La ultraderecha vive un baile de nombres y posibles partidos derivado de la guerra civil abierta en Vox. La purga iniciada hace ya años por el líder, Santiago Abascal, sigue dejando a nombres por el camino que estudian ahora donde recalar de cara a las siguientes citas electorales. Los últimos son el ya ex líder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, y la hasta hace no mucho mano derecha de Abascal, Javier Ortega Smith, que son solo las caras visibles de un gran grupo que aglutina tanto a los defenestrados por la dirección nacional, como a aquellos que han abandonado el barco ante la deriva autoritaria de este.
Muchos de ellos provienen de los territorios, la gran paradoja de Vox: sobrevivir en la delegación territorial de un partido que repudia el sistema autonómico y que utiliza las regiones como moneda de cambio, como hicieron al abandonar todos los Ejecutivos que ocupaban junto al PP. Ahora, todos ellos se debaten entre esperar a que purgados a nivel nacional, como Ortega Smith o el ex portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros den un paso al frente, o acudir a la llamada de otro líder ultra aún más a la derecha.
Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación del agitador Alvise Pérez, ya no se ve con tan malos ojos entre los que se fueron de Vox por la bunkerización de Abascal. Al contrario, varios de los díscolos en los territorios están ya bajo su ala, y podrían ser más de cara a próximos comicios. Es el caso de dos exdiputados de Castilla y León, próximos a otra de las caras visibles purgadas, el que fuera vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo.
En 2024, en Baleares hubo otra guerra civil en Vox, con varios de sus altos cargos abandonando la formación, y que ahora han tejido una nueva alianza que ya está bajo el ala de Alvise. Se trata de la plataforma Avanza en Libertad, liderada por la exportavoz de Abascal en el Parlamento regional, Idoia Ribas, y que es en la que han recalado los dos diputados castellanoleoneses purgados que también pactarán con SALF: Javier Teira y Ana Rosa Hernando. Y según fuentes del ala crítica de Vox que cita El Confidencial, esto no acaba aquí, y los próximos fichajes de Alvise podrían estar en Andalucía: «Si a SALF le va bien nuestro programa, es mejor sumar«, admiten.
Alvise pesca díscolos en los territorios ante la «inacción» de Espinosa de los Monteros
Avanza en Libertad ya está implantado también en Asturias, Aragón y Cataluña, territorios en los que espera atraer a cada vez más perfiles alejados de la falta de democracia interna en Vox y la bunkerización de Abascal. Constituida como organización sin ánimo de lucro, la formación de Ribas defiende «la difusión de movimientos ideológicos que amparen la unidad del pueblo español, los valores democráticos, el imperio de la ley, la separación de poderes, el derecho a la vida, la protección de la familia, la propiedad privada y la libre economía de mercado». Nada muy distinto de los mantras ideológicos de Vox, pero que a Alvise le sirve para acogerlos bajo su ala, en un movimiento consciente con claros visos electorales.
El motivo por el que SALF se está reforzando con este creciente movimiento de descontentos es, según dicen sus fuentes al citado medio, que es la alternativa más rápida, a la espera de ver en que queda el postulado de Iván Espinosa de los Monteros como líder del sector crítico. Estas fuentes señalan su «inacción» y la de Ortega Smith, de quienes critican que «parece que solo piensan en el Congreso de los Diputados» y olvidan los territorios. Estos excargos de Vox critican también que ni ellos, ni Rocío Monasterio, otra purgada ilustre, les apoyaron en su manifiesto: «En Barajas hicimos una declaración hace un año y nadie salió a apoyarnos», dice uno de ellos.
Manifiestan que si cualquiera de estos perfiles, «Ortega Smith, Espinosa, Macarena Olona… impulsan una alternativa», la apoyarían. De todos ellos -sin contar el fallido intento de hacer la guerra por su lado de Olona en Andalucía- el que más apuntaba a constituir una formación era Espinosa de los Monteros, que apuntaba a liderar el sector más liberal de Vox. Sin embargo, el que fuera portavoz parlamentario de los ultras parece más preocupado por su vida privada.
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Las relaciones incestuosas que a veces surgen entre el sector público y el privado tienen una de sus mejores manifestaciones en las llamadas puertas giratorias: altos cargos de la Administración que son contratados por grandes empresas para beneficiarse de su nombre, agenda de contactos y conocimiento del sector que supervisaban. Un ejemplo paradigmático es el de los exministros de Defensa Pedro Morenés y Eduardo Serra, que han pasado años al frente de dos de las mayores empresas españolas de armas, Amper y Everis, respectivamente. Otro caso es el del ex secretario de Estado de Energía José Folgado, contratado después por Red Eléctrica Española.
Y un tercero esel de los ex directores generales de Ordenación del Juego Carlos Hernández Rivera y Juan Espinosa García.El primero lo fue con el Gobierno deMariano Rajoy, entre 2013 y 2016. El segundo, con eldePedro Sánchez, entre 2016 y 2020.Juan Espinosa ejerció, además, como subdirector de Carlos Hernándezantes de sucederle en el cargo. Como desvela Público, una vez fuera del Gobierno, ambos se asociaron en 2021 para crear unaconsultora,SilverbackAdvocacy, que se dedica al «lobbyregulatorio», a asesorar a empresas sobre asuntos públicos.Según explican en su página web, gestionan los «intereses regulatorios» de sus clientes frente a las administraciones, trasladando a los responsables públicos las «legítimas aspiraciones» de las empresas, «acompañadas de una justificación de su compatibilidad con el interés general». También «optimizan» la capacidad de sus clientes «para influir en las decisiones públicas, regulatorias o no, que puedan afectarles, promoviendo mejores condiciones o previniendo obstáculos con impacto directo en su negocio».
El del juego es precisamente un sectorsometido a una intensa regulacióndesde que fue legalizado en 1977:hace falta una licencia paraejercer la actividad, queotorga ysupervisa la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente del Ministerio de Consumo,para proteger a los usuarios, de forma que no puedan apostar los menores de edad ni los adictos.Las empresas tambiénestánsometidasa estrictas normas publicitarias,deben pagar impuestos específicos y cumplir con los controles necesariospara prevenir el blanqueo de capitales.
Preguntada al respecto por Público, un portavoz de Silverback Advocacy asegura que su cartera de clientes es «multisectorial», abarcando desde el ámbito sanitario hasta el de infraestructuras y servicios digitales, y que su «vinculación» con empresas o asociaciones del sector del juego online representa «una parte muy limitada» de su actividad. Pero se niega a desvelar los nombres de las empresas para las que trabaja. Sí que destaca que está inscrita en los registros de grupos de interés de las administraciones, «tanto europeas como nacionales, autonómicas y locales».
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Asesores de las patronales española y británica
En cualquier caso, Carlos Hernández y Juan Espinosa empezaron a trabajar para el sector del juego ya antes de asociarse en Silverback, que facturó 882.000 euros en 2024, según consta en las cuentas del Registro Mercantil consultadas por este periódico. Hernández Rivera, que es abogado del Estado, fue contratado por el bufeteRousaudCostas Duran(RCD)enenero de2017, apenas dos meses después de salir de la Administración, paraencargarse del área de mercados regulados.Y en septiembre de 2020se empleócomo asesor externo de la Asociación Española de Juego Digital (JDigital), la patronal del sector de apuestas online a la que pertenecenlas grandes del sector:Codere,Sportium,Betway,Luckia, William Hill… Entonces JDigital estaba preparando el recurso que en enero de 2021 presentó ante el Tribunal Supremo pidiendo la anulación del Real Decreto de Comunicaciones Comerciales del Juego. La norma, elaborada ya con Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo, restringía la publicidad y el patrocinio de las actividades de juego –prohibiendo que personajes famosos aparecieran en los anuncios, por ejemplo– para proteger a los menores y adictos. El alto tribunal, que tardó tres años en dictar sentencia, estimó parcialmente el recurso de la patronal en 2024, anulando tres artículos del real decreto.
Por su parte, Juan Espinosa recibió autorización de la Oficina de Conflictos de Intereses en julio de 2021 para incorporarse a Silverback Advocacy, que se creó en esa fecha, sólo 14 meses después de que se publicara su cese como director general de Ordenación del Juego en el BOE, el 6 de mayo de 2020. Con Alberto Garzón apenas ejerció cuatro meses, pero asegura a Público que su salida del ministerio «respondió al cierre natural de una etapa profesional, y no estuvo vinculada a discrepancias regulatorias ni a desarrollos normativos concretos», en alusión al mencionado real decreto. Después, en marzo de 2022, fue autorizado a trabajar para The Betting and Gaming Council, la patronal británica del juego, así como para Samman Law & Corporate Affairs, un despacho y consultora con sedes en París y Bruselas especializada en asuntos públicos y regulatorios que ofrece «asesoramiento estratégico para influir en políticas públicas, gestionar riesgos normativos y resolver litigios comerciales». También se le permitió incorporarse a Deel Inc., una empresa estadounidense que se dedica a gestionar plantillas internacionales y tiene entre sus clientes a empresas de la industria del juego como Esports Entertainment Group, Fnatic o Hero Gaming. Igualmente recibió autorización para trabajar con Tabacos del Mediterráneo, la siderúrgica Celsa y la gestora de cobros Phillips & Cohen Associates, además de con una empresa de logística y una agencia de publicidad españolas.
La ley española prohíbe a los altos cargos «prestar servicios a ninguna entidad que hubiera estado bajo su supervisión, haya sido o no afectada por decisiones en las que hayan participado», durante los dos años siguientes a su cese. En el caso de Juan Espinosa, estas últimas autorizaciones se le concedieron dos meses antes de cumplirse ese plazo de incompatibilidad. Según contestó entonces a la agencia Servimedia el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que dependía la Oficina de Conflictos de Intereses, la incompatibilidad no se aplicaba en este caso por tratarse de la patronal del Reino Unido, fuera del ámbito de actuación de la Dirección General de Ordenación de Juego española, por tanto.
Ahora, asociados enSilverbackAdvocacy,Hernández y Espinosa no revelana Públicosi siguen asesorando aJDigital. Pero la consultora ha sido seleccionada y finalista en los años 2023, 2024 y 2025 de los premios que la patronal otorga, en la categoría de Mejor Proveedor de Servicios, a la empresa que destaca «por su labor de asesoramiento, certificación y consultoría a empresas del sector en el ámbito regulatorio y de compliance«.
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Contra el endurecimiento de la regulación del juego
Además, ambos ex directores generales son habituales en las publicaciones del sector del juego, como AZARplus, Infoplay o SectordelJuego.com, donde publican artículos a favor de una «regulación inteligente» de las apuestas. En ellos advierten contra la «sobrelegislación» y sostienen que las normativas de juego que «restringen demasiado sin considerar el carácter del entorno no regulado pueden resultar ineficaces». A su juicio, el «endurecimiento» de las leyes sobre «protección y prohibición del marketing y la publicidad» no reduce «las tasas de juego problemático». Por el contrario, aseguran que legalizar los slots online –las tragaperras virtuales– en 2015 aumentó el número de jugadores del mercado legal hasta el 87% en 2019, cuando antes sólo el 55% optaba por las apuestas legales. Es la tesis defendida por la patronal de la industria del juego. Según argumentan, normas demasiado restrictivas no sólo son «desproporcionadas», sino que también contribuyen al crecimiento del mercado ilegal y, por tanto, no sujeto a la supervisión de los poderes públicos.
Hernández y Espinosa también suelen participar en foros públicos del sector, donde aseguran que la prohibición total de la publicidad no tiene efectos sobre el juego de los menores, porque éstos sólo juegan en el mercado ilícito: al «limitar la visibilidad del mercado regulado, fortalece el ilegal». Aseguran incluso que entre 2011 y 2020 –entre la legalización de las tragaperras online y la aprobación del real decreto con restricciones a la publicidad del juego–, el número de lo que llaman «jugadores problemáticos» se redujo del 0,9% al 0,7 u 0,8%.
Por el contrario, la Memoria de Impacto Normativo que acompaña al real decreto de 2020alerta frente al «progresivo ensanchamiento de la base de clientes muy jóvenes con respecto a la totalidad de jugadoresonline activos». Según sus cifras,lacuotadeapostadoresde 18 y 19 años creció del 4,39% al 5,21% entre 2016 y 2019, al mismo tiempo que lo hacía la inversión publicitaria.Restringir los anuncios a determinados horarios–de una a cinco de la mañana– repite la misma cautela establecida para los propios programas de apuestas, que por su «repetitividad e inmediatez» pueden «induciro favorecer el consumo impulsivo», según determina la misma sentencia del Tribunal Supremo que dio, en parte, la razón aJDigitalen 2024.
Expertos en adicción al juego como Mariano Chóliz, catedrático de Psicología de la Universidad de València, contradicen también la perspectiva de la patronal y del lobby «inteligente» impulsado por Hernández y Espinosa. Sólo el 3,2% de la población juega, explica Chóliz, pero el 10% de esos jugadores son responsables del 80% de los 1.500 millones de euros que pierden al año esos apostadores españoles, destaca también. «Sin ludópatas, no habría juego online«, zanja.
«La OTAN es también una plataforma de proyección de poder para Estados Unidos». «Donald Trump es el líder del mundo libre». «Daddy Trump». «Europa va a pagar a lo grande, como deben, y será tu victoria, Donald». Qué decir. Cuando miramos a Mark Rutte no sabemos si estamos ante el secretario general de una alianza militar global o ante el principal palmero del presidente de los Estados Unidos y de sus intereses imperialistas a lo largo y ancho del globo. Las dudas se disipan cada vez que habla entre nuevas loas y genuflexiones pronunciadas hacia el jefe de la Casa Blanca, para que no se le olvide a nadie quién es el rey del mundo y la impunidad y beneplácito con el que cuenta para sus misiones.
Ya son muchas las humillaciones a las que se ha sometido el secretario general de la Alianza Atlántica. La más reciente ha llegado hace tan solo unos días, con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán como telón de fondo. En una entrevista, Rutte confesaba un secreto a voces que cualquiera puede imaginarse, pero que no deja de sorprender proveniendo del cargo que ocupa: «La OTAN es también una plataforma de proyección de poder para EEUU». El secretario se alineaba, así, de nuevo con la hoja de ruta internacional marcada por Donald Trump y alimentaba las críticas sobre la subordinación europea a Washington. La frase no fue un desliz ni una declaración improvisada: fue una definición política de la finalidad de la Alianza Atlántica en pleno contexto de tensión geopolítica, con Oriente Próximo como epicentro de una nueva escalada y con el debate sobre la autonomía estratégica europea más vivo que nunca. Esta afirmación no es ninguna revelación, ni ninguna novedad, pero es especialmente sorprendente que se reconozca, a cara descubierta, sin ningún tipo de decoro y desde su propia dirección, que la Alianza es un instrumento del que Washington se vale para sus propios intereses.
Rutte pronunció estas palabras en una conversación con la cadena conservadora estadounidense Newsmax y las reiteró posteriormente ante la agencia Reuters, subrayando que sin el apoyo logístico y político de los aliados europeos, a Estados Unidos le habría resultado «muy difícil» llevar a cabo su campaña para neutralizar la capacidad nuclear y de misiles de Irán. Es decir, no solo asumió que la OTAN funciona como soporte estructural de la estrategia expansiva estadounidense, sino que reivindicó que la labor del resto de miembros es inestimable para los cometidos de Washington.
La OTAN se ha presentado, tradicionalmente, como una alianza defensiva para que los miembros inscritos en la misma cooperen de igual a igual. Históricamente, la Alianza ha sido criticada desde sectores reticentes a su conformación por haber servido a los intereses de Estados Unidos y olvidarse de que su objetivo fundacional consistía en ser un agente defensivo y de paz tras la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que esta teoría se cae en el momento en el que uno de los integrantes cuenta con un poder económico y militar igual al de todo el resto de integrantes juntos, por lo que las palabras de Rutte son, simplemente, una escenificación hiperrealista de cómo funciona el Tratado en realidad, lejos de lo bonita que pueda resultar cualquier palabrería. La afirmación llega, además, en un momento delicado para la cohesión interna del bloque: varios gobiernos europeos han insistido en los últimos años en la necesidad de avanzar hacia una mayor capacidad de defensa al margen de la dependencia estadounidense, especialmente tras las tensiones comerciales y diplomáticas vividas durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, la vuelta del magnate republicano a la Casa Blanca reconfiguró el tablero y Rutte, lejos de marcar distancias, ha optado por reforzar la sintonía con el presidente estadounidense de manera casi genuflexa.
Subordinación al imperialismo
Las declaraciones en la citada entrevista no han sido la única ocasión en la que Rutte ha mostrado significativo servilismo a Donald Trump y a la Casa Blanca. Las primeras líneas de este texto enumeraban varias de ellas que conviene recordar.
De Rutte, lo que se puede decir es que no esconde lo evidente: no es cínico, presume públicamente de la realidad de la OTAN. La subordinación del organismo a las pretensiones imperialistas y los intereses estadounidenses es de sobra conocida, pero siempre se había intentado revestir de libertad y expansión democrática e ideológica el combate a las potencias que compiten con Estados Unidos. Con Rutte eso ha cambiado y el mensaje que se da es claro: la OTAN es un brazo que funciona al servicio de Estados Unidos. Pero el cinismo no es mucho más digno que el servilismo.
Durante las últimas semanas, Donald Trump ha atacado a Venezuela sin respeto por el derecho internacional, ha amenazado a Dinamarca con invadir Groenlandia, se ha inventado un organismo internacional al que solo ha invitado a los ultraderechistas con los que guarda amistad para repartirse con Israel la Franja de Gaza y ha comenzado una operación militar en Irán que se ha cobrado la vida del ayatolá Jamenei, de decenas de altos cargos iraníes y de miles de civiles. A todo ello, se suma que el líder de la Casa Blanca ha publicado con anterioridadmensajes privados intercambiados con Rutte y Emmanuel Macron que dejan en una posición humillada a los mandatarios europeos.
Ante toda esta sucesión de hechos reprobables, la respuesta de Rutte no fue otra que calificar al republicano de «líder del mundo libre» y defender sus pretensiones geopolíticas. «Trump y otros aliados tienen razón cuando dicen que tenemos que hacer más, que tenemos que proteger el Ártico de la influencia de Rusia y China. […] Trump es el líder del mundo libre, y no se puede concebir una OTAN sin el líder del mundo libre», fueron sus palabras exactas con la tensión en Groenlandia como telón de fondo. Poco se podía esperar de una persona que, desde su cargo de secretario general de la OTAN, se refirió a Trump como «daddy» (papi). «No puedo esperar para verte. Tuyo, Mark», revelaban también los mensajes publicados por Trump.
El gasto en defensa también fue un punto de apoyo en el tándem Rutte-Trump. Cuando más de actualidad estuvo este asunto, Rutte no dudó en atacar a países como España por su oposición a elevar el gasto hasta el 5% por petición del estadounidense, y protagonizó un lamentable alegato en el que cuestionaba que ciertas potencias hubieran alcanzado siquiera el 2% si no fuera por la presión del republicano. «¿Alguien piensa que sin Trump grandes economías europeas como España, Italia o Bélgica llegarían al 2%? De ninguna manera, sin Trump nunca hubiera pasado«, señalaba. Los enamorados suelen tener la realidad alterada, y en este caso, Rutte se olvida que el compromiso del 2% se adquirió en la cumbre de Gales de 2014, cuando el líder de la OTAN era Anders Fogh y en la Casa Blanca residía el ‘demócrata’ Barack Obama. La subordinación alcanza puntos cuyo límite es difícil de imaginar.
Genuflexiones problemáticas
Mark Rutte fue primer ministro de los Países Bajos durante catorce años, una experiencia política y un bagaje que deberían servir, sobre el papel, para no aceptar autoridiculizarse como viene haciéndolo. Nada más lejos de la realidad. Además, algunos expertos de política internacional como el profesor David H. Dunn, de la Universidad de Birmingham, consideran que su postura ni siquiera le sirve para ganarse el favor de Trump. «Lamerle las botas a Trump no le granjea su favor, sino su desdén». En declaraciones aportadas el pasado verano, Dunn valora que el tono de Rutte es incluso contraproducente. «Hay mucha evidencia del primer mandato de que Trump no siempre responde a los halagos. Esto envía una señal de que esta no es una alianza entre iguales. Esta no es la América de antaño, donde se unían países con valores e intereses compartidos. Lo que parece es lealtad al rey«, expresaba el académico.
