Cuando las inundaciones arrasaron el estado sureño brasileño de Rio Grande do Sul en 2024, causando la muerte de cerca de 200 personas y afectando a más de dos millones, el municipio de Eldorado do Sul fue el más afectado. Casi el 81% de la ciudad quedó inundada y sumergida, y barrios enteros se vieron obligados a reubicarse. Casi dos años después, para muchas familias, la esperanza de quedarse y reconstruir sus vidas sigue siendo escasa.
Algunas personas, como Ursula Silva Pedroso, de 48 años, siguen viviendo en una casa declarada inhabitable tras quedar completamente sumergida. Le han aprobado un nuevo alojamiento a través de un programa de vivienda pública, pero aún no hay fecha confirmada para su entrega.
Para Arisson Freitas, de 31 años, las opciones son aún más limitadas. Al no encontrar vivienda dentro del programa de compensación pública, se prepara para mudarse a más de 130 kilómetros de distancia. Su antigua casa, junto con el minimercado que regentaba con su madre, ha quedado reducida a escombros. Si bien su madre ha conseguido una vivienda en Eldorado, la mudanza separará a la familia. Han reabierto temporalmente el mercado de enfrente, pero la zona está programada para ser evacuada debido al riesgo constante de inundaciones. «Me gustaría quedarme, pero es imposible», dijo Freitas.
Sin embargo, en uno de los pocos terrenos que se salvaron de las inundaciones, se está construyendo un centro de datos a hiperescala. Se prevé que la futura Ciudad de la IA, desarrollada por la destacada empresa tecnológica latinoamericana Scala Data Centers, se convierta en el centro de datos más grande de América Latina. Tan solo la primera fase implica una inversión de hasta 500 millones de dólares y se estima que su coste total ascenderá a 90.000 millones de dólares una vez finalizado.
En un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la compañía, se afirma que el emplazamiento de la Ciudad de la IA de Scala «fue elegido por su probada seguridad frente a desastres naturales –incluidos los fenómenos climáticos–, su abundante suministro de energía y su capacidad inmobiliaria que permite una expansión continua durante décadas».
A poco menos de dos millas del emplazamiento propuesto para el centro de datos, una pequeña aldea indígena guaraní también lucha por permanecer en un lugar seguro. Durante las inundaciones, la comunidad, liderada por Estevan Garai, se vio obligada a evacuar su territorio original, situado a cierta distancia. Al regresar, encontraron sus hogares destruidos. Pero los daños no fueron causados únicamente por las inundaciones. El pueblo también se vio afectado por las excavadoras del gobierno que trabajaban en un proyecto de ampliación de la carretera.
Actualmente, la comunidad vive a unos tres kilómetros del emplazamiento previsto para el centro de datos, por lo que no tiene garantía de que se le permita quedarse. Al preguntarle sobre su posible nuevo vecino, Estevan expresó que no sabía nada: «¿Un centro de datos? No lo sabía«.
La difícil situación del jefe tribal refleja las preocupaciones surgidas en otros países, donde la rápida expansión de los centros de datos ha sido acusada de marginar a las comunidades locales. Una investigación del Environmental Reporting Collective en la India documenta el presunto desplazamiento de familias dalit de bajos ingresos —una de las comunidades más vulnerables del país— de su barrio en Mumbay para dar paso a un nuevo proyecto. En Tailandia, los residentes de las provincias de Chonburi y Rayong afirman haber sido mantenidos en la ignorancia sobre los proyectos urbanísticos previstos, en particular sobre su posible impacto ambiental.
Muchas comunidades indígenas de la zona afectada por el centro de datos desconocen el proyecto
Roberto Liegbott, coordinador de Cimi-Sul —una organización vinculada a la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Brasil que defiende los derechos indígenas—, afirma que numerosas comunidades indígenas de la zona afectada por el centro de datos desconocen el proyecto. Brasil es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, también conocido como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989, que exige la consulta previa con los pueblos indígenas sobre proyectos que afecten a su modo de vida tradicional.
En un asentamiento cercano del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST, por sus siglas en inglés), ocho familias también han solicitado ser reubicadas en terrenos más elevados. «Eldorado do Sul tiene terreno elevado y buena tierra», apunta João Francisco Morais Cardozo, también conocido como Tigre, del asentamiento MST. «Lo que se necesita es que el gobierno estatal compre un terreno del tamaño del centro de datos y lo ponga a disposición del municipio para construir una universidad, un centro de salud y desarrollar un nuevo barrio». Sin embargo, el gobierno de Rio Grande do Sul no respondió a las preguntas sobre la reubicación de las familias afectadas por las inundaciones ni sobre la situación de la comunidad indígena.
Scala ha declarado que está tomando medidas para «mejorar la resiliencia» de su infraestructura y mitigar el impacto de futuros desastres naturales y relacionados con el clima, incluidas las inundaciones. En su informe de sostenibilidad, la empresa afirmó que las inundaciones de 2024 demostraron cómo los impactos climáticos interconectados pueden afectar a zonas que anteriormente no se habían clasificado como de alto riesgo.
Según las proyecciones del modelo elaborado por el Environmental Reporting Collective, los efectos en cadena de las lluvias y el desbordamiento de los ríos impactan a varias ciudades, incluidas aquellas con baja exposición a inundaciones. Añadió que combina la modelización de datos con evaluaciones cualitativas para comprender mejor las vulnerabilidades generales y los impactos indirectos. Para Estevan, sin embargo, la consulta sigue siendo la principal preocupación. «Sería importante saber más», comenta, en referencia a a las estrategias de resiliencia ante inundaciones. «Pero los blancos nunca hablan con nosotros».
Este reportaje se ha elaborado en colaboración con el Environmental Reporting Collective (ERC) como parte de su serie global y colaborativa Dirty Data, que analiza los impactos humanos y medioambientales de los centros de datos. Lee la serie completa en www.dirtydata.earth.