Lionel Jospin, una de las grandes referencias de la izquierda francesa durante las últimas décadas, ha muerto a los 88 años, según ha anunciado su familia este lunes 23 de marzo. El histórico dirigente socialista fue primer ministro de Francia entre 1997 y 2002, además de primer secretario del Partido Socialista, ministro con François Mitterrand y dos veces candidato a las elecciones presidenciales.
Formado en el Lycée Janson-de-Sailly, Sciences Po y la École nationale d’administration (ENA), Jospin fue durante décadas uno de los nombres imprescindibles del socialismo francés. Su perfil, asociado a una izquierda de gobierno seria y reformista, le llevó a ocupar puestos clave tanto en el Partido Socialista como en los ejecutivos de François Mitterrand antes de llegar a la jefatura del Gobierno.
La muerte de Jospin cierra una de las trayectorias más influyentes y también más complejas del socialismo europeo contemporáneo. Su figura quedó asociada tanto a la reconstrucción de la izquierda francesa como a uno de sus golpes más traumáticos: su eliminación en la primera vuelta de las presidenciales de 2002, cuando Jean-Marie Le Pen logró pasar a la segunda vuelta frente a Jacques Chirac.
Jospin, una de las caras más decisivas de la izquierda francesa
Antes de llegar a la jefatura del Gobierno, ocupó puestos de enorme peso orgánico e institucional: fue primer secretario del Partido Socialista, diputado y ministro durante la etapa de François Mitterrand. Su recorrido estuvo marcado por una mezcla de rigor ideológico, imagen austera y fuerte vocación de Estado. Durante años, Jospin representó a una izquierda que aspiraba a gobernar sin renunciar a sus señas de identidad, aunque su biografía también estuvo atravesada por contradicciones, debates internos y un pasado trotskista que terminó reconociendo públicamente años después.
El primer ministro de la cohabitación con Jacques Chirac
Jospin llegó a la jefatura del Gobierno francés en 1997, tras la victoria de la izquierda en las legislativas, en un escenario de cohabitación con el entonces presidente Jacques Chirac. Desde ese puesto pilotó una etapa de reformas de fuerte impacto político y social, entre ellas la semana laboral de 35 horas, la expansión de la cobertura sanitaria y la legalización de las uniones civiles, aunque su Ejecutivo también impulsó privatizaciones que le generaron críticas dentro de su propio espacio político.
Aquellos años consolidaron su perfil de dirigente reformista, pragmático y exigente, capaz de combinar medidas sociales ambiciosas con decisiones económicas que alimentaron tensiones en la izquierda. Su famoso planteamiento de “sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado” resumió buena parte de esa posición política.
La derrota de 2002 que marcó a toda la izquierda
Si su etapa como primer ministro definió su legado de gobierno, la fecha que persiguió políticamente a Lionel Jospin fue el 21 de abril de 2002. Aquel día quedó eliminado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, superado por Jean-Marie Le Pen, en una sacudida histórica para la izquierda francesa que abrió paso a un duelo final entre la derecha tradicional y la extrema derecha.
La derrota tuvo un impacto demoledor. Jospin asumió públicamente la responsabilidad del resultado y anunció su retirada de la vida política, en uno de los gestos más recordados de la política francesa reciente. Aunque años después siguió interviniendo en el debate público y mantuvo una mirada crítica sobre la evolución de la izquierda, aquel fracaso acabó convirtiéndose en la imagen más dolorosa de su trayectoria.
Una voz influyente hasta el final
Aunque apartado de la primera línea política, Lionel Jospin siguió siendo una figura escuchada en Francia. En sus últimos años publicó ensayos, intervino en debates sobre la crisis del socialismo y mantuvo posiciones críticas tanto con el giro liberal de parte de la socialdemocracia como con la reorganización de la izquierda francesa. En 2022, por ejemplo, apoyó la idea de la unidad progresista, aunque expresó reservas sobre el liderazgo y el estilo de La France Insoumise.
La muerte de Jospin ha reactivado el recuerdo de una generación política que marcó la historia reciente de Francia. El nombre del dirigente queda ligado a medio siglo de historia política francesa.
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Donald Trump ha dado marcha atrás, al menos de momento. Dos días después de lanzar un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz bajo amenaza de bombardear sus centrales eléctricas, el presidente de Estados Unidos anunció este lunes que ha ordenado “posponer todo ataque militar” contra la infraestructura energética iraní durante cinco días. La Casa Blanca presenta el giro como resultado de conversaciones “muy buenas y constructivas” con Teherán. Pero Irán lo niega de forma rotunda. Ahí aparece una nueva contradicción en el relato de la guerra: mientras Washington habla de contactos en marcha, las autoridades iraníes aseguran que no ha existido ninguna conversación, ni directa ni indirecta, con Trump.
Trump hizo el anuncio en sus redes sociales con un tono muy distinto al del fin de semana. El sábado había advertido de una “destrucción total” si Irán no levantaba las restricciones en Ormuz. El lunes habló de reuniones “profundas, detalladas y constructivas” y aseguró que, por ese motivo, ha dado orden al Pentágono —al que volvió a llamar “Departamento de Guerra”— de congelar durante cinco días los ataques previstos sobre centrales eléctricas y otras infraestructuras energéticas iraníes. No hay renuncia formal al castigo. Hay una pausa corta, ligada a una negociación que Washington da por abierta pero cuyo alcance real todavía no está claro.
El viraje no llega en un vacío. Se produce después de varios días de amenazas cruzadas que habían empujado la guerra a un punto especialmente delicado: el de las infraestructuras civiles y energéticas. Trump había exigido la reapertura total de Ormuz y había situado las plantas eléctricas iraníes como primer objetivo si Teherán no cedía. Irán respondió con otra amenaza de gran calibre: si Estados Unidos golpeaba su red eléctrica, atacaría las centrales de Israel y también las instalaciones energéticas de países del Golfo que abastecen a bases militares estadounidenses o en las que haya intereses de Washington.
Ahí está una de las claves del giro. La escalada empezaba a dejar de medirse solo en misiles, drones o bases militares. Empezaba a apuntar a redes eléctricas, plantas de gas, puertos y corredores marítimos. Esa deriva inquietaba no solo por su impacto militar, también por su capacidad para extender la crisis a todo Oriente Próximo y golpear de lleno a la economía global. El estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas licuado que se mueve por mar en el mundo, ya estaba funcionando a medio gas. La mera perspectiva de una campaña contra instalaciones energéticas iraníes y de represalias sobre la infraestructura del Golfo había disparado el precio del crudo y hundido las bolsas al arranque de la semana.
La pausa anunciada por Trump cambió ese clima de forma brusca. Associated Press informó de que el petróleo, que el lunes llegó a rozar niveles muy próximos a los 100 dólares en el caso del WTI y superó los 113 en el Brent tras el ultimátum, corrigió con fuerza al conocerse la decisión de aplazar el ataque. La lectura de los mercados fue inmediata: la Casa Blanca sigue presionando, pero de momento aparta el riesgo de un golpe directo sobre la red energética iraní y, con ello, reduce la probabilidad de una represalia regional en cadena. El movimiento dio aire a las bolsas internacionales, que venían de una jornada marcada por ventas masivas ante el temor a una crisis energética de mayor escala.
Una pausa táctica, no una desescalada real
La cuestión es si este paréntesis cambia algo de fondo. De momento, no demasiado. La estructura de la amenaza sigue ahí. Trump no ha retirado el ultimátum, solo lo ha estirado. Teherán tampoco ha rebajado su posición. En las últimas 48 horas, las autoridades iraníes han advertido de que podrían cerrar por completo Ormuz si Washington ejecuta sus amenazas sobre la infraestructura energética del país. Y fueron más lejos: el Consejo de Defensa iraní afirmó que un ataque contra su costa sur o sus islas llevaría al minado de las rutas del golfo Pérsico, un salto que convertiría la crisis actual en un bloqueo marítimo mucho más amplio.
Por eso, el anuncio de Trump se parece más a una maniobra táctica que a un deshielo. La Casa Blanca gana tiempo. Reduce la presión sobre los mercados. Se reserva además la posibilidad de vender cualquier contacto con Teherán como una victoria de su política de fuerza. Pero el pulso central no ha cambiado: Washington quiere quebrar la capacidad iraní para condicionar el tráfico marítimo en Ormuz; Teherán intenta encarecer al máximo cualquier paso adicional de Estados Unidos e Israel. Entre una posición y otra queda un margen estrecho, muy expuesto a una nueva cadena de ataques o a un error de cálculo.
En paralelo, la guerra sigue acumulando un coste humano creciente. Las autoridades iraníes sostienen que la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos ha dejado ya más de 1.500 muertos, entre ellos 210 niños. La organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra por encima de los 3.000 fallecidos. AP y Reuters coinciden en que el conflicto, abierto con la ofensiva del 28 de febrero, ha causado ya miles de víctimas y un fuerte deterioro de infraestructuras básicas en distintos puntos de la región. La diferencia entre balances refleja, también aquí, la dificultad de verificar daños y muertos en tiempo real en una guerra cada vez más extendida.
Ese contexto ayuda a entender por qué el movimiento de Trump ha sido recibido más como un respiro que como una salida. La presión militar israelí sobre Irán no ha desaparecido. Tampoco la capacidad iraní de responder sobre territorio israelí, sobre intereses estadounidenses en Oriente Próximo o sobre infraestructuras críticas del Golfo. El aplazamiento de cinco días evita, por ahora, un salto especialmente peligroso: el de los bombardeos estadounidenses contra centrales eléctricas iraníes y la represalia sobre plantas energéticas de otros países. Pero la lógica que llevó a ese punto sigue intacta.
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«Medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán.» Es el título del Real Decreto 8/2026, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario después de que Sumar se lo rascara al PSOE en unas tensas negociaciones. El decreto anticrisis anunciado por Pedro Sánchez contemplaba diferentes medidas para atajar el precio del carburante, pero pasaba por alto la vivienda y las prórrogas a los contratos de alquiler, lo que hizo saltar las alarmas en las filas magentas, que rápidamente se movilizaron para negociar con los socialistas y llevar estas medidas, aunque fuera, en otro decreto. Y así fue. No obstante, se ha pospuesto su votación en sede parlamentaria, ya que el Ejecutivo, especialmente los ministros de Sumar, son conscientes de que no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. El PP y Junts ya han expresado abiertamente que se opondrán cuando toque votarlo, y de Vox cabe esperar lo mismo, dejando en situación de vulnerabilidad a los casi tres millones de personas que se verían beneficiadas de su entrada definitiva en vigor.
El decreto original, no obstante, sí pasará por el Hemiciclo este jueves, con previsible luz verde y mayoría parlamentaria para eliminar diferentes impuestos de los carburantes y otros productos para reducir su precio en el mercado. El de vivienda se dejará para más adelante, al considerar el Ejecutivo que no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante exitosamente. Una partición con la que el Gobierno, y especialmente Sumar, querían darse tiempo para negociar con los partidos reticentes a su aprobación, es decir, todos los de la derecha del arco parlamentario, y evitar que las citadas rebajas cayeran si se hubieran votado juntas. El sábado ya aseguraba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que votarán en contra del decreto de vivienda cuando se someta a examen parlamentario con unas declaraciones muy reveladoras: «El plan anticrisis del PSOE se resume en invito yo y pagas tú».
El PP, por su parte, mostró cierta complacencia con el decreto original aunque no reveló el sentido de su voto hacia el mismo, pero sí que escenificó su rechazo al de los alquileres a través de su secretario general, Miguel Tellado. De Vox se espera también la negativa, como de costumbre, aunque no se hayan pronunciado al respecto.
Prórroga de los alquileres y limitación de precios
En concreto, esto es lo que reza el decreto que la derecha y la extrema derecha se han planteado tumbar, y que ayudaría a 2,7 millones de personas a poder mantener sus contratos de alquiler a un precio similar y sin subidas:
Artículo 1. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
1. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, vigentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2027, o finalice el periodo de prórroga tácita previsto en los artículos 10.1 y 10.2, se aplicará, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales. Durante esta prórroga se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor. La solicitud deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o que se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, o que el arrendador haya comunicado, en los plazos y condiciones del artículo 9.3, la necesidad de ocupar la vivienda. La prórroga extraordinaria regulada en este artículo es incompatible con la prevista en el artículo 10.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que, en su caso, se aplicará con carácter preferente.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente.
Artículo 2. Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.
La persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia dentro del periodo comprendido entre la entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2027, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, con sujeción a las siguientes condiciones:
a) En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor en los términos que establece el artículo 3.k) de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que la variación anual de la renta pueda exceder del dos por ciento. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.
b) En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta a aplicar no podrá ser superior al dos por ciento.
Tras la confección de este segundo decreto, Sumar sacaba pecho de «estar en el Gobierno para esto» y para «ir más lejos cuando el momento lo exige«. «En 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes«, reivindicaban los de Yolanda Díaz.
«Ninguna crisis debería convertirse en una oportunidad de negocio para los de siempre. Lo que debemos hacer es trabajar para proteger a toda la gente trabajadora y para que la política sirva a las mayorías, no a los mercados. Hoy hemos dado un paso más hacia esa dirección», aseveraban desde el movimiento progresista tras la aprobación del decreto.
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Dos inquilinas han conseguido que un juzgado reconozca que obligar a resolver los conflictos derivados de un contrato de alquiler a través de arbitrajes privados es abusivo. La demandante había firmado un contrato de arrendamiento con la mediación de la Agencia Negociadora del Alquiler SL (ANA). En una de las cláusulas de ese contrato se especificaba que la contratante descartaba la vía judicial para resolver conflictos y que las negociaciones se realizarían a través de un arbitraje. El servicio estrella de la ANA es un producto denominado El Tranquiler.
«Lo que hemos conseguido es que se considere como una cláusula abusiva«, explica Víctor Palomo, abogado de la afectada y miembro del despacho CAES, que describe la desestimación como «novedosa» y espera que sea una vía para que más inquilinos denuncien estas prácticas. Sus clientas habían intentado por todos los medios que le devolvieran la fianza. Sin embargo, la casera se negaba a negociar con ellas y las remitía a la agencia, que, como única solución, pretendía iniciar uno de estos arbitrajes.
Finalmente, las inquilinas acudieron a los tribunales y presentaron una denuncia contra la propietaria y la empresa gestora. En el auto se estima dicha cláusula como nula: «El arbitraje resulta nulo, al ostentar la parte actora la condición de consumidor, al no estar en presencia de un arbitraje de consumo y al no constar que se trate de un órgano de arbitraje institucional, creado por normas legales».
Captura del auto judicial que declara «abusiva» la cláusula del contrato de alquiler firmado por las inquilinas.
Palomo describe este sistema de mediación como «especialmente intimidatorio», ya que lo realiza una empresa privada de abogados, que eligen desde la ANA y que trabaja habitualmente con ellos, por lo que «mucha gente se echa para atrás con sus demandas y no reclama. De hecho, ellos venden este sistema como el mejor para tener al inquilino controlado». En ese mismo punto del contrato, asegura, se incluye que los firmantes renuncian a la vía judicial.
En respuesta a las preguntas de este medio, Sergio Zurdo, director de estudios de la agencia, puntualiza que, «si bien en algún procedimiento se ha podido desestimar la declinatoria de arbitraje presentada, eso no significa que el sometimiento a arbitraje se pueda considerar abusivo». Además, defiende que el arbitraje es un mecanismo legal para resolver conflictos y que la propia Comunidad de Madrid recomienda acudir a estos procedimientos.
Zurdo insiste en que «en la mayoría de contratos de arrendamiento en que interviene la ANA, las dos partes del contrato son particulares y la agencia solo actúa como representante» y que «son consensuados por las partes, porque antes de la firma se les acompaña un modelo para cualquier modificación que quieran plantear, incluida la del sometimiento a arbitraje».
Petición de sanciones a la empresa
A finales de 2025, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros. Entre las infracciones que constató la investigación de este departamento, la empresa inmobiliaria establecía cláusulas ilegales en los contratos que obligaban al inquilino a contratar un seguro de hogar, un servicio de atención al inquilino o a presentar un estudio de solvencia.
La decisión partió de una queja presentada por la OCU, FACUA y el Sindicato de Inquilinas, que ponía el foco en varias empresas, la mayoría de ámbito autonómico. Parte de ellas tenían actividad en la Comunidad de Madrid y fuentes de la Dirección General de Consumo de esta comunidad aseguran que «nueve ya están siendo investigadas y, en su caso, siendo sancionadas».
