EEUU e Israel lanzan un ataque masivo contra Irán y Teherán responde bombardeando bases estadounidenses

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El mayor despliegue naval, aéreo y logístico en Oriente Medio en más de dos décadas  

 «Los Estados Unidos os están apoyando con una fuerza devastadora y abrumadora. Ahora es el momento para tomar el control de vuestro destino y de desatar un futuro glorioso y prospero»  

Mapa de las ciudades en alerta en Israel difundida por el canal de noticias N12.
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Víctimas civiles en ambos frentes

Cruz Roja: la «reacción en cadena» en Oriente Medio puede ser «devastadora» para los civiles

La crisis en Vox se recrudece: Antelo sigue desde Murcia la resistencia de Ortega Smith frente a la purga de Abascal

Tiempos revueltos corren en las filas de la extrema derecha en España. Con la purga capitaneada por su líder, Santiago Abascal, como eje vertebrador, en la última semana las miradas han estado fijadas en el conteo de movimientos que han sacudido a la formación especialmente en el Ayuntamiento de Madrid y en la Región de Murcia. Con Javier Ortega Smith, portavoz de la formación en el consistorio madrileño, como piedra angular, la tensión se ha desplazado hasta la formación en Murcia, donde José Ángel Antelo ha sido el siguiente en caer.

El origen de la actual crisis interna del partido se remonta a la pasada semana cuando Abascal comenzó a mover fichas para terminar con la expulsión de Ortega Smith. Pese a ello, el todavía portavoz de la extrema derecha en Cibeles sigue manteniendo el pulso y este martes acudía al pleno del Ayuntamiento, después de alegar que no existe ninguna petición para someter a votación su continuidad en el cargo ni ninguna normativa que «obligue» a celebrar una votación interna para relevarle. Todo ello se producía, asimismo, de forma paralela a que Abascal suspendiera cautelarmente de militancia a la portavoz adjunta del grupo municipal en la capital, Carla Toscano, y al concejal Ignacio Ansaldo, después de que los dos mostraran abiertamente su respaldo a Ortega Smith.

Antelo, discípulo de la resistencia de Ortega Smith

Con este telón de fondo, la situación parecía replicarse de forma similar este jueves en Murcia. En este caso, quien ejerce el contrapeso en la dirección nacional es José Ángel Antelo, líder de la formación en la región, diputado de la extrema derecha en la Asamblea autonómica y portavoz del grupo parlamentario. Los cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en Murcia anunciaban su dimisión fruto de la “nefasta gestión” que le atribuyen a Antelo y forzando así su salida, aludiendo también “una grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos”. Cabe destacar en este punto que según marcan los estatutos de Vox, si más de la mitad de los miembros de un comité ejecutivo presentan la dimisión, este se disuelve, por lo que, en la teoría, Antelo dejaría de ser el líder de la formación en Murcia. Concretamente los cinco miembros que han dimitido son Lourdes Méndez, vicepresidenta de Vox Murcia; Carmen Menduiña, secretaria; Antonio Martínez Nieto, responsable de Relaciones Institucionales; Antonio Martínez Sánchez, de Intermunicipal; y Aida Peñalver, de Organización Territorial

Sin embargo, es ahora el diputado en la Cámara murciana el que coge el testigo de Ortega Smith y mantiene un nuevo pulso con la dirección nacional del partido. Tras conocerse la salida de los cinco miembros del partido, este viernes Antelo ha descartado su salida voluntaria del partido, remarcando que “no hay que confundir lealtad con sumisión” y asegurando que “sigue siendo portavoz” del grupo. “Es una decisión del partido. Veremos lo que hace”, ha lanzado Antelo, elevando así el tono frente al líder de la formación.

Este miércoles la secretaria general de Vox, Montserrat Lluís, daba el primer aviso a Antelo ofreciéndole que se apartara de la dirección de la formación, conservando su puesto en la portavocía de la Asamblea Regional e, incluso, deslizando la posibilidad de que fuera él el candidato para las próximas elecciones en 2027. “Yo le digo que eso no lo puedo hacer, y me responde que es una instrucción de presidencia y que hay que hacerlo ya”, ha detallado este viernes Antelo en referencia a la conversación mantenido con Lluís. En líneas similares, el diputado por Murcia ha informado que Ignacio Garriga, vicepresidente de la formación, también le instó a dar el paso, asegurando que si lo hacía tendría el apoyo en redes tanto suyo como de Abascal. “Me dice que si yo salgo del partido y digo que ha sido idea mía relevarme en el CEP, que se acaba la historia y que Santiago (Abascal) y él me apoyan en redes. Evidentemente no puedo copiar un texto y enviarlo sabiendo que es falso”, ha esgrimido.

Con todo ello y la disolución del CEP, recae ahora sobre Abascal la decisión de expulsar a Antelo del comité, pero es el grupo parlamentario quien tiene la última palabra en retirarle la portavocía desde la Asamblea. Si todo esto sucediera, el escenario que quedaría sería similar al que se vivió en 2019, cuando se retiró la condición de afiliados a tres de los cuatro diputados que tenía en aquel año el partido en la Asamblea Regional (Juan José Liarte, Mabel Campuzano y Francisco Carrera), después de que estos suprimieran de la titularidad de las cuentas de su grupo a líderes nacionales como Ortega Smith. Su camino en las filas del partido continuó, no obstante, hasta las elecciones de 2023, llegando incluso a ocupar la Consejería de Educación en 2021, en el caso de Campuzano.

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Las claves del conflicto entre Pakistán y Afganistán: de la Línea Durand a la ‘Operación de la Furia Justa’

Afganistán y Pakistán vuelven a la guerra. La escalada de tensiones durante los últimos días entre ambos países ha derivado en una serie de ataques y bombardeos perpetrados en la madrugada de este jueves que, por el momento, se han saldado con cerca de 270 talibanes muertos y han agudizado las tensiones entre la India y Pakistán, sobre la que vierten acusaciones de que “su base de operaciones es el régimen talibán en Afganistán”.

Los bombardeos a la capital afgana, Kabul, de esta pasada madrugada se han producido después de que las fuerzas militares de Afganistán perpetraran una oleada de ataques durante este jueves, motivando la actuación de Islamabad, capital paquistaní, contra Kabul y otras ciudades como Kandahar. Sin embargo, el origen de estos recientes bombardeos se remonta a principios de esta semana cuando las autoridades afganas denunciaron ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bombardeos ejecutados por Pakistán, pese a que los argumentos defendidos por Islamabad fueron que estos ataques se lanzaron contra “campamentos y escondites terroristas” también del grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibanes paquistaníes, y del grupo yihadista del Estado Islámico.

Sin embargo, para comprender esta “guerra abierta”, tal y como han anunciado desde el ministerio de Defensa pakistaní, es necesario remontarse en el tiempo hasta finales del siglo XIX. Pese a que esta última escalada bélica es la más grave entre ambos países desde el retorno de los talibanes al gobierno afgano en 2021, el conflicto histórico se remonta muchos años atrás. La Línea Durand, zona que ha recibido los ataques del Ejército afgano y que se extiende a lo largo de 2.640 kilómetros como línea divisoria entre Pakistán y Afganistán, viene siendo escenario de bombardeos y tiroteos desde 1949. Sin embargo, esta se diseñó en 1893, cuando formaba parte de la India británica. Con el fin de trazar esta especie de frontera, Mortimer Durand, funcionario del Imperio Británico, llegó a un acuerdo en nombre de Londres con el emir afgano Abdur Rahman Khan. Como máxima de ese acuerdo, pactaron no interferir políticamente más allá de la línea entre lo que en aquel año era el Emirato de Afganistán y el Imperio Británico de la India.

Años más tarde, concretamente en 1947 cuando Pakistán se constituyó como nación, heredó el acuerdo fronterizo, pese a que Afganistán durante años ha puesto este en tela de juicio la legitimidad de este acuerdo, alegando que fue impuesto por presión colonial. Precisamente esto ha llevado a que en recurrentes ocasiones Kabul tratara de hacerse con el control de las provincias occidentales de Baluchistán y Khyber Pakhtunkhwa, en Pakistán. Con todo ello, fue en 1949, dos años después de consolidarse como nación, cuando Pakistán bombardeó los campamentos militares del Ejército afgano en zonas fronterizas. Tras ello, en 1950 se produjo una invasión afgana en Pakistán.

Sin embargo, no fue hasta 1979 cuando la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética que se prolongó durante once años, forzó a millones de afganos a desplazarse al interior de Pakistán. Pero tras la retirada de la Unión Soviética, ya en 1996 los talibanes tomaron el poder de la capital afgana para ser derrocados en 2001 por Estados Unidos. Pero ello tampoco frenó al movimiento talibán. En 2004 volvieron a protagonizar multitud de escaladas bélicas en la frontera entre ambos países, situando en 35 los incidentes armados entre 2007 y 2021, año en el que los talibanes tomaron de nuevo el control de Kabul tras la retirada de las tropas de la OTAN.

Los talibanes y los TTP, las dos fuerzas protagonistas

Desde aquel momento, cuando los talibanes volvieron al control del Gobierno afgano, Pakistán ha hecho frente a una escalada de la violencia islamista. Tanto es así, que el gobierno pakistaní ha acusado a los talibanes paquistaníes de formar parte de esa violencia y ha reprochado a Kabul que les diera refugio en su territorio.

Los TTP (The Pakistan Taliban) se erigieron como organización en 2007, concentrando sus fuerzas en el noroeste de Pakistán. En diferentes ocasiones, estos talibanes han luchado con los talibanes afganos contra las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán. Ambos comparten vínculos ideológicos, sociales y lingüísticos y los dos han recibido ataques por parte de Pakistán, como fue el caso del bombardeo a Kabul en octubre de 2025, en lo que era un intento de acabar con los líderes de los TTP. Con la respuesta de Afganistán, desencadenó en el conflicto más trágico entre ambos países durante años.

Con todo ello, según datos arrojados por la CNN, durante el año pasado, más de 1.200 personas, militares y civiles, murieron en ataques. Ahora, el conflicto se recrudece después de que la pasada semana Pakistán bombardeara campamentos de talibanes paquistaníes en Afganistán. Tras ello, en la noche de este jueves los talibanes respondieron atacando bases paquistaníes en algunas zonas de la Línea Durand, ante lo que Pakistán ha lanzado Ghazab Lil Haqq (Operación de la Furia Justa).

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Real Madrid-City, Atlético-Tottenham y Barça-Newcastle en los octavos de final de la Champions League



Octavos de final:

PSG – Chelsea

Galatasaray – Liverpool

Real Madrid – Manchester City

Atalanta – Bayern Múnich

Newcastle – FC Barcelona

Atlético de Madrid – Tottenham

Bodo Glimt – Sporting

Bayer Leverkusen – Arsenal

¡Habrá un triple duelo hispanoinglés en la Champions! El Real Madrid se enfrentará al Manchester City inglésen los octavos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17/18 en el Etihan Stadium. Si todo sigue su curso más lógico a nivel de favoritos y si los blancos van avanzando, al Real Madrid, en la parte del cuadro más dura, se enfrentará en cuartos de final al Bayern, mientras que en semifinales su rival podría ser Liverpool, Chelsea o PSG, por lo que un Clásico solo se podría ver en la final, algo que no ha ocurrido nunca.

El FC Barcelona se enfrentará al Newcastle inglés. El encuentro de ida se disputará en el St. James’ Park y la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Y por último, el Atlético de Madrid se enfrentará al Tottenham inglés. La ida en el Riyadh Air Metropolitano y la vuelta en el estadio del Tottenham.

En unos hipotéticos cuartos de final se las verían el Barça y el Atlético de Madrid.

City-Real Madrid, un clásico de los últimos años

Después de la peor temporada desde la llegada de Pep Guardiola, este Manchester City es otro. El equipo inglés ha invertido unos 500 millones desde el pasado enero para revertir su dinámica y ahora es candidato a todo. Se enfrentará al Real Madrid en plena lucha por el póker de títulos y con una cara muy distinta a la del año pasado.

El triunfo de los ‘Blancos’ el año pasado, apoyado por una dramática victoria en el Etihad y un ‘hat trick’ de Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu sirve de poco esta temporada al Real Madrid, que se medirá a un City prácticamente nuevo.

Pep Guardiola dejó ir en verano a vacas sagradas como Ilkay Gündogan, Kyle Walker, Ederson y Kevin de Bruyne y fichó juventud como Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri y James Trafford, además de un Gianluigi Donnarumma cuyos reflejos convencieron al técnico español para dar salida a un Ederson mejor con los pies, pero menos salvador en momentos importantes. Estas incorporaciones, junto a las de Abdukodir Khusanov, Nico González y Omar Marmoush, renovaron la plantilla, le dotaron de hambre y dieron una profundidad con la que volver a luchar por todo tras un año en blanco.

