, ‘f r a’, Huawei 100 fin de mes y 400 contrato». Con esta línea, ha explicado que la UDEF encontró una publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado mes de diciembre una licitación de piezas de recambio de la red ferroviaria española, de la red digital, de importe de 200.000 euros al año, sumado son 400.000 euros. Es en este punto donde se sitúa la presunta «relación».
¿Habéis visto estas “noticias” estos días? Voy a colgar un vídeo a partir de las 14:00 explicando la realidad. Cuando ayer me referí a maniobras anti democráticas para derribar al gobierno, me refería también a ejemplos como este. Falacias contenidas en un informe policial que se… pic.twitter.com/SLmgAFqGz1
Prosiguiendo las líneas del medio citado, se explica que las anotaciones del empresario Julio Martínez Martínez señalaban indicios de la trama en las que se utilizaron contactos del Gobierno y otras «administraciones extranjeras» para beneficiar a empresas afines, como habría sido el caso de Huawei, empresa que habría recurrido a Zapatero «para tratar de salvar el veto impuesto por la UE y Estados Unidos por sus conexiones con el servicio de inteligencia de Pekín». A ello, se alude en el artículo que las adjudicaciones continuaron.
«Qué fumada», ha terminado concluyendo Puente. En este sentido, ha explicado que es un mero contrato de piezas de sustitución que la misma UDEF suscribe en el informe: «No sé cómo, a partir de ahí, puede establecer ninguna conexión que sea útil para la investigación, me parece increíble. Acto seguido, conviene decir que el contrato ni siquiera es con Huawei, sino con un industrial español que suministra las piezas a demanda», prosigue desmintiendo.
Además de precisar que el contrato en cuestión es «a precio», también ha precisado que se firmó en abril y que, en las fechas actuales, aún no se ha ejecutado. «Vincular este contrato con ninguna trama es una cosa tan absurda y ridícula que no sé cómo puede un informe policial incluirlo en sus especulaciones«, ha reprochado. En este punto, señala a más medios de comunicación que se hicieron eco de estas informaciones, en especial, aquellos que publicaron que el contrato se reflejó en el BOE de Nochebuena, el 24 de diciembre, para que pasara desapercibido, pese a ser «uno de los BOEs más leídos del año»: «Es un argumento absolutamente ridículo. (…) Esto es desconocer por completo cuáles son las dinámicas de los procesos de licitación», ha lamentado.
«Si todo el informe es así, no me creo nada»
En la recta final del vídeo explicativo, Puente ha reconocido que, si todo el informe de la UDEF cuenta con características e informaciones de este calado, no se cree «nada»: «Sacar de aquí alguna conclusión útil para la investigación que no sea otra cosa que embarrar todo, a mí no se me ocurre«.
Lamentando este escenario político y judicial, el titular de Transportes ha reiterado que la libertad de expresión en España no está en riesgo, pero sí lo está «el derecho de los ciudadanos a obtener una información auténtica, rigurosa y veraz«: «Lo que vemos es: invenciones, exageraciones y, en el mejor de los casos, sensacionalismo. Rigor en la información, ninguno. ¿Por qué no lo hay y se cuentan cosas falsas? No hay interés en que el ciudadano esté informado, hay interés por derribar a un Gobierno y para eso vale absolutamente todo».
Para finalizar, ha dado dos matices más. Por un lado, que estas informaciones no tendrían por qué haberse publicado de esta manera «con una llamada del periodista a ADIF para preguntar sobre el contrato», algo que «la UDEF no ha hecho y este medio tampoco». Por otro lado, la empresa estatal hizo una rectificación pública desmintiendo el artículo en cuestión.
«Llegamos a la conclusión de que toca salir para explicar las cosas porque ni siquiera los medios recogen los desmentidos que mandas y establecer una relación directa con la ciudadanía, que no tendría que ser así porque no soy un medio de comunicación. Es un mecanismo de defensa, no queda más remedio que trasladar que estas cosas no son aceptables. Lo que se ve en el panorama mediático poco tiene que ver con la realidad», ha zanjado.
Pues aquí va el vídeo. Luego que nadie se extrañe de que hablemos de maniobras anti democráticas concertadas. Dudar de todo ya no es solo legítimo. Es una obligación. https://t.co/adFarVHYOTpic.twitter.com/LXhaW56iw3
Fue este jueves cuando el ministro de Transportes se refirió largo y tendido sobre esta realidad judicial con especial calado político para el PSOE y el Ejecutivo de Sánchez, percibiendo curiosas «coincidencias» en los tiempos del calendario judicial, así como ciertas «filtraciones» en ciertos medios de comunicación que, a sus ojos, darían respuesta a un intento de «derribo» al actual mando en Moncloa.
«En el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones en derribar un gobierno», aseveró en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados, lo que daría respuesta a «cuál es el sentido y el trabajo que algunos están haciendo, no con una convocatoria electoral y no en las urnas, sino con otras mañas y herramientas» que se alejarían del modelo democrático.
Sobre los casos de Leire Díez, por el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró el miércoles a Ferraz y fueron imputados distintos excargos del partido, como el caso Plus Ultra, Puente reiteró que siempre escuchó «que la JUsticia y la política tienen tiempos distintos, aquí no lo parece», lamentó.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
El juego mediático ha sido siempre uno de los elementos que más peso ha tenido en las estrategias políticas y electorales, de ahí que sea tan importante para los partidos hallar aliados entre los medios de comunicación. Se trata de encontrar líneas editoriales que puedan casar con las ideas defendidas por las distintas formaciones y tratar de acercarse a esas cabeceras periodísticas, que encuentren relevantes los discursos defendidos públicamente y que los difundan, desde un posicionamiento «favorable», entre las líneas de los periódicos, así como en los informativos o programas de radios y televisiones.
Es por ello que mantener relaciones sanas con determinados medios de comunicación se vuelve vital para los partidos, que necesitan de ese altavoz mediático para llegar a más personas y, también, disponer de un punto de apoyo en el día a día político. De ahí que, para el Gobierno de España, se estuviera tornando vital tratar de mantener la sintonía con la que contaba con dos de los principales medios de comunicación de España: El País y la SER. Ambos forman parte del Grupo Prisa y ambos están viendo condicionada la línea editorial que han mantenido históricamente, algo que se está produciendo fruto, principalmente, de las líneas que, desde hace un tiempo, viene marcando el presidente de este colectivo de empresas, Joseph Oughourlian.
Los cambios tanto en el periódico como en la emisora de radio se vienen notando de manera un tanto más acentuada en los últimos meses, en los que ha habido un distanciamiento entre estos dos medios y el Ejecutivo nacional. Esto es algo que no resulta positivo para el Gobierno, especialmente en la perspectiva de los socialistas, ante el año electoral que se aproxima y que traerá numerosos comicios en el 2027.