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Documento del traslado del caso ejercido desde Consumo hacia la Comunidad de Madrid.
Tanto Facua como el Sindicato de Inquilinas solicitaron por las mismas fechas que se abriera un expediente sancionador contra la Agencia Negociadora del Alquiler, conocida por promocionar Tranquiler, «un método infalible para asegurar el cobro de rentas y el cumplimiento del contrato». En el caso del sindicato, en un primer momento se trató de continuar por la vía del Ministerio de Consumo, pero desde este organismo se derivó el caso a Madrid, según confirma un documento oficial al que ha podido acceder este medio.
Desde la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios madrileña afirman haber recibido una denuncia de Facua, de la cual no han dado detalles, pero niegan haber recibido la de los sindicalistas. Sin embargo, además del documento del Ministerio de Consumo que lo confirma, esta asociación ha recibido al menos un informe de denuncia de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Comunidad de Madrid, del pasado mes de noviembre, en el que dicen haber identificado «elementos que podrían ser constitutivos de una infracción en materia de consumo» y que esta documentación ha sido remitida al «Servicio de Procedimiento Sancionador».
Documento de la respuesta de la Comunidad de Madrid al Sindicato de Inquilinas.
Para el Sindicato de Inquilinas, el modus operandi de esta empresa es muy similar al de Alquiler Seguro. En el primer texto enviado al Gobierno detallan varias cláusulas que incumplirían la legislación y que han podido comprobar que se incluyen en contratos redactados por esta compañía. El primero de ellos es el cobro de honorarios camuflados en «servicios de los que no se puede desistir» y que «no responden a las necesidades de un inquilino».
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Zurdo explica que la ANA ofrece «de forma opcional» la contracción de una serie de servicios que constan en todos los anuncios, webs o contratos de arras y que «no es obligado contratar». «Tenemos en gestión arrendamientos donde los inquilinos no los contratan», puntualiza. Por contratarlos, como norma general, se abona un 7,75% de la anualidad más el 21% del IVA, con un un tope máximo de 1.100 euros (más IVA). «Hay que tener en cuenta que en la actualidad el precio de muchísimos arrendamientos supera los 1.100 euros, con lo cual este porcentaje en muchas ocasiones no llega ni al 4%», añade.
Los servicios son: limpieza de la vivienda al terminar el contrato, un seguro de responsabilidad civil, servicio de manitas, redacción de anexos cuando se alteren las condiciones del contrato, asesoría jurídica en materia civil, asistencia a la finalización de los arrendamientos para recoger en un acta el estado de las viviendas, gestión del cambio de titularidad de los suministros, domiciliación del pago de suministros, ingresos de fianzas en la Agencia de vivienda social de la Comunidad de Madrid, mediación, wifi, descuentos en suministros o servicio de alarmas.
En la web Trustpilot se pueden leer varias experiencias negativas que denuncian penalizaciones por negarse a contratar estos «extras». «Después de validarme para un alquiler me dicen que uno de los gastos iniciales es el servicio opcional que ofrecen. Digo que no estoy interesado (…) Al final cogieron otro candidato», cuenta un usuario que habla de un servicio de 900 euros. Otro dice que «te hacen pasar por el aro para pagar un servicio adicional de 990 euros más IVA y si no los pagas no te tienen en cuenta«. «Me obligan a coger un servicio adicional (manitas, alarma y limpieza cuando termine el contrato) que ellos ofrecen y me indican que si no lo cojo prefieren a otros postulantes al piso«, añade un cliente.
Otras de las cláusulas que consideran abusivas tienen que ver con el supuesto cobro de estudios de viabilidad o el uso de la fianza como «cláusula penal utilizada a modo de coacción». En este caso, explican que no se estarían devolviendo las fianzas por finalizar el contrato antes del plazo marcado o a raíz de desperfectos en la vivienda que «son valorados unilateralmente» por ANA.
Desde el Sindicato, además, denuncian que los contratos «están prerredactados» y que, por tanto, «los arrendatarios no tienen capacidad de negociación». En el escrito remitido a Consumo aseguran también que, de facto, el papel que asume la ANA implica «la cesión del contrato del arrendador a la empresa». «La descripción que hacen de sus funciones son, de facto, una sustitución de la posición del arrendador«, aseguran fuentes del sindicato que explican que se trata de un apunte importante, porque implica que el contrato sería entre un particular y una empresa (en vez de entre particulares). Estas actividades, puntualizan, van desde la comunicación, la revisión del cumplimiento del contrato o el recibo de los cobros.
A este respecto el director de estudios de la compañía afirma que la responsabilidad de entregar o no las fianzas es decisión de los propietarios y que, cuando no se hace, suele deberse a deudas pendientes por impagos de rentas, de suministros o por deficiencias en las viviendas imputables a los inquilinos. «Todo esto se detalla en el acta de finalización de los arrendamientos», puntualiza. En cuanto a los estudios de viabilidad, «siempre son necesarios y los abonan los propietarios». Además, insiste en que el papel de la agencia en los contratos es de «representación de las dos partes, para gestionar los arrendamientos».
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El Tranquiler
En su página web, la ANA se describe como una empresa líder en seguridad de alquileres, que «transforma un simple contrato en bienestar y serenidad para propietarios e inquilinos». Además, dicen ser la empresa privada que mayor número de contratos de alquiler de protección oficial y pública gestiona de todo Madrid. Según datos aportados por la compañía, actualmente tienen un centenar de viviendas en oferta.
Sin embargo, el abogado de CAES asegura que estos contratos generan de todo menos «tranquilidad en el inquilino». «Actúan como un fondo buitre», subraya, «se dedican a acumular paquetes de inmuebles y sacar el máximo de rentabilidad a los alquileres», además, generando miedo entre los propietarios a «impagos» o «inquiokupas».
Desde el Sindicato de Inquilinas llevan tiempo denunciando que las inmobiliarias son una parte esencial de la dinámica de subida de precios de los alquileres y que su papel va más allá del de «meras intermediarias». Un informe elaborado en 2024 por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona analizó el impacto de estas empresas en el mercado del alquiler y llevó a la conclusión de que su mediación «repercutía negativamente» en la mediación entre casero e inquilino, además de aumentar «la discriminación en el acceso, la insatisfacción y las subidas de precios».
Investigación a Alquiler Seguro
Este periódico publicó la serie Alquiler Seguro, atrapados por contrato , formada por nueve artículos en octubre de 2025, cuando aún Consumo estaba investigando las prácticas abusivas de la compañía. Dos meses después se dio a conocer la multa.
La investigación sobre el gigante inmobiliario desgranó los orígenes de la compañía, que nació poco antes del estallido de la crisis económica de 2008, y desveló muchas de sus prácticas abusivas en el pago de honorarios: pagos de fianzas, un depósito, un seguro de hogar, certificado de solvencia…
Entre otras cosas, el trabajo de Público dio a conocer el negocio «integral» de la compañía, que también actúa como una financiera, prestando dinero a caseros e inquilinos e, incluso, cuenta con su propio índice para actualizar la renta al inquilino cada año.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado notablemente su fortuna durante su regreso a la Casa Blanca, en un contexto marcado por acusaciones de conflictos de interés y beneficios derivados de su posición institucional. Según estimaciones basadas en datos públicos y recogidas por The New York Times, el mandatario y su familia habrían obtenido al menos 1.400 millones de dólares en el primer año de su segundo mandato, una cifra que podría ser mayor debido a la opacidad de parte de sus negocios.
Trump, que ya fue el presidente más rico en la historia del país al asumir el cargo en 2017, habría aumentado su patrimonio en miles de millones desde entonces. Tras abandonar el poder en 2021, su fortuna creció en al menos 2.400 millones de dólares, y desde su regreso al cargo ha intensificado sus actividades empresariales en paralelo a su labor política.
El republicano llegó nuevamente al poder con el respaldo de amplios sectores de la clase trabajadora blanca, a quienes prometió reactivar la economía, frenar la inflación y devolver al país a una supuesta “edad dorada”. Sin embargo, diversas medidas económicas adoptadas durante su mandato han sido criticadas por beneficiar principalmente a las rentas más altas. Entre ellas, destaca una amplia rebaja fiscal que redujo impuestos a los sectores más acomodados mientras implicó recortes en programas sociales como Medicaid o las ayudas alimentarias. Asimismo, la expiración de subvenciones vinculadas a la Ley de Atención Médica Asequible elevó los costes sanitarios para millones de ciudadanos.
Mientras tanto, la riqueza de los grandes patrimonios ha seguido creciendo. Solo en 2025, la fortuna de los multimillonarios aumentó un 22%, en contraste con la situación de los sectores más vulnerables. Gran parte del incremento patrimonial de Trump procede de negocios que, según diversas informaciones, presentan posibles conflictos de interés. La Organización Trump ha ingresado millones mediante licencias internacionales, mientras que sus hijos han cerrado decenas de proyectos inmobiliarios en distintos países, coincidiendo en algunos casos con decisiones políticas favorables a esos mercados.
Acuerdos millonarios y controversia
La fortuna de Trump también ha crecido gracias a una serie de polémicos acuerdos extrajudiciales con grandes empresas tecnológicas y mediáticas, que han pagado al presidente 90,5 millones de dólares. Entre otros, ha cerrado disputas legales con X, Meta y YouTube —a las que demandó tras la suspensión de sus cuentas después del asalto al Capitolio en 2021—, con ABC News por una demanda de difamación relacionada con el caso de E. Jean Carroll, y con Paramount/CBS por la edición de una entrevista a Kamala Harris durante la campaña de 2024
Este último caso ha sido señalado como un ejemplo especialmente significativo de su influencia, ya que la aprobación de la fusión entre Paramount y Skydance Media por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, valorada en 8.000 millones de dólares, se produjo apenas tres semanas después del acuerdo judicial, cuando llevaba meses bloqueada a la espera de autorización gubernamental.
Uno de los episodios más controvertidos ha sido la aceptación de un avión Boeing 747-8 valorado en 400 millones de dólares ofrecido por Qatar, en paralelo a acuerdos militares y compromisos de defensa adquiridos por Estados Unidos con ese país. Poco después de este anuncio, Trump viajó a países del golfo Pérsico y cerró acuerdos que incluyen la autorización para que Qatar establezca una instalación de su fuerza aérea en una base estadounidense en Idaho, además de comprometer a Estados Unidos a defender al país en caso de ataque extranjero. No obstante, el mayor volumen de ingresos procede del sector de las criptomonedas. La familia Trump habría obtenido alrededor de 867 millones de dólares en este ámbito en el último año.
Además, los Trump obtienen importantes beneficios a través de la empresa World Liberty Financial (WLFI), cofundada por sus hijos junto a los de Steve Witkoff. Esta compañía comercializa tokens y una ‘stablecoin’ vinculada al dólar, y reporta a la familia el 75% de los ingresos netos por cada venta. Parte de estos activos han sido adquiridos por empresas vinculadas a gobiernos extranjeros o grandes fortunas con intereses en la política estadounidense.
Entre los casos destacados, una empresa vinculada a Emiratos Árabes Unidos adquirió activos por valor de 2.000 millones de dólares y, dos semanas después, la Administración Trump autorizó el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial pese a las advertencias de seguridad nacional. Asimismo, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de capitales, recibió un indulto presidencial tras invertir alrededor de 800.000 dólares en esta empresa.
Además, el presidente mantiene otras fuentes de ingresos, como la explotación de su marca personal, la organización de eventos en sus propiedades o la venta de productos comerciales. A todo ello se suman prácticas como alojar a diplomáticos extranjeros en sus hoteles, celebrar cumbres internacionales en su resort de Doral o beneficiarse presuntamente de movimientos en los mercados financieros vinculados a su política arancelaria. En conjunto, las estimaciones apuntan a que Trump ha obtenido ingresos equivalentes a 16.822 veces el salario medio de una familia estadounidense desde su regreso al poder.
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Las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han dejado entrever cierto estado de desesperación y conspiranoia valiéndose de bulos y de teorías surgidas de los lares de la extrema derecha. La dirigente madrileña terminaba la pasada semana haciéndose eco de una mentira relacionada con el voto con el DNI digital, y ha terminado ésta referenciando la teoría del Gran Reemplazo, una conspiración basada en la idea de que la población blanca y cristiana europea está siendo sustituida a conciencia por inmigrantes.
Proliferaba la pasada semana en las redes sociales un vídeo que aseguraba: «Por primera vez en España, cualquier persona puede falsificar su identidad, pero sólo a la hora de ir a las urnas, con dos aplicaciones: MiDNI y MiDGT«, y enseñaba identidades presuntamente falseadas creadas por inteligencia artificial en estas aplicaciones y denunciaba que «esto es la puerta al fraude electoral», pero se trataba de un bulo. Perfiles afines a la derecha política, entre ellos Ayuso, republicaron el vídeo asegurando que «el formato impuesto por Sánchez huele a tongo y que se pueden meter en la aplicación los DNI de las 10 millones de personas que normalmente no votan y, zas, 10 millones de votos más para el PSOE». Aunque la argumentación no sea muy elaborada, conviene explicar el origen de esta mentira.
Desde septiembre de 2025, se puede utilizar el DNI digital para votar, y hasta el momento no se han registrado denuncias ni problemas de suplantación de identidad, según la propia Junta Electoral Central. Por otro lado, en caso de que existiera alguna suplantación de identidad o una identidad falsa, la JEC no permitiría votar más de una vez a ninguna persona. Por otro lado, como es obvio,para votar hay que estar inscrito en el censo y estar empadronado para constar en el mismo, de acuerdo con el artículo 2.2 de la ley electoral. Eso es, a su vez, justo la comprobación que se hace en la mesa cuando una persona va a depositar su voto. Por tanto, es imposible votar varias veces con distintas identidades falsas. Si no se aparece en el censo, no se permite el voto: un DNI falso creado con inteligencia artificial, de una persona falsa no registrada en el padrón, no puede votar.
Por otro lado, sobre la posibilidad de llevar a cabo suplantaciones de identidad de otras personas reales para votar con el DNI digital, no valdría solo con falsificar el documento online. Sería necesario conocer los datos personales de esa persona, saber en qué mesa electoral va a votar y que no haya votado con anterioridad, ya que al depositar la papeleta, los encargados apuntan al elector para que no ejerza su derecho más de una vez. Aplicando un poco de lógica cotidiana al asunto, si alguien quiere ir a votar más de una vez, lo más probable es que despierte las sospechas de la mesa y se lo digan directamente al tratarse de circunscripciones pequeñas en las que todo el mundo se conoce. Pese a todas estas evidencias, Ayuso decidió darle cabida en su perfil en X a este bulo.
Cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas Elecciones Generales.
El que promueve manifestaciones -a todas luces ilegales- en jornada de reflexión; ató el Constitucional urgentemente; nacionaliza masivamente; con denuncias de pucherazos en el voto… pic.twitter.com/7YjtqJnP6l
Por otro lado, Ayuso flirteaba esta semana con la Teoría del Gran Reemplazo, es decir, la idea de que la población blanca y cristiana está siendo sustituida a conciencia por inmigrantes para ejecutar un reemplazo demográfico. Nombres de gran poder en el globo como Elon Musk o J.D. Vance dan validez a esta conspiración: el vicepresidente de Estados Unidos se muestra convencido de que los demócratas pretenden desnivelar de golpe la demografía a través de sus políticas migratorias, más abiertas que las republicanas. Esta teoría de la sustitución era una tesis minoritaria hace apenas unos años, pero ahora se ha normalizado e instalado en el debate público como otra de las aristas del racismo de algunos discursos de odio. También en el de Isabel Díaz Ayuso.
La presidenta madrileña ya coqueteó con este concepto a principios de febrero, cuando alertó de que «el islamismo radical se abre paso en países del norte de Europa y amenaza con expandirse por España«. Se refirió de nuevo al tema alguna que otra vez, pero sin incidir mucho en ello. Ahora, le ha dado cuerpo a una versión castiza de esta racista y conspirativa teoría: la ha ligado a una conspiración en su contra para sacarla del poder.