Por otra parte, lo de Rutte tampoco es un fenómeno sin precedentes. La historia de la política está llena de traidores, genuflexos e interesados que han vendido hasta sus principios para mantener el favor de los poderosos incluso cuando ni siquiera era necesario tener esa actitud. Por ello, es solo un ejemplo más de este fenómeno, con la particularidad de que sus loas proceden desde la secretaría general de una alianza militar global de la que Estados Unidos es el miembro más poderoso, que utiliza a su auténtico antojo y que podría agonizar en unos años si esta línea de injerencias internacionales a ritmo mensual continúa. La sensación de impunidad ya ha calado. Ahora la pregunta es si durará para siempre.
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Es uno de los seis hijos del fallecido Alí Jamenei. Tal y como se ha mencionado en la prensa en las horas posteriores a conocerse que asumirá el mando del país, Mojtaba es considerado como una de las figuras más influyentes del régimen de Irán, cuyo verdadero poder de decisión se hacer notar entre bastidores y no en primera línea. Este clérigo de 56 años pasará a comandar el régimen, una noticia llamativa, no solo por tornarse en una provocación a Donald Trump, sino porque rompe con la decisión que se tomó en Irán en 1979, cuando se puso punto y final al carácter hereditario del mando.
El asesinato de Alí Jamenei en los primeros bombardeos que llevaron a cabo Estados Unidos e Israel sobre Irán hace unos días fue un acontecimiento inesperado. A pesar de las amenazas de Trump, quien aseguró que intervendría en el territorio iraní si el régimen no dejaba de asesinar a los manifestantes que salían a las calles, pocos podían llegar a pensar que la Operación Furia Épica tendría semejante alcance. Ante las características del gobierno opresor de Irán, de marcado carácter hermético, seleccionado cuidadosamente a quien se posiciona en cada puesto de mando, el debate sobre quién sucedería a Alí adquiría gran relevancia, más aún después de que el presidente estadounidense anunciara que si se ponía al frente del país al hijo del ayatolá las hostilidades estarían muy lejos de comenzar a reducirse.
Sobre todo, elevar al segundo hijo de Alí Jamenei se torna una significativa acción de provocación a Estados Unidos e Israel, ya que supone mandar un severo mensaje de que existen intenciones en el Gobierno iraní de cambiar de rumbo en la manera de concebir el régimen. Así, conocer en esta noticia en EEUU hará que el secretario de Estado, Marco Rubio, pase a subrayar más las palabras que pronunció hace unos días, cuando aseguró que al frente de la sociedad iraní se encuentran unos “fanáticos religiosos lunáticos”.
Nacido en 1969, Mojtaba Jamenei cuenta con estudios en teología y ha sido agente activo del país desde los 17 años, edad en la que ya participó en la guerra entre Irán e Irak. Entre las diferentes ocasiones en las que el hijo de Alí se ha mostrado como una figura de importancia para el régimen está el recuerdo del 2009, cuando los reformistas del país le señalaron como una importante figura en la represión de las protestas que tenían lugar en las calles del país. Sería hace poco, en el 2022, cuando recibió el título de ayatolá. Si bien, ya venía de antes tomando asiento en las reuniones de carácter político que convocaba su padre, así como jugando con la comunicación en Irán al manejar hilos en la Corporación de Radiodifusión de la República Islámica, el medio de comunicación oficial del Gobierno.
La elección de Mojtaba como sucesor de Alí la llevó a cabo la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros elegidos directamente por el Gobierno. No obstante, cerca estuvo de dificultarse en gran medida dar esta continuidad al régimen de Alí Jamenei, ya que la semana pasada Israel atacó un edificio en la ciudad de Qom donde estaba prevista que se llevara cabo el proceso de votación y elección. Si bien, el edificio estaba vacío.
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En 1892, Clara Zetkin se hizo cargo del periódico La Igualdad (Die Gleichheit). Zetkin, que había regresado a Alemania un año antes -tras la derogación de las leyes antisocialistas de Otto von Bismarck-, convirtió el diario en «una herramienta excepcional» para despertar las conciencias socialistas, especialmente de las mujeres. Fue bajo su iniciativa que en agosto de 1907 se organizó la I Conferencia de la Internacional Socialista de Mujeres, en Stuttgart. Un encuentro que se repetiría en 1910 y del que, de nuevo a propuesta de Zetkin, se aprobaría celebrar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La idea era rendir «tributo a las huelguistas neoyorquinas» que se habían manifestado en 1908 por mejores salarios y el derecho al voto, y «a todas las mujeres» que habían dado su vida «contra la explotación». Así lo recoge en el prólogo del libro Conversaciones con Lenin la Fundación Federico Engels.
Eran los años previos a la I Guerra Mundial. Si algo tenía claro Zetkin era el papel del feminismo contra la escalada militar. La III Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas contra la Guerra celebrada en 1915 con el lema «Guerra a la guerra» da cuenta de ello. Esa tradición de movilización feminista contra la guerra no se detuvo con el final del primer gran conflicto mundial. Durante los años 30, y especialmente ante el avance de los fascismos en Europa, se consolidó un movimiento internacional de mujeres que vinculó de forma explícita feminismo, antifascismo y pacifismo.
Este proceso cristalizó en la creación del Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo. Fue una de las experiencias de movilización femenina más relevantes de la primera mitad del siglo XX, según explica Sandra Blasco Lisa en El Comité Mundial de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, y sus relaciones con España. Tuvo, además, un desempeño fundamental en la resistencia civil en el caso español, frente al golpe de Estado de julio de 1936, tal y como explica Noelia Adánez en su tribuna Una historia de alianzas feministas.
«El feminismo tiene que ser radical»
Esa tradición de alianzas feministas frente a la reacción conservadora -alianzas de base, construidas desde el activismo y la organización social- también estuvo muy presente en el diálogo celebrado en Público esta semana, con motivo del especial del 8-M, entre Justa Montero y Ayme Román. Ambas coincidieron en la importancia de reivindicar un «feminismo radical», un «feminismo que siempre que no se diluya va a resultar incómodo». Así como en señalar la necesidad de reforzar los espacios colectivos.
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Los feminismos del futuro.
Ayme Román, filósofa y divulgadora feminista, puso el acento en las limitaciones de los canales actuales de debate y difusión, especialmente en las redes sociales, donde «acabamos priorizando mensajes muy simples, reduccionistas» que dificultan explicar la complejidad de los problemas feministas. A su juicio, este «activismo algorítmico» favorece consignas rápidas y viralizables que simplifican debates profundos y puede ir «en contra del feminismo» cuando impide desarrollar argumentos más intrincados.
Justa Montero, activista histórica y autora de diferentes publicaciones especializadas, por su parte, reivindicó la tradición asamblearia del movimiento feminista como una herramienta para desactivar prejuicios y recuperar memoria política. Recordó que esa cultura política asamblearia permite «tener el tiempo, poder argumentar, poder pensar y poder dar pie a lo que es la inteligencia colectiva». En su experiencia -que se remonta a las movilizaciones de los años 70-, procesos colectivos como los que condujeron a las huelgas feministas de 2018 y 2019 demostraron precisamente esa potencia. Hablaba de espacios donde mujeres de distintas generaciones y trayectorias pudieron debatir, confrontar posiciones y construir diagnósticos comunes sobre las distintas realidades de las mujeres.
Desde ese punto de vista, Montero defendió que esa práctica colectiva constituye una de las principales fortalezas del feminismo. Es lo que ella misma describe como la «mochila» política llena de herramientas organizativas, memoria compartida y capacidad de análisis colectivo para afrontar los nuevos desafíos que plantean los discursos antifeministas o negacionistas.
Román y Montero deslizaron, a su vez, lo importantes que han resultado -en este sentido- las aportaciones del feminismo interseccional. Poner tus ideas en conversación con otras compañeras, reflexionaba Montero, te permite revisar tus propias premisas: «Ahí estamos mujeres de distintas edades. Mujeres muy jóvenes y mujeres que ya
somos mayores. Y efectivamente la percepción de muchas cosas en el diálogo es distinta». Una perspectiva que también reivindica la escritora, investigadora y activista antirracista Zinthia Álvarez Palomino, para quien las violencias que atraviesan a las mujeres no pueden entenderse sin atender a las relaciones entre género, raza y clase.
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Zinthia Álvarez Palomino : «La jerarquización de los cuerpos se construyó durante los procesos de colonización»
Como explica a Público, cuando hablamos de violencia machista, negacionismo o racismo es necesario recordar que estas violencias «no son aisladas ni operan de manera individual, sino que se entrelazan con el racismo estructural» y tienen su origen en «la jerarquización de los cuerpos que se construyó durante los procesos de colonización«. Procesos imperialistas sobre los cuales se han apoyado históricamente las guerras, que en estos momentos también se pueden observar al ser testigos del genocidio contra el pueblo palestino en Gaza o los ataques que está liderando el Gobierno de Donald Trump contra Irán, Venezuela y Cuba.
El feminismo negro ha aportado importantes herramientas para comprender cómo operan hoy estos discursos. Álvarez Palomino argumenta que cuando la violencia machista deja de entenderse como un problema estructural y comienza a explicarse desde enfoques culturales, se produce un desplazamiento peligroso: «La misma violencia pasa a interpretarse de manera distinta según el grupo que la ejerza; nacionales o personas no blancas». Ese giro permite que proliferen ideas que se presentan como feministas pero que, en realidad, «refuerzan el racismo y consolidan las fronteras simbólicas dentro y fuera del Estado», alimentando la construcción de un enemigo interno y los relatos nacionalistas.
La interseccionalidad -concepto desarrollado por Kimberlé Crenshaw- permite comprender precisamente cómo operan estas jerarquías.
Como señala Álvarez Palomino, «género, raza, clase y origen configuran la credibilidad social». Basta observar quién sostiene el trabajo doméstico, los cuidados o buena parte del trabajo agrícola para entender cómo el capitalismo contemporáneo sigue reproduciendo jerarquías heredadas de la historia colonial. De ahí que, para Álvarez Palomino, combatir simultáneamente violencia machista, negacionismo y racismo institucional implique «ampliar, no restringir, la democracia» y reconocer como sujetas plenas de derechos a todas las personas.
Algunas de estas ideas han quedado también reflejadas en los manifiestos como el de la Comisión 8M, que este 2026 ha reivindicado explícitamente un feminismo antifascista y ha llamado a construir alianzas amplias frente a los discursos reaccionarios. Bajo el lema Feministas antifascistas. Somos más. En todas partes, la plataforma ha apelado a fortalecer las redes de organización y solidaridad frente al avance de la extrema derecha.
La distancia entre las instituciones y los activismos
Ejemplo de trabajo para la articulación de las intuiciones feministas es Almena Feminista, «una cooperativa de trabajo asociado» que nació con la voluntad de «trabajar para la incidencia política social hacia una mayor transversalización de la perspectiva feminista interseccional en la sociedad y en las políticas públicas».
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Es interesante escuchar su valoración sobre la complejidad que implica llevar todos estos posicionamientos a las instituciones: «A pesar de que haya años de trabajo, de reflexiones y recomendaciones para políticas públicas más transformadoras, muchas veces las instituciones no escuchan realmente estas orientaciones», lamenta Amanda Alexanian, socia trabajadora de Almena y experta en incorporación de la perspectiva feminista a proyectos. En su opinión, esto provoca que se mantengan inercias que impiden cambios estructurales y que las mejoras sugeridas por la sociedad civil feminista queden reducidas a modificaciones superficiales.
Amanda Alexanian : «Muchas veces las instituciones no escuchan las orientaciones transformadoras»
Al mismo tiempo, Alexanian subraya en declaraciones a Público que la actual reacción antifeminista no puede entenderse como un fenómeno espontáneo. La virulencia de estos discursos responde, a su juicio, en buena medida a los avances logrados por los movimientos feministas en los últimos años y a su creciente impacto en la opinión pública. Pero también forma parte de «una estrategia política del neoconservadurismo y de la extrema derecha a nivel global», que se alimenta de narrativas como el victimismo masculino o la idea de que el feminismo supone un ataque contra los hombres. De ahí la importancia del trabajo que desarrollan organizaciones como Almena, como entidad que trata de vehicular las propuestas que se vienen elaborando en asociaciones y colectivas de base.
Espacios colectivos frente a derivas reaccionarias
En los últimos años, diversos informes han alertado de un crecimiento de discursos antifeministas entre parte de la juventud, amplificados por las redes sociales y por estrategias políticas impulsadas desde la extrema derecha. Sin embargo, otros estudios, como el presentado por el Consejo de la Juventud este mes de febrero, muestran una realidad más compleja y heterogénea. El análisis Más allá del compromiso y la reacción.
Narrativas sobre la igualdad de género entre la juventud de España distingue entre distintos perfiles generacionales y señala que las posiciones claramente contrarias a la igualdad son minoritarias, mientras que una mayoría de jóvenes se sitúa en posiciones favorables a la igualdad de género, ya sea desde una identificación feminista (34,6%) o desde un perfil que se define como «igualitario» (42,1%).
Respecto a ese debate sobre los cambios generacionales, la activista Justa Montero pedía en el diálogo organizado por Público leer con cautela algunos de los datos. A su juicio, «las encuestas, a veces, como todo, permiten varias lecturas». En referencia a uno de los estudios que más difusión ha tenido recientemente -el Barómetro de Juventud y Género del FAD, donde se destacaba que
más de la mitad de los varones jóvenes desconfía del feminismo y lo ve como una «manipulación política»-, señaló que el resultado depende en gran medida de cómo se formulan las preguntas. «Si lo que se pregunta es si el feminismo es una herramienta de manipulación y adoctrinamiento ideológico… Se alimenta el marco del discurso, de la narrativa capciosa, de la extrema derecha», explicó. En ese caso, recordaba, cerca de la mitad de los jóvenes varones respondían afirmativamente.
Justa Montero:
«Si lo que se pregunta es si el feminismo es una herramienta de manipulación… Se alimenta el marco de la extrema derecha»
Sin embargo, cuando en la misma encuesta se planteaban preguntas sobre igualdad, «cambia completamente: el 77,4% dice que sí» a que los valores relacionados con la igualdad son esenciales para la convivencia. Para Montero, esa diferencia muestra, por lo menos, que el debate es más complejo. Por eso, concluía diciendo que es necesario analizar cómo se construyen esas percepciones y «pensar cómo esto se está proyectando políticamente y públicamente».
Por su lado, Ayme Román, al pensar esta misma cuestión de los jóvenes, hizo hincapié en su sospecha de que «cada vez tenemos menos tolerancia al disenso y a sentir incomodidad cuando escuchamos algo que no encaja al 100% con lo que pensamos». La divulgadora hizo autocrítica y afirmó que esta dinámica puede acabar generando «una especie de cámara de eco dentro de los propios feminismos». Algo que «va en contra de la tradición de los feminismos», que siempre se han caracterizado por ser espacios de discusión política y elaboración colectiva.
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El informe del Consejo de la Juventud advertía, en el mismo sentido que Montero, de que las actitudes de la juventud hacia la igualdad «no deben entenderse como posiciones rígidas o excluyentes», ya que entre los distintos perfiles identificados existen solapamientos y transiciones. De hecho, el análisis subraya que las diferencias en torno al feminismo no se explican únicamente por la edad, sino también por factores como la ideología, el nivel educativo o el contexto social en el que se socializan las personas jóvenes. Desde el Consejo invitan a «ir más allá de lecturas estrictamente generacionales».
Es precisamente en esa diversidad de posiciones donde muchas activistas ven también una oportunidad política. La existencia de amplias mayorías jóvenes sensibles a la igualdad refleja, en buena medida, el impacto de décadas de avances feministas y abre un espacio para seguir ampliando derechos.
Frente al ruido, los feminismos siguen desplegando una intensa actividad gracias a sus bases que a menudo queda fuera del foco mediático. Como muestran las voces recogidas en este reportaje, continúa siendo un movimiento profundamente vivo, que se reorganiza, amplía sus alianzas y refuerza su activismo para afrontar una nueva etapa marcada por la reacción política, pero también por la defensa de vidas dignas donde quepan todas.
Irak en 2003. Irán en 2026. José María Aznar y Pedro Sánchez. Dos presidentes del Gobierno diferentes, de partidos diferentes, y de maneras diametralmente opuestas de hacer política internacional. En aquellos tiempos, España fue un agente seguidista de Estados Unidos y de sus intereses geopolíticos bélicos y quedó escenificado en una fotografía infame que pasó a la historia, que es la que ilustra esta noticia: la del conocido como trío de las Azores, compuesto por el entonces primer ministro británico, Tony Blair, el entonces presidente estadounidense George Bush y el propio Aznar. Los tres se reunieron para deliberar sobre el asalto militar a Irak, bajo la presunción de que este país tenía en su arsenal unas presuntas armas nucleares cuya existencia jamás pudo demostrarse. Aquel seguidismo terminó teniendo consecuencias para la población civil española, con el atentado en la Estación de Atocha que se atribuyó Al-Qaeda como represalia por el apoyo español a la invasión. 23 años después, con Sánchez la posición ha sido diferente: decirle a Donald Trump que no puede utilizar para lo que le plazca con las bases militares de Rota y Morón, una clara declaración de intenciones para no convertirse en cómplice del caos en Oriente Medio.
El proceso que desembocó en la guerra de Irak se gestó durante años. Washington comenzó a construir la justificación de la intervención desde 2001, mucho antes de la comparecencia del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, ante la Organización de las Naciones Unidas en febrero de 2003. En aquella sesión defendió la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, una afirmación que posteriormente nunca pudo demostrarse.
El propio año de la invasión y en los meses previos al inicio de la guerra de Irak, Aznar compareció en varias ocasiones ante el Congreso. Concretamente el 4 de marzo de 2003, acudió a la Cámara para recabar apoyo a la controvertida resolución 1441 impulsada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, que salió adelante con 183 votos favorables frente a 164 en contra. En esa sesión, el propio Aznar no defendió la propuesta desde la tribuna, tarea que asumieron el entonces diputado Gustavo de Arístegui y el ministro y futuro candidato electoral Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno reservó su explicación política para el pleno celebrado el 18 de marzo, en la víspera del inicio de los ataques.
El Gobierno de Aznar también recordó entonces otro precedente para defender su posición: el envío de buques españoles al Golfo Pérsico en 1990, tras la invasión de Kuwait por parte de Irak. En aquella ocasión, el Ejecutivo socialista de Felipe González ordenó el despliegue de tres navíos sin consultar previamente al Parlamento, una decisión que el Grupo Popular, entonces en la oposición, no cuestionó. La intervención militar se produjo entonces bajo el amparo de una resolución prácticamente unánime del Consejo de Seguridad de la ONU que autorizaba el uso de todos los medios necesarios para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait.
«Defensa de la legalidad internacional»
Tuvieron que pasar diez meses, hasta el 2 de diciembre de 2003, para que Aznar regresara al Congreso para explicar de nuevo la participación española en Irak. La comparecencia se produjo pocos días después del asesinato de siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia en aquel país. En esa intervención detalló el dispositivo militar aportado por España a la coalición internacional. Entre otros medios, el Ejecutivo puso a disposición el buque Galicia, equipado con capacidad hospitalaria y quirúrgica; vehículos y embarcaciones de apoyo; una unidad de 120 infantes de Marina; así como unidades del Ejército de Tierra especializadas en ingeniería y defensa nuclear, bacteriológica y química, con capacidad para tareas de desminado, reconocimiento químico y radiológico y operaciones de descontaminación.