Además, este invierno, para solucionar la crisis de lesiones en defensa ficharon a Marc Guéhi, uno de los mejores centrales de la categoría, y en ataque Antoine Semenyo, un futbolista que desde el inicio ha dado sus frutos con cinco goles en diez partidos.

Y los ‘Sky Blues’ lo han conseguido. A finales de febrero están a cinco puntos del Arsenal con un partido menos, habiendo reducido la distancia de nueve que tuvieron los ‘Gunners’ hace una semanas, son finalistas de la Copa de la Liga (22 de marzo contra el Arsenal), están en quinta ronda de la FA Cup y se jugarán contra el Real Madrid un puesto en los cuartos de final de la Champions.

Sorteo de los octavos de final de la Champions League


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Felipe Fernández


Felipe Fernández

Minuto
Descripción


  • Así ha quedado configurado el cuadro de la Champions hasta la final:

    1. Atalanta (ITA) – Bayern Múnich (GER)
    2. Bayer Leverkusen (GER) – Arsenal (ING)
    3. Galatasaray (TUR) – Liverpool (ING) 
    4. Atlético de Madrid (ESP) – Tottenham (ING)
    5. PSG (FRA) – Chelsea (ING)
    6. Newcastle (ING) – Barcelona (ESP)
    7. Real Madrid (ESP) – Manchester City (ING)
    8. Bodo Glimt (NOR) – Sporting (POR)

    – Cuartos de final (7/8 y 14/15 de abril):

    1. Ganador 5 – Ganador 3
    2. Ganador 7 – Ganador 1
    3. Ganador 6 – Ganador 4
    4. Ganador 8 – Ganador 2

    – Semifinales (28/29 de abril y 5/6 de mayo):

    1. Ganador 1 – Ganador 2
    2. Ganador 3 – Ganador 4

    – Final, en Budapest (30 de mayo):

    Ganador 1 – Ganador 2

     



  • 12:23

    El Real Madrid ha sido el menos afortunado en este sorteo. Se enfrentará al Manchester City en octavos y al Bayern de Múnich en los hipotéticos cuartos de final.

    El encuentro de ida se disputará el 10/11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17/18 en el Etihan Stadium . 



  • 12:19

    Galatasaray – Liverpool, Atalanta – Bayern Múnich y Leverkusen – Arsenal completan los octavos de final.



  • 12:17

    ¡Tendremos un triple enfrentamiento Liga española versus Premier League!



  • 12:17

    Sabemos ya el rival para el Atlético de Madrid: Tottenham – Atlético de Madrid.



  • 12:16

    El otro enfrentemiento, pues, es el Chelsea – PSG.



  • 12:16

    Turno ahora para el Barça. FC Barcelona – Newcastle.



  • 12:15

    Como consecuencia del emparejamiento del City-Real Madrid, el Bodo Glimt se medirá al Sporting de Portugal.



  • 12:15

    Primer bombazo, nada más empezar. Manchester City – Real Madrid en octavos de final de la Champions League.



  • 12:11

    Se recuerda ahora cómo quedará configurado el cuadro de esta Champions League 2025/2026. Por un lado irá el Arsenal y por el otro, el Bayern de Múnich. Ambos concluyeron en primer y segundo lugar, respectivamente, la primera fase de la competición.



  • 12:07

    Es ahora un viejo conocido como Ivan Rakitic el que sale a escena para el sorteo. «Uno de los grandes fichajes para la UEFA», así lo definen.



  • 12:05

    Sale a escena el secretario general de la UEFA, Giorgio Marchetti. Se hacen de rogar a la hora de sacar las bolas de la suerte.



  • 12:01

    Comienza puntual el show que hoy en día genera un sorteo de estas carácterísticas.



  • 11:55

    Todo listo en la sede de la UEFA para que comience el sorteo.



  • 11:45

    Hola. Buenos días y bienvenidos al sorteo que deparará los emparejamientos de octavos de final de la UEFA Champions League.


Zarzuela fija condiciones al posible regreso de Juan Carlos I: residencia en España, sí; pero también fiscal

La Casa del Rey ha vuelto a pronunciarse este viernes sobre el eventual regreso definitivo de Juan Carlos I a España. El mensaje es claro: el monarca emérito puede volver a residir en el país “cuando quiera”, pero si decide hacerlo y pretende proteger tanto su imagen como la de la institución, debería también recuperar su residencia fiscal en territorio español.

Las fuentes consultadas en Zarzuela subrayan que se trata de una “decisión personal” del propio Juan Carlos I, actualmente establecido en Abu Dabi desde agosto de 2020. Sin embargo, introducen un matiz relevante en el debate público reabierto en los últimos días: la coherencia entre residencia efectiva y residencia fiscal.

El pronunciamiento de la Casa del Rey llega en plena discusión política, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificara como “deseable” el regreso del emérito a España. Sus palabras se produjeron tras la desclasificación de documentos relacionados con el 23F, en los que se confirma que el entonces jefe del Estado no tuvo vinculación con los golpistas.

Desde Zarzuela ya habían dejado claro en la víspera que el retorno definitivo es una cuestión que compete exclusivamente a Juan Carlos I. No obstante, este viernes han querido precisar que, en caso de producirse, debería ir acompañado de un cambio en su situación fiscal.

El emérito trasladó su residencia fiscal a Emiratos Árabes Unidos tras su salida de España en el verano de 2020. Ahora, desde la Casa del Rey consideran que, si regresara para vivir de forma estable, lo adecuado sería que también tributara en España.

“Puede volver cuando quiera”, pero con coherencia fiscal

“El rey emérito puede volver a vivir a España cuando quiera”, insisten las fuentes consultadas. No existe impedimento institucional para ello. Sin embargo, añaden que si quiere “salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución”, entonces “debería recuperar su residencia fiscal en España”.

La precisión no es menor. En los últimos años, la situación económica y fiscal de Juan Carlos I ha estado en el centro del foco mediático y judicial. Aunque regularizó deudas con Hacienda y las investigaciones en España fueron archivadas, su salida del país se interpretó en su momento como una medida para proteger a la institución en un contexto de fuerte desgaste reputacional.

El aislamiento del emérito

Desde su salida de España en agosto de 2020, la figura de Juan Carlos I ha estado marcada por un prolongado período de autoexilio en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), al que se trasladó en medio de la tormenta mediática y judicial derivada de varios escándalos financieros y fiscales que sacudieron su reputación y dejaron en entredicho a la propia monarquía.

La decisión de marcharse se anunció oficialmente en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI, y se presentó como un gesto destinado a “salvaguardar el prestigio de la Corona”, aunque también se interpretó como una forma de alejarse de las investigaciones sobre cuentas en el extranjero y presuntas irregularidades vinculadas a negocios privados.

Durante los años siguientes, Juan Carlos I ha mantenido una presencia intermitente en España: ha regresado en varias ocasiones para participar en regatas náuticas en Galicia o para eventos familiares, pero nunca ha establecido de nuevo una residencia permanente en el país ni ha recuperado formalmente sus lazos fiscales con España.

El paso del tiempo y la archivación de varias causas judiciales, junto con la reciente desclasificación de documentos del 23-F que despejan dudas sobre su papel en aquel intento de golpe de Estado, han reavivado el debate sobre su posible retorno definitivo. A pesar de ello, su estancia en Abu Dabi ha estado rodeada de cierto aislamiento: lejos de la escena pública española, limitado en su vida social cotidiana y sujeto a una privacidad casi total, lo que ha alimentado tanto la nostalgia de su país como la discusión sobre si su exilio ha sido realmente voluntario o impuesto por las circunstancias.

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La desclasificación de los archivos del 23-F abona el terreno para la ‘operación salvar al soldado emérito’

Un día después de la desclasificación de más de un centenar de documentos sobre el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981, la pregunta que toda la población se hace en este punto es clara: ¿Volverá el rey emérito a España? Ante una cuestión de relevante calado histórico y que ahora presenta un escenario de incertidumbre sobre la decisión que podría tomar Juan Carlos I de volver permanentemente o no, la derecha mediática y política ha salido al paso este jueves para pedir su regreso.

Desde Zarzuela, cuando aseguraron que los hechos “fueron conocidos”, apuntaron que fue “a partir de las 18:20 horas, cuando Tejero entró armado” al Congreso de los Diputados y, en el momento en el que el rey tuvo conocimiento de los acontecimientos, comenzaron las llamadas “para conocer la situación”. Entre ellas, el general Alfonso Aramada llegó a pedir acudir a Zarzuela, a lo que el monarca se negó. Posteriormente, más allá de la 01:00 de la madrugada, se puso en contacto con el teniente Milans del Bosch en la que le reafirmó “su rotunda decisión de mantener un orden constitucional dentro de la legalidad vigente”.

El papel monárquico de Juan Carlos I finalizó con su abdicación en su hijo, Felipe VI, en junio de 2014, pero su figura representativa de la Corona de España se fracturó aún más en su marcha del país en agosto de 2020, motivado por los escándalos íntimos de su vida amorosa y de corrupción con investigaciones en la Fiscalía de Suiza por las cuentas a su nombre en empresas de Panamá y, desde la Justicia española, otro paraíso fiscal en Nueva Jersey.

Así las cosas, y debido a que buena parte de los papeles desvinculan la implicación de Juan Carlos I en el golpe, el escenario político se ha volcado en valoraciones sobre si debería regresar o no a nuestro país. La defensa más férrea sobre esta premisa ha venido de la mano de la derecha mediática y política.

Por un lado, los medios afines a la derecha política han publicado este jueves portadas y titulares señalando que Juan Carlos I “paró” el intento de golpe de Estado. Ejemplo de ello, la edición de ABC: “El rey paró el golpe: ‘Ni abdicaré, ni me iré de España’”; a la que acompaña en la misma dirección la portada de El Mundo: “Sin novedad en el 23-F: el rey paró el golpe” y, en este mismo periódico, se suma la publicación de artículos de opinión como el titulado «23-F: no hubo doblez en la Corona«. 

Génova cierra filas con un posible regreso del emérito

Desde el ámbito plenamente político, el líder de Génova, Alberto Núñez Feijóo, ha sido uno de los primeros en salir al paso para señalar que sería “deseable” que el emérito volviese a España en aras de “reconciliar a los españoles con quién paró el golpe de Estado”. Bajo estos mismos términos, el presidente del Partido Popular ha indicado que el monarca “ha reconocido errores innegables en su trayectoria”, considerando que “quien contribuyó a sostener” la democracia “en un momento clave debería pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.

 

En la misma dirección se han pronunciado barones de Génova, como bien ha secundado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Lo que ha dicho el señor Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles”, ha subrayado en declaraciones a la prensa.

Al tiempo, se ha sumado el principal mandatario de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien ha apostado porque “debería volver” para “corroborar y confirmar que tuvo un papel destacadísimo en defensa de las libertades y de esa incipiente democracia” en España tras el régimen franquista.

El Gobierno deja la decisión en manos del monarca

En voz del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por parte del Gobierno central ha subrayado que nunca han impedido el regreso del emérito, desde que estableció su residencia en Abu Dabi tras su salida de España en agosto de 2020. En este sentido, el ministro ha ahondado en que la decisión última “depende exclusivamente” del propio monarca y de la Casa Real, no en el papel del Ejecutivo o de la oposición.

Al tiempo, Bolaños ha reprochado las palabras de Feijóo por haber defendido en la víspera de la desclasificación de los documentos del 23-F que ésta era una maniobra de “cortina de humo” del Ejecutivo de Pedro Sánchez; una postura que choca con las declaraciones de este jueves al señalar que estos papeles “son útiles”.

A la izquierda del PSOE, otras voces del espectro político también se han pronunciado sobre este hipotético regreso, pero no a favor de ello. Ejemplo de esta división de opiniones, la esgrimida por el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, quien se ha mostrado rotundo en su negativa: «Los delincuentes, mejor fuera que dentro». Por su parte, el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha denunciado una «clarísima operación de blanqueo» de Juan Carlos I con la desclasificación de los documentos del 23F.

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El PP valenciano expedientará a Mazón si le imputan pero no contemplan pedirle el acta de diputado

La exposición razonada de la magistrada instructora de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, en la que le pide al TSJCV que impute al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al ver “indicios de una absoluta negligencia” en su actuación en día de la tragedia ha vuelto a levantar polvareda con respecto a qué va a hacer el Partido Popular con él, pues sigue con su acta de diputado. Según ha podido saber este medio de fuentes populares “el partido no hará nada hasta que se pronuncie el tribunal. De momento, la situación procesal de Mazón es la misma ahora que el lunes antes de salir la exposición razonada”.