Desde Sol, se sospecha que se está preparando un plan desde La Moncloa para desbancarla en las elecciones de 2027. El agua moja: es evidente que los partidos, en un sistema democrático, van a buscar sus mejores opciones en las urnas y éstas pasan, en todos los escenarios, por destronar al adversario. El asunto en este caso es que se asocia lo evidente, que es el hecho de que el PSOE, como todos los demás partidos, buscará ganar las elecciones, con teorías racistas y xenófobas. Según la presidenta y su equipo, el Gobierno podría agilizar el proceso de nacionalización, por la Ley de la Memoria Democrática, que otorgaría el derecho a voto a 2,3 millones de personas que la han solicitado. La proporcionalidad dice que 400.000 de ellas tendrían vínculo con Madrid. «Con que solo votaran 20.000, ya moverían un escaño. Si vota la mitad, decidirían 10 escaños. Vamos a ver la presión que mete el Gobierno para agilizar esos procesos. Y estamos viendo cómo crece el censo», argumentan desde las oficinas de Sol.
La dirigente madrileña piensa que son potenciales votantes progresistas, y así lo escenificó en una entrevista con OkDiario bajo el titular: «Las nacionalizaciones masivas son el nuevo pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder«. «Han nacionalizado a un millón. Esos son todos votos para la izquierda«, asociaba también torpemente Eduardo Inda. Ayuso respondía: «Eso es lo que pretende el señor Bolaños, que está detrás. En las municipales, esas regularizaciones masivas, de los países con los que haya reciprocidad, ya podrían votar, y en las generales, como ya son españoles de pleno derecho, podrían participar. Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España. ¿Por qué? Porque a través de Bolaños y su ministerio lo que se hace es que, de manera automática, cuando tú te quieres nacionalizar y eliges circunscripción, el sistema te da por defecto Madrid, o ellos te condicionan y te recomiendan Madrid. Esto, además de reventarnos los servicios públicos, condiciona el voto y el porcentaje de votantes porque amplía los censos. […] Un cubano con 30 años nunca ha votado en unas elecciones democráticas, ¿cómo vamos a confiar en que el voto desde Cuba hasta Madrid sea democrático si su Gobierno no lo es?». Desde el PP asocian a estos nacionalizados al voto progresista. Por otro lado, cabe destacar que no existen pruebas de que los funcionarios instiguen a los solicitantes a elegir Madrid.
Mezclando iniciativas y regularizaciones
No obstante, toda esta conspiranoia se cae al descubrir que el proceso de regularización extraordinario que se ha llevado a cabo desde el Gobierno para regularizar personas migrantes es ajeno a este, que se ha abierto para hijos, nietos y bisnietos de exiliados y víctimas de la Guerra Civil. Ayuso ha confundido ambos procesos y, además, dando por hecho que no la apoyarían electoralmente, está estigmatizando indirectamente a todas estas personas. «Obviamente no sabemos qué votan. Lo importante es que se está modificando el censo de manera opaca. Gestionado todo desde el ministerio de Bolaños», inciden desde la Comunidad de Madrid.
Ayuso ha caído en el mismo error que su líder de partido, Alberto Núñez Feijóo, mezclando la ley de memoria con los regularizados. Un argumento que, además, se cae por su propio peso al saber que los segundos no van a tener derecho a voto en el corto plazo. A juicio del PP, el PSOE maniobra en la sombra para conseguir un censo a su favor. Pero, paradójicamente, lo hace con personas que no tienen derecho a voto todavía.
Desde el ministerio de Bolaños, por su parte, valoran todas estas teorías como bulos y no les dan importancia. «El PP es un partido que conoce perfectamente las garantías del sistema electoral, que ha contribuido a diseñarlo y que gana elecciones con él. Sumarse a una estrategia de deslegitimación y mentiras propia de la ultraderecha da idea de su profunda crisis ideológica. Los bulos y las teorías falsas sobre manipulación electoral han sido usados en otros países con el fin de tensionar a la sociedad, sembrar el caos y forzar la desconfianza en el sistema democrático», aportaban desde su lado.
Por otro lado, también es conveniente recordar que todos los gobiernos de la democracia española, salvo el de Mariano Rajoy, han aprobado regularizaciones de inmigrantes. José María Aznar (PP) regularizó aproximadamente a medio millón de personas en varios procesos. Los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, a otras 570.000 y 140.000 respectivamente. En cuanto a la preferencia electoral de los mismos, revisando el CIS, varían en función del país de origen y de los elementos socioeconómicos. Los cubanos y los venezolanos de clase alta, por ejemplo, votan más por la derecha. Los marroquíes, los ecuatorianos y los dominicanos tienen preferencia por la izquierda. En cualquier caso, ningún dato muestra que las nuevas personas con derecho a voto puedan suponer un vuelco electoral de ninguna clae y las teorías como la del Gran Reemplazo se quedan en lo que son, en puras especulaciones xenófobas.
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La dimisión de Carlos Angrisano como secretario general de las Nuevas Generaciones del Partido Popular provocó un llamativo ruido mediático, fruto de la petición que realizó de votar a Vox en el comunicado con el que anunciaba que dejaba su cargo. El que fuera líder de los jóvenes del PP aseguraba que los de Feijóo han abandonado «la mayoría de las convicciones» que llevaron a numerosos militantes a afiliarse.
Tras esta controvertida noticia, el Partido Popular ha elegido un sucesor para Carlos Angrisano. Gaditano, formado en arquitectura y diputado en el Congreso, Miguel Ángel Sastre Uyá ha sido elegido para tomar el relevo y liderar a las filas más jóvenes del Partido Popular.
Durante casi cuatro años fue parte de un estudio de arquitectura, para pasar en el 2021 a formar parte del gabinete de José Luis Martínez Almeida, donde, a pesar de estar recién licenciado, desempeñó funciones como asesor del alcalde de Madrid en materias relacionadas con urbanismo, arquitectura y modelo de ciudad, así como en la preparación de discursos y estrategia institucional. Fue en el 2023 cuando dio el salto al Congreso de los Diputados, al obtener un escaño en la circunscripción de Cádiz, siendo ahora representante de su partido en diferentes comisiones de esta Cámara, como la de Ciencia, Innovación y Universidades; la de Juventud e Infancia; o la de Vivienda y Agenda Urbana.
Además de ello, Sastre Uyá cuenta con presencia en el ámbito mediático, al ser tertuliano en diferentes programas de Canal Sur Radio y contar con una columna de opinión en el periódico La Voz de Cádiz, del grupo Vocento. Como dato curioso, en 2025 se convirtió en el pregonero más joven de la historia de la Semana Santa de Cádiz, algo llamativo teniendo en cuenta su ya vinculación política al Partido Popular.
Provocó que llamaran «caciquil» a Almedia
Su incorporación al gabinete de José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid no provocó, si quiera, polémica, entre la oposición, sino que lo hizo en las filas de su propio partido y, más concretamente, en el colectivo de Nuevas Generaciones. Los militantes más jóvenes del partido acusaron, en aquel momento, de “caciquil” a Almeida, de quien lamentaron que operó de una forma “muy poco ética” y con un “uso abusivo de la institución que representa”, tal y como recogió entonces, allá por 2022, este medio.
El enfado dentro de NNGG vino por dos nombramientos a dedo, uno de ellos el de Miguel Ángel Sastre Uyá, que en aquel momento comenzaba a trabajar como arquitecto. Sus propios compañeros criticaron que el ahora nuevo líder de los jóvenes del PP fuera nombrado “sin experiencia alguna en los campos que desempeña”. Desde dentro las fuentes del partido aseguraban que la conexión parecía responder a una relación de “amistad y recomendación” por parte de Bea Fanjul.
Aquel nombramiento como asesor para el grupo municipal suponía acceder a un puesto de trabajo nivel 28 en la administración pública, en cuyo caso la retribución se elevaba hasta los 58.671,98 euros anuales mínimo, conforme se muestra en las tablas salariales del personal.
Criticado por su petición de abordar la vivienda cuando Almeida decidió no intervenir
Miguel Ángel Sastre Uyá, quien en su haber cuenta con un piso en Madrid y otro en Cádiz, vivió un momento de polémica en el 2024, cuando en el Congreso de los Diputados reprochó la manera en la que el Ejecutivo nacional aborda el problema de la vivienda.
En aquel momento, Uyá puso el foco sobre los “incentivos fiscales” que desde Moncloa se incluían en las leyes y que, según aseguraba, estaban provocando la “reducción de otros incentivos fiscales que ya existían” y que “los propietarios lo tengan muy difícil para acceder a ese tipo de incentivos fiscales”. No solo eso, sino que indicaba que “en el ámbito de la oferta, al intervenir el mercado provocan que se genere inseguridad jurídica y esto hace que muchas viviendas del mercado salgan”. Además, culpaba al Ejecutivo de estar «reduciendo también la oferta porque al favorecer el fenómeno de la ocupación están haciendo que muchos propietarios no se sientan seguros para poner su vivienda en el mercado”.
Aquellas palabras resonaron entre muchos y resultaron llamativas, ya que en el tiempo que formó parte del gabinete de José Luis Martínez Almeida, donde desempeñaba labores de urbanismo, arquitectura y modelo de ciudad, fue parte de una forma de hacer política que se negaba a realizar cualquier tipo de acción encaminada a rebajar la tensión del mercado inmobiliario. Prueba de ello es que Almeida respondió a una publicación de la red social ‘X’ de Más Madrid diciendo «exacto». En aquella publicación, Más Madrid se preguntaba qué estaba haciendo Almeida para regular los precios de la vivienda, incluyendo una foto en la que podía leerse «nada».
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La guerra sucia en el principal partido de la extrema derecha sigue su curso. Vox está inmerso en un enfrentamiento entre Santiago Abascal y sus disidentes, liderados por su exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, que ha puesto en marcha, de hecho, un proceso de recogida de firmas y de apoyo entre los afiliados para celebrar un Congreso interno en el partido, un organismo que jamás ha existido en Bambú. Por otro lado, mientras desde la dirección descalifica a los críticos y los acusa de estar al servicio del PP, estos denuncian graves irregularidades económicas que ya han saltado a los Juzgados. Las filtraciones han pasado de los digitales afines a la formación ultra a los tribunales, y es que dos altos cargos de la sede central del partido han sido imputados por un presunto delito de revelación de secretos: Juan de Dios Dávila, dirigente de Vox en Gipuzkoa, y Cristina Navarro, exsecretaria personal de Abascal. Ambos son los responsables del llamado Equipo de Cumplimiento Normativo del partido, que depende directamente del propio Abascal.
Todo empezaba el 22 de enero de 2025, cuando Vox le notificó a Iván Espinosa de los Monteros la apertura de una investigación interna por supuesto tráfico de influencias. El exdiputado no ostentaba entonces ningún cargo público ni orgánico tras haber renunciado al escaño en agosto de 2023, y la denuncia procedía de una llamada a una concejala de Vox en Collado Villalba (Madrid) para pedirle que recibiera a un constructor interesado en la recalificación de unos terrenos con el que compartía intereses empresariales. En la votación de la recalificación los ediles de Vox se abstuvieron, pero la operación urbanística salió adelante con los votos de los demás grupos.
El Equipo de Cumplimiento Normativo presentó dos denuncias contra Espinosa de los Monteros ante la Fiscalía, que cayeron en saco roto al considerar ésta que no había indicios delictivos. El contenido de este expediente, completamente confidencial, fue filtrado a OkDiario. Ahora, los responsbles del citado Equipo se enfrentan a la investigación por revelación de secretos. Los dos altos cargos ya han declarado ante el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, y han alegado que el periodista firmante del artículo se equivocó al publicar que había tenido acceso al expediente confidencial, pues lo que en realidad conoció, según aseguran, fue un informe externo de un abogado. Del mismo modo, reconocieron que la investigación era conocida por Abascal.
La osada petición de un Congreso interno
Las tensiones se recrudecen progresivamente en Bambú. Las purgas mandatadas por Abascal, lejos de contener las voces discrepantes, están afianzando una oposición interna y externa. El elegido para dar el paso al frente y comandar a los díscolos es Iván Espinosa de los Monteros, quien ha lanzado un manifiesto para reclamar a Abascal un congreso interno extraordinario en Vox. Muchos son los sacrificados, y de gran nombre. El búnker ya consiguió reducir a la pareja conformada por Espinosa de los Monteros, portavoz durante cuatro años en la Cámara Baja y con importantes cargos internos, y Rocío Monasterio, presidenta del partido en Madrid y portavoz en la Asamblea; y a Macarena Olona, portavoz en Andalucía y secretaria general del grupo parlamentario.
Por su parte, Juan García-Gallardo, el que fuera la cabeza en Castilla y León, también se ha despachado a gusto esta semana, acusando al líder supremo de los ultras de cobrar “un tercer sueldo”, pagado por el partido con recursos públicos y a través de “la cuenta corriente de su mujer”. El proceso de recogida de firmas ha arrancado no sin problemas, después de que este jueves, la web con la que Iván Espinosa de los Monteros y su equipo buscan impulsar la celebración de un congreso extraordinario de Vox denunciaba hasta 305 intentos de «trolleo, ataques y hackeos» sin éxito.
Depuraciones extremas y cesarismo
Las últimas depuraciones del partido se han llevado por delante a Javier Ortega Smith. Nada menos que el que fuera uno de los fundadores de la formación, cuando Abascal todavía juntaba palés para dar mítines, y que ha acompañado al partido en su crecimiento, llegando a ocupar la vicepresidencia del partido, ha sido ajusticiado junto con sus defensores en la capital. De número dos del proyecto a disidente apedreado por los suyos. Jose Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, ha corrido la misma suerte, denuncia por la falsificación de su firma mediante.
Por todos ellos, y por los afiliados que contemplan con pasmosa normalidad las prácticas dictatoriales del búnker, argumenta Espinosa de los Monteros la importancia de levantar la voz. «La lealtad política es a las ideas, no a las personas», arranca el manifiesto presentado. «Este partido nació como un instrumento al servicio de unas ideas. Nunca fue un fin en sí mismo ni patrimonio de nadie. Su razón de ser era transformar la realidad y gobernar. Cuando un instrumento deja de servir a ese propósito, pierde su sentido», desgrana la carta en las líneas siguientes.
El cesarismo de Abascal, manifiesto también en su rol protagonista en las últimas elecciones autonómicas, casa perfectamente con las voces críticas que señalan que acostumbra a acallar a los dirigentes con «capacidad de liderazgo», como ha ocurrido con varias figuras del partido que han destacado y han terminado purgadas o abandonando la formación por su propio pie. Ejemplos de este fenómeno son el propio Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Javier Ortega-Smith o Jose Ángel Antelo. Cualquier nombre que despunte y que amenace la supremacía de Abascal será eliminado ipso facto.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado pecho ante la prensa en la Casa Blanca de que Washington reconsiderará su presencia con bases militares en aquellos países que no le han apoyado en los ataques sobre el Estrecho de Ormuz, con España y Alemania como claros protagonistas de este señalamiento público. Así lo pidió hace unos días el senador trumpista Lindsey Graham y el dirigente republicano le ha dado cabida: «Bueno, es una petición justificada; creo que él tiene razón al plantearlo. La OTAN ha perdido mucho prestigio, precisamente porque no han actuado. Es decir, deberían estar colaborando en lo referente al estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz. Y si Lindsey Graham dijo eso, y no olvide que él fue, durante un tiempo el gran defensor de la OTAN, aunque ahora ya no lo es. Y hay muchos senadores y congresistas que antes eran grandes partidarios de la Alianza y que ahora están están muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho nada».
«Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. Uno no establece un alto el fuego cuando está, literalmente, aniquilando al otro bando«, argumentaba también sobre un posible acuerdo de paz, que a vista de la actitud mantenida durante las últimas semanas y de que solo aceptaría la «rendición incondicional» de Irán, no va a llegar. En las redes, más de lo mismo: «Nos estamos acercando mucho al cumplimiento de nuestros objetivos, a medida que consideramos poner fin a nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán», escribía Trump en TruthSocial. Washington asegura estar «muy cerca» de alcanzar sus objetivos de la guerra en Irán, que han ido mutando progresivamente. «Degradar por completo la capacidad misilística de Irán, sus lanzadores y todo lo demás relacionado con ellos; destruir la base industrial de defensa de Irán; eliminar su Armada y su Fuerza Aérea, incluido su armamento antiaéreo; no permitir jamás que Irán se acerque siquiera a adquirir capacidad nuclear, y mantenernos siempre en una posición desde la cual EEUU pueda reaccionar de manera rápida y contundente ante tal situación, en caso de que esta se produzca; proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados en Oriente Medio, incluidos Israel, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y otros«, enumeraba el presidente estadounidense.