Tras trasladar su pésame por las víctimas, el entonces presidente defendió la continuidad de la presencia española en la zona y sostuvo que España tenía «una obligación de solidaridad con aquellos países de los que es aliado y con los que comparte la defensa de la legalidad internacional». Ese fue el punto de Aznar para justificar la participación española en la operación, un movimiento de política exterior que la posteridad ha demostrado como erróneo.
23 años después y una postura completamente distinta
Si en 2003 el protagonista fue el seguidismo ciego de Aznar y las graves consecuencias que acarreó en el corazón ferroviario de la capital española, 23 años después las cosas son muy diferentes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, imponían a Estados Unidos la prohibición de utilizar las bases militares que Washington tiene en territorio español, las de Rota y Morón, para fletar tropas y aviones en dirección al conflicto en Irán. Un movimiento con el que el Gobierno de Sánchez pretendía erigirse como un estandarte del ‘no a la guerra’, de encontrar una posición moderada en el conflicto y de no hacer seguidismo ciego a la potencia mundial de turno en sus propios conflictos e intereses.
«España ha dicho que no podemos utilizar sus bases militares, pero podemos volar y utilizarlas, no tenemos que pedir permiso. Están siendo muy poco amigables, España no tiene nada que nosotros queramos», se emberrinchaba Trump ante la prohibición española, al tiempo que opinaba que nuestro país es «un pueblo fantástico», pero «tienen unos dirigentes terribles».
«Fueron el único país que no aceptaron subir el gasto en defensa al 5% y se quedaron en el 2%. Vamos a cortar todas las relaciones comerciales con España porque no tenemos nada que ver con ellos», amenazaba el republicano, que deslizaba que tampoco está «contento» con la postura de Keir Starmer en Reino Unido, quien descartó sumarse a la ofensiva sobre Irán en aras de no cometer «los mismos errores que en Irak» en 2003. «No sé qué motivos pueden tener para no participar», agregaba Trump ante los medios de comunicación. La historia enseña valiosas lecciones y ya son muchos los precedentes de que acompañar a Estados Unidos en sus misiones sin hacer atisbo alguno de crítica ni arquear ninguna ceja no trae buenas consecuencias.
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La investigación judicial sobre la DANA que el 29 de octubre de 2024 causó 230 fallecidos en la Comunitat Valenciana ha puesto en entredicho la versión que el expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, sostuvo durante meses sobre sus movimientos durante aquella jornada. Las declaraciones de varios testigos ante la jueza instructora apuntan a que la Generalitat difundió informaciones inexactas a los medios de comunicación sobre dónde se encontraba el dirigente y a qué hora acudió a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).
Según relata eldiario.es, la jefa de prensa del ese momento president, Maite Gómez, ha reconocido en sede judicial que desde la administración autonómica se trasladaron versiones erróneas sobre la agenda de Mazón aquella tarde. Según su testimonio, se llegó a asegurar que el jefe del Consell estaba en su despacho o que había asistido a un simple “picoteo” en las inmediaciones del Palau de la Generalitat. Esas explicaciones, ha afirmado, buscaban restar importancia a la larga comida que Mazón mantuvo con la periodista Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.
Los escoltas de Mazón también han aportado detalles que contradicen el relato inicial. Según su declaración, Mazón apenas pasó unos diez minutos en su despacho del Palau aquella tarde. A estos testimonios se suma el del conductor del vehículo oficial, Ernesto Serra, quien ha asegurado ante la magistrada que el coche salió del Palau en dirección al Cecopi “aproximadamente hacia las ocho de la tarde”. Esta versión contrasta con la defendida durante meses por el propio Mazón, que había afirmado que se incorporó a la reunión “pasadas las siete”. Según los datos de la investigación, en realidad llegó a las 20.28.
Acorde a la mencionada publicación, el relato del chófer coincide con el de otros miembros de la comitiva que viajaban en el vehículo. Todos recuerdan que el sistema de alertas de emergencias Es-Alert sonó en sus teléfonos móviles poco después de abandonar el Palau. Serra ha explicado que el sonido fue tan intenso que en un primer momento pensó que podía tratarse de un problema mecánico del coche. “Fue un ruido muy estruendoso”, ha declarado, al coincidir varios móviles recibiendo la alerta al mismo tiempo.
Durante su comparecencia ante la jueza, el conductor ha relatado con detalle cómo transcurrió la jornada del 29 de octubre. Por la mañana recogió a Mazón y a su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, a las 8.40 para trasladarlos a la reunión del Consell prevista a las nueve en el Palau de la Generalitat. Más tarde llevó al president a un acto institucional de la Conselleria de Sanidad en la avenida de Catalunya de Valencia.
A partir de las 14.30, Mazón se dirigió caminando al restaurante para la comida, acompañado discretamente por dos escoltas. Según el conductor, cuando el president se desplazaba a pie por el centro de la ciudad ya no requería su servicio, por lo que él y los agentes permanecieron en dependencias del Palau durante la tarde. “Al irse andando, yo ya sé que puedo irme a comer tranquilamente (…), no necesita mi servicio”, ha explicado el conductor.
Durante el trayecto en el coche oficial, según ha relatado el conductor, el estratega electoral Josep Lanuza viajaba sentado detrás de él, mientras que Carlos Mazón ocupaba el asiento trasero del lado opuesto y Maite Gómez iba en el asiento del copiloto. La responsable de prensa se incorporó al vehículo poco antes, cuando la comitiva la recogió cerca de la zona de las Torres de Serranos, de camino al Palau de la Generalitat.
El chófer ha explicado también que suele recibir la agenda del president la víspera, aunque ha asegurado que no era extraño que algunas tardes aparecieran sin actos programados. “Hay reuniones oficiales y otras privadas, o lo que sea, y esas no siempre se reflejan”, ha señalado en su declaración. Serra ha añadido además un detalle habitual en la rutina de Mazón: el president solía llevar un suéter en la mochila y, en ocasiones, se quitaba la americana para ponerse el jersey. Según el conductor, era algo frecuente desde que comenzó a trabajar con él como jefe del Consell.
Era un “días más”
Serra ha asegurado que ese día no recibió ninguna información sobre la gravedad de la situación meteorológica ni sobre la alerta roja por la DANA. “Para mí era un día más”, ha declarado. Tampoco escuchó conversaciones relacionadas con la gestión de la emergencia mientras conducía, ya que —según ha explicado— su atención estaba centrada en la carretera.
No fue hasta poco antes de las ocho de la tarde cuando recibió una llamada de una secretaria del president indicándole que debía trasladar a Mazón al Centro de Emergencias de l’Eliana, donde se celebraba la reunión del Cecopi. En ese momento el conductor y los escoltas se dirigían a repostar a una gasolinera cercana, pero tuvieron que dar la vuelta para recogerlo en el Palau. Según relató el testigo, recibió la instrucción: “Date la vuelta, tienes que llevar al presidente a l’Eliana”. Serra transmitió la indicación a los escoltas, que seguían en otro vehículo, y todos regresaron al Palau para recoger a Carlos Mazón, ya alrededor de las 20.00.
La jueza ha solicitado ahora a la Generalitat el listado de llamadas entrantes y salientes del teléfono corporativo del conductor entre las 19.00 y las 20.00 de aquel día para precisar la hora exacta de esa comunicación. Según el propio Serra, tras la reunión en el centro de emergencias dejó a Mazón en su domicilio de Valencia pasada la medianoche.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido en Miami, Florida, a una quincena de líderes latinoamericanos ideológicamente afines, entre ellos el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el chileno José Antonio Kast, en una cumbre destinada a reforzar el liderazgo de Washington en la región.
Con Venezuela en pleno proceso de transición dirigido a distancia por la Casa Blanca, el próximo objetivo es el régimen de Cuba, que según el presidente estadounidense, «caerá muy pronto». Trump ha asegurado este sábado que Cuba se encuentra en «sus últimos momentos de vida» tal y como es en la actualidad, pero afirma que está negociando con La Habana. Para ello ha elegido al secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano.
El mandatario ha señalado que muchos cubanos en Estados Unidos le han pedido que se haga cargo de la isla caribeña y él les ha prometido que lo hará: «Me ocuparé de Cuba«.
«Quieren negociar y están negociando con Marco (Rubio), conmigo y con algunos otros, y creo que se llegará a un acuerdo con Cuba muy fácilmente«, ha afirmado el líder republicano.
Relaciones formales con el Gobierno de Delcy Rodríguez
Al mismo tiempo, Trump ha reconocido formalmente al Gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
02.57 min
Transcripción completa
Estamos con Natalia Molano, portavoz en
español del Departamento de Estado.
Natalia, hoy el presidente
Donald Trump celebra aquí en Miami la
primera reunión de una nueva iniciativa
con líderes latinoamericanos, el Escudo
de las Américas.
Él ha dejado claro su voluntad de
ejercer control sobre el continente
americano, de ejercer su influencia.
¿Cuáles son los objetivos de esta nueva
alianza?
Bueno, esta alianza que hoy el
presidente Trump anunció como una nueva
organización tiene como objetivos..
muy concretos que son bajo el marco de
esa doctrina Don Roe, que
estamos restableciendo la preeminencia
de los Estados Unidos en nuestra
vecindad, que es
nuestra región, y los objetivos muy
particulares son en los aspectos de
seguridad,
de estabilidad y de prosperidad.
Dice que está muy contento con Delcy
Rodríguez,
pero ella no está aquí.
¿La ha invitado a esta cumbre?
Los países que están el día
de hoy han sido los que han sido
invitados por la Casa Blanca, así que
son los que han sido incluidos
Lo que podemos ver en estos 12 países
es que me parece que coincide bastante
con las visitas
al extranjero que ha hecho el
secretario Rubio a la región.
Esto no es una cumbre ni teórica
ni simbólica, es una cumbre donde se
reúnen países que ya han tenido éxitos
y
logros en el ámbito de seguridad y que
ya tienen acuerdos con los
Estados Unidos como para las
deportaciones, para trabajar en
conjunto contra las drogas
¿Y cuál es el plan del presidente para
Cuba?
Hoy ha dicho que están negociando.
¿Está hablando
el secretario de Estado con el nieto de
Raúl Castro.
Hoy lo que dijo el presidente no es
nada nuevo
de lo que él ha dicho en los últimos
días
El presidente Trump dijo que el
secretario Rubio está liderando esas
negociaciones, esas conversaciones y es
del interés del régimen
cubano seguir con esas negociaciones.
No estamos hablando de quiénes son
los pares con los que están o los
interlocutores con los que estamos
hablando, el secretario Rubio
no lo ha compartido.
Posiblemente es para no poner en riesgo
esas conversaciones y discusiones que
están sucediendo.
Lo que sí dejó claro el presidente es
que
haciendo?
tomen la decisión inteligente para su
pueblo.
¿Y si esa presión no funciona se
plantea
el presidente atacar
Cuba?
Yo creo que no podemos ponerle
palabras al presidente Trump en lo que
él considere hacer o no hacer en el
futuro
Creo que el secretario Marco Rubio
analiza muy bien esas situaciones y él
será el que le va a aconsejar
al presidente Trump a la Casa Blanca de
pasos a seguir
Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU: “Cuba está en las últimas, seguiremos presionando”
«Me complace decir que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno de Venezuela. Lo hemos reconocido de manera legal y también hemos alcanzado un histórico acuerdo sobre el oro«, ha manifestado Trump en un discurso ante los principales líderes de la derecha latinoamericana en Florida.
«Tienen grandes cantidades de oro. Buenas tierras. Muy buenas tierras. Pero no pudieron apropiárselas. El sistema no les permitió aprovechar el valor de sus tierras», ha dicho Trump en referencia a las antiguas autoridades lideradas por el ahora detenido presidente Nicolás Maduro.
Una alianza militar con la que «eliminar los carteles» de la droga
La cita, concebida para presentar una iniciativa bautizada como el ‘Escudo de las Américas‘, ha tenido lugar en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario que también acogerá a finales de año la Cumbre del G20.
En su discurso, Trump ha anunciado la creación de una nueva alianza militar con la que «eliminar los carteles» de la droga en el mundo occidental.
«La esencia de nuestro acuerdo es el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y las redes terroristas», ha indicado Trump, que ha avanzado que 17 naciones se han unido formalmente a la alianza.
«De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están», ha expresado el mandatario estadounidense, que se ha burlado de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no invitada a la cumbre porque ha rechazado la ayuda estadounidense para combatir a los narcos.
El cuarto foco con respecto a Latinoamérica en el que se ha centrado Trump es el Canal de Panamá, donde, ha avisado, no permitirá «la influencia extranjera«. Le ha llegado a denominar su «canal favorito» ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.
«No vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo», ha manifestado Trump en su discurso inaugural.
Rodeado de líderes afines, Trump se ha presentado con un tono relajado y ha dejado muchos chascarrillos: «No voy a aprender su maldito idioma«, en referencia a su incapacidad de hablar español, algo que sí ha hecho Rubio con un marcado acento cubano.
Los asistentes a la cumbre han sido los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña, y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. También el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien el próximo miércoles tomará posesión.
Trump firma una proclamación en la que se compromete a combatir la actividad delictiva de los carteles Rebecca Blackwell AP Photo / Rebecca Blackwell
EE.UU. hunde 42 buques iraníes en tres días
A su vez, el presidente estadounidense ha hecho referencia a la guerra actual en Irán, donde Estados Unidos sigue realizando bombardeos, y este mismo sábado ha prometido que «recibirá un duro golpe». Trump ha destacado que en solo tres días han destruido 42 embarcaciones militares de Irán.
«Nos va muy bien en Irán. Ya ven el resultado… Son mala gente. Miren todas las matanzas que han cometido a lo largo de los años, durante 47 años. Esto tenía que hacerse«, ha enfatizado el mandatario sobre la operación Furia Épica.
Como es habitual, horas antes Trump ha publicado un mensaje en Truth Social en el que asegura que Irán ya no es el «matón de Oriente Medio», sino el «perdedor», en referencia al anuncio publicado por el presidente iraní, en el que se disculpa con los países del Golfo Pérsico por los ataques de esta semana.
«Irán, que está siendo derrotado, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no volverá a dispararles. Esta promesa solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Buscaban apoderarse y gobernar Oriente Medio. Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: ‘Gracias, presidente Trump’. Yo he respondido: ‘¡De nada!'», ha escrito Trump.
*Omar es un nombre ficticio. Su nombre se ha cambiado en este reportaje para proteger su identidad real.
En junio de 2025 la junta de tratamiento de la cárcel en la que Omar cumple su condena pidió al juez de vigilancia penitenciaria que le concediera el tercer grado. Lo hizo a través de un informe con información desactualizada. Pero con el convencimiento de que Omar, en prisión desde 2011 y una evolución positiva entre rejas, estaba listo para pasar buena parte de su tiempo en libertad.
En el escrito los funcionarios incluyeron una palabra, RisCanvi, junto a un adverbio: alto. Una señal, según los códigos establecidos en el mundo penitenciario catalán, de que existía un riesgo plausible en torno a Omar. Un riesgo de que al pisar la calle cometiera un nuevo delito o huyese sin haber completado su condena.
Este pronóstico no provenía de una persona, sino de una máquina. RisCanvi es un programa informático que la Generalitat introdujo en sus prisiones en 2010 y que desde entonces evalúa de forma periódica a todas las personas privadas de libertad en Catalunya. La versión actual de este software mide cinco tipos de riesgos, a través del mismo número de algoritmos: reincidencia general, reincidencia violenta, quebrantamiento de condena, violencia autodirigida y violencia contra otros dentro de prisión.
Diseñado originalmente como parte de un protocolo para la gestión interna en los centros, hoy los resultados de RisCanvi son utilizados de forma intensiva también en el ámbito judicial. Por parte de los jueces y los fiscales que deciden si presos como Omar pueden acceder a beneficios penitenciarios en la fase final de la condena, una parte fundamental en su proceso de rehabilitación social.
Este tipo de uso, documentado por Público en esta investigación a través de información y testimonios inéditos, carecería de las garantías que la nueva ley europea exige para algoritmos e inteligencia artificial (IA) en áreas sensibles, como las prisiones y la justicia. También iría en contra del consenso científico sobre cómo usar este tipo de sistemas de apoyo a una decisión humana.
El protocolo RisCanvi, actualmente en proceso de actualización por el Departament de Justícia del Ejecutivo catalán, lleva años en el punto de mira de organizaciones de defensa de los derechos de los presos y de actores de la sociedad civil que promueven un uso responsable de la tecnología. Hasta ahora, el debate se había centrado en la idoneidad o no de usar un algoritmo predictivo con una alta tasa de errores en un área tan delicada. También en la opacidad que este sistema ha arrastrado durante años.
Los hallazgos de esta investigación muestran sin embargo otra línea preocupante. La forma en la que jueces y fiscales usan los resultados de RisCanvi estaría impactando negativamente en los derechos de los presos más vulnerables que hoy cumplen condena en Catalunya.
«En la cárcel si quieres avanzar no te dejan»
El juez de Barcelona que en agosto recibió la petición de tercer grado para Omar dio su visto bueno en noviembre. Sin embargo, cinco días después el fiscal se opuso al ver que el RisCanvi del interno reflejaba un riesgo alto. Una postura a la que finalmente se acogió el magistrado encargado de su expediente, que rechazó la solicitud.
«¡Ya empezamos con lo mismo!». Omar recuerda hoy cómo reaccionó al enterarse de que el riesgo asignado por este sistema de nuevo le complicaba las cosas. Ese mismo argumento en contra, un RisCanvi alto, lo había usado dos años atrás también para oponerse el juez que recibió su primera solicitud de permiso de más de 72 horas.
Omar, que actualmente cumple condena en una prisión catalana, durante la entrevista con Público.
«En la cárcel si quieres avanzar no te dejan, la verdad», se lamenta este hombre de sonrisa fácil en una sala de la Fundació Marianao, una entidad de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) que apoya a internos con pocos recursos. Una jurista y una educadora de esta fundación, también presentes en la sala, acompañan a Omar desde hace años. Con la ayuda de ambas, Omar ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona todavía pendiente de resolución.
El caso de este recluso en prisión desde 2011 y con una evolución ejemplar entre rejas ejemplifica la forma en que algunos actores judiciales en Catalunya usan hoy los niveles de riesgo asignados por RisCanvi. Y cómo esta utilización condiciona que los internos accedan a una libertad condicional, una progresión de grado o a permisos de varios días una vez han cumplido una cuarta parte de su condena, tal y como establece la ley penitenciaria.
RisCanvi, igual que otros sistemas predictivos parecidos –el algoritmo de VioGén para combatir la violencia machista es el caso más conocido en España-, se creó hace una década y media con un protocolo asociado. En las cárceles catalanes este software está integrado en el día a día de los funcionarios y sus resultados les ayudan, por ejemplo, a decidir qué programas de rehabilitación han de seguir los internos o cuándo es adecuado que salgan de permiso. Estos profesionales reciben además una formación específica antes de empezar a utilizar el programa, según establece el manual de aplicación del protocolo de la propia Generalitat.
«La administración penitenciaria en Catalunya ha hecho un esfuerzo muy grande por que esto tenga una coherencia y esté dentro de un sistema, para que tenga un sentido», señala a PúblicoLorena Alemán Aróstegui. Esta jurista y doctora en Derecho penal por la Universidad Pública de Navarra, que ejerció como letrada en Catalunya durante varios años, es autora del único trabajo independiente sobre cómo RisCanvi influye en las decisiones judiciales.
Su interés en el tema empezó en 2021 a partir de una experiencia personal. Un juez de Lleida denegó entonces un permiso de salida, que contaba con la aprobación de la junta de tratamiento, a un cliente que cumplía condena en la prisión de Mas d’Enric. Alemán Aróstegui elevó entonces el caso a la Audiencia Provincial de Tarragona a través de un recurso. De poco sirvió. El magistrado validó la posición del juez de vigilancia “porque había resultados de riesgo alto y medio en RisCanvi; algo que ya había alegado el ministerio fiscal”, rememora.
