La muerte de Noelia Castillo, la joven de 25 años que accedió a la eutanasia en España tras 601 días de espera, ha traspasado ya el debate jurídico, político y social dentro de nuestras fronteras y ha saltado de lleno al terreno diplomático. La Administración de Donald Trump ha pedido investigar las circunstancias que rodearon su fallecimiento y ha ordenado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid recabar información sobre cómo se tramitó el caso, según ha publicado el New York Post a partir de un cable diplomático y fuentes estadounidenses.
La información del diario neoyorquino sostiene que el Departamento de Estado quiere conocer con detalle qué decisiones médicas, administrativas y legales permitieron culminar el procedimiento, en un movimiento que introduce un elemento de presión exterior sobre una ley, la de la eutanasia, vigente en España desde 2021. De acuerdo con ese mismo medio, responsables estadounidenses expresan dudas sobre los mecanismos de protección desplegados en situaciones de especial vulnerabilidad y ponen el foco en los supuestos en los que concurren sufrimiento no terminal y patologías psiquiátricas.
La ofensiva de Washington llega apenas unos días después de la muerte de Noelia, cuyo caso se convirtió en uno de los más dolorosos y mediáticos sobre el derecho a morir en España. La joven, parapléjica tras un intento de suicidio en 2022, había solicitado la eutanasia en abril de 2024. Su petición fue avalada por los cauces previstos en la legislación, pero quedó bloqueada durante más de un año y medio por la batalla judicial impulsada por su padre, que trató de frenar el proceso alegando que su hija no estaba en condiciones de decidir libremente.
Ese largo periplo judicial terminó convirtiéndose en el verdadero centro del caso. La oposición paterna, apoyada por la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, retrasó durante meses una decisión que Noelia había manifestado reiteradamente. La joven defendió públicamente su voluntad de morir y denunció el sufrimiento añadido que le estaba provocando la judicialización de su situación. Su historia reabrió el debate sobre hasta dónde pueden llegar los familiares para recurrir una decisión personal avalada por equipos médicos y comisiones de garantía. Finalmente, la joven recibió la eutanasia el 26 de marzo de 2026 en Sant Pere de Ribes, en Barcelona.
Del calvario judicial de 601 días a la presión de Washington sobre la ley española del derecho a morir
Ahora, el Gobierno de Trump trata de convertir ese desenlace en objeto de escrutinio internacional. El cable citado por el periódico estadounidense recoge además la supuesta preocupación de funcionarios de ese país por el hecho de que Noelia hubiera mostrado “dudas” antes del procedimiento, una circunstancia que, según esas fuentes, no habría sido atendida adecuadamente. Sobre esa base, Washington desliza sospechas sobre una eventual vulneración de derechos humanos y sobre el modo en que España aplica su legislación en casos complejos.
La irrupción de la Administración estadounidense reabre así una controversia que en España ya había alcanzado una enorme dimensión social y mediática. El caso de Noelia no solo puso a prueba los límites de la ley de eutanasia, sino también las costuras del sistema cuando una decisión íntima queda atrapada en una guerra judicial, ideológica y familiar. De hecho, tras su muerte, el Ministerio de Sanidad ha movido ficha para agilizar los procedimientos urgentes y corregir algunas de las grietas que el caso dejó al descubierto, con la intención de evitar que otras personas atraviesen una espera tan prolongada.
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Siguiendo la línea de discurso marcada en los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a reiterar este martes que la guerra en Irán no durará «mucho más», señalando que el estrecho de Ormuz, punto en caliente del conflicto bélico, se abrirá «automáticamente» después de que la presencia militar estadounidense abandone el país persa.
En estos términos, Trump ha señalado que no permanecerán «allí mucho más tiempo», pero que actualmente les está dando a las autoridades iraníes «una paliza», según ha deslizado este martes en una entrevista con el prestigioso periódico The New York Post. «Es una aniquilación total. (…) Aún nos queda trabajo por hacer para neutralizar su ofensiva, cualquier capacidad ofensiva que les quede», ha emplazado.
Preguntado a su vez por lo reflejado en un informe de TheWall Street Journal sobre que estaría dispuesto a acabar el conflicto bélico sin reabrirse el tráfico en Ormuz, ha insistido en que «no piensa en eso», sino que su «función» es acerciorarse de que Irán no tiene «un arma nuclear»: «Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente«, ha reiterado.
Ha continuado aplaudiendo su propia gestión señalando que “ha aniquilado” las fuerzas del país persa, “ya no les quedan fuerza”, según ha expresado. Con un recordatorio, a su vez, dirigido a la Comunidad Internacional, agregando que los países que han de cruzar por el estrecho de Ormuz prueben a abrir el tránsito: “Me imagino que quien controle el petróleo estará encantando de abrir el estrecho”, ha emplazado.
En un orden similar de las cosas, después de que la Guardia Revolucionaria iraní haya amenazado con atacar a las empresas estadounidenses, poco después del anuncio, Washington ha respondido a las amenazas asegurando que están preparados «para frenar cualquier ataque iraní».
Carga contra otros países por su «inacción» en Ormuz
Previamente este mismo martes, el mandatario de la Administración estadounidense ha reiterado su señalamiento a los aliados de la OTAN, esencialmente a los países europeos, por su inacción ante la crisis situada en Ormuz y el tránsito del petróleo y el gas natural licuado, reprochándoles su falta de cooperación en la guerra que él, junto a Israel, empezó hace ya un mes atrás.
Ha defendido así en sus redes sociales que Reino Unido y países vecinos, incluyendo a España, “no pueden conseguir combustible para aviones” debido a esta crisis energética: “es hago una sugerencia: en primer lugar, comprad a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y, en segundo lugar, reunid el valor que os ha faltado hasta ahora, id al estrecho y simplemente cogedlo”.
Asimismo, les ha denegado la ayuda de Estados Unidos para futuros frentes, asegurando que “tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles”.
Bajo el mismo marco, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha insistido en rueda de prensa en que la situación en el estrecho de Ormuz está mejorando y que “hoy circulan muchos más buques que antes”. En todo caso, ha reiterado las amenazas a Teherán para que reabra el paso o se atenga a las consecuencias: “Ha quedado claro para Irán: o lo abre al comercio o tenemos opciones, y desde luego las tenemos”, ha advertido, insistiendo en que los ataques a los medios navales, misiles de crucero costeros, drones o capacidades de contramedidas contra minas buscan “desgastar y derrotar” sus capacidades en el mar.
Irán muestra su deseo de finalizar la guerra
Desde Oriente Próximo, la intención de acabar con la guerra, debido a que son la parte más golpeada por el conflicto, es latente, pero con condiciones sobre la mesa. El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, ha declarado este martes que el país persa quiere alcanzar un acuerdo de paz con Washington, pero exige garantías para evitar que se repita una agresión de similares características.
Según ha recogido la agencia AFP, Teherán, que ha mantenido conversaciones con el presidente del Consejo Europeo, Antònio Costa, muestra su “voluntad necesaria para poner fin” a la guerra, siempre y cuando “se cumplan las condiciones esenciales”, en particular, para no volver a repetir un escenario de violencia bélica como el presente.
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Felipe González se torna la excepción que confirma una regla tras tornarse el único presidente de España desde la Transición que siguió ocupando un escaño en el Congreso de los Diputados tras haber dejado el liderazgo del Ejecutivo nacional. En aquella séptima legislatura tras el retorno de la democracia, que transcurrió desde el año 2000 hasta el 2004, fue cuando constituyó Ialcon Consultoría S.L.
Concretamente, la empresa fue creada en el año 2001, estando dedicada, tal y como reza su objeto social, a la compraventa de fincas rústica y urbanas, la urbanización de toda clase de terrenos, la construcción y rehabilitación de edificaciones y la promoción, venta y explotación en régimen de arrendamiento. Es decir, la compañía se centraba en el negocio de la vivienda.
González impulsó Ialcon Consultoría S.L., como se mencionaba, en el 2001, una compañía que compartió con sus hijos. De esta manera, lideró la empresa hasta que en el 2002 cedió el testigo a su hija. Eso sí, a lo largo de estos años se ha mantenido como accionista.
Según los datos a los que ha podido tener acceso este medio a través de Axesor, empresa dedicada al análisis de la situación empresarial de las firmas y a aportar toda la información sobre ellas, la empresa cuenta, tal y como apuntan las últimas cifras conocidas relativas al 2024, con un patrimonio neto superior al millón y medio de euros. Si bien, su volumen de negocio viene disminuyendo desde el 2014, año en llegó a rondar los dos millones de euros. De esta manera, tras haber caído en el 2020 a 500 mil euros, tanto en el 2023 como en el 2024 quedó por debajo de los 50 mil euros. Una caída que está propiciando a la empresa de Felipe González y sus hijos pérdidas superiores a los 100.000 en cada ejercicio.
Ialcon Consultoría S.L. no es una noticia especialmente nueva, ya que viene copando algunos titulares desde hace años, tanto por sus años de bonanza -por ejemplo, en el 2013 superó el medio millón de euros en beneficios-, como por los ejercicios de pérdidas que dejan números rojos al ex presidente del Gobierno a sus hijos. Si bien, también gozó de protagonismo en prensa cuando Felipe González todavía ocupaba un escaño en el Congreso de los Diputados, generando controversia pues en la actividad extraparlamentaria, según indicaba, por ejemplo, Libertad Digital en el 2002, solo recogía sus ocupaciones como abogado y conferenciante, sin hacer mención a Ialcon Consultoría S.L..
El entramado empresarial de Felipe González: de sociedades familiares a consejos estratégicos
Además de Ialcon Consultoría S.L., el entramado empresarial de Felipe González se extiende a otras compañías y cargos de relevancia. Por ejemplo, fue presidente de Tagua Capital, un vehículo de inversión en capitales de riesgo, del que se retiró en 2013 cediendo la dirección a sus hijos, aunque mantuvo la titularidad de las acciones. Su participación en estas sociedades refleja un patrón de implicación directa y familiar en la gestión empresarial, conservando control a través de la propiedad mientras delega la gestión operativa.
González también ha ocupado puestos como consejero independiente en empresas de gran peso económico, como Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), entre 2011 y 2015, percibiendo una remuneración anual de aproximadamente 126.000 euros. En la actualidad, desde 2019, forma parte del consejo de Boluda Towage, filial del grupo naviero Boluda, especializado en remolque, transporte marítimo y terrestre, y suministro de combustible. Esta sociedad reportó cifras de negocio superiores a 106 millones de euros en 2024 y beneficios netos de más de 12 millones, consolidando la posición de González en un entramado de empresas de gran relevancia y solvencia económica.
El vínculo con Vicente Boluda Fos, propietario del grupo naviero, es especialmente significativo, ya que demuestra cómo González se integra en estructuras empresariales familiares de alto nivel. Boluda es un empresario histórico de la Comunidad Valenciana, con un patrimonio superior a los 1.100 millones de euros, y lidera negocios internacionales de remolque, bodegas y participaciones en medios de comunicación y clubes deportivos. La colaboración con González, pese a su naturaleza atípica dentro de un grupo familiar cerrado, pone de relieve la estrategia de relacionamiento del expresidente con sectores económicos y empresariales clave.
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La guerra en Oriente Medio acaba de abrir otro frente. Esta vez, desde Yemen. Los hutíes han entrado de forma explícita en el conflicto y han llevado la escalada al mar Rojo, un espacio que ya arrastraba tensión desde hace meses, pero que ahora vuelve a situarse en el centro del tablero por una razón más grave: lo que ocurra allí ya no afectará solo a Israel, Irán o a sus aliados más directos. Puede golpear al comercio mundial, encarecer más la energía y complicar todavía más una guerra que ha dejado de tener un único eje.
El salto se produjo el pasado 28 de marzo, cuando los hutíes reivindicaron su primer ataque contra Israel desde el inicio de la guerra actual. Lo presentaron como una respuesta a los bombardeos sobre Irán, Líbano, Irak y Palestina, y avisaron de que mantendrán sus operaciones mientras continúe esa ofensiva. No era una amenaza genérica. Era una declaración de implicación directa.
Ese movimiento altera el conflicto en dos planos a la vez. El primero, el militar. Israel ya no tiene solo a Irán, Hezbolá o las milicias iraquíes en el radar. También tiene de nuevo a Yemen como plataforma de ataque. El segundo, bastante más delicado, es el económico. Los hutíes no solo pueden lanzar drones o misiles. Pueden volver a convertir el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb en una zona de alto riesgo para la navegación comercial, justo cuando Irán mantiene la presión sobre Ormuz y el petróleo sigue subiendo.
Yemen mete la guerra en la gran ruta marítima
Ahí está la clave de fondo. Yemen entra en la guerra por un sitio que importa mucho más allá del campo de batalla. Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y el océano Índico. Es uno de los pasos por los que circula una parte decisiva del comercio mundial. Associated Press recordaba este fin de semana que por esa vía suele pasar alrededor del 12% del comercio global. Ya no es una cifra abstracta. Es una pista bastante clara de lo que está en juego si los hutíes aprietan otra vez ese corredor.
No es un riesgo teórico. Los hutíes ya demostraron entre 2023 y 2025 que podían hostigar barcos mercantes, forzar desvíos y elevar los costes del transporte marítimo. Reuters detalló entonces cómo los ataques en Bab el-Mandeb empujaron a navieras y petroleras a evitar el canal de Suez y a rodear África, con trayectos más largos, más gasto en combustible y mayores primas de seguro. Ese precedente pesa ahora mucho. Porque el grupo yemení no parte de cero. Ya probó que puede tensionar una de las rutas más sensibles del planeta.
La diferencia es que esta vez el contexto es peor. Entonces había una crisis localizada alrededor del mar Rojo. Ahora hay una guerra regional en marcha, con Irán golpeado, Ormuz bajo presión y el Brent rondando los 116 dólares por barril. El crudo se encamina a un salto mensual histórico del 60% en marzo. Una subida que obedece, entre otras razones, a la entrada hutí en el conflicto y al ensanchamiento del riesgo energético hacia el mar Rojo y Bab el-Mandeb.
Ese dato ayuda a medir el tamaño del problema. Si Ormuz aprieta por un lado y los hutíes amenazan Bab el-Mandeb por el otro, la guerra deja de ser solo una sucesión de bombardeos y represalias. Pasa a tocar dos gargantas del comercio y de la energía global. Una en el Golfo. Otra en la puerta del mar Rojo. Ahí la escalada cambia de escala.
Un frente pequeño sobre el mapa, enorme en sus efectos
La entrada de los hutíes también deja otra lectura. Irán sigue teniendo capacidad para activar aliados regionales incluso bajo ataque. Teherán puede haber perdido posiciones, cuadros y parte de su infraestructura, pero conserva una red. Yemen es una pieza de esa red. No la más poderosa en términos convencionales, sí una de las más incómodas por su posición geográfica y por su historial de ataques asimétricos.
Eso obliga a mirar menos a los ejércitos y más a los puntos de fricción. Un misil desde Yemen no tiene el mismo peso militar que una salva iraní. Pero basta para obligar a Israel a repartir recursos, a elevar la vigilancia y a recalcular prioridades. Y un ataque o una amenaza sostenida sobre la navegación en el mar Rojo basta para elevar el coste del conflicto mucho más allá de la región. No hace falta cerrar del todo Bab el-Mandeb para generar daño. A veces alcanza con volverlo imprevisible.
La consecuencia más inmediata puede verse en los puertos y en las rutas. Reuters contó este lunes que grandes navieras están desviando otra vez más tráficos alrededor del cabo de Buena Esperanza y que puertos como Tánger Med ya se preparan para absorber ese aumento, con retrasos de entre 10 y 14 días y nuevos recargos por contenedor. La guerra, en ese punto, deja de parecer lejana. Entra en las cadenas de suministro, en los fletes y en los precios.
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El uso que Carlos Mazón hace del aforamiento que le concede su escaño en Les Corts para evitar ser juzgado, la crisis violenta vivida en Torre Pacheco cargada de un gran componente racista, el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía o el acoso que los grupos antiabortistas ejercen sobre las mujeres a las puertas de las clínicas son algunos de los puntos señalados por la Unión de Libertades Civiles por Europa (Liberties), formada por 40 ONG de 22 países, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2026. Un estudio en el que el principal grupo europeo de defensa de las libertades civiles ha mostrado preocupación en torno a distintos elementos que dibujan, tal y como remarcan, un complejo panorama en España.
Si bien, uno de los asuntos que mayor protagonismo ha recabado en este informe y sobre el cual ha pivotado, en buena medida, el informe para poner en cuestión el Estado de Derecho en España ha sido la condena a Álvaro García Ortiz.
Aún queda en el recuerdo, y sigue latente, toda la controversia que generó este proceso judical. Desde su apertura planteando la posible comisión de un delito por parte del que fuera fiscal general del Estado tras un bulo lanzado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, hasta el poco peso que tuvieron los testimonios de los periodistas que prestaron declaración y pasando por las pocas consecuencias que sus actos dejaron para Miguel Ángel Rodríguez, o cómo el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a ser presentado por algunos, incluso, como víctima.
Una nota de prensa, en la que se desmentía el bulo propagado por el jefe de gabinete de Ayuso, información falsa que él mismo reconoció haber propagado, derivó en una condena que no solo se tornó histórica. Entre otros motivos, no solo por ser la primera vez que se veía en un banquillo a un fiscal general del Estado, sino por cómo fue comunicada y todas las dudas que hubo en torno a si pudo haber influencia externa en los jueces que conformaban el tribunal.
García Ortiz fue cesado de su cargo, por orden judicial, después de haber intentado arrojar luz a los intentos de Miguel Ángel Rodríguez de adulterar la causa que había llevado al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid a los tribunales. El que fuera fiscal general del Estado respondió con una nota de prensa, que provocó su propia condena, a las informaciones falsas remitidas por Miguel Ángel Rodríguez, quien aseguraba a distintos periodistas que la Fiscalía había propuesto un pacto a Alberto González Amador, cuando la realidad era que la pareja de Ayuso pretendía llegar a un acuerdo reconociendo haber cometido un doble fraude a la Hacienda Pública.