Con respecto a qué harán si finalmente el Alto Tribunal valenciano imputa al expresidente, las mismas fuentes han explicado que, “en ese caso se le abrirá un expediente”, en referencia a los propios estatutos del partido del Charrán. El problema radica en que, pase lo que pase, no está sobre la mesa el hecho de pedirle que renuncie al acta de diputado.

Las posibilidades judiciales

El mayor escollo para el PP sería que dentro de los tres escenarios judiciales que se abren: imputación, archivo o devolución del procedimiento hasta que la juez termine la instrucción judicial, sucediera el tercero. Y es que si el TSJCV ve indicios, pero no lo suficientemente reforzados, políticamente Mazón estaría en un limbo político, pues se sabría que el Alto Tribunal valenciano ve indicios de criminalidad, pero no lo suficientemente reforzados todavía como para abrir una investigación penal que implique la imputación.

Así, el PP tendría un serio problema para mantenerse de perfil con respecto al expresidente. De hecho, además del conservadurismo de los magistrados del TSJCV, la necesidad de indicios reforzados para imputar es uno de los motivos principales por los que Carlos Mazón se aferra a su acta de diputado como si le fuera la vida en ello. La vida no, pero la libertad sí que le va en ello.

La petición de la jueza

Esta calma tensa se está viviendo desde que la juez enviara la exposición razonada. Una exposición en el que Nuria Ruiz Tobarra afirma que, en el caso del expresidente, “concurriría negligencia que ha de reputarse grave, por la permanencia, falta de atención en el tiempo, por el cargo que ocupaba”.

La magistrada explica que «la DANA no fue un fenómeno meteorológico imprevisto, fue anunciado con días de antelación, y su momento álgido, el día 29 de octubre de 2024, el día en que se perdieron la práctica totalidad de las 230 vidas, algunas fallecerían durante los días posteriores, fue previsto igualmente».

Y con respecto a la petición de imputación de Mazón, asevera que «la investigación de la negligencia en la gestión de la dana, con el resultado mortal y lesivo objeto de las presentes diligencias, no se puede circunscribir exclusivamente a los dos investigados, a Salomé Pradas Ten, consellera de Justicia e Interior, ni a Emilio Argüeso Torres, secretario autonómico de Emergencias, quienes ocupaban dichos cargos el 29 de octubre de 2024, sino que ha de extenderse de manera inevitable, por la evidente conexidad, a la vista de los indicios, pruebas, competencia y regulación normativa en materia de protección civil, así como a la inactividad negligente de quien fuera president de la Generalitat y actualmente sigue ostentando la condición de diputado de las Corts y en consecuencia aforado: Carlos Mazón Guixot».

Y añade: «la posición de garante del president, se produce en una alternancia fundamentalmente de actuaciones omisivas, aunque algunas de carácter positivo. La negligencia se prolongó durante largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable, sin que se tomaran decisiones básicas, con una falta de coordinación en la Administración Autonómica presidida por el señor Mazón, lo que exige que la investigación se extienda a dicho aforado»

La magistrada es muy dura cuando afirma, en referencia a la comida de casi cinco horas en El Ventorro de Mazón, que: “En realidad, desde el punto de vista de la Presidencia de la Generalitat de facto la emergencia se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado en el restaurante”.

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Sánchez niega los «bulos» sobre su salud: «La máquina del fango funciona siempre igual»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido públicamente a informaciones difundidas por distintos medios vinculados al ámbito conservador que apuntaban a supuestos problemas de salud, concretamente de carácter cardiovascular.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el jefe del Ejecutivo negó de forma tajante padecer ninguna dolencia de este tipo y añadió que, en cualquier caso, no supondría impedimento alguno. “No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan”, señaló, en alusión a la derecha.

La cuestión se trasladó posteriormente a la sesión de control en el Congreso de los Diputados. La parlamentaria del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo planteó una pregunta al respecto al considerar que el estado de salud del presidente “no es un asunto privado”. Según expuso, desde hace más de un año circulan especulaciones sobre esta materia. Durante su intervención, solicitó la desclasificación del supuesto historial médico del jefe del Ejecutivo y preguntó expresamente si existía algún problema de salud.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, respondió a la diputada acusándola de incurrir en “bajeza moral” por llevar este asunto al debate parlamentario.

«La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud (…) Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato», espetó Sánchez en redes sociales.

Fuentes del Gobierno ya habían desmentido esa información tras ser publicada. Hoy ha sido el propio Sánchez el que ha respondido a esta «mentira«, que atribuye a «la maquina de fango«: «Funciona siempre igual, lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública«, ha escrito

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El hijo de Tejero aseguró el 23-F que Armada y el rey apoyaron el golpe y se echaron atrás: «No puede creer que lo han dejado en la estacada»

De entre el conjunto de toda la documentación desclasificada por el Gobierno central sobre el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, entre las trascripciones de llamadas se encuentra una conversación de uno de los hijos del general Antonio Tejero con una persona de confianza aquella noche, en la que desgranaron que figuras clave en el intento golpista, desde altos cargos militares hasta el jefe del Estado, estuvieron «detrás» pero que, en el último momento, «se rajaron» y dejaron solo a Tejero. 

“Mi madre va a hablar con mi padre, porque a mi padre le han dejado atrás entero”, comenzaba desgranando y, en este punto, señaló a distintas entidades policiales e incluso reales. “Solamente lo ha apoyado (Jaime) Milans del Bosch -teniente general del Ejército de Tierra- y, al ver que no apoyaba nadie más, ni (Alfonso) Armada -segundo jefe del Estado Mayor del Ejército-, ni el rey, ni nada, estaba todo el mundo detrás, a ver…”.

En este sentido, continuó explicando a su interlocutor que Milans del Bosch lo “dejó” y que su madre, la esposa de Tejero, iba a acercarse hasta el Congreso de los Diputados “a ver si puede pasarle una cinta”: “Mi padre no se cree… no puede creerse que lo han dejado en la estacada… y voy a ir con ella a ver”.

Al tiempo, el hijo del protagonista del golpe del 23F continuó en esta conversación asegurando que su padre “se arriesgaba durante dos horas en el Hemiciclo con doscientos guardias” y que, después se “levantó” el Ejército, primero Milans del Bosch y luego “se rajaron todos los demás Capitanes Generales, pero tenía detrás a Milans del Bosch, a Armada, al rey y al del Goloso, como se llame, y todavía lo han dejado en la estacada. Hoy le han ofrecido un avión con una salida honrosa para él y su familia…”.

Preguntado por quién había sido, el hijo de Tejero dijo no saberlo: “Todavía no se puede creer que lo han dejao, por eso va mi madre a hablar con él”, reiteró por teléfono. 

Las conversaciones de la esposa de Tejero

En el mismo documento de ‘Transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas intervenidas a la esposa de Tejero’, disponible en la web oficial de La Moncloa, se recoge otra conversación de Carmen Díez Pereira, mujer del exguardia civil, en la que se recoge que el Subsecretario de la Gobernación dijo que “ellos lo que ven muy difícil” era su acceso dentro.

 “Es lo que queremos todos, que lo sepa incluso Manolo Ballesteros (de la Comisaría General de Información) y yo te podíamos acompañar, pero las cosas tienen que ir por su camino. Lo primero es que tienes que grabar la cinta”, señaló su interlocutor según lo trasladado por el Subsecretario de Gobernación. “Necesito hablar con él. (…) Es que lo necesito, es que necesita saber que está solo, que no se lo cree”, continúa la esposa de Tejero.

Este cargo le pide a Carmen Díez que “no coja el teléfono” y se quede “quieta” a esperar noticias, pero la mujer le trasladó su desasosiego por la situación: “Es que me ha dicho que peligra su vida al momento”.

En otros extractos de las conversaciones recogidas en la desclasificación realizada por el Gobierno central, lamentó en distintas partes que habían dejado “solo” a su marido: “Me lo han dejado ‘tirao’ como una colilla, me lo han ‘dejao’ solo, me lo han ‘engañao’ (…) El tonto desgraciado, lo han ‘dejao’ solo, para no variar”, aseguró.

“Qué ‘desgraciao’, tanto amor a la patria, tanto darlo todo, mira como lo han ‘engañao’. Estaría el Ejército detrás, en la cabeza, y ahora nadie ha hecho nada. (…) Le han ‘dejao’ como una colilla. Por dios, si es indigno. (…) Encima lo tachan de loco y de bandolero”, prosiguió según los documentos recopilados.

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Muere Antonio Tejero a los 93 años, autor del golpe de Estado del 23-F

Muere Antonio Tejero a los 93 años, autor del golpe de Estado del 23-F

El autor del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero, ha fallecido este miércoles a los 93 años de edad en su domicilio en Valencia, según ha confirmado la abogada de la familia. 

El teniente general de la Guardia Civil ha fallecido dos días después de cumplirse 45 años del intento de golpe de Estado y el mismo día que el Gobierno central ha desclasificado más de cien documentos de aquel día histórico.

“Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias”, reza el comunicado trasladado por la familia tras la muerte del exguardia civil.

Tejero fue visto por última vez en público en noviembre de 2019, cuando acudió personalmente al cementerio de El Pardo-Mingorrubio de la capital para asistir a la inhumación del dictador Francisco Franco tras su exhumación en el Valle de los Caídos.

‘Operación Galaxia’ y brazo ejecutor del 23F

Tejero, natural de Alhaurín el Grande (Málaga), ingresó en la Guardia Civil en 1951. Pese a que su reconocimiento público se debe a haber sido el brazo ejecutor del 23F, lo cierto es que, en años previos, fue el artífice de un movimiento de similar calado que tampoco salió adelante. En 1978, Tejero participó en una conspiración militar conocida como la ‘Operación Galaxia’, un plan fallido para impedir la consolidación del Gobierno democrático y el proceso constitucional. Fue condenado a siete meses de prisión por aquel intento, pero lejos de rectificar, el episodio se convirtió en el preludio de algo mucho mayor.

Su interrupción durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como nuevo presidente del Gobierno el 23 de febrero de 1981 marcó un antes y un después en la historia de la Transición Democrática. Pistola en mano, irrumpió en el hemiciclo al grito de “¡Quieto todo el mundo!”, en una imagen que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva del país.

Antonio Tejero en el 23F. RTVE

 

Durante casi 18 horas, mantuvo secuestrados a los diputados y miembros del Gobierno, mientras se desarrollaban movimientos militares en distintas regiones, con especial protagonismo del general Jaime Milans del Bosch, que llegó a sacar tanques a las calles de Valencia.

Finalmente, el golpe fracasó al amanecer del día 24, cuando el rey Juan Carlos I, en un mensaje televisado, reafirmó su apoyo al orden constitucional. Tejero se entregó poco después, marcando el principio del fin de los intentos golpistas en la España democrática.

Tras esta fallida tentativa militar, fue condenado dos años después a 30 años de cárcel por rebelión militar con agravante de reincidencia, una pena que también fue impuesta al teniente general Jaime Milans del Bosch y al general del Ejército Alfonso Armada. Tras varios años entre rejas, en 1996 el brazo ejecutor del 23F fue puesto en libertad. Durante su ingreso en la cárcel, el autor del fracasado golpe de Estado estudió la carrera de Geografía e Historia, escribió sus memorias y aprendió idiomas. 

Posteriormente, también fue protagonista de otros momentos mediáticos de calado. En 2006 escribió una carta al diario Melilla Hoy contra el Estatut de Cataluña. Asimismo, en noviembre de 2012, Tejero denunció a Artur Mas, entonces presidente de la Generalitat de Catalunya, por conspiración e intento de sedición. De forma similar, en 2023 hizo lo mismo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sus negociaciones de investidura con partidos nacionalistas. Ese mismo año, en una entrevista concedida a El Español, Tejero justificó las denuncias: “No veo ninguna reacción social ante las barbaridades que hace ese hombre que se llama Pedro”: “Me gustaría que hubiera un gobierno militar que pusiera las cosas en su sitio”, aunque aseguraba aceptar al “PP como mal menor”, añadió.

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El Gobierno publica los documentos desclasificados del 23-F: más de 150 archivos ya pueden consultarse

Más de cuatro décadas después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el Gobierno ha dado un paso decisivo para arrojar luz sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España. Desde este miércoles ya están disponibles para su consulta más de 150 documentos hasta ahora considerados secretos -se pueden consultar a través de este enlace-, relativos al asalto al Congreso de los Diputados encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado a primera hora el acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza la desclasificación de “cualesquiera asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos relativos al intento de golpe de Estado” del 23-F, al entender que ya no suponen un “riesgo para la seguridad y defensa del Estado”.

La medida ha sido impulsada a propuesta de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; de Defensa; y de Interior. Según el Ejecutivo, los años transcurridos desde aquel 23 de febrero permiten hacer pública esta información “sin generar ningún riesgo real y presente”.

