Tras las últimas amenazas y sanciones lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Gobierno de Irán, este último ha respondido exigiendo que cesen las advertencias por parte de Washington. «Estamos listos para negociar, pero también para la guerra«, ha señalado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a la vez que ha asegurado que su país está «mejor preparado» que en junio para un posible enfrentamiento.
Estas palabras se produjeron en el marco del encuentro que compartió Araghchi en Estambul junto a su homólogo en Turquía, Hakan Fidan, y el presidente Recep Tayyip Erdogan en un momento en el que la Administración Trump lidera la escalada de tensiones internacionales. Al hilo de la respuesta mostrada por parte del ministro iraní, Fidan mostró su voluntad de defender a Irán frente a la gran potencia mundial. «No apoyamos un ataque contra Irán. No lo aceptamos en junio, y no lo vamos a aceptar ahora. […] No creemos que la solución militar vaya a ser fructífera. Recordemos lo ocurrido en Gaza. Así que mientras tratamos de sanar las heridas del pasado, no inflijamos otras heridas a nuestra región», expresó el ministro turco.
Cabe destacar en este sentido que este viernes Erdogan ha mantenido contacto con el presidente de Irán en aras de proponer una conversación con el magnate estadounidense, con la voluntad de abordar la relación entre Irán y Estados Unidos, así como de dar los primeros pasos de cara a una nueva negociación entre Washington y Teherán. “El éxito de cualquier iniciativa diplomática depende de la buena voluntad de las partes y del abandono de la actitud beligerante y amenazadora (de Washington)”, defendió el presidente de Irán ante Erdogan.
La respuesta a cualquier acción estadounidense, garantizada
Al hilo de todo ello, tras la amenazas de Trump, las fuerzas militares iraníes han asegurado que darán respuesta a cualquier acción por parte de Trump. “Estamos más preparados de lo que estábamos en junio. Entonces respondimos a las fuerzas beligerantes y haremos lo mismo ahora. Si EE UU se involucra directamente, entonces la situación será diferente a hostilidades previas. Y por desgracia, esta vez el conflicto puede extenderse por la región”, defendió Aragchi, replicando lo expresado por el régimen iraní.
Previo a eso, el jefe de la diplomacia de Turquía ya había expresado que las exigencias y amenazas de Washington podían ser «humillantes» y «difíciles de explicar a su liderazgo». Entre estas se encuentran renunciar al programa nuclear iraní y enviar el uranio a un tercer país; poner fin a los misiles balísticos de los que dispone para eviatr que pueda atacar a Israel y eliminar su apoyo a los grupos armados de la región como los hutíes y Hezbolá. Sin embargo, ante estas exigencias, Araghchi adelantó que «los misiles y el programa de defensa de Irán nunca serán un tema a negociar«. “Hay ciertos límites, ciertas instrucciones que lo atan, pero está tratando de hacer lo mejor. En la parte estadounidense también ocurre algo parecido y tenemos que tener en cuenta esto para encontrar un punto medio, un denominador común, de manera que evitemos el peligro para nuestra región”, agregó el ministro turco, en referencia al estado de las relaciones entre Irán y Estados Unidos.
Anteriores advertencias de Irán
Tras la represión de las protestas en Irán durante las últimas semanas, la ONG estadounidense ‘HRANA’ cifró a mitades de enero en 2.571 el número de personas fallecidas. De ellas, 147 estaban afiliadas al Gobierno, 12 eran menores de 18 años y nueve eran civiles que no participaban en las manifestaciones.
Fue el pasado martes 13 de diciembre cuando el presidente estadounidense volvía a alentar a la población iraní a no abandonar las protestas, animándola a “tomar las instituciones”. “Patriotas iraníes, ¡seguid protestando, tomad el control de las instituciones! Tomad nota de los nombres de los asesinos y los represores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con representantes iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino”, escribió el inquilino de la Casa Blanca en su red social Truth.
A raíz de estas declaraciones, las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de alentar la violencia dentro del país y les responsabilizaron también de la muerte de supuestos “agentes terroristas” presuntamente vinculados al extranjero.
Por su parte, el ministro de Defensa iraní y general de brigada, Aziz Nafizardeh, advirtió el pasado 14 de enero de que su país no dudaría en atacar bases estadounidenses en la región ante la posibilidad de una ofensiva militar de Washington contra la nación persa. “Irán atacará bases estadounidenses si es atacado”, afirmó el responsable de Defensa. “Todas las bases de Estados Unidos y las instalaciones militares de otros países de la región que ayuden a EE.UU. en ataques contra suelo iraní serán consideradas objetivos legítimos”, añadió. “La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos”.