«¡Cobardes! Lo recordaremos»
«[El estrecho de Ormuz] deberá ser custodiado y patrullado, según sea necesario, por las otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace! Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos en Ormuz, aunque esto no debería ser necesario una vez erradicada la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar sencilla para ellos«, valoraba sobre el punto de paso de una quinta parte del petróleo mundial. Era entonces cuando volvía a enfadarse y a insultar a los estados miembro de la OTAN que se han negado a participar en la última incursión imperialista de la Casa Blanca. «Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo», señalaba, tras haber sembrado el caos en una región en la que los intereses de ataque corresponden única y exclusivamente a Estados Unidos e Israel y no a ningún otro miembro de la Alianza.
«Nosotros no utilizamos el estrecho; no lo necesitamos. Europa lo necesita, al igual que Corea, Japón, China y muchos otros; por lo tanto, ellos tendrán que involucrarse un poco en ese asunto», seguía insistiendo sobre la presencia Europea. «Deberían estar colaborando en lo referente al estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz. Hay muchos senadores y congresistas que antes eran grandes partidarios de la Alianza y que ahora están muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho nada«. Dardos directos a España y Alemania, países que se han opuesto a la utilización de las bases militares estadounidenses para las operaciones en el Estrecho de Ormuz. «Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España«, dijo el republicano Graham, y pidió a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, durante una entrevista en la cadena Fox News.
Por otra parte, Sobre si Israel estará listo para poner fin a la guerra cuando Estados Unidos lo esté, Trump ha asegurado: «Creo que sí… Queremos, más o menos, cosas similares. ¿Sabe qué es lo que queremos? Queremos la victoria; ambos la queremos. Y eso es precisamente lo que hemos conseguido. Creo que hemos ganado… Hemos neutralizado todo; nos movemos con total libertad. Desde un punto de vista militar, más allá de que lo único que hacen es bloquear el estrecho, militarmente hablando, están acabados». «La apertura del estrecho es una maniobra relativamente segura, aunque requiere mucha ayuda; en el sentido de que se necesitan buques, se necesita volumen. La OTAN podría prestarnos su ayuda, pero hasta el momento no ha tenido el valor de hacerlo. Y otros países también podrían ayudarnos, pero nosotros no utilizamos esa ruta. En fin, llegado el momento, el estrecho se abrirá por sí solo», añadía, escenificando una vez más su enfado por la falta de seguidismo.
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Este sábado han entrado en vigor en el Boletín Oficial del Estado los dos reales decretos del Gobierno contra el impacto de la Guerra de Irán, aprobados este viernes en un Congreso de Ministros extraordinario en el que hubo demora y polémica por las diferencias posturales entre el PSOE y Sumar. Los textos contemplan diferentes medidas para paliar los efectos de este conflicto en la economía nacional, algunas presentes desde el principio y otras incorporadas sobre la bocina tras las presiones de los magentas en la jornada del viernes. El Ejecutivo ha hecho sus propias cuentas y calcula que, por ejemplo, el español medio se ahorrará hasta 29 céntimos el litro de gasolina 95 y de 23 en el caso del diésel, cifras calculadas por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta los precios que tenían los combustibles este pasado jueves, 19 de marzo, cuando la gasolina 95 rondaba los 1,8 euros el litro y el gasóleo se situaba en torno a 1,9 euros. No obstante, conviene analizar de manera pormenorizada cada una de las medidas para tener una visión más amplia de lo que significan, y lo que no, estos decretos.
La operación puesta en marcha por Estados Unidos e Israel en Irán a finales de febrero y la durísima evolución del conflicto en una zona clave a nivel mundial para la producción y comercialización de petróleo ha tenido, como consecuencia principal y, por qué no decirlo, esperable, la reducción de la oferta del crudo y la crecida de los precios del mismo, tanto por la reducción del flujo de venta como por el oportunismo económico de los beneficiados de la situación. El precio del barril Brent, que supone la principal referencia comercial en el continente europeo, ha excedido los 100 dólares el barril, una cota que no tocaba desde marzo de 2022, cuando comenzaban las hostilidades entre Rusia y Ucrania, y ya se nota en el precio de los combustibles, que en España han registrado su mayor subida en ocho meses. No solamente el carburante se ve afectado: el impacto también empieza a notarse en los mercados gasistas, y en consecuencia, en el precio de la factura eléctrica.
El primer decreto: reducciones fiscales
Este es el telón de fondo ineludible. Jugando sobre el mismo, el Gobierno ha firmado la entrada en vigor de dos decretos: el primero, pactado con grupos parlamentarios y con opción de salir adelante en el Congreso, con medidas fiscales sobre los carburantes. El segundo, negociado a última hora con Sumar tras el plantón en el Consejo de Ministros, tiene que ver con la revisión de los alquileres y el tope a los márgenes de beneficio empresariales, y por el momento no cuenta con apoyo parlamentario suficiente. Entre las medidas del primero, se encuentra la rebaja del IVA (del 21 al 10%) en productos como la gasolina, el gasóleo, el butano, el propano, la electricidad, el gas, la leña, las briquetas o los pellets. Además, se retirará temporalmente el impuesto especial a los hidrocarburos, que en la actualidad equivale a 0,379 euros por litro de diésel y a 0,47269 euros por litro de gasolina. El Gobierno calcula que este recorte fiscal implicará una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante y de unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio, lo cual es beneficioso para el consumidor en términos de bolsillo, pero los recortes fiscales de esta índole son un arma de doble filo: aunque alivian la cartera del ciudadano, no limitan los beneficios de las grandes corporaciones y merman la recaudación pública. Además, sacaba pecho el Gobierno hace unos días de que no atenderían a las medidas propuestas por el Partido Popular por ser siempre las mismas y consistir siempre en bajar los impuestos, y es justo lo que ha terminado materializándose en el decreto ley.
Por otro lado, existen otras medidas concretas para los profesionales del transporte, la pesca o la ganadería, como una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, además de la subvención parcial en la compra de fertilizantes. Estas medidas no han entusiasmado demasiado a los transportistas, que notarán cierto alivio en sus cuentas, pero consideran que las ayudas aprobadas ante la escalada del diésel no son lo suficientemente contundentes y que no impedirán que los sobrecostes se trasladen a los productos finales.
En cuanto a la electricidad, mismo escenario: bajadas de impuestos. Además de la bajada del IVA, se reducirá al 0,5% el impuesto especial a la misma, del 5,11% en la actualidad, y se suspenderá de forma temporal durante 2,5 meses el impuesto al valor de la producción eléctrica, del 7%. El Gobierno asegura, así, que los impuestos sobre la electricidad se reducirán aproximadamente un 60%. En el caso concreto de las industrias de gran consumo de electricidad, se bonificarán en un 80% los peajes que pagan, lo que supondrá un descenso en la recaudación de 200 millones de euros. También se aplicarán medidas de flexibilidad en sus contratos de compra de electricidad. Los consumidores vulnerables, por su parte, verán extendidos hasta finales de este año los descuentos extraordinarios del bono social de la luz y reforzado el bono social térmico, hasta un máximo de 50 euros. Se mantiene, además, la prohibición de suspender el suministro a los hogares vulnerables. Los descuentos del bono social eléctrico se ven reforzados también, hasta el 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. También se aplicarán otras medidas de reducción de la presión fiscal, como bonificaciones en el IRPF para la instalación de panales solares, sistemas de autoconsumo y almacenamiento de electricidad y medidas específicas para seguir potenciando las renovables y desligarse del consumo de hidrocarburos.
El segundo decreto: medidas laborales y al alquiler sin apoyo parlamentario
El segundo decreto, negociado in extremis por Sumar tras levantarse de la mesa del Consejo de Ministros, contiene medidas centradas en el trabajador, en el tope a los beneficios empresariales y en la prórroga de la protección al alquiler. En concreto, se prohibirá el despido en las empresas que reciban ayudas públicas si está relacionado con los efectos económicos de la guerra. Además, todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno deberán contar de manera obligada con un plan de movilidad sostenible.
Los socios de izquierda -Sumar, ERC, BNG y Podemos- exigían que el decreto incluyera medidas en materia de vivienda como la prórroga de los alquileres, además del tope de precios y el control a los beneficios de las empresas a raíz de la guerra, que al principio no fueron contempladas, pero sí tras las negociaciones con Sánchez. Por ello, los magentas presumen de haber forzado al Gobierno a «ampliar el escudo social» y califican el acuerdo alcanzado con el PSOE de «más ambicioso y más justo». «En 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes», secundan. Los de Díaz apuntan que «están en el Gobierno para esto», para «ir más lejos cuando el momento lo exige», «para que ninguna crisis se convierta en una oportunidad de negocio para los de siempre» y «para proteger a toda la gente trabajadora».
El Gobierno reconoce, no obstante, que estas medidas reclamadas por Sumar no cuentan, por ahora, con apoyo parlamentario suficiente. Incluyen, a su vez, la congelación temporal de los precios del alquiler, similar a la aplicada en la crisis tras la guerra de Ucrania.
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Un Consejo de Ministros Extraordinario celebrado este viernes, y marcado por las negociaciones más allá del último minuto entre PSOE y Sumar, ha aprobado el paquete de 80 medidas del Gobierno para paliar los efectos de la guerra entre EEUU, Israel e Irán. El Real Decreto-ley, denominado como Plan Integral de Respuesta a las consecuencias de la crisis en Oriente Medio entrará en vigor este domingo, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) prevista para este sábado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha calificado como «el mayor escudo social y económico de la UE» en estos momentos. Tiene dos ejes bien diferenciados. Por un lado, medidas de carácter coyuntural. Es decir, temporales. Por otro, medidas estructurales relacionadas con la descarbonización y el sistema energético para continuar potenciando las energías renovables. La inversión del Ejecutivo es de 5.046 millones de euros.
Según destacan fuentes gubernamentales, la mayor parte de ese desembolso llegará a través de las numerosas rebajas fiscales. Se calcula que prácticamente la mitad del total, unos 2.500 millones de euros, procede de este tipo de suspensiones o rebajas en diferentes impuestos. Desde el Gobierno se considera que hay margen fiscal suficiente para afrontar este plan porque supone apenas un 1% de la recaudación total de las arcas del Estado.
Por ejemplo, se ha aprobado la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), que tiene un impacto de 450 millones. La reducción al 10% del IVA de gasóleo, gasolina y otros hidrocarburos supone 507 millones mientras que la reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Hidrocarburos en los productos más consumidos, como son el gasóleo y la gasolina sin plomo supone un ahorro para ciudadanos y profesionales que alcanzará los 656,5 millones.
También se rebaja al 10% el IVA de la electricidad, que supondrá un ahorro de 539,1 millones de
euros para la ciudadanía. Esta reducción al 10% del IVA también se aplicará al gas natural,
briquetas y pellets. También se ha aprobado una reducción del Impuesto Especial sobre la
Electricidad en su tipo impositivo, que caerá del 5,1% hasta el 0,5%.
A todo ello habría que sumar otras deducciones sobre el IRPF, en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Todas ellas están relacionadas con cuestiones energéticas como la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de
recarga de automóviles eléctricos, la puesta en marcha de instalaciones destinadas al autoconsumo o la rehabilitación energética de edificios. Estas deducciones estaban incluidas en el decreto denominado «escudo social» que tumbó el Congreso en enero por los votos de PP, Vox y Junts al incluir una moratoria antidesahucios que rechazaron.
La otra mitad del presupuesto del plan se distribuye entre las ayudas directas y las reformas estructurales en materia energética. En el paquete se establecen una ayuda
de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional que adquieran los transportistas. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las diputaciones forales correspondientes en Navarra y Euskadi. Hay una ayuda similar para los agricultores y armadores de pesca, canalizada por el Ministerio de Agricultura, tanto para el gasóleo como para la compra de fertilizantes. Y el Ministerio de Transportes hará lo propio con el transporte marítimo. El Ministerio de Industria, por su parte, ha establecido ayudas para las empresas electrointensivas.
¿Qué tienen en común todas estas medidas? Su temporalidad. El decreto fija el 30 de junio como la fecha de caducidad. Es decir, si se quieren extender, el Gobierno debería aprobar otro Real Decreto-ley y que las Cortes lo avalen. La nueva normativa incluye, como se hizo en decretos similares sobre los efectos de la guerra de Ucrania, una cláusula de desactivación por si la escalada de precios se frena.
¿Cómo se desactivarían estas medidas? Fuentes del Gobierno explican que se usará como referencia el IPC de carburantes, gas y electricidad de manera separada. Las medidas se aplicarán en cualquier caso en los meses de abril y mayo, explican las mismas fuentes. La cláusula se podría activar en junio en todo caso. Solo se desactivarían las medidas fiscales de electricidad a principios de junio, por ejemplo, si el IPC de ese concepto en abril (dato que se conoce en mayo) crece más de un 15% respecto al dato de IPC de abril de 2025. Si existe esa contención de precios las medidas decaerían antes de la fecha prevista.
Relacionado con este tema
También se han aprobado la extensión del bono social eléctrico, del bono social térmico y la prohibición del corte de suministros básicos para familias vulnerables. En estos casos la duración es hasta finales de año.
Ahorro para el bolsillo en carburantes
Todas estas medidas fiscales beneficiarán directamente al bolsillo de los ciudadanos. Especialmente se comenzará a notar de inmediato, según destacan desde el Gobierno, al repostar vehículos. Para ejemplificarlo, el Ministerio de Hacienda ha hecho una serie de cálculos.
De este modo, tomando como referencia los precios medios del 19 de marzo en las gasolineras, la gasolina sin plomo 95 bajaría
a 1,51 euros por litro, lo que implica un ahorro de 15,9 euros por rellenar un
depósito de 55 litros. La gasolina sin plomo 98 bajaría a 1,60
euros, un ahorro de 18,9 euros por rellenar un
depósito del mismo tamaño. Y el precio del combustible diésel bajaría a 1,67 euros, que supondría 13 euros menos por rellenar un depósito de 55 litros.
Ejemplos de ahorro tras las medidas del Gobierno
La transformación energética
La otra pata relevante del Plan de Respuesta Integral tiene que ver con reformas estructurales que serán permanentes. Las capitaliza el Ministerio de Transición Ecológica y suponen una inversión de cerca de 500 millones de euros. Hay medidas como la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que busca dar un impulso a las sustituciones de calderas por bombas de calor en edificios para que haya menos dependencia del gas.
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Se dan también más competencias a las entidades locales para promocionar las comunidades energéticas, que son entidades jurídicas sin ánimo de lucro que gestionan y almacenan sus propias energías renovables de manera colectiva.
Otra de las medidas destacadas es la obligatoriedad de que un proyecto de energías renovables que llegue a un territorio aporte beneficios directos a ese territorio. También se busca una mayor agilidad en los trámites administrativos para este tipo de proyectos. Se establecerá además un sello de excelencia para proyectos relacionados con las energías renovables que puntuarán más cuando haya concursos públicos. Respecto a los centros de datos se potenciarán también los criterios de eficiencia y el uso de energías renovables en los mismos.
¿Y los beneficios empresariales?
Desde Sumar consideran muy relevante otra de las medidas arrancadas al PSOE durante las negociaciones y cuya ausencia provocó el retraso en el inicio del Consejo de Ministros. Durante su rueda de prensa Sánchez señaló que se dotaría a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción para evitar eventuales abusos. «Un Gobierno responsable no puede tolerar que por pura codicia intenten sacar tajada algunos», afirmó.
Fuentes del Gobierno no entran en el detalle de esta medida y consideran que la CNMC ya realiza este tipo de funciones de manera habitual. Las mismas fuentes se limitan a señalar que hay que dejar trabajar a la CNMC y que efectúe sus recomendaciones y que a partir de ella el Gobierno tome sus decisiones.
Sobre posibles sanciones señalan las mismas fuentes que la CNMC está ya sancionando comportamientos contrarios a competencia en relación al sector de los carburantes. Recientemente se ha sancionado a varias empresas del Grupo Repsol, por ejemplo. La medida aprobada se trata de un control reforzado y potenciar un instrumento que reconocen que ya existe.
En medio de la escalada bélica en Oriente Próximo, en la tarde de este viernes Reino Unido ha autorizado a Estados Unidos para que utilice sus bases para atacar objetivos de Irán que bloqueen el estrecho de Ormuz. “[Los ministros] confirmaron que el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases británicas en la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz», informa el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado oficial.