Ahora, pasados unos meses, la Unión de Libertades Civiles por Europa asegura en su informe que el final del juicio a Álvaro García Ortiz plantea en España «interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas”. De esta manera, apunta a que hubo pruebas clave que no pudieron ser recuperadas ni por Google ni por WhastApp, pero que, sin embargo, fueron consideradas indiciarias para la condena, sentando, tal y como subrayan, «un precedente peligroso». No solo eso, sino que también pone en cuestión que el Partido Popular haya presentado el final del juicio como «un éxito».
Así, el informe muestra preocupación porque «la condena penal del Fiscal General representa la culminación de décadas de captura partidista del poder judicial, ahora en una fase avanzada de consolidación”.
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Tras la última decisión del Gobierno central de Pedro Sánchez de cerrar el espacio español aéreo para los aviones estadounidenses que participen en la guerra en Irán, la Casa Blanca, en manos de Donald Trump, ha contestado que no precisa de la ayuda de España para su ofensiva sobre Teherán.
Según ha desgranado un funcionario de la Administración Trump en declaraciones a la Agencia EFE este lunes, “las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están cumpliendo o superando todos sus objetivos en el marco de la ‘Operación Furia Épica’ y no necesitan ayuda de España ni de nadie más”.
Estas últimas palabras suceden a otras muchas amenazas y desencuentros de la Casa Blanca con España ante la postura esgrimida por el Ejecutivo central del ‘no a la guerra’ y de sumarse a la vía bélica en Oriente Próximo, marcando así el paso del camino diplomático que viene reclamando, desde el primer momento, el cese de las hostilidades de Estados Unidos e Israel sobre Irán, cuando el conflicto ya cumple un mes.
España cierra su espacio aéreo
Con el precedente de no permitir el uso de las bases militares de Morón y Rota al comienzo de la ofensiva sobre Irán, ahora, España ha decidido dar un paso hacia delante para cerrar el espacio aéreo a aquellos vuelos implicados en el conflicto bélico. Una prohibición que no permitirá despegues desde suelo nacional con estos fines y al sobrevuelo de aeronaves militares procedentes de bases de Reino Unido o Francia.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo ha confirmado este lunes al alegar a su vez que la guerra en Irán es “profundamente ilegal e injusta”: “Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente a la parte americana y a las fuerzas americanas, y por lo tanto ni se autorizan las bases, ni por supuesto se autorizan la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán”, ha subrayado.
Cabe recordar que el propio Trump animó a su Ejército a abandonar las bases militares españolas y del resto de países de la OTAN que no colaborasen activamente en proteger el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado y punto en caliente de la guerra.
Trump eleva sus amenazas contra Irán
Pese a haber esgrimido en previas ocasiones que podría darse un acuerdo entre las partes y la guerra podría terminar “en unas semanas”, el mandatario del Despacho Oval no cesa en sus amenazas contra las autoridades iraníes. Este lunes, sin ir más lejos, ha vuelto a reiterar que su Gobierno mantiene “conversaciones serias” con Teherán en aras de finalizar “las operaciones militares” en el terreno.
No obstante, en caso de no alcanzar “pronto” un consenso de paz y entendimiento, expresamente si no se reabre el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado, Estados Unidos responderá “destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg”: “Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de ‘Reinado del Terror’ del antiguo régimen”, ha precisado.
En las últimas horas, desde el lado contrario, las autoridades iraníes han vuelto a desmentir que se hayan producido contactos directos con el Gobierno de Estados Unidos y han puesto en duda que el presidente Trump tenga un interés real por lograr cualquier acuerdo. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, sí ha confirmado contactos a través de terceros, no directos como asegura la Casa Blanca, aunque ha lamentado que las primeras propuestas que han llegado desde Washington no son razonables.
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Los constantes acercamientos a la derecha política, mediática y económica del expresidente socialista Felipe González se entienden mejor si se pone la vista sobre un hecho probado: su privilegiada posición económica como consejero y hombre de negocios de varias empresas, algunas ya extintas hace años y otras en plena actividad.
El mapa del lobby del expresidente del Gobierno tiene varios brazos. Por un lado, están las empresas en las que se desempeñó en el pasado como administrador único y ahora permanece como accionista, y por otro, las empresas de las que ha sido o es consejero de manera independiente. En el primer grupo se encuentran Tagua Capital, dedicada a ser un vehículo de inversión en capitales de riesgo y de la que dejó de ser presidente y consejero en 2013 en favor de sus hijos, e Ialcon Consultoría, dedicada a la compraventa de fincas rústica y urbanas, la urbanización de toda clase de terrenos, la construcción y rehabilitación de edificaciones y la promoción, venta y explotación en régimen de arrendamiento. De esta segunda organización dejó de estar al frente como presidente en 2002, cediendo el testigo a su hija y manteniéndose como accionista. En concreto, el expresidente socialista posee el 78,2% de Ialcon, y el 21,8% restante se lo reparten a partes iguales sus tres hijos, María, Pablo y David, según consta en el registro mercantil. A su vez, los bienes inmuebles con los que cuenta la consultora son la propia vivienda de la hija de González, un chalé en Pozuelo de Alarcón que también hace las veces de sede social de la compañía.
Por otro lado, González fue consejero independiente deGas Natural Fenosa (ahora renombrada como Naturgy) entre 2011 y 2015, en un nombramiento que la empresa justificó por sus hilos con Latinoamérica. Un puesto por el que percibía unos 126.000 euros anuales, tal y como se hizo público en diferentes medios de comunicación. En la actualidad, el exdirigente socialista se desempeña como consejero independiente de Boluda Towage, una filial del grupo naviero Boluda, perteneciente al empresario valenciano Vicente Boluda Fos. Se desconoce el salario que percibe Felipe González por sus servicios como consejero independiente.
El expresidente socialista lleva, desde el año 2019, en el organigrama de esta filial del grupo naviero. Son tres las subdivisiones con las que cuenta esta empresa: Boluda Towage and Salvage (para el servicio de remolque), Boluda Lines (para el transporte marítimo y terrestre, y la logística portuaria) y Boluda Tankers (para el suministro y transporte de combustible). González se encuentra en el consejo de administración de la primera de ellas, que según los informes empresariales a los que ha accedido este medio, contó con un importe neto de cifra de negocios de 85.650.746 euros en 2023 y 106.168.664 euros en 2024, últimos datos disponibles. En cuanto a los resultados de los ejercicios fiscales, el último dato corresponde también a 2024, por valor positivo de 12.593.226 euros, precedido de 7.078.678 en 2023, de 1.682.399 en 2022 y de 399.296 en 2021, la cifra más baja coincidiendo con el año más difícil económicamente tras la pandemia.
Vicente Boluda, el pagador de González
Vicente Boluda Fos es una de las principales referencias empresariales de la Comunidad Valenciana. Hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de navieros, ha amasado su fortuna, principalmente, a través de esta actividad. Según la lista Forbes, tiene un patrimonio de 1.100 millones de euros y ocupa el puesto número 46 entre las grandes fortunas españolas. La mayor parte de sus intereses económicos están en la Corporación Boluda. El negocio más lucrativo del que dispone el empresario es la actividad de remolque, de la que es líder mundial desde hace cuatro años, cuando adquirió la neerlandesa Smith Lamnalco.
Boluda tiene, además, otros negocios de menos tamaño. Por ejemplo, las Bodegas Fos, que entraron en el grupo en 2006, con la incorporación de la bodega Palacios Sáez de Elciego, en la Rioja Alavesa. Actualmente, produce 170.000 botellas al año de venta en España y también exportadas a otros mercados como Canadá, México, Reino Unido y Taiwán en el contexto de exportación. Otras producciones son las de Vinagre y Aceite Fos. Produce unas 10.000 botellas anuales y comercializa el 65% de su producción.
Por otro lado, Vicente Boluda es también accionista de la Cadena COPE. Lo fue entre 2015 y 2018 y ha vuelto a serlo desde febrero de 2026, tras haber adquirido el 7% de la sociedad titular. Entre otro de sus recientes movimientos se encuentra también la irrupción en el accionariado del Levante UD, del que adquirió recientemente 4.130 acciones por valor de 248.212 euros. También en el mundo del deporte, cabe recordar que se desempeñó como presidente interino del Real Madrid durante los meses de 2009 que separaron el mandato de Ramón Calderón del segundo término de Florentino Pérez.
Boluda es también, desde 2011, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, el lobby privado empresarial que integra a otros hombres fuertes como Juan Roig, presidente y dueño de Mercadona. Vicente Boluda heredó la empresa de su abuelo y asumió la dirección en 1982 tras licenciarse en Derecho. El fichaje de González por la corporación llegó en la citada fecha, hace ya casi siete años, y fue de carácter atípico, ya que la empresa es completamente de carácter familiar. Vicente Boluda Ros permanece como administrador único de la misma y los espacios de gestión han sido cedidos únicamente a sus hijos.
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En la agenda de la Casa de Su Majestad el Rey debería estar señalada el próximo 2 de abril, jueves santo, la siguiente actividad: «Lavatorio de pies de SS.MM los Reyes en el Salón de Columnas del Palacio Real».
He entrado abuscarloy no está.Mal.
Les da asco o les da vergüenza. Mal igualmente.
Felipe y la ciudadana Ortiz, igual que antes hicieron Juan Carlos y Sofía, han roto una tradición de siete siglos sin dar explicaciones. No puede ser que las monarquías seleccionen lo que les viene bien o mal para continuarlo o no. Su única utilidad es mantener los teatrillos tradicionales para salir en el ABC, soportar tediosas audiencias, ofrecer almuerzos o cenas de gala a mandatarios extranjeros, firmar donde les dicen, ir a ver al papa, entregar galardones, inaugurar Fitur y el Salón de la Alimentación, presidir honoríficamente una cantidad ingente de patronatos y fundaciones que no tienen ni idea de para qué sirven, leer discursos, posar, acudir a desfiles patrios, recibir a deportistas con medallas, imponer condecoraciones a casposas órdenes de caballería… ¿Me dejo algo? Sí, me dejo mucho, pero nada de lo que me dejo ni menciono contribuye de forma activa y efectiva a que este país progrese.
Toda la agenda es absolutamente prescindible porque sus majestades son prescindibles. Cumplen con protocolos y compromisos que podrían gestionar de forma más efectiva y provechosa un buen equipo de relaciones públicas que adjudicaría cada evento al departamento o a las instituciones gubernamentales interesadas y entendidas en el contenido, y que ya de paso, seguro, limpiaría de polvo y paja más de la mitad de las actividades que ahora pueblan la agenda de Felipe, Letizia, Leonor, Sofía y la otra Sofía. Unas son absurdas; otras, medievales; otras, carentes de interés, y todas innecesarias.
Sería impagable poder ver en la prensa a la ciudadana Letizia lavando y secando los pinreles de doce mujeres mendigas, y a Felipe los de otros doce mendigos. ¿Por qué nos hurtan este centenario acto del lavatorio de pies?
Decía que en la agenda de sus majestades debería estar previsto el jueves 2 de abrilde 2026el lavatorio de piesen el Palacio Real,porqueesaviene siendo suobligación,como católicasmajestades que son,desdehace 784años. Y,además,sería impagablepoderver en la prensaa la ciudadana Letizia lavandoy secandolos pinreles de doce mujeresmendigas, y a Felipelos deotros doce mendigos.¿Por qué nos hurtaneste centenario acto del lavatoriode pies?Pues por lo mencionado anteriormente, porque les da ascoy, disimuladamente, se lo han cepillado de susobligacionesa ver si no nos damos cuenta.
El saltarse lastradiciones es un derecho reservado a la plebe. Si la permanencia de la monarquía solo se basa en la tradición,aquí ni dios debe saltarse una de las más ancestrales. Si el pasado 20 de marzo Felipe acudióal hipócrita acto de su toma de posesión comoprotocanónicode la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma,tal y como se viene haciendo desdehace siglos, que lave también los pies de losmendigos.
Si la pecadora Letizia cumplió con la tradición de acompañar de mala gana a su marido a ese solemne acto en Roma que concluyó con rezo de padrenuestro y bendición, y si utiliza en sus audiencias con el papa el privilegio del blanco reservado a las católicas reinas de España, pues que lave también los pies de las mendigas. Y por cierto, ¿mantuvo la señora Ortiz durante el rezo en la basílica dirigido por el arcipreste cardenal Rolandas Makrickas esa chulería de no santiguarse cuando toca y que practica deliberadamente en España para dejarse ver y recuperar su imagen ateísta? No lo sé. Se han cuidado muy mucho de que no haya más imágenes que las oficiales, pero ya les aseguro yo, sin pruebas pero también sin dudas, que Letizia dobló la cerviz ante la alta representación de la multinacional, genuflexionó y hasta besó anillos.
Los reyes de España y León XIV en un encuentro en el Vaticano, el 20 de marzo de 2026.
Y otro por cierto… dado que ha venido servido por la actualidad: dejen de indignarse los ateos (¡no piquen, por el amor de dios!) con situaciones como la de la cofradía de machirulos de Sagunto que no permite procesionar a las mujeres. ¡Pues por supuesto que no deben procesionar! Son las normas de una secta destructiva que deben acatar todas y todos los miembros que voluntariamente pertenecen a esa banda. ¿Qué demonios hacen los ateos y los agnósticos defendiendo absurdos derechos de unas mujeres pertenecientes a una pandilla religiosa machista, homófoba, pedófila y déspota? No me sean flojos… no caigan en la trampa… que los de la secta quieren estar en misa y repicando y solo entonces reclaman la solidaridad de los mismos a los que desprecian por herejes. Mi apoyo a los machirulos de Sagunto.
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Si el pasado 20 de marzo Felipe acudió al hipócrita acto de su toma de posesión como protocanónico de la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma, tal y como se viene haciendo desde hace siglos, que lave también los pies de los mendigos
Si han llegado hasta aquí con la incredulidad lógicaque suscita esto del lavatorio de pies,llega el momento de aclarar que esto no es producto demimala baba republicananide mi absoluta repulsa hacia los miembros pasados, presentes y futuros de esta arcaica institución.Lavar los pies adoce mendigoses una obligación de los reyes deEspañacada jueves santoque se rompió sin justificación alguna en 1976aprovechando la desinformación endémica de los españoles.
Por remitirme a los últimos reyes que cumplieron a rajatabla con esta obligación católica e hispana, Alfonso XIII y su consorte británica, permítanme que imagine cómo fue el momento en el que el responsable de protocolo de la casa real cumplió con la complicada tarea de explicarle a la señora majestad Victoria Eugenia el rito con el que tuvo que cumplir el jueves santo de 1907, la primera semana santa que le tocó chuparse en este país y que la escandalizaría como escandaliza todavía hoy a todo cristiano anglicano convencido.
Los anglicanos ven con muy malos ojos las juergas católicas procesionales porque les produce enorme rechazo el boato y el despiporre de estatuas, todas lujosamente vestidas y enjoyadas hasta las cejas. A ellos no les encaja el derroche de la semana santa católica porque ese lujo atenta contra las enseñanzas básicas del cristianismo. Tampoco les gusta que se celebre tan ostentosamente la muerte, ni la exhibición de tanto cristo sangriento, tanta estatua de señoras llorosas, tanto dolor… porque ellos vuelcan la celebración en la supuesta resurrección, que es más guay. Mucho mejor resucitar que morirse… donde va a parar.
El obispo de los anglicanos en Madrid se preguntaba hace unos años «¿Qué diría Jesús si se viera paseando por las calles encima de un trono, con vestimentas bordadas en oro?». Pues qué va a decir, señor obispo remilgado… que el negocio es el negocio.
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Entre los cristianos, además, ni siquiera coinciden las cuentas. Los ortodoxos y anglicanos celebran el sábado de resurrección, no el domingo, pero porque tienen poco ojo para ver la rentabilidad de tanto muñeco de acá para allá. Además, si Jesucristo no existió y no murió… igual da el día que lo resuciten. El obispo de los anglicanos en Madrid se preguntaba hace unos años «¿Qué diría Jesús si se viera paseando por las calles encima de un trono, con vestimentas bordadas en oro?». Pues qué va a decir, señor obispo remilgado… que el negocio es el negocio.
A lo que iba es a que la primera semana santaa la que se enfrentóla jovencitareina de EspañaVictoria Eugenia,con solo 19 años,debió sera finales de marzo de 1907, y con su embarazo muy avanzadopuesto que el príncipe de Asturias Alfonso nació en mayo. No puedo asegurar que aquel jueves santoVictoria Eugenia pudiera cumplir con el rito del lavatorio de pies con un bombo de ocho meses, pero si no fue ese año fue al siguiente, y aunque se librara en su primera semana santa, en la segunda ya no la salvó ni dios.
Elencuentro entre el responsable de protocolo de casa real intentando explicarleen inglésa la británica la que se le venía encimadebió de ser más o menos así:
-Majestad… el jueves santo, siguiendo la tradición centenariacon la quelos reyesy reinasde la monarquía hispánicacumplen cada año desde hace más de sietesiglos, debe lavarleslos pies a doce mujeres pobres.
–¡¿What?!
-Como lo oye…
-¡¿Why?!
-Porque eso hizo nuestro señor Jesucristoconsus doceapóstolesen el cenáculo, ypara demostrarque además de su reyy maestrotambién era su servidor,tomó aguaylavólos piesa todos.En total 24pinreles.
-¡¿Where?!
–En el MonteSión, señora majestad. Lo pone en lanovela.
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-¡No!¡Quedigo que dóndetengo que hacer esa guarrería!
-Ah… no se preocupe, no tiene que acudir a los suburbios.Se las traemos aquí,al palacio.
–¿Ysolo porque lanoveladigaque Jesucristo hizo eso tengo que hacerlo yo?
–Así se hace desdequeFernando III El Santoinició la tradición… que,por cierto, majestad, no lo difunda mucho, pero no fuesanto. Nuncafue canonizado. Fue una trampade esta sacra monarquía hispánica porque era la única nación sin un rey en el santoraly consiguieron hacer un apaño.
–OK… no digo nada de lo del tal Fernando, pero…¿lo de los piesno lo puede hacer mihusband?
–No…porqueél también tiene que lavar otros 24 pies de docemendigos.