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La agudización del cambio climático como consecuencia de las formas de producción inherentes al sistema capitalista, orientado a la maximización de beneficios y la reducción de costes, dibuja un escenario futuro poco optimista. El mercantilismo vuelve a imponerse y la energía y los materiales críticos son el objeto de lucha que está sirviendo de justificación a imperialismos clásicos como el estadounidense. Un escenario terrorífico, sobre todo para las clases trabajadoras.
Pero no definitivo, o al menos no para Alberto Garzón, que propone un abordaje distinto para la crisis ecosocial, sumando las limitaciones biofísicas al análisis económico clásico. Este es trabajo que ha realizado el exministro de Consumo y antiguo líder de Izquierda Unida (IU), ahora investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su nuevo libro La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica, sobre el que ha conversado con este medio.
Pregunta (P): El imperialismo estadounidense en búsqueda de materias primas no es nuevo, pero ¿puede ser que Donald Trump, al desprenderse de la careta, encarne perfectamente la figura que quieres representar en el libro?
Respuesta (R): Trump es la encarnación de una realidad estructural. Muchas veces tendemos a pensar que lo que sucede con EEUU es derivado de la psicología particular de sus líderes y, aunque eso sea parte de la realidad, hay problemas más estructurales. Tiene que ver con que han sido el poder hegemónico desde la II Guerra Mundial, si no antes, e impusieron unas reglas internacionales económicas, como el libre comercio, que favorecían a su economía y sus empresas.
Todo hasta que China abrió sus mercados de una manera distinta, preservando el poder del Estado y permitiendo una industrialización que ha terminado por desafiar su hegemonía. En ese momento, EEUU cambia su estrategia y decide volver al mercantilismo con Trump, pero, ya antes, Obama se había enfocado en intentar frenar a China.
Por lo tanto, hay elementos estructurales que nos ayudan a entender las disputas por la división internacional del trabajo y en la economía mundo, que son por los recursos naturales, la energía y los elementos que necesitan las sociedades contemporáneas para reproducirse en el tiempo. Por esta razón Trump quiere Groenlandia, ha habido un acuerdo de paz en el Congo, con minerales de por medio como el Cobalto, o busca dominar el petróleo de Venezuela.
P: ¿Qué implicaciones y efectos crees que está sufriendo la sociedad en su día a día por la crisis ecosocial?
R: Solemos concentrarnos en el cambio climático porque es la forma más popular y el problema más urgente, pero no es el único. Hay pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y suelo. Hay una serie de fenómenos con impacto ecológico que están causados por el modelo de producción y consumo y todos ellos afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía.
Todo afecta a los ciudadanos, para empezar con un encarecimiento de precios. Estamos asistiendo a las consecuencias de un problema ecológico producido por la forma en la que el ser humano organiza su economía. Los economistas no han pensado en cuestiones de naturaleza o recursos naturales hasta hace poco, conduciendo a políticas que han obviado el impacto económico.
P: ¿Quién está detrás de que no se cambien este tipo de estrategias productivas?
R: La crisis ecológica afecta a todos los seres humanos, pero no por igual. De hecho, hay quien saca provecho. Sabemos que la crisis climática está causada por la combustión de los combustibles fósiles y muchas empresas obtienen grandes ganancias por estos procesos. Evidentemente hay intereses materiales que buscan ralentizar la transición energética porque se benefician del estado actual. Hay política en todo esto.
La lucha por la energía atraviesa a qué quiere ser la Unión Europea (UE), España, cómo vamos a vivir. La UE es profundamente vulnerable porque depende militarmente de EEUU, económicamente de China y energéticamente de Rusia. No somos una región unificada ni autónoma. Dicho de otra manera, esto no es un teme ecologistas, es un tema de todo el mundo.
P: ¿Es esta deriva inherente al capitalismo?
R: Lo inherente al capitalismo es encontrar las fórmulas por las que se maximizan los beneficios y se minimizan los costes. Es obvio que cuando se produjo la globalización neoliberal y las empresas multinacionales occidentales se trasladaban a China lo hacía porque allí la mano de obra era más barata, lo que te permitía consumir productos más baratos en Occidente, pero a costa del sudor y el trabajo en explotación ajeno en otras partes del mundo.