La decisión llega después de que los ministros del gobierno británico hayan mantenido una reunión este viernes con el objetivo de analizar la situación actual en Oriente Próximo, así como el bloqueo del paso de Ormuz. En esta línea, todos ellos subrayan que «los ataques imprudentes de Irán corrían el riesgo de sumir aún más a la región en la crisis y agravar el impacto económico«. Asimismo, en el comunicado publicado desde Downing Street -residencia del primer ministro- se pone de manifiesto la «necesidad de una desescalada urgente y de una resolución rápida de la guerra».
Con todo, una decisión por parte del Ejecutivo británico que ha tenido pronta respuesta por parte de Irán. De esta forma, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha acusado a Reino Unido de «participar en la agresión» lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos al permitir al Ejército estadounidense que utilice sus bases en el marco del conflicto en Oriente Próximo. «Estas acciones serán consideradas claramente como participación en la agresión y quedarán registradas en la historia de las relaciones entre ambos países«, ha trasladado Araqchi a su homóloga británica, Yvette Cooper, durante una conversación telefónica, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Irán. «Nos reservamos el derecho inherente a defender la soberanía y la independencia del país», ha agregado.
En línea con ello, el ministro de Exteriores iraní ha denunciado que la ofensiva de Estados Unidos e Israel «es contraria a todos los principios y normas internacionales«, al tiempo que ha criticado el «cobarde» asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y otros altos cargos, junto a «personas inocentes, incluidas más de 170 estudiantes de una escuela primaria».
Araqchi ha criticado la postura «sesgada» de Reino Unido y otros países europeos frente a la «flagrante agresión» contra el país y ha destacado las «medidas defensivas» adoptadas por Irán frente a Estados Unidos e Israel, al tiempo que ha recordado «el derecho inherente a la autodefensa, bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas». «Hemos respetado la soberanía de los países vecinos y no tenemos intención de atacarlos, pero desafortunadamente hay bases estadounidenses en estos países. Hemos sido atacados desde esas bases y estos países no han cumplido su responsabilidad internacional de evitar el uso de su territorio para la ejecución de ataques contra Irán«, ha explicado el jefe de la diplomacia iraní.
Trump señala a la OTAN por «no querer ayudar»
La decisión de Reino Unido llega después de que este jueves el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguraba que si defiende el estrecho de Ormuz es “para todos los demás”, pero garantizando que Estados Unidos no depende del comercio que lo atraviesa. «Nosotros no usamos el estrecho. Estamos defendiendo el estrecho para todos los demás. Y en el caso de la OTAN, no quieren ayudarnos a defenderlo, y son ellos quienes lo necesitan», defendió.
En líneas similares, el magnate volvía a defender que el Ejército estadounidense va «muy por delante del calendario» respecto a sus planes militares en Irán, al tiempo que ha reiterado el carácter histórico de la intervención insistiendo en que «tuvo que hacerlo» por las ambiciones nucleares de Teherán y la amenaza que representa a toda la comunidad internacional. «Tuve que hacer esto. Lo llamo una incursión. Tuve que hacer esta pequeña incursión y hacer algo que ningún otro presidente tuvo el valor de hacer», señaló, insistiendo en que sus predecesores «querían hacerlo», pero «nunca tuvieron el valor». «No los culpo. No los estoy culpando. Me tocó a mí y hemos hecho un gran trabajo. Nuestro Ejército es increíble», añadió.
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El conflicto en Oriente Medio ya no depende solo de lo que hagan los protagonistas directos de la guerra. Depende también de los actores que todavía intentan no entrar del todo, aunque cada vez tengan menos espacio para mantenerse al margen. Arabia Saudí es el principal de ellos. Su posible implicación abriría un escenario nuevo, mucho más amplio y difícil de contener, porque no solo pondría en tensión a Irán e Israel, sino al conjunto del Golfo y a la red de alianzas que sostiene buena parte del equilibrio regional.
Hasta ahora, Riad ha intentado moverse en una franja incómoda. Lo bastante cerca de Washington como para seguir siendo uno de sus socios centrales en la zona. Lo bastante lejos de una implicación directa como para no convertirse en objetivo prioritario de una represalia iraní a gran escala. Ese cálculo se está estrechando. Arabia Saudí ya ha recibido ataques con misiles balísticos sobre Riad, que la población fue alertada por primera vez de una “amenaza hostil” y que el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, aseguró que el reino se reserva el derecho a responder militarmente contra Irán.
Ese punto importa porque marca un cambio de tono. Arabia Saudí no está hablando ya solo de condena diplomática o de contención. Está diciendo que la represalia militar ha entrado en el menú. Y cuando Riad se coloca en ese terreno, el Golfo entero deja de mirar la guerra como algo que sucede a su alrededor para empezar a asumir que puede convertirse en frente directo. Reuters recoge que Irán ha amenazado instalaciones energéticas concretas en Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, y que el conflicto ha alcanzado ya puertos, aeropuertos, hubs comerciales y centros petroleros de los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo.
El dilema estratégico de Riad
Hay una razón por la que Arabia Saudí pesa más que otros actores de la zona. No es solo una cuestión de tamaño o de presupuesto militar. Es que su entrada plena cambiaría la naturaleza del conflicto. Una guerra que hoy sigue teniendo como eje visible a Irán, Israel y Estados Unidos pasaría a convertirse en una guerra regional abierta, con implicación directa de la principal potencia árabe del Golfo. Y eso arrastra varias cosas a la vez: más presión sobre Emiratos, Bahréin o Kuwait para alinearse; más exposición de bases estadounidenses; más riesgo para el estrecho de Ormuz; y más tensión sobre el mercado energético mundial.
Para entender por qué la posición saudí pesa tanto en esta guerra hay que mirar más atrás. Arabia Saudí e Irán llevan décadas disputándose la primacía regional desde dos legitimidades distintas. Una, la de la gran monarquía suní del Golfo y guardiana de los lugares santos del islam. La otra, la de la república islámica chií que convirtió su revolución en una herramienta de proyección exterior. Esa pugna no se ha librado solo en el terreno religioso, pero la división entre suníes y chiíes ha funcionado durante años como una frontera política útil para movilizar alianzas, justificar bloques y extender influencia en conflictos ajenos.
En los últimos años, Arabia Saudí había intentado bajar la temperatura con Irán. La reapertura diplomática de 2023 respondía a una lógica sencilla: rebajar el riesgo de choque directo y estabilizar una región en la que Riad también necesita vender seguridad, inversión y capacidad de modernización. Ese deshielo está hecho añicos. Reuters cita fuentes y analistas saudíes que hablan de una confianza “completamente destrozada” después de los ataques de este mes. El razonamiento que empieza a imponerse en buena parte del Golfo es que dejar a Irán con capacidad de golpear infraestructuras energéticas, puertos y rutas marítimas supone aceptar una amenaza permanente.
Ahí aparece el verdadero dilema saudí. Responder puede incendiar más la región. No responder puede consolidar la idea de que Irán puede castigar al Golfo cuando quiera. Esa es la trampa estratégica en la que se mueve Riad. Reuters explica que varias fuentes del Golfo están presionando ya a Washington para que no deje la operación a medias y degrade de forma mucho más profunda la capacidad militar iraní. En paralelo, Estados Unidos presiona a los países del Golfo para que respalden más claramente la campaña. Es decir, Arabia Saudí no solo calcula frente a Teherán. También calcula frente a Washington y frente a sus propios vecinos.
Ese equilibrio se vuelve todavía más frágil porque Riad no puede actuar como si solo estuviera en juego su orgullo estratégico. Está en juego su economía. Está en juego la estabilidad del reino. Está en juego su imagen de fortaleza. Y es que, los ataques no solo golpean instalaciones concretas, sino también la idea de seguridad y previsibilidad con la que los países del Golfo llevan años intentando atraer comercio, turismo y capital. Y Arabia Saudí, con toda su agenda de diversificación, es probablemente el país al que más le duele que esa imagen se resquebraje.
Petróleo, Ormuz y el miedo a una guerra sin bordes
Si Arabia Saudí entra de lleno, el conflicto dejaría de tener solo una lectura militar. Pasaría a ser también una crisis energética global en toda regla. Como se señalaba en las líneas anteriores, las amenazas iraníes ya apuntan a instalaciones energéticas saudíes, emiratíes y qataríes, y de que el Brent se ha disparado hacia los 110 dólares por barril. Al mismo tiempo, Qatar ha visto alterada su producción de gas natural licuado y el riesgo sobre el estrecho de Ormuz sigue creciendo. Por esa vía pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas del mundo.
Eso cambia mucho las cosas. Mientras la guerra se mantenga relativamente contenida, el mercado todavía puede leerla como una escalada dura pero regionalizada. Si Arabia Saudí entra, el centro de gravedad se desplaza al corazón energético del planeta. Riad no es un actor simbólico. Es el gran productor que, junto a sus vecinos, sostiene una parte decisiva del suministro global. Y además es el país que encarna la idea de que el Golfo puede seguir funcionando incluso en contextos tensos. Si esa pieza salta, ya no se trataría solo de precios más altos de la gasolina. Habría impacto en transporte marítimo, inflación, industria, gas y cadenas de suministro muy lejos de Oriente Medio.
Aun así, el paso saudí no es automático. Según apuntan diferentes medios, dentro del Golfo no hay todavía consenso para una intervención coordinada y que muchos líderes temen desencadenar una conflagración todavía más difícil de controlar. Emiratos, por ejemplo, sigue enviando señales de cautela. Incluso en Arabia Saudí, la lógica dominante no es la de precipitarse, sino la de calibrar. El problema es que las guerras no siempre respetan los tiempos del cálculo. Y cuando un país recibe impactos sobre su capital, sus instalaciones o sus rutas vitales, el margen político para seguir conteniendo se reduce muy deprisa.
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Donald Trump, igual que hiciera George W. Bush durante la guerra de Irak en 2003, ha optado por mantener un perfil bajo en torno a la gestión pública de los fallecidos, recurriendo a ceremonias discretas y, en algunos casos, alejadas del foco mediático en Estados Unidos. No ocurrió así con la primera llegada de soldados estadounidenses caídos en Irán, que fue televisada y recibida por Trump y el vicepresidente J.D Vance.
El presidente Trump obviaba gran parte de la complejidad de la operación e ignoraba las capacidades de respuesta de los ayatolás. Por ello, los norteamericanos no contemplaban ni la caída de sus nacionales, ni desplegar tropas en suelo iraní.
Esta invasión perdió popularidad entre los estadounidenses en dos años. En marzo de 2003, el 71% de los estadounidenses afirmaba que Estados Unidos había tomado la decisión correcta al utilizar la fuerza militar en Irak.
Ese porcentaje cayó al 47% en 2005, tras la revelación de que no había armas de destrucción masiva. Sin embargo, esos partidarios siguieron apoyando firmemente la invasión en encuestas posteriores.
En 2018, poco más de la mitad de los estadounidenses creía que Estados Unidos no había logrado sus objetivos, independientemente de cómo se hubieran definido esos objetivos en Irak.
Durante la invasión de Irak, la Administración de Bush fue duramente criticada por la falta de visibilidad de los soldados caídos, con restricciones a la difusión de imágenes de féretros llegando al país y homenajes que se desarrollaban lejos de la atención pública. Aquella estrategia fue interpretada por sus detractores como un intento de reducir el impacto político y social del coste humano de la guerra.
Más de dos décadas después, algunas voces establecen paralelismos con la forma en la que el entorno de Trump ha gestionado situaciones sensibles relacionadas con víctimas, señalando una tendencia a evitar actos públicos de gran repercusión y a favorecer ceremonias de carácter más reservado.
Críticos de esta estrategia consideran que este tipo de prácticas contribuyen a diluir el debate público sobre las consecuencias de determinadas decisiones políticas, especialmente en contextos de conflicto o crisis. A su juicio, la ausencia de actos visibles limita el reconocimiento colectivo del sacrificio de las víctimas y reduce la presión social sobre los responsables políticos.
Por el contrario, sectores afines defienden que se trata de una cuestión de respeto a la intimidad de las familias y de evitar la instrumentalización mediática del dolor. Argumentan que no todas las ceremonias deben convertirse en eventos públicos y que la discreción puede ser, en algunos casos, la opción más adecuada.
El debate, en cualquier caso, reabre una cuestión recurrente en la política estadounidense: el equilibrio entre la transparencia institucional y la gestión del impacto emocional y mediático de las pérdidas humanas en momentos de especial sensibilidad.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con el que el Ejecutivo movilizará 5.000 millones de euros para tratar de paliar los efectos económicos del conflicto en Irán. El socialista ha lamentado una «guerra contraria al derecho internacional» que está dejando ya «las primeras réplicas de un terremoto económico». «Situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias«, ha señalado.
El Ejecutivo ataja la crisis vivida este viernes en Moncloa, donde los titulares de Sumar han bloqueado el Consejo de Ministros para presionar al PSOE, con 80 medidas que incluyen un «escudo social», en el que habrá una «reducción drástica de la fiscalidad energética«, ha explicado, y el control a los beneficios a las empresas, para el que el Gobierno dará «nuevas capacidades de supervisión y de sanción» a la CNMC: «Se sancionará a quienes busquen beneficio por pura codicia», asegura.
Finalmente, las tensiones con Sumar que el presidente califica como «salseo» han terminado con las medidas divididas en dos decretos: Uno que mezclará rebajas como el 60% en el impuesto a la electricidad, el de producción al 0,5% o el IVA a la electricidad al 10%, con el control a los márgenes empresariales; y un segundo en el que se congelarán temporalmente los precios del alquiler. Ambas entrarán en vigor este sábado, cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, pero solo el primero se votará en el Congreso el próximo jueves.
Sánchez ataja la crisis con Sumar: «Política del siglo XXI»
El presidente, tras varias horas de retraso, ha detallado las medidas ante una «guerra contraria al derecho internacional». Sánchez ha asegurado que «nuestro país está mejor preparado» que otros europeos, en lo que ha destacado la diferencia de la subida de los precios de la electricidad en España y en otros como Italia o Alemania: «Si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor«, promete. El socialista ha recuperado también uno de los mantras que marcó la pandemia de Covid en 2020, asegurando que «vamos a salir más fuertes de esta crisis«.
Sánchez asegura, como se venía publicando que «el Gobierno lleva meses preparándose» ante la escalada de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán. Tras esto, ha pasado a detallar las medidas de los dos decretos, agradeciendo a los grupos por la negociación, pero no entrando en detalles sobre por qué los ministros de Sumar han amenazado con plantarle en la reunión de este viernes. El presidente ha recordado que, durante la pandemia, hubo un Consejo de Ministros que duró nueve horas, y se limita a decir que son cosas de la «política del siglo XXI», y que tener un Gobierno de coalición que tiene que vérselas y deseárselas para contrarrestar la falta de mayoría parlamentaria -que dice Sánchez que «aún» no tienen- «no le sienta nada mal a España».
PSOE y Sumar, en guerra hasta el final por las medidas
Las medidas han sido una incógnita hasta el último momento. Este jueves, el Gobierno había contactado nuevamente con todos los partidos -menos Vox- para recabar propuestas, en las que sus socios de izquierdas incluían medidas de vivienda, que han ido al segundo decreto, y control de los beneficios de las empresas, que va en el primero a través de ese mandato a la CNMC.
La tensión se ha hecho patente antes del anuncio, con los titulares de Sumar retrasando el Consejo de Ministros para presionar al PSOE, que quería presentar un decreto más cercano a lo que proponía el Partido Popular, en un claro guiño a otros socios como Junts o el PNV. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha estirado hasta el final el pulso, debatiendo personalmente con Sánchez en su despacho mientras el resto de ministros esperaban a que comenzara la reunión, que ha empezado con más de dos horas de retraso, y finalmente con los miembros de Sumar sentados a la mesa.
La aritmética parlamentaria, que hace peligrar el futuro del decreto en el Congreso de los Diputados, ha obligado al Ejecutivo a mezclarlo todo. Los de Alberto Núñez Feijóo basaron sus propuestas en las rebajas de impuestos, mientras que los socios de izquierdas, como Sumar, ERC, el BNG o Podemos, pedían medidas del ‘escudo social’ como la prórroga automática de los alquileres o la prohibición de desahuciar a vulnerables, y otras más enfocadas a evitar que la subida de productos como el combustible beneficie a las empresas, como el tope de precios o controlar los márgenes empresariales, que finalmente ha entrado.