«RisCanvi es un instrumento interno de la administración», explica hoy esta jurista que dedicó su tesis doctoral a profundizar en este espinoso asunto. «En el ámbito administrativo [los funcionarios] están condicionados por el artículo 6 del reglamento penitenciario”, que prohíbe la toma de decisiones basadas en herramientas automatizadas. “Pero es que en el ámbito judicial no hay nada, faltan normas. Hay muchísima discrecionalidad en la toma de decisiones», esgrime Alemán Arostegui en conversación con Público. También hay “mucho margen para que se prueben cosas”, añade.
El RisCanvi en sede judicial
Las más de quince entrevistas a letrados y otros actores judiciales hechas para esta investigación corroboran las tesis de Alemán Arostegui. Y ofrecen además otras claves relevantes. «El RisCanvi tiene mucha importancia a nivel interno y esto nosotros sí que lo consideramos como una herramienta muy potente», analiza Montse Pijoan, letrada del despacho barcelonés de Bataller Abogados. «Pero cuando pasamos al expediente judicial vemos mucha disparidad respecto a cuál es la concepción de RisCanvi o cuál es su alcance», apunta.
La letrada de penal y penitenciario Montse Pijoan en el despacho de Bataller Abogados, en Barcelona.
Aunque la postura oficial de la Generalitat es que los resultados de estos algoritmos son usados sólo por los profesionales de prisiones, la realidad es diferente. Cuando el propio interno o la junta de tratamiento solicita un beneficio penitenciario, el responsable de este órgano colegiado envía a los juzgados un informe que en casi todos los casos incluye los riesgos asignados por RisCanvi. Una información que a diferencia de lo que ocurre con los técnicos de la junta llega sin el debido contexto a sede judicial, explican las fuentes consultadas.
«En algunos juzgados vemos que la relevancia del RisCanvi es prácticamente determinante. Si ven un RisCanvi alto [en el expediente], ya es una barrera muy difícil de superar. Lo mismo ocurre con los fiscales», apunta la letrada Pijoan. “Si el riesgo es medio o alto, mi experiencia es que la Fiscalía te tumba el permiso”, corrobora Eva María Vivo, presidenta de la comisión de penitenciario del ICAB, el colegio de la abogacía de Barcelona.
Las resoluciones judiciales a las que Público ha tenido acceso y los letrados entrevistados dibujan además un uso variable por parte de los diferentes actores judiciales involucrados. Mientras que para algunos jueces de vigilancia y los fiscales que los asesoran RisCanvi tiene un peso decisivo, las audiencias provinciales «cada vez hacen una lectura más matizable de sus resultados del RisCanvi», resume Pijoan.
«Recurrir al RisCanvi es una herramienta fácil. Si a mí me dan riesgos altos o medios, deniego permisos, deniego tercer grado, no me hace falta decir nada más. Es una solución más fácil», reflexiona un juez de la jurisdicción de penitenciario en Catalunya en ejercicio que ha hablado con Público bajo condición de anonimato.
Este magistrado con amplia experiencia critica la falta de directrices claras y señala también cómo las evaluaciones de RisCanvi condicionan casi siempre la postura del ministerio fiscal. Si estas no se incluyen en el expediente del interno, los fiscales las solicitan a la prisión, explica. «Pero si le sale bajo, no lo va a decir. Siempre se lo calla», añade.
Dos de los autos de juzgados de vigilancia penitenciaria de Catalunya a los que ha tenido acceso Público donde se mencionan los riesgos asignados por RisCanvi.
Una predicción falible
Los algoritmos integrados en RisCanvi realizan sus cálculos a partir de 43 factores considerados de riesgo. Algunos son estáticos, es decir tienen que ver con la biografía del interno. Por ejemplo, el tipo de delito, la edad con la que delinquió por primera vez, los antecedentes delictivos familiares o la nacionalidad. Mientras que otros son dinámicos y sobre el papel pueden variar con el tiempo.
Aquí aparecen cuestiones como su grado de impulsividad y hostilidad, su respuesta al tratamiento en la cárcel o si ha tenido conflictos con otros presos, entre otros. Cada escala de riesgo en RisCanvi tiene una combinación diferente de variables. Esta información, tanto los factores estáticos como dinámicos, la recogen, valoran e introducen en el software los integrantes de la junta de tratamiento, formada por juristas, psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos y educadores.
Saber con exactitud por qué los niveles de riesgo de Omar se han mantenido altos estos años es una tarea compleja. Su buen comportamiento en prisión, la ausencia de partes desde 2014 o las sucesivas salidas, tanto programadas como judiciales, llevarían a pensar en unos riesgos tendentes a cero. Sin embargo, sus niveles de RisCanvi no se han movido.
Anneris Álava, educadora de la Fundació Marianao que le acompaña desde hace años, apunta una hipótesis. Que el tipo de delito por el que entró en prisión en 2011 -calificado como violento por el juez que le condenó- y su estado de intoxicación por alcohol al cometerlo continúen hasta hoy penalizando a Omar. Ambas variables tienen un peso especialmente importante en la cocina algorítmica de RisCanvi.
Anneris Álava y Mónica Pons, educadora y jurista, respectivamente, en la sede de la Fundació Marianao, en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).
A esto se podría añadir un tercer factor. Durante varios momentos de su cadena permisiva, el RisCanvi de Omar no se ha actualizado como establece el protocolo, es decir al menos cada medio año, advierte Mónica Pons, jurista y compañera de Álava en el equipo que le acompaña. “Los informes que le llegaban al juez reflejaban una situación que no era en la que se encontraba realmente”, apunta sobre las primeras denegaciones de permiso que enfrentaron.
Una mala praxis que de acuerdo a varios letrados entrevistados es hoy relativamente frecuente en las cárceles catalanas, con problemas de personal y recursos desde hace tiempo. «Nos cuesta mucho que actualicen el RisCanvi. En teoría lo tienen que hacer cada seis meses, cuando tiene revisión del grado, pero nos encontramos con que no ocurre», dice la letrada Pijoan.
Carlos Castillo es científico de datos y profesor titular en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. Castillo y su equipo llevan años investigando los algoritmos de este sistema. Varios de estos estudios los han hecho además en colaboración con el Departament de Justícia y con datos reales de reincidencia de presos previamente analizados por RisCanvi.
Castillo explica que la precisión de estos modelos predictivos es muy parecida a la de otras herramientas similares que se usan, también desde hace años, en países como Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. «Si uno toma un par de internos, uno de los cuales ha reincidido y otro no, en algo más del 70% de los casos RisCanvi le habrá dado una puntuación más alta al interno que reincidió respecto al que no lo hizo. Pero en un 30% de los casos RisCanvi habrá puntuado más alto al que no cometió la reincidencia respecto al que sí la cometió», resume Castillo.
Esta métrica habitual para medir la fiabilidad de modelos predictivos -conocida como Área bajo la curva (AUC)-, explica este científico, se ha de interpretar como que el acierto del Riscanvi en un poco más de siete de cada diez casos «permite ordenar internos desde el que tiene más riesgo al que tiene menos».
El restante 30% «entra dentro de incertezas que provienen del hecho de que no conocemos todos los antecedentes de la persona», ni lo que le ocurrirá durante el resto de su vida. Como cualquier intento de adivinar lo que pasará en el futuro, concluye Castillo, «esa predicción nunca es perfecta».
«Vacío de garantías»
RisCanvi se creó hace década y media a partir de la evidencia científica existente sobre qué factores disparan o reducen el riesgo de que un interno reincida. La Generalitat se apoyó para esta tarea en un equipo universitario experto en la predicción de la violencia. Desde entonces sus responsables de prisiones defienden que sólo es un elemento informativo más para los profesionales de los centros. RisCanvi, insisten en público y en privado, sirve para «orientar» y «complementar» sus decisiones.
Los funcionarios encargados de validar los resultados del software, al hacer esta tarea ven en la pantalla de su ordenador un mensaje de advertencia que coincide con este enfoque. En él se lee que los niveles de riesgo de RisCanvi han de interpretarse «teniendo en cuenta el motivo y el contexto» y en ningún caso han de «condicionar las decisiones», según una imagen a la que ha accedido Público.
Nota de advertencia que aparece en la pantalla de los funcionarios de prisiones, de forma automatizada, en el momento que han de validar los niveles de riesgo calculados por RisCanvi.
Las precauciones dentro de las prisiones catalanas contrastan con cómo los resultados de RisCanvi intervienen en sede judicial. Fuentes próximas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, responsable de los jueces de vigilancia y las audiencias provinciales, confirman que no existe un criterio establecido entre los magistrados sobre cómo usar esta información. Y admiten que la formación en torno a esta herramienta ha sido muy escasa, proviniendo principalmente del ICAB.
El juez entrevistado menciona también un curso organizado antes de la pandemia por el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, CEJFE, dependiente de Justícia, como la única ocasión en la que han podido intercambiar impresiones con funcionarios de prisiones sobre este tema.
Este juez señala además la importancia de conocer qué factores de riesgo valora el software para poder ponerlo en su verdadero contexto. «Si tú sabes el peso que tiene el ser inmigrante o tener una familia desestructurada, por ejemplo, tu grado de credibilidad o de fe ciega en el RisCanvi va a ser distinto», apunta.
Durante varios meses, Público ha tratado de entrevistar a un portavoz de la Fiscalía Superior de Catalunya, que declinó inicialmente la petición. Posteriormente, el fiscal coordinador de vigilancia penitenciaria Francisco J. Faus, en conversación telefónica con este medio, defendió el uso que los fiscales hacen de los niveles de riesgo asignados por RisCanvi. También su conocimiento sobre las limitaciones y fortalezas de este sistema para evaluar el riesgo de los internos.
En 2024 la Unión Europa aprobó un nuevo reglamento de inteligencia artificial que pone el foco en el uso de algoritmos en áreas especialmente sensibles o de «alto riesgo». A estas aplicaciones se les exige unos requisitos de seguridad, control y transparencia especialmente exigentes.
«Desde el punto de vista regulatorio, el uso de un sistema de IA debe ajustarse a la finalidad prevista por quien lo desarrolla y valida. Extender su utilización sin una evaluación específica puede generar un vacío de garantías», señala Judith Membrives i Llorens, responsable de Tecnología y Derechos Humanos en Lafede, la principal federación de ONG de Catalunya. Esta investigadora, que junto a otros actores de la sociedad civil europea lleva meses implicada en la defensa de una aplicación garantista de la nueva regulación, califica este uso como «desplazamiento de finalidad».
«Cuando herramientas diseñadas para orientar decisiones técnicas se convierten en argumentos de autoridad en sede judicial, se diluye la frontera entre apoyo técnico y delegación de juicio. Y esa delegación algorítmica tiene implicaciones profundas para el Estado de Derecho y la democracia», añade Membrives i Llorens.
Exterior del complejo penitenciario de Brians 2, en la localidad de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).
Castillo hace una reflexión en la misma línea y califica el uso de RisCanvi en el ámbito judicial como un «uso no anticipado, un uso no previsto». Y advierte de que «ese tipo de usos son los que normalmente llevan a situaciones de discriminación y sesgo». «El RisCanvi es una herramienta para apoyar la decisión de una junta de tratamiento. Para eso está diseñada y para eso ha sido probada”, concluye.
El Departament de Justícia de la Generalitat ha declinado las reiteradas peticiones de Público para entrevistar a un portavoz, como parte de esta investigación. A preguntas por correo electrónico sobre el uso de los resultados del RisCanvi por actores judiciales, fuentes oficiales aseguran que la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, área responsable de los servicios penitenciarios, «facilita información únicamente a aquellos órganos que estén legitimados normativamente para recibirla».
«No obstante, no podemos atender consultas relativas al uso que otros órganos judiciales o fiscales puedan hacer de dicha información», añaden estas fuentes.
Contacto con el exterior
Contar con una foto detallada de cómo RisCanvi influye en los derechos de todos los presos catalanes es hoy difícil. A diferencia de lo que ocurre con las resoluciones de las audiencias provinciales –disponibles a través del CENDOJ, el centro de documentación del poder judicial-, los fallos de los juzgados de vigilancia penitenciaria no son públicos.
Esto impide conocer de forma exhaustiva cuántos expedientes se frenan en esta primera instancia judicial a causa de estos algoritmos. A ello hay que añadir, además, que son pocos los internos que llegan hasta la segunda instancia, las audiencias. Debido a que sólo un pequeño porcentaje recurre frente a una denegación de permiso, señala Altamira Guelbenzu, abogada del colectivo IACTA y letrada en el turno de oficio.
Guelbenzu explica que la mayoría de los presos en Catalunya desconocen cómo presentar un recurso, o cómo acceder a un abogado de oficio que les ayude en esta tarea. «Existe una falta de información muy heavy» que se agrava en el caso de los internos extranjeros que no dominan el idioma, añade. «Todo esto hace que pocas veces estos casos lleguen a los juzgados y a las audiencias. Existe un agujero de información que dificulta ver la dimensión de esto», concluye esta letrada.
Anneris Álava, de la Fundación Marianao, coincide en este análisis y aporta otra clave importante. «Se ha de partir de la base de que la gran mayoría de personas internas en centros penitenciarios no tienen los recursos económicos suficientes como para permitirse buenos abogados», apunta.
La imposibilidad, en muchas ocasiones, de acceder a una defensa con garantías unida al peso de RisCanvi provoca que los internos vulnerables con frecuencia «no puedan disfrutar de beneficios penitenciarios» a pesar de reunir los requisitos para ello, reflexiona Álava. Una situación en la que con probabilidad se habría visto Omar de no contar con el apoyo de la fundación.
Este hombre espigado llegó a Catalunya siendo menor de edad desde un país del Magreb. Fue un menor tutelado y pasó por varios centros de acogida. Gracias a la Fundació Marianao encontró su primer empleo, que le permitió vivir de forma independiente unos años. Pero al poco de entrar en la veintena todo se torció.
«Me he complicado la vida yo solo», afirma hoy. «La verdad, la libertad no la valoras hasta que la pierdes. Ahora mismo te digo que cuento los minutos, uno a uno, porque me dan horas…», reflexiona durante una de sus últimas salidas de permiso. Los profesionales que trabajan día a día con la población reclusa inciden en la importancia de los beneficios penitenciarios. Consideran que es un elemento clave para lograr un proceso de reinserción exitoso, que permita a estas personas vivir de nuevo en sociedad sin delinquir.
«Una parte muy importante de la condena, aparte de tratar la problemática que le haya llevado a delinquir, y en el momento en que esto ya se ha podido tratar, también es retomar el contacto con el exterior. Porque al final la condena se acaba y es con lo que esa persona se va a encontrar cuando salga», apunta Mónica Pons.
Actualmente Omar está pendiente de que un juez resuelva la apelación que ha presentado ante la Audiencia Provincial para acceder al tercer grado.
«Una persona que lleva encerrada muchos años tiene que ir paulatinamente encontrándose de nuevo con esta sociedad, con todos los cambios que han ocurrido durante el tiempo que ha estado en el centro», añade su compañera Álava. De lo contrario, la probabilidad de que reincida, especialmente entre internos con algún problema de toxicomanía y otros perfiles vulnerables, aumenta de forma exponencial, explica esta educadora.
Omar rememora el enfado que sintió hace unos meses cuando le comunicaron, dentro de prisión, que el juez se había opuesto finalmente a su progresión de grado. «Ya estoy acostumbrado», dice con resignación.
«¿Qué hago? ¿Voy a chillar? No, porque voy a perderlo todo. ¿Voy a echarles bronca? No, porque yo para ellos soy un número más. Cuando estás dentro, no es igual a como estamos sentados aquí. Eres un número más, les da igual. Tú chillas, te llama un funcionario, te chapan y ya pierdes todo. Hay que usar la cabeza».
Omar asegura que «ha tenido suerte» de tener el apoyo de esta fundación. De lo contrario, su presente probablemente sería muy diferente y no vería el futuro con «optimismo», como hace ahora. «La primera vez que salí fui muy feliz porque llevaba muchos años dentro. Lo que ven todos los días en libertad, tú no lo ves. Porque estás en un patio. Es otro mundo», concluye.
RisCanvi, el algoritmo de la cárcel es una investigación periodística de Público. En los siguientes enlaces puedes acceder a todos los contenidos del proyecto.
Este proyecto ha tenido el apoyo de Civic Journalism Coalition, una coalición impulsada por las organizaciones EDRI, ECNL y Lighthouse Reports.
El
alcalde de Oleiros (A Coruña, 30.000 habitantes), el municipio con
mayor renta de Galicia según la Agencia Tributaria, ha ordenado
colocar en los paneles luminosos del Ayuntamiento que pueblan el
municipio una fotografía de un jabalí con el rostro del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, y la leyenda en gallego
«Ábrese a veda» («Se abre la veda»). En
declaraciones a Público, el regidor, Ángel García Seoane, Gelo para sus vecinos, ha justificado los anuncios por los
bombardeos de población civil en Gaza, Líbano e Irán.
«Hay fachas que me han pedido que rectifique y que me retracte. ¿De qué
tengo que retractarme? ¿A santo de qué? El primer día de esta
guerra, Israel y Estados Unidos bombardearon una escuela infantil en
Irán y mataron a 165 niñas», explica el alcalde. «Un
jabalí es una bestia, un animal que remueve el suelo y destroza las
cosechas, lo mismo que está haciendo Trump. Es él quien está
matando, y seguirá haciéndolo hasta que alguien lo cace a él»,
añade.
El mandatario relata que ideó la campaña tras escuchar el
mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado
miércoles: «No soy del PSOE, pero me pareció una reacción
admirable y me pregunté qué podía hacer yo para apoyarle». «A
él, no a su partido», matiza. Gelo admite ser consciente de que
su actitud podría costarle represalias, pero afirma que no tiene
miedo: «Moriré defendiendo mis ideas«.
Medio dólar de recompensa por Trump
El
pasado otoño, García Seoane ordenó colocar en los luminosos
municipales de Oleiros otra fotografía de Trump con el mensaje en
gallego e inglés «Búscase. Wanted. Terrorista
Internacional. International terrorist. Recompensa: 0,50$«.
El regidor lo justificó por el apoyo de Trump al genocidio cometido
por el Gobierno de Israel contra los palestinos en Gaza, la
persecución de inmigrantes en EEUU y los ataques a embarcaciones
civiles en el Caribe. Lo calificó de asesino y de terrorista y
recordó que, tras perder las elecciones de 2021, había intentado «un
golpe de Estado en su propio país».
García
Seoane es el líder de Alternativa dos Veciños, una formación de
izquierda independiente que lleva desde 1985 gobernando
ininterrumpidamente el municipio, donde ha consolidado un proyecto
basado en la protección urbanística, la inversión en servicios
sociales, la adquisición de superficies e inmuebles para uso público
y la protección de la naturaleza y los ecosistemas. La calidad de
vida ha convertido a Oleiros en uno de los municipios de Galicia más atractivos para vivir –y también de los más caros– y ha atraído a las clases medias y altas de A Coruña.
Según los atlas de distribución de renta del INE y la Agencia
Tribuaria, los ingresos medios por hogar en Oleiros superan los
47.000 euros anuales.
Pese
al cambio en la estructura social de la población local,
Gelo, que no considera un insulto que le llamen comunista, arrasa en
las elecciones incluso entre el electorado de derechas. En las
municipales de mayo de 2023 obtuvo un 54,3% de los votos, más del
doble que PP y Vox juntos. En las generales de julio de ese año, los
de Feijóo y Abascal sumaron el 49,5% de papeletas en
las generales de ese año, a las que Alternativa dos Veciños no se
presentó –nunca lo hace–.
Ver vídeo
Un reportaje de Candela Barro y Juan Oliver. Más información en publico.es» class=»foto-texto»>»Yo soy castrista pero me vota la derecha inteligente», dice Ángel García Seoane, ‘Gelo’, alcalde de Oleiros (A Coruña).