El capitalismo sigue siendo el mismo en muchos otros sentidos. Actualmente te encuentras petroleras estadounidenses que, queriendo hacerse cargo de las inmensas reservas que hay en Venezuela, han recurrido al Estado venezolano, mediante la intimidación y el secuestro de un presidente, sustituyendo un Gobierno chavista por otro. Estos líderes han entendido que vivimos en un mundo de recursos escasos que no tienen intención de compartir y, si hace falta, la fuerza es un recurso válido para ellos.
P: ¿Sería un suicidio para la UE o España asumir posiciones decrecentistas? ¿Se quedarían atrás?
R: Al contrario. Se está disputando el papel de cada uno en la división internacional del trabajo y ahí la Unión Europea tiene que decidir si quiere ser un actor o quiere ser el plato que se van a comer los grandes. Y ahí, para ser un actor, necesita autonomía energética, autonomía económica y autonomía militar. ¿Y cómo se hace eso? Pues, evidentemente, con la política industrial y transición ecológica. Es lo que te permite disponer de herramientas para no depender de terceros. Si haces una transición ecológica lo más rápida posible, con buenas inversiones, vas a poder garantizar que eres autónomo energéticamente y no vas a tener que comprarle el gas natural a Putin. Si tú tienes industria propia no dependes tampoco de lo que te importe China.
Por lo tanto, todos los caminos conducen a la conclusión de que la Unión Europea, si quiere seguir existiendo como actor político en la división internacional del trabajo, primero tiene que ser autónoma, tiene que conseguir una unidad política y tiene que hablar de tú a tú con otras partes del sur global.
Es imposible superar la crisis ecosocial dentro del capitalismo
P: Y la tercera pata que me has comentado a nivel de autonomía, la autonomía militar, estamos hablando de una salida de la OTAN para no depender de Estados Unidos, ¿cuál es el futuro de la Alianza?
R: La salida de la OTAN es parte, pero muy probablemente asistamos tarde o temprano a que es Estados Unidos el que se va de la OTAN. Es decir, que no parece que eso sea la prioridad en la medida en la que la prioridad es la autonomía con un ejército propio de los países europeos. Y eso son palabras mayores, porque eso no es solo el gasto militar del mantenimiento de los soldados, eso es la inversión en política industrial suficiente para poder construir determinado material que ahora mismo le estás comprando a Estados Unidos o a Israel.
P: En el libro haces alusión a la recuperación de ciertas tradiciones socialistas que combatan esta tesitura. ¿A qué tradiciones socialistas te refieres?
R: Uno de los objetivos que siempre me marqué cuando fui dirigente político es cómo podemos actualizar el pensamiento de la izquierda clásica, que siempre ha teorizado el mundo y ha intervenido en él a través de una cosmovisión donde parecía que el único conflicto era el capital-trabajo. Esto nos lleva a tener que actualizar el pensamiento de la izquierda y tener que incorporar la dimensión ecológica. No como un punto más adicional que le ponemos al final para poder mencionarlo, sino como un elemento integral. Necesitamos que la izquierda no solamente se preocupe porque la gente tenga trabajo y salario, sino que además entienda que esa sociedad donde la gente tenga salarios, tenga vivienda, tenga educación, tenga sanidad sea compatible con los límites del planeta.
P: Pero muchas de las soluciones que está poniendo encima de la mesa la socialdemocracia en materia de transición ecológica recaen sobre la clase trabajadora. ¿Es eso justo?
R: Hay muchas fórmulas en las que se puede entender la transición energética sin justicia social. Lo que para mí es un error y además no funcionará. Es obvio que nosotros necesitamos desarrollar una transición energética que entienda que va a haber costes. Y lo que quiero decir es que si tienes que dejar de depender de los combustibles fósiles, las industrias de combustibles fósiles van a desaparecer. Tú tienes que compensar, no me refiero a los propietarios, pero me refiero a los trabajadores que trabajan en el carbón, en el gas natural, en el petróleo e industrias accesorias, como la petroquímica
Al mismo tiempo que tú desarrollas las energías renovables y vas a generar puestos de trabajo ahí, tienes que saber que necesitas minería. Entonces, eso va a colisionar, por ejemplo, con determinados territorios que pueden oponerse y determinadas circunstancias que tienes que gestionar, pero son costes que vas a tener que ir asumiendo como pago por poder realizar la transición energética.
Hay costes y beneficios. La cuestión es cómo gestionas esos costes. Evidentemente, si no los gestionas, te encuentras con las hipocresías descritas. Y es el discurso oficialista que te dice que tienes que usar pajita de cartón, pero tienes al que te lo está anunciando, a la vez, viajando en un avión privado todos los días. Evidentemente, eso no hay por dónde cogerlo.