El primer decreto se votará en la Cámara Baja el próximo jueves. El PSOE está a la espera de que tenga el apoyo mayoritario de los diputados, algo que tenía intención de garantizar acercando sus medidas a lo que pedían sus socios más conservadores, el PNV y Junts, y el Partido Popular. En el caso de estos dos últimos, ya tumbaron en dos ocasiones junto a Vox el ‘escudo social’, amparándose en que las medidas de vivienda fomentan la okupación.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido por
activa y por pasiva que las acciones de su país en la crisis de Oriente Medio
están supeditadas a los intereses de Israel. Ha afirmado que
el devastador bombardeo israelí del campo de gas iraní de Pars Sur fue
realizado a iniciativa del Gobierno de Benjamín Netanyahu, sin consulta alguna
al respecto. En realidad, según filtraciones del aparato del presidente, Trump
no solo conocía con anticipación la decisión israelí de atacar ese campo
gasífero, sino que aceptó su bombardeo por Israel y el comienzo, así, de una
nueva fase en la crisis de Oriente Medio con las infraestructuras energéticas
de la región como objetivo prioritario de los misiles y drones de los
contendientes.
Una fase que tiene para Israel su segundo escenario en el Líbano,
donde ya ha comenzado la invasión terrestre de este país para acabar con el
grupo proiraní Hizbulá. Una ofensiva a semejanza de la efectuada en Gaza, como
reconoció el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. En este teatro de
operaciones, Israel tiene las manos libres para repetir las matanzas y destrucción
que ya acometió en la Franja palestina, sabedor de que todos los países de la
región que podrían elevar su voz contra la vejación del Líbano tienen su mirada
lejos, centrada en las razias lanzadas por Irán contra sus intereses
energéticos como respuesta a los ataques de la aviación judía.
La posición de la Casa Blanca en esta guerra contra Irán es
evidente: Washington está a disposición de la agenda militar, geopolítica y
supremacista de Israel y del lobby judío estadounidense, como han reconocido
miembros de la Administración Trump. Incluso aunque provoque el caos en medio
mundo y ello perturbe los cálculos de los oligarcas aliados de Trump. Con estas
premisas, la contienda no parará hasta que el principal objetivo de Netanyahu
se cumpla, esto es, la aniquilación de Irán, caiga quien caiga, incluido el
orden económico global.
Washington está a disposición de la agenda militar, geopolítica y supremacista de Israel
En esta trama, las acciones implacables de Israel pretenden atraer
a la guerra a un antiguo enemigo, Arabia Saudí, que amenaza con intervenir en
la ofensiva contra Irán si este ataca sus instalaciones petrolíferas o
gasíferas en respuesta a las acciones israelíes. La jugada de Netanyahu es
rotunda y finiquita el acercamiento que Irán y Arabia Saudí firmaron en 2023
con intermediación de China y que tanto nerviosismo causó en Israel.
Tras el ataque israelí a Pars Sur, el mayor campo de gas natural del
mundo, en represalia Irán bombardeó la refinería gasífera de Ras Laffan, la más
importante de Catar, y algunas instalaciones saudíes. Trump amenazó con
respaldar con sus propios ataques la destrucción comenzada por Israel en Pars
Sur reflejando así esa comunión de acciones bélicas, eso sí, con Israel al
timón. Un Israel empeñado en desmantelar Irán, asesinar al mayor número de sus
dirigentes, incluidos aquellos con más experiencia de negociación con
Occidente, y remodelar Oriente Medio según la conveniencia también del sionismo
arraigado en EEUU y ahora exportado por toda la región en la estela de sus
misiles.
Las falacias de Trump al
servicio de Netanyahu
En su red social Truth, el presidente Trump quiso quedar bien ante
sus aliados cataríes e insistió en que EEUU «no sabía nada sobre este
ataque» contra la mayor central gasífera de Irán perpetrado el miércoles. Sin
embargo, horas después, el prestigioso medio digital estadounidense Axios
señalaba, citando fuentes de los dos países, que el propio Trump había hablado
con Netanyahu sobre los planes israelíes para atacar el campo de gas iraní y
escalar así el curso de la guerra. Netanyahu le contó a Trump que así podrían
doblegar a Teherán y el mandatario estadounidense se lo creyó.
En declaraciones a la cadena estadounidense CNN, otras dos fuentes
israelíes subrayaron incluso que el ataque a las instalaciones de Pars Sur fue coordinado
previamente con el Pentágono. Catar, en cambio, no fue avisado de una
operación, que previsiblemente, como así ocurrió, desataría una violenta
represalia iraní contra objetivos de los países árabes vecinos.
Las instalaciones de producción de gas natural licuado (GNL) de QatarEnergy.
La burda manera en que Trump ha escondido de nuevo la mano tras
esa acción israelí refuerza lo que ya miembros de la Casa Blanca vienen reconociendo
desde el principio de la contienda, incluido el secretario de Estado, Marco
Rubio, quien después se vio obligado a rectificar para no dejar a su jefe en
evidencia. Esta es una guerra pagada por EEUU al servicio de Israel y que, pese
a la ceguera de Trump, supone un torpedo bajo la línea de flotación de la Casa
Blanca.
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El peor de los
escenarios… también para EEUU
Según las fuentes de Axios, el ataque israelí pretendía presionar
a Irán para que desbloqueara el estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte
del tráfico mundial de gas y petróleo. Era esta la primera vez que Israel
atacaba las instalaciones gasíferas de Irán desde que comenzó la guerra el
pasado 28 de febrero. El gas y el crudo constituyen la base de la economía
iraní y su destrucción atenta por una parte contra la resistencia bélica de
Irán, pero también contra la supervivencia de su población. Y también, claro
está, contra los países que reciben los hidrocarburos de Irán y de los países
árabes atacados en respuesta.
El bombardeo israelí ha tenido lugar cuando cada vez se alzan más
voces en EEUU para que se detenga esta contienda desencadenada sin base legal
internacional alguna. Una guerra, que está dañando ya la economía
estadounidense y de medio planeta, y podría crear un foco de inestabilidad en
Oriente Medio durante décadas.
La guerra podría crear un foco de inestabilidad en Oriente Medio durante décadas
La Organización Mundial del Comercio (OMC) indicó este jueves que
si esta guerra se alarga y siguen aumentando los precios del petróleo y el gas,
el crecimiento de la economía global se verá reducido en al menos un 0,3%. De
esta forma el crecimiento del PIB mundial sería del 2,5%, tres décimas menos
que lo pronosticado para 2026. Y estos son los mejores pronósticos.
Además del proceso inflacionario que está provocando el conflicto,
de las subidas del precio del crudo, de las caídas de los mercados financieros
y del posible repunte del desempleo, en EEUU se teme el efecto que esta guerra
vaya a tener en el panorama político a medio plazo y, en este ámbito, Trump
podría recibir de plano el impacto del bumerán que soltó el 28 de febrero con
su ataque a Irán.
Las elecciones de medio término del 3 noviembre para renovar el
Congreso estadounidense tienen mucho peso en este sentido, pues Trump, según
las encuestas, lleva las de perder ante el citado deterioro económico interno y
la defenestración creciente de la imagen de EEUU en el exterior a las órdenes
de los espurios intereses israelíes.
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Hegseth: «Dinero para matar a los
chicos malos»
Para sostener esta estrategia autodestructiva y la sangría
económica que está suponiendo esta crisis, el secretario de Guerra
estadounidense, Pete Hegseth, confirmó este jueves que el Pentágono pedirá al
Congreso otros 200.000 millones de dólares en fondos adicionales. Una suma que,
reconoció, podría variar en los próximos días. Esta multimillonaria demanda de
dinero noquea a quienes, en las filas de Trump, sigue afirmando que el líder
republicano llegó al poder para poner fin a todas las guerras. Claro, si se
escucha a Hegseth se entiende esta paradoja: «es dinero para matar a los chicos
malos», dijo al anunciar esa partida presupuestaria.
El conflicto de Irán y la subordinación de EEUU ante Israel están
horadando los pasillos de la Casa Blanca. Y la felonía de Trump, con la
rendición de la política exterior de su país a Israel, ha corroborado las
palabras del ya exdirector de la Agencia Nacional de Contrainteligencia de
Estados Unidos, Joseph Kent. Este político ultraconservador era uno de los
juramentados del presidente estadounidense, pero llegó un momento en que no
pudo con tanta iniquidad. Kent presentó su dimisión esta semana precisamente
por esa claudicación de Washington ante Tel Aviv y los círculos de presión
sionistas en EEUU, con su dominio de buena parte de la oligarquía empresarial
en el país estadounidense.
Dos gestiones de la
guerra al servicio de Israel
Desde el punto de vista operativo en la guerra, las acciones de
Trump subrayan una realidad: aunque aparentemente EEUU e Israel se muevan al
unísono militar (contando con que sea cierto que Tel Aviv está avisando de sus
ataques a Washington), sin embargo, sus objetivos son distintos y tal disparidad,
a la larga, solo conduce a una mayor desafección dentro y fuera de EEUU.
Aunque aparentemente EEUU e Israel se muevan al unísono militar, sus objetivos son distintos
Mientras teóricamente EEUU se concentra en objetivos militares de
Irán que pueden dañar a sus intereses en la región, Israel incluye el asesinato
de los principales líderes iraníes y ahora la destrucción de sus
infraestructuras energéticas como primer paso de un objetivo final, el
aplastamiento de Irán como Estado y, en última instancia, su supervivencia
económica. Entre esos blancos se contaron esta semana Ali Larijaní, secretario
del Consejo de Seguridad Nacional y mandatario de facto de Irán tras el asesinato
el primer día de la guerra del líder supremo, Alí Jameneí. También en los
últimos días fueron asesinados por Israel el jefe de la milicia Basij, Gholamreza
Soleimani, y el ministro de Inteligencia, Esmail Jatib.
La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi
Gabbard, reconoció este jueves esa disparidad de objetivos entre ambos
gobiernos, el de Washington y el de Tel Aviv, respecto a la guerra en curso.
«El Gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a la cúpula iraní y
eliminar a varios de sus miembros, empezando obviamente por el ayatolá, el
líder supremo (Alí Jameneí), y siguen centrados en ese objetivo», explicó
Gabbard ante un comité de la Cámara de Representantes.
Sobre las intenciones de Trump, Gabbard apuntó el desmantelamiento
de «la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos, su capacidad de
producción de misiles, su Armada, la Armada de la Guardia Revolucionaria
Islámica y su capacidad para colocar minas».
Esta aparente diferencia de criterios refuerza en realidad la idea
de esa subordinación de la estrategia de EEUU a los planes de Israel en esta
guerra. El desmantelamiento de las capacidades ofensivas iraníes que según Gabbard está realizando EEUU es solo un paso para facilitar la decapitación del
régimen, la obliteración de su sostenimiento económico y, en definitiva, la
conversión de Irán en un erial, en un estado fallido cuya desaparición de la
geopolítica regional beneficia en primer lugar a un Israel en expansión gracias
a sus vecinos libaneses, palestinos y sirios.
En declaraciones este jueves a Radio Nacional de España, el que
fuera secretario general de la OTAN y alto representante para la Política
Exterior de la Unión Europea, Javier Solana, fue contundente sobre este
contubernio israelí-estadounidense: «Estados Unidos se ha sometido a
Netanyahu», en una alianza «muy buena para ellos, pero muy mala para
el mundo». Lo más inquietante de
todo, agregó el expolítico español, es la falta de coherencia estratégica de
Trump, de quien «no se sabe muy bien lo que quiere» ni tampoco
«cuál es el objetivo de la guerra» que ha desatado junto a Israel.
Salvo que ese objetivo sea muy simple: hacerle el triple juego a
Netanyahu, de cara a las elecciones parlamentarias que en octubre celebra su
país, para ayudar a la campaña de perdón del líder israelí, envuelto en varios
casos de corrupción y, lo más importante, para impulsar el expansionismo judío
en Oriente Medio cuyo objetivo final es la creación de ese Gran Israel que el
sionismo reclama desde la constitución del Estado judío en 1948.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expuesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus últimas palabras expresadas durante una entrevista para Okdiario. La dirigente popular defendió a su pareja y empresario investigado por corrupción, Alberto González Amador, mientras cargó contra el Partido Socialista y les acusó de querer “amedrentar” a su entorno.
Este pasado miércoles se publicó una entrevista que realizó el periodista Eduardo Inda a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Durante el encuentro, ambos abordaron numerosos temas en los que la dirigente madrileña se encuentra involucrada. En una parte de la entrevista, mientras Ayuso se quejaba de que su entorno era atacado por parte de la izquierda, Inda le preguntó por cómo percibía la situación actual de su pareja, González Amador. Ante esa pregunta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la intención de justificarse y arremeter contra el PSOE, manifestó que si su pareja fuese un socialista corrupto ella saldría ilesa y a él «nadie le miraría»: “Si yo en lugar de salir con González Amador saliera con un socialista muy corrupto se me perdonaría todo”.
Estas palabras han generado tantas reacciones y han sido tan comentadas en redes sociales que hasta el ministro de Transportes no ha desperdiciado su oportunidad para comentarlas. Puente, a través de su cuenta en X, ha retratado a la dirigente popular por no negar que González Amador sea un corrupto: “Viene a reconocer que es muy corrupto, pero no socialista”.
En la misma entrevista, siguiendo el hilo del entorno de Ayuso, la popular expresó su máxima confianza a su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, y acusó a los socialistas de querer acabar contra alguien inocente.
En el momento en el que el periodista expone que están pidiendo la destitución de su jefe de Gabinete, Ayuso le respondía diciendo que lo que buscan es “judicializar a todo su entorno y amedrentarlo” con la única finalidad de «quitarle las ganas». A pesar de ello, la popular comentó que «cuanto más lo intentan peor lo llevan».
De igual forma, la presidenta madrileña aseguró que Miguel Ángel Rodríguez seguirá manteniendo su puesto, ya que es un “genio” y, según explicó Ayuso, ese es el motivo por el que buscan acometer contra él. La popular afirmó que por parte de la izquierda formaron “una lista de su entorno” para atacarla y perjudicarla.
Asimismo, recuperando el tema de González Amador, con la finalidad de limpiar su imagen, Ayuso desmintió que este tuviese algún contrato con la Comunidad de Madrid.
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El próximo 9 de abril el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, participará en un acto en Barcelona junto a la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, que estará moderado por el exdirigente de la formación morada Xavier Domènech y que lleva por título «¿Qué hay que hacer?».
Se trata del segundo acto del político catalán tras el encuentro con el portavoz adjunto de Más Madrid, Emilio Delgado, el pasado mes de febrero. La iniciativa parte de Montero y llega en un momento en el que la izquierda está debilitada a nivel electoral tras los malos resultados cosechados en las elecciones de Castilla y León y Aragón.
La eurodiputada de Podemos ha hecho un llamamiento a reforzar la unidad y la preparación de la izquierda ante los próximos retos electorales, subrayando la necesidad de “conversar” y “dar certezas a la gente” en un contexto político marcado por el auge de la extrema derecha.
Asimismo, la dirigente también ha valorado positivamente la posibilidad de colaborar con el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, señalando que “hacer equipo con Gabriel me parece una buena idea”, en un contexto que ha descrito como de “violencia política”.
Durante sus declaraciones en Mañaneros 360, Montero ha insistido en que “hay un partido que jugar” y ha asegurado que su espacio político está “dispuesto a salir a ganarlo”, con el objetivo de “frenar a la extrema derecha” y “ganar a la derecha en todos los ámbitos”. En este sentido, ha defendido que Podemos “siempre ha estado en ese camino” y que continuará trabajando para estar preparado cuando se convoquen elecciones.
Montero ha querido ir más allá del plano estrictamente electoral, recalcando que “no es solo una cuestión de elecciones”, sino de construir una izquierda “fuerte y preparada” capaz de influir de forma sostenida en la sociedad. “Es momento de defender España”, ha afirmado, al tiempo que ha subrayado la importancia de tejer alianzas desde el respeto: “Somos respetuosas con las alianzas” y “el camino es ese”.
En relación con posibles acuerdos políticos, la eurodiputada ha apuntado que “las alianzas irán cayendo por su propio peso entre todos los que queramos cumplir ese objetivo”, destacando que estos procesos “se han gestado hablando”. A su juicio, es necesario consolidar “una izquierda fuerte que sea capaz de hacer que las cosas que tienen que pasar, pasen”.