–Idon’tunderstand…Si Jesucristonuestro señorse supone que lavó los pies alos doce apóstoles,¿por qué nosotros tenemos que hacerlocon el doble y lavárselos a24 pobres? En total son48 pies… soyguiripero sé contar.
-Es la tradición, señora majestad… ¿Es que cuando usted era anglicana, yle recuerdo asu majestad queesto fuehasta el año pasado, novio la ceremonia del lavatoriode piesdel jueves santoenel castillo de Windsor?
-¡¿EnWindsor?!¡¿La abuelita Victoria o mi tíoel reyEduardo VIIlavando los pies de los pobres?! ¡Ohmygod!
-Se trata de una ceremonia litúrgica cristiana, señora majestad…
–Pero es que solo aquí os lo creéis todo…Hacelongtimeque lo de los pies se sustituyó por dar unas limosnas…
-Puessorry, peroeso no es todo…A los pobres también hay que darles de comer.
–Pues que les den.
–Es queson sus majestades los que tienen que servirles…
-¡¿What?!¡¿Why?! ¡¿Where?!
-Es la tradición.Lo pone en la novela. También aquí, en palacio.
-Pero… ¿dónde demonios diceen la Biblia que tenemos que servirles?
–En el mismo párrafo de lo de los pies.Ya sabe… repartió el pan, sirvió el vino…
-¡Ohmygod!
Teatrillos al margen, pero con la seguridad de la absoluta sorpresa de Victoria Eugenia cuando le comunicaron el rito que estaba obligada a cumplir, quien haya leído la novela relacionará esto de lavar los pies con uno de los cuentitos que la integran. En concreto el titulado Lavatorio de los pies, capítulo 13, versículos 1 al 15, que dicen que escribió un tal Juan y que recoge cuando el tal Jesús, durante la última cena antes de que lo trincaran, agarró una jofaina con agua y una toalla y lavó y secó los pies de sus doce discípulos.
La ‘performance’ del lavatorio fue adornándose a lo largo de setecientos y pico años hasta llegar al siglo XX, en el que la ‘performance’ pasó a ser una bufonada tradicional con la que han venido cumpliendo, como tiene que ser, todos los reyes, reinas, consortes y regentes.
Fue el rey castellano Fernando III, el conquistador de Sevilla, el que en el año 1242 tuvo la genial idea de reproducir la escena. La performance del lavatorio fue adornándose a lo largo de setecientos y pico años hasta llegar al siglo XX, en el que la performance pasó a ser una bufonada tradicional con la que han venido cumpliendo, como tiene que ser, todos los reyes, reinas, consortes y regentes. Como no había apóstoles a mano, los responsables de casa real se encargaban de buscar 24 pobres, doce hombres y doce mujeres, para que el rey y la reina hicieran su teatrillo con presencia de Grandes de España, la prensa y toda la plebe que entrara en la tribuna que se instalaba en el Salón de Columnas del Palacio Real. Ante las lógicas dudas de algunos lectores sobre este asunto, les remito a la hemeroteca del portavoz oficial de los borbones, el ABC, que informaba con todo lujo de detalles y numerosas imágenes la majadera ceremonia del lavado.
Felipe VI y Letizia asisten a una ceremonia para asumir el título histórico de protocanónigo honorario de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en Roma, el 20 de marzo de 2026.
Durante el periodo de Isabel II, la reina lavaba los pies de las mujeres, mientras el consorte Francisco se ocupaba de los de los hombres bajo la atenta y tierna mirada de su novio Antonio Ramos. Con la restauración de los borbones en la figura de Alfonso XII recuperaron la ranciedad católica, y luego su viuda, la austriaca María Cristina, cumplió con el lavado de pies exclusivamente a mujeres. A ella tuvieron también que explicárselo, pero en alemán, cuando la facturaron a España para casarla. Durante la regencia cumplió sola con el lavatorio, sin que participara ningún hombre, pero en cuanto llegó a la mayoría de edad Alfonso XIII su madre se desentendió de semejante asquerosidad y empezó a cumplir con el rito él solo y solo con hombres (¿se entiende o ponemos tilde?). Cuatro años después se casó con la british Victoria Eugenia, y desde entonces compartieron la gansada cada jueves santo de cada año.
Hasta cuándo duró esto, puede que se pregunte algún lector con voz entrecortada. Hasta 1931. Probablemente la última sandez de Alfonso XIII y Victoria Eugenia antes de partir expulsados aquel 14 de abril fue cumplir doce días antes, el 2 de abril, con el que sería definitivamente el último lavatorio de pies de los borbones. Estoy segura de que, solo por eso, y por dejar de lavar pies de pobres, les mereció la pena el exilio. No consideraron necesario mantener la payasada ni hubo que buscar mendigos franceses, suizos, británicos o italianos por las distintas residencias que recorrieron, ya por separado, en su peregrinaje europeo. ¿Se imaginan a Alfonso XIII en su suite de 300 metros cuadrados del Gran Hotel de Roma recibiendo a doce mendigos romanos para lavarles los pies en jueves santo? Lo que recibía eran novias.
Los pobres seleccionados tenían que ser ancianos, y antes del día de la ceremonia los 24 eran minuciosamente reconocidos por los médicos de palacio. Sarnosos, piojosos, tuberculosos y demás osos quedaban excluidos, no fueran a pegarles algo a sus majestades
Existendatos muy precisos y detallados de la ceremonia del lavatorio de piesdurante todo el primer tercio del siglo XXen el Palacio Real, así que borren ya de una vez por todasese ceño arrugado que denota incredulidady sigan empapándose: los pobresseleccionados tenían queser ancianos, y antes del día de la ceremonia los 24 eran minuciosamentereconocidospor los médicos depalacio, encargado dedeclararlos o no aptos para participardel evento. Sarnosos, piojosos, tuberculosos y demás osos quedaban excluidos, no fueran a pegarles algo a sus majestades.Una vez pasado el examen a todos y todas se les facilitaba una indumentaria adecuada, que una cosa es sermendigo yotramuy distintaparecerlo.
Tanto a mujeres como a hombres, a los que vestían con traje, capa y chistera que podían quedarse luego, les obligaban previamente a bañarse y rascar bien la mugre con estropajo y jabón, especialmente los pies porque eran los que tenían que tocar y besar los reyes. No duden que hasta les harían la pedicura porque alguno llevaría las uñas como gavilanes.
El rito continuaba con los doce mendigos sentados en una fila y las doce mendigas en otra, cada uno con su par de pies metidos en una jofaina. El rey y la reina, cada uno en la fila de sus correspondientes pobres, se agachaban, les pasaban la manita con agua por los pies, sin tocar mucho, y los secaban. Avanzaban entonces hasta el siguiente mendigo mientras un grande de España se encargaba de ponerle al pobre anterior los calcetines y los zapatos. Una vez terminado el suplicio real, los reyes tenían aguamaniles de oro que sujetaban un duque y una duquesa, también grandes de España, donde lavarse ellos mismos las manos después de haber tocado doce pares de pies de pobres.
Y llegaba entonces el segundo acto: la comilona. Cada uno de los grandes de España tenía asignado un indigente al que acompañar hasta la gran mesa del Salón de Columnas de palacio. Cada duquesa o marquesa acompañaba a la mesa a su mendiga, y cada marqués o duque a su pobre asignado. Hombres pobres, a un lado de la mesa. Mujeres pobres, al otro. Algunos años, en mesas separadas. Los mayordomos les daban los platos a los reyes, que los ponían en la mesa delante de los pobres. Y ahí finalizaba la puesta en escena, porque los comensales no podían disfrutar allí del banquete. Los ocho o nueve platos bien abundantes (tortilla de patata con cebolla, merluza frita, congrio con arroz, lenguados fritos, empanadilla de sardinas -la carne ni olerla, que era vigilia-, coliflor, alcachofas rellenas, salmonetes asados, torta de hojaldre, queso de bola, arroz con leche, aceitunas, frutos secos, ciruelas, melocotones confitados y naranjas… con ligeras variaciones cada año) se guardaban en tarteras, y a cada uno de los pobres, además de la ropa, los zapatos y demás complementos del atuendo les regalaban un gran canasto donde guardaban, no solo la comida sobrante que permitía comer a una familia varios días, sino las jarras del vino, los saleros, los vasos, las cestas del pan, las fuentes… porque todo eso les permitían llevarse de recuerdo de aquel caritativo y humilde acto borbónico. Lo cierto es que, nada más salir de palacio, los pobres solían vender toda la vajilla porque les importaba un pito tener de recuerdo un salero de palacio. Y así fue hasta 1931.
Exigimos recuperar las tradiciones patrióticas. Exigimos a sus católicas majestades, la ciudadana Ortiz y el borbón Felipe, que reanuden el lavatorio de pies a doce mendigos y a doce mendigas el jueves santo.
Todo se rompió con Juan Carlos y la griega, que cuando (¡estoy segura!) algún alto cargo de la multinacional fue a recordarles la necesidad de reanudar la ceremonia del lavatorio de pies en jueves santo, Juan Carlos debió decir: «¡De eso nada! A nosotros el jueves santo nos pilla en Marivent, y yo ya he quedado con Marta». Felipe y Letizia, los muy hipócritas, se sumaron al disimulo.
Exigimos recuperar las tradiciones patrióticas. Exigimos a sus católicas majestades, la ciudadana Ortiz y el borbón Felipe, que reanudenel lavatorio de pies a docemendigos y a doce mendigas el jueves santo.El¡Hola!lo necesita, elABClo necesita, los españoles lo necesitamospara saber que Felipe y Letizia sirven para algo.
Recogida de firmas ¡ya! para que vuelva el lavatorio de pies del jueves santo en el Palacio Real.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido una entrevista en La Vanguardia, en la que ha hecho repaso de los cuatro años que cumple en breve al frente de la presidencia del PP, se ha pronunciado sobre la reclusión que sufre su partido con Vox en cada proceso electoral y se ha mostrado especialmente crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«Creo que el balance de estos cuatro años es bueno. Más allá de las opiniones, hay los datos. En España se han producido doce elecciones. Algunas agrupadas, como fueron las municipales o las autonómicas de la vía del 143, y otras individualizadas como las de Euskadi, Catalunya, Galicia o Andalucía. El resultado de esas doce elecciones son diez victorias del PP. Victoria en las generales, en las europeas, en las municipales, en las autonómicas del 143. Diez victorias del Partido Popular, una del PNV y otra del PSC. Cuando yo llegué, el Partido Popular tenía una mayoría absoluta, que era la comunidad de donde provenía, Galicia. Hoy tiene cuatro mayorías absolutas. Tenía el 20% de votos, hoy tiene el 33% de votos, y gestionamos para el 70% de la población. Mi partido tuvo una profunda crisis y hoy mi partido es la primera fuerza política de España», ha sacado pecho el gallego sobre el avance de su partido en los últimos años.
Sobre Pedro Sánchez, Feijóo ha lamentado que es «un personaje muy provocativo y conflictivo«, referenciando épocas pasadas en las filas del PSOE, los desencuentros con los socios del Gobierno de coalición y las posiciones tomadas en política internacional, especialmente en respuesta a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. «Sánchez es un personaje muy conflictivo. […] Tiene en contra a todos los que fueron importantes durante décadas en el PSOE. Es conflictivo porque tiene conflictos en su gobierno con sus socios, tiene conflictos con la mayoría de presidentes de comunidades autónomas. […] Tiene conflicto pues con América del Norte, con países de América del Sur, tiene conflicto en el Magreb, tiene conflicto en Oriente Medio, tiene conflictos en la OTAN, tiene conflicto en la UE. En fin, yo creo que nunca hemos tenido un presidente tan conflictivo«, opinaba el ‘popular’.
«La gente me pide dureza»
Sobre sus habituales discursos críticos a Sánchez, que a veces surgen en un tono que cuando era presidente autonómico en Galicia no afloraba, Feijóo asegura que «el 80% de la gente» que se encuentra por la calle le dice que es demasiado blando con el socialista, y que debería ser más incisivo y agresivo con él. Sostiene que Galicia no le ha cambiado, y que sigue siendo el mismo, pero que viajando por España, la gente le pide «dureza». «No creo que Madrid me haya cambiado, pero he hecho todas las campañas y he estado en todas las provincias de España. Y cuando me subo en el AVE, en un avión, me ven en una estación, le aseguro que es así, la gente me pide dureza. También es verdad que probablemente en Galicia, que es donde la gente me conoce más, pues pueden estar más de acuerdo con usted. Y de hecho alguna gente me ha dicho: «Oye, eras mucho más institucional, ahora haces una oposición desabrida». Y yo les digo que antes era el presidente y ahora soy el jefe de la oposición. Pero le aseguro que muchas veces tengo que utilizar determinadas expresiones, a veces en legítima defensa, porque si no parece que estamos ante un complejo de inferioridad», contesta el gallego, en referencia a los choques parlamentarios que ambos mantienen.
Otras preguntas clave de esta conversación tienen que ver con el encadenamiento del PP a Vox. El entrevistador le recuerda al gallego que «allá donde tocaba hacer las elecciones por fin de la legislatura, como en Castilla y León», el PP ha cosechado muy buenos resultados, pero que en los lugares donde ha habido adelanto electoral, la ultraderecha ha ganado mucho terreno. «Los mejores resultados los hemos obtenido en Extremadura, con un adelanto electoral, y Vox ha obtenido su mejor resultado, que ya lo tenía, en Castilla y León. […] Un político tiene que gobernar en el momento que le toca. Creo honradamente que Vox está alto, pero si fuera a costa del PP porque nosotros bajásemos, tendríamos un problema. Pero es que Vox está alto porque es capaz de robar votos a la abstención y al PSOE. Nuestro objetivo es conseguir un gobierno fuerte y un gobierno del Partido Popular en las elecciones generales», mantiene.
Sobre las negociaciones con Vox en los territorios en los que se precisan acuerdos y de cara a las próximas generales, al ser interpelado sobre un presunto bloqueo de los acuerdos por parte de Santiago Abascal, Feijóo sostiene que él intenta «impulsar los pactos»: «Mi partido tiene un marco de negociación y lo pongo encima de la mesa durante la campaña de las elecciones de Castilla y León. Porque observo que un señor de Olivenza, de Mérida, de La Vera o de Badajoz no tiene por qué esperar al mes de abril para que haya gobierno cuando ha votado en el mes de diciembre del año pasado. Yo no voy a entrar a este tipo de cuestiones porque yo tengo dos objetivos: primero, que se produzca un cambio político en España, y segundo, dar estabilidad política a las comunidades autónomas donde ha habido elecciones. Hay que aceptar el resultado de las urnas. A mí me hubiese gustado tener mayoría absoluta. El problema es que los ciudadanos han hablado y le han dicho al PP: oiga, usted ha crecido, usted va a liderar el proyecto, pero usted necesita un apoyo, y ese apoyo es Vox. Y por tanto, donde las urnas han hablado, los demás deben callarse».
¿Pinza PSOE-Vox?
Al ser preguntado sobre si existe tal cosa, Feijóo asegura que sí lo cree, «implícita o explícita«. «Mi objetivo es la alternancia política en España y, por tanto, describir los desaciertos de Sánchez, mientras que muchas veces el líder de Vox se dedica la mitad del tiempo a Sánchez y la otra mitad del tiempo a mí. A su vez, Sánchez tiene un objetivo, y es que haya votantes del PP que se vayan a Vox, que por lo tanto Vox crezca y el PP se empequeñezca, con el objetivo de, si es posible, que el PSOE pueda acercarse al porcentaje de votos que obtenga el PP. Sánchez sabe que cuanto más crezca Vox más límites tendrá el PP. Y por tanto hay una retroalimentación entre ambos«, argumenta el gallego.
Finalmente, Feijóo ha sido cuestionado sobre quién elegiría como socio principal en un hipotético escenario, si Vox o el PSOE. Aunque ha evitado responder directamente a la pregunta, ha contestado argumentando que el PSOE es un partido que se ha diluido desde los tiempos de Zapatero y sin decir nada de Vox: «El PSOE es un partido que empieza a deshacerse con Zapatero y que finaliza con Sánchez. Hoy el Partido Socialista no tiene nada que ver con la socialdemocracia europea. […] Ayer hubo una conversación entre Juanma Moreno y Felipe González en Sevilla. Esa imagen con Sánchez es imposible».
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La distancia entre el expresidente del Gobierno Felipe González y el Ejecutivo del actual presidente, Pedro Sánchez, ha quedado evidenciada ya en incontables ocasiones. La última, con el acercamiento del exdirigente al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a revalidar el cargo, Juan Manuel Moreno Bonilla, y el consiguiente distanciamiento de su homóloga socialista, María Jesús Montero. La derecha presumía este viernes de química entre el expresidente del Gobierno y el candidato ‘popular’, en un acercamiento a la derecha que pone uno de los últimos clavos en el ataúd de la relación entre González y la plana mayor del actual PSOE. Pero antes de esta, hubo otras muchas más que conviene recordar.
No escapa a nadie que González es una de las figuras más críticas con Pedro Sánchez y la dirección actual del PSOE, hasta el punto de que el expresidente ha hecho público que no votará al líder del Ejecutivo nacional si vuelve a presentarse a las elecciones generales del año que viene, tal y como comenzó a asegurar tras la publicación de la ley de amnistía, que calificó de «batata» y «bazofia». En el evento en el que coincidieron el socialista y Moreno Bonilla, el ‘popular’ no dudó en ocultar su admiración por González, del que destacó su «magnetismo, liderazgo y capacidad» para situar al PSOE a la altura de la socialdemocracia de Europa. «Es un hombre de Estado, y a mí me gustan las políticas de Estado», valoraba Bonilla. «Es una pena que en España se critique a dos personas que son de distintas formaciones políticas simplemente por estar en un foro hablando. Hace falta hablar más y entender más», sentenciaba el andaluz.
La larga ristra de críticas de González al Gobierno
La cantidad de veces que el expresidente del Gobierno se ha pronunciado contra Sánchez y compañía ya es innumerable, pero el comienzo de las hostilidades puede situarse cuando anunció que no votará al PSOE en unas nuevas elecciones si Sánchez se presenta por «participar en la barrabasada» de la ley de amnistía.