P: ¿Consideras necesario cambiar el orden a las estructuras de poder? O, dicho de otra manera, ¿es posible superar esta crisis ecosocial dentro del capitalismo?
R: Yo creo que no. De hecho, creo que al final lo que tenemos que entender es que el capitalismo funciona regido por la maximización de ganancia y que no entiende de ninguna otra lógica. Es una fuerza inconsciente. Es una fuerza en la que el dinero se va donde más se rentabilice, donde más se pueda valorizar. Entonces, eso no entiende de ecología, no entiende de límites, no entiende de física, no entiende de nada de todo eso. Es simplemente una lógica muy sencilla y muy destructiva. Nosotros tenemos que cambiar esa fuerza inconsciente por una fuerza consciente.
Es decir, que quien decida qué consumimos, cómo distribuimos, cómo consumimos, no sea esa fuerza inconsciente, sino una fuerza consciente. Una comunidad democrática que decida invertir la lógica y que el capital ya no vaya donde más gana porque ya no es el capitalismo, sino una directriz gestionada por el Estado, democrática, en la que tú decides cómo hacer, acelerar la transición energética y otras muchas dimensiones. De por sí parece muy abstracto, pero es muy sencillo. La lógica que tenemos en sanidad y en educación, que son espacios desmercantilizados, puede operar también en el sector energético y en el sector de la vivienda, por ejemplo.
Hay una parte popular que cae en la trampa de la guerra del de abajo contra el de más abajo
P: Entonces, las democracias liberales y los partidos socioliberales, como el PSOE, o más socialdemócratas, como Podemos, Sumar o Izquierda Unida, tanto como tablero que regula ahora las relaciones políticas, en el primer caso, como actores de este juego, si lo podemos llamar así, ¿están siendo parte del problema? ¿Pueden ser parte de la solución? ¿Hacia dónde es necesario caminar?
R: Yo creo que, como todo en la vida, está sujeto a muchas contradicciones. Somos parte del sistema, todos los que formamos parte en algún momento de la política, pero también como ciudadanos. Al fin y al cabo, para que nosotros tengamos unos salarios reales relativamente altos, en comparación con otras partes del mundo, es porque los precios de los bienes que consumimos son baratos. Entonces, todos formamos parte del sistema en ese sentido. Pero, al mismo tiempo, somos instrumentos, tenemos agencia para cambiar la sociedad, para decidir que podemos organizarlo de una forma diferente la producción y el consumo. Y es ahí donde yo pongo mis expectativas y mis esperanzas.
Creo que, tanto los partidos políticos, movimientos sociales, como cada uno de nosotros individualmente, puede formar parte de esa solución poniendo sus energías y su fuerza en un proyecto que yo llamo ecosocialismo, pero no me voy a pelear por los nombres. Lo importante es que se entienda que es una economía que viva dentro de los límites del planeta y que satisfaga a toda la sociedad con un mínimo claro que le permita vivir dignamente. Igual que sanidad en educación, en vivienda, en alimentación, etc.
P: Es también importante la manera en la que se llega a superar el capitalismo. ¿Sería una transición hacia el ecosocialismo a través de las propias democracias liberales? ¿A través de una ruptura con los parámetros capitalistas de las democracias liberales?
R: Bueno, el problema que tenemos es que las democracias liberales están desapareciendo. Y están desapareciendo por el desgaste que les produce el virus de la extrema derecha. Lo vemos en Estados Unidos. Está pasando en cada sitio donde la extrema derecha llega al gobierno porque la democracia les sobra para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, yo creo que sí que necesitamos defender la democracia, entendida como democracia representativa, le podemos apellidar liberal, porque debe ser un instrumento con el que nosotros podamos construir ese ecosocialismo. Yo no concibo, en mi opinión, soluciones de naturaleza ecoautoritaria, ecofascistas o eco de otro tipo que sean autoritaria.
Creo que tenemos que llevar con nosotros a la mayoría de la población, que es la que se va a ver beneficiada de la reducción de jornada de trabajo, de más tiempo de ocio, de una vida que no esté invertida en producir más y más y más para producir más y más. Sino una vida en la que las novedades, innovaciones tecnológicas, sean incorporadas en un modelo en el que te permite producir lo mismo trabajando menos tiempo. Es invertir completamente la lógica. Y a eso le llamo yo ecosocialismo.
P: ¿Cómo consideras que lo está enfrentando la izquierda española, ese ascenso ultraderechista, con tesis bastante sencillas, pero que calan en la sociedad?