A lo largo de este tiempo de cambios, el equipo de Pedro Sánchez ha tratado de reconducir las relaciones con el Grupo Prisa, especialmente en lo referido a El País y la SER. No obstante, finalmente, según ha dado a conocer Infolibre, el Ejecutivo nacional ha desistido y suelta la mano de este colectivo de empresas, así como se distancia de Oughourlian. Los cambios que venían dándose en la línea editorial de estos medios han llamado la atención de muchos, siendo especialmente llamativos algunos como los que han propiciado la salidad de Pepa Bueno del periódico y de Angels Barceló de la radio.
Esta ruptura de relaciones halla una fricción inicial que ha derivado en la separación de caminos. Concretamente, se trata del conflicto abierto hace un año en torno al frustrado proyecto para impulsar una nueva cadena de televisión en abierto, iniciativa respaldada por parte de los accionistas minoritarios y algunos directivos del grupo. Oughourlian frenó aquella operación, provocando la salida de destacados defensores del proyecto.
Desde entonces, en el Gobierno observan una progresiva evolución editorial de las principales cabeceras de Prisa hacia posiciones más críticas con el Ejecutivo. En este contexto, cabe destacar que la fortaleza de Oughourlian dentro del grupo no responde únicamente a su peso accionarial. El empresario francoarmenio ha tejido una posición prácticamente blindada gracias a la estructura financiera de Prisa y a la influencia de sus principales acreedores. El caso más significativo es el de Pimco, uno de los mayores gestores de deuda del mundo, cuya renegociación de los compromisos financieros de la compañía quedó vinculada expresamente a la continuidad de Oughourlian en la presidencia.
De hecho, cualquier intento de apartarle del cargo activaría mecanismos que obligarían al vencimiento anticipado de cerca de 240 millones de euros de deuda. Una circunstancia que, en la práctica, limita la capacidad de maniobra de los accionistas y convierte la permanencia del actual presidente en una pieza clave para la estabilidad financiera del grupo hasta, al menos, 2029.
La reciente decisión de reducir el consejo de administración de 14 a 11 miembros ha sido interpretada por el Ejecutivo como un nuevo paso en esa consolidación de poder. La medida supondrá previsiblemente la salida del empresario Andrés Varela Entrecanales, impulsor de la sociedad Siete, adjudicataria de una nueva licencia de televisión en abierto, así como la de otras dos consejeras consideradas críticas con la actual dirección.
Mientras tanto, Prisa afronta una etapa decisiva para su futuro empresarial. El grupo cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros y ha fijado como objetivo estratégico aumentar su rentabilidad operativa para reducir progresivamente el peso relativo de ese endeudamiento. La compañía también prevé aprobar un contra-split accionarial que multiplicará por diez el valor nominal de sus títulos, una operación destinada a mejorar la imagen bursátil de una empresa cuyas acciones acumulan una depreciación cercana al 100% desde su salida al mercado.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
La crisis de la vivienda en España sigue siendo el principal problema al que las instituciones no están sabiendo responder. Pese a que el mensaje político es que garantizar el acceso para todos es la prioridad, los datos no dejan de dibujar un escenario cada vez peor. Un ejemplo es el informe ‘¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda?‘, publicado este jueves por Amnistía Internacional.
En él, la organización analiza las «medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso». Sus conclusiones son claras. En el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, España sigue sufriendo una «crisis estructural del derecho a la vivienda«, que no para de agudizarse para millones de personas a pesar de las iniciativas políticas. Para solucionarlo, Amnistía exige «aumentar el parque de vivienda asequible, regular el mercado del alquiler mediante control de precios y poner fin a los desalojos sin alternativa habitacional de personas vulnerables».
Las calles de Madrid, en las que el grito por el derecho a la vivienda es cada vez mayor, han visto nacer la iniciativa con la que Amnistía Internacional pone este problema en el centro. Justo cuando Bad Bunny inicia su residencia en España, el lema es el siguiente: «Es más facil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna«. El director de la sección española de la organización, Esteban Beltrán, la ha presentado este jueves frente al Congreso de los Diputados, como símbolo del reclamo directo al poder legislativo para cumpla con su función y solucione el principal problema de la población.
«No hay una vulneración más grave, ni por la extensión del tiempo, ni por el número de personas afectadas, que la vivienda como violación de los derechos humanos en España.», ha dicho a los medios en la Plaza de las Cortes. «Es lo más grave que ha documentado Amnistía durante años», asegura.
España, a la cola de Europa
El diagnóstico es preocupante. A pesar de las recientes medidas del Ministerio de Vivienda, la inversión sigue sin ser suficiente. Entre los motivos que avalan esta realidad, Amnistía sitúa la escasez del parque de vivienda social de alquiler, en el que España está muy por debajo de la media europea. Por un lado, en cantidad, pues las 318.000 viviendas de titularidad pública en nuestro país apenas suponen un 1,71% del parque total. En el caso del alquiler asequible, el área de Isabel Rodríguez lo sitúa en el 3,5% del total del parque en el mercado rentista.
Estos datos están muy lejos de la media de la Unión Europea, del 9%. Bruselas pone en evidencia la falta de «un sistema público de vivienda de carácter estructural», que es lo que pide Amnistía, pero los datos de algunos países —como Países Bajos, en la que el parque público supera el 30% del total, o Austria y Dinamarca, donde es más del 20%— sonrojan una falta que «evidencia el limitado nivel de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad».
Pero los datos son preocupantes también en cuanto a la inversión. España dedica un 0,5% de su PIB a vivienda pública, frente a la media Europea del 1,2% y países como Italia en el que llega al 4,4%. Amnistía valora el «esfuerzo» del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que además de un desembolso sin precedentes a las comunidades autónomas y de blindar las viviendas protegidas de salir al mercado, aumenta la inversión un 308% con respecto a la anterior ley. Sin embargo, la organización advierte que este incremento no quita que la financiación del plan no alcanza el 0,1% del PIB.
El alquiler temporal y los desahucios invisibles
El informe destaca que el precio de la vivienda se ha disparado en la última década sin que los salarios hayan crecido al mismo ritmo. El dato es demoledor: el 28,3% de la población con rentas más bajas dedica más del 40% de sus ingresos a pagar su casa. También se señala que la emancipación juvenil en España supera los 30 años, frente a los 26 de media en la Unión Europea. Esta precarización de la vivienda se explica con tres datos. Por un lado, los alquileres turísticos, que representan el 10% del parque residencial. También los alquileres de temporada, que han crecido un232% entre 2019 y 2024 y suponen en torno al 13% de la oferta total. Además, los contratos de habitación crecieron un 22% en el primer trimestre de 2026 con respecto al año anterior.
El alquiler temporal es una de las mayores fuentes de desigualdad en el acceso a la vivienda, a lo que se suma la desprotección a los inquilinos de habitaciones. Amnistía denuncia que estas personas quedan fuera de la protección plena de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pese a que muchas no eligen esa modalidad, sino que llegan a ella porque no pueden pagar una vivienda completa.