Ex
militante del Partido Comunista, amigo del fallecido presidente
cuabno Fidel Castro y promotor de un callejero que homenajea al idioma, la cultura y la naturaleza de Galicia, a la
intelectualidad progresista y a políticos de izquierda de todo el
mundo –incluida una inmensa estatua de ocho metros de altura que
homenajea al revolucionario Ernesto Ché Guevara en una de las
avenidas más transitadas del municipio–, García Seoane ha
mantenido un discurso antiimperalista desde que fundó Alternativa
dos Veciños en 1976.
El Mossad, la CIA y los espías españoles
Asegura
que ha sido espiado por la inteligencia española y por el Mossad
israelí, y ha mostrado las pruebas –un cable de 1991 de la
delegación de la CIA en Madrid– que demuestran que Estados Unidos
también lo tenía en el punto de mira por burlar el bloqueo comercial decretado por Washington contra Cuba.
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Tras
la invasión de Irak ordenada por el entonces presidente de Estados
Unidos, George Bush, y la foto de éste en Azores con sus
homógos José María Aznar (España), Tony Blair
(Reino Unido) y José Manuel Durão Barroso (Portugal), el
alcalde de Oleiros organizó su particular No a la guerra
vendiendo camisetas estampadas con un rollo de papel higiénico
decorado con la bandera estadounidense y la leyenda «USAme»,
y destinó el dinero a países invadidos por EEUU.
Al
año siguiente, emprendió otra campaña contra el entonces jefe del
Estado de Israel, el ultraderechista Ariel Sharon, acusado de
crímenes de guerra en Palestina desde los años ochenta. Gelo
sostiene que eso le valió una llamada del embajador de ese país en
Madrid, que le habría amenazado gravemente, aunque el diplomático
se apresuró a desmentirlo.
Cable de la CIA datado en 1991 que cita al alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por su relación con el entonces presidente de Cuba, Fidel Castro.
Con
el inicio del exterminio
de palestinos
en Gaza en octubre de 2023 tras los atentados terroristas de Hamás
el día 7 de ese mes, los luminosos municipales de Oleiros también
han sostenido lemas contra el Gobierno de Israel y su presidente, Benjamin
Netanyahu,
que
aparecía en un fotomontaje, a la manera del Trump-jabalí, junto
a Adolf
Hitler,
con la frase en
gallego «Mesmas
bestas asasinas»
)»Mismas bestias asesinas». La asociación
Acción y Comunicación Sobre Oriente Medio (ACOM), un lobbby que
asegura promover las relaciones entre España e Israel y combatir el
antisemitismo pero que en realidad se dedica a promover
acciones judiciales contra quienes critican las violaciones
del derecho internacional por parte de Israel –desde Ione Belarra a Ada Colau pasando por quienes participaron en las protestas de La
Vuelta contra el genocidio-, denunció al Ayuntamiento.
Sentencia contra un lobby israelí
El
pasado 31 de
enero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de A
Coruña desestimó el recurso de ACOM contra la sentencia de primera
instancia que había rechazado un mes antes el recurso en el que la
asociación reclamaba la anulación de la decisión del alcalde de
comparar a Netanyahu con Hitler, que consideraba una
«distorsión del holocausto», «un ejemplo inequívoco
de antisemitismo moderno» y de «odio frente a los judíos y
a lo que representan».
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En
su fallo, que ya es firme, la magistrada Rosa
Agrasso Barbeito
niega ese argumento y recuerda que el mensaje contra el primer ministro israelí “nada
refiere sobre la condición de judío de Benjamin Netanyahu, ni se le
ataca por esta condición, sino por la masacre a la que está
sometiendo al pueblo palestino, manifestación que también se recoge
por el presidente de España, ministros de nuestra nación, miembros
de la UE, la ONU [y] el Tribunal Penal Internacional». «Aunque
Benjamín Netanyahu sea primer ministro del Estado de Israel, no hay
un ataque al pueblo judío, al Estado de Israel, ni siquiera al
Gobierno del Estado de Israel […]. Lo que no puede admitirse es que
solo quepa hablar de genocidio o masacre frente a nacionales cuando
se trata de israelíes y no de otros razas o nacionales de otros
países», concluye.
El alcalde valoró este jueves esa posición de los tribunales, recordó que él no tiene nada contra la ciudadanía de Israel–»nunca he atacado al pueblo judío», comenta–, y alerta de que Facebook ha borrado el post en el que se hacía eco de la sentencia.
Vox ha expulsado definitivamente a Javier Ortega Smith del partido, quien fuera secretario general y vicepresidente del partido de extrema derecha. La dirección ha abierto también expediente a José Ángel Antelo, antiguo líder de la formación en Murcia.
El Comité de Garantías de extrema derecha ha anunciado la decisión al considerar que Smith ha cometido una “infracción muy grave” después de frustrar su relevo en la portavocía del partido en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que lo expedientaran por desobediencia y le suspendieran de militancia.
La formación ultraderechista ha emitido un comunicado en el que lo explica de la siguiente manera: “El Comité de Garantías -órgano independiente de Vox- ha finalizado este jueves el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por ‘infracción muy grave’ al haberse negado a cumplir una resolución emanada del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba el cambio de portavocía en el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid”.
Asimismo, el comité ha abierto un expediente disciplinario contra el que fuera diputado en la Cámara regional murciana, José Ángel Antelo, por los “hechos protagonizados y las manifestaciones” llevadas a cabo desde el pasado 26 de febrero, cuando cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la Región dimitieran en bloque para provocar su expulsión.
El mismo órgano ha adoptado la decisión de suspender de militancia e inhabilitar a Antelo para ejercer “cualquier cargo” dentro del partido, refiriéndose a la “especial gravedad de los hechos”.
El partido asegura que no falsificó la firma de Antelo
En lo que respecta a Antelo, que había denunciado presiones sobre algunos de sus compañeros de la ejecutiva del partido en Murcia que dimitieron en cascada para forzarle a renunciar a su cargo, el partido de ultraderecha también había denunciado que habían falsificado su firma digital para retirarle de la portavocía. Esto último lo negaba en las últimas horas el propio partido, que le abrió un expediente disciplinario.
Los de Abascal acusan al que fuera líder de la formación en Murcia de los “hechos protagonizados y las manifestaciones” arrojadas el pasado 26 de febrero, en relación con la dimisión de cinco miembros -de los seis del Comité Ejecutivo Provincial (CEP)- de Vox en Murcia.
El Comité de Garantías no esconde que exista una “grave crisis de cohesión interna” derivada de la postura de Antelo, quien ha asegurado que le propusieron ser portavoz nacional de deporte. Él mismo ha venido señalando que le propusieron la portavocía nacional de Deportes. Asimismo, ha venido diciendo que había hablado diez días antes con Abascal y que no le había transmitido esa voluntad de que dejara el cargo de la comunidad.
El portavoz adjunto de la ultraderecha en Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha calificado como “rotundamente falso”. “No se puede salir y que te pongan un micrófono delante a decir ese tipo de barbaridades, no se ha falseado absolutamente nada (…) Si no se va por su propia voluntad, que ya ha manifestado que no se quiere ir, nosotros al expulsarlo del grupo parlamentario irá al grupo mixto junto con María Marín y José Luis Álvarez Castellano, los comunistas del Parlamento”.
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El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha confirmado hace unos días que el dron de tipo “Shahed” que impactó en el inicio de esta semana contra la base aérea RAF Akrotiri, en Chipre, no fue lanzado directamente desde Irán, un matiz relevante en medio de la creciente escalada militar que atraviesa Oriente Próximo. El ataque, que se produjo alrededor de la medianoche del 2 de marzo, se enmarca en el conflicto abierto tras los bombardeos lanzados por parte de Estados Unidos e Israel contra objetivos estratégicos iraníes y la posterior respuesta militar de Iran, que se ha extendido a otros países como Kuwait o Qatar.
La base de la Royal Air Force (RAF) en Akrotiri, uno de los dos enclaves militares que el Reino Unido mantiene en la isla desde la independencia de Chipre, sufrió daños limitados en su pista y no se registraron víctimas, aunque el incidente provocó la evacuación parcial del complejo y un aumento inmediato de las medidas de seguridad. Las primeras investigaciones apuntan a que el aparato era un dron de fabricación iraní, pero habría sido lanzado desde el Líbano por milicias vinculadas a Hezbolá, uno de los principales aliados regionales de Teherán.
Refuerzos militares en el Mediterráneo oriental
La confirmación de Londres de que el ataque no partió directamente desde territorio iraní se produce mientras varios países europeos han decidido reforzar la defensa de Chipre ante el riesgo de nuevos ataques. El Reino Unido ha desplegado más recursos en la zona, incluidos helicópteros armados con capacidad antidrones y el destructor HMS Dragon, equipado con misiles antiaéreos.
Francia, por su parte, ha enviado sistemas antimisiles y una fragata, mientras que Grecia ha desplegado aviones F-16 y varias unidades navales para reforzar el espacio aéreo y marítimo del país mediterráneo.
La movilización responde al temor de que el conflicto entre Irán y la coalición encabezada por Estados Unidos e Israel se extienda a territorios próximos a la Unión Europea. Chipre, situado a pocos cientos de kilómetros de la costa siria y libanesa, se ha convertido en un punto estratégico clave tanto para las operaciones militares occidentales como para la respuesta iraní.
El ataque contra Akrotiri ha sido interpretado por analistas como una señal de advertencia dirigida a los países que permitan el uso de sus bases militares para operaciones contra Irán.
La escalada militar entre Washington, Tel Aviv y Teherán
La escalada se desencadenó a finales de febrero, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes llevaron a cabo una serie de ataques aéreos contra instalaciones militares y estratégicas iraníes, en lo que ambas potencias describieron como una operación preventiva contra las capacidades de misiles y drones de la República Islámica.
En respuesta, Irán ha lanzado una campaña de represalias en distintos puntos de la región, utilizando tanto misiles balísticos como drones de largo alcance contra objetivos militares y energéticos vinculados a los aliados de Washington.
La estrategia iraní combina ataques directos con la activación de milicias y grupos aliados en varios países de Oriente Próximo, lo que amplía el frente del conflicto y dificulta la atribución directa de algunas operaciones. Según autoridades occidentales, en los últimos días Teherán ha lanzado centenares de drones y decenas de misiles contra objetivos en el Golfo y otros puntos de la región, aunque muchos de ellos han sido interceptados por los sistemas de defensa aérea desplegados por Estados Unidos y sus socios.
Europa debate cómo responder a la crisis
En Europa, la reacción política está siendo desigual. Algunos gobiernos, como los de Francia, Grecia o el propio Reino Unido, han optado por reforzar su presencia militar en el Mediterráneo oriental y por apoyar a los aliados regionales frente a posibles ataques. Otros países, sin embargo, mantienen una posición más prudente y han pedido evitar una escalada que arrastre al continente a una guerra abierta en Oriente Próximo.
La posición de España ante el conflicto
España, por su parte, lidera a los países que han mostrado cautela ante la escalada y rechazo a las políticas expansionistas de Trump. Pedro Sánchez ha criticado los bombardeos iniciales contra Irán y ha insistido en la necesidad de evitar una ampliación del conflicto, al tiempo que mantiene la vigilancia sobre las bases militares utilizadas por Estados Unidos en territorio español y sobre la seguridad de los contingentes desplegados en misiones internacionales en la región.
En las últimas horas, además, varios aviones estadounidenses han abandonado instalaciones militares en el sur de España en medio de la creciente tensión diplomática.
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En plena ofensiva sobre Irán, que iniciaron este sábado junto a Estados Unidos sin agresión previa y asesinando a civiles, Israel sigue dando ejemplos de lo que le importa el derecho humanitario. El Gobierno de Benjamin Netanyahu aprobó expulsar a 37 organizaciones humanitarias de Palestina, algo que tendría que haberse producido este mismo domingo. Sin embargo, el Tribunal Supremo hebreo dio un respiro a las ONG, tumbando este veto en el último momento, y aplazando la fecha en la que tendrán que abandonar los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania, que Israel ocupa y asedia desde hace décadas.
A pesar de esto, la labor de las organizaciones ha encontrado una nueva traba. A la constante persecución de Israel, que ha llegado a asesinar a miembros de la UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), se suma que, a raíz de la guerra con Irán, los hebreos han decretado el estado de emergencia y han cerrado todos los pasos fronterizos de Gaza. Una decisión que, a pesar de que el veto no se ha producido, impide la llegada a la Franja de camiones con ayuda humanitaria.
A la espera de ver en qué queda la situación, las ONG lamentan un nuevo paso de Israel para agravar la situación humanitaria en Palestina. «Esto es un paso más en la política genocida por parte de las autoridades israelíes», señala Carlos de las Heras, portavoz de Amnistía Internacional España, a este medio. «No solo no quieren testigos de sus actos», prosigue en referencia a los 249 periodistas asesinados por Israel en Gaza desde 2023, «tampoco están dispuestos a aceptar el trabajo de agencias de las Naciones Unidas, como UNRWA, por ejemplo, o de las ONGs de ayuda humanitaria».
La cronología que ha ayudado a Israel a ahogar a las ONG
La escalada bélica iniciada por Trump y Netanyahu ha venido justo a tiempo para que Israel pueda esquivar el veto del Supremo e impedir la labor de las organizaciones humanitarias. El Ejecutivo hebreo había obligado a las ONG que operan en los Territorios Palestinos Ocupados a registrarse en un nuevo organismo antes del 31 de diciembre de 2025, a pesar de que su labor ya está reconocida por la Autoridad Nacional Palestina y avalada por Naciones Unidas. Por este motivo, 37 organizaciones se negaron a acatar este mandato, argumentando además que les obligaba a identificar a su personal palestino, vulnerando la protección de datos.
La cuestión estaba en que, aunque las ONG estaban avaladas por el permiso de la Autoridad Nacional Palestina, Israel es «potencia ocupante», explica De las Heras, y controla la mayor parte de la Franja de Gaza. Por ello, «también tiene esa capacidad, el poder tener ese registro de las ONGs», pero esto no le avala, apunta, para «tener acceso a esos datos personales del personal contratado».
Ante la negativa de las ONG, la Kneset -el parlamento israelí, de mayoría sionista- aprobó vetar a estas 37 organizaciones. El plazo para que abandonaran Palestina expiraba este pasado sábado, 28 de febrero, justo un día después de que el Tribunal Supremo hebreo levantara el veto, y el mismo día en el que Israel y Estados Unidos iniciaron la ofensiva sobre Irán.
La guerra ha servido de excusa al Gobierno de Netanyahu para volver a impedir la entrada de suministros en la Franja. Días antes, «ya había habido un descenso de la entrada de camiones», apunta Mercè Rocaspana, de Médicos Sin Fronteras, una de las 37 ONG que se niega a abandonar Palestina. Esto, sumado a que «desde el 1 de enero» la organización ya no podía introducir ayuda humanitaria en la Franja, provoca que tengan que trabajar con las reservas que tienen: «Tenemos suministros en los almacenes para un tiempo. Nuestros centros de salud y los hospitales siguen funcionando porque teníamos una reserva. Pero, claro, esto a medio plazo se acabará si no entran nuevos», advierte.
La guerra «cambia el foco» de la presión de Israel a las ONG
Es incierto cuánto podrán aguantar las ONG. En el caso de Médicos Sin Fronteras, explica Rocaspana, trabajan con «un stock de reserva mínimo de tres meses, para algunos productos incluso más, algunos menos». Sin embargo, esta situación es una nueva muestra de hasta dónde puede llegar Israel para ahogar a los palestinos y a las organizaciones que intentan ayudarles. «La escalada de violencia en la región cambia el foco», apunta De las Heras. «Al cambiar el foco, la visibilidad de esta decisión del Tribunal Supremo es mucho menor», explica, «lo cual a Israel le favorece».
Ante la incertidumbre que genera un conflicto que amenaza con extenderse varias semanas, las organizaciones piden claridad: «Por lo menos nos digan que sí, que este registro no es válido y por lo tanto sí que podemos seguir operando», exige Rocaspana. Preguntados por si se irán de Palestina si, finalmente, el veto sale adelante, Médicos Sin Fronteras opta por aprovechar el tiempo que puedan: «La única decisión que tenemos tomada es que nos comprometemos a seguir, todo lo que se pueda y hasta el último día que podamos», sentencia.
El caso de Amnistía Internacional es diferente, ya que no opera en Palestina como agencia humanitaria, pero también denuncian dificultades: «Las presiones que tienen nuestros compañeros y nuestras compañeras, por ejemplo, trabajando en Cisjordania ahora mismo con la interrupción de los bloqueos a la circulación, dificulta mucho más nuestro trabajo», señala De las Heras.
Distinto es el caso de la UNRWA, que también ha compartido con este medio sus perspectivas: La Agencia asegura que «no se irá de Gaza ni Cisjordania», mientras su misión «sea renovada por la Asamblea General de la ONU» y cuenten con «el respaldo de los Estados miembros, como de hecho ocurre». El organismo pone el foco en que Netanyahu aprovecha la guerra para seguir hostigando a los palestinos: «Nos preocupa mucho que se deje de poner el foco en Palestina pues, por un lado, Israel ha cerrado los cruces y, por otro lado, los colonos israelíes están redoblando la violencia contra la población civil en Cisjordania», alertan.
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La muerte del líder supremo de Irán, Alí Jameneí, ha activado automáticamente los resortes de la sucesión. El engranaje viene marcado por la Constitución aprobada tras el triunfo de la Revolución Islámica, desempolvado más de 35 años después de su último uso para garantizar en última instancia la supervivencia de un régimen en horas bajas.
Jameneí falleció víctima de un bombardeo sobre su complejo de Irán, pero su avanzada edad (86 años) y las especulaciones sobre su estado de salud ya habían llevado a leer entre líneas cualquier mínimo movimiento político, por sus posibles repercusiones en la elección del siguiente líder supremo. Ebrahim Raisi, que asumió la Presidencia de Irán en agosto de 2021, sonaba como potencial delfín, pero su repentina muerte en un accidente de helicóptero en mayo de 2024 truncó los supuestos planes.
Desde el domingo, Irán está gobernado de manera temporal por un mando tripartito compartido entre el actual presidente, Masud Pezeshkian, el jefe del aparato judicial, Gholam Hosein Mohseni Ejei, y uno de los 12 miembros del Consejo de los Guardianes, Alireza Arafi.
No existe un plazo cerrado de tiempo para que la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 clérigos, lance su particular fumata blanca y desvele quién será el nuevo líder, ni tampoco garantías de lo que puede ocurrir en estos próximos días. De hecho, el martes aviones de Israel atacaron la sede de dicha Asamblea, y el presidente de Estados Unidos. Donald Trump, ha lanzado este miércoles una amenaza directa a la cúpula: «Todo el que parece querer ser un líder, termina muerto».
En cualquier caso, la mano dura del régimen deja poco margen para la improvisación y para romper el actual hermetismo, pero algunos nombres han emergido en los últimos días como potenciales herederos de un poder que parece abocado a reivindicarse para subsistir. Uno de los hijos del difunto líder, Mojtaba Jameneí, figura entre los favoritos, pero también han emergido otros posibles candidatos ¿Quién es quién en la carrera por la sucesión?
Mojtaba Jameneí
El segundo hijo del difunto Jameneí ha sido una constante en las quinielas por la sucesión, antes incluso del fallecimiento de su padre. A favor de Mojtaba Jameneí, de 56 años, juega su popularidad como clérigo y que, en caso de salir elegido, sería una apuesta más que evidente por el continuismo.
Está considerado una figura cercana a la Guardia Revolucionaria y, pese a la confusión imperante, fuentes internas citadas por la agencia Reuters han confirmado que sobrevivió al ataque en el que murió su padre, en el que perdieron la vida también otros mandos del régimen.
En su contra tiene que no ha ostentado cargos políticos y su propio apellido, teniendo en cuenta que parte del discurso histórico de la revolución se sustenta sobre le hecho de que logró acabar con una dinastía hereditaria.
Alireza Arafi
Arafi, de 67 años, ostenta desde las puertas de Jameneí una de las tres patas que controla el país de manera temporal. Además de formar parte del Consejo de los Guardianes, ejerce como número dos de la Asamblea de Expertos y tiene galones de ayatolá, lo que allanaría el camino en caso de buscar soluciones continuistas y sin sobresaltos.