R: Creo que vivimos en un tiempo de mucha frustración social, de mucha ansiedad, ecoansiedad también, en el que la gente no tiene una brújula, no tiene un horizonte ilusionante, no tiene un horizonte tranquilizador. Y eso se ha aprovechado por la extrema derecha para prometer que el estado actual va a revertirse y van a volver a tener, y tiran de nostalgia, idealizada por supuesto, estabilidad y unas situaciones de privilegio que creen que tuvieron en algún tiempo. Y ese discurso nacionalista de extrema derecha cala entre la gente que, bueno, a pesar de que suba el PIB y que los indicadores macroeconómicos sean buenos, ellos no ven en aspectos centrales de su vida una mejora, como es por ejemplo el caso de la vivienda.
Entonces creo que la responsabilidad de frenar a la extrema derecha es de la izquierda, que tiene que hacer sus deberes, y esos deberes en particular tienen que ver con políticas como la de la vivienda, que le afecten a la vida a día cotidiana. Si tú eres un trabajador de izquierdas que ves bien la subida del salario mínimo interprofesional, ves bien las políticas que se hacen desde el gobierno, pero te sigue ocupando el 60% de tu salario pagar el alquiler, si tienes un gobierno de izquierdas que no hace nada para remediar eso, es muy probable que tú te vayas a la abstención. No vas a votar a la extrema derecha porque eres un tipo de izquierdas, pero vas a irte a la abstención.
Y España no se ha vuelto de derechas. En España lo que ocurre es que la gente de izquierdas está desafecta. Está retirándose porque ve que hay cosas que no se solucionan. Y no creo que el miedo a la extrema derecha sea suficiente para recuperar a esa gente. Lo que hace falta es más audacia.
P: Y esta falta de ilusión evidente, mientras empiezan a crecer también alternativas que se reivindican nuevamente como comunistas o socialistas, que en España hacía tiempo que no se veía, ¿puede que esté respondiendo a la fragmentación que se ve en este espacio socialdemócrata que ocupan Sumar, Izquierda Unida, Podemos? ¿Qué cree que está pasando en este espacio del que usted formaba parte hasta hace nada?
R: Pues creo que es el resultado de la derrota de las expectativas. En el año 2016 estábamos todos unidos porque había una expectativa que era gobernar este país siendo la fuerza prioritaria de la izquierda. Cuando no lo conseguimos, vinieron las miserias, por decirlo así, y empezaron la derrota. La división suele ser consecuencia de la derrota, no al revés. Y esa situación de falta de unidad es un regalo a la derecha y a la extrema derecha. Creo que la unidad es una condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria para conseguir que en aquellos lugares donde la ley electoral penaliza la división, fortalecer tu defensa frente a la extrema derecha que está en auge.
Yo espero como ciudadano que haya una unificación de una sola candidatura de izquierdas que le ponga las cosas más difíciles a la extrema derecha. En Extremadura hubo unidad, pero no funcionó porque sigue gobernando la extrema derecha y la derecha. La unidad es necesaria, pero no es suficiente, hacen falta más cosas. Pero cuando no hay unidad la derrota es asegurada, como va a pasar en Aragón o previsiblemente también en Andalucía.
Hay que llegar a la calse trabajadora sin aires de superioridad ni pontificando
P: ¿Son estas expectativas y la posterior decepción lo que ahora hace que la población sea reticente con este espacio a la izquierda del PSOE y acuda al final a formaciones más clásicas?
R: Bueno, hay un poco de todo, nunca hay un único factor. Lo que sí es verdad es que hubo un momento de auge del discurso social entre 2011 y 2017, donde la temática de la agenda política era vivienda, salarios, empleo… Eso favorecía a la izquierda, que tiene siempre una propuesta más atractiva que la derecha para las clases populares. Desde el 2017, la agenda fue marcada principalmente por el tema nacional, el tema de la confrontación entre Cataluña, España, etc. Y eso siempre hace mucho más incómodo el territorio para la izquierda.
Si a eso le sumas que el establishment ha intervenido con una policía patriótica, ha espiado a dirigentes, ha fomentado medios de ultraderecha para difundir bulos, ha utilizado estrategias para destruir a la izquierda y le sumas también los errores propios de la propia izquierda, tienes un cóctel que explica bastante bien por qué al final la gente ha ido renunciando. En la política no vale con tener razón, hay que usar bien los instrumentos que tienes y a veces la historia te pone por delante situaciones que te cambian la agenda política por completo.
P: ¿Y consideras que una vez superado este plano, la clase obrera actualmente se siente el llamado, se siente identificada, se siente apelada por estas formaciones izquierdas que hay ahora mismo?