Un episodio aún rodeado de incógnitas

El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles armados irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo. Al frente del asalto se encontraba Tejero, cuya imagen pistola en mano se convirtió en símbolo de la fragilidad de la joven democracia española.

La sentencia del Tribunal Supremo del 22 de abril de 1983 condenó a una treintena de sublevados por un delito de rebelión militar. Aquella resolución contribuyó a fijar un relato oficial según el cual el fracaso del golpe se debió, fundamentalmente, a la actuación decidida del rey Juan Carlos I y a la lealtad mayoritaria del Ejército.

Sin embargo, con el paso de los años han surgido dudas y debates historiográficos sobre los entresijos de la trama, las responsabilidades políticas y militares y el grado de conocimiento previo que pudieron tener distintos actores institucionales. Numerosos historiadores y periodistas que llevan décadas investigando el 23-F han celebrado la desclasificación como una oportunidad para contrastar versiones y profundizar en la verdad de lo sucedido.

Transparencia y memoria democrática

La decisión del Gobierno se enmarca en un contexto de creciente demanda social de transparencia y de revisión crítica del pasado reciente. La apertura de estos archivos podría contribuir a despejar algunas de las incógnitas que aún persisten y a fortalecer la memoria democrática en torno a un episodio que puso en jaque el sistema constitucional.

Con la publicación de los documentos, se abre una nueva etapa en el estudio del 23-F. La incógnita ahora es si el contenido de los archivos confirmará el relato consolidado durante décadas o si, por el contrario, aportará elementos que obliguen a reescribir parte de la historia oficial de aquel día que marcó el rumbo de la democracia española.

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Un Trump arrinconado por la impopularidad defiende sus políticas económicas y carga contra los demócratas y los migrantes en el Congreso

Un Trump arrinconado por la impopularidad defiende sus políticas económicas y carga contra los demócratas y los migrantes en el Congreso

El triunfalismo de Trump: 
«Nuestra nación ha vuelto, más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca»

 Trump: «Hoy, nuestra frontera es segura, nuestro espíritu se ha restaurado. La inflación está cayendo en picado, los ingresos aumentan rápidamente»  

La congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, protesta contra Donald Trump durante el discurso del estado de la Unión.
La congresista demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, protesta contra Donald Trump durante el discurso del estado de la Unión.

 Trump se mete con el Supremo  

«Guerra contra el fraude»  

Yolanda Díaz responde a Julio Iglesias tras su demanda: «Las mujeres ya no nos callamos»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha replicado al cantante Julio Iglesias este martes ante la amenaza de querella por las declaraciones que vertió sobre el presunto caso de agresiones sexuales que pesan contra el artista. En este sentido, la ministra ha señalado que una demanda no hará que deje de señalar a quien cree que vulnere la «integridad» y «los derechos» de las trabajadoras.

De esta forma ha reaccionado Díaz a la demanda que ha interpuesto Iglesias contra ella por acusarle de someter a sus trabajadoras a «abusos sexuales» y de tenerlas en una «situación de esclavitud». El cantante ha advertido de que si la ministra no retira esas afirmaciones, se querellará contra ella.

«Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos«, ha escrito Díaz en un mensaje publicado en su cuenta de Bluesky tras conocer la demanda de Iglesias.

Defiendo a las mujeres trabajadoras ante cualquiera que vulnere su integridad y sus derechos y no voy a dejar de hacerlo. Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos. www.eldiario.es/politica/jul…

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— Yolanda Díaz (@yolandadiaz.bsky.social) 24 de febrero de 2026, 16:48

 

El abogado ‘de las estrellas’ que defiende al conocido cantante, José Antonio Choclán, ha instado este martes a Díaz a «rectificar públicamente» el mensaje que publicó en su cuenta en la red social Bluesky. A su vez, ha reclamado a la vicepresidenta segunda que indemnice a Iglesias «en la cantidad que se establezca en función del grave daño social producido» por su «comportamiento injurioso y calumnioso».

Posible querella contra Díaz

La demanda de Iglesias a la ministra de Trabajo viene justificada, según la defensa del cantante, después de que acusaciones de “abusos sexuales” y de haber tenido a sus empleadas de sus mansiones en el Caribe “en situación de esclavitud”. Sin embargo, ha ahondado en que, en caso de que la dirigente del Gobierno no retire estas afirmaciones, formalizará una querella en su contra.

Debido a la contestación de la vicepresidenta segunda, habrá que esperar si la defensa del cantante actúa según el aviso emitido. En concreto, se refieren a las siguientes palabras: “Escalofriantes testimonios (…) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, esgrimió Díaz entonces el pasado 13 de enero, cuando trascendieron mediáticamente las denuncias de ambas extrabajadoras.

La Fiscalía archivó la denuncia

Cabe recordar en este contexto que, en el plano judicial, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que acudieron las dos extrabajadoras del artista, archivó las diligencias el pasado 23 de enero al alegar “falta de competencia” en la materia.

Fueron dos exempleadas las que rompieron su silencio a través de una investigación periodística para revelar que sufrieron tocamientos no consentidos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo durante sus jornadas laborales en las mansiones del cantante en Bahamas y República Dominicana.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

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La desclasificación del 23-F, una cita con la memoria histórica: «No es ideología, son las reglas básicas de la democracia»

A partir de este miércoles se podrán consultar todos los documentos y archivos vinculados al intento fallido de golpe de Estado después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes su desclasificación. Cuando se cumplen 45 años del 23-F, el Gobierno de España ha acordado levantar el secreto de estos archivos con el objetivo de «saldar una deuda histórica con la ciudadanía» y, pese a que no será hasta este 25 de febrero cuando se conozca el contenido de los documentos, sí se sabe que serán 153 unidades documentales que, durante décadas, “han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por investigadores, historiadores y por la propia ciudadanía”.

A razón de ello, este medio ha podido conversar con Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En su entrevista con este periódico, Silva aborda las asignaturas pendientes en materia de memoria, subraya la necesidad de derogar normativas franquistas y pone de manifiesto que la desclasificación «no influye en la ideología de la gente, influye en el conocimiento». «Quienes quieren que el pasado no se democratice, son los que legitimaron un pasado que no era democrático», defiende el presidente de la Asociación en esta entrevista.

P.: ¿Qué supone para la memoria histórica que durante 45 años hayan estado bajo secreto unos documentos relacionados con el intento del golpe de Estado?

R.: Aquí hay una cultura del Estado muy proclive a ocultar cosas que viene heredada del franquismo. Tenemos en vigor unas leyes de secretos oficiales que firmó Franco en 1968 y que todavía está en vigor. España tampoco tiene una ley de archivos, como tienen otros países europeos. Tiene alguna legislación que afecta a los archivos, pero no tiene una verdadera ley de archivos, y eso es poco democrático porque cuando no tienes regulados ciertos ámbitos que tienen que ver con la transparencia, predomina el criterio político o individual de quien sea el responsable de los archivos, y no juega una legalidad, sino una cosa subjetiva.

El golpe no está demasiado estudiado y triunfó en unas cuantas cosas. En lo que afecta a la asociación a la que yo pertenezco, entre los años 1978-1979-1980 se hicieron bastantes exhumaciones de fosas en España, sobre todo en Navarra y en La Rioja. Eran familias que conocían los sitios donde habían enterrado a sus seres queridos e iban con un pico y una pala y los metían en un cementerio. Ese movimiento empezaba a crecer, a extenderse a otras provincias y se paralizó el 23-F, porque fue un gran susto para mucha gente y ese susto conquistó algunas cosas políticamente. Siempre se dice que el golpe fracasó, pero quizás no era un golpe para establecer una dictadura, sino un golpe para otras cosas. Y quizás algunas las conquistó, como el hecho de que se dejara de buscar desaparecidos de la dictadura en España durante 20 años.

P.: ¿Consideráis que la desclasificación anunciada es suficiente para la reparación de las víctimas del franquismo y para la memoria histórica?

R.: La derogación de la ley de secretos oficiales franquista es importante. Es incomprensible que una democracia haya podido utilizar una ley que afecta directamente a los poderes del Estado y a su transparencia. No sabemos cuántas cosas esconde el Estado precisamente porque nunca ha habido transparencia. Gran parte del problema es esta cultura de la falta de transparencia. De hecho, de los años 1976 a 1979, el gobierno de España estuvo tres años quemando toneladas de documentos. Aquí ha habido una gran tradición de destruir documentos. Aznar, cuando salió del gobierno y estaba en funciones, contrató una empresa para que borrase los archivos de Moncloa y cada presidente español del Gobierno se ha llevado lo que ha considerado su archivo personal a casa.

Hay toda una cultura de destrucción, de privatización de archivos que son públicos, porque los archivos normalmente los redactan los poderosos y quieren esconder sus crímenes. El verdadero problema es que en 50 años no se ha desarrollado una legislación que ponga un contexto legal y democrático al manejo de esa información. La desclasificación no deja de ser una excepción y lo que debería ser es una regla. Esto no puede funcionar por aniversarios ni por excepciones políticas.

P.: ¿Esta ‘cultura de falta de transparencia’ puede reflejar una deuda con la historia o que todavía quede mucho por hacer en materia de memoria histórica?

R.: Esto debería existir, aunque no hubiera habido antes de este periodo democrático una dictadura con violaciones de derechos humanos. Hemos tardado 50 años en redactar cuatro folios para sustituir la normativa franquista. No tiene un argumento defendible el hecho de que no haya ocurrido antes, porque hacer una nueva ley no quiere decir que de repente el Estado se vuelva de cristal, transparente, pero crea una herramienta democrática que tiene que mejorar la transparencia de la herramienta de la dictadura.

Claro que hay una deuda. Aquí se han destruido y escondido muchísimas informaciones que afectan a las víctimas de la dictadura. Las leyes de protección de datos no son entes neutrales. Están hechos para, a veces, proteger a ciertas élites. Entonces, igual nuestra Ley de Protección de Datos es muy restrictiva. ¿Cómo es posible que yo desde mi ordenador pueda consultar los nombres de todas las víctimas de ETA, que dejó de asesinar en el año 2011, y no pueda saber quiénes fueron las víctimas de los bombardeos sobre Madrid del 36 al 39? Eso no se debería permitir.

P.: ¿Qué mensaje mandarías a todos aquellos que opinan que desclasificar estos archivos es remover heridas?

R.: Cuando hace 26 años empezamos a buscar desaparecidos de la dictadura decían que queríamos vengarnos, que queríamos ganar una guerra que perdimos, que queríamos dividir a la sociedad española. Estos argumentos funcionan en todo el planeta. Son universales. Son argumentos de quienes defienden a los que se beneficiaron de una dictadura y se siguen beneficiando en democracia de los privilegios que adquirieron de ella y no quieren que se sepa el pasado. 

Desclasificar la información del golpe de Estado no influye en la ideología de la gente, influye en el conocimiento. Esto es un derecho, no es una cuestión de ideología, sino que son las reglas básicas de la democracia. Entonces quienes hoy dicen eso, le quitan importancia, señalan que es una desviación de la atención sobre otras cosas, son los que han organizado toda la ignorancia que hay en el país acerca de ese pasado.

Uno de los objetivos de la asociación es precisamente desorganizar el olvido. Hay gente que quiere que el olvido siga siendo compacto y organizado, está en el argumentario de esa derecha repetirlo. Quienes quieren que el pasado no se democratice, son los que legitimaron un pasado que no era democrático.

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El mapa electoral de Rufián: ¿qué partido a la izquierda del PSOE se presentaría a las generales en cada provincia?

La propuesta de articulación electoral planteada por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, Gabriel Rufián, ha encontrado una acogida favorable en el entorno de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y en buena parte de las formaciones integradas en la coalición Sumar, especialmente en Compromís y Más Madrid. Sin embargo, la iniciativa continúa suscitando un rechazo frontal por parte de la propia Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

La denominada “fórmula Rufián”, concebida inicialmente como un frente amplio de izquierdas que integrara a fuerzas nacionalistas e independentistas, ha ido redefiniéndose hacia un modelo más pragmático: un reparto territorial de provincias en virtud del cual solo concurriría en cada circunscripción la formación con mayores expectativas electorales. El núcleo del debate reside precisamente en la definición de ese criterio de prevalencia.

¿Debe atenderse a los resultados de las elecciones generales de 2023 como referencia objetiva? ¿O primar el arraigo territorial y la fortaleza orgánica en cada comunidad? ¿Cómo ponderar, además, las divergencias habituales entre el comportamiento electoral en comicios generales y autonómicos?

Si se adopta como parámetro cuantificable el resultado de las generales de julio de 2023, el espacio a la izquierda del PSOE quedó liderado en la mayoría de las circunscripciones por Sumar, lo que, en la práctica, le otorgaría prioridad en buena parte del mapa provincial. Este escenario explicaría la receptividad del entorno de Díaz ante la propuesta.