«Se trata de una autoamnistía que es una vergüenza para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier votante o militante del PSOE», argumentaba, calificándola de «batata» y «bazofia» y asegurando que la amnistía «no se ajusta al Estado de derecho». Aseguraba que «es el Estado el que se somete» y prometió que «conmigo nunca contará nadie que haya participado en esto, que es pedirle perdón a los que han hecho la barrabasada, y no perdonarlos«.
Por otro lado, viene también a la memoria la ocasión en la que se mostró partidario de que el rey Juan Carlos I regrese de Abu Dabi y vuelva a España. «A mí me gustaría que estuviera«, respondía González.
Misma visión de la gestión de la DANA que Aznar
Otrora muy distantes ideológicamente, José María Aznar y Felipe González han acercado posturas durante los últimos años. La DANA de Valencia del 29 de octubre de 2024 es uno de los principales ejemplos de este fenómeno: ambos presidentes aportaban pocas soluciones, pero sí muchas críticas al gobierno de Pedro Sánchez. Ambos opinan que todas las administraciones deben asumir la responsabilidad al mismo nivel. González señaló que «cuando un hecho produce un efecto nacional catastrófico, todos tenemos que estar de acuerdo en actuar con todos los medios disponibles: desde el Gobierno central hasta el autonómico, pasando por ayuntamiento». Aznar, por su lado,llegó a decir contra Sánchez que «no hay que tratar a los compatriotas victimas como si fuese extranjeros y que él «es presidente del Gobierno, no de una ONG».
La jornada en la que coincidieron en este sentido trataba sobre el mandato de Suárez, y los dos dirigentes pusieron de manifiesto los valores de la Transición y la labor unificadora que éste desempeñó. Sin embargo, lo hicieron sin dejar escapar la oportunidad de dar algún que otro palo al Gobierno. En estas, Aznar emitió su sentimiento de «deber moral y político de intentar contribuir a que el fondo que hemos tocado desde el punto de vista político se supere cuanto antes». «Si se dice que esta ha sido la mayor catástrofe natural de este siglo, hay que actuar como tal y no huir de las responsabilidades, sino asumirlas con todas las consecuencias. Puedes acertar o equivocarte, pero si no se asumen, difícilmente funcionan las cosas», argumentaba Aznar, y Felipe González le compraba el relato.
«Mercenario, necio»
Tiempo atrás, en una entrevista concedida al diario El Mundo, el expolítico respondía sin anestesia respecto de algunas cuestiones del PSOE actual. La primera, directa a la yugular, cuando el entrevistado le pregunta si «queda algo de aquel partido» que él militó. «Yo creo que sí, aunque tengo preocupaciones: que se dañe la galopada histórica del congreso de Suresnes, todo lo que supuso el 82, los tres triunfos seguidos de mayoría absoluta… El PSOE es el único partido que sobrevivió a lo que ocurrió después -que fueron los Pactos de la Moncloa, el pacto constitucional y un largo etcétera- para poner en marcha una reconciliación que permitió compartir una convivencia en libertad y en paz entre los españoles (…) Es el único partido que representaba lo que es un proyecto de país, aceptando la pluralidad y la diversidad. Eso era el PSOE, y digo era porque ahora no lo es”, emite: “Ahora no somos alternativa en la mayoría de los sitios donde, cuando perdíamos, la única alternativa posible era el PSOE».
En otro orden de cosas, González se refirió al liderazgo actual del partido, dejando entrever que los socialistas actuales «se encierran en la vida orgánica y acumulan ideologías y dicen disparates». «Es difícil afirmarlo sin que la gente se ponga nerviosa (en referencia a lo que más le sorprende del partido actual). No tenemos un proyecto de país autónomo, con vocación mayoritaria y con autonomía estratégica», respondía, a la vez que se preguntaba «a qué nos lleva esto». «A cambiar de posición cada día. Si se necesita un voto o siete o cinco», se respondía a sí mismo, referenciando a la amnistía.
Manteniendo esa línea, el expresidente afirmaba que «se puede y se debe cambiar de opinión», pero que «tener que rectificar a diario es de necios». «Una cosa es pactar la gobernabilidad y la otra es hacerlo de manera mercenaria solo para seguir en el poder», argumentaba, con un mensaje claro hacia el actual presidente del Gobierno bajo las palabras de mercenario y necio.
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Un mes después de ordenar la ofensiva bélica contra Irán, Donald Trump no ha doblegado a Teherán a pesar de sus más de 10.000 objetivos alcanzados por sus bombas y de acabar con buena parte de su cúpula dirigente. El presidente de Estados Unidos, entre continuas contradicciones, busca a la desesperada una salida a una de las mayores crisis mundiales en lo que va de siglo. Una crisis a la que Washington ha sido instigado por Israel y su supremacismo en Oriente Medio, y en la que Irán está mostrando una sorprendente resistencia y una temible habilidad para golpear a la economía internacional con sus contraataques en el Golfo Pérsico y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, arteria vital para gran parte de los hidrocarburos que consume el planeta.
La guerra de Irán ha puesto contra el muro a las economías más fuertes y a las más débiles, con los vaticinios más oscuros si se alarga siquiera un mes más el conflicto. De momento, ha terminado de descoser las costuras de la OTAN, con insultos desaforados de Trump a sus aliados por no acompañarle en una aventura bélica desorganizada y complaciente con los intereses del hegemonismo israelí, las petroleras estadounidenses y los fabricantes de armas.
La guerra de Irán ha puesto contra el muro a las economías más fuertes y a las más débiles
En Irán, las acciones militares de EEUU e Israel decapitaron al régimen islámico, con el asesinato el primer día de su líder supremo, Alí Jameneí, y con la matanza en las jornadas siguientes de los más destacados miembros dela jerarquía iraní. Sin embargo, el resultado ha sido una mayor radicalización del sistema, con el hijo de Jameneí, Mojtaba, como su sucesor y con un mayor poder para los Guardianes de la Revolución islámica. Al tiempo, la guerra ha propiciado el cierre de filas con los nuevos dirigentes del país de buena parte de la población que hace dos meses clamaba en las calles por el fin de la teocracia iraní.
El resultado ha sido una mayor radicalización del sistema, con el hijo de Jameneí, Mojtaba, como su sucesor
La guerra ha disparado la ira y el odio a estadounidenses e israelíes, y la destrucción por los misiles, bombas y drones del Pentágono y el ejército judío dejará una cicatriz que marcará a Irán y a Oriente Medio durante décadas.
Otra vez, las guerras de las mentiras
De nuevo, Washington cometió el mismo error que en 2001,cuando atacó Afganistán, y en 2003, cuando invadió Irak por la presunta amenaza de que Bagdad tenía armas de destrucción masiva. Trump se valió, como hizo entonces su colega republicano George W. Bush, de la mentira de que Irán estaba a punto de obtener armas nucleares para justificar esta ofensiva masiva, que comenzó el pasado 28 de febrero sin ser consultada al Congreso de EEUU.
Dos días antes habían tenido lugar en Ginebra unas negociaciones clave de EEUU con Irán, para controlar y desmantelar buena parte de su programa nuclear con cierta aquiescencia de Teherána cambio del levantamiento de sanciones que pesan sobre el régimen islámico. Lo que no sabían los iraníes es que a principios de esa semana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había convencido ya a Trump para lanzar un ataque a gran escala contra Irán y asesinar en las primeras horas de la ofensiva a Jameneí y su Estado mayor militar y político, reunidos en un fatídico encuentro que conocía Israel.
Ver vídeo
EEUU difunde en su red social X operaciones militares dirigidas contra objetivos del régimen de Irán, como parte de la operación denominada Epic Fury.
Los bombarderos de israelíes y estadounidenses destrozaron en los días siguientes las fuerzas navales de Irán, gran parte de los silos de misiles del ejército persa, los cuarteles principales de los Guardianes de la Revolución –el ejército paralelo y más temible del régimen islámico–, atacaron las instalaciones nucleares con bombas capaces de penetrar cualquier blindaje de acero u hormigón, y arrasaron aeródromos y puertos por todo el país persa.
La población, la primera víctima de esta guerra ilegal
Los misiles estadounidenses e israelíes también han matado a unos 3.300 iraníes, de ellos 1.400 civiles, una cifra que seguramente sea mucho mayor, pues el Gobierno de Teherán se guarda mucho de alarmar más si cabe a la población. Esta ocultación es, sin embargo, difícil de mantener, como sucedió en Minab, en el sur de Irán. En esta localidad de la provincia de Hormozgán, un doble bombardeo estadounidense con misiles contra una escuela de primaria asesinó el 5 de marzo a al menos 168 personas, la mayor parte niñas de entre siete y 12 años, despedazadas por las bombas o enterradas vivas entre los cascotes del colegio.
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Trump llegó a acusar a los propios iraníes de haber lanzado el ataque, pero las primeras investigaciones pronto dejaron claro quién era al auténtico autor de la masacre, una repetición calcada de los bombardeos de civiles en el genocidio cometido por Israel en Gaza e igual que aquí denunciada por la ONU como crimen de guerra.
Tumbas para víctimas de un ataque contra una escuela en Minab, Irán.
A pesar de que ya en las primeras jornadas de la guerra, Trump afirmó una y otra vez que la capacidad militar de Irán había sido destruida, sin embargo, el Ejército iraní no ha cesado de responder. Ni es verdad que Israel y EEUU han destruido toda la potencia misilística de Irán, ni las alabadas defensas israelíes o los sistemas antimisiles desplegados por el Pentágono en el Golfo han sido capaces de interceptar todos los proyectiles lanzados por los iraníes.
Oficialmente las armas iraníes han causado en Israel unas 15 víctimas mortales. En el caso de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio son 13 los soldados muertos y 300 los heridos. También han sido asesinados por los misiles y drones iraníes una docena de civiles en los países árabes de la región.
La batalla de Ormuz
El terror causado por esta capacidad de represalia iraní continúa en el Golfo Pérsico, a pesar de que Trump y Netanyahu insisten en que ya no deberían quedar misiles ni lanzaderas ni apenas drones iraníes. Este pánico, provocado con ataques iraníes muy seleccionados a objetivos civiles, incluidos los depósitos y refinerías de crudo y gas en esos países del Golfo Pérsico, así como las amenazas lanzadas contra la navegación en el estrecho de Ormuz y otras zonas de ese mar, está siendo suficiente como para paralizar buena parte del tráfico marítimo en la región y golpear con fuerza la economía mundial. En las últimas horas, Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más atacados por Irán, ha propuesto formar una coalición en el Golfo para entrar también en la guerra y abrir Ormuz.
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Por el estrecho de Ormuz circulaba el 20% del crudo y el gas mundiales
Por el estrecho de Ormuz circulaba el 20% del crudo y el gas mundiales, y un tercio de los fertilizantes, por citar solo dos ejemplos. En estos momentos solo pasan los contados buques que permite Irán, especialmente los chinos; el miedo y los precios impuestos por las navieras y las aseguradoras han hecho el resto.
En el plan de paz de 15 puntos brindado por Trump a los iraníes esta semana se exigía la apertura total del estrecho de Ormuz, so pena de arrasar las centrales eléctricas de Irán. La respuesta de Teherán fue rechazarlo, exigir el fin de los ataques para comenzar a negociar y reclamar para sí el control total de esa vía de comunicación vital entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, proponiendo en contrapartida la imposición por Irán de tarifas al paso de barcos por la zona.
Israel a la conquista del Líbano
La otra cara de esta guerra quizá no sea tan dolosa económicamente, pero está reconfigurando también el mapa de Oriente Medio. Al empezar la contienda, las milicias de Hizbulá, estacionadas en el Líbano, lanzaron una andanada de misiles contra Israel, sin que causaran víctimas mortales en un primer momento. El Ejército israelí respondió con una ofensiva total contra el sur del Líbano y los barrios chiíes de Beirut, donde podría haber milicianos de Hizbulá.
Los bombardeos israelíes han dejado incomunicada esa parte meridional del Líbano, con la voladura de los puentes del río Litani. La intención de Netanyahu es invadir ese zona, casi un 10% del Líbano, y asimilarlo a Israel como una zona de contención, aunque la idea de los radicales judíos en su Gobierno es que pueda ser ocupado poco a poco por colonos ilegales israelíes.
La intención de Netanyahu es invadir casi un 10% del Líbano
De momento, la guerra de Irán llevada al Líbano por Israel ha acabado con la vida de más de un millar de personas y ha obligado a desplazarse desde el sur a un millón de libaneses. Netanyahu ha ordenado la llamada a filas de 400.000 reservistas israelíes, un paso que permite adivinar qué es lo que va a pasar en los próximos meses en el Líbano.
Lo adelantó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz: se aplicará en el Líbano la misma estrategia de tierra quemada que en Gaza, con aldeas arrasadas, demolición de viviendas, destrucción de infraestructuras y limpieza étnica de su población, empujándola hacia el norte.
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La apuesta de Israel para aniquilar al régimen iraní e invadir el Líbano se ha convertido en un obstáculo casi infranqueable para que EEUU e Irán acuerden un alto el fuego. En última instancia, Netanyahu podríafrenar sus ataques aéreos en Irán, pero será a cambio de tener las manos totalmente libres en el Líbano.
Una trampa para Trump
No parece que Trump lo tenga nada fácil para detener la guerra.Aunque hay negociaciones en la sombra, no parece probable una capitulación de Irán,pese a los planes de EEUU de lanzar una ofensiva terrestre, a pesar del altísimo riesgo que supone tal paso.
El Pentágono prepara nuevos refuerzos importantes a los cerca de 50.000 soldados que tiene en Oriente Medio. Esta semana se habló de hasta 10.000 nuevos efectivos, entre ellos tropas de élite de la 82 división aerotransportada. Estas unidades son normalmente enviadas a zona de guerra como paso previo a una invasión.
El carguero con bandera de Tailandia Mayuree Naree envuelto en humo negro en el Estrecho de Ormuz , 11 de marzo de 2026.
El 6 de abril se cumple el postrer ultimátum dado por Trump para que Irán despeje el paso de Ormuz. Una opción es el ataque a algunas de sus islas del Golfo Pérsico, entre ellas la de Jarg, que gestiona el 90% de las exportaciones petrolíferas de Irán. Su captura pondría en manos del ejército estadounidense mucho, muchísimo petróleo.
Según la web estadounidense Axios, que cita fuentes oficiales, además de Jarg, el Pentágono estaría considerando tomar otras islas iraníes, como Larak y Abu Musa, claves para el control del estrecho de Ormuz. Igualmente se evalúa el abordaje e incautación de los petroleros y mercantes que transporten crudo iraní hacia el Índico. Esta acción no le gustaría nada a China, el mayor cliente del petróleo iraní.
Los partidarios de tales acciones consideran que un éxito militar así podría impulsar a Trump a declarar el fin de la guerra y apuntarse un tanto que le permita salvar algo la cara en medio del desastre.
Desafección creciente en EEUU
Estas amenazas, que no parecen alterar mucho a los iraníes, están siendo cuestionadas en los propios EEUU, donde aumenta la desafección a la política exterior de Trump y al empantanamiento en una guerra que se podría haber evitado.
La subida de los precios de los combustibles y el fantasma de la inflación enervan cada vez más a una población que rechaza la estrategia errática de Trump. Todo ello, con las elecciones de medio término a la vista, en noviembre, cuando los estadounidenses votan la renovación de buena parte del Congreso.
En este sentido, son ya unos cuantos los miembros destacados del Partido Republicano que están manifestando su desacuerdo con su jefe. Un ejemplo lo dio esta semana la representante republicana Nancy Maceal rechazar una ofensiva terrestre:«No sacrificaremos vidas estadounidenses por las mismas políticas exteriores fallidas», dijo tajante Mace, en una bofetada directa a esta guerra y a sus artífices.
En las primeras horas posteriores al ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump rompió un tabú para muchos presidentes: no descartaba poner botas estadounidenses en el terreno si fuera necesario. Un mes después de hacer esa afirmación, la posibilidad ya no es retórica, sino real: el Pentágono ha movilizado a la región dos unidades de marines MEU, con unos 2.200 efectivos cada una, y los paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada. No es lo mismo enviar a Oriente Medio portaaviones y buques destructores, que enviar tropas especializadas en ataques terrestres.
Mike Prysner, veterano de la guerra de Irak y activista por la objeción de conciencia, es más directo: «Sinceramente, esto me recuerda mucho a la invasión de Irak». Según explica aPúblico, los últimos movimientos de tropas buscan preparar un despliegue. «No significa que una invasión terrestre sea inevitable, sino que es una contingencia real. El presidente ha dicho que quiere tener la opción de invadir, y el Pentágono lo ha preparado todo. Si él toma la decisión, pueden ejecutar una invasión de inmediato, con planificación y fuerzas ya posicionadas. No quiere decir que vaya a pasar; solo que han hecho enormes preparativos para que sea una opción disponible en cualquier momento», señala.
El movimiento de tropas se produce a la par que el presidente estadounidense asegura que está negociando con Irán. Este jueves por la tarde, Trump volvía a ampliar el plazo de su ultimátum energético: los ataques a las infraestructuras eléctricas del régimen quedaban postergados hasta el próximo 6 de abril a las ocho de la tarde. La situación actual amenaza con convertirse en un déjà vu cínico. Hace un mes, el yerno del presidente, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff, estaban en Suiza negociando con los iraníes sobre el programa nuclear, mientras los portaaviones Abraham Lincoln y Gerald Ford terminaban de tomar posiciones en el mar Arábigo.
Los ataques a las infraestructuras eléctricas del régimen quedaban postergados hasta el próximo 6 de abril
El presidente estuvo un mes y medio lanzando mensajes contradictorios contra el régimen, mientras aprovechaba para ir construyendo el despliegue militar que después usaría para atacar a Irán el 28 de febrero. Los ayatolás tienen pocos incentivos para creer en Washington como interlocutor fiable. Teherán ha estado negando cualquier tipo de negociación, aunque rechazó el plan de paz presentado a través de Pakistán.