R: La clase trabajadora nunca ha votado a las formaciones radicales de izquierdas, nunca. Desde que tenemos datos verosímiles, la clase trabajadora es conservadora. La clase trabajadora ha votado al PSOE y otros partidos socialdemócratas porque defendían los intereses de la clase trabajadora, pero no se metían en ideologías. La clase trabajadora suele ser conservadora porque suele tener además niveles educativos más bajos que lo que suele tener la clase profesional (profesores, artistas, médicos, etc.). Las clases medias ilustradas son las que nutren las bases de los partidos radicales de izquierdas desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso pasaba con Izquierda Unida, pasa con Podemos, pasa con Comunes, pero pasa con la France Insoumise, pasa con todos.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la izquierda tiene un problema de diálogo. Hablamos en nombre de la clase trabajadora, pero la clase trabajadora es mucho más conservadora que nosotros. Entonces, ahí hay que ver cómo eres capaz de llegar a la clase trabajadora y que te entienda en el sentido en el que tú, que eres clase trabajadora, pero tienes otra visión, tienes que hablar con los tuyos. Pero no desde aires de superioridad ni pontificando. Cuando no haces esos deberes das más posibilidades a que, cuando vienen mal dadas, hay una parte popular que cae en la trampa de la guerra del de abajo contra el de más abajo.
P: ¿Faltan perfiles obreristas en la izquierda?
R: Hay parte de razón en que los nuevos movimientos de izquierda son muy radicales y, precisamente por eso, están liderados por gente con estudios universitarios. Pero, por ejemplo en IU, hay líderes anteriores sin estudios superiores como Cayo Lara y Gerardo Iglesias y eso no hacía que de repente te votase la clase trabajadora. Es más complejo que eso.
P: ¿Descartas la vuelta a la primera línea política en algún momento?
R: Lo descarto absolutamente. Di muchos años de mi vida, mi energía y mi tiempo, que creo que lo hice bien y contribuí humildemente. Ahora trabajo en otra trinchera. Misma batalla ideológica, pero otra trinchera.
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El recuerdo por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) será la principal cuestión que abarque este jueves el plano político e institucional ante la misa fúnebre que se celebrará en Huelva. El Palacio de los Deportes ‘Carolina Marín’ será epicentro de este velatorio, aunque también, de forma paralela, lo será la Catedral madrileña de Nuestra Señora de La Almudena, donde también se celebrará un acto religioso por los fallecidos.
Con una hora de diferencia, primero tendrá lugar la citada en Huelva a las 18:00 horas de la tarde del jueves, la cual congregará, además de a los reyes Felipe VI y Letizia, a distintas autoridades del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y del Partido Popular.
En contraposición, la que tendrá lugar a las 19:00 horas en la catedral madrileña, estará encabezada por la mandataria autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y otras autoridades de la región, pero sin presencia de cargos estatales. La eucaristía en la catedral será oficiada por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y concelebrada por los obispos de Getafe, Alcalá de Henares y la ciudad de Madrid.
A la misa acudirá Ayuso, acompañada del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y miembros de ambos gobiernos, municipal y autonómicos. Al tiempo, confirmaron su asistencia el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; así como los portavoces en Cibeles de Vox, Javier Ortega Smith, y del PSOE, Reyes Maroto. No obstante, los socialistas de la Asamblea dijeron no haber sido invitados, mientras que Más Madrid ya avanzó que no asistiría al considerar que es sinónimo de “instrumentalización del dolor de las familias” por parte de Ayuso.
La presidenta madrileña defendió como “adecuado” celebrar una misa católica por “todas las víctimas” tras el trágico siniestro en Adamuz, cuando criticó al tiempo que la izquierda política “no respeta nada”. Con esta celebración, Ayuso pretende dar “un mensaje de apoyo y de respeto a todas las víctimas”.
Feijóo, con Moreno Bonilla, además de ministros y los reyes en Huelva
En lo que concierne a la misa que se celebrará en Huelva, de donde eran la gran mayoría de víctimas mortales del accidente de Adamuz, 27 de las 45 en total, será oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra. A ella, acudirán los reyes, según confirmó la Casa Real; además del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. En representación del Gobierno central, acudirán la vicepresidenta primera del y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. También confirmó su asistencia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está encabezando la gestión de esta crisis, no acudirá porque este mismo jueves comparece en el Senado para dar explicaciones sobre este accidente y el que se produjo pocos días después de Rodalies en Gelida (Barcelona), que dejó un maquinista fallecido.