No obstante, el contexto político ha experimentado variaciones sustanciales en los dos últimos años y medio. La candidatura de Sumar en las generales integró a diversas marcas que posteriormente han modificado su posición en el tablero: algunas han roto la alianza —como Podemos— y otras disponen de una implantación territorial más sólida en el ámbito autonómico, como los Comuns en Catalunya, Más Madrid en la Comunidad de Madrid, Compromís en la Comunitat Valenciana o las Mareas en Galicia. La cuestión central pasa entonces por determinar qué referencia debe prevalecer cuando la fuerza relativa varía según el tipo de elección.

El caso de Catalunya ilustra con claridad las tensiones inherentes a esta fórmula. En las generales de 2023, ERC debería haber encabezado la candidatura en Girona, Lleida y Tarragona, mientras que en Barcelona la primacía correspondería a los Comuns, segunda fuerza tras el PSC. Aplicando estrictamente este criterio, el propio Rufián no podría repetir como cabeza de lista por Barcelona, al corresponder la candidatura a los Comuns.

Sin embargo, en las autonómicas de 2024, pese a su retroceso electoral, los republicanos superaron a los Comuns en las cuatro provincias, lo que alteraría el reparto si se priorizan esos resultados.

Una situación igualmente compleja se produciría en Galicia. En las generales, el BNG fue la fuerza alternativa más votada en Lugo y Ourense, mientras que Sumar-En Marea lo fue en A Coruña y Pontevedra. Sin embargo, en las autonómicas posteriores, el BNG no solo se impuso en todas las provincias, sino que llegó a superar al PSOE, mientras las Mareas quedaron fuera del Parlamento gallego. El criterio temporal y el tipo de convocatoria modifican así de forma sustancial el mapa de preferencias.

En la Comunitat Valenciana, la disyuntiva se situaría entre la marca estatal de Sumar y Compromís, fuerza con representación consolidada en Les Corts Valencianes y mayor arraigo autonómico. De acuerdo con la lógica territorial de la propuesta, en el País Vasco y Navarra la candidatura debería recaer exclusivamente en EH Bildu, mientras que formaciones de carácter provincial como Teruel Existe y Soria Ya tendrían prioridad en sus respectivas circunscripciones.

En definitiva, la viabilidad de la “fórmula Rufián” depende de la fijación de un criterio objetivo, estable y consensuado que permita resolver las asimetrías territoriales y temporales del voto en el espacio político a la izquierda del PSOE, un reto que, a la vista de las divergencias internas, dista de estar resuelto.

Provincia a provincia, la izquierda plurinacional habría arrebatado un escaño al PSOE en Barcelona, en Navarra y en Pontevedra. En Girona, el último escaño de Junts habría ido a parar a este nuevo bloque y en Gipuzkoa se lo habría arrebatado a los nacionalistas vascos. 

En su conversación con Emilio Delgado, Gabriel Rufián planteó la constitución de un gran espacio confederal bajo la fórmula de un “grupo interparlamentario coordinado común”. Se trata de una hipótesis que ya fue esbozada años atrás por Pablo Iglesias durante su etapa al frente de Podemos. De haberse materializado en la actual legislatura, una alianza de estas características podría haber articulado un bloque conjunto en torno a los 50 escaños dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE, reforzando así su capacidad de negociación tanto frente a los socialistas como ante Junts per Catalunya, que vería relativizado su peso estratégico.

El impacto político de un experimento de esta naturaleza sería especialmente significativo en Catalunya, territorio donde germina la iniciativa. Según ha detallado en fechas recientes el exdirigente republicano Joan Tardà, el planteamiento original consistía en articular una alianza electoral entre Esquerra Republicana de Catalunya, los Comuns y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en las elecciones generales, con la intención de replicar posteriormente esa fórmula en otros territorios.

Desde una perspectiva estrictamente aritmética, esa confluencia habría situado a la izquierda como primera fuerza en Girona y como segunda en el resto de las provincias catalanas, con porcentajes superiores o próximos al 30% del voto en todas ellas.

El rendimiento agregado sería, sobre el papel, aún más contundente en Euskadi —al margen de los posibles efectos movilizadores o desmovilizadores que podría generar una alianza de estas características—. La suma de Sumar y EH Bildu habría situado a ese bloque como primera fuerza en las tres circunscripciones vascas y también en Navarra. En Gipuzkoa, el respaldo conjunto habría rebasado el umbral del 40% de los sufragios, consolidando una posición hegemónica en el territorio.

La explicación combina factores cuantitativos y estratégicos. Desde el punto de vista aritmético, en comunidades como Catalunya o Euskadi la eventual concentración de candidaturas apenas alteraría el reparto en uno o dos escaños, y ni siquiera existe garantía de que esos hipotéticos movimientos se produjeran en detrimento de la derecha. Al tratarse de circunscripciones de gran magnitud —con un número elevado de diputados en juego— el sistema ya permite la obtención de más de un representante dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE, lo que reduce el incentivo estrictamente matemático de una candidatura unitaria.

A ello se suma la dimensión política. El electorado en estos territorios no se ordena únicamente en torno al eje izquierda-derecha, sino también en función de clivajes vinculados a la identidad nacional y al grado de adhesión a planteamientos soberanistas. Esa superposición de ejes introduce riesgos: una lista conjunta podría no interpelar a votantes progresistas que no comparten el ideario independentista o nacionalista de formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya o EH Bildu.

En ese escenario, lejos de maximizar el resultado, la coalición podría provocar desmovilización o incluso alimentar la abstención entre segmentos del electorado que hoy optan por opciones diferenciadas dentro del mismo espacio ideológico.

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La desclasificación de los archivos del 23-F: “Ni bulos ni bolas”, solo preguntas que necesitan respuesta

El Gobierno aprueba este martes la apertura de la documentación reservada sobre el 23 F. La decisión reabre uno de los capítulos más decisivos y controvertidos de la historia reciente de España y puede arrojar luz sobre las incógnitas políticas, militares e institucionales que siguen pendientes desde aquella jornada que puso en jaque a la democracia.

Casi 45 años después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, España continúa conviviendo con una herida histórica que nunca terminó de cerrarse del todo. El asalto al Congreso de los Diputados por parte del teniente coronel Antonio Tejero, la proclamación de un supuesto “gobierno de salvación nacional” impulsado por el general Alfonso Armada y la intervención televisada del rey Juan Carlos I marcaron uno de los episodios más decisivos de la democracia española.

Ahora, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprueba la desclasificación de documentación oficial vinculada al golpe. La decisión abre la puerta a que historiadores, investigadores y periodistas accedan a materiales hasta hoy reservados y puedan reconstruir con mayor precisión lo ocurrido aquella tarde en la que la joven democracia estuvo al borde del colapso. Unas respuestas, unos análisis, unas conclusiones para ofrecer al pueblo parte de su memoria colectiva reciente.

Un país secuestrado

El 23 de febrero de 1981, mientras el Congreso votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo tras la dimisión de Adolfo Suárez, un grupo de guardias civiles irrumpió en el hemiciclo al grito de “¡Quieto todo el mundo!”. Diputados y miembros del Gobierno permanecieron retenidos durante horas bajo la amenaza de las armas.

Pero el golpe no fue solo la imagen televisada de Tejero pistola en mano. Detrás se movía una operación política que aspiraba a instaurar un Ejecutivo de carácter “militar, por supuesto”, en palabras de los propios golpistas, que devolviera a España a una fotografía en blanco y negro, más cercana al franquismo que al pluralismo constitucional.

El llamado plan Armada incluía un gobierno de concentración con nombres procedentes de distintas fuerzas políticas y ámbitos institucionales. La sola enumeración de esa hipotética lista —que mezclaba dirigentes de UCD, PSOE, PCE, Alianza Popular y figuras independientes— sigue suscitando una pregunta central: ¿eran conscientes y conocedores algunos de los elegidos de que sus nombres formaban parte de una arquitectura diseñada bajo coacción militar?

La desclasificación puede aportar luz sobre incógnitas que han atravesado generaciones. ¿Qué quiso decir Suárez cuando, días antes, afirmó en su despedida televisiva que no quería que la democracia fuese “una vez más, un paréntesis en la historia de España”? ¿Hasta dónde llegaban las conexiones de la trama con sectores de la ultraderecha? ¿Quién financiaba la operación? ¿Qué papel desempeñaron determinados actores civiles?

También persisten dudas sobre la dimensión institucional del golpe. ¿Qué alcance tuvo la actuación del entonces monarca en los días previos? ¿Qué significado exacto tuvo el mensaje enviado a Jaime Milans del Bosch en el que señalaba que, tras su intervención, “ya no podía volver atrás”? ¿Por qué en el juicio se limitaron determinadas declaraciones, como las relativas a reuniones mantenidas en La Zarzuela días antes del asalto?

El papel del CESID —antecesor del actual CNI— constituye otro de los grandes interrogantes históricos: ¿tenían sus servicios de información conocimiento previo de los movimientos de Armada? Y, de ser así, ¿qué hicieron con esa información?

Ni bulos, ni bolas, solo la verdad

La decisión del Ejecutivo se produce en un contexto de creciente demanda de transparencia sobre los episodios clave de la Transición. El escritor Javier Cercas, autor de Anatomía de un instante, ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de separar el análisis histórico de los mitos y las simplificaciones. Desclasificar documentos puede contribuir precisamente a eso, a desmontar bulos, confirmar responsabilidades y fijar un relato sustentado en pruebas documentales.

Para una generación que vivió el 23-F con miedo real a una involución autoritaria, el golpe no fue una anécdota más de la historia de un país acostumbrado a los pronunciamientos militares, sino una amenaza tangible. Para quienes nacieron después, es un capítulo decisivo cuya comprensión depende en buena medida de la apertura de archivos.

La democracia española se consolidó tras aquella noche. Pero consolidación no equivale a conocimiento pleno. La transparencia institucional no reescribe la historia sino que la completa.

La desclasificación no es solo un gesto honesto y valiente de un Gobierno, no son “cortinas de humos” como vergonzosamente dice el Partido Popular; es una oportunidad para responder, con datos y no con suposiciones, a las preguntas que durante décadas han gravitado sobre el 23-F. Porque ninguna democracia madura puede permitirse convivir indefinidamente con zonas de sombra en uno de sus momentos fundacionales.

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El Gobierno desclasifica todos los documentos del 23-F «para saldar una deuda histórica con la ciudadanía»

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes la desclasificación de los documentos relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como 23-F, una decisión que el Ejecutivo enmarca como el cumplimiento de una deuda histórica con la ciudadanía y con la memoria democrática del país.

Según fuentes gubernamentales, la medida se hará efectiva el próximo miércoles 25 mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde ese momento, toda la documentación estará disponible para su consulta pública a través de la página web oficial de La Moncloa, facilitando el acceso a investigadores, periodistas y cualquier persona interesada.

El paso dado por el Gobierno abre la puerta a un mayor conocimiento sobre uno de los episodios más delicados de la historia reciente de España. El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, manteniendo retenidos a los parlamentarios durante horas en un intento de frenar el proceso democrático iniciado tras la muerte de Francisco Franco.

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrecerá mañana todos los detalles en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo. Está previsto que explique el alcance exacto de la desclasificación, el volumen de documentos afectados y los criterios aplicados para su puesta a disposición pública.

Con esta decisión, el Ejecutivo da un paso más en su política de transparencia y memoria democrática, en un momento en que el debate sobre el acceso a archivos oficiales y la revisión crítica del pasado reciente sigue ocupando un lugar central en la agenda pública.

Ente los documentos pendientes de desclasificar se encuentra el sumario completo del juicio que está custodiado en el Tribunal Supremo, que consta de 89 legajos y en el que se incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados; los archivos de los Servicios de Inteligencia, el CNI de la época llamado CESID, con los documentos internos y las transcripciones de las grabaciones de escuchas de la noche del golpe de Estado y que se clasificaron como «alto secreto»; y también están las comunicaciones de Casa Real, Moncloa y los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares.

El Gobierno aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada, que pretende sustituir a la Legislación franquista de secretos oficiales. El proyecto fue remitido al Congreso de los Diputados y se encuentra en tramitación.

En este proyecto se contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados como «alto secreto»; a los 35 años para los clasificados como «secreto»; entre 7 y 9 años para la información «confidencial» y entre 4 y 6 años para la información «restringida». Precisamente hoy se cumplen 45 años del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

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Moncloa desmiente que Pedro Sánchez tenga una dolencia cardiovascular: «Obviamente, no»

El nuevo bulo con el que la derecha mediática quiere atacar al Gobierno es que el presidente Pedro Sánchez sufre problemas de salud. Después de varios meses especulando sobre su estado físico, el medio Libertad Digital ha dado un paso más este lunes, publicando directamente que el líder del Ejecutivo es tratado desde hace meses por una dolencia cardiovascular. El diario cita «fuentes de toda solvencia» y detalla toda la agenda sanitaria de Sánchez, y aseguran que la Secretaría de Estado de Comunicación «no ha desmentido la información».

este medio se ha puesto en contacto con esta misma institución para preguntar si la información es veraz: «Obviamente, no. De hecho lo desmiento», ha sido su respuesta. Moncloa confirma, por tanto, que Libertad Digital ha publicado información falsa sobre Sánchez, de quien dicen que su «dolencia cardiaca» podría causarle «una trombosis o infarto».