De hecho, el peso de su poder no se cimienta tanto en el terreno político como en el religioso. En su currículum se incluye la dirección de los viernes las oraciones en Qom, el centro religioso más importante de Irán, y la presidencia del sistema de seminarios que supervisa a nivel nacional la educación clerical.
Gholam-Hossein Mohseni-Ejei
Mohsein Ejei tenía la presencia garantizada en el consejo de transición, en la medida en que ostenta desde 2021 la jefatura del sistema judicial, por designación precisamente de Jameneí. Antes, este clérigo también había ejercido de ministro de Inteligencia y de fiscal general, entre otros altos cargos.
Su perfil es el de un conservador de la línea dura y figura en la lista negra de sanciones internacionales como artífice último de la represión judicial contra políticos opositores o manifestantes.
Ali Larijani
El nombre de Larijani lleva años asociado al poder en Irán, ahora como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. A sus 67 años, se ha labrado una carrera basada a la lealtad al difunto líder supremo pero en la que también ha dado muestras de pragmatismo teniendo puentes entre distintas facciones.
El discurso de este antiguo presidente del Parlamento curtido también en negociaciones nucleares se ha endurecido en los últimos días, principalmente hacia Estados Unidos, pero su influencia política queda opacada por el hecho de que no es un alto clérigo chií.
Hassan Jomeiní
Otro apellido asociado al poder en Irán, en este caso porque se tratra del nieto del primer líder supremo, el ayatolá Ruholá Jomeiní. Con él, Irán daría un salto generacional claro y haría un guiño hacia visiones algo más reformistas, desdibujadas en los últimos años.
Hassan Jomeiní tampoco puede presentar ningún cargo público en su currículum, pero fuentes internas citadas por la agencia Reuters han asegurado que tiene clara su lealtad al estamento clerical y a instituciones poderosas como la Guardia Revolucionaria.
Mohammad Mehdi Mirbagheri
Forma parte de la Asamblea de Expertos desde el año 2015 y se ha labrado una imagen alineada a las tesis más conservadoras, cargando sin medias tintas contra Occidente y contra quienes en los últimos años se han sumado a las varias olas de manifestaciones. Mirbagheri, de 65 años, lidera en la actualidad la Academia de Ciencias Islámicas de Qom.
Hashem Hosseini Bushehri
Bushehri ronda los 70 años y en los últimos años se ha movido en la órbita del fallecido líder supremo, al menos lo suficiente para pasar el filtro y poder formar parte de la poderosa Asamblea de Expertos.
Este clérigo ha ostentado también responsabilidades de órbita religiosa en Qom, pero no puede aportar como aval ningún gran cargo destacado si realmente aspira a suceder a Jameneí. También se sospecha que no tiene el respaldo de la Guardia Revolucionaria.
El tablero internacional vuelve a tensarse y España no permanece al margen. En medio de un escenario global marcado por conflictos abiertos y reconfiguración de alianzas, el enfrentamiento verbal entre Donald Trump y Pedro Sánchez ha reavivado el debate sobre el papel que debe desempeñar nuestro país en el nuevo orden mundial. Entre la presión de Washington y la defensa de la soberanía nacional, el Gobierno ha optado por marcar límites claros.
Las advertencias lanzadas desde la Casa Blanca, con alusiones explícitas a posibles represalias comerciales y a una revisión de los compromisos bilaterales, han sido interpretadas por el Ejecutivo español como un intento de condicionar decisiones soberanas en materia de política exterior y defensa. No se trata únicamente de un desacuerdo puntual, sino de un pulso político que pone sobre la mesa hasta qué punto los aliados tradicionales pueden discrepar sin que la relación se resienta de forma estructural.
Desde La Moncloa se insiste en que España es un socio fiable, comprometido con la legalidad internacional y con los acuerdos multilaterales, pero también un Estado que no renuncia a decidir con autonomía. El Gobierno defiende que las alianzas no pueden basarse en la imposición ni en la amenaza, sino en el respeto mutuo. En ese marco, plantarse ante lo que considera presiones indebidas sería, según el Ejecutivo, una cuestión de coherencia democrática y de responsabilidad institucional.
Sin embargo, la controversia no es menor. Estados Unidos sigue siendo un aliado estratégico de primer orden para España, tanto en el ámbito de la seguridad como en el económico. Las bases militares conjuntas, la cooperación en inteligencia y la intensa relación comercial configuran una red de intereses compartidos que va más allá de los nombres propios que ocupan temporalmente el poder. De ahí que algunos sectores adviertan de los riesgos de una escalada verbal que pueda traducirse en consecuencias prácticas.
La oposición política ha cuestionado la estrategia del Gobierno, señalando que la firmeza retórica debe ir acompañada de una diplomacia eficaz y discreta. A su juicio, la defensa de la soberanía no debería confundirse con un choque frontal que pueda aislar a España en un momento especialmente delicado para el equilibrio internacional. Otros, en cambio, sostienen que ceder ante amenazas públicas sentaría un precedente peligroso y debilitaría la posición del país en futuras negociaciones.
El debate, en realidad, trasciende el caso concreto. Europa observa con atención cómo sus Estados miembros gestionan la relación con una Administración estadounidense más proclive a la presión directa. En este contexto, la postura de España puede interpretarse como un síntoma de una tendencia más amplia: la búsqueda de mayor autonomía estratégica dentro del marco transatlántico. La cuestión es si esa autonomía se construye mejor desde la confrontación pública o desde la negociación silenciosa.
En última instancia, la pregunta interpela a la ciudadanía. ¿Debe el Gobierno priorizar una posición firme, incluso si ello implica tensar la relación con una potencia aliada? ¿O resulta más prudente optar por el pragmatismo para evitar posibles costes económicos y diplomáticos?
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ENCUESTA: ¿Hace bien Pedro Sánchez en plantarse ante las amenazas de Trump?
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Después de que la Casa Blanca haya esgrimido este miércoles que España «ha aceptado cooperar» con Estados Unidos militarmente con respecto a la ofensiva sobre Irán,el Gobierno de Pedro Sánchez ha salido a desmentir esta afirmación, según han precisado fuentes de Moncloa: «No es cierto. Desmentimos tajantemente. La postura de España no ha cambiado«.
En la misma dirección, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha deslizado en declaraciones a Cadena Ser la falsedad de las palabras emitidas desde la Casa Blanca: «Lo desmiento tajantemente. La posición del Gobierno de España sobre la guerra en Oriente Próximo no ha cambiado ni una coma. No tengo la menor idea de a qué se puede referir o de donde puede venir eso. Sobre el uso de las bases (de Morón y Rota), la posición no ha cambiado en absoluto», ha precisado.
Con respecto a las palabras esgrimidas al respecto por parte de la portavoz de la Administración Trump, Karoline Leavitt, Albares le ha replicado que él es «el ministro y la posición no ha cambiado en absoluto»: «No tengo ganas ni tiempo para especular, pero nuestra posición sigue invariable y desmiento tajantemente cualquier indicio«, ha situado.
Leavitt ha dicho en rueda de prensa desde Washington que el Ejecutivo español ha acordado cooperar con el Ejército estadounidense después de que el presidente Sánchez se reafirmase en su posición de no ceder las bases militares de Rota y Morón para la operación contra Irán, alegando que no van a ser «cómplices» de algo que es «malo para el mundo» simplemente por el «miedo a represalias».
«Tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando (esta cuestión) con sus homólogos en España«, ha explicado la portavoz Leavitt, quien ha señalado además que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, espera «que todos los aliados» cooperen en dicha misión, asegurando que Irán «no solo amenaza a Estados Unidos», sino también al continente europeo.
Bajo el mismo telón de fondo en clave diplomática, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en conversaciones con el nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, ha trasladado la “fiabilidad” de nuestro país “como socio de la Alianza Atlántica” y el compromiso “con la paz”, en línea con el discurso esgrimido por Sánchez a primera hora de este miércoles. “Ucrania, Gaza y ahora, Oriente Medio evidencian la volatilidad de algo tan importante como la paz y la seguridad”, ha agregado.
España, país «poco colaborador» con Estados Unidos
Siguiendo el hilo de estas declaraciones, cabe retroceder a las pronunciadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, esta mañana del miércoles, quien ha acusado a España de poner «la vida de los estadounidenses en peligro», situando así a nuestro país como “poco colaborador con respecto a las bases estadounidenses”, pese a que las bases de Morón y Rota son españolas, en torno a las actuaciones dentro del marco de la ‘Operación Furia Épica’ de Estados Unidos e Israel sobre Irán desde el pasado fin de semana.
“Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad de llevar a cabo esta guerra de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses”, ha defendido Bessent.
Sin quedarse en este punto, el secretario del Tesoro, en relación con la amenaza de Trump de cortar las relaciones comerciales con España en clave de castigo por esta postura, ha secundado que sería “un esfuerzo de acomodación”, situando como “justificada” la “frustración” del inquilino de la Casa Blanca con Sánchez. “Han sido pésimos aliados, son el único miembro de la OTAN que no cumple con los requisitos. El Gobierno español se está aprovechando intencionadamente del Gobierno estadounidense y de todos los aliados de la OTAN”, ha aventurado.
Cabe recordar que fue este martes cuando Trump, antes de reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca, cuando dijo que España estaba siendo un “aliado terrible” en este nuevo frente bélico, abogando así por cortar las relaciones comerciales con Moncloa y, por ende, afectando a la Unión Europea, como represalia por haber denegado el uso de las bases militares de Morón y Rota para la ofensiva militar sobre territorio iraní.
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Donald Trump no inventó el “miedo nuclear” iraní. Lo heredó. Durante décadas, Benjamin Netanyahu alertó de una bomba inminente en manos de Teherán, construyendo una narrativa de amenaza existencial que permeó no solo la política de Jerusalén, sino también la agenda de Washington. Sin embargo, ha sido el presidente estadounidense —en su segundo mandato— quien ha transformado esa advertencia estratégica en política exterior oficial, dando un salto desde la retórica a la acción militar directa. La guerra actual entre Israel e Irán no surge de la improvisación, sino de un relato que encontró en la Casa Blanca su amplificador definitivo y que culminó en una escalada que pocos imaginaban incluso hace unos meses.
El rol de Estados Unidos y Trump en la escalada
Desde que Trump regresó a la primera línea política en 2025, su administración ha impulsado una política explícita de presión máxima contra Irán. Esto incluyó no solo sanciones económicas y diplomáticas, sino también una presencia militar reforzada en Oriente Medio y una retórica agresiva que no dejó espacio para ambigüedades. El discurso oficial del Gobierno estadounidense ha insistido en que Irán representa un peligro no solo para sus vecinos en la región, sino para la seguridad global, particularmente por su programa de misiles balísticos y la posibilidad de desarrollo nuclear.
En paralelo a esta estrategia, Trump ordenó la llamada Operación “Epic Fury”, una campaña militar conjunta con Israel que buscaba desarticular capacidades estratégicas iraníes, incluyendo sistemas de misiles y centros de comando, además de presionar al régimen para que renunciara a lo que Washington considera una amenaza nuclear persistente. El propio presidente defendió la operación como una “última oportunidad” para neutralizar peligros intolerables antes de que se materialicen.
Pero la política de Trump ha generado tensiones incluso dentro de su base electoral: mientras los sectores pro-intervención y los lobbies favorables a Israel empujaban por una mayor implicación, muchos votantes estadounidenses expresaban inquietud ante otra intervención militar prolongada en una región donde ya hubo múltiples guerras en las últimas décadas.
Tres décadas anunciando el Apocalipsis
La narrativa de amenaza nuclear no nació en 2025, ni siquiera en la última década. Tiene raíces profundas en la política israelí de los años 90 y principios de los 2000. Benjamin Netanyahu fue uno de los líderes más activos en advertir sobre los peligros de un Irán nuclear. Su famosa intervención ante el Congreso de EE.UU. en 2015, donde presentó gráficamente sus argumentos contra un acuerdo nuclear con Teherán, marcó un momento clave en la construcción de esa percepción fuera de Israel.
Netanyahu llegó a comparar el programa iraní con amenazas históricas extremas, sugiriendo que un Irán con armas nucleares no solo desencadenaría una carrera armamentista regional, sino que pondría en riesgo la propia existencia de su país. Este discurso fue reiterado en múltiples foros internacionales y se volvió una pieza central de la política exterior israelí.
Para Teherán, sin embargo, el desarrollo nuclear tiene una dimensión dual: por un lado, la energía nuclear civil es vista como una reivindicación legítima de soberanía tecnológica; por otro, la historia de sanciones, hostilidad e intentos de aislamiento internacional ha alimentado la percepción iraní de que su programa puede ser usado como instrumento de disuasión ante amenazas externas. Este punto de vista ha sido desmentido por diversos informes técnicos que no han podido confirmar sin lugar a dudas que Irán posea un arma nuclear funcional, aunque sí han señalado que ciertas capacidades de enriquecimiento podrían acercarse a niveles de preocupación regional.
El miedo como motor de guerra
Lo que comenzó como advertencias y sanciones acabó escalando hacia un conflicto militar directo. La operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes no fue un accidente ni una decisión aislada, sino una consecuencia lógica de décadas de acumulación de tensiones, desconfianza mutua y discursos que pintaban a Irán como un adversario irreducible. El choque se definió inicialmente con bombardeos a objetivos militares y estratégicos en varias ciudades iraníes, lo que produjo la muerte del líder supremo iraní, Ayatolá Ali Khamenei, y desencadenó una retaliación inmediata por parte de Teherán que ha puesto la región patas arriba.
Irán respondió con lanzamientos de misiles balísticos y drones contra Israel, así como ataques dirigidos contra instalaciones relacionadas con fuerzas estadounidenses en la región del Golfo. La escalada no solo ha implicado enfrentamientos directos, sino también la movilización de fuerzas aliadas, el cierre de espacios aéreos y la profundización de tensiones en países cercanos, reflejando una dinámica de conflicto que ya se extiende más allá de las fronteras de los dos estados protagonistas.
La retórica que acompañó estos eventos fue clara: tanto en Jerusalén como en Washington se presentó la operación como una medida preventiva para impedir que Irán consolidara una capacidad nuclear, mientras que las autoridades iraníes defendieron su derecho al desarrollo nuclear pacífico y denunciaron los ataques como una agresión injustificada e ilegal.
La propaganda y la construcción del ‘miedo nuclear’
La idea del “peligro nuclear iraní” se ha convertido en una pieza central de la propaganda política desde hace años. Tanto Netanyahu como Trump, al igual que hiciera George W. Bush antes para justificar la invasión en Irak, han utilizado la amenaza de armas nucleares para justificar políticas duras y movilizar apoyo interno y externo. Esta construcción del miedo ha sido reforzada por amplias campañas mediáticas, discursos dramáticos y la repetición constante de mensajes que vinculan el avance tecnológico iraní con un peligro existencial para la región y más allá.
Al elevar el tono de alarma, los discursos oficiales tienden a simplificar una cuestión técnica compleja —el programa nuclear iraní— en una narrativa polarizada: Irán como amenaza absoluta por un lado, y Estados Unidos e Israel como defensores de la seguridad global por otro. Esta simplificación política no solo influye en la opinión pública —con altos niveles de apoyo en ciertos sectores— sino que también reduce el espacio para alternativas diplomáticas o políticas más matizadas.
Organizaciones y expertos han señalado cómo esta narrativa puede tener efectos contraproducentes: en lugar de contener la proliferación, puede polarizar a los actores y dificultar los acuerdos. Incluso algunos análisis advierten que la construcción de un “miedo” constante puede generar una profecía autocumplida, donde la percepción de un peligro inminente obliga a los estados a optar por respuestas militares antes que por soluciones negociadas.
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La respuesta europea al ataque sobre Irán, iniciado por Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha sido desde el sábado un alineamiento total con los dos líderes, con países como Alemania, Francia o Reino Unido llegando a ofrecerse a ir a la guerra de la mano con Estados Unidos. Sin embargo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha erigido como la nota discordante que, desde el principio, ha roto este contexto y ha provocado la ira del mandatario estadounidense. Trump amenazó este martes a España con un bloqueo comercial por negarle utilizar las bases de Morón y Rota, que opera Estados Unidos en Sevilla y Cádiz respectivamente, para lanzar ataques.
Una reacción que ha tenido un efecto inesperado. Mientras en España la oposición aplaude a Trump, augura el aislamiento de España y critica al Gobierno, el paso al frente de Sánchez, que desde el sábado equipara la condena al régimen iraní con la constatación de que el ataque de Estados Unidos e Israel vulnera el derecho internacional, marca ahora el camino para el resto de Europa. Los países que apoyaron el comunicado de Bruselas, que no mencionaba en ningún momento los ataques, e incluso los que levantaron la mano ante la llamada de Trump, están ahora condenando la ‘Operación Furia Épica’ ante las amenazas del republicano a un socio europeo.
Más allá de que Trump no puede tomar represalias comerciales contra España -nuestro país forma parte de la Unión Europea, un bloque comercial conjunto-, Europa empieza a ganar la autoridad que el mundo ha echado en falta desde el sábado. En Bruselas, el Ejecutivo comunitario ha cerrado filas en torno a España, y en el caso de los tres países que firmaron un comunicado aparte de los 27 -Alemania, Francia y Reino Unido- abriendo la puerta a intervenir, empiezan ahora a cambiar el discurso, sin mencionar explícitamente a nuestro país.
Macron condena el ataque de Estados Unidos
Es el caso de Emmanuel Macron, que desde el sábado intenta que Europa se enrole en el barco belicista de Trump. El presidente francés anunció que va a aumentar su arsenal nuclear para aumentar el paraguas europeo, y ha enviado su mayor portaaviones al Mediterráneo tras el ataque iraní a Chipre. En el mismo comunicado en el que anunció esto último, este martes, Macron tomó un giro de discurso llamativo.
El mandatario galo siguió siendo el eco de Trump, y atribuyó a Teherán la responsabilidad de la escalada bélica en Oriente Próximo, por negarse a informar sobre su programa nuclear y financiar milicias en la región: «La historia nunca llora a los verdugos de sus pueblos. No se echará de menos a ninguno», dijo sobre el asesinado ayatolá Ali Jamenei. Sin embargo, por primera vez, condenó los bombardeos de Estados Unidos e Israel por llevarse a cabo «al margen del derecho internacional». El jefe del Elíseo llamó también al «cese de los ataques lo antes posible» y a retomar las negociaciones, que Trump y Netanyahu rompieron el sábado.
Bruselas vira con Trump apoya a España
En una posición todavía tibia, pero también un poco diferente a la de los días anteriores está también ahora Friedrich Merz. El canciller alemán fue el invitado especial al show de Trump. Sentado en el Despacho Oval mientras el republicano amenazaba a España, socio comunitario de Alemania, Merz no tuvo el valor de contradecirle delante suyo, y se limitó a agachar la cabeza y señalar a Sánchez: «Tratamos de convencer a España para que alcance el 3% o el 3,5%. Es la única que no está dispuesta a aceptarlo», dijo en relación a la orden de la OTAN de aumentar el gasto militar.
Sin embargo, incluso Merz empezó a asomar -timidamente- la patita después de su visita a la Casa Blanca. Una vez fuera del encuentro con Trump, el canciller recordó que Estados Unidos no puede bloquear comercialmente a España por separado del resto de los 27: «Le dije que España es parte de la Unión Europea y que como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España», aseguró ante los periodistas.
Y luego está Bruselas, que ha necesitado que uno de sus miembros tome la palabra para plantearse que Trump y Netanyahu están vulnerando el derecho internacional, que han atacado a un régimen sin agresión previa y que han asesinado a casi un millar de civiles en cuatro días. La Comisión Europea, que preside la alemana Ursula von der Leyen, emitió un comunicado tras las amenazas de Trump a España, subrayando que «siempre garantizará que los intereses de la Unión Europeaestén plenamente protegidos«. Asimismo, desde la Comisión subrayan que «se espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en el marco del acuerdo comercial» que se firmó en verano de 2025.