La misa funeral del Obispado iba a celebrarse en un primer momento en la Catedral de La Merced de Huelva capital, si bien la Diócesis onubense pidió que se trasladase al Pabellón de Deportes Carolina Marín por cuestiones de aforo «con el deseo de que puedan asistir el mayor número de personas posible».
Está previsto que se rinda homenaje, a su vez, a todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro de las víctimas y los heridos, reconociendo «su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia».
Cabe remarcar que el Gobierno y la Junta aplazaron el pasado domingo el homenaje de Estado a las víctimas que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero -y que no tiene aún nueva fecha-, ante la imposibilidad de acudir de un «número importante» de familias, según indicó Moncloa.
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El exministro de Transportes y diputado por València, José Luis Ábalos, ha presentado este miércoles su renuncia al acta en el Congreso de los Diputados, una decisión que llega después de que la Sala II del Tribunal Supremo haya resuelto su recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en el marco de la causa judicial que le afecta.
En un comunicado remitido a la Mesa de la Cámara, Ábalos justifica su salida del Parlamento en el respeto a los procedimientos legales como “pilar fundamental del Estado de Derecho” y en la necesidad de preservar garantías como la presunción de inocencia, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva “sin arbitrariedades”.
#EnElNombreDeÁbalos | Una vez resuelto por la Sala II del Tribunal Supremo mi Recurso de Apelación contra el Auto de Prisión, hoy he presentado ante la Mesa del Congreso mi renuncia al acta de diputado por València, dado que en todo este proceso he considerado que el respeto a… pic.twitter.com/GDYjUyHRjm
El ya exdiputado explica que, desde la aprobación del suplicatorio en enero de 2025, ha defendido ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la vigencia plena del derecho de representación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. En ese sentido, critica las “prisas” de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender sus derechos y deberes parlamentarios, y sostiene que la inmunidad parlamentaria debe interpretarse conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una garantía del interés general y de la independencia del Legislativo.
Ábalos señala que estas han sido las razones por las que ha mantenido su escaño hasta ahora, aunque reconoce que su actual situación procesal le impide seguir ejerciéndolo. “No puedo sostenerlo en mi actual situación”, afirma, subrayando que a partir de este momento centrará toda su actividad en el ejercicio de su derecho de defensa y en la reivindicación de su inocencia.
En el tramo final del comunicado, el dirigente socialista hace balance de su trayectoria parlamentaria, que se extiende desde la IX hasta la XV Legislatura. Ábalos agradece expresamente la confianza de los valencianos y valencianas que le permitieron representarles en las Cortes Generales y asegura haber trabajado siempre para “fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo” como valores fundamentales del Estado social y democrático de Derecho.
“Ha sido un verdadero honor ser diputado y una responsabilidad emocionante”, concluye el exministro, que se despide del Congreso con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por tanto”.
Ábalos continúa en prisión provisional
El ya exdiputado se encuentra actualmente en prisión provisional sin fianza, tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo a finales de noviembre, cuando el magistrado instructor ordenó su ingreso en la cárcel al apreciar un riesgo elevado de fuga y la gravedad de los delitos que se le imputan. Su situación judicial está vinculada al denominado caso Koldo, una investigación sobre una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones públicas, algunas de ellas vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
Según los autos judiciales, la causa investiga posibles delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, organización criminal y uso indebido de información privilegiada. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares consideran que existen indicios suficientes para sostener que Ábalos habría tenido un papel relevante en el entramado, lo que ha llevado a solicitar penas de prisión que, en su conjunto, podrían superar las dos décadas.
El ingreso en prisión del exministro supuso un fuerte impacto político al tratarse de un diputado en activo y de una de las figuras más relevantes del PSOE en la última década, donde llegó a ocupar la Secretaría de Organización y fue uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno durante la primera etapa de la legislatura. Desde el inicio del procedimiento, Ábalos ha negado reiteradamente cualquier implicación delictiva y ha defendido que su actuación como ministro y dirigente socialista se ajustó siempre a la legalidad.
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El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado este miércoles una carta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el que le amenaza con «consecuencias jurídicas» en caso de que este no acuda al Pleno extraordinario de este jueves en la Cámara Alta en el marco de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, a iniciativa del PP, que goza de mayoría absoluta en esta cámara.
Así, en el escrito remitido al presidente del Gobierno, Rollán subraya que «la falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan». «En tal caso, la presente citación y su notificación se tendrán por realizadas y plenamente eficaces a los efectos legales oportunos, dejándose constancia en el expedientes y dándose traslado a la Mesa del Senado y, en su caso, a la Junta de Portavoces para la adopción de las decisiones que correspondan«, agrega.