El enrocamiento de Irán en su posición vuelve a reflejar la asimetría del tablero: para los ayatolás, no perder es ya una victoria. En cambio, para Trump, todo lo que no sea una victoria explícita podrá ser ya leído como una derrota. Paradójicamente, Teherán ha visto cómo la guerra le ha reportado algunos beneficios estratégicos que de otro modo serían impensables. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y los ataques a las refinerías del Golfo han generado tal estrés económico que Estados Unidos ha levantado temporalmente algunas sanciones al petróleo iraní.
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Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante.
Con este patrón, lo que están viendo los ayatolás es que escalar la guerra puede conducir a Trump a adoptar medidas extremas que les beneficien. El régimen mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y no solo daña a su enemigo, sino que además capitaliza la situación. El bloqueo de este paso marítimo ha disparado el barril de Brent hasta máximos de 115 dólares, cifras que no se veían desde 2022, cuando empezó la guerra de Ucrania. Y estos números ya han sido suavizados por la liberación de reservas de petróleo, por lo que podrían ser mucho peores.
La reserva estratégica de barriles de EEUU alcanzará su nivel más bajo desde 1982
Estados Unidos ha liberado 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. La liberación de petróleo, que ya se inició la semana pasada y se alargará durante 120 días, dejará las reservas del país en unos 243 millones de barriles, un 41% menos que los 415 millones actuales. Esto hará que la reserva estratégica alcance su nivel más bajo desde 1982, según los datos del departamento de Energía. Si la Casa Blanca contemplaba este hecho antes del inicio del conflicto, no se sabe. Aunque el aviso del Pentágono sobre cómo una guerra con Iránconsumirá aún más el mermado arsenal de munición del ejército de EEUU, no achantó a Trump.
La campaña ya ha obligado a movilizar a la región el sistema de defensa antiaéreo THAAD que había en Corea del Sur, y la factura militar no hace más que subir. Tan solo en los dos primeros días de guerra, el Ejército ha gastado 5.600 millones de dólares en munición.
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A pesar de esto, y de que atacar Teherán ha supuesto romper con su promesa electoral de no involucrar el país en conflictos exteriores, las bases MAGA siguen apoyando al presidente. Unnuevo sondeo realizado por Ipsos entre el 12 y el 14 de marzodestaca que un 76% de los votantes de Trump en 2024 apoya la guerra. Además, un 71% dice que su apoyo sigue siendo el mismo que en el primer día a pesar de la dilatación del conflicto. La única cuestión que parece ser un punto de inflexión es la cuestión de enviar tropas. Un 58% está en contra. Ahora, el presidente acaricia esta posibilidad mientras los soldados van llegando a Oriente Medio. Este viernes se esperaba que llegaran los 2.200 marines del USS Tripoli, y los que van a bordo del USS Boxer aún tardarán unas semanas. La división de paracaidistas de élite está lista para actuar en un lapso de 18 horas desde que se les activa.
La guerra ha dejado de caber en una sola frontera. Teherán ha comunicado a los mediadores que no aceptará una salida parcial del conflicto mientras Israel siga golpeando a Hezbolá y avanzando sobre el sur de Líbano. El mensaje no sólo complica la negociación y enfría cualquier expectativa de tregua rápida. También pone el foco sobre un frente que Israel presenta como secundario, aunque sobre el terreno empiece a parecer otra cosa: una ofensiva sostenida, con destrucción, desplazamientos y un horizonte cada vez menos provisional.
La exigencia iraní no responde sólo a una cuestión de lealtad hacia un aliado. Hezbolá no es una pieza lateral dentro del tablero regional. Para Teherán ha sido durante años su principal estructura de disuasión frente a Israel, el brazo con más peso militar dentro de su red de aliados y una herramienta decisiva para proyectar fuerza desde el Mediterráneo oriental sin entrar siempre en choque directo. Que Líbano entre en el eventual alto el fuego significa, por tanto, que Irán no está dispuesto a dejar a Hezbolá solo frente a una ofensiva que amenaza no sólo su capacidad militar, sino también el equilibrio interno libanés.
La posición iraní cobra todavía más sentido porque Hezbolá ha vuelto a entrar de lleno en esta guerra. El grupo reanudó ataques contra Israel a comienzos de marzo y su dirección ha rechazado cualquier conversación bajo fuego, con una advertencia nítida: mientras continúe la ofensiva israelí, no habrá negociación. Esa postura endurece el frente diplomático y vuelve más difícil presentar Líbano como un expediente aparte. Hezbolá da por hecho que el conflicto actual no se resolverá dejando al sur libanés fuera del acuerdo, e Irán ha decidido respaldar esa lectura.
Israel repite en Líbano la receta de Gaza
Lo que ocurre en el sur de Líbano explica por qué Teherán quiere meter ese frente en la mesa. Israel ya no habla sólo de expulsar a Hezbolá de la frontera o de responder a ataques transfronterizos. El ministro de Defensa, Israel Katz, ha dicho abiertamente que el ejército ocupará una franja del sur libanés hasta el río Litani para convertirla en una “zona de seguridad”. La declaración no fue una filtración ni una frase lanzada al vuelo. Supone asumir como objetivo militar el control de una porción relevante del territorio libanés, alrededor de una décima parte del país.
La ultraderecha israelí ha ido todavía más lejos. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha defendido la anexión del sur de Líbano hasta el Litani, en el pronunciamiento más explícito hecho hasta ahora por un miembro del Gobierno israelí a favor de redibujar la frontera norte. Esa posición da una pista bastante clara de hacia dónde empuja una parte del Ejecutivo de Benjamin Netanyahu: no sólo quiere debilitar a Hezbolá, también quiere alterar de forma duradera la realidad territorial en esa zona.
Sobre el terreno, esa ambición ya tiene traducción concreta. Israel ha destruido puentes sobre el Litani, ha intensificado la demolición de viviendas en localidades del sur y ha seguido bombardeando áreas donde vive población civil. Las cifras dejan poco margen para suavizar el cuadro: más de mil personas han muerto en Líbano y más de un millón han sido desplazadas desde que se intensificó la ofensiva. En un país pequeño, frágil y atravesado por una crisis política y económica de largo aliento, ese nivel de devastación no se lee como un episodio provisional, sino como un intento de vaciar, aislar y someter una franja entera del territorio.
Ese es el punto que Irán no quiere dejar fuera de la negociación. Si aceptara un alto el fuego limitado al frente principal, dejaría margen a Israel para consolidar una nueva realidad en el sur de Líbano: una zona militarizada, con población desplazada, infraestructuras destruidas y presencia israelí presentada como necesidad defensiva. Para Teherán, el problema no es sólo perder capacidad de presión. Es permitir que Israel convierta esa ocupación de facto en un hecho consumado.
Gaza como precedente, Hezbolá como excusa
La comparación con Gaza ya no resulta exagerada. El patrón se parece demasiado. Primero llega la destrucción intensiva. Después, las órdenes de evacuación. Luego, la idea de una “zona de seguridad” que se ensancha sobre el terreno. Más tarde aparece el lenguaje político que intenta normalizar ese cambio territorial. En Líbano, además, el propio Gobierno israelí ha dejado entrever que las tácticas aplicadas en Gaza sirven ahora como referencia para el sur libanés. El miedo en Beirut y en las localidades fronterizas no se limita a la intensidad de los bombardeos. Tiene que ver con la sospecha de que Israel ya no busca sólo contener a Hezbolá, sino instalar una nueva frontera por la fuerza.
El dilema para Israel es que una ofensiva prolongada puede debilitar a Hezbolá en el plano militar y, al mismo tiempo, devolverle aire político dentro de Líbano. El grupo llega a esta fase en peor posición que hace dos años: con más presión interna para que entregue las armas al sur del Litani, con un Estado libanés que intenta recuperar algo de control y con sectores del país que le reprochan haber arrastrado a Líbano a otra guerra. Pero cuanto más se parezca la campaña israelí a una ocupación abierta, más fácil tendrá Hezbolá volver a presentarse como fuerza de resistencia nacional y no sólo como brazo regional iraní.
La guerra ya no se juega únicamente en el cielo iraní, en el estrecho de Ormuz o en las capitales que hablan de tregua. También se está jugando en aldeas del sur libanés que corren el riesgo de acabar convertidas en otra franja vaciada, militarizada y separada del resto del país.
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El Congreso de los Diputados ha aprobado el real decreto con las medidas del Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo. El Ejecutivo ha conseguido mantener en vigor sus 80 medidas, que ya han empezado a movilizar más de 5.000 millones de euros, a pesar de la abstención del Partido Popular y Podemos, y el voto en contra de Vox. Como prometieron, Junts ha votado a favor, salvando un decreto necesario para afrontar el «mayor shock al suministro energético de la historia moderna», como ha recalcado Carlos Cuerpo.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa ha defendido que el Gobierno ha «actuado rápido», con el decreto «receta y marca España» asegurado en menos de un mes desde los bombardeos de Trump y Netanyahu sobre Irán. Cuerpo ha insistido en que el Gobierno aboga por la búsqueda de un cese el fuego a través de «las vías diplomáticas y el respeto al derecho internacional» y ha remarcado que España está «en una situación estructural más fuerte que hace unos años» para afrontar la crisis.
Tras la defensa del decreto por parte de Cuerpo, las medidas anticrisis del Gobierno han salido adelante con 175 votos a favor, 33 votos en contra -de los diputados de Vox-, y 141 abstenciones -de PP y Podemos-.
El Gobierno negocia hasta el final
Las negociaciones no han sido sencillas. Las matemáticas, que acostumbran a atormentar al Ejecutivo, parecían fáciles después de que Junts anunciara su ‘sí’ al decreto a cambio de que el PSOE apoyara su moción para eliminar el IVA a los pequeños autónomos, que también se ha aprobado este jueves en el Congreso. Esto dejaba el camino despejado hiciera lo que hiciera el PP, que no ha confirmado su voto hasta unas horas antes. Los de Alberto Núñez Feijóo anunciaban que se abstendrían para que el Gobierno se comprometa a bajar el IRPF.
‘Ni sí, ni no’, porque, según han defendido, el decreto no alivia «la difícil situación que padecen cientos de miles de familias», a pesar de que entre las 80 medidas que se han aprobado están algunas, como la reducción del IVA a la electricidad y los hidrocarburos al 10%, que ellos mismos proponían. Aún así, creen que «no es suficiente», e instaban al Ejecutivo a aplazar la votación al mismo tiempo que criticaban que las medidas llegaban tarde.
Sin embargo, en Moncloa no estaban tan pendientes del voto del PP, que no era determinante, como del de sus socios de izquierda, con los que han negociado hasta el último momento para evitar sustos. Con la abstención de Podemos, que exige medidas más severas contra el beneficio de las empresas como el tope de precios, el Gobierno necesitaba una tranquilidad que le ha llegado a lo largo de la mañana, tras negociar con grupos más díscolos como Coalición Canaria o el BNG, que han votado a favor.
Las 80 medidas que siguen en pie
El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio incluye «el mayor escudo social y económico de toda la Unión Europea», en palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en el Congreso. Entre las rebajas fiscales, que el Gobierno introdujo para convencer al PP y los socios a su derecha -Junts y PNV-, está la bajada de los impuestos a la electricidad en un 60%, pasando del 21% al 10% de IVA. Además, también incluye la reducción al 0,5% del impuesto especial sobre la electricidad (IEE) y la suspensión temporal del impuesto del valor sobre la producción de energía eléctrica (IVPEE). También en materia de IVA, se reduce hasta el para el gas natural, los pellets y las leña.
Por otro lado, el decreto contiene la congelación del precio máximo de venta del butano y propano. Si bien, junto con la bajada en el tributo de la luz, una de las medidas estrella es la bajada del IVA al 10% del gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos, a más de la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la UE. Esto, calcula el Gobierno, reducirá en hasta 30 céntimos por litro de carburante, aunque se teme a la absorción por parte de petroleras y gasolineras, que asociaciones de consumidores ya denuncian que está sucediendo.
En materia de combustible se suma la ayuda de 20 céntimos por litro para los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes. Más allá, se contempla la extensión durante todo 2026 de los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico, el refuerzo del bono térmico y la prohibición de interrumpir suministros esenciales en los hogares más vulnerables, única moratoria en pie, esta última.
Centrado en empresas y autónomos, el decreto contiene la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva, que se ahorrarán unos 200 millones de euros, y una mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y autónomos. Para vigilar que estas ayudas se implementan correctamente y que las empresas no las aprovechan para obtener más beneficios, se dota a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción.
El futuro del decreto de vivienda
El decreto que ha aprobado el Congreso salió del Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes, que Sumar bloqueó para forzar al PSOE a incluir en él medidas de vivienda. La solución del ala socialista del Ejecutivo fue dividir las ayudas en dos textos. El primero, el que ya está refrendado por la Cámara Baja, y el segundo incluyendo la prórroga de los alquileres que exigían las izquierdas. No hay fecha, de momento, para que este otro texto llegue a las Cortes, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció que se estirará al máximo para tratar de convencer a las derechas.
El Real Decreto-ley 8/2026 de medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán está vigente desde el pasado 21 de marzo. La Constitución obliga a su convalidación en un plazo de 30 días hábiles, lo que se lleva el plazo máximo hasta el 6 de mayo. Hasta entonces, el Ejecutivo intentará negociar para sostener la norma, pero se espera que la alianza de Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya acabe con ella. Si bien 600.000 contratos, que agrupan a 2,7 millones de personas, podrían aprovechar estas semanas.
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La embajada de Irán en Españaha publicado un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) en el que asegura que el país persa se muestra «receptivo» ante «cualquier solicitud» que proceda de España, un país que ve «comprometido con el Derecho Internacional». El mensaje lo acompaña de un mapa donde se indica con una línea roja el estrecho de Ormuz, un paso por donde la Guardia Revolucionaria iranía solo deja atravesar por el momento a los países que considera aliados.
Este mensaje publicado por la embajada de Irán llega pocas horas después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, haya lanzado una felicitación a España, sobre quien piensa que «está cumpliendo con lo que debe hacer». De esta forma, Rutte ha recordado que “a comienzos del año pasado el gasto estaba en torno al 1,4%”, pero que en abril recibió “una llamada de Pedro Sánchez”, en la que el presidente del Gobierno español dijo: “Vamos a llegar al 2%”. “Y así lo hizo. Esto significa miles de millones de euros adicionales, invertidos de manera estructural en defensa por España”.
«conversaciones indirectas» entre Estados Unidos e Irán, con mediación de Islamabad, encargado de «entregar los mensajes», y desveló que «en este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que Irán está analizando».
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La salida de María Jesús Montero de la primera línea del Ejecutivo central, es decir, de la vicepresidencia primera y del Ministerio de Hacienda, ha abocado a cambios internos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que será Carlos Cuerpo, actual ministro de Economía, Comercio y Empresas,quien ocupe la vicepresidencia primera. Por consiguiente, el nuevo ministro de Hacienda será Arcadi España, actual secretario de Estado de Política Territorial.
Sánchez ha definido, por un lado, a Cuerpo como «uno de los economistas más brillantes» de España, con todo, «un profesional con una dilatada experiencia que ha servido en la Comisión Europea y en la secretaria general del Tesoro». Asimismo, el presidente del Gobierno le ha felicitado por estar haciendo «un trabajo excepcional al frente del Ministerio de Economía»: «Estoy convencido que será un fantástico vicepresidente primero«, ha aplaudido.
En segundo lugar, el nombramiento de Arcadi España pasará por coger el testigo que deja Montero en la cartera de Hacienda: «Es una persona recta, inteligente y comprometida que dará continuidad al buen hacer de María Jesús Montero», ha subrayado.
Ambos nuevos cargos en el Gobierno de Sánchez, según ha enfatizado su presidente, «ayudarán a mantener a España en la senda de transformación fiscal y de responsabilidad» en los cerca de ocho años de mandato. «Experiencia, integridad, solvencia técnica y coherencia, el perfil de este Gobierno», ha ahondado.
Con este escenario, Sánchez afronta su quinta crisis de Gobierno y siendo la tercera que vez que se produce una salida en las principales vicepresidencias, después de Nadia Calviño, antecesora de Montero, y de Teresa Ribera, en la vicepresidencia tercera.
Adiós a María Jesús Montero desde Moncloa
Antes de dar a conocer los nuevos nombramientos dentro del Consejo de Ministros, Sánchez ha tenido unas palabras de agradecimiento al legado político que ha dejado María Jesús Montero en su prolongada etapa dentro de sus filas gubernamentales. «Agradecer de corazón a Montero sus casi 8 años detrabajo incansable al servicio de España. Es una de las mejores políticas, la mejor política que he conocido, un pilar fundamental en este Gobierno», ha felicitado.
Ha elogiado en estos términos su «papel esencial» en el «éxito económico» de España con la gestión de los fondos europeos, el refuerzo en los servicios públicos y el impulso de grandes transformaciones como la transición ecológica o la digital.
«Ha hecho de España un país mejor, le estamos siempre enormemente agradecidos. A partir de ahora, aportará su experiencia y talento a Andalucía, seguirá haciendo lo que más le llena: ayudar a construir una España y Andalucía más próspera y justa para todos», ha emplazado.
Fue este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, cuando Montero se despidió de la Cámara Baja, siendo su última ocasión como vicepresidenta primera del Gobierno central. Ante los reproches de la oposición del Partido Popular, la candidata del PSOE, de cara a los retos que enfrentará en Andalucía, reprochó al PP que está en juego “la salud” y que su duelo con el actual presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, será “un referéndum por la sanidad pública”.
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En tiempos de incertidumbre global —conflictos armados, pandemias, shocks energéticos o desastres naturales— es cuando se mide de verdad la capacidad de un gobierno. No en la retórica, sino en las decisiones concretas y en sus consecuencias sobre la vida de la gente. Analizamos los diez escenarios de crisis y la respuesta de gestión del gobierno de Sánchez, así como la de los gobiernos del PP en escenarios similares.
España ha vivido en las últimas décadas dos modelos claramente diferenciados de gestión de crisis: el modelo del Partido Popular y el modelo que encarna hoy el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La comparación no es ideológica: es empírica.