El medio aprovecha los rumores que han surgido en torno a Sánchez por «su deterioro físico y su delgadez», que han servido como arma arrojadiza de la derecha y la ultraderecha en las redes sociales. Lo achacan a un «estrés crónico», una condición de la que no aportan ninguna prueba médica, y que atribuyen a «la presión política y el desgaste provocado por el cargo«. En este sentido, y según esas «fuentes de toda solvencia», aseguran que el presidente «padece una dolencia cardiovascular de la que ha estado siendo tratado en secreto en los últimos meses en el Hospital Ramón y Cajal», el centro sanitario madrileño de referencia para La Moncloa.

Aseguran que a Sánchez «se le realizan pruebas diagnósticas para seguimiento de su evolución», en las que incluyen «un TAC helicoidal». También que el médico que más ha atendido al presidente es el jefe del servicio de Cardiología del Ramón y Cajal, José Luis Zamorano. La información «exclusiva» en la noticia de Libertad Digital se queda ahí, ya que el resto es un perfil del doctor Zamorano y especulaciones sobre en qué podría derivar la dolencia: «En posibles eventos cardiovasculares, como una trombosis o un infarto«, añaden.

También aseguran que Sánchez acudía al hospital en secreto y «a horas intempestivas» para evitar ser visto, y que es «un paciente muy hipocondriaco y está obsesionado con su estado de salud«. En esto se basan para lanzar un nuevo ataque contra el presidente basándose en su vida privada, una práctica habitual en la derecha mediática. Libertad Digital no es el primero en aprovechar los rumores que hay en redes sociales sobre la salud de Sánchez para especular.

Los bulos de la derecha sobre la salud de Pedro Sánchez

Este mismo domingo, Vozpópuli ha publicado otro artículo analizando el «desgaste fisiológico» del presidente desde que asumió el cargo en 2018. Aseguran que Sánchez está «más desmejorado» que hace ocho años, algo que también atribuyen a un «estrés crónico». En este caso no contaban con «fuentes de toda solvencia», y se limitaron a consultar a expertos médicos para que dijeran lo que todo el mundo sabe: que el poder desgasta.

Sánchez no es ni el primer ni el último líder que sufre un deterioro físico que hace despertar rumores, pero en su caso esto se suma a la campaña de desprestigio que aprovecha cualquier aspecto de su vida privada. El propio periodista de Vozpópuli menciona a Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande o Felipe González como ejemplos, pero la lista es interminable.

En el caso de Sánchez, se dedican a analizar todas y cada una de sus facciones: «Sus arrugas están más marcadas que antes, especialmente las de la frente y comisuras, asociadas no solo al paso del tiempo sino también al estrés y la presión política», asgura uno de los médicos consultados por el medio. El redactor aprovecha también para especular con la frase «son las cinco y no he comido«, que Sánchez dijo en la rueda de prensa en la que dio explicaciones sobre los casos de corrupción de José Luis Ábalos y Sántos Cerdán en junio.

Fue en esta comparecencia en la que se empezó a especular con el estado físico del líder del Ejecutivo. Las redes sociales se llenaron de comentarios que señalaban que Sánchez estaba llamativamente delgado, y que incluso había tardado tanto en salir a hablar porque le habían estado maquillando para disimularlo. El periodista de Vozpópuli relaciona esa frase con explicaciones médicas lógicas, como que el presidente sufre «alteraciones propias de los hábitos de vida actuales, marcados por el estrés y el paso del tiempo».

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Abascal deja claro que ni sus más cercanos le discuten: ni Ortega Smith, ni Olona, ni Espinosa de los Monteros

El cierre del nucleo de Vox en torno a la figura del líder, Santiago Abascal, se ha consumado esta semana con el cese de uno de los nombres más importantes en la historia del partido ultra. Javier Ortega Smith, que participó en la fundación de Vox y ha sido una de las personas más cercanas a Abascal, fue primero despojado de todos sus cargos en la Ejecutiva nacional, para ser después expulsado definitivamente del partido este miércoles. El cese, amparado por Vox en un «desacato» del hasta entonces portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, consuma una dinámica de limpia de cualquier voz mínimamente discordante con Abascal, que se ha ido cobrando víctimas con el paso de los años.

Ortega Smith es el último de los pesos pesados de Vox en caer. De aquel grupo que encumbró a Santiago Abascal como esperanza de la ultraderecha ya solo queda el propio líder, que ha purgado hasta a sus más cercanos en el ámbito personal. No era un secreto que la relación entre ambos se había roto con el paso de los años. Los tiempos en los que Ortega Smith -según El Confidencial– apadrinó a las hijas de Abascal pasaron a la historia cuando el ahora cesado empezó a criticar ciertas dinámicas de la directiva del partido.

Aquello de que Vox no puede convertirse en «una agencia de colocación de amigos», sus elogios a otros purgados como Macarena Olona o Iván Espinosa de los Monteros, o críticas a la gestión económica del partido. El que fuera vicepresidente y secretario general de los ultras no ha ocultado su disconformidad con las decisiones de Abascal. Otros nombres que abandonaron Vox por el mismo motivo apuntan a este medio que las «tiranteces» entre Ortega Smith y la cúpula de Vox fueron lo que le llevó a ser sustituido por Ignacio Garriga, que ocupa ahora sendos cargos.

«Javier era bastante crítico internamente«, cuentan. Ortega Smith ha ido cayendo en el ostracismo gradualmente en los últimos años, desde que empezó a ir a contracorriente de la cúpula de Vox: «Entiendo que lo fueron apartando de tal forma que llegara un momento que pudieran echarlo si era necesario, o esperando que se marchase él más bien«, explica esta fuente.

Abascal saca pecho: «No temo a nada ni nadie»

El partido de Abascal ha visto llegar esta oportunidad con la negativa de Ortega Smith a ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. La dirección del partido ultraderechista decidió este miércoles apartarle de forma cautelar, al considerar que “desacató» las órdenes que el alto mando aprobó el pasado 12 de febrero. Este jueves, Santiago Abascal valoraba su movimiento como una forma de reafirmar su liderazgo: «No temo a nada ni nadie», dijo el presidente de Vox, que añadió que la cúpula del partido es la que «manda».

Y no es, ni mucho menos, la primera vez que lo deja claro. Ortega Smith solo es el último de una lista de nombres que han ido cayendo en los últimos años por discutir a Abascal. La fuente consultada por este medio sitúa el inicio de la ruptura de relaciones entre ambos en «la época de Macarena Olona«, otra de los pesos pesados purgados por discutir su hegemonía como líder. Olona, que llegó a ser candidata de Vox en Andalucía y secretaria general de su grupo parlamentario en el Congreso, pero abandonó el partido en 2022.

La ruptura de Olona con Vox se fraguó a partir de las elecciones andaluzas de ese año, en las que la mayoría del PP de Juanma Moreno Bonilla impidió al partido ultra ser decisivo para formar Gobierno. Unos días después, Olona se retiró de la vida política por «motivos de salud», y cuando trató de regresar a los meses, ya no se lo permitieron. Fue entonces cuando Olona empezó a renegar de Vox, asegurando que sus posiciones sobre temas como la homosexualidad son «demasiado ultras», y criticando «la autocracia de Abascal».

Olona inició en 2022 la desbandada del núcleo de Vox

El movimiento de Olona, que contó a este medio el que llegó a ser acosada y amenazada en redes sociales por un sector del partido, fue el detonante de la desbandada de miembros del núcleo duro de Vox. Figuras del búnker de Abascal que, por criticar decisiones del partido, terminaban cayendo en desgracia, como les ocurrió a Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio.

Ambos formaban parte del bando más liberal del partido, que inició una guerra de poder con el sector más ultra. En el caso del primero, llegó a ser secretario general de Vox, mano derecha de Abascal, y su portavoz en el Congreso. Espinosa de los Monteros alegó motivos personales para abandonar la política, pero sus choques con el bunker de Abascal, que encabezaba el entonces vicepresidente Jorge Buxadé.

Rocío Monasterio fue la presidenta de Vox en Madrid hasta octubre de 2024, cuando fue cesada, en teoría, porque su mandato había expirado. La realidad es que la dirección del partido llevaba tiempo buscando la manera de apartarla. En las elecciones autonómicas del año anterior, Abascal apenas la apoyó en su campaña, y desde Bambú le impusieron varios nombres en las listas.

A la salida en cascada de miembros del nucleo duro de Abascal en la fundación de Vox hay que sumar las de Carla Toscano, que abandonó su escaño en 2024; Víctor Sánchez del Real, muy próximo a Espinosa de los Monteros y Monasterio y que se fue tras las elecciones de 2023; o José Luis Ruiz Bartolomé, también del entorno de Monasterio y que renunció en enero de 2024.

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Las negociaciones con Vox fracturan al PP: máxima tensión entre Génova y Guardiola

La negociación con Vox ha vuelto a situarse en el centro de las tensiones internas del Partido Popular. Según publica El País, el último foco de conflicto se encuentra en Extremadura, donde las conversaciones para la investidura de María Guardiola han provocado un choque entre la dirección nacional del partido y la organización autonómica. El desencuentro se intensificó tras una entrevista concedida por Guardiola a Okdiario en la que trató de reconducir la relación con Vox. En ella llegó a afirmar que el feminismo en el que cree “es el feminismo que defiende Vox”, unas declaraciones que en Génova no sentaron bien. La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, respondió públicamente con un mensaje que fue interpretado como un apercibimiento: “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa”.

En el PP extremeño, ese toque de atención cayó como una ducha de agua fría, según fuentes citadas por el citado diario. Dirigentes territoriales han reprochado a la cúpula nacional que, más allá de lanzar advertencias, no esté ayudando activamente a reconducir la negociación con el partido de Santiago Abascal.

Investidura en riesgo

La situación en Extremadura es la más delicada de las que afronta el PP. En el partido dan prácticamente por hecho que la primera votación de investidura de Guardiola, prevista para el 3 de marzo, fracasará. Aunque ese primer intento se daba por descontado – en parte por coincidir con la campaña en Castilla y León -, la incógnita es si Vox optará por dejar caer definitivamente a la candidata popular.

El último capítulo en Extremadura ha reabierto viejas heridas entre la dirección nacional y los barones autonómicos. La situación recuerda peligrosamente al escenario de 2023, cuando los acuerdos territoriales con el partido de Santiago Abascal acabaron condicionando la campaña de las elecciones generales. En ese contexto, crece la presión interna para que Alberto Núñez Feijóo intervenga y asuma una negociación nacional con Vox sobre los pactos autonómicos. No solo está en el aire la investidura de María Guardiola, que fue a elecciones el pasado 21 de diciembre, sino también la del aragonés Jorge Azcón, que se examinó el 8 de febrero y tampoco ha presentado avances.

Esta semana, Abascal ha advertido de que “todo es posible”, incluida una repetición electoral, y ha deslizado que el principal escollo es la propia presidenta extremeña. “Si la señora Guardiola no lo acepta, pues igual hay otra persona que lo acepte”, ha rezado el líder de Vox. Sus palabras han alimentado el temor en el PP regional de que Vox utilice a Guardiola como “cabeza de turco”, permitiendo acuerdos en otros territorios mientras bloquea el de Extremadura. Algunos dirigentes han recordado que la relación quedó marcada desde 2023, cuando Guardiola calificó públicamente a Vox de “racista y homófobo”. Aquella rueda de prensa, reconocen en el partido, sigue pesando en las conversaciones actuales. “Le pesa como una losa”, han admitido fuentes territoriales.

Viejas heridas y presión sobre Feijóo

El episodio ha reabierto el debate interno sobre la estrategia del PP en su relación con Vox, evocando lo ocurrido en 2023, cuando los pactos autonómicos condicionaron la campaña de las elecciones generales. Según El País, crece la presión dentro del partido para que el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, asuma personalmente una negociación global con Abascal que permita desbloquear los gobiernos pendientes.

Vox no quiere pactar con el PP, pero tampoco puede ser el responsable de bloquear cuatro Gobiernos autonómicos. Entonces, ¿cuál es el Gobierno que tienen más fácil dejar caer? Extremadura, porque pueden vender que ella es una roja que no quiere pactar«, ha reflexionado un dirigente autonómico. “Ellos no le tienen miedo a una repetición electoral, y Extremadura en unas generales solo les da dos diputados”.