Por último, Montero ha advertido de la estrategia de la derecha, asegurando que “no deja una esquina de la política y la sociedad sin querer ocupar”, y ha reiterado que su formación se mantiene “preocupada y dispuesta” ante este escenario.
El objetivo, según Montero, es «dar certezas a la izquierda» y que el espacio «recupere la autoestima» y «la confianza» en que «hay que hacer frente a la extrema derecha».
«Estoy encantada de hacer equipo con Rufián», apunta a preguntas de este periódico, aunque evita dar detalles sobre cómo se articularía esa candidatura conjunta. El portavoz de ERC confiesa que a él «le gustaría ir con Irene Montero al fin del mundo», cuando se le pregunta por una candidatura de unidad, pero añade que eso es una decisión que compete a los partidos y que son ellos los que «tienen que hablar». «Para mí, Irene sería una gran candidata a todo».
Rufián, además, nunca ha escondido su admiración por la número dos de Podemos. «Irene Montero te lee las instrucciones de una lavadora y te emociona», relata. «Es una fuerza de la naturaleza, un activo electoral para mí indiscutible y creo que debería liderar muchas cosas», añade. Para el político catalán, que en muchas ocasiones ha defendido públicamente a Montero desde el Congreso de los Diputados, la palabra que la define es «valiente». «Y creo que la izquierda tiene que ser valiente», apunta.
¿Y qué es lo que ha fallado en la izquierda para cosechar los malos resultados en los últimos comicios? «Yo creo que no tenemos un discurso sobre temas incómodos y seguramente con Irene tendré ciertas diferencias, pero no pasa nada por estar de acuerdo. Al revés, la discrepancia es sana», apunta. «Y creo que la izquierda tiene que hablar de orden, seguridad, de inmigración, no para vincularlos ni mucho menos, sino para hablar de integración, de convivencia y también de derechos y de obligaciones», continúa. Un discurso que, precisamente, va en la línea contraria al diagnóstico ofrecido por Montero y la cúpula de Podemos.
Sobre por qué elegir a Domènech como interlocutor, Rufián señala que el exlíder de En Comú Podem «tenía razón en un momento histórico complicado para tener razón»: «Yo me porté mal con él y creo que es bueno recuperarlo para la causa. Me parece un tipo brillante, conviene escucharle siempre», subraya. Rufián también tiene buenas palabras para el ministro Pablo Bustinduy, al que considera «un tipo brillante» y cree que «cuanto más cerca esté, mejor».
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, afronta una acumulación de frentes políticos, administrativos y judiciales que empiezan a entrelazarse y a dibujar un escenario de creciente desgaste institucional. La polémica sobre la gestión de fondos públicos, las adjudicaciones a entidades cuestionadas y la situación judicial de su hombre fuerte en la Puerta del Sol configuran un contexto especialmente delicado.
Uno de los focos más relevantes es la actuación del Tribunal de Cuentas, que ha decidido abrir una investigación sobre 71,6 millones de euros vinculados a la sanidad privada madrileña. El procedimiento se inicia tras una denuncia del PSOE que apunta a un posible menoscabo de fondos públicos derivado de fallos estructurales en la facturación entre hospitales públicos y centros concertados.
El problema no es menor ni puntual. Durante años, el sistema de “balances intercentros” —que regula cómo los hospitales se compensan entre sí por la atención a pacientes desplazados— ha funcionado con importantes deficiencias técnicas y burocráticas. La falta de homogeneidad en los sistemas informáticos, la ausencia de determinados códigos clínicos y la exigencia de documentación completa por parte de los centros privados han provocado que muchos tratamientos realizados por la sanidad pública no se hayan podido facturar. El resultado: decenas de millones de euros que el sistema público dejó de ingresar, mientras la sanidad privada sí consolidaba ingresos por el mismo mecanismo.
Este choque con el órgano fiscalizador no solo tiene implicaciones económicas, sino también políticas. Refuerza el discurso de la oposición sobre una supuesta infrafinanciación indirecta de lo público frente a lo privado, en un momento en el que las listas de espera en Madrid han alcanzado cifras elevadas.
En paralelo, resurgen las dudas sobre la relación del Ejecutivo autonómico con Madrid Network. Esta entidad, que acumulaba problemas financieros, recibió varios contratos públicos entre 2020 y 2024. Aunque las adjudicaciones fueron legales en su forma, la oposición cuestiona su idoneidad y oportunidad, sugiriendo una falta de diligencia en la gestión del dinero público. Este episodio se suma a la narrativa de decisiones controvertidas en la asignación de recursos.
A estos elementos se añade un tercer eje: la gestión de los servicios públicos, en particular la prevención de incendios. Datos oficiales reflejan que una parte significativa de las hectáreas previstas para trabajos preventivos no fue tratada antes del verano de 2025, uno de los más devastadores en décadas en España. Aunque el Gobierno regional atribuye este retraso a factores como el envío de brigadas a otras emergencias —como la DANA en la Comunidad Valenciana— y a condiciones meteorológicas adversas, sindicatos y oposición denuncian una falta de planificación estructural.
Sin embargo, el elemento que conecta y amplifica todos estos frentes es la situación judicial de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso y figura clave en su estrategia política y comunicativa. Su imputación introduce un componente de riesgo adicional, no solo por las posibles consecuencias legales personales, sino por su papel central en la toma de decisiones y en la gestión del relato del Gobierno autonómico.
Rodríguez no es un asesor más: es considerado el principal arquitecto del discurso político de Ayuso y uno de los perfiles con mayor influencia en el Ejecutivo madrileño. Su situación judicial debilita la capacidad del Gobierno para defenderse de las críticas, ya que cualquier controversia —desde la investigación del Tribunal de Cuentas hasta el caso de Madrid Network— queda inevitablemente filtrada por la sospecha y el desgaste reputacional.
Además, en términos políticos, la coincidencia temporal de estos casos refuerza una percepción de acumulación de problemas. No se trata de episodios aislados, sino de una concatenación de cuestiones que afectan a tres pilares fundamentales: la gestión económica (sanidad), la contratación pública (Madrid Network) y la estabilidad del núcleo de poder (Rodríguez).
Este contexto obliga al Ejecutivo madrileño a gestionar no solo los aspectos técnicos y administrativos de cada caso, sino también una narrativa política compleja. La oposición intenta vincular todos estos elementos bajo una misma idea: un modelo de gestión cuestionado en lo público y rodeado de polémicas. Por su parte, el Gobierno regional defiende que se trata de situaciones independientes y niega irregularidades, apelando a causas técnicas o coyunturales en cada caso.
En definitiva, la Comunidad de Madrid se enfrenta a un momento en el que la presión institucional, el escrutinio judicial y el desgaste político convergen. Y en ese cruce de caminos, la evolución del caso de Miguel Ángel Rodríguez puede convertirse en un factor determinante para el futuro inmediato del Ejecutivo de Ayuso.
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7 – FC Barcelona: Joan García (Szczesny, min.82); Eric García (Araujo, min.22), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Espart, min.66); Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López (Dani Olmo, min.66), Raphinha; y Lewandowski (Ferran Torres, min.66).
El FC Barcelona espera ya en cuartos de final de la Champions League al vencedor del Atlético-Tottenham después de tumbar al Newcastle en la vuelta de los octavos de final. Los de Hansi Flick golean a las urracas gracias un inicio arrollador de la segunda parte. El peaje a pagar son las lesiones musculares de Eric García y de Joan García.
Siete años después, una eliminatoria de Champions League volvía a un Camp Nou con aficionados en las gradas —desde aquel 3-0 al Liverpool en 2019—.
El primer tiempo fue un genuino combate entre dos púgiles que no levantaban sus puños para afirmar la guardia. Intercambios de goles de uno y otro bando volcaron por momentos el partido y la eliminatoria a cada uno de los dos lados.
El primero en impactar fue el Barça, en el minuto 6, por medio de Raphina. El brasileño se aprovechó de hasta dos resbalones de jugadores ingleses y de un diferencial pase de Fermín en el área.
Un Newcastle al que le costaba mucho salvar la presión blaugrana encontró el empate para sorpresa de muchos en una gran jugada a la contra. Elanga fue el autor del tanto al cazar a Joan García al contrapié (min. 15).
A los tres minutos, el Barça se levantó de la lona para lanzar otro directo al rostro de los británicos. Lo hizo a través de una jugada ensayada, a balón parado. Raphina la puso en el área, Gerard Martín la durmió con la cabeza y Bernal la introdujo en la portería visitante (18’).
Cuando mejor estaban los de Flick, una inoportuna lesión de Eric García hizo que los culés movieran el banquillo para dar entrada a Araújo.
El cambio precedió al empate, de nuevo, del Newcastle a cargo de Elanga (min. 28) y a los mejores minutos de los ingleses. Quince minutos de amenaza visitante en los que el Barça supo resistir y recuperar la frescura gracias a dos ocasiones muy claras, una para Lewandowski (40’) y otra para Lamine (46’).
El que fuera el autor del único gol blaugrana en la ida, repitió acierto desde el punto de penalti para mandar a su equipo en ventaja al descanso (min 48’). La pena máxima tuvo que ser indicada por el VAR en el descuento por un agarrón de Trippier a Raphina.
El Newcastle cae a la lona en la segunda parte
En un arranque de segunda parte desbordable por parte del Barça, los locales enviaron a su rival a la lona. Ya no se pudo levantar el peleón Newcastle.
Hasta cuatro goles subieron al marcador en menos de media hora. Fermín (51’), Raphina (72’) y Lewandowski por partida doble (56’ y 61’) ejecutaron a los ingleses.
La peor noticia para los culés, sin duda, han sido las lesiones. A la de Eric en la primera parte hubo que sumar la de Joan García a diez minutos para la conclusión. Ambos se perderán casi con total seguridad la presunta convocatoria con la selección española para la penúltima lista antes del Mundial.
Así hemos contado el FC Barcelona 7-2 Newcastle de Champions
Por cuarta vez desde que asumió la Presidencia de Ucrania y en el marco de la ofensiva rusa, Volodímir Zelenski volverá este miércoles a España dentro del marco de las relaciones diplomáticas bilaterales con el Gobierno de Pedro Sánchez coincidiendo, en esta ocasión, con un escenario geopolítico convulso por la guerra en Irán y las consecuencias que esto conlleva en la evolución del conflicto ucraniano, cuando uno de los puntos clave del debate se concentra en el levantamiento de las sanciones al petróleo ruso por el bloqueo del estrecho de Ormuz.
A su llegada a Madrid, la agenda del mandatario ucraniano se concentra en su reunión con su homólogo español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa sobre las 11.30 horas de la mañana. Al finalizar el encuentro a puerta cerrada, ambos dirigentes ofrecerán una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación. Está previsto que, en clave política, Sánchez reitere el apoyo de España a Ucrania ante la ofensiva del Kremlin de Vladimir Putin que se extiende desde febrero de 2022 hasta la fecha actual.
Posteriormente, Zelenski acudirá al Congreso de los Diputados, donde se reunirá con ambos presidentes de las Cortes Generales, Francina Armengol y Pedro Rollán, del Senado, respectivamente.
De cara a la tarde del miércoles, el presidente ucraniano mantendrá un nuevo encuentro con el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela a las 17:30 horas, siguiendo así buena parte de la agenda que cumplió en su último viaje oficial a España. Cabe recordar que, en el caso del rey, el presidente ucraniano se ha reunido tres veces con él, con un primer encuentro en octubre de 2023 en Granada.
Cuarta visita oficial a España
Fue en octubre de 2023, algo más de un año después del comienzo del conflicto iniciado por Rusia, cuando Zelenski viajó a Madrid, participando en la Cumbre de la Comunidad Política Europea celebrada en la Alhambra de Granada. Posteriormente, en mayo de 2024, firmó con Sánchez un primer acuerdo de seguridad y defensa por el que el Gobierno español se comprometió a aumentar la ayuda militar y humanitaria en Kiev, así como la reconstrucción del país y “la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional”.
Ya en noviembre de 2025, su última visita oficial bilateral, además de reunirse con los máximos representantes de la Casa Real y las Cortes Generales, se desplazó junto a Sánchez al Museo Reina Sofía para contemplar el cuadro del ‘Guernica’ de Pablo Picasso, una de las muestras de arte contemporáneo que mejor reflejó los horrores de la Guerra Civil española.
Entonces, el presidente del Gobierno anunció el impulso de un paquete de 817 millones de euros para “la reconstrucción y la defensa” de Ucrania y su Ejército: “España ayuda a nuestra defensa, personalmente estoy muy agradecido con los acuerdos de armamento que nos ayuda a defendernos. (…) Agradezco a España el que no seáis indiferentes a nuestra población, también a la que habéis acogido y la apoyáis”, agradeció entonces Zelenski.
Con respecto a la reunión de este miércoles, desde Moncloa insisten en que España está comprometida a «seguir apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario hasta lograr una paz justa y duradera» y así se lo trasladará Sánchez, más en un momento en que el conflicto abierto por la operación de Washington y Tel Aviv contra Teherán «está permitiendo que Rusia se beneficie de la subida de precios en el mercado de los hidrocarburos». En el Gobierno reiteran que es «prioritario» que se pueda garantizar la suficiencia energética de Ucrania después de que los bombardeos rusos hayan reducido las capacidades eléctricas del país en un 70%, y enmarcan en este interés el que entidades públicas y privadas españolas hayan enviado ya generadores de alto rendimiento con capacidad para suministrar energía a 14.000 personas.
Bajo un marco de tensiones geopolíticas
La cuarta visita de Zelenski a España no es baladí, puesto que acontece en un momento de plenas tensiones e incertidumbres geopolíticos por cómo puede desencadenarse la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel con un primer ataque el pasado 28 de febrero.
En lo que concierne a Ucrania en este conflicto, no sólo ha pedido ayuda a la Comunidad Internacional a cambio de prestar la experiencia de su país para este nuevo marco de conflicto, sino que el petróleo ruso está jugando un papel determinante. Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo y gas natural licuado mundial, la Administración Trump levantó la pasada semana las sanciones sobre las reservas de petróleo ruso; sanciones que se mantenía contra Putin como medida de presión ante su ofensiva sobre Ucrania.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España reforzará un «nuevo compromiso» con Ucrania, con 1.000 millones de euros para la cooperación bilateral en el ámbito militar. Lo ha anunciado durante la visita a España del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha prometido que «España no va a dejar de mirar hacia Ucrania».
Después de reunirse en el Palacio de La Moncloa, Sánchez y Zelenski han oficializado la firma de cinco nuevos acuerdos entre España y Ucrania, entre ellos varios de cooperación entre instituciones y empresas privadas de ambos países, y la donación de un crédito ICO a empresas ucranianas para trabajos en el ámbito ferroviario. Tras esto, el presidente del Gobierno ha pasado a detallar los acuerdos alcanzados.
El encuentro entre Sánchez y Zelenski, el cuarto desde que el ucraniano es presidente, llega en medio de un contexto internacional marcado por la guerra en Oriente Próximo iniciada por Estados Unidos e Israel al atacar Irán el pasado 28 de febrero. El conflicto tiene a Europa ocupada en tratar de dar una respuesta independiente a los deseos de Donald Trump y Benjamin Netanyahu, y afrontando las consecuencias económicas del conflicto.
España usará el instrumento SAFE para financiar la ayuda a Ucrania
Precisamente por ahí ha comenzado la intervención de Sánchez, que ha manifestado que, aunque la guerra en Irán «monopoliza la atención en la conversación global», el compromiso de España con la guerra que Rusia inició en 2022 es firme: «Nada ni nadie nos va a hacer olvidar lo que ocurre en Ucrania«, señala. El presidente ha asegurado que la posición del Gobierno sigue el «mismo baremo en cada agresión», y ha comparado la invasión de Vladimir Putin a Ucrania con la intervención de Donald Trump en Irán.
Sánchez asegura que Ucrania es un «futuro estado miembro de la Unión Europea», afirmación que llega justo cuando varios países bloquean los 90.000 millones de euros que los 27 aprobaron para el pais de Zelenski. Para tratar de atajar este problema, España anuncia esa nueva inversión de 1.000 millones, destinada a «trabajar juntos e impulsar la coproducción en la defensa industrial», en palabras del presidente. Sánchez ha anunciado también que España usará el instrumento SAFE de la Unión Europea, una herramienta destinada a la inversión en defensa entre estados miembros. «Vamos a utilizar este instrumento para financiar parte del apoyo a Ucrania», asegura.