Irán: diplomacia, desescalada y escudo social
Ante la reciente escalada tras la acción unilateral de Irán, el Gobierno de Sánchez ha optado por una posición clara: “No a la guerra”, alineada con el derecho internacional y con una apuesta por la contención diplomática. Esta postura no solo ha sido coherente con la tradición europea, sino que ha reforzado el papel de España como actor fiable en la escena internacional.
Pero donde realmente se marca la diferencia es en la respuesta interna.
El Ejecutivo ha desplegado un paquete de 80 medidas de escudo social, con impacto directo en hogares y empresas:
Rebajas fiscales selectivas (incluyendo la eliminación de impuestos especiales creados en la etapa de Montoro y la rebaja del precio de la gasolina, energía y gas)
Ayudas directas a familias vulnerables
Protección del tejido productivo
Medidas para contener el impacto energético
Resultado: amortiguación del impacto económico sin trasladar el coste a la ciudadanía
Irak: alineamiento y ausencia de protección
El contraste con la gestión de José María Aznar en la guerra de Irak (2003) es difícil de ignorar.
Apoyo a una invasión unilateral sin respaldo de la ONU
Ruptura del consenso social (movilizaciones masivas, alineamiento contra el 98% del criterio de la población española y el 76% de la mundial, según Gallup)
Ausencia total de medidas de protección económica
Y, sobre todo, una consecuencia indirecta pero devastadora:
El atentado del 11-M (193 muertos), el mayor ataque terrorista en la historia de España,
No hubo escudo social. No hubo protección. Solo alineamiento geopolítico y sus consecuencias devastadoras.
COVID-19: escudo social vs austeridad
La pandemia fue la mayor prueba económica desde la Guerra Civil. Aquí el contraste es aún más evidente.
Gobierno de Sánchez
ERTEs: +3,4 millones de empleos protegidos
Ayudas a pymes y autónomos: +4,2 millones de empleos protegidos.
Moratorias hipotecarias y alquileres.
140.000 millones € fondos UE
70.000 millones a fondo perdido
70.000 millones en préstamos
Resultados:
22 millones de cotizantes (récord), mayoría de empleos estables vs temporales (que han pasado del 27% al mínimo histórico del 15%), compatible con las ocho subidas del Salario Mínimo Interprofesional desde 2018, pasando de 735 euros a 1.221 euros al mes este año.
PIB por encima de niveles pre-pandemia, en 1,59 millones de euros, economía de mayor crecimiento en Europa (+3,2%, doblando el promedio europeo), con 34.500 euros de PIB per cápita.
Paro fuera del doble dígito estructural (tasa en marzo de 2026 del 9,8%, tras cerrar febrero en el mínimo histórico de parados, 2.442.646)
Modelo PP (crisis financiera 2008-2013, gestionada por Rajoy)
Rescate bancario: 65.700 millones € (solo 6.500 millones recuperados a finales de 2025), tras prometer que no costaría dinero a los ciudadanos.
Rescate autopistas (más de 1.000 millones netos, con impacto de más de 3.700 millones de euros según Facua, y un coste público adicional de más de 300 millones de euros en indemnizaciones por vías como la AP-7)
Recortes sociales, y en sanidad, educación y dependencia y la mayor subida fiscal de la Historia (Montoro), cifrada en 12.300 millones de euros mediante las mayores subidas de IVA e IRPF, con las medidas estrella de extracción fiscal de subir el tipo general del IVA del 18% al 21% y la Ley de Autónomos.
Consecuencias:
Desempleo masivo (intensa destrucción de empleo, que llevó al máximo histórico de la tasa de paro en 26,9% en 2013 -casi 6,3 millones de parados-)
Deuda disparada, pasado de representar el 39,5% del PIB en 2007 (aproximadamente 396.000 millones de euros) a superar el 94% del PIB a finales de 2013, alcanzando los 960.640 millones de euros.
Prima de riesgo (el precio a pagar por la deuda, o diferencial entre el bono alemán a 10 años y el español), que superó los 600 puntos con Rajoy y hoy Sánchez la ha dejado en 64 puntos
Intervención de la troika (los “hombres de negro”), de facto una intervención del país y su soberanía nacional.
Fin del modelo de Cajas de Ahorros, destruyendo competencia bancaria y afectando a comisiones desbocadas por servicios bancarios y endurecimiento del crédito.
Rescates: quién gana y quién paga
El modelo de Sánchez introduce un cambio estructural:
Rescates públicos post-COVID como préstamos participativos y reembolsables, con esquemas de riesgo / rentabilidad.
Casos como Air Europa por parte del Fondo de Solvencia:
devolución íntegra en el caso de Air Europa un año antes de la fecha prevista inicialmente (475 millones más intereses devueltos al Estado en noviembre de 2025, 1.525 millones recuperados por el Fondo de Solvencia en total).
Las devoluciones incluyen intereses (Plus Ultra, por ejemplo, ya ha abonado 8,6 millones sólo en intereses de su préstamoen dos pagos de 5 millones acumulados hasta 2024 y 3,6 millones más en 2025) y participación del Estado en los beneficios de las aerolíneas y otras empresas ayudadas por el Fondo de Solvencia.
No destrucción de empleo y aumento del 26% en las plantillas.
“Rescates” con retorno para el Estado.
Frente a rescates a fondo perdido del PP con escaso retorno público
Ucrania: liderazgo vs inflación
Gobierno de Sánchez
Liderazgo OTAN y UE, caracterizado por equilibrar el compromiso atlantista con una agenda progresista y de soberanía estratégica, destacando su papel en la organización de la Cumbre de la OTAN en Madrid 2022 y la defensa de la unidad europea ante Ucrania. En el ámbito de defensa, busca cumplir con los objetivos de capacidad de la OTAN sin comprometer el modelo social, resistiendo presiones estadounidenses para elevar el gasto militar al 5%, manteniendo un enfoque realista de inversiones. En la UE, ha impulsado políticas sociales, crisis de la vivienda y la transición ecológica, posicionándose como un líder clave en la defensa de los valores democráticos y la causa palestina
Excepción ibérica, un mecanismo energético aprobado por la Comisión Europea en junio de 2022 gracias al empuje de Sánchez con apoyo de Portugal y Francia, y permitiendo a España y Portugal topar el precio del gas utilizado para generar electricidad, con el objetivo de reducir la factura eléctrica. Esta medida excepcional permitió desvincular el precio mayorista de la luz de la cotización internacional del gas, logrando ahorros significativos para consumidores e industria al limitar el impacto en sus facturas.
Resultado:
España: precios energéticos más bajos de Europa
Crecimiento económico superior a la media UE. La economía española afronta 2026 como líder en crecimiento de la zona euro, con previsiones de aumento del PIB entre el 2,1 y el 2,4%, duplicando el ritmo estimado para Europa (entre el 1,1% y el 1,3%)
Propuesta del PP (Feijóo)
Eliminar excepción ibérica (presente en su programa electoral de 2023)
Impacto esperado:
Mayor inflación, al menos 2 puntos, sin contar con el impacto de la guerra de Irán.
Energía más cara, dado que, sin el tope, los precios subirían un 10% en el tramo fijo de la factura.
Gestión territorial
A escala autonómica, el contraste se traduce en algo aún más grave: vidas humanas.
Gobiernos del PP
DANA (Comunidad Valenciana, gobierno de Mazón) → víctimas mortales
COVID en Madrid (Ayuso) → miles de fallecidos en residencias por el protocolo de la muerte.
Incendios (Castilla y León, Mañueco) → gestión tardía, pérdidas humanas y medioambientales.
Gobierno central (Sánchez)
Activación rápida de ayudas de emergencia
Reconstrucción de infraestructuras
Inversión pública inmediata
Conclusión
En un mundo VUCA —volátil, incierto, complejo y ambiguo— gobernar no consiste en aplicar dogmas, sino en proteger a la sociedad frente al shock.
El modelo de Pedro Sánchez ha demostrado una constante:
Intervenir cuando es necesario
Proteger a la mayoría
Convertir las crisis en oportunidades de transformación
Frente a ello, el modelo del Partido Popular ha repetido un patrón:
Desregulación
Rescates sin retorno
Costes trasladados a la ciudadanía
La diferencia no es ideológica. Es material.
Y en tiempos convulsos, eso marca la distancia entre gobernar para la gente o dejarla caer. ¿Imaginan ustedes a Feijóo y Abascal gestionando la pandemia, la guerra de Ucrania, la de Irán, o los volcanes, danas e incendios?
El 7 de diciembre de 2021, la Corte del Distrito Sur de Florida abrió un procedimiento judicial contra el empresario español Juan Carlos González Pérez, propietario de Aerofalcon S.L. y antiguo presidente de la firma panameña Insumos Médicos del Pacífico, donde coincidió como socio con Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El acusado está señalado por su presunta implicación en una red destinada a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana PdVSA. En total, se enfrenta a penas que podrían alcanzar los 35 años de prisión por delitos como conspiración para exportar bienes de forma ilegal (hasta 20 años), contrabando (hasta 10) y falsedad en la información de exportación (hasta 5).
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la Cadena SER, la operativa se articuló a través de Aerofalcon S.L, empresa que habría actuado como intermediaria en el suministro de piezas de aviación de origen estadounidense a la compañía venezolana.
Cinco años después de iniciarse la causa, las autoridades estadounidenses han logrado encarcelar al empresario burgalés en Miami. González Pérez fue arrestado el pasado 12 de marzo en República Dominicana, tal y como han confirmado sus abogados. La detención se produjo en el aeropuerto internacional de Las Américas, en Punta Caucedo, por parte de la Dirección General de Migración, que procedió a su traslado inmediato a Estados Unidos, donde permanece en prisión.
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, y candidato del PSOE-M, Óscar López, se ha hecho eco de la noticia en sus redes sociales: «Este emprendedor español resulta que es socio de González Amador, pareja de Ayuso, y contratista del PP (…) ¿Este hombre también fue a la cena en León? (…) ¿Cómo hay que decirlo para que se entienda?«
Este emprendedor español resulta que es socio de González Amador, pareja de Ayuso, y contratista del PP.
Juntos tenían una sociedad creada en Panamá por Fernando Camino, directivo de Quirón.
¿Este hombre también fue a la cena en León? ¿Cómo hay que decirlo para que se entienda? pic.twitter.com/nwmkorKGhH
La defensa del acusado ha denunciado que esta actuación vulnera sus derechos fundamentales, al considerar que la extradición debía haberse tramitado mediante el procedimiento judicial correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia dominicana. El empresario había viajado desde España a República Dominicana el 10 de marzo sin levantar sospechas. Tres días después de su arresto, y sin conocimiento de lo ocurrido, su expareja denunció su desaparición en una comisaría madrileña.
La alerta saltó el 13 de marzo, cuando no acudió a recoger a su hija para llevarla al colegio. Desde ese momento, dejó de responder a llamadas y mensajes, y su teléfono permaneció apagado. Tampoco embarcó en un vuelo de regreso a España, mientras su entorno desconocía que ya había sido trasladado a territorio estadounidense.
De acuerdo con la investigación, desde 2019 los implicados habrían coordinado el envío de repuestos aeronáuticos desde Estados Unidos a PdVSA, incumpliendo las restricciones vigentes. La acusación sostiene que Aerofalcon facilitó material a representantes del régimen de Nicolás Maduro ocultando el destinatario final mediante documentación falsa y declaraciones engañosas.
El caso se apoya, en gran medida, en el análisis de correos electrónicos intercambiados entre los investigados, en los que se evidenciaría que eran conscientes de estar infringiendo las sanciones. En uno de esos mensajes, se planteaba la dificultad de introducir piezas de aviones Learjet y Dassault Falcon en Venezuela debido a las restricciones, mientras que en otros se detallaban mecanismos de pago a través de terceros países, recomendando cuentas en Rusia, China o Malasia para esquivar controles estadounidenses y europeos.
La investigación también recoge que el 31 de julio de 2019, Juan David Guerra Viera, director de Aerofalcon, envió a PdVSA una propuesta para el mantenimiento de su flota de aeronaves Falcon, incluyendo revisiones de motores, junto con los datos de una cuenta bancaria en Rusia para canalizar los pagos.
Meses más tarde, en octubre de ese mismo año, González Pérez adquirió en Texas un motor turbofán Dassault Falcon por 837.000 dólares, que posteriormente fue enviado a Madrid y, desde allí, a Venezuela. En ese contexto, Guerra Viera advirtió a sus interlocutores de la necesidad de extremar la cautela ante el endurecimiento de las sanciones.
La actividad continuó con la venta de otros dos motores por más de 3,3 millones de euros. El propio empresario firmó documentación en la que se indicaba que los pagos se realizarían a través de una cuenta en Alfa Bank, entidad rusa, utilizando intermediarios.
Uno de los elementos clave de la acusación es un certificado firmado por González Pérez en diciembre de 2019, en el que garantizaba que no desviaría productos estadounidenses a entidades controladas por el Gobierno venezolano, incluida PdVSA. Las autoridades consideran que esa declaración fue fraudulenta, ya que el destino real de los equipos no era España, como se indicó oficialmente. Además, detectaron irregularidades en la facturación, con valores inferiores a los reales para reducir el impacto fiscal.
Por su parte, Aerofalcon defendió que la venta de material a Venezuela respondió a un exceso de stock generado tras un contrato fallido con la Fuerza Aérea de República Dominicana, lo que les obligó a dar salida a equipos considerados obsoletos en el mercado español. La empresa solicitó, además, ser excluida de la lista estadounidense que restringe el acceso a tecnología sensible para determinadas entidades extranjeras.
El caso implica a una decena de personas. Entre ellas figura George Semerene, quien en 2024 se declaró culpable de participar en la trama y aceptó una condena de 30 meses de prisión, además de colaborar con la justicia señalando a otros implicados, incluidos responsables logísticos de PdVSA, directivos de la compañía costarricense NOVAX y miembros de Aerofalcon.
Finalmente, Aerofalcon S.L entró en concurso de acreedores pocos días después de que el abogado de González Amador reconociera por escrito la comisión de dos delitos fiscales para evitar un juicio.
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Hace un año el sonido de las llaves de millones de inquilinos se escuchó por toda España. Fue la primera gran manifestación por una vivienda digna que se vivía en el país. Solamente en Madrid, alrededor de 100.000 personas salieron a las calles para exigir el fin del rentismo. El grito era unánime: «¿Qué pasa? Que queremos casa» y el mensaje claro: las huelgas de alquiler habían llegado para quedarse.
Estos días, coincidiendo con los Housing Action Days, hay marchas y eventos en varios puntos de España, que se suman a las acciones coordinadas que se están organizando en toda Europa. El año pasado más de sesenta países hicieron seguimiento de esta convocatoria, a la que están asociadas tanto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. «Mientras los ricos se enriquecen, las democracias de todo el mundo se debilitan y millones de personas luchan por satisfacer necesidades básicas como la vivienda», alertan los organizadores. Este año las reivindicaciones se centran en la turistificación, los efectos de la crisis climática y la escalada bélica.
Tras la Asamblea Estatal de la PAH celebrada este fin de semana, los activistas se han unido formalmente a estas jornadas y están anunciando actos desde sus diferentes nodos. En un comunicado difundido a los medios han tachado el nuevo decreto de vivienda de «insuficiente» y «limitado» y denuncian «el abandono deliberado por parte del Gobierno del intento de mantener en pie la moratoria antidesahucios», una medida que ha quedado fuera de este último paquete anticrisis.
Frente a esta situación, hacen un llamamiento a todos los movimientos sociales y ciudadanos a salir a la calle: «Ante estos decretos de mínimos, respondemos con movilizaciones de máximos». En paralelo, con la esperanza de que pueda servir para cambiar la postura de Junts en el último momento, hasta los socios del Gobierno se han aventurado a pedir apoyo. «Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que, cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación, se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa», decía Pablo Bustinduy este lunes, en una entrevista en RTVE.
Andalucía contra los desahucios y la gentrificación
A lo largo del mes de marzo se han organizado varias acciones contra la gentrificación y la especulación en diferentes puntos del país, que buscan presionar a las instituciones, pero también concienciar a la ciudadanía de la importancia de organizarse y participar en las asambleas.
Córdoba ha sido una de las primeras ciudades en sumarse oficialmente a los días globales por la vivienda. Stop Desahucios y otros colectivos han organizado este martes una protesta que ha recorrido el casco urbano. La plataforma denuncia el «reiteradamente nefasto efecto de los llamados fondos buitre», a los que señalan como «los nuevos agentes que desahucian a familias trabajadores sin alternativa habitacional» y denuncia las consecuencias de la caída de la moratoria antidesahucios: «En nuestra ciudad, los desahucios ocurren a diario, y esta acción es nuestro momento para alzar la voz».
Aunque en fechas algo más alejadas de estas jornadas, en Málaga, más de mil personas recorriendo la ciudad el 14 de marzo para apoyar a los vecinos del bloque de Avenida de Europa 15, que se enfrentan a un futuro desalojo masivo. A esa concentración acudieron también los 62 afectados por un desahucio en Manilva, que este martes 24 de marzo se han quedado en la calle sin alternativa habitacional.
«Desgraciadamente se ha ejecutado el desahucio, pero el apoyo vecinal ha derivado en una manifestación por la ciudad y esta noche parece que dormirán las familias en un polideportivo», explica un portavoz de Málaga para Vivir, que denuncia que han dejado a las familias «tiradas a su propia suerte». Este jueves pretenden acudir al pleno de la ciudad para intentar que los vecinos de Avenida Europa no corran la misma suerte.
Semana de movilizaciones: València, Mallorca o Madrid
Este fin de semana hay previstas otras dos concentraciones, una en Mallorca y otra en Madrid. El Sindicato de Inquilinas de Tetuán sale a la calle este sábado 28 de marzo contra «las distintas formas de acoso inmobiliario». Como acción previa, la semana pasada empapelaron varias sedes socialistas, con carteles bajo el lema «Gobierno cómplice de matones y rentistas», exigiendo la desarticulación de las empresas de ocupación.