En el PP extremeño han considerado “injustas” las críticas de la dirección nacional. Por ello, han recordado que tanto Guardiola como Azcón adelantaron elecciones con el respaldo de Génova y han sostienido que la responsabilidad del resultado es compartida. “No es culpable de que Vox no quiera pactar. Es una tía que ha sido leal, lo de convocar las elecciones no ha salido bien, pero es una responsabilidad compartida, es innecesario ese recado”, han defendido.

Desde la cúpula nacional, en cambio, han opinado que la negociación se ha expuesto en exceso y que los choques públicos han dificultado el entendimiento. Por ello, han insistido en la necesidad de discreción. En el entorno de Feijóo se impone la idea de que los próximos movimientos deben realizarse lejos del foco mediático. En el partido empieza a abrirse paso la tesis de que, cuando una negociación se encalla, hace falta una intervención de mayor nivel. Algunos dirigentes hablan de la necesidad de un “casco azul” que medie entre las partes. La posibilidad de una llamada directa entre Feijóo y Abascal sobrevuela el escenario político.

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¿Y ahora qué?: dudas y respuestas tras el fallo del Supremo que tumba los aranceles de Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha asestado un duro golpe a la Administración Trump al fallar contra los aranceles aprobados por el Gobierno estadounidense la pasada primavera, con los que el republicano alteró las reglas del comercio mundial. La decisión judicial ha abierto la puerta a reclamaciones millonarias de empresas importadoras que han pagado cerca de 200.000 millones de dólares en estos gravámenes y beneficia a numerosos países que salían originalmente perjudicados por la dureza de los tributos.

Por seis votos a tres, el alto tribunal declaró inconstitucionales los aranceles aprobados el 2 de abril contra numerosos países y productos. Considera inadecuado el uso de la ley de poderes de emergencia de 1977 para imponerlos y subraya que este tipo de medidas comerciales debe pasar por el control del Congreso, un mecanismo que no gusta especialmente al presidente. El fallo tiene gran impacto económico y político, además de lanzar un claro mensaje: limita el poder presidencial en un contexto en el que Trump, ya en su segundo mandato, había intentado ampliarlo. Resulta especialmente significativo por provenir de un tribunal de mayoría conservadora que había respaldado con frecuencia al presidente. La medida, a su vez, refuerza el sistema de «checks and balances» o pesos y contrapesos, y en lo económico, desmantela el sistema de aranceles que Trump utilizó no solo para corregir desequilibrios comerciales, sino como herramienta de presión internacional, premiando o castigando a países según su alineamiento político.

Causas para justificar la anulación

El tribunal concluye que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza la imposición de aranceles. Aunque menciona la facultad de «regular» importaciones, no habla de «aranceles» y fue concebida para situaciones excepcionales, como conflictos bélicos en los que haya que controlar el flujo de compra. El presidente del Supremo, John Roberts, señaló que el Ejecutivo necesita una autorización clara del Congreso para ejercer una facultad de tal alcance.

Cabe destacar, no obstante, que la medida no afecta a todos los aranceles, sino que solamente anula los llamados aranceles recíprocos, aplicados de forma generalizada y calculados incluso teniendo en cuenta factores como el IVA europeo o el desequilibrio comercial, criterios ajenos a los gravámenes estrictamente comerciales. Siguen vigentes los aranceles sectoriales como los del acero, aluminio o automóviles y otros gravámenes específicos impuestos por la Administración Trump. Los aranceles anulados se consideran ilegales, por lo que las empresas ya no deberán pagarlos. No obstante, la Casa Blanca ha activado otra vía legal para imponer un arancel general del 10%, evitando así su desaparición inmediata.

En cuanto a los aranceles ya pagados, la sentencia no aborda expresamente las devoluciones, pero facilita poner en marcha reclamaciones judiciales. Se estima que el Gobierno recaudó unos 200.000 millones de dólares y podría enfrentar devoluciones cercanas a 175.000 millones, según cálculos económicos. Es probable que la cuestión se resuelva en tribunales inferiores. La nueva vía utilizada permite imponer gravámenes durante 150 días, periodo en el que el Congreso debe ratificarlos. Sin embargo, si este no actúa, la Administración podría dejar que caduquen y declarar una nueva emergencia, lo que ha suscitado algunas dudas sobre la separación de poderes. Por su parte, Trump interpretó el fallo como una invitación a buscar alternativas para continuar su política comercial, aunque el tribunal dejó claro que cualquier nueva medida podría volver a ser impugnada.

Los países más beneficiados

Más allá de la incertidumbre, el resultado inmediato es que muchos países amanecen, tras esta medida judicial, con menores aranceles que en 2025. China, que soportaba un 34%, figura entre los principales beneficiados. México y Canadá, gravados con el 25% y el 35%, respectivamente, celebraron el alivio, aunque siguen vigentes los aranceles sectoriales clave. Los productos amparados por el TMEC no estarán sujetos al nuevo 10%.

La Unión Europea, por su parte, ve reducido su arancel del 15% al 10%. También mejoran sus condiciones países como India (25%), Taiwán y Vietnam (20%), Tailandia (19%), Japón y Corea del Sur (15%).

Otros países, como Reino Unido, Australia, Argentina, Ecuador o Colombia, mantendrán el 10% durante al menos 150 días, a la espera de nuevos movimientos en una guerra comercial que sigue reconfigurando el orden global.

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Ortega Smith carga contra Vox y lanza una advertencia: «Tengo muchas informaciones reservadas»

Este pasado miércoles, el exsecretario general de Vox, Javier Ortega Smith, fue expulsado del partido de forma cautelar bajo la justificación de desacatar las órdenes de ceder su portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Y ha sido este viernes cuando el político se ha pronunciado respecto al tema y ha anunciado que peleará dentro de la formación política hasta donde tenga que llegar, incluida la justicia ordinaria.

El militante de Vox cesado ha expresado ante los medios que no entiende cómo algunos “son capaces algunos de llevar esta estrategia de persecución, de intento de silenciamiento, de apartamiento, de expulsión, de cese en estos momentos tan graves para España, gobernada por un tirano y una organización criminal». Al mismo momento ha destacado que el país se encuentra en un momento que «necesita unidad y la fuerza de Vox es más necesaria que nunca».

«Yo no sé si es que algunos han decidido cambiar aquel lema de ‘luchemos codo con codo’ por ‘metamos codazos a todo aquel que nos moleste para ponernos nosotros encima de sus hombros’. Y del lema ‘sólo queda Vox’ parece que han decidido decir ‘sólo quedan ellos'», ha anunciado.

La honorabilidad de Ortega Smith

El portavoz de Vox en estos momentos ha aclarado que tiene «la conciencia muy tranquila» mientras ha argumentado que siempre ha defendido al que considera su partido, a pesar de los acontecimientos recientes, con “honradez, lealtad, patriotismo y coherencia” desde los inicios de la formación. “Yo no he traicionado a nadie, yo no he engañado a nadie, yo no he mentido», ha querido matizar.

De igual forma, Ortega Smith ha lanzado una advertencia a sus compañeros del partido y ha asegurado que no va a tolerar «de ninguna manera esa asquerosa y repugnante guerra sucia que consiste en estar filtrando a los medios de comunicación informaciones, por ejemplo, sobre un acuerdo de votación de unas cuentas de Vox, para luego a través de sus redes soltar el bulo y la mentira» de que el que estaba filtrando era él.

Ortega Smith, defendiendo su persona, ha explicado que desde que empezó a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional en 2014, se ha mantenido leal a su partido y ha clarificado los rumores que han ido circulando durante las últimas horas. “No he filtrado jamás, ni se me ha pasado por la cabeza, una información reservada de las muchas que por cierto conozco”, ha manifestado Ortega aclarando que posee información sobre “las cuentas del partido, las decisiones que se han tomado o las actuaciones que han hecho unos y otros”.

El exsecretario general del partido de Santiago Abascal ha destacado que siempre se ha reservado y siempre ha cumplido con su deber de reserva. “Por tanto, mi honorabilidad, no está en venta”, ha apuntado desligándose de cualquier duda surgida en su entorno.

Además, el político ha comentado que considera que algunas personas están buscando «alguna excusa de las que no tienen» para cesarle de sus cargos y de los órganos del partido.  «Parece que tienen que inventarse algunas mentiras y excusas para intentar justificar sus injustificados ceses y expulsiones», ha apostillado con la intención de justificar su «comportamiento ejemplar».

Pelear hasta el final

Al mismo tiempo, el de Vox ha aprovechado su intervención ante los medios para retratar la situación que está atravesando, asegurando que le afecta tanto a el como ha sus compañeros. Ante esta premisa, Ortega ha anunciado que peleará dentro del partido: «Y por eso, por justicia, voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos. Voy a recurrir lo que tenga que recurrir y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré a la jurisdicción ordinaria«.

Volviendo a sus compañeros, el portavoz ha mostrado su agradecimiento a aquellos que le han respaldado y ha anunciado que es una lucha en la que si cae uno caen todos. “Yo no voy a dejar nunca caer a los compañeros que han luchado a mi lado en el Grupo Municipal de Madrid con lealtad y con firmeza», ha añadido.

En la misma conversación ante los medios, Ortega ha expresado que no comprende cómo quieren cesarle de su partido: «Cómo es posible que habiendo luchado desde el minuto uno o el minuto menos uno, porque empezamos mucho antes para fundar este partido, que siendo secretario general de este partido y habiendo recorrido cada rincón de España cuando no teníamos representación institucional, cuando no teníamos cargos públicos, cuando no teníamos recursos económicos… y te cesan de secretario general fulminantemente a tu equipo y a todo tu equipo sin dar ninguna explicación«.

Al recordar su papel como secretario general ha destacado que en su momento cuando intervenía en el Congreso en varios de sus discursos recibía un gran apoyo, no solo por parte del partido, sino también desde la población.

Concluyendo su aparición, Ortega Smith ha cerrado volviendo al tema de su honorabilidad y ha destacado su idea de que buscan apartarle del partido a base de mentiras. «Mi honorabilidad no está en venta. Y algunos que pierdan toda esperanza de que Ortega va a bajar la cabeza, que Ortega se va a callar ante esa difamación repugnante de estar filtrando. Lo importante es que buscan con eso, tal vez tener alguna causa o alguna excusa de las que no tienen para cesarme de ninguno de los cargos y de los órganos porque parece que tienen que inventarse algunas mentiras y excusas para intentar justificar sus injustificados ceses y expulsiones», ha sentenciado.

 

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Trump anuncia un arancel global del 10% tras el fallo del Supremo de Estados Unidos

Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos haya tumbado buena parte de los aranceles internacionales impuestos por Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca, a modo de réplica, ha anunciado un arancel extra del 10% de carácter «global» a la vez que ha cargado contra los seis magistrados que han unido sus votos para tumbar los gravámenes.

«La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país», ha sostenido durante una comparecencia celebrada en Washington.

A su vez, Trump ha tachado a los jueces que han rubricado el fallo de «desgracia» para Estados Unidos y les ha acusado de plegarse a los «demócratas radicales» y a «intereses extranjeros». Por el contrario, ha felicitado a los tres magistrados que se han alineado con sus postulados. «Están en contra de todo lo que hace que Estados Unidos sea fuerte, saludable y grande de nuevo. Francamente, esos jueces son una desgracia para nuestra nación. Son un ‘no’ en automático, sin importar lo buenas que sean tus ideas», ha señalado.

En el mismo sentido, ha añadido: «No son más que unos estúpidos y unos perritos falderos de los RINOs y de los demócratas radicales de izquierda […] Son muy antipatriotas y desleales hacia nuestra Constitución. En mi opinión, el tribunal se ha dejado influir por intereses extranjeros y por un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría pensar».

El Alto Tribunal se ha pronunciado este viernes en contra de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de la que emanan los gravámenes impuestos a la Comunidad Internacional y, en su conclusión, ha determinado que la normativa “no autoriza al presidente a imponer aranceles”: “No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles”.

Tras conocer el fallo, el máximo mandatario de la Casa Blanca ha comparecido en rueda de prensa esgrimiendo una postura de ataque al Poder Judicial: “Me avergüenzo de los jueces que votaron en contra, son una vergüenza para nuestro país, porque se dejaron influir por intereses extranjeros y no han tenido el coraje de hacer lo correcto”, ha abundado.

El Supremo tumba los aranceles de Trump

Cabe rememorar que los aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 fueron impugnados por una docena de estados del país norteamericano y por empresas estadounidenses que consideraron que se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la IEEPA, legislación que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

Así las cosas, el Tribunal Supremo, con una mayoría conservadora de 6 a 3, escuchó a principios del pasado mes de noviembre los argumentos de la Administración Trump, así como los de un tribunal federal que consideró que el mandatario había invocado indebidamente una ley de emergencia para imponer gravámenes a decenas de socios comerciales el pasado mes de abril.