Por si fuera poco, el acceso a la vivienda es el ámbito en el que se dan más situaciones de racismo. El Ministerio de Igualdad subraya que el 27% de las personas que han sufrido discriminación racial señalan que ocurrió en el ámbito de la vivienda, seguida de los espacios públicos (22 %) y el ámbito policial (20 %).
Para Amnistía los desahucios siguen siendo un problema crítico en nuestro país. El informe recoge datos de la Plaforma de Afectadas por la Hipoteca y del Consejo General del Poder Judicial, que hablan de más de un millón de desalojos desde 2008, y más de 600.000 entre 2013 y 2025, respectivamente. Pero a esto hay que sumar un fenómeno que fomenta la especulación por parte de los fondos buitre que acumulan cientos de viviendas para mercadear. Los «desalojos invisibles«, que son aquellos en los que las personas se ven obligadas a irse de sus casas, ya sea por los precios inasumibles o por decisiones de los propietarios para poder sacar la vivienda de nuevo al mercado, y que no se pueden cuantificar.
Las ocho medidas que propone Amnistía
Amnistía recuerda que España tiene una «obligación jurídica de garantizar la asequibilidad de la vivienda«, a través de mandatos como los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la seguridad de la tenencia para la población urbana pobre, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos organismos han recomendado a nuestro país, entre otras cosas, que introduzca «sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades», y medidas para evitar la «manipulación de los mercados de la vivienda» por los fondos de inversión.
Sobre las medidas que sí se están tomando, o se plantean en las Cortes, el informe valora ese incremento del Plan Estatal con respecto a la anterior Ley de Vivienda del Ministerio, de 2023. Aún así, considera que es «insuficiente«, y señala el Congreso de los Diputados como fuente del problema de bloqueo a la regulación de la vivienda. Amnistía considera que es «necesaria y urgente» la adopción de la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones, presentada por las izquierdas y que se encuentra bloqueada en la Cámara Baja.
Por otro lado, el informe analiza dos propuestas del Partido Popular, las cuales pide al Congreso que no apoye. Se trata de las proposiciones de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda; y contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Se trata de las dos patas de la ley de vivienda del PP, tramitadas hace un mes y que proponen facilitar desahucios y eliminar la protección a los vulnerables.
El informe termina lanzando ocho exigencias a las administraciones para «contribuir, con medidas urgentes y estructurales, a superar la crisis de vivienda en España:
Firmar los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la finalidad de que la financiación se pueda ejecutar de la manera más rápida posible.
Aprobar un nuevo Real Decreto Ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos.
Inclusión de los contratos de alquiler de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos y tramitar de forma ágil la Propuesta de Ley para la regulación de alquileres temporales y de habitaciones, paralizada en el Congreso, para endurecer las condiciones de los mismos.
Aprobar en el Congreso el Real Decreto Ley de prórroga extraordinaria de contratos de alquiler en caso de que el Gobierno lo relance.
Incrementar las ayudas de emergencia para vivienda y, prioritariamente, a personas en procesos de desalojo para impedirlos.
Incrementar la financiación para ampliar el parque de vivienda social.
Aplicar fórmulas más ágiles que nueva construcción, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas.
Al poder judicial: Asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a una alternativa habitacional adecuada o a la garantía de ayudas públicas que permitan conservar la vivienda actual o acceder a otra.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante «las últimas investigaciones judiciales conocidas», en alusión al caso Plus Ultra y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz por el caso Leire Díez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados en regla con el artículo 203 del Reglamento de la Cámara Baja, según han confirmado este jueves fuentes de Moncloa, para «informar sobre la situación política» derivada de estos últimos acontecimientos.
El jefe del Ejecutivo central también aprovechará su comparecencia ante la Cámara Baja para informar a su vez sobre el último Consejo Europeo. Las fuentes del Gobierno no han confirmado una fecha concreta para la comparecencia de Sánchez, pero se prevé que se celebre este próximo mes de junio.
Desde su visita oficial a la Santa Sede por su audiencia privada con el Papa León XIV este miércoles, Sánchez se pronunció largo y tendido tanto sobre la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta implicación en el caso Plus Ultra, como por la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz, cuando este miércoles trascendió la imputación del exsecretario de Organización, Santos Cerdán; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Todos ellos bajo la causa de Leire Díez.
Sobre esta última cuestión, el jefe del Gobierno central admitió ante los medios de comunicación la “gravedad” de la investigación que está llevando a cabo el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, aunque defendió que la exmilitante socialista Leire Díez fue apartada hace un año. En este sentido, garantizó que, en caso de aparecer nuevos “comportamientos irregulares” internos, su partido actuará “con contundencia” y con plena colaboración con la Justicia.
Entonces, matizó que la UCO no accedió a la sede del PSOE por un “registro”, sino por “un requerimiento de información” sobre esta causa abierta: “Si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año”, indicó. Al tiempo, sobre las cuentas del partido, ensalzó la labor “escrupulosa” de Fuentes y señaló “los bulos” difundidos en torno a esta cuestión.
En lo que concierne a la imputación del expresidente socialista, Sánchez volvió a cerrar filas en su favor: “Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo”, insistió, teniendo en cuenta que el político investigado deberá acudir a declarar ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio.
Preguntado a su vez por si estos casos judiciales motivarían un adelanto electoral, Sánchez, una vez más, descartó al mayor este hipotético escenario, garantizando que agotará la legislatura hasta 2027. En estos términos, defendió convocar elecciones “por el interés general de los ciudadanos”, no por “interés partidista” de algunas voces, también en aras de no abocar al país a “una parálisis” política.
En estos últimos días, más allá de las peticiones del Partido Popular y Vox de convocar elecciones inmediatamente, algunos socios del Gobierno han venido exigiendo explicaciones sobre estas causas. Por un lado, desde ERC, Gabriel Rufián, no ha descartado este jueves la posible existencia de “unas cloacas del PSOE”, instando a Sánchez a acudir al Congreso a brindar explicaciones “detalladas, con nombres y apellidos”: “La gente merece una izquierda que no dé vergüenza”, ha apostillado.
Al tiempo, el principal socio en la coalición, distintas voces de Sumar han venido endureciendo el discurso con el ala socialista del Ejecutivo, también reclamando explicaciones claras, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha exigido “limpieza”.
El PSOE descarta “conductas delictivas” internas
Por su parte, fuentes de Ferraz han precisado este jueves, antes de conocer la decisión de su secretario general de comparecer en el Congreso, que desde el partido “no se ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas” que se recogen en el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire. “Ayer recibimos un requerimiento de documentación del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional que motivó la presencia de la UCO en la sede del Partido Socialista en Ferraz, 70. Dicha solicitud fue atendida con plena colaboración por parte del Partido Socialista, y concluyó a las 00:30 de la madrugada”, han precisado.