En la capital de les Illes Balears también se ha hecho un llamamiento a los vecinos para que acudan el domingo 29 a la Plaza de España. El archipiélago registra los mayores porcentajes de descontento ciudadano, relacionados con el acceso a la vivienda. Ángela Pons, portavoz de la PAH en la isla, denunciaba hace hace unos días, en conversaciones con este medio, la situación asfixiante que viven los mallorquines, con cientos de trabajadores del turismo viviendo en asentamientos y caravanas, ante la imposibilidad de acceder a unos alquileres que «en los barrios obreros, ya rozan los 2.000 euros y por una habitación pueden pedirte fácilmente 700 euros».
«Aquí todo es para el turista, pero los mallorquines no tenemos dónde vivir. Y todas las semanas nos enfrentamos a desahucios de gente que se queda en la calle, porque no tenemos narices de encontrarles una alternativa habitacional», cuenta. Este mismo lunes ha atendido un último intento de desalojo de una pareja de 75 años.
También en otras ciudades hay previstos distintos tipos de acciones coordinadas. Segovia se ha unido a los Housing Global Days, con dos actividades, este martes y este miércoles, «para reivindicar y celebrar la semana de acción global por el derecho a la vivienda en un mundo habitable», que serán familiares y participativas. Barcelona o Donostia han anunciado diferentes acciones de lucha que darán a conocer en los próximos días.
Por su parte, en el País Valencià, el sábado, en el barrio de Russafa, se organizará una cadena humana «contra la especulación inmobiliaria», con la que quieren exigir la paralización de un proyecto que pretende construir 34 bajos turísticos y dos sótanos de estacionamiento. Un acto organizado desde València no está en venta, y que enmarcan dentro de esta semana de la lucha internacional por la vivienda.
En Toledo, aprovechando estas jornadas, la recién creada Unión Popular de Inquilinos se está dando a conocer barrio a barrio. Se trata de un grupo de jóvenes «indignados» por la subida de las rentas, las condiciones abusivas de los contratos y la gentrificación turística. Están vinculados a la Unión Popular de Estudiantes de Toledo y, en un comunicado, inciden en que hasta la fecha no había un colectivo en la ciudad al que recurrir en caso de conflicto con el casero o del que exigir el cumplimiento de los derechos de los inquilinos.
Además, el fin de semana pasado dos marchas reunieron a cientos de inquilinos y afectados por la subida de los precios de la vivienda en dos extremos del país: Vigo y Alacant. Unas 800 personas organizadas por Alianza Pola Vivenda exigieron en Vigo medidas contra la «emergencia habitacional», que deja ya contratos que superan los 700 euros, según denunció Juan Medela, portavoz de la Alianza. El colectivo exige que se adopten cinco medidas «inmediatas», entre las que incluía la declaración de la ciudad como zona tensionada –el Ayuntamiento aún no lo ha solicitado– o el establecimiento de un plan plurianual para la ampliación del parque público de vivienda y la creación de un censo de personas sin hogar.
Decenas de personas durante una manifestación para exigir medidas por una vivienda digna, a 21 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).
En cambio, en Alacant, gran parte de las reivindicaciones y el descontento vecinal giró en torno al escándalo de las VPO que salpica a la provincia tras el estallido del caso de Les Naus. Desde el Sindicato de Vivienda de la Zona Norte han criticado duramente a los gobiernos local y autonómico, a los que acusan de modificar la legislación para facilitar estas concesiones. Piden la expropiación de las VPO adjudicadas a «personas que no las necesitan», la creación de un órgano de gestión en el que participen las asociaciones vecinales y que las personas implicadas en el escándalo sean apartadas de la administración pública.
Acciones coordinadas por toda Europa
«Los ricos se enriquecen cada vez más mientras las democracias de todo el mundo se vacían y millones de personas luchan por garantizar sus necesidades básicas y una casa donde vivir. A medida que se multiplican las crisis, la gente se ve obligada a emigrar, solo para encontrarse con fronteras cerradas, represión y políticas cada vez más racistas», denuncia en un comunicado la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad.
La coalición de activistas se describe como «inquilinos que resisten a los desalojos, trabajadores que luchan por salarios justos y por llegar a fin de mes, personas sin hogar que luchan por una vivienda digna para todes y comunidades que reclaman tierras y espacios para la vida colectiva». Bajo esta bandera se agrupan organizaciones de Irlanda, Alemania, Grecia, India o hasta Ucrania.
Sin ir más lejos, Portugal ha vivido el pasado fin de semana una ola de movilizaciones por la vivienda que ha recorrido unas 16 ciudades. Mientras que los salarios más bajos no llegan a los 1.000 euros, en las urbes el precio de la vivienda no para de subir, con alquileres que ya ascienden hasta los 2.000 euros mensuales. «Madres solteras desalojadas, familias que viven hacinadas, otras que regresan a chabolas sin agua o luz y algunas vuelven del trabajo para dormir en tiendas de campaña», así describen la situación del país en un comunicado los más de 80 convocantes.
En estos días son Francia y Alemania los países que concentran la mayor cantidad de acciones. En Berlín todos los días de la semana habrá diferentes actos, desde marchas a concentraciones o ‘performance’. Este miércoles saldrán con las maletas a la calle para denunciar la turistificación del centro de la ciudad. El jueves hay prevista una vigilia contra la falta de alojamientos y el aumento de los desalojos. También han organizado una «ruta» tras las huellas de los pubs y locales de barrio desaparecidos.
En Francia, entre otros actos, este sábado, en Lion, se organiza un evento en apoyo a 27 familias, incluidos 72 niños, que actualmente ocupan una escuela abandonada, tras haberse quedado sin otra alternativa. «Tras una tregua invernal, vuelven a enfrentarse a la amenaza del desalojo», advierte Jamais Sans Toit, un colectivo en apoyo a la infancia. En gran parte del país galo se suceden actos contra el fin de la «tregua invernal» que protege a las familias de los desalojos. París, Lille, Mulhouse o Marsella tomarán las calles este fin de semana.
A diferencia de otros años, en el comunicado conjunto de los organizadores de estos Housing Action Days se ha hecho un llamamiento claro a la paz: «El año comenzó con alarmas ensordecedoras: presenciamos genocidios y guerras impulsadas por los intereses de los poderosos, alimentando una nueva ola de militarización». Los conflictos, defienden, acaparan recursos que no se destinan a políticas sociales, como la vivienda, y provocan el desplazamiento forzado de miles de personas cada año.
Juan Manuel Moreno Bonilla lleva meses trabajando en las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo domingo 17 de mayo en Andalucía. Tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno y con una antelación de 54 días, el presidente de la Junta anunció este lunes la disolución del Parlamento andaluz.
Esta cita con las urnas concluirá el ciclo de los caucus electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde Vox ya embargó las investiduras y la gobernabilidad a los barones populares. Sin embargo, estos comicios resultan los más relevantes políticamente dentro y fuera de Andalucía.
A diferencia de María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, Moreno Bonilla defenderá una mayoría absoluta que se encontraría amenazada por el crecimiento sociológico de la ultraderecha, especialmente en la región que la vió resucitar.
En los últimos meses, Moreno ha reiterado en numerosas ocasiones su intención era completar la legislatura, aunque la evolución del contexto político ha acabado acelerando los tiempos.
La fecha escogida responde en parte a un adelanto de carácter técnico, pero también tiene un claro componente táctico: aprovechar el buen momento que atraviesa el presidente y anticiparse a posibles cambios en el escenario político, que podrían producirse en las semanas previas a los comicios.
“Han sido cuatro años muy exigentes en los que Andalucía ha progresado, ha reforzado su estabilidad y ha demostrado que puede avanzar cuando se gobierna pensando en el interés general”, defendió el presidente de la Junta.
Por su parte, Santiago Abascal aspirará a impedir que el Partido Popular revalide sus 58 escaños y a acechar la segunda posición de la candidatura socialista de la todavía vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.
Los sondeos publicados en los últimos meses radiografían una derechización del electorado andaluz, que sería insuficiente para reeditar una mayoría absoluta del PP en solitario. “Es difícil pero posible”, ha dicho Moreno Bonilla en El Programa de Ana Rosa. No obstante, la izquierda no dispondría de posibilidades de gobernabilidad, con un PSOE desmovilizado y una izquierda transformadora fragmentada en hasta tres papeletas distintas (Adelante Andalucía, Por Andalucía y, presumiblemente, Podemos).
La media de las encuestas publicadas a lo largo de la legislatura (Electomanía, Sigma Dos, SocialData) indica que el PP estaría en disposición de repetir una victoria amplia en las urnas. Sin embargo, esos mismos datos no aseguran que Moreno Bonilla mantenga la mayoría absoluta, por lo que podría verse obligado a depender del apoyo de Vox. En términos de intención de voto, los populares alcanzarían en torno al 41,5%, con una ventaja de unos 21 puntos sobre el PSOE, que se situaría en el 20,5%. Muy cerca de los socialistas aparecería Vox, con un 17,3%, a poco más de tres puntos de la candidatura liderada por Montero. Por su parte, Por Andalucía y Adelante Andalucía rondarían el 7% de respaldo.
En cuanto al reparto de escaños, estas previsiones dejarían a Moreno a las puertas de la mayoría absoluta, aunque sin lograrla por un margen muy estrecho. El PP pasaría de 58 a 54 diputados, quedándose a uno del umbral fijado en 55 en el Parlamento andaluz. El PSOE bajaría de 30 a 28 escaños, firmando un nuevo mínimo, mientras que Vox experimentaría un notable crecimiento, subiendo de 14 a 21 representantes, lo que le otorgaría un papel clave para la formación de gobierno. Por Andalucía conservaría sus 5 diputados y Adelante Andalucía mejoraría ligeramente, pasando de 2 a 4.
Según la encuesta de Sigma Dos elaborada para El Mundo —la única que vislumbra un escenario de mayoría absoluta del PP—, el Partido Popular volvería a ganar las elecciones andaluzas, con una estimación de entre 53-55 escaños. El PSOE se situaría entre los 24-27 representantes, Vox se quedaría entre los 20-21 escaños, Por Andalucía estaría en la horquilla de los 5-7 y Adelante Andalucía conseguiría 4 escaños.
Las elecciones autonómicas han reflejado en los últimos años una transformación del sistema de partidos en Andalucía. El peso conjunto de los dos grandes partidos tradicionales, PP y PSOE, se redujo con la irrupción de nuevas fuerzas políticas como Ciudadanos, Vox o Adelante Andalucía.
En los comicios de 2022 se produjo parcialmente una recuperación del peso del bipartidismo tradicional, aunque el sistema político andaluz continúa mostrando una mayor pluralidad de fuerzas políticas.
En algunos ciclos electorales la participación se ha visto influida por la coincidencia con otras convocatorias electorales. Las elecciones autonómicas coincidieron con las elecciones generales en 1986 y entre 1996 y 2008, y con las elecciones europeas en 1994, lo que tuvo un impacto directo en los niveles de participación del electorado.
El triunfo del Moreno Bonilla se reflejó en la mayor parte del territorio andaluz, con el PP como fuerza más votada en 567 municipios, frente a 205 del PSOE, 11 de Por Andalucía y sólo dos de Ciudadanos. Este nivel de detalle permite observar cómo se distribuye el voto en pueblos y ciudades de la comunidad y entender mejor las diferencias territoriales del mapa electoral andaluz.
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Las tropas de Israel se harán con el control de los puentes del río Litani, territorio que conforma la zona sur de Líbano, aunque se dejarán libres algunos pasos concretos que lo atraviesan. La operación la justifica el Gobierno israelí en velar por impedir que se dé un avancé de Hezbolá hacia esta frontera natural.
El movimiento militar que se llevará a cabo ha sido comunicado este martes por ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha dado a conocer la dirección que tomarán los militares israelíes, que pasarán a controlar hasta un 10% del territorio de Líbano, donde se ubican hasta 150 municipios del país. El anuncio lo ha realizado tras confirmar que cinco puentes que atraviesan este río han sido destruidos por el Ejército de Israel.
Respecto a este último ataque, Katz ha asegurado que se ha procedido a destruir estos pasos sobre el agua por el uso de los mismos que Hezbolá hacía para «trasladar terroristas y armas». Según el ministro de Defensa de Israel, la ofensiva llevada a cabo ha tenido «un principio claro», pues entendían, tal y como ha apuntado, que en la zona no hay casa ni residentes, sino terroristas y misiles.
De esta manera, Katz ha reiterado el conflicto armado abierto entre Israel y la milicia de Hezbolá, el cual se ha intensificado desde el inicio de la guerra de Irán. En este sentido, ha señalado que Hezbolá «cometió un grave error al atacar Israel como herramienta del régimen terrorista iraní». Por ello, apunta que «está pagando y pagará un alto precio».
No solo sobre esta zona de Líbano está combatiendo Israel, según afirma, a Hezbolá, sino que también ha procedido a efectuar bombardeos, según a señalado el ministro de Defensa, sobre infraestructur de la milicia, en la capital del país, Beirut, y otros puntos del territorio.
En este contexto de bombardeos de Israel sobre el territorio libanés, las autoridades del país han subrayado que las ofensivas del régimen de Netanyahu han provocado el fallecimiento de más de mil personas debido a los bombardeos y ataques terrestres. Estas son unas acciones militares que ha denunciado, también, la ONU.
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La pasada semana fue crítica en el Gobierno de España en lo que respecta a la respuesta a la guerra de Irán y sus efectos económicos. El efecto dominó de un conflicto a miles de kilómetros de distancia se nota en la economía global en el aumento del precio del barril de petróleo y su consiguiente impacto en a cuánto pagan los españoles al llenar el depósito de sus coches o al abonar la factura de la luz. Algún tipo de respuesta institucional era necesario para paliar estos efectos, y llegó, aunque no sin roces entre los socios: el Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria, aprobaba dos decretos, uno centrado en los carburantes y previsto desde el principio por el PSOE, y otro relacionado con la vivienda y con el tope a los beneficios empresariales, negociado con Sumar tras un plantón de los ministros magentas. Al escrutinio parlamentario se someterán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecerá en el Hemiciclo antes de la sesión de control, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a días de que anuncie su dimisión para ser la candidata socialista a las elecciones andaluzas el próximo 17 de mayo. Una sesión de control que servirá, asimismo, como antesala de lo que ocurrirá el jueves, cuando se someta a convalidación el decreto con 80 medidas que salió del Consejo de Ministros. El segundo decreto no será aún enviado a la Cámara para someterlo al examen parlamentario, ya que el Gobierno, y en especial los ministros de Sumar, quieren más tiempo para negociarlo con los grupos y conseguir así apoyos para su aprobación, con los que no cuentan actualmente.
La ochentena de medidas anunciadas por el Ejecutivo movilizarán alrededor de 5.000 millones de euros para tratar de paliar los efectos económicos del conflicto en Irán. Sánchez ha lamentado, durante la semana, que se trata de una «guerra contraria al derecho internacional» que está dejando ya «las primeras réplicas de un terremoto económico». «Situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias«, explicaba. Bajo ese telón de fondo, las medidas que pueden citarse son la rebaja del IVA (del 21 al 10%) en productos como la gasolina, el gasóleo, el butano, el propano, la electricidad, el gas, la leña, las briquetas o los pellets, o la retirada temporal del impuesto especial a los hidrocarburos, que en la actualidad equivale a 0,379 euros por litro de diésel y a 0,47269 euros por litro de gasolina. El Gobierno calcula que este recorte fiscal implicará una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante y de unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio, lo cual es beneficioso para el consumidor en términos de bolsillo, pero los recortes fiscales de esta índole son un arma de doble filo: aunque alivian la cartera del ciudadano, no limitan los beneficios de las grandes corporaciones y merman la recaudación pública. Además, sacaba pecho el Gobierno hace unos días de que no atenderían a las medidas propuestas por el Partido Popular por ser siempre las mismas y consistir siempre en bajar los impuestos, y es justo lo que ha terminado materializándose en el decreto ley.
Al margen, existen otras medidas concretas para los profesionales del transporte, la pesca o la ganadería, como una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, además de la subvención parcial en la compra de fertilizantes. Estas medidas no han entusiasmado demasiado a los transportistas, que notarán cierto alivio en sus cuentas, pero consideran que las ayudas aprobadas ante la escalada del diésel no son lo suficientemente contundentes y que no impedirán que los sobrecostes se trasladen a los productos finales. En cuanto a la electricidad, mismo escenario: bajadas de impuestos. Además de la bajada del IVA, se reducirá al 0,5% el impuesto especial a la misma, del 5,11% en la actualidad, y se suspenderá de forma temporal durante 2,5 meses el impuesto al valor de la producción eléctrica, del 7%.
El Gobierno asegura, así, que los impuestos sobre la electricidad se reducirán aproximadamente un 60%. En el caso concreto de las industrias de gran consumo de electricidad, se bonificarán en un 80% los peajes que pagan, lo que supondrá un descenso en la recaudación de 200 millones de euros. También se aplicarán medidas de flexibilidad en sus contratos de compra de electricidad. Los consumidores vulnerables, por su parte, verán extendidos hasta finales de este año los descuentos extraordinarios del bono social de la luz y reforzado el bono social térmico, hasta un máximo de 50 euros. Se mantiene, además, la prohibición de suspender el suministro a los hogares vulnerables. Los descuentos del bono social eléctrico se ven reforzados también, hasta el 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. También se aplicarán otras medidas de reducción de la presión fiscal, como bonificaciones en el IRPF para la instalación de panales solares, sistemas de autoconsumo y almacenamiento de electricidad y medidas específicas para seguir potenciando las renovables y desligarse del consumo de hidrocarburos.
Una sesión de control que se prevé tensa
Volviendo a la sesión de control, el Gobierno estará en el foco del PP, Podemos y Vox por asuntos diferentes. Los ‘populares’ han decidido aprovechar el Pleno del Congreso de esta semana para examinar con cuatro preguntas a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en lo que, previsiblemente, será su última sesión de control, teniendo cuenta de que dejará el Gobierno para ser la candidata del PSOE a las elecciones autonómicas de Andalucía.