Sánchez ha destacado también otras de las materias en las que nuestro país apoya a Ucrania, como el sector energético, uno de los más golpeados por Rusia: «Se han donado ya seis generadores que garantizan el suministro a 14.000 personas», recuerda. Zelenski, por su parte, le ha agradecido «de corazón» su colaboración al presidente español, al que ha elogiado por «cómo trata en España la gente normal y corriente a los ucranianos«.
El presidente ucraniano ha destacado también que nuestro país emplee los instrumentos europeos como SAFE, y la inversión en equipamiento: «Nos permite comprar cosas para las que no tenemos alternativas«, señala. Zelenski ha lamentado también el bloqueo a los 90.000 millones de euros en Europa: «Es importante que empiece a funcionar cuanto antes», ha pedido, «porque estamos hablando de las vidas humanas».
Zelenski reprocha a Trump que levante las sanciones al petróleo ruso
La guerra de Trump en Irán, y las consecuencias que tiene para Ucrania y el resto de Europa, también han ocupado inevitablemente la agenda de esta visita. Preguntado por qué consecuencias puede tener para Ucrania que los esfuerzos de la OTAN se centren en Oriente Próximo, Zelenski admite que «decididamente afecta», pero lo relativiza: «Nadie ha parado de enviar suministros a Ucrania. Hay menos, pero están llegando», asegura. El presidente ruteno señala que el bloqueo de los 90.000 millones en Europa es «injusto», pero cuenta con que «los paises de la Unión Europea encontrarán una solución».
Precisamente este martes, el presidente de Estados Unidos ha subido el tono contra sus socios europeos, tras negarse estos a acompañarle en una misión en el Estrecho de Ormuz, la vía del Golfo Pérsico por la que pasa el 20% del petróleo mundial y que Irán utiliza como arma, provocando que el precio del crudo esté disparado en todo el mundo. Esto provocó que Trump levantara parte de las sanciones al petróleo de Rusia, movimiento que pone en jaque tanto a Ucrania como al resto de Europa. Zelenski ha lamentado el impacto de esto, reprochando a Trump que «Rusia ha ganado con esta guerra 10.000 millones de dolares en los primeros diez dias«.
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tira de los últimos resultados electorales en Castilla y León, para acusar de «perdedor» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
«Es un perdedor y ha llevado a su partido a perder todas las elecciones en los últimos cuatro años. No ha colado su último intento del ‘no a la guerra’. La mayoría de los españoles no queremos guerra, queremos paz y queremos un Gobierno que no nos mientas y robe. Han pasado 20 días y no ha hecho nada. Cada día sin aprobar ayudas es un día que se aprovecha de la guerra», ha acusado Feijóo a Sánchez antes de lanzarle una advertencia. «No se le ocurra traer las ayudas en un decreto ómnibus», ha señalado.
Sánchez ha tirado de hemeroteca para responder parafraseando al propio Feijóo. «Ya sabemos que no es presidente porque no quiere», ha señalado en alusión a las declaraciones que hizo el del PP en una entrevista en la que apuntaba que no había conseguido el apoyo de Junts para la investidura porque no había querido.
No se ha frenado ahí el presidente del Gobierno. «Ya se ponen la venda antes de la herida. Ya nos están diciendo que votarán en contra», ha continuado tras el aviso de Feijóo de que no trajesen un decreto ómnibus para paliar los efectos de la guerra de Irán. «No aclara si apoya o no la guerra de Trump e Israel. No se puede apoyar y luego quejarse de los efectos. Llevan 18 días equivocándose», ha añadido Sánchez. En ese instante, el presidente le ha pedido a Feijóo una rectificación, «no porque sea de sabios, si no porque es su responsabilidad», ha zanjado.
Una sesión de control marcada por el decreto de las medidas anticrisis
La sesión de control de este miércoles ha pilotado en torno a la guerra y el ataque de Irán. «¿Qué medidas va a adoptar y que consensos va a buscar?», le ha cuestionado la portavoz del PNV a Sánchez, Maribel Vaquero. «Hemos presentado 31 medidas y estamos dispuestas a negociarlas», ha reflejado desde su escaño Vaquero, que le ha tendido de esta manera la mano al Gobierno para las medidas que se aprobarán en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes. Pero le ha advertido que «tiene que negociar con los grupos» el real decreto, subrayando que «está en sus manos buscar acuerdos» y le ha pedido que «no se la juegue esta vez». Un aviso que fuentes de Moncloa interpretan que ha podido ir por las medidas en materia de vivienda.
De hecho, fuentes del Gobierno descartan a esta hora que el decreto extraordinario del próximo viernes vaya a incluir medidas en materia de vivienda, como el tope a los precios de alquiler y los antidesahucios en materia de okupación. Son conscientes de que Junts se lo tumbaría. «En estos momentos es muy importante que vayamos analizando las mayores consecuencias y la más inmediata es la de combustible y ahorro energético», dicen en el ala socialista del Gobierno.
«No entendemos la resistencia. No entiendo cuál es la razón para resistirse a proteger a miles de inquilinos e inquilinas en España», ha replicado en abierto el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. El desencuentro entre PSOE y Sumar es público y notorio. En los propios pasillos del Congreso, a la salida del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido preguntado por si habrá medidas sobre vivienda, mientras pasaba al lado la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. «Seguro que sí», ha respondido García entre risas. «No tan seguro», ha replicado Bolaños al mismo tiempo en buen rollo. Entre broma y broma, la verdad asoma.
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responsabilidad
¿Ministro, va a haber medidas de
vivienda en el decreto del viernes?
Seguro
Seguro, dice el administrador.
No tan seguro, diría yo.
Vamos a trabajarlo, vamos
Monica García da por seguro que el decreto de Irán tendrá medidas de vivienda pero Bolaños precisa: «No tan seguro»
El propio presidente del Gobierno, en rueda de prensa desde Moncloa tras la visita de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido «paciencia» de cara a las medidas del viernes. «El método es el díalogo, en eso estamos, en dialogar con los agentes sociales y los grupos», ha expresado al ser preguntado al respecto. «Pido paciencia, entiendo la urgencia pero tienen que tener la tranquilidad que el viernes el Gobierno presentará un plan de respuesta a las consecuencias de la crisis por la guerra», ha añadido.
«Serán proporcional a la envergadura de esta crisis, que atraviesa Oriente Medio, el mundo y España» y será una «respuesta muy diferente a cómo se gestionaron otras crisis en el pasado», ha insistido desde Moncloa.
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Transcripción completa
Bueno, yo creo que no hay ninguna
urgencia más importante en nuestro país
que la vivienda
y no sé de qué sirve que la gente pueda
tener calefacción en su casa si no
tiene casa por tanto el partido
Socialista tiene 48 horas para poder
consensuar medidas de vivienda.
Creo que va por el mal camino y creo
que no es consciente de lo que piden
las
familias la gente más afectada necesita
soluciones y la vivienda es un
tema que ya era muy difícil de
solucionar incluso antes de que
empezara la guerra mundial
esta guerra ilegal en Irán.
Por tanto le exigimos a este gobierno
que
también no sólo haya medidas para
contener el precio de la energía
también para que las personas
que más lo necesiten tiren adelante.
Nosotros hemos pedido que incluya
expresamente
políticas de vivienda y que, por
ejemplo, el tema de la prórroga de los
contratos
de alquiler es una de las cuestiones
que hemos planteado.
Esperamos que obre en consecuencia y
que sea lógico con toda la situación
porque son medidas de extrema
necesidad.
Se está negociando, se está hablando y
espero que vaya.
Todavía hay tiempo
y creo que se tiene que imponer el
sentido común
Los socios habituales del Gobierno exigen que se blinden los alquileres
En el socio de coalición del Gobierno, no tiran la toalla con que el viernes se incluyan sus reivindicaciones, aunque el optimismo es escaso. Fuentes del ala más progresista del Gobierno no esconden el descontento ante la posibilidad de que no se incluya nada de vivienda en el decreto. «La solución es que las fuerzas políticas se retraten», insisten al tiempo de que todavía se está negociando.
Sin embargo, algunos socios de investidura ya asumen que no se incluirá nada en el decreto. «No vendrá nada de vivienda porque quieren que se apruebe» el decreto para paliar los efectos de la guerra de Irán. «Aún así que lo traigan en otro decreto y si se tumba, que se tumbe. En el Gobierno no están siendo valientes porque determinadas cosas no vayan a salir», han añadido las citadas fuentes.
Paralelamente, este miércoles la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido a Sánchez que mucha gente se ha sentido «orgullosa» de su proclama del ‘no a la guerra’, pero que ese lema tiene que tener iniciativas concretas para que sea verdad. Por eso le ha dicho al presidente «que convierta sus palabras en hechos» y le ha pedido, una vez más, salir de la OTAN y topar precios en lugar y que deje de escuchar los «cantos de sirena» del PP sobre bajada de impuestos.
Sánchez, ha defendido que el lema del ‘no a la guerra’ es ya una «realidad» y que otros líderes internacionales mantienen la misma posición ante el conflicto de Irán. Le ha asegurado a la líder de los morados que el Gobierno trabaja para proteger a empresas, trabajadores y hogares ante los efectos socioeconómicos coyunturales de esta crisis. Y ha recordado que si fuera por PP y Vox habría otra «foto de las Azores» como pasó en 2003 con la guerra de Irak.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso a los países de la OTAN una coalición que salvaguarde el tránsito por el estrecho de Ormuz, pero este martes ha confirmado que los mismos han declinado su oferta. En concreto, Trump ha señalado en un mensaje difundido en su red social, Truth Social, que los países de la OTAN han rechazado su propuesta, por eso ha ensalzado que Estados Unidos «ni necesita ni desea» el apoyo de nadie para la ofensiva contra Irán y ha afeado que siempre tienen la misma «actitud», que quieren que se les proteja pero no hacen «nada» por el país norteamericano.
«La mayoría de nuestros ‘aliados’ de la OTAN han informado a Estados Unidos que no desean involucrarse en nuestra operación militar contra el régimen terrorista de Irán en Oriente Medio», ha señalado. En el mismo sentido, ha afeado: «Sin embargo, no me sorprende su actitud, porque siempre he considerado que la OTAN, en la que gastamos cientos de miles de millones de dólares al año para proteger a esos mismos países, es una calle de un solo sentido: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en un momento de necesidad».
«Debido a que hemos tenido tanto éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN. ¡Nunca la necesitamos!», ha proseguido, zanjando con un recado a los países de fuera de la Alianza Atlántica que también han rechazado su propuesta: «Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur. De hecho, hablando como presidente de los Estados Unidos de América, con diferencia el país más poderoso del mundo, ¡no necesitamos la ayuda de nadie!«.
Pero, una vez más, Trump se olvida deliberadamente de que la única vez que la OTAN ha activado el Artículo 5 -que señala la defensa colectiva- fue en la invasión de Afganistán tras los atentados del 11S.
El plan de Trump para continuar con el tránsito en el estrecho de Ormuz ha sido recibido con rechazo por sus aliados, que han respondido que esta no es una guerra que ellos hayan iniciado por lo que no les corresponde involucrarse. Al respecto, la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró este lunes que el estrecho de Ormuz «queda fuera del ámbito de acción de la OTAN» yel Gobierno alemán respondió: «Esta no es nuestra guerra». También Australia, Canadá y Japón han descartado involucrarse en el conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron en Irán y otras partes de Oriente Próximo.
Dimite el director de la lucha antiterrorista de la Casa Blanca
Lo cierto es que Donald Trump no solamente está recibiendo el rechazo de los aliados y otros países, sino también de su propia administración. Así, este martes el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de la Casa Blanca, Joe Kent, ha anunciado su dimisión alegando discrepancias con la guerra que Donald Trump ha iniciado en Irán.
«Tras mucha reflexión, he decidido dimitir de mi cargo como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto a partir de hoy. No puedo, en conciencia, apoyar la guerra que se libra en Irán. Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense», ha señalado en una carta dirigida al presidente estadounidense.
Además, Kent ha indicado que Trump ha caído en la influencia de una «campaña de desinformación» generada por «altos cargos israelíes y miembros influyentes de los medios estadounidenses» para crear un clima favorable a la guerra contra Teherán y en Oriente Próximo en general.
«Esta cámara de eco se utilizó para engañarle y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para Estados Unidos, y que si actuaba ahora existía un camino claro hacia una victoria rápida. Esto era falso y constituye la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres», ha añadido en el mismo sentido.
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Desde que Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina en diciembre de 2023, el sector de la industria en el país viene sufriendo una caída que lo aboca a la “recesión profunda”. Según reflejan diferentes informes publicados en los últimos días, Argentina se ubicaría ahora en el segundo puesto del podio del declive global, con una caída acumulada del 7,9% entre 2024 y 2025, solo superada por la Hungría de Viktor Orbán.
Son las cifras que arroja el último informe de la consultora Audemus, que ubica al país gobernado por Milei en un escenario muy diferente al de otros países cercanos como Brasil, que ha experimentado una expansión del +3,5% o Chile, con +5,2%. Siguiendo estos datos, durante estos dos años desde el ascenso al poder de Milei hasta noviembre de 2025, un total de 2.436 empresas manufactureras dejaron de aportar al sistema de Seguridad Social, lo que se traduce en que el 5% del total de empresas del sector firmaron su desaparición. Un escenario que, tal y como refleja este informe, está cerca de superar los mínimos históricos que se registraron durante la pandemia del Covid-19.
Asimismo, en lo que respecta a la plantilla de trabajadores, se dio una reducción del 6% de la plantilla total, con la expulsión de 72.955 trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025. Una tendencia similar fue la que siguió la maquinaria. Tal y como se refleja en el apartado ‘Utilización de la Capacidad Instalada Industrial (UCII)’ del informe de Audemus, el uso de las máquinas argentinas roza la cifra más baja de la última década, a excepción del año del confinamiento por el Covid-19. Por sectores, el tabaco, los químicos y el caucho y plástico fueron los peores parados. Por su parte, la industria de cuero y de calzado fue la más castigada, con una caída del 16,4% durante los dos últimos años.
Pérdida de 160 empleos al día
Unos datos de los que también se han hecho eco otros informes como el realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según lo analizado, durante los dos últimos años se han perdido cerca de 100.000 empleos industriales, lo que supone 160 empleos al día. Así, los autores del mencionado informe, investigadores del Área de Estudios sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (Aesial) y del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la UBA, advierten que esta pérdida de ocupación en el sector industrial podría llegar a alcanzar cifras superiores, ya que las estadísticas no reflejan el impacto total sobre el empleo informal.
En este mismo orden de cosas, el informe de la UBA señala también una caída de la industria del 8,3% entre 2023 y 2025, periodo en el que mientras que algunas ramas como la minería experimentaron una fuerte expansión, la industria se colocó entre las actividades más perjudicadas, junto con otras como la construcción o la pesca.
En lo referente al peso de la industria en el PIB este pasó del 16,% en 2023 al 13,7% en 2025, un descenso que, según advierten los investigadores, no se observaba desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Así, en lo referente al valor agregada, 22 de los 24 sectores industriales lo redujeron entre mediados de 2023 y mediados de 2025, con caídas especialmente destacadas en actividades como la metalurgia, el calzado o la construcción.
Jornadas de 12 horas y derecho a huelga limitado
Unos datos que evidencia la declive a la que el Gobierno de Milei conduce a la industria de su país, mientras impulsa una reforma laboral que ha despertado las protestas en el país por las medidas que persigue. Entre estas, la ampliación de la jornada laboral de las 8 a las 12 horas, la reducción en el cálculo de las indemnizaciones por despido, el fraccionamiento de las vacaciones y la creación de un banco de horas como alternativa al pago de las horas extra.
En los más de 200 artículos recogidos en esta reforma también se disuelve la Justicia Nacional del Trabajo, se limita el derecho a la huelga y se establece un nuevo esquema para negociaciones colectivas que prioriza los acuerdos de empresa regionales sobre los sectoriales.
Una reforma que aprobaba el Senado y que no ha dejado de generar malestar entre la ciudadanía argentina. En lo referente a las indemnizaciones, ya no se incluyen vacaciones o propinas. Así, para cubrir estas indemnizaciones se ha creado el Fondo de Asistencia Laboral al que los empresarios derivarán un porcentaje de lo que aportan al sistema de seguridad social.
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