Las fuentes socialistas han agregado que el caso se encuentra aún bajo secreto de sumario y que son ellos los “primeros interesados en esclarecer” todo lo sucedido, reiterando a su vez que, desde que estalló la investigación a la exmilitante, el partido ha colaborado con la Justicia desde el primer momento. “La mayoría de las personas que aparecen citadas en este auto, han declarado ya en la causa abierta de ese procedimiento donde, además, el PSOE aportó la información y documentación que se le requirió en su momento”.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
Al Partido Socialista le empiezan a pasar factura en las encuestas los casos judiciales. El Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran hoy, y crecería con respecto a últimos sondeos. Sin embargo, el desgaste de los socialistas, que caen en intención de voto tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, no ha hecho que la intención de votar a Alberto Núñez Feijóo se dispare, siendo la izquierda alternativa la que capitaliza esa caída. Vox, por su parte, continúa estancado.
Todo esto se recoge en la encuesta que publica este lunes 20minutos, que se realizó tres días después de conocerse la imputación al expresidente del Gobierno—que fue el pasado 19 de mayo—, por lo que no tiene en cuenta la reacción socialista a lo ocurrido este miércoles, con la entrada de la UCO en la sede de Ferraz y la imputación a Santos Cerdán o la gerente del PSOE, entre otros, en el caso Leire Díez.
Según el barómetro, el PP ganaría las elecciones con el 34,8% de los votos, lo que supondría casi 2 puntos más que en los comicios de 2023. Los de Feijóo se mantienen al alza, y si que aprovechan algo el desgaste del PSOE, pero no aumentan esa tendencia a pesar de los casos que afectan a los socialistas. Buena prueba de ello es que, desde la última edición de este sondeo, de marzo, solo crecen dos décimas en intención de voto. La encuesta les otorga entre 144 y 148 escaños, lo que supondría siete más que los que tienen en la presente legislatura.
Ese misterio en la intención del PP no esconde un descalabro socialista. El partido de Pedro Sánchez empieza a notar el continuo desgaste por el goteo de casos de corrupción investigados a su alrededor, y ahora mismo conseguiría el 27,7% de los votos. Aquí lo llamativo es que, por ahora, la imputación de Zapatero no les hace perder más que dos décimas desde el anterior sondeo, y en el conjunto no han parado de crecer desde el verano, mientras que el PP ha bajado en ese periodo. Pero de cumplirse este pronóstico, el PSOE sí que perdería cuatro puntos con respecto al 23-J, cayendo también en asientos en el Congreso desde los 121 actuales hasta la horquilla de 107 a 111 escaños que le otorga esta encuesta.
Sumar se dispara, pero Vox suma con el PP
Lo que parece confirmar también este resultado es que Vox tocó su techo hace tiempo. Los de Santiago Abascal están reforzados como grandes ganadores del ciclo electoral que terminó hace una semana y media en Andalucía, consiguiendo entrar en cuatro gobiernos autonómicos con el PP. Esto les ha dado la oportunidad de controlar el relato en los últimos meses, con el debate de la prioridad nacional, lo que se traduce en un crecimiento que, no obstante, no es meteórico.
La ultraderecha conseguiría el 16% de los votos, lo que comparando con elecciones reales sería su máximo histórico y supondría casi cuatro puntos más que en 2023. Desde marzo, no obstante, tan solo han crecido dos décimas en este barómetro, recuperándose de una ligera caída tras más de un año de ascenso imparable. Esta cifra se traduce en una horquilla de 54 a 56 escaños, lo que supondría una subida de más de 20 desde los 33 actuales, y significaría que PP y Vox sumarían mayoría absoluta, con un combinado de 198 a 204 escaños.
Donde sí que se nota el desgaste del PSOE es a su izquierda. Sumar, con su configuración actual y a la espera de un líder que sustituya a Yolanda Díaz, lograría 5,7% de los votos. Aunque todavía no se ha confirmado cómo se van a configurar estos partidos, la encuesta evalúa a Podemos, que abandonó la coalición en diciembre de 2023, por separado. Los de Ione Belarra conseguirían el 3,5% de los votos.
Por separado los resultados son dispares. Sumar se dispara con ocho décimas másque en marzo, logrando capitalizar la caída del PSOE con de 7 a 9 escaños. Esto no quitaría un descalabro desde los últimos comicios, en los que consiguieron el 12,3% de votos y 31 escaños, que cayeron a 26 cuando Podemos y Més-Compromís se fueron al Grupo Mixto. Los morados sí que conseguirían mantener 2 o 3 escaños, según el sondeo. Juntando a ambas, que es como fueron en 2023, esto les supondría perder tres puntos en intención, y hasta 19 escaños menos que en los últimos comicios.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
Novedades en el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España. Según ha podido conocerse, su defensa ha solicitado que se declare la nulidad del proceso por el cual podría ser declarado culpable de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La causa, abierta en torno a su contratación como coordinador de los conservatorios por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, se abrió a partir de una denuncia presentada en el año 2024.
Precisamente, el abogado de Sánchez, Emilio Cortés, pide la nulidad del proceso haciendo énfasis en que la demanda fue presentada siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno y que la denuncia de Manos Limpias se basó en unos recortes de prensa. Así, el letrado apunta que la organización ultraconservadora señaló delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, fraude y exacciones ilegales. “Sin embargo, ninguno de esos delitos aparecen en el escrito de acusación, no se juzgan, lo que formalmente es llamativo”, expone el abogado.
Es por ello que la defensa de David Sánchez apunta que la raíz del caso «está podrida» y que la denuncia de Manos Limpias tuvo una “inspiración de signo político». Igualmente, Cortés también ha remarcado que la investigación ha ido cambiando, asegurando que, cuando se demostró que los posibles delitos planteados no se sustentaban, se buscó relacionar su caso con la trama de Víctor de Aldama. De esta manera, subraya que se demuestra que todo el asunto es «pura mentira, pura invención».
Además de el abogado de David Sánchez, el de Miguel Ángel Gallardo, quien fuera presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura, también ha pedido la nulidad del caso alegando en el auto de apertura de juicio oral aparecen hechos delictivos sobre a los que Gallardo no se le plantearon preguntas durante la fase de Instrucción. Así, hace referencia a la contratación por parte de la institución provincial de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, quien pasó a ocupar el cargo de jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, una plaza en comisión de servicio.
No solo argumentaba esto la defensa de Gallardo, sino que también presentaba una serie de documentación para justificar que la contratación de David Sánchez no tuvo porque implicar un acto irregular. Así, ha presentado una nota de prensa de la Diputación de 2016 cuando se empezaron a preparar los presupuestos del siguiente ejercicio, la convocatoria del comité federal del PSOE que en 2016 acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, la celebración de las primarias socialistas en mayo de 2017, que ganó y la celebración en junio de ese año del Congreso Federal. Se tratan estos de unos acontecimientos a los que hace referencia para justificar que en el momento de la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, durante la oferta de empleo público y la contratación del David Sánchez, su hermano no tenía poder orgánico en el PSOE.
