El PP ha puesto la diana en la Ley de Nietos. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, afirma que el Gobierno está haciendo «ingeniería electoral» para «conseguir los votos que le faltan». Trata de amplificar, así, el fantasma de la manipulación de las elecciones como ya hizo Vox durante la comparecencia de Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso. Este martes, en una entrevista en esRadio, Feijóo se ha sumado con todo el equipo. El jefe de la oposición ha tratado de sembrar la duda sobre la limpieza del procedimiento de nacionalización al que están pudiendo acceder casi dos millones y medio de descendientes de españoles exiliados durante el franquismo. En concreto, ha cuestionado que el proceso en Cuba vaya a contar con todas las garantías y ha asegurado que el Gobierno se reserva «la capacidad» para asignar provincia a un solicitante de nacionalidad cuando este no sepa «muy bien en qué provincia quiere votar».
Un portavoz del Ejecutivo, en conversación con Público, niega rotundamente que el proceso de nacionalización de hijos y nietos de exiliados por la acción de la dictadura tenga ningún fin electoral. «Es un proceso garantista«, aseguran fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Desde Exteriores defienden, con esa misma palabra, la limpieza del procedimiento y descartan que se esté incurriendo en ninguna irregularidad en Cuba o cualquier otro país. También que el Gobierno tenga algún tipo de capacidad de decisión en la asignación de provincias —circunscripción electoral— a los solicitantes de la nacionalidad española.
El proceso está regulado por la conocida como Ley de Nietos, que en realidad es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué dice exactamente? Que «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española«. También «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978» y los descendientes de los españoles a los que ya se les reconoció la nacionalidad con la aplicación de la Ley de Memoria de 2007.
Tal y como aclaran fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, los datos son los siguientes: hasta el 31 de marzo, la fecha límite para realizar solicitudes de cita para la nacionalización, se registraron 2,4 millones de peticiones. De esos 2,4 millones, se han tramitado 1,2 millones de solicitudes en las oficinas consulares. 544.722 han sido ya aprobadas y, de ellas, 306.000 personas están inscritas ya en el registro, es decir, tienen la nacionalidad española y podrán votar en las próximas elecciones.
Las solicitudes de nacionalización en Cuba
Feijóo ha deslizado, en su entrevista en esRadio, que el PP está «preocupado» por el hecho de que, concretamente en Cuba, se haya confiado el proceso de la «revisión de las solicitudes» a una empresa cubana. Público ha preguntado al Ministerio de Exteriores por ello. «Es falso», zanjan. El Ejecutivo concreta que «en todo momento y bajo cualquier circunstancia, la aprobación del expediente de nacionalidad corresponde exclusivamente al personal funcionario del Consulado General».
Lo que ocurre es que «es habitual que las embajadas contraten a personal local» para el trabajo administrativo. En el caso concreto de Cuba, la Embajada de España colabora con Palco, un grupo empresarial del país. Esa colaboración, según el Gobierno, se extiende «desde hace más de 10 años«. Y especifica: «La legislación cubana obliga a las representaciones extranjeras que necesitan trabajadores locales para el ejercicio de labores administrativas en Cuba a hacerlo bajo la intermediación de Palco (entidad empleadora)». Así que no es algo que se someta a elección del Gobierno español. En cualquier caso, las fuentes de Exteriores consultadas remarcan que «las labores del personal local contratado en relación con los expedientes de nacionalidad y con cualquier otro expediente consular se limitan a un trabajo administrativo, en ningún caso a la aprobación del expediente final, que —subrayan de nuevo— corresponde en todo momento al personal funcionario del Consulado General».
La elección de provincias
Tanto Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han lanzado, este lunes, otra acusación. En concreto, han asegurado que la Ley de Memoria Democrática habilita al Gobierno central para asignar una provincia «cuando el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar«. Así lo ha explicado Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, ha afirmado que «el Gobierno no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según dónde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño«. Es una acusación de pucherazo en toda regla. «Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece«, ha añadido la baronesa madrileña, «ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal».
Nadie en el Gobierno entiende de dónde han sacado Feijóo y Ayuso un argumento de esas características. Desde luego, es un punto que no aparece en la Ley de Memoria Democrática. «En el momento de adquisición de la nacionalidad en el exterior, ha de presentarse un formulario firmado por el interesado de elección de municipio a efectos electorales», explica el Ministerio de Exteriores. «La elección por parte del interesado», completan, «la hará exclusivamente en función de los criterios previstos en el propio formulario: última residencia en España, municipio de mayor arraigo propio, municipio de mayor arraigo de sus ascendientes, y otros motivos, que deberán ser especificados».