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Aunque la pregunta pueda parecer muy obvia para todo el espectro de la izquierda socialdemócrata y un irritante estorbo discursivo social para el sector más liberal de nuestra política, cabe pensar que no hay nada obvio en su significado cuando dentro de los programas políticos de los partidos parlamentarios es quizá uno de los pocos elementos comunes que cabe encontrar, desde un polo al otro del estrato electoral. Todos defienden aumentar la inversión en la construcción de más vivienda pública, aunque en todo lo demás puedan tener intereses contrarios. ¿No debería causarnos algún tipo de sospecha que, bajo este lema, que todos damos por sentado como socialmente beneficioso, tanto un partido como el contrario usen este eslogan del mismo modo? En este artículo nos vamos a centrar en reflexionar qué significa realmente defender la vivienda pública cuando la reivindican los políticos profesionales y que debe significar cuando la defendemos nosotros como sociedad. Porque igual, a base de no pensar en ello, resulta que el mismo lema ha servido a propósitos radicalmente diferentes cuando lo dicen ellos y cuando lo decimos nosotros. Igual sucede que a lo que se refieren los políticos con más vivienda pública acaba resultando un ahondamiento en la crisis de vivienda, en la venta masiva de suelo público y en la depauperación y expulsión de las poblaciones que se acogen a los regímenes sociales, que el Estado tramposamente auspicia. Igual esta reflexión nos deja ver un elemento esencial que debemos tener en cuenta como sociedad (o al menos como clase trabajadora, si entendemos que no todos los estratos de la sociedad tienen los mismos intereses) a la hora de elevar demandas al Gobierno, que bajo el marco del neoliberalismo, el interés nacional (eminentemente el lucro económico y electoral) y el interés social, son contrarios e incompatibles. Con ello en mente nos percatamos que para que una demanda con genuino beneficio social común sea llevada a cabo, no debe ser pedida a los gobiernos de turno, sino que debe ser forzada por medio de la propuesta a que se cumpla como designio de la ciudadanía, por mucho que al estado le resulte perjudicial en sus intereses privados.
Así pues, “más vivienda pública” es una proclama equívoca que puede servir a más de un interés y bajo la cual pueden convivir intereses sumamente contradictorios. Por un lado, podría pensarse en términos liberales que la solución pasa por invertir en ladrillo para posteriormente etiquetarlo como público y así eliminar la mancha de connotaciones que a la izquierda repelen, como contribuir a la lógica de la oferta y la demanda para bajar el precio de la vivienda. El asentamiento de este mantra proviene de la herencia política del franquismo inmobiliario, explicando cómo siendo el sexto país de la OCDE con más viviendas construidas (casi 500 por cada mil habitantes) el precio de la vivienda sigue la tendencia de subida absurda y deshumanizada que lleva. Tan sencillo como que construir un nuevo carril en una carretera no soluciona los atascos. El ámbito de la solución pasa más por decisiones fiscales, legislativas y, en último término, políticas, más que por la mera cuestión constructiva que jamás dejará de servir a lógicas economicistas. El mantra del ladrillo es evidente que proviene de un vicio de tiempos pasados y de una deliberada ignorancia de lo que supuso la crisis de 2007, el mayor atasco inmobiliario de la historia del país. Igual el problema es simplemente anterior a la construcción, en la medida en la que el foco problemático está en el uso y sentido de la vivienda que inspira su construcción. Uso y mercantilización y el modo en como las medidas del gobierno favorecen el negocio especulativo, la inversión privada externa, el turismo barato e implican la sustitución de las rentas más bajas de los núcleos urbanos. Si con este mantra estamos favoreciendo estas últimas consecuencias, más nos vale pensar de dónde viene, por qué lo seguimos creyendo y por qué celebramos que los políticos lo mantengan como una estrategia de propaganda electoral eficaz.
Si nos creemos este mantra es porque vivimos propagandísticamente la celebración del éxito del boom inmobiliario franquista. Éxito del que vive aún la mayoría propietaria de este país o, por lo menos, los que sobrevivieron con propiedad a la crisis de 2008. Este “milagro inmobiliario” que nos enseñó a automatizar que el problema de la vivienda es uno de oferta y demanda y que la solución siempre es la de construir más nos ha cegado completamente a la hora de entender de manera realista la crisis de vivienda que hoy acecha a todo país capitalista en mayor o menor grado. Elementos como la turistificación del mercado inmobiliario, la demanda autoinducida por grandes inversores externos, los fenómenos especulativos y el aumento de la desigualdad social (uno de sus principales factores es la percepción de una o más rentas derivadas de un alquiler) son elementos que una cuestión de oferta y demanda de la economía clásica no llega a entender y por lo que la solución franquista no deja de fracasar.
Hay que recordar que la construcción inmobiliaria masiva del desarrollismo franquista no pudo ser posible sin la subvención directa de las constructoras privadas, los mayores beneficiados del milagro de la vivienda en España. Con ello, España afianzó un pacto con el que hoy nos estrangulamos, la dependencia de la financiación privada externa. En 1954, se creó la figura de la vivienda de protección oficial como elemento central de la intervención estatal en materia de vivienda pública y, en 1957, el reciente Ministerio de Vivienda creaba el plan de urgencia social para paliar el chabolismo y mitigar los excesos del éxodo rural desregulado. Entre sus medidas estaba la construcción de sesenta mil viviendas para crear poblados de absorción que abastecieran la demanda de los inmigrantes españoles en Madrid (como lo fue El Ruedo, hoy en vías de privatizarse). Dada la incapacidad económica de llevar ello a cabo desde el Estado, se buscó subvencionar a la iniciativa privada como sustento de la construcción de vivienda pública en España.
Desde este episodio histórico es desde donde hay que comenzar a fundar la sospecha de qué implica realmente la defensa de la vivienda pública, cuando desde su fundación gubernamental ha sido completamente dependiente de la intervención privada. En la medida en la que la colaboración público-privada es esencial en el establecimiento del statu quo y responsable inmediato de nuestra situación, quizá convenga desembarazarse de una vez de la ingenuidad de que el Estado y “lo público” sigan obedeciendo a los intereses de la clase trabajadora y sea, para los demás que son propietarios, un asunto que truena sin molestar desde la comodidad de su casa ya pagada. El sentido de la política inmobiliaria franquista era asentar una clase media fuerte, que era lo que pedía la coyuntura económica occidental después de la segunda guerra mundial. Con ello, además, también se disolvía con el mismo golpe incentivos claves del movimiento obrero, para lo que era fundamental garantizar el acceso con mínimos costes estatales a la vivienda. Esa subvención privada quitaba cargas fiscales al Estado, pero consolidaba una élite constructiva del ladrillo, la financiación privada externa y la manía gubernamental de la privatización compulsiva, que aún vemos en izquierda y derecha parlamentaria. Sin embargo, todo este movimiento ya anticipaba la crisis de 2008 en la medida en que, a través de la hipoteca, se redirigió la mayor parte de la renta al pago de la vivienda, lo cual hacía dependiente a un gran sector de la población del precio de la vivienda y degradaba el Estado del Bienestar, haciéndolo mucho más débil a los alisios macroeconómicos.
En este sentido lo distintivo respecto de Europa en las políticas de vivienda española, es que, mientras el norte apostó por una vivienda social mayormente basada en el alquiler, el Gobierno español pensó en un parque de vivienda social orientada hacia los propietarios. Por este motivo resulta razonable (al menos para algunos, que confunden razón con rentabilidad) que la vivienda de protección expire temporalmente de su cualificación y quede en manos del Estado su salida al mercado competitivo. Así, finalmente, tras 15 años de protección oficial ya puede venir un posible propietario, con más dinero que el anterior inquilino, que pueda pagarla al precio de mercado. Ese dinero que salió del bolsillo de los españoles y que acaba repartido entre una inmobiliaria, un banco, una constructora y el propietario que después la ponga en alquiler.
A través de la figura del VPO se obliga a los promotores privados a construir un pequeño porcentaje de sus viviendas a un precio menor a cambio de subvenciones públicas y beneficios fiscales. Ello solo ha sido usado de pantalla para cubrir electoralmente un falso altruismo social con la transferencia de grandes sumas de dinero público a promotores inmobiliarios privados. Tan solo cabe pensar en lo absurdo de su pretendida función social en el mismo momento en que, tras su pérdida de la protección oficial, esa misma vivienda contribuye inmediatamente a procesos especulativos después de haberse integrado en el mercado. La explicación pasa por asumir que estás viviendas nunca estuvieron fuera del mercado, que la protección en su precio provenía de impuestos que alimentaban los beneficios fiscales de entidades privadas que posteriormente obtendría la oportunidad de compensar la inversión sobre la promoción construida.
La despatrimonialización del suelo público a cambio de más ladrillo para construir es evidente con la venta sistemática de vivienda pública por parte de todos los últimos gobiernos. Si esto es lo que se quiere significar con la defensa de un parque de vivienda pública, téngase en cuenta que solo ahonda en la parte del problema de la vivienda que afecta a los que más difícil lo tienen para acceder a un hogar. Entender seriamente qué significa defender la vivienda pública es entender que defender al Estado como algo ajeno y salvador respecto de los grandes tenedores privados es ignorar su estrecha compenetración histórica, que hoy está más vigente que nunca. Es entender que defender el Estado frente a las empresas en un contexto neoliberal es no atender a que el Estado funciona como otra empresa, que cada pequeño propietario que alquila su segunda vivienda funciona como una empresa. Igual la defensa de lo público tiene que ver con negar al Estado sus propios intereses y forzarle, por medio de la lucha colectiva, a que su vivienda sea efectivamente pública y su vivienda social sea efectivamente social, cosa que salta a la vista que no es el caso en Madrid.
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Francia sigue rearmándose tras la escalada bélica en Oriente Próximo. El presidente del país, Emmanuel Macron, anunció quevan a aumentar su arsenal nuclear, sin especificar cuánto, y que van a ampliar también el paraguas de la disuasión nuclear con el que protege a sus aliados europeos. Un movimiento inédito ante la complicada situación, al que se han sumado ya ocho países de la Unión Europea, según anunció este lunes el líder galo.
Macron avanzó más detalles sobre este nuevo plan de «disuasión avanzada» desde una base militar en la isla de Île Longue. Con un submarino nuclear de fondo, el presidente habló del «período de agitación política plagado de riesgos» que vive el mundo, con referencias a la situación tras el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, pero también a la invasión rusa de Ucrania. «Debemos reforzar nuestra disuasión nuclear ante la combinación de amenazas y debemos reflexionar sobre nuestra estrategia de disuasión en lo profundo del continente europeo», aseguró.
Macron recalcó además su disposición a combatir a Irán «en la defensa de los países del Golfo y de Jordania». El presidente galo aseguró que está dispuesto a apretar el botón rojo si es necesario «No dudaré en usar ese armamento para proteger nuestros intereses vitales», declaró. Un paso al frente bélico que Francia ya anunció junto a Alemania y al Reino Unido cuando empezaron las hostilidades, abriendo la puerta a intervenir directamente en el conflicto, y al que ahora quiere sumar a más países europeos.
Europa busca autoridad en el conflicto
Europa busca recuperar su autoridad en el tablero internacional, pero su única vía es hacerlo al ritmo que marca Estados Unidos. Aún así, Macron avanza en llegar a acuerdos de «disuasión avanzada» con, según él, ocho países europeos. A la espera de que España o Italia se sumen a la corriente europea de rearme, algo que en el caso español está lejos, el presidente francés incluyó en su lista a países de «primera línea» como Alemania, Polonia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia o Grecia. En el caso de los últimos, han entrado al juego después de que un dron alcanzara una base británica en Chipre este lunes, y de que el ministro de Defensa griego anunciara el envío de dos fragatas a defender a su socio en el Mediterráneo.
Macron no escondió que lo que busca es reafirmar la autoridad de Europa, muy desdibujada en los últimos conflictos internacionales. Aunque este paso al frente vuelve a ocurrir porque lo marcan Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el francés aseguró que Europa quiere más independencia: «Los europeos se han habituado a que su seguridad dependa de las normas de seguridad establecidas por terceros«, aseguró.
El arsenal nuclear de Francia, a escala
Lo que sí es preocupante es que el tono a la hora de hablar de arsenales nucleares ha cambiado. Lo que antes era el escenario final en el que la humanidad corría peligro, ahora entra en los discursos con toda naturalidad: «El próximo medio siglo será una era de armas nucleares«, aseguró Macron, quien normalmente destaca por la diplomacia y la cautela. Además de la escalada en Irán, el mandatario mencionó el avance de la guerra en Ucrania sin progresos diplomáticos desde hace ya más de cuatro años, y el desarrollo armamentístico de Rusia, la mayor potencia nuclear del mundo: «La guerra lenta y cruel de Rusia contra la vecina Ucrania constituye un grave riesgo para Europa», advirtió.
Francia es la única potencia nuclear de la Unión Europea, y junto a Reino Unido mantienen el paraguas de disuasión para todo el continente, que ahora quieren ampliar. Se estima que el país galo tiene unas 290 cabezas nucleares, muy por debajo de Rusia (unas 5.800), Estados Unidos (5.100) y China (450), y por encima de los británicos (225) y el resto de potencias nucleares del mundo: Pakistán (160), India (160), Israel (80-90, no confirmado oficialmente) y Corea del Norte (40-50, no confirmado oficialmente).
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero pasa este lunes por el trámite orquestado por el PP en el Senado. El socialista comparece en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en la Cámara Alta, donde los populares tratan de «acorrarle» -en sus propias palabras- por su presunta vinculación con la aerolínea Plus Ultra. La derecha acusa a Zapatero de haber presionado para el rescate de la aerolínea en 2021 por el Gobierno.
Y a ello han ido desde el principio. La senadora de UPN, Mar Caballero, ha sacado el tema en el primer turno de preguntas al expresidente: «Fue usted el facilitador del rescate, ¿sí o no?», le ha preguntado. La respuesta de Zapatero ha sido tajante: «No. En absoluto«. El socialista niega tener «relación de ningún tipo» con la aerolínea.
La ofensiva del PP se basa en el dinero que cobró Zapatero por trabajos de asesoría para la empresa de Julio Martínez, empresario acusado de haber blanqueado dinero con el rescate de Plus Ultra, Análisis Relevante SL. Zapatero no niega estos trabajos, es más, matiza que fueron 70.000 euros brutos al año «con sus facturas», como ha asegurado en el Senado.
Zapatero ha optado por la transparencia para explicar por qué las acusaciones en su contra no tienen fundamento: «No he tenido relación con el presidente de Plus Ultra, ninguna comunicación, cero. Con Julio Martínez Martínez sí, bastante», explica. «Debo añadir que con afán de transparencia, cuando acepté la propuesta de realizar las funciones de Análisis Relevante le propuse también que la agencia de mis hijas pues hiciera las tareas de marketing, de comunicación, de apoyo a la sociedad y también de apoyo al consultor. Para ser sinceros, la responsabilidad, el compromiso de la prestación de servicios de esta agencia es esencialmente mía», ha aclarado.
Zapatero desmiente los bulos sobre su vinculación con Plus Ultra y Venezuela
El expresidente tiene la oportunidad de desmentir todas las informaciones que se han publicado en los medios sobre su presunta vinculación con Plus Ultra, que los senadores están sacado a colación en su comparecencia. Por ejemplo, sobre haberse beneficiado del régimen chavista de Venezuela, cuestión por la que también le ha preguntado Caballero.
En concreto por la información publicada de que el ex alto cargo del chavismo, El Pollo Hugo Carvajal, declaró que Zapatero tenía una «mina de oro» en Venezuela. El expresidente ha desvelado una carta en la que Carvajal desmonta las «injurias» vertidas sobre él: «No he dicho ni tengo nada que decir de usted«, escribe el expolítico sobre Zapatero. «No tengo conocimiento de ninguna irregularidad al respecto», terminaba la misiva de El Pollo. «Aquí está la mina de oro«, ha sentenciado Zapatero.
También la senadora de Vox Paloma García le ha preguntado si «se lucró de la narcodictadura de Venezuela», a lo que Zapatero ha sido tajante: «He apoyado siempre a las empresas españolas en Venezuelaa coste cero«, ha respondido. La parlamentaria ultra le ha preguntado también si «se da por amortizado como Santos y Cerdán», a lo que el expresidente ha despejado los deseos de la derecha: «Qué más quisieran ustedes«, ha respondido.
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Bajo el marco de la escalada de violencia y bombardeos que comenzaron el pasado sábado en Oriente Próximo, con el foco en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enfatizado este lunes que la “gran ola” de ataques aún “está por llegar”, pese a que fueron decenas los fallecidos, entre ellos el ayatolá Alí Jamenie.
En declaraciones a la cadena de televisión CNN, el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado: “Lo estamos destrozando”, al tiempo que se ha congratulado de contar con “el mejor Ejército del mundo” para estas misiones.
Debido a que el escenario bélico no acabará en el horizonte próximo, a juzgar por las palabras del propio Trump, ha urgido a la ciudadanía iraní a que no salgan de casa porque “no va a ser seguro estar fuera”, reiterando que aún no han empezado a “golpearlos con fuerza” -al régimen iraní-: “La gran ola ni siquiera ha llegado, la grande está a punto de llegar”, ha advertido.
Al tiempo, el principal mandatario de Washington ha venido señalando este lunes que no quiere que el conflicto se alargue en exceso: «Siempre pensé que serían cuatro semanas. Y vamos un poco adelantados«. Como punto inesperado en la consecución de los hechos, Trump ha agregado que lo que le pareció «sorprendente» fueron las explosiones iraníes sobre otros países del entorno como Baréin o Emiratos Árabes Unidos. Paralelamente, cabe remarcar que Israel, por su parte, también ha atacado otros objetivos, como a Hezbolá en El Líbano.
Preguntado también por la CNN sobre los sucesores del ayatolá Jamenei, el mandatario de la Administración Trump ha dicho desconocer quién podría ocupar tal cargo, puesto que las fuerzas militares norteamericanas eliminaron «a la mayoría de candidatos»: «El sucesor del ayatolá Jamenei no será ninguno de los que pensábamos porque todos están muertos», ha reiterado.
Estas declaraciones se producen bajo el telón de fondo de los constantes bombardeos y ataque armamentísticos que se han producido entre las últimas 48 horas, desde Estados Unidos e Israel hacia Irán, siendo la respuesta de Irán con contraataques en la misma dirección y hacia otros países del entorno, como el Líbano, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y otros países del Golfo. El conflicto suma ya en torno a 600 víctimas mortales, más de 550 iraníes desde el sábado, según las cifras aportadas por la Media Luna Roja.
Posteriormente, y en su primera rueda de prensa en la Casa Blanca tras el inicio de los ataques directos, Trump ha calculado que este escenario podría prolongarse cuatro o cinco semanas más, si bien ha dejado claro que Washington tiene la «capacidad» de sostener la llamada Operación Furia Épica durante «mucho más» tiempo: «Hemos hecho una proyección de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad de durar mucho más allá«, ha explicado, ahondando en que no se «aburrirá» de ello.
El Pentágono justifica el ataque e Irán dice que “no negociará”
Las tensiones geopolíticas marcan el paso de los movimientos de la potencia norteamericana en Oriente Próximo, en connivencia con la estrategia de Tel Aviv y cuyo objetivo en común se concentra en Irán. Por lo pronto, y tras haber sido asesinado el ayatolá y centenares de personas en los últimos bombardeos, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, ha afirmado que su país “no negociará con Estados Unidos”.
Al tiempo, Lariyani ha ahondado en que, “al contrario que Estados Unidos, (Irán) se ha preparado para una guerra larga”, considerando a su vez como “triste” que Trump esté “sacrificando el tesoro y la sangre estadounidenses para impulsar las legítimas ambiciones expansionistas de Netanyahu”, ha sostenido en relación a la postura belicista del primer ministro de Israel.