A su vez, anteriormente en el mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que el máximo mandatario se excedió en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

La resolución del Supremo estadounidense abre ahora la puerta a una compleja y ardua batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.

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Aumenta la actividad en el Teide: ¿es posible una erupción a corto plazo?

Aumenta la actividad en el Teide: ¿es posible una erupción a corto plazo?

Tenerife ha registrado el noveno enjambre sísmico desde 2016 y el tercero en apenas una semana, un repunte que ha reavivado las dudas sobre la posibilidad de una erupción en el entorno del Teide.

Los científicos, sin embargo, llaman a la calma: aún no saben si esta nueva fase de actividad se desactivará en los próximos días o si se prolongará en el tiempo, pero insisten en que no hay indicios de una erupción a corto o medio plazo. Tenerife alberga un complejo sistema volcánico, y precisamente por tratarse de un territorio activo permanece bajo vigilancia constante.

Pero, ¿qué significan estos enjambres? ¿Qué señales indicarían un cambio de escenario? ¿Una erupción en Tenerife sería como en La Palma o El Hierro? A continuación, intentamos responder a las principales preguntas que puede suscitar esta situación.

¿Dónde se ha producido el último enjambre sísmico?

El último enjambre sísmico, que comenzó a las 23:00 del pasado miércoles (hora del archipiélago), mantiene su localización en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, a una profundidad de entre 7 y 8 kilómetros. En esta misma área ya se habían registrado enjambres de características similares en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024, 12-13 de febrero y 16-17 de febrero de 2026.

¿Va a haber una erupción inminente?

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) insiste en que este tipo de episodios de enjambres no aumenta el peligro de erupción a corto plazo en Tenerife. «No han sido sentidos por la población. Son eventos de una magnitud muy pequeña», ha explicado en una entrevista concedida al Canal 24 Horas Itahiza Domínguez, director del Instituto Geográfico de Canarias, que depende del IGN. «Estos eventos que llamamos híbridos están relacionados con movimientos de fluidos, como en otras ocasiones», ha agregado.

«La hipótesis que se baraja es que se está produciendo una inyección de fluido magmático en el sistema hidrotermal de la isla, y que haya movimiento de gas, agua, magma…», apunta a RTVE Noticias Claudia Rodríguez, ambientóloga experta en seguridad y control de riesgos, así como miembro del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN).

«Es cierto que ha habido un aumento de la emisión de dióxido de carbono, y también una leve deformación del terreno, que lo que nos recuerda es que vivimos en un territorio volcánicamente activo, pero ahora las señales no se están asociando con un ascenso del magma hacia la superficie, por lo que no es probable que haya una erupción a corto plazo», tranquiliza.








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Nuevo enjambre sísmico en Tenerife, el
tercero en la última semana.

Ha sido similar a los anteriores

con magnitudes muy bajas y terremotos
que no son sentidos por ahora por la

población este último

enjambre comenzó a las 11 de anoche y
ya son más de 900 sismos híbridos los

registrados en la zona oeste de las
Cañadas…

…del volcán del Teide.

Tenerife es una estructura

volcánica compleja…

…con un sistema central flanqueado
por las dorsales…

…este y oeste de la isla..

y donde se han producido las últimas
erupciones de las que tenemos registro

histórico a excepción de la de Trevejos
también conocida

como la de Garachico o Arenas Negras en
1706 o las narices del Teide en 1798,

asociadas

al propio complejo Teide Pico Viejo la
instrumentalización y monitorización de

tenerife se

remonta a dos décadas.

Eso no significa que no exista
conocimiento previo sobre el vulcanismo

en esta isla

se ha ido recopilando tanto por los
relatos como y más importante por el

estudio de campo del

análisis de las huellas geológicas que
dejan las erupciones coladas y

materiales volcánicos que permiten a

los expertos hacer una composición de
los acontecimientos geológicos

Desde Viera y Clavijo Agustín Cabrera
o trabajos como los de Hartung o Lucas

Fernandez Navarro, que antes de los
sismógrafos trataron de

escudriñar lo que ocurre bajo nuestros
pies.

Pero incluso con esos avances,
sismógrafos, hidrófonos..

GPS y medidores, no se puede detallar
con exactitud cuándo puede ocurrir una

erupción volcánica

pero sí medir las constantes vitales
del sistema y tener vigilados sus

cambios de actividad.

Desde

2016 Tenerife presenta cambios de
actividad 8 enjambres sísmicos en este

tiempo o lo

que es lo mismo, una secuencia de
sismos…

…por lo general de baja frecuencia…

…se registran eventos híbridos..

ruptura de roca y movimiento de fluidos
que se mueven por las cañerías de la

isla y que se localizan sobre todo al
oeste

de las cañadas a una profundidad de
entre 8 y 14 kilómetros una actividad

que nos recuerda que tenerife

es una isla volcánicamente activa que
se vigila y monitoriza constantemente

Nuevo enjambre sísmico en Tenerife: el tercero en una semana

¿Por qué se originan estos pequeños seísmos?

Los pequeños temblores que se están registrando en Tenerife parecen tener su origen en procesos internos habituales en un sistema volcánico activo. Según explican los científicos, muchos de estos movimientos corresponden a los llamados eventos híbridos, un tipo de sismo que combina características de los terremotos «clásicos» —producidos por la fractura de la roca— con señales de baja frecuencia, más vinculadas al movimiento de fluidos.

Lo que ocurre bajo la superficie es una pequeña ruptura en el subsuelo. Esa grieta puede llenarse de fluidos como gas, agua o incluso magma a gran profundidad. Al desplazarse o presurizarse dentro de la roca, estos materiales generan vibraciones que los instrumentos sísmicos detectan como temblores. Se trata, por tanto, de reajustes internos del edificio volcánico.

¿Qué señales serían más preocupantes?

Cuando un volcán despierta, no lo hace de forma súbita. Antes de una erupción, el sistema volcánico suele enviar señales claras, detectables gracias a la vigilancia científica.

Uno de los principales indicadores es la deformación del terreno. A medida que el magma asciende desde zonas profundas hacia niveles más superficiales, ejerce presión sobre las capas de roca que lo contienen. Esa presión provoca una hinchazón del edificio volcánico, imperceptible a simple vista, pero medible con técnicas como el GPS de alta precisión o los satélites radar. Cuando esa deformación se acelera o se concentra en áreas concretas, puede ser señal de que el magma está buscando su camino hacia la superficie.

Otro parámetro clave es la emisión de gases volcánicos. Los volcanes liberan de manera habitual compuestos como dióxido de carbono (CO₂), dióxido de azufre (SO₂) o sulfuro de hidrógeno (H₂S). Sin embargo, un aumento significativo y sostenido en la concentración de estos gases puede indicar que el magma está liberando volátiles a menor profundidad.

La sismicidad sentida por la población es otro síntoma relevante. Los enjambres sísmicos de baja magnitud pueden ser habituales en zonas volcánicas activas, pero cuando los terremotos aumentan en intensidad, frecuencia y se producen a una profundidad cada vez menor —es decir, cuando migran hacia la superficie— el escenario cambia.

«Esperamos ver señales distintas: terremotos de mayor magnitud, movimiento hacia la superficie que no vemos todavía… En este momento, no estamos en una situación similar a la que vivimos en las erupciones recientes de La Palma o la de El Hierro», dice Itahiza Domínguez en este sentido.

«La probabilidad de una erupción a corto y medio plazo se mantiene igual, y por el conocimiento que tenemos, una erupción viene precedida de eventos mucho más energéticos, con terremotos fuertes, que ya activarían el plan —PEVOLCA— y se tomarían las medidas por parte de Protección Civil y del Gobierno de Canarias», agrega.

¿Una erupción en Tenerife sería como en La Palma o El Hierro?

El impacto potencial de una erupción en Tenerife podría ser muy distinto al de otras islas canarias por una razón clave: la población. Tenerife es la isla más poblada del archipiélago, con cerca de un millón de habitantes y una elevada concentración urbana y turística. Esto implica que, ante un escenario eruptivo, el riesgo para personas, viviendas e infraestructuras sería mayor y la gestión de una posible evacuación mucho más compleja. No solo habría que coordinar la salida y el realojo de miles de residentes, sino también de visitantes.






Imagen de archivo del volcán de La Palma, a comienzos de diciembre de 2021. MIGUEL CALERO / EFE

En La Palma en 2021, la erupción afectó principalmente a zonas concretas del valle de Aridane, obligando a evacuar a varios miles de personas, pero en un territorio con mucha menor densidad demográfica. En El Hierro en 2011, el proceso del Tagoro fue submarino, lo que hizo que no tuviese ningún impacto directo sobre núcleos habitados.

En Tenerife, la peligrosidad de la erupción dependería mucho del lugar donde se produjese, pero el factor humano marcaría la diferencia. «Tenerife tiene muchos más habitantes que El Hierro o La Palma, y la coordinación de emergencias y protección civil tiene que ser mucho más fina», asegura la experta en seguridad y control de riesgos Claudia Rodríguez, quien recuerda la importancia de realizar simulacros para saber cómo actuar ante una eventual erupción, como el desarrollado en Garachico en septiembre de 2025, que permitió poner a prueba los protocolos de evacuación y la capacidad de respuesta de los distintos servicios de emergencia.

¿Qué es el PEVOLCA?

El Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, conocido como PEVOLCA, tiene como misión coordinar la respuesta de todas las administraciones públicas para hacer frente a crisis sismovolcánicas.

Su comité científico está coordinado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno canario y lo integran representantes del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), Instituto Geológico y Minero de España (IGME), Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Universidad de La Laguna.

El PEVOLCA establece un semáforo volcánico como sistema de alerta a la población basado en cuatro colores en función del riesgo: verde, amarillo, naranja y rojo. Actualmente, en la isla de Tenerife, este indicador se encuentra en nivel verde, el más bajo.

¿Cuándo fue la última erupción en Tenerife?

La última erupción asociada al sistema volcánico del Teide – Pico Viejo fue la del Chinyero, en el noroeste de la isla, que se produjo en 1909.

Aunque popularmente se habla del Teide como si todas las erupciones de la isla procedieran directamente de su cráter, lo cierto es que forma parte de un enorme sistema volcánico que incluye también a Pico Viejo y numerosas fisuras en sus flancos. La erupción de 1909 no salió del cráter del Teide, sino de una boca abierta en la dorsal noroeste.






La última erupción asociada al sistema volcánico del Teide – Pico Viejo fue la del Chinyero, en 1909. GETTY IMAGES

«Tenerife tiene un sistema central que puede tener erupciones cada 1.000 o 2.000 años, más o menos, y luego gran parte de la isla tiene lo que llamamos un campo monogenético de volcanes, que son volcanes que nacen una vez y ahí ya no vuelve a salir ninguna erupción, que es lo que pasó en La Palma». explica Itahiza Domínguez.

«En Tenerife, las erupciones históricas de los últimos 500 años han sido en las dorsales. Hablamos de las zonas que van desde Las Cañadas hacia Santa Cruz y La Laguna por un lado, y hacia la zona de Teno por el otro lado de la isla«, puntualiza.

Tenerife ha registrado varias erupciones en época documentada. En 1706, la erupción de Trevejo (conocida como la del volcán de Garachico) destruyó el puerto más importante de la isla en aquel momento, alterando profundamente la economía tinerfeña. En 1798, en el flanco de Pico Viejo, se produjo otra erupción muy significativa que dio lugar a lo que actualmente se conoce como Narices del Teide.

Desde 1909 no ha habido nuevos procesos eruptivos, aunque la isla sigue siendo volcánicamente activa y registra periódicamente enjambres sísmicos.

¿Se producirá una nueva erupción en el Teide?

De esto no tienen ninguna duda los vulcanólogos. Desconocen cuándo se producirá, pero saben que es solo cuestión de tiempo.

«El periodo de retorno aproximado en la isla de Tenerife es de 100 años, y ya ha pasado. Estamos hablando de probabilidades, no quiere decir que cada 100 años exactos se produzca una erupción, sino que se coge el registro de erupciones históricas y se hace la media… Pero que va a haber erupción, seguro que va a haber«, expone Claudia Rodríguez, quien también recalca que «la vigilancia volcánica ha mejorado muchísimo, ya que el número de estaciones de vigilancia que tiene la isla es muy grande, y si aumentan las probabilidades de una erupción a corto plazo, vamos a saberlo«.

«La probabilidad de una erupción en 50 años es más de un 35%, o sea que es una probabilidad considerable”, mantiene Itahiza Domínguez. «No nos engañemos, pueden pasar 10 o 50 años, pero tendremos una erupción en Tenerife, eso va a pasar. La cuestión es dónde va a comenzar».

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