Sin embargo, a pesar de estas solicitudes de nulidad del caso presentadas, es difícil que los tres jueces de esta causa atiendan a ellas, ya que la Audiencia de Badajoz ya rechazó todos los recursos planteados en este sentido y respaldó en la mayoría de las ocasiones la instrucción de la jueza Beatriz Biedma.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
El Crystal Palace ha frustrado el primer título europeo del Rayo Vallecano tras coronarse campeón de la Conference League en Leipzig con su victoria (1-0), gracias al gol del francés Jean-Philippe Mateta, que da al cuadro inglés su primer trofeo internacional en sus 101 años de historia y que impide al cuadro vallecano hacer bueno el lema de la pancarta que lució la afición vallecana desplazada a Leipzig: “Llévala al barrio, mi amor”.
Íñigo Pérez: «Animo a que vayáis al barrio para comprobar de qué pasta está hecha la gente de Vallecas»
Tras una primera de tanteo con un Crystal Palace más dominador y un Rayo timorato, el arranque eléctrico de los ingleses en la segunda parte echó por tierra el sueño continental del Rayo, quienes a pesar de cobrar vida con los cambios de Íñigo Pérez en el tramo final, se fueron de Leipzig sin la Copa.
Atenazados por la altura de la cita para dos extraños en estas lides, a los aspirantes les costó carburar en un inicio de partido donde Florian Lejeune emergió como cortocircuito para las acometidas de Ismaïla Sarr y Yeremy Pino, al mando de un Crystal Palace más entonado en el arranque de partido ante un Rayo atenazado.
No le duraba apenas el balón al cuadro vallecano ante la presión del conjunto de Oliver Glasner, pero un remate de Alemao a pase de Chavarría en el minuto 25, y un disparo con mucha intención de Unai López que rozó el palo de la portería defendida por Dean Henderson reconectaron a un Rayo que se fue al descanso con la sensación de haber ido de menos a más, pero con el susto en el cuerpo tras el cabezazo de Tyrick Mitchel que no fue gol de milagro.
Mateta materializa el dominio inglés
Sí acertó Jean-Philippe Mateta en el arranque de la segunda mitad para adelantar al Crystal Palace al aprovechar un rechace de Batalla a disparo de Adam Wharton que encendió a la afición inglesa, que veía cómo su equipo aceleraba hacia el título con un lanzamiento de falta de Yeremy Pino que jugó al billar con los palos y otro remate del propio Mateta que no encontró portería.
Con su equipo desbordado, Íñigo Pérez insufló aire a su equipo con los cambios de Illias Akomach por Isi Palazón, Mendy por Óscar, Pedro Díaz por Unai López, Sergio Camello por Jorge de Frutos y Alfonso Espino por Álvaro García, que volcaron el campo hacia la portería rival, pero no alcanzó para lograr la igualada.
“Nunca supo mejor una victoria, que contigo en la derrota”, así rezaba la pancarta que lució la afición rayista tras el pitido final que muestra a las claras el orgullo de una hinchada que reconoce el esfuerzo de un equipo que rozó el cielo en Leipzig.
Así te hemos contado la final de la Conference League 2026
Crystal Palace
Rayo Vallecano
rtve
Minuto Descripción
19:00
Bienvenidos a la narración, minuto a minuto, de la gran final de la Conference League que disputarán el Rayo Vallecano y el Crystal Palace en la ciudad austriaca de Leipzig, con el Red Bull Arena como escenario de fondo. Será la primera final europea para los dos equipos, pero solo uno tocará la gloria.
19:01
El Rayo no estará solo en el estadio de Leipzig, ya que más de doce mil aficionados llegados madrileños estarán arropando al equipo en esta cita histórica, para la que a distancia, en el Estadio de Vallecas, se han habilitado pantallas gigantespara que la gente que quiera pueda ir a ver el partido y sentir el ambiente de la gran final.
19:05
El sueño de todo un barrio y medio país.
Lee la PREVIA aquí.
19:10
Iñigo Pérez: «Debemos representar muy muy bien lo que es el barrio de Vallecas».
Revive las palabras del entrenador del Rayo Vallecano.
19:20
La gran familia rayista: del socio ‘número 1’ a la abuela del equipo.
Te lo hemos contado en este vídeo del Telediario.
19:30
AMBIENTAZO en Leipzig (Alemania).
FOTO: AFP
19:45
Crystal Palace vs. Rayo Vallecano
Croydon vs. Vallecas
Una serie de paralelismos dan para plantearse si Croydon es a Londres lo que Vallecas es en Madrid.
Conoce más de los barrios de los dos finalistas de la Conference League.
19:50
¡YA TENEMOS ONCE DEL RAYO VALLECANO!
Iñigo Pérez sale con Batalla, Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Chavarría, Unai López, Óscar Valentín, De Frutos, Alemao y Álvaro García.
Salen los jugadores a calentar al césped del RedBull Arena y los aficionados enloquecen.
20:45
20:53
Comienza la ceremonia previa a la final de la Conference League.
20:57
«Llévala al barrio, mi amor» se lee en el tifo de los aficionados del Rayo Vallecano.
20:58
SUENA EL HIMNO DE LA CONFERENCE LEAGUE
21:01
COMIENZA LA FINAL DE LA CONFERENCE LEAGUE ENTRE EL CRYSTAL PALACE Y EL RAYO VALLECANO
22′
CLARA OCASIÓN DEL RAYO VALECANO.
Primera vez que los de Iñigo Pérez llegan a la portería rival.
Alemao tuvo el primero del Rayo.
1′
Rueda el balón en el RedBull Arena de Leipzig.
3′
Falta sobre Yeremy Pino, jugada peligrosa a favor de los ingleses.
7′
Defiende el Rayo Vallecano en los primeros minutos de partido. Les toca sufrir a los de Iñigo Pérez una vez más.
Aquí está el tifo del Rayo Vallecano del que hablábamos antes.
FOTO: EPA
12′
Mucho trabajo para Lejeune esta noche. Los ingleses no se lo están poniendo fácil al Rayito.
16′
Ayyyyyyyy. Lo ha intentado Álvaro García sin éxito. Le robó el balón el extremo del Rayo a Canvot pero Lacroix le cortó el pase.
20′
LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DE LA FINAL ES PARA PATHÉ CISS.
Claro derribo sobre Yeremy Pino. A puntito de ver la cartulina de otro color…
23′
OTRA AMARILLA PARA EL RAYO
Esta vez se la gana ISI que llegó tarde y derribó a Mitchell.
24′
CLARA OCASIÓN DEL RAYO VALECANO.
Primera vez que los de Iñigo Pérez llegan a la portería rival.
Alemao tuvo el primero del Rayo.
30′
¡Media hora de partido! Parece que empieza a tocar un poco más el balón el Rayo Vallecano.