«¿Cómo será recordado su paso por el Gobierno, vicepresidenta?«, es la pregunta, cargada de intención política, que le formulará la portavoz del PP, Ester Muñoz, según el listado de interrogantes registrado el pasado jueves. Y es que la vicepresidenta ya anunció que, en cuanto se convocaran las elecciones andaluzas, que Moreno Bonilla ha convocado para el próximo 17 de mayo, dejará el Gobierno de Pedro Sánchez para centrarse en la campaña. Por ello, su marcha del Ejecutivo está cerca y la sesión de control de esta semana puede ser una de las últimas como vicepresidenta, pues la siguiente no será hasta después de Semana Santa, a mediados de abril.
Además de Muñoz, el secretario general del PP, Miguel Tellado, interpelará a María Jesús Montero para que explique sobre «cuál ha sido la verdadera prioridad de su ministerio durante todos estos años«. A su vez, el diputado José Vicente Marí Bosó, uno de los portavoces económicos del Grupo Popular, preguntará a Montero si «viven hoy mejor los españoles que cuando llegó al Ministerio»; mientras que su compañera María Isabel Sánchez Torregrosa quiere saber si «ha regido la ética y la transparencia el desempeño de sus funciones públicas«. Preguntas, todas ellas, de carácter muy político y personalista contra la ministra, y no relacionadas con las medidas recientemente aprobadas ni con el contexto actual. A estas preguntas del PP se añade otra para le formulará la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en la que se interesará por conocer «lo que hará el Gobierno para acabar con la precariedad y la inestabilidad en la Administración pública«.
En el mismo sentido, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha exigido al Gobierno que amplíe sus medidas aprobadas en el Consejo de Ministros extraordinario por la guerra de Irán, reprochándoles que van tarde y que no son suficientes. Cabe recordar que hace un par de semanas, los ‘populares’ proponían una serie de medidas concretas para hacer frente al aumento de precios del carburante, consistentes, todas ellas, en bajadas de impuestos. El Gobierno se opuso a escuchar estas propuestas por ser «lo mismo que propone siempre el PP». Finalmente, las medidas que se aplicaron en este sentido fueron, precisamente, bajadas de impuestos, lo que no ha servido para evitar la oposición sistémica de los ‘populares’ al Gobierno de Sánchez, incluso cuando toman iniciativas que podrían haber salido de sus propias filas. Los de Feijóo aún no han despejado qué votarán el jueves, aunque ya no será determinante porque Junts ha confirmado que apoyará el decreto del Gobierno.
La dirigente del PP criticaba la tardanza del Ejecutivo para aprobar un plan tras las consecuencias de una guerra que «ya hace días y semanas que está afectando a los bolsillos de los españoles«. «Mientras tanto el Gobierno está recaudando. Lo que aquí hace falta es rescatar a los españoles de la situación que están viviendo y no al Gobierno», afeaba. Preguntada por la posición del PP a las medidas que recogen las rebajas fiscales que reclamaban, Gamarra ha pedido esperar: «Veremos uno a uno y cuando veamos todo lo que dice ese real decreto ya lo valoraremos». Así, ha recordado el aviso del líder ‘popular’, Alberto Núñez Feijóo, en la última sesión de control a Pedro Sánchez en el Congreso: «Que no utilicen como hacen siempre un real decreto para intentar salvar al Gobierno».
Abascal, centrado en la inmigración
Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aprovechará el Pleno de control en el Congreso para denunciar la decisión del Gobierno de ampliar la asistencia sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular y pedir cuentas al jefe del Ejecutivo por una medida que, a su juicio, implica destinar los impuestos de los españoles a pagar la atención sanitaria «de medio mundo».
«¿Por qué no les pregunta a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se dedique a la atención sanitaria de medio mundo?«, reza el interrogante, formulado con cierto desprecio a las personas migrantes, que Abascal dirigirá el miércoles a Sánchez en la Cámara Baja. El pasado 10 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley para garantizar la asistencia sanitaria pública a personas migrantes en situación irregular, una medida que Abascal calificó de «crimen» porque, desde su punto de vista, abre los hospitales «a toda África«.
Abascal sostiene que el «decretazo» del Ejecutivo no sólo provocará un «efecto llamada brutal» en un contexto de «invasión migratoria», sino que además conllevará mantener con subsidios y ayudas sociales a «millones» de personas mientras los españoles más necesitados carecen de ellos. Así las cosas, el presidente de Vox llevará este asunto a la próxima sesión de control con la idea de mantener un duelo parlamentario con Sánchez sobre la migración, uno de los asuntos en los que ambos dirigentes mantienen una enorme distancia ideológica.
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Un nuevo avance en la guerra en Oriente Próximo se abre focalizándose en el estrecho de Ormuz. Según recoge el prestigioso periódicoFinancial Times este martes, Irán, en una carta remitida a la Organización Marítima Internacional (OMI) ha advertido que los buques de países que no estén vinculados a «la agresión» perpetrada por Estados Unidos e Israel tendrán vía libre de circulación por este enclave estratégico del Golfo Pérsico.
En palabras de Teherán, podrán circular “los buques no hostiles en coordinación con las autoridades iraníes” justo después de levantarse el bloqueo, una decisión que ha declinado en el alza de precios del petróleo y el gas natural licuado en el conjunto de la Comunidad Internacional.
En la misiva remitida a la OMI, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también ha defendido que adoptó “las medidas necesarias y proporcionadas” para evitar que las Administraciones de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu “explotaran el estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones hostiles” en contra de su nación. Desde que comenzó el recrudecimiento del conflicto hace cerca de un mes atrás, en torno a 3.200 barcos se encuentran inmóviles en el Golfo Pérsico.
En lo que concierne a los buques estadounidenses e israelís, además de “otros participantes en la agresión”, no están incluidos en esta decisión por “no cumplir los requisitos para un paso inocente o no hostil” en las millas que han de atravesar para continuar su travesía por el estrecho de Ormuz.
Trump insiste en la existencia de negociaciones con Irán
Por su parte, Trump, en declaraciones a los medios de comunicación este martes desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, ha subrayado, en el marco de la tregua en el conflicto, que Irán “ya no tiene líderes”, puesto que no reconoce el mandato de Motjaba Jamenei tras la muerte de su padre en uno de los primeros ataques de Estados Unidos. “Estamos hablando con la gente adecuada, quieren un acuerdo”, ha dejado caer.
En los mismos términos, ha deslizado que Teherán ha asegurado que “nunca tendrá armas nucleares”. Todo ello sin desvelar qué equipo o dirigente iraní lleva el mando de las negociaciones con la Administración estadounidense, cuya parte corre a cargo del vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
En relación con el estrecho de Ormuz, antes de conocerse la reapertura por parte de las autoridades iraníes, Trump ha señalado que Teherán le ha hecho a su país “un regalo muy grande” en relación con este enclave estratégico, aunque en sus palabras no ofreció más detalles.
“Va a llegar un acuerdo, ayer hicieron algo asombroso. Nos hicieron un regalo, y el regalo llegó hoy. Fue un regalo muy grande, de un valor económico tremendo. No les voy a decir qué regalo es, pero fue un precio muy significativo, dijeron que nos lo darían y lo hicieron”, ha afirmado al respecto, aunque sí ha deslizado que guarda relación “con el petróleo y el gas”.
Al tiempo, y ante la intermediación y el papel de los países colindantes al conflicto en Oriente Próximo, Trump ha felicitado a Emiratos Árabes Unidos (EAU), Arabia Saudí y Qatar por sus “excelentes” posturas.
Unas palabras que giran en torno a la tregua que anunció este lunes, cuando dio orden al Departamento de Guerra de su Gobierno a “posponer todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructuras energéticas” en territorio iraní durante los próximos cinco días, es decir, periodo que expirará este viernes.
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El chalet que el juez Juan Carlos Peinado disfruta en el municipio de La Adrada (Ávila) sigue sin escapar a la polémica. El último episodio controvertido respecto del inmueble se sitúa en su año de construcción, concretamente en el que aparece en la ficha del Catastro.
El documento indica que fue en 2022 cuando se terminó la construcción de la vivienda, lo cual choca frontalmente con los datos oficiales y de los que este periódico, así como otros medios de comunicación, se han hecho eco todo este tiempo.
El chalet del que el magistrado que investiga a Begoña Gómez dispone en la localidad avilense se construyó a principios de los 2000. Después, su inscripción como un almacén a pesar de levantarse sobre una parcela de 2.866 metros cuadrados, problemas con la licencia, la piscina o las aguas fecales han formado parte de la historia de una construcción que siempre ha estado rodeada de dudas.
este medio se ha puesto en contacto una vez más con el activista Fernando Jabonero, quien lleva años persiguiendo las posibles irregularidades del inmueble y que se ha dado cuenta de que la fecha de construcción que figura en el Catastro no es la real. Lanza una pregunta al aire: “¿Y esto?”. La cuestión, que “debería responder el Ayuntamiento”, aumenta las sospechas sobre la legalidad del sitio.
¿Intervención del Ayuntamiento?
“Las fechas no coinciden por ningún lado”, evidencia Jabonero en declaraciones a este periódico después de establecer una cronología de algunas de las controversias. “Entiendo que todo esto se ha producido con intervención decisiva del Ayuntamiento”, sostiene, “porque el Catastro no va a admitir una modificación de una ficha catastral sin que haya un documento oficial de por medio”.
Jabonero insiste en que “alguien ha querido incluir ese dato en el Catastro por alguna razón”. “Me parecería bastante improbable lo contrario, que no haya un papel municipal de por medio que haya movido la voluntad del Catastro para aportar una fecha que no es real”.
A continuación, explica algunas máximas que rigen la construcción en España, como por ejemplo que “una construcción nueva no está acabada hasta que no tiene el certificado de final de obra y la administración ha verificado que la obra se comparece en los términos de la licencia”. “Eso es previo y necesario para obtener la licencia de primera ocupación, que el juez Peinado solicitó”, añade.
Aunque no existen certezas, la situación sí que permite el beneficio de la duda: “A lo mejor es que ni siquiera hay certificado de fin de obra, lo desconozco”. De darse esto, sería porque “aunque lo hubiera formalmente por parte del técnico director de la obra, es el Ayuntamiento el que si observa algún tipo de incumplimiento o irregularidad en la ejecución le dice al promotor que no da por terminada la obra”. Es decir, que es la administración municipal, según explica el activista a este medio de comunicación, la que da el visto bueno en última instancia a la ejecución de la obra.
El cobro del IBI
Jabonero refrenda que la administración pública “se guía por el principio de legalidad” y éste “en este caso es muy claro, porque no hay nada más reglado en España que el urbanismo”, que “te dice cuáles son los pasos a seguir para cada una de las cosas”.
Preguntado por posibles beneficios que podría adquirir el inquilino de una vivienda con un error a la hora de fechar el inmueble, Jabonero menciona el cobro del impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI). “Creo que no se puede pasar el cobro si no está acabada la obra”, detalle. Con todo, mantiene su convicción de que “lo han hecho por algo” y “no ha sido una cosa accidental”.
Investigación a la desesperada
El juez Juan Carlos Peinado es mediático, sobre todo, por su investigación a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Su trabajo en esta línea también ha estado en entredicho. Ahora, además, el tiempo apremia sin avances.
Dos años después del inicio del ‘caso Begoña’, Peinado está a punto de cumplir 72 -en la carrera judicial se encuentra en los 70, pero se pueden exigir un máximo de dos más-, lo que le sitúa en la jubilación y, en consecuencia, el fin de la investigación, a menos por su parte.
Una vez que cuelgue los hábitos, el togado corre el riesgo de que lo que quede pendiente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se archiven. A sabiendas de que el reloj corre en su contra, el juez insiste en llevar a Gómez ante un jurado popular si llega a juicio, en contra de la decisión que adoptó la Audiencia Provincial en sus anteriores intentos. La mujer de Sánchez está llamada por el instructor el próximo 1 de abril.
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Occidente no puede alegar que no sabe qué hacer con Israel. El derecho internacional lleva meses, incluso años, señalando qué medidas están al alcance de los Estados para frenar, castigar y no contribuir a los crímenes cometidos en Gaza. El problema no ha sido la falta de herramientas jurídicas. Ha sido la negativa de buena parte de las potencias occidentales a utilizarlas contra un aliado. Desde enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ha dictado varias órdenes cautelares en el caso abierto por Sudáfrica contra Israel. En julio de 2024, además, emitió una opinión consultiva en la que concluyó que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es ilegal y recordó que terceros Estados no deben reconocer esa situación ni prestar ayuda para mantenerla. El margen de maniobra, por tanto, no es teórico. Está escrito.
La secuencia importa. El 26 de enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel adoptar medidas para prevenir actos comprendidos en la Convención sobre Genocidio y garantizar más ayuda humanitaria para la población de Gaza. El 28 de marzo reforzó esas medidas. El 24 de mayo fue más lejos y exigió detener la ofensiva militar en Rafá. La Corte no zanjó entonces el fondo del caso, pero sí estableció algo decisivo: que existía un riesgo suficiente como para activar obligaciones inmediatas. A partir de ahí, la discusión dejó de ser política en sentido estricto. También pasó a ser jurídica. Qué hace cada Estado con Israel desde ese momento ya no depende solo de afinidades diplomáticas o cálculos electorales. Depende de si está cumpliendo o no con su deber de prevenir y no facilitar una situación ilegal.
Las herramientas están sobre la mesa
La primera vía de presión es comercial. La opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio de 2024 fue bastante clara al señalar que los Estados no deben reconocer como lícita la presencia israelí en el territorio palestino ocupado ni prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación. También afirmó que deben cooperar para ponerle fin. Eso abre la puerta a revisar acuerdos preferenciales, congelar inversiones, excluir productos ligados a la ocupación y suspender relaciones económicas que contribuyan a sostenerla. No hace falta una arquitectura nueva. La base jurídica ya existe.
Ahí la Unión Europea ocupa un lugar central. La UE sigue siendo el principal socio comercial de Israel. El comercio bilateral de bienes alcanzó los 42.600 millones de euros en 2024 y Bruselas representó el 32% del comercio total israelí de bienes, según la Comisión Europea. Esa cifra no es un simple dato de contexto. Marca la capacidad real de presión. Si la UE suspendiera concesiones comerciales, endureciera controles sobre importaciones vinculadas a los asentamientos o congelara el trato preferencial del Acuerdo de Asociación, el golpe sería tangible. De hecho, la propia Comisión Europea propuso en septiembre de 2025 suspender concesiones comerciales sobre bienes israelíes, lo que evidencia que ese instrumento está sobre la mesa y no pertenece al terreno de la especulación académica.
La segunda vía es militar. Si un Estado tiene prohibido ayudar a mantener una situación declarada ilegal por la CIJ, seguir exportando armas, componentes, software de uso dual o tecnología susceptible de empleo militar se vuelve mucho más difícil de justificar. La ONU ha empujado en esa dirección en repetidas ocasiones. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza y urgió a todos los Estados a cumplir sus obligaciones legales para ponerle fin y castigar a los responsables. En otro informe de octubre de 2025, la relatora especial Francesca Albanese describió el genocidio en Gaza como “un crimen colectivo”, sostenido por la complicidad de terceros Estados a través de apoyo material, protección diplomática y distintas formas de asistencia. El lenguaje no deja mucho espacio para la ambigüedad.
Eso, llevado a política concreta, significa embargos de armas, suspensión de licencias, cancelación de proyectos de coproducción y revisión de contratos de defensa. También significa algo menos visible, pero muy relevante: retirar agregados militares, cerrar oficinas comerciales vinculadas al sector de seguridad y congelar programas de cooperación tecnológica. No son medidas espectaculares en una portada, pero suelen tener un efecto directo sobre la relación estratégica. Y, sobre todo, encajan con la idea que ha repetido la ONU: no basta con pedir moderación mientras se mantiene intacta la infraestructura material que alimenta la guerra.
Del aislamiento diplomático a los tribunales
Luego están las sanciones personales. Congelar activos, prohibir visados, bloquear operaciones financieras y señalar de forma individual a responsables políticos, mandos militares o colonos violentos. Es una vía más limitada que la comercial o la militar, pero tiene una ventaja: fragmenta la impunidad y coloca nombres propios sobre la mesa. Bruselas ya estudió en 2025 sanciones contra ministros israelíes y contra colonos violentos. No alteran por sí solas la relación estructural entre Occidente e Israel, pero envían una señal política que hasta ahora se ha administrado con mucha timidez.
Existe además un plano diplomático más duro del que rara vez se habla en las capitales occidentales. Rebajar relaciones, llamar a consultas a embajadores, suspender visitas de alto nivel, retirar agregados militares o reducir foros bilaterales. Todo eso forma parte del repertorio habitual entre Estados cuando uno de ellos comete violaciones graves del derecho internacional. Y hay otra capa más:trasladar la presión a la Asamblea General de la ONU si el Consejo de Seguridad sigue bloqueado. La resolución 377 A, conocida como Uniting for Peace, fue aprobada precisamente para sortear la parálisis del Consejo cuando hay vetos cruzados. No sustituye al Consejo de Seguridad, pero sí permite que la Asamblea recomiende medidas colectivas y eleve el coste político del bloqueo.
Tampoco conviene olvidar el frente judicial. Cooperar con la justicia internacional no consiste solo en emitir comunicados de apoyo. Supone facilitar investigaciones, preservar pruebas, ejecutar órdenes si las hubiera y activar mecanismos de jurisdicción universal cuando la legislación nacional lo permita. En ese terreno, muchos gobiernos occidentales se mueven con extrema cautela. No quieren aparecer como cómplices, pero tampoco quieren romper del todo con Israel. Esa ambivalencia explica buena parte de la parálisis actual.
La cuestión de fondo, en cualquier caso, ya está bastante delimitada. Las herramientas existen. Suspender preferencias comerciales. Cortar cooperación militar. Retirar apoyo diplomático. Sancionar a responsables políticos y militares. Activar presión en la Asamblea General. Cooperar con tribunales internacionales. Lo que no hay, de momento, es voluntad suficiente para usar ese repertorio de forma sostenida contra un aliado estrecho. Dicho de otra manera: Occidente no necesita descubrir qué puede hacer con Israel. Hace tiempo que lo sabe. Lo que sigue sin resolver es si va a asumir el coste político de hacerlo.
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