En cuanto al papel de los funcionarios consulares, «no intervienen en ningún caso en la elección del municipio por parte de los interesados y se limitan a subir la declaración firmada al sistema, que es recibida por la oficina del censo». ¿Y si el solicitante no rellena la casilla del municipio en el que se quiere censar? Exteriores especifica que «si los formularios no están completos, se inadmiten» y «si aun así se envían con algún defecto, el CERA los rechaza». Las fuentes del ministerio de José Manuel Albares recuerdan, además, que «los votos emitidos en el exterior llegan a España exclusivamente por valija diplomática con todas las garantías de custodia«.
Este mecanismo de elección del municipio, con todo, «viene operando igual desde el año 2000«, tal y como explica el Gobierno. Su marco legislativo lo conforman el Real Decreto 991/2024, de 1 de octubre, sobre inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero y el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales.
El formulario adjunto a continuación es el documento de la Oficina del Censo Electoral que tienen que rellenar las personas que solicitan votar desde el extranjero y que aplicará, también, a aquellas que obtengan la nacionalidad por la Ley de Nietos. En él, se aprecia una casilla en la que se le pide, al solicitante en cuestión, el municipio en el que quiere se quiere adscribir y otra para el motivo que alega.
En el 23J, el voto CERA benefició al PP
Feijóo ha incidido con Jiménez Losantos en que Buenos Aires, con 640.000 peticiones de nacionalidad, se convertirá «en una de las grandes ciudades españolas». De hecho, según datos del Gobierno obtenidos por este medio, Argentina, con 1.096.000 solicitudes, acapara casi la mitad del total. Esto es, tal y como explica el Ministerio de Ángel Víctor Torres, porque la Ley de Nietos también incluye a los exiliados por motivos económicos producto de la dictadura. Muchos marcharon a Argentina.
Lo que creen en el PP, en cualquier caso, es que Sánchez busca con esta ley generar una fábrica de votantes. Sin embargo, el análisis del voto CERA en las elecciones del 23J —las de julio de 2023— desprende que el voto extranjero otorgó un triunfo al PP. Feijóo fue el candidato más votado con 66.422 votos, por los 58.973 que obtuvo Pedro Sánchez. El PP llegó a arrebatar al PSOE, incluso, un escaño por Madrid y fue la lista más votada, en términos de voto CERA, en siete comunidades autónomas: Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, Balears y la Región de Murcia. En Galicia, por ejemplo, Feijóo se impuso en las cuatro provincias.
De todas formas, no es nada nuevo que Feijóo trate de generar dudas alrededor del voto por correo. La hemeroteca está ahí. Ya en 2008, el popular ponía el acento en que los emigrantes gallegos en Argentina podían decantar las elecciones autonómicas y pedía «extremar la cautela» para asegurar «transparencia y neutralidad» en el voto por correo de los residentes en el exterior. Transmitir desconfianza no es una práctica particular de 2026.
Al mismo tiempo, en el PP dan importancia electoral a los españoles que viven fuera. Lo hacían antes y lo hacen ahora. Feijóo viajó a Argentina y Uruguay, en 2011, para pedir apoyo para Mariano Rajoy. 15 años después, este mismo lunes, Borja Sémper, portavoz nacional de la formación, ha subrayado que el PP «intentará» que les voten «esos dos millones y medio», en referencia al número de personas que potencialmente puede acceder a la nacionalización por la Ley de Nietos.
Preguntas al PP sin respuesta
Público ha planteado dos preguntas al PP acerca de las afirmaciones de Feijóo, que estaban sin respuesta en el momento de publicación de este artículo. Son las siguientes:
– Alberto Núñez Feijóo afirmó que «se ha dado» a una empresa cubana la responsabilidad de la «revisión de solicitudes» para la nacionalización de personas en el marco de la denominada Ley de Nietos. ¿A qué se refiere? ¿Dónde creen que puede encontrarse el fraude o la irregularidad?
– También ha dicho que el Gobierno «se deja la capacidad» para asignar la provincia cuando «el solicitante de la nacionalidad no sabe muy bien en qué provincia quiere votar». ¿En qué documento figura que es el Gobierno quien elige la provincia?