35′
PARTIDO PARADO ahora mismo.
Batalla habla con el árbitro y señala hacia la grada.
37′
En el videomarcador informan de una emergencia médica en la grada.
SE REANUDA la FINAL.
Ojalá no sea nada.
38′
UNAI LÓPEZ a PUNTITOOOOOOOOOOO de marcar el primero.
La tuvo el Rayo Vallecano pero todavía no llega el primer gol del partido.
41′
PRIMERA AMARILLA PARA EL CRYSTAL PALACE.
Amarilla para Whartonpor una entrada sobre Isi.
45′
CUATRO MINUTOS DE AÑADIDO.
45’+1′
La tuvo el Crystal Palace.
Ocasión claríiiiiisima de Mitchell. ¡¡¡¡El balón rozando el palo!!!!
45′ + 4′
FINAL DE LA PRIMERA PARTE
Empate a cero en Leipzig. Tuvieron ocasiones ambos equipos, las más claras del Rayo Vallecano las tuvieron Alemao y Unai López. Por parte de los ingleses, un cabezazo de Mitchell casi empaña la primera parte de los de Vallecas. Veremos que pasa en los siguientes 45 minutos.
Imagen que nos llega desde las calles de Vallecas.
FOTO: EUROPA PRESS
45′
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE DE LA FINAL DE LA CONFERENCE LEAGUE.
46′
No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Los mismos 22 jugadores sobre el terreno de juego.
48′
OTRA AMARILLA PARA EL RAYO
Esta vez se la gana UNAI LÓPEZ por una entrada sobre Kamada.
50′
GOOOOOOOOOOOOOL del CRYSTAL PALACEEEEEEE
GOOOOL de MATETAAAAAA
55′
LOCURA EN LEIPZIG.
TRIPLE PALOOOOOOOO.
Otra ocasión clarísima del Crystal Palace.
Disparo de falta directa de Yeremy Pino que da en el palo y Mateta vuelve a mandar el rechace al poste.
Menuda segunda parte
Mateta adelanta al Crystal Palace en la final de la Conference League.
CRYSTAL PALACE 1 – 0 RAYO VALLECANO
Enloquecen los aficionados ingleses que han viajado hasta Alemania.
56′
OTRA OCASIÓN DE MATETAAAAAAAA.
Batalla evitó el segundo gol del jugador del Crystal Palace.
59′
¡¡¡Menudos 15 minutos de inicio de la segunda parte!!!
60′
AMARILLA para ÁLVARO GARCÍA por una falta sobre Kamada.
Cuarta cartulina para el Rayo Vallecano.
63′
PRIMER DOBLE CAMBIO EN EL RAYO VALLECANO.
Se va UNAI LÓPEZ y entra PEDRO DÍAZ.
Se va OSCAR VALENTÍN y entra MENDY.
67′
OCASIÓOOOOON DEL RAYO.
OCASIÓN DE DE FRUTOS que manda el balón al lateral de la red.
69′
OTRO DOBLE CAMBIO DE IÑIGO PÉREZ.
Se va ÁLVARO GARCÍA y entra SERGIO CAMELLO.
Se va DE FRUTOS y entra PACHA ESPINO.
74′
Se marcha por encima de la portería la falta directa de Isi.
La tuvo el Rayo sin acierto.
75′
CAMBIO EN EL CRYSTAL PALACE.
Se marcha el autor del gol MATETA y entra LARSEN.
75′
AMARILLA para YEREMY PINO.
Cartulina para el Crystal Palace.
77′
ÚLTIMO CAMBIO EN EL RAYO.
Se va ISI y entra ILIAS.
80′
Segundo cambio del Crystal Palace.
Se va el canario YEREMY PINO y entra GUESSAND.
81′
AMARILLA PARA EL CRYSTAL PALACE.
Amarilla para CHADI RIAD.
82′
Intenta empujar CAMELLO y meter a su equipo en el partido pero el balón se marchó por encima de la portería.
84′
QUINTA AMARILLA PARA EL RAYO.
Tarjeta para MENDY por una falta sobre LARSEN.
86′
Le quedan pocos minutos al Rayo Vallecano para empatar el partido y forzar una prórroga.
90′
SE AÑADEN CINCO MINUTOS.
90′ + 2′
Quedan TRES MINUTOS de FINAL si el RAYO VALLECANO no dice lo contrario.
Falta a favor de los de Iñigo Pérez.
90′ + 3′
Lo intenta PEDRO DÍAZ pero no hay manera, le disparo se va desviado. Se empiezan a desesperar los jugadores del Rayo.
90′ + 5′
FINAAAAAAAAAL DEL PARTIDO.
EL CRYSTAL PALACE ES CAMPEÓN DE LA CONFERECE LEAGUE.
SE ACABA EL SUEÑO DEL RAYO.
23:00
Lo intentó el Rayo Vallecano hasta el final pero no pudo ser. Un gol de Mateta en el minuto 50 da a los ingleses una copa que ahora mismo ya tiene el nombre del Crystal Palace.
¡ENHORABUENA AL CRYSTAL PALACE!
23:03
No le salen las palabras a ISI PALAZÓN en la entrevista postpartido de Movistar.
OJOS LLENOS DE LÁGRIMAS.
El llanto de todo un barrio.
23:08
La alegría de los jugadores del Crystal Palace en la celebración del gol de Mateta.
FOTO: AP
23:11
La otra cara de la moneda… la tristeza de los jugadores del Rayo Vallecano.
FOTO: AP
23:12
Comienza la entrega de medallas. Suben a recogerla los jugadores del Rayo.
Durante años, el malestar latente entre el PSOE y Felipe González fue interpretado en Ferraz como una discrepancia propia entre generaciones políticas distintas. Sin embargo, en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya nadie oculta que la relación atraviesa su punto de ruptura más profundo desde la restauración democrática.
Lo que comenzó como una tensión soterrada tras las primarias socialistas de 2014 ha derivado, con el paso de los años, en una sucesión de reproches públicos, desautorizaciones políticas y choques ideológicos que han erosionado casi por completo el vínculo entre el primer y el segundo presidente con más días en el poder.
En el núcleo duro del PSOE se asume desde hace tiempo que González dejó de ejercer como “voz crítica” del partido para convertirse, de facto, en uno de los principales contrapuntos simbólicos al proyecto político de Sánchez. Tanto es así que el exmandatario socialista llegó a afirmar que ya no votaría al PSOE porque la formación “no le representa”.
El origen del desencuentro: del Congreso del año 2000 a las primarias socialistas
Aunque la fractura se hizo visible durante la segunda etapa de Sánchez, varios dirigentes históricos recuerdan que la desconfianza entre González y el actual modelo socialista tiene raíces mucho más antiguas.