Con ello, la postura en Washington continúa deslizándose por la vía militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, desde el Pentágono, ha señalado que los ataques responden a la falta de voluntad negociadora de Teherán desde el ámbito nuclear. En este sentido, ha insistido en que la Administración Trump “hizo todo lo posible por una diplomacia real”, pero ha considerado que la parte persa tan sólo estaba “ganando tiempo”.
“El régimen anterior tuvo todas las oportunidades de llegar a un acuerdo pacífico y sensato. Pero Teherán no estaba negociando. Estaba ganando tiempo y compraba tiempo para reabastecer sus arsenales de misiles y reactivar sus ambiciones nucleares”, ha señalado, agregando que ésta pueda ser una guerra para forzar “un cambio de régimen”.
Cabe matizar en este punto que la coalición estadounidense-israelí ha atacado conjuntamente y por primera vez a Irán; mientras queen el horizonte, más aún con estas últimas palabras de Trump, solo esperan más explosiones, ataques y muertes. Prueba de ello que la mayor parte de la geografía iraní viene siendo golpeada desde el pasado sábado: las zonas cercanas al estrecho de Ormuz, cerrado por la República islámica para impedir el paso de petróleo; Urmía, en la frontera con Turquía e Irak; Teherán, la capital; la ciudad de Qom, considerada sagrada para el chiísmo; o Isfahán, que ya sufrió ataques el pasado verano en el marco de las operaciones antinucleares estadounidenses.
«Todo lo que quiero es libertad para el pueblo«, declaró Trump ante The Washington Post, en la misma línea que el discurso que compartió en sus redes sociales, donde instaba a los iraníes a levantarse contra la teocracia cuando Washington acabara con sus hostilidades. «Los ayatolás estarán entonces a punto para que ustedes los derroquen”, defendió este pasado fin de semana.
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Tras la escalada bélica de este fin de semana con la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán, las miradas están puestas en los nuevos movimientos y también en la respuesta de comunidad internacional después de que ya haya más de 500 fallecidos y con la muerte del Ayatolá Jamenei este pasado sábado. A razón de todo ello, este lunes España ha dado un paso en firme rechazando que Estados Unidos utilice las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para proferir próximos ataques a Irán.
De esta forma, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, han negado que Washington esté utilizando las bases y han adelantado que tampoco lo hará en los próximos días. «No se usan y no se usarán las bases para nada que no esté dentro del convenio (de Cooperación para la Defensa) y para nada que no tenga encaje en la Carta de Naciones Unidas», ha asegurado Albares en una entrevista concedida a Telecinco. Un paso que se mueve bajo el marco del Derecho Internacional y que ha llevado al reconocimiento de Irán.
Así, la Embajada iraní en España ha defendido que Irán “reconoce plenamente y respeta esta posición, que está en consonancia con el Derecho Internacional”. A las palabras de Albares también se han sumado las de la titular de Defensa, quien ha señalado que este tipo de «actuaciones» requieren «amparo internacional», pero que la ofensiva de Estados Unidos e Israel carece de «ese marco de legalidad internacional» porque Washington y Tel Aviv «están actuando unilateralmente, sin apoyo de una resolución internacional».
Irán reconoce plenamente y respeta esta posición, que está en consonancia con el derecho internacional. https://t.co/1U06SCqaWk
— Embajada de Irán en España (@IraninSpain) March 2, 2026
Y es que fruto de esta postura adoptada por España, este lunes Estados Unidos ha retirado al menos 15 aviones cisterna KC-135T y KC-135R que se encontraban desplegados en las dos bases. «El Ejército de Estados Unidos decide lo que hace con los aviones cisterna, que ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o apoyo, y probablemente por eso hayan tomado la decisión de irse a otras bases», ha insistido Robles.
Con esta decisión, España no solo frena la ofensiva de Estados Unidos contra Irán en nuestro país, sino que se desmarca de Francia, Reino Unido y Alemania, quienes han deslizado la posibilidad de atacar a Irán en pro de sus intereses y los de sus aliados en Oriente Próximo. Por su parte, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha reconocido la postura de España. «Han rechazado la agresión y eso es valioso para nosotros«, ha indicado Zabib en rueda de prensa este mismo lunes. De la misma forma, el embajador iraní ha insistido en que la operación de Estados Unidos e Israel se trata de una «agresión ilegal y no provocada» que va directamente contra los principios de la Carta de Naciones Unidas y ante la que la comunidad internacional debe mostrar «moderación» y no contribuir a la escalada.
En línea con ello, Zabib considera que la comunidad internacional está ante un «punto de inflexión», por lo que ha avisado que tiene que defender la paz y el Derecho Internacional ante una operación que lleva a «la ley de la selva». «Espero que la comunidad internacional preste atención a que este es un punto de inflexión: el derecho internacional, la paz y cualquier valor humano reconocido están en libertad, más allá de que todos se enfrenten a la ley de la selva», ha explicado.
“No va de democracia, va de otras cosas”
Con todo ello, además de vetar a Estados Unidos para que utilice las bases españoles en su ofensiva contra Irán, Albares ha defendido que la operación contra Irán «no va de democracia». «Nosotros queremos democracia, libertad, derechos fundamentales para los iraníes pero también quiero ser muy claro, esta operación militar no va de democracia en Irán, va de otras cosas», ha señalado, a la vez que ha cargado de nuevo contra la «acción unilateral» de Estados Unidos e Israel así como los «ataques injustificados» por parte de Irán contra países de la región en represalia.
Al margen de ello, en lo que respecta a los cerca de 30.000 españoles atrapados, el ministro ha garantizado que tanto el Ministerio como las embajadas en los países afectados están trabajando por brindarles toda la asistencia posible. «Tienen que comprender que en estos momentos esa situación en la que se encuentran, especialmente aquellos que están en Irán (…) y en Emiratos, países muy, muy afectados, es exactamente la misma situación en la que se encuentran todos los ciudadanos de todos los países del mundo, porque los espacios aéreos están cerrados y por lo tanto es imposible para cualquier avión comercial o de otro tipo entrar o salir de esos países», ha apuntado.
«Yo personalmente estoy al frente de todo ese grupo de embajadores para que los españoles reciban la mejor atención y que puedan regresar a España, aquellos que lo deseen, tan pronto como sea posible, porque en estos momentos no es posible ni para ellos ni para los ciudadanos de ningún país del mundo», ha asegurado el titular de Exteriores.
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El tercer caucus de las derechas se presenta como una calcomanía de los comicios extremeños y aragoneses. El Partido Popular de Castilla y León augura una victoria descontada del presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, tras dos legislaturas consecutivas en el poder. Sin embargo, la encuesta preelectoral del CIS ―8.039 entrevistas―, sembró la certeza de que PP y Vox compiten por el mismo electorado en una tierra en la que la ultraderecha ya goza de su proyección máxima.
El primer gobierno de coalición del PP y Vox vino de la mano de Mañueco en 2022: una vicepresidencia disfuncional y tres conserjerías temporales frente a las siete que ostentaron los azules durante el mandato hasta que Bambú 12 ordenó la salida de los gobiernos autonómicos a sus lugartenientes en Castilla y León, Extremadura, Aragón, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Tras el suflé de la ultraderecha en Extremadura y Aragón, las tabulaciones cruzadas —qué dice cada votante según su ideología, su recuerdo de voto, su segunda opción— muestran que la derecha castellanoleonesa funciona como un sistema de vasos comunicantes.
Atrévete.
Cambia parálisis por impulso. Cambia olvido por oportunidades. Cambia resignación por esperanza.
El cruce entre la intención de voto y la autoubicación ideológica es el hallazgo más significativo del sondeo. Entre quienes se colocan en el punto 6 de la escala —el núcleo del centroderecha moderado, que agrupa al 8,5% del electorado—, el PP supera a Vox por 33 puntos. Sin embargo, esa diferencia se reduce a medida que se avanza hacia posiciones más derechistas: en el nivel 7, donde se sitúa otro 8,4% del censo, la brecha cae a 31 puntos; y en el 8, a 21.
No se trata de electorados aislados, sino de un mismo espacio político en el que la ventaja del PP se va desgastando conforme el votante se percibe más escorado a la derecha. Es, además, en los tramos 5 a 7 —los más numerosos dentro del centroderecha y con mayor proporción de indecisos— donde la campaña tiene más margen para influir.
La segunda preferencia de voto refuerza la misma tendencia: entre quienes apoyaron al PP en 2022 y ahora manifiestan intención de votar a alguna formación, un 32,5% señala a Vox como su alternativa. En sentido contrario, el 34,7% de los antiguos votantes de Vox mencionan al PP como opción secundaria. Ninguna otra pareja de partidos muestra un grado de intercambio tan elevado.
Conviene recordar que en 2022 Vox obtuvo un 17,6% y 13 escaños. No es un partido testimonial: es la tercera fuerza con representación sustancial. La estimación del CIS le asigna ahora un 16,1%, por debajo de aquel resultado. La fragmentación de la derecha no es una hipótesis; es el punto de partida.
El PP de Mañueco y Feijóo no solo no cuida los montes y no pone medios para los bomberos.
Hoy votan en contra de los afectados por los incendios.
Los movimientos de voto de entonces confirman la misma dinámica. Un 11,3% de quienes respaldaron al PP en las autonómicas de hace cuatro años aseguran ahora que optarán por Vox, lo que evidencia una fuga ya activa. Además, otro 9,1% de antiguos votantes populares permanece indeciso, un segmento que la campaña todavía puede inclinar hacia uno u otro lado.
Sin duda, la pureza de los datos dibuja una realidad inapelable: la ultraderecha no puede aspirar a más. Si la campaña impulsa a Vox, lo hará en detrimento del PP.
En las nueve provincias de Castilla y León —donde se reparten entre 5 y 11 escaños—, cuando dos partidos del mismo bloque compiten con porcentajes similares, tienden a restarse representación en el reparto, mientras que la formación del bloque contrario con el voto más concentrado sale favorecida. Un PP sólido con un Vox contenido suma más escaños para la derecha que un PP debilitado acompañado de un Vox al alza.
El votante moderado del PP se enfrenta a un dilema: votar sabiendo que su papeleta puede acabar sosteniendo una coalición con Vox, o quedarse en casa. Un 36,8% de los encuestados califica como mala o muy mala la gestión del Gobierno autonómico, y un 37,5% considera que la situación ha ido a peor.
No acepto una Castilla y León en el vagón de cola. No acepto que seamos moneda de cambio. No acepto la resignación. No acepto un presidente vago y soberbio.
No se trata, por tanto, de un electorado especialmente motivado. Si durante la campaña las encuestas sitúan a Vox en ascenso, el votante moderado del PP puede verse ante una disyuntiva: acudir a las urnas asumiendo que su voto podría respaldar una coalición con Vox o, por el contrario, optar por la abstención. La percepción de que el PP ganará “de todos modos” refuerza esta última tentación.
En el espectro de la izquierda, el 11,1% de los electores señala como principal motivo de su voto “evitar que gobiernen partidos de derechas”. Si se añade la segunda razón mencionada, el porcentaje asciende al 18,8%. Es decir, casi uno de cada cinco votantes actúa movido por una lógica de voto defensivo que un repunte de Vox activa de forma inmediata. Y el único partido en condiciones de absorber ese voto útil es el PSOE.
El efecto es más decisivo allí donde PP y PSOE parten más igualados y Vox tiene masa crítica. Valladolid es la circunscripción decisiva: 16 escaños y la contienda más ajustada. Un trasvase de dos puntos del PP a Vox tiene aquí más impacto que en cualquier otra provincia. En Burgos, Segovia y Palencia, diferencias de 3-4 puntos pueden anularse con un movimiento modesto. En el resto de provincias, el PP parte con ventajas más amplias o el PSOE ya lidera con claridad.
Mañueco ni da la cara ni se atreve a debatir cara a cara.
No nos sorprende: siempre la negativa a rendir cuentas.
El candidato socialista, Carlos Martínez, acompañado por el presidente del Gobierno, arremetió contra Mañueco por no dar la cara ni atreverse a debatir. “No acepto una Castilla y León en el vagón de cola. No acepto que seamos moneda de cambio. No acepto la resignación. No acepto un presidente vago y soberbio”, dijo Martínez durante el acto inaugural en Burgos.
Por su parte, Pedro Sánchez, arropó a su candidato: “Mañueco o cambio (…) El PP de Mañueco y Feijóo no solo no cuida los montes y no pone medios para los bomberos (…) En una democracia quien no rinde cuenta y huye de los debates no merece la confianza de los ciudadanos. Mañueco se esconde como siempre y Carlos Martínez da la cara”, espetó el secretario general de los socialistas.
En suma, la derecha mantiene una posición mayoritaria en Castilla y León y el factor de la incumbencia favorece al PP. Nada de esto está en cuestión. Sin embargo, los datos del CIS sugieren que el diseño electoral de la comunidad deja margen para la sorpresa, porque ese predominio es más vulnerable de lo que suele darse por hecho. Cada punto que Vox gana a costa del PP no altera la suma global del bloque, pero sí modifica su conversión en escaños. En provincias pequeñas, la fragmentación del voto entre dos fuerzas del mismo espacio termina beneficiando de forma sistemática al principal partido del bloque contrario.
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El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, figuraba desde hace años en la diana de Israel y en el último año se había convertido en un objetivo claro también para los Estados Unidos de Donald Trump, que confiaba en cobrarse una nueva pieza de caza mayor en el convulso tablero geopolítico de Oriente Próximo. Desde el sábado, el nombre de Jameneí está tachado de esta lista.
Trump ya había comenzado a agitar en enero el fantasma de un futuro cambio de régimen, al albor de unas protestas que dejaron decenas de miles de muertos en territorio iraní, pero no ha sido hasta el último día de febrero cuando, con la ayuda de Israel, ha dado el que espera que sea el empujón definitivo para forzar reformas en uno de los países del mundo menos abiertos a ellas.
Los ataques se iniciaron a las 9.45 (hora de Teherán) del sábado 28 de febrero, según el Departamento de Defensa estadounidense. La Operación Furia Épica estaba en marcha y ya desde el principio no parecía limitada a la cuestionada infraestructura nuclear iraní. Tanto Trump como su aliado Benjamin Netanyahu llevaban semanas agitando el fantasma de un futuro cambio de régimen y los bombardeos de sus respectivos países iban ahora dirigidos contra el corazón del poder iraní.
Imágenes de satélite evidencian la destrucción del complejo de Teherán donde Jameneí residía y, según los primeros indicios, ha terminado perdiendo la vida. La principal agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, identificó la ubicación exacta del líder supremo poco antes del inicio del ataque, según fuentes citadas por el diario estadounidense The New York Times.
De hecho, la información de la CIA habría sido clave a la hora de que la Administración Trump decidiese dónde y cuándo atacar, ya que en un principio las autoridades israelíes y estadounidenses habían planeado bombardear la capital iraní durante la noche. La orden final llegó tras una información que anticipaba que Jameneí se reuniría en la mañana del sábado con otros altos cargos del régimen.
Un asesinato en plenas negociaciones
Trump siempre se ha jactado de jugar a varias bandas, con una estrategia de palo y zanahoria que también ha aplicado en otros conflictos como el de Ucrania. En el caso de Irán, en el mismo día era capaz de apostar por ventanas diplomáticas como la que se había abierto en Ginebra con el proceso de negociaciones y de amenazar al régimen de los ayatolás con la destrucción total si no accedía a sus plegarias.
Israel, en cambio, nunca ha ocultado sus alegatos a favor de la mano dura, mientras que otros países de la región lanzaban mensajes de cautela y contención ante el temor al estallido de un conflicto de alcance regional. Arabia Saudí, que llegó a tantear una reconciliación con Israel antes del estallido del conflicto en la Franja de Gaza, pudo haber influido en esta última escalada al advertir a los estadounidenses de que Irán saldría reforzado y más peligroso si no atacaban inmediatamente.
Arabia Saudí e Irán simbolizan los principales polos de poder suní y chií, respectivamente, y han buscado dominar el tablero regional principalmente a través de grupos afines a los que han brindado apoyo político y económico. Un delicado equilibrio en el que Riad ha visto una grieta de la mano de Trump: según fuentes citadas por The Washington Post, el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, ha abogado en varias conversaciones con el inquilino de la Casa Blanca por descabezar el régimen iraní.
Estas conversaciones se habrían sucedido durante el último mes, al mismo tiempo en que Bin Salman intentaba aplacar los temores de Irán asegurando a su presidente, Masoud Pezeshkian, que en ningún caso Arabia Saudí permitiría que su territorio o su espacio aéreo fuese utilizado por Estados Unidos para un hipotético bombardeo sobre territorio iraní. De hecho, parece que la postura saudí fue crucial en enero para disuadir a EE.UU. de acometer un ataque contra Irán al calor de las protestas ciudadanas, al considerar entonces que el golpe podría no ser definitivo para el régimen.
Ni es la primera vez ni será la última
Trump lanzó tras llegar a la Casa Blanca alegatos en favor de la paz, pero no ha dudado en utilizar el resorte militar cuando le ha convenido, bajo el argumento de la necesidad en favor de un bien mayor. En el caso de Irán, ya colaboró con varios ataques localizados en junio de 2025 en la denominada Guerra de los 12 Días, coordinada también con Israel y centrada entonces en objetivos de la industria nuclear.
01.56 min
Transcripción completa
La madrugada del 13 de junio de 2025,
200 cazas israelíes salen rumbo a Irán
El objetivo, destruir instalaciones
nucleares e infraestructura militar,
porque supuestamente Teherán seguía
enriqueciendo uranio.
Miembros del Mossad se habían
adelantado infiltrándose para colocar
bases de lanzamiento de drones y
sabotear las defensas antiaéreas
Entre los 100 objetivos alcanzados, las
dos mayores plantas nucleares del país,
Natanz y Fordó, con instalaciones
subterráneas, además del Centro de
tecnología de Isfahan.
Pero también
hubo daños en barrios residenciales de
Teherán.
En la ofensiva murieron varios
científicos y dirigentes de la Guardia
Revolucionaria.
Para el primer ministro Netanyahu, Irán
amenazaba la supervivencia
de Israel, pero también a Europa y
Estados Unidos
Irán atacó varios días con drones y
misiles balísticos.
La cúpula de hierro israelí fue
efectiva, pero no evitó que al
alguno impactara en núcleos urbanos.
Teherán denunció la muerte de unos 80
civiles en el bombardeo de la prisión
de Bin
Para Amnistía Internacional, un crimen
de guerra
La entrada de Estados Unidos en el
conflicto el 22 de junio fue
determinante.
Los objetivos, los mismos del ataque
israelí, se usaron las llamadas bombas
enterradoras
capaces de penetrar en el subsuelo para
destruir la central de Fordó
El presidente Trump habló de éxito
militar espectacular
Iran respondió con misiles contra bases
estadounidenses en Qatar e Irak.
Washington minimizó daños a
decir que Terán le había avisado, pero
para el ayatolá Khamenei fue una
bofetada a los americanos.
La madrugada del 24 de junio Trump
anunciaba en su red social un alto al
fuego entre Israel
e Irán.
Acababa la guerra de los 12 días.
Del lado israelí murieron a 39 personas
pero de Irán, más de mil.
La guerra de los 12 días de 2025, el antecedente del conflicto entre Israel e Irán
En las últimas semanas, el runrún de un nuevo ataque era ya evidente, tanto por las declaraciones del propio Trump como por los movimientos de equipos militares en toda la región, y pese al simbólico éxito de la muerte de Jameneí y otros altos mandos iraníes, el mandatario estadounidense ha dejado claro que no tiene previsto parar.
«Los bombardeos intensos y precisos seguirán de manera ininterrumpida durante toda la semana o todo el tiempo que sea necesario hasta lograr el objetivo de la paz en todo Oriente Próximo y en el mundo», proclamó Trump en el mismo mensaje en que anunciaba el sábado por la noche la muerte de Jameneí, «una de las personas más malvadas de la historia». Y horas después, insistía: si Irán cumple su amenaza de escalada, se encontrarán «con una fuerza que nunca antes se ha visto».