El primer episodio se remonta al XXXV Congreso Federal del PSOE, celebrado en el año 2000 tras la mayoría absoluta de José María Aznar. Aquel cónclave marcó el ascenso inesperado de José Luis Rodríguez Zapatero frente al entonces favorito del aparato, José Bono, candidato respaldado personalmente por González.
La derrota de Bono dejó una primera huella política y emocional. González tuvo que convivir con un liderazgo que no había impulsado y cuya visión territorial y generacional chocaba parcialmente con la suya. Pese a ello, durante los gobiernos de Zapatero mantuvo interlocución frecuente con Moncloa e incluso influencia indirecta sobre algunos ministros de perfil felipista, como Pedro Solbes, titular de Economía y Hacienda y número dos del Ejecutivo.
No obstante, el expresidente nunca abandonó del todo su papel de conciencia crítica de la izquierda española. En la Moncloa zapaterista se percibía a menudo como un “pepito grillo” incómodo, especialmente en asuntos vinculados al modelo territorial y a América Latina.
Sánchez y González: dos modelos irreconciliables
La tensión alcanzó otra dimensión con la irrupción de Pedro Sánchez. González apoyó públicamente a Eduardo Madina en las primarias de 2014 y nunca terminó de asumir el liderazgo político del actual presidente del Gobierno. A partir de ahí, los choques se hicieron recurrentes.
En 2016, en plena crisis interna socialista, González expresó públicamente sus dudas sobre Sánchez y deslizó que el entonces secretario general anteponía “el interés del partido al del país”. El enfrentamiento se recrudeció un año después, durante el debate interno sobre la investidura de Mariano Rajoy. Mientras Sánchez defendía el “no es no” al PP, González se alineó con quienes apostaban por la abstención para evitar el bloqueo institucional y la dependencia de fuerzas independentistas.
Aquella batalla dejó heridas difíciles de cerrar. Dirigentes territoriales como el castellanomanchego Emiliano García-Page llegaron a afirmar públicamente que González se había sentido “engañado” por Sánchez respecto a la posición final del PSOE ante Rajoy.
Aunque hubo intentos de recomposición —incluidas reuniones privadas y gestos de reconciliación tras la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018— la distancia ideológica nunca desapareció. El Congreso Federal del PSOE de 2021 escenificó una tregua temporal, con abrazos y mensajes conciliadores. Pero aquella imagen terminó siendo efímera.
Cataluña, la amnistía y la ruptura definitiva
En Ferraz admiten que el verdadero punto de no retorno llegó con la política de alianzas parlamentarias del Gobierno y, especialmente, con el acercamiento a los partidos independentistas catalanes. González nunca ocultó su rechazo a la estrategia territorial impulsada por Sánchez y endureció progresivamente sus críticas tras los pactos con Carles Puigdemont.
La ley de amnistía terminó por dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación política. El expresidente sostuvo reiteradamente que esa medida no tenía encaje constitucional y acusó implícitamente al PSOE de alterar los consensos básicos de la Transición. “La Constitución no es un chicle”, llegó a afirmar en una entrevista radiofónica.
La sentencia del Tribunal Constitucional avalando la amnistía no ha suavizado el choque; al contrario, ha cristalizado una división de fondo dentro del socialismo español. En torno a González se agrupan quienes reivindican un PSOE más institucionalista, ‘caoba’, vinculado al consenso constitucional y al modelo clásico de Estado. Frente a ello, el sanchismo reivindica una política basada en la gobernabilidad parlamentaria, la negociación fragmentada y las alianzas plurinacionales.
Venezuela y América Latina: otro foco de conflicto
Otro de los grandes elementos de fricción ha sido la política latinoamericana. González mantiene desde hace años una posición extremadamente crítica con el chavismo venezolano y con el régimen de Nicolás Maduro. El expresidente socialista ha definido reiteradamente al sistema venezolano como una deriva autoritaria incompatible con los estándares democráticos occidentales.
Zapatero, por el contrario, apostó durante años por la mediación diplomática y el diálogo con Caracas, manteniendo interlocución directa con el chavismo. Esa diferencia estratégica terminó proyectándose también sobre la política española, especialmente tras la aparición de Pablo Iglesias y el ascenso de Podemos, formación con la que González mantuvo siempre una relación abiertamente hostil.
Del referente moral al crítico incómodo
La figura de González continúa teniendo un enorme peso simbólico dentro del electorado socialista tradicional y entre sectores históricos del partido. Precisamente por eso, cada una de sus intervenciones públicas genera un profundo impacto político y mediático.
Sin embargo, en el entorno de Sánchez existe la sensación de que el expresidente ha cruzado hace tiempo la frontera entre la discrepancia y la oposición frontal. Sus críticas a la amnistía, a la política territorial, a los pactos parlamentarios y, más recientemente, su afirmación de que ya no votará al PSOE, han sido interpretadas por amplios sectores socialistas como una deslegitimación pública del actual proyecto político del partido.
La consecuencia es una fractura ya prácticamente estructural entre dos maneras de entender el socialismo español: la que representa el legado institucional de la Transición y la que encarna el nuevo ciclo político inaugurado por Sánchez.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha sumado este martes a la petición del expresidente Felipe González y ha solicitado a Pedro Sánchez un adelanto electoral por la imputación del que fuera responsable del Ejecutivo de España, José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.
El máximo representante castellanomanchego considera que “este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia” y opina que “lo que está pasando no lo podemos ver solamente como un hecho aislado”.
“Llevamos ya mucho tiempo de un escándalo que tapa otro y que tapa otro y que cada vez va cogiendo más volumen”, ha declarado durante un acto de Toledo esta mañana.
Page ha admitido su “profunda preocupación” por los acontecimientos conocidos en los últimos meses y el impacto que pueden tener en el PSOE. “Preocupa incluso el hecho de saber que podemos estar, más que preocupados, enormemente decepcionados”, ha pronunciado.
«O cuestión de confianza, o elecciones»
En ese contexto, Page ha recordado la posición que defendió hace más de un año dentro de los órganos de partido, cuando dijo que “o cuestión de confianza, o elecciones”. A su juicio, aquella petición respondía a una cuestión de responsabilidad política: “Los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido socialista”.
En su tono habitual, en el que acostumbra a llevar a cabo reflexiones, ha rememorado la que realizó hace cosa de un año sobre la conveniencia de terminar con la situación política actual. En este sentido, siempre atendiendo a sus declaraciones, “prolongar la agonía perjudicaba a la inmensa mayoría, aunque pudiera beneficiar a unos pocos”.
Para él, de hecho, el contexto ha empeorado desde entonces: “Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar”.
En su intervención, el responsable castellanomanchego ha querido trasladar un mensaje de apoyo a la militancia socialista a quienes se identifican con los valores de la socialdemocracia, por quienes ha dicho estar “muy entristecido por los militantes”, lo mismo que por la “mucha gente que vota al PSOE”: “El PSOE es necesario, y la socialdemocracia el espacio en el que nos hemos encontrado mucha gente”.
Preguntado directamente por Zapatero, Page ha expresado en primera instancia su deseo de que los hechos entorno a los que giran su imputación se esclarezcan y le ha deseado “lo mejor” al expresidente del Gobierno.
El presidente de Castilla-La Mancha ha seguido defendiendo una posición de máxima exigencia ante cualquier caso de corrupción o investigación judicial, supuestos en los que, ha refrendado, “no valen amigos ni compañeros”. “Los que tenemos confianza depositada en la gente debemos ser los más exigentes en reclamar justicia”, ha acentuado.
En este sentido, ha afianzado que “si personalmente conociera a alguien que resulte investigado, será el primero en exigir, precisamente por esa confianza, el máximo rigor en la aplicación de la justicia”.
Felipe González
Page sigue con sus palabras la senda de Felipe González, quien el pasado lunes dijo abiertamente que “debería haber elecciones” este año. “El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio sino para la población”.
Sin embargo, González señaló que no ve a Zapatero “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. “Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a (saber) lo que es una sociedad offshore… No lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman ‘principito’…”, consideró.
El exdirigente socialista cree que la investigación del juez Calama hasta ahora ha seguido “pasos garantistas” y ha pedido esperar a que avancen las pesquisas, así como a respetar la presunción de inocencia, al margen de que “esté en desacuerdo político” con la persona a la que investiga la Audiencia Nacional.
“A mí me ha impresionado el auto y ayer por la tarde decidí dejar de leer los informes de la UDEF”, dictaba, acentuando que, si él fuera del PP no presentaría una moción de censura contra Sánchez porque se dejaría de hablar del caso de Plus Ultra y de la imputación para hablar únicamente de la moción.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
Estados Unidos ha vuelto a golpear territorio iraní en uno de los momentos más delicados de las negociaciones abiertas para intentar poner fin a la guerra que sacude la región desde hace tres meses. El Comando Central estadounidense confirmó a última hora del lunes una serie de ataques contra objetivos situados en el sur de Irán, cerca del estratégico estrecho de Ormuz, y los justificó como una acción de “legítima defensa” para proteger a sus tropas.
La operación, según la versión de Washington, no supone la ruptura formal del alto el fuego vigente, aunque sí introduce un nuevo elemento de tensión en unas conversaciones ya marcadas por la desconfianza entre las partes. El portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, sostuvo que las fuerzas estadounidenses actuaron contra emplazamientos de lanzamiento de misiles y contra embarcaciones iraníes que, según EEUU, intentaban colocar minas en una zona de enorme valor estratégico.
«Entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas», ha indicado Hawkins aseverando seguidamente que el CENTCOM «sigue defendiendo» a sus uniformados al tiempo que actúa «con moderación durante el alto el fuego en curso».
Ormuz, el punto más inflamable del tablero
Los ataques se produjeron en las proximidades de Bandar Abás, una ciudad portuaria del sur de Irán que alberga instalaciones navales clave y que se encuentra cerca del estrecho de Ormuz, paso obligado para una parte sustancial del comercio energético mundial. Medios internacionales informaron de explosiones en la zona, así como de incidentes cerca de otros enclaves costeros como Sirik y Jask, aunque el alcance exacto de los daños todavía no está completamente aclarado.
Fuentes citadas por medios estadounidenses aseguran que las fuerzas norteamericanas detectaron dos embarcaciones presuntamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní mientras colocaban minas en el estrecho. Washington afirma que actuó para neutralizar esa amenaza y evitar un posible bloqueo de la vía marítima. La explicación oficial insiste en que se trató de ataques “defensivos”, una palabra elegida con precisión para sostener que EEUU no busca descarrilar el proceso diplomático.
La importancia de Ormuz convierte cualquier incidente militar en un riesgo global. Por esa angosta ruta marítima transita una parte esencial del petróleo que abastece a los mercados internacionales, y su cierre o militarización plena podría desencadenar una escalada de precios, tensiones comerciales y nuevas presiones inflacionistas. De ahí que las negociaciones no solo interesen a Washington y Teherán, sino también a las monarquías del Golfo, a Europa y a las grandes potencias asiáticas.
Diplomacia bajo las bombas
La ofensiva estadounidense coincide con el viaje de negociadores iraníes a Qatar, donde se intenta articular una fórmula que permita congelar la escalada y avanzar hacia un acuerdo más amplio. Doha se ha convertido en uno de los principales espacios de mediación, con contactos centrados en la reapertura plena del estrecho, el mantenimiento del alto el fuego y una posible secuencia de alivio de sanciones a cambio de garantías iraníes.
El principal incentivo para Washington sería recuperar la libre circulación por Ormuz, mientras que Teherán aspira a obtener el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de activos congelados. Las cuestiones más sensibles, especialmente las relacionadas con el programa nuclear iraní, podrían quedar aplazadas a una segunda fase de negociación, previsiblemente bajo una prórroga del alto el fuego. Esa arquitectura permitiría a las partes vender avances sin resolver de inmediato los asuntos de mayor carga política.
Donald Trump trata de presentar el proceso como una victoria diplomática, pero el nuevo ataque complica su relato. El presidente estadounidense ha asegurado que las conversaciones avanzan, aunque al mismo tiempo mantiene la presión militar sobre Irán y amenaza con nuevas acciones si considera que sus tropas o sus intereses están en peligro. Esa doble vía —bombas y negociación— refuerza la imagen de una Casa Blanca que quiere imponer el ritmo de las conversaciones desde una posición de fuerza.
En paralelo, Trump ha introducido otra exigencia de alto voltaje político: que varios países árabes y musulmanes avancen hacia la normalización de relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham. La propuesta afectaría a actores como Arabia Saudí, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania, aunque no todos parecen dispuestos a asumir ese coste diplomático, especialmente en un contexto de guerra regional y fuerte rechazo social a la política israelí.
La maniobra busca también ofrecer una compensación política a Benjamín Netanyahu, que observa con recelo cualquier pacto que reduzca la presión sobre Teherán. El primer ministro israelí teme que un acuerdo limitado permita a Irán ganar tiempo, recuperar recursos económicos y mantener intactas algunas de sus capacidades estratégicas. Para Trump, sin embargo, ampliar la normalización con Israel serviría para envolver el pacto en una narrativa de reordenación regional.
El problema para Washington es que cada ataque erosiona la confianza necesaria para negociar. Aunque el Pentágono insista en que la operación ha concluido “por el momento” y que no pretende romper el alto el fuego, Teherán difícilmente puede ignorar que las conversaciones avanzan mientras sus posiciones son bombardeadas. La clave ahora será comprobar si Irán responde militarmente, si limita su reacción al terreno diplomático o si utiliza el incidente para endurecer sus condiciones en Qatar.
Súmate a
Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.
FOTO: AFP
FOTO: AFP
FOTO: RONALD WITTEK
FOTO: EPA
FOTO: AP
FOTO: AP
FOTO: AP