Todo ello se produce la víspera de que tanto Sánchez como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparezcan en el Senado a razón de la tragedia ferroviaria en Adamuz que dejó 45 víctimas mortales y la situación en Rodalies de Cataluña, también después del descarrilamiento de un tren que se llevó la vida del maquinista.
Sánchez, también en el Congreso a petición propia
Las amenazas de Rollán hacia el jefe del Ejecutivo se producen, no obstante, cuando el jefe del Ejecutivo ha pedido comparecer de forma voluntaria en el Congreso el próximo 11 de febrero con el objetivo de dar cuenta de los accidentes ferroviarios. Así lo solicitaba el líder socialista este lunes para abordar la materia durante el primer Pleno del curso, poniendo el foco en el accidente de Adamuzy en la colisión de Rodalies en Barcelona.
“El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo día 11 de febrero, coincidiendo con el primer día de Pleno”, informaron fuentes de Moncloa. Además, en otro orden de cosas, abordará situaciones relacionadas con la política internacional que están pendientes de debate. Dará “cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado”, trasladaron las misma fuentes.
Luz verde al inicio de las obras
En este mismo orden de cosas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, quien también deberá comparecer en el Senado, ha anunciado este miércoles que Adif ha recibido luz verde para que se inicien las obras para reponer el tramo de Adamuz, en el que ocurrió el accidente ferroviario. Así, el titular de Transportes fija como objetivo que la infraestructura esté terminada «en un plazo aproximado de 10 días«, es decir, el próximo6 de febrero.
En su cuenta de X, el ministro ha informado: «En el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz». Finalizadas las obras, según Puente en el plazo estimado de 10 días, se recuperará el servicio de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.
Entre otras cosas, Puente señaló que quedaba esperar a la autorización judicial para arrancar con los trabajos, que ya ha recibido este miércoles. Cuando terminen las obras para reponer la infraestructura, el servicio recuperará la normalidad. Hasta entonces, Renfe mantiene su servicio sustitutivo, destinado sólo para viajeros cuyo desplazamiento sea esencial, y que recorre el tramo afectado por el accidente por carretera.
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El informe desde el que se organiza el lawfare contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no hay por dónde cogerlo. 44 páginas a las que ha podido acceder este medio y que no solamente carecen de pruebas que permitan siquiera sospechar algo de quien fuera responsable del Ejecutivo, sino que además está plagado de errores y mentiras, no tiene ninguna firma que señale la autoría.
De carácter anónimo, asemejándose a los informes típicos de agencias de investigación hechos por encargo y que pueden costar grandes cantidades de dinero, sobre él se han construido denuncias por parte de los satélites de la derecha y la extrema derecha y permitido a líderes del PP y Vox construir su relato, siendo uno de los más llamativos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Para empezar, el documento carece de firma y membrete y en su interior aparecen cuestiones cuanto menos llamativas y que arrojan nada de seriedad. De hecho, todo lo contrario. Pese a estar escrito en inglés, hay algunas partes que no están traducidas. Por ejemplo, en una de las hojas se aprecia en un perfecto castellano Red ampliada de influencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Otra cosa curiosa en este sentido, sino la que más, es que el informe reconoce al ex ministro de Fomento José Blanco como Pepiño. Y así, suma y sigue.
Cero pruebas y muchas especulaciones
La documentación no identifica en ningún momento delitos concretos ni arroja datos que demuestren que el expresidente hubiera incurrido en algún acto ilícito. En cambio, dedica decenas de folios a trazar una supuesta red de influencia informal en torno a Zapatero, combinando hechos difícilmente creíbles con interpretaciones interesadas y, sobre todo, conjeturas.
El informe fantasma no hace sino acumular nombres propios, instituciones, países y sectores estratégicos que solo generan ruido en un escenario en el que prima la sensación de opacidad y oscurantismo alrededor del socialista. Entre los territorios que figuran se encuentran Marruecos, China y América Latina.
En el caso marroquí, el informe describe su cercanía a Rabat como una forma de “diplomacia paralela”, sin explicar que este tipo de mediaciones son habituales entre exmandatarios y forman parte de dinámicas internacionales conocidas. Tampoco se aportan pruebas de que dichas relaciones hayan supuesto beneficios personales o actuaciones contrarias a la legalidad.
Algo similar ocurre con China. En el caso del dossier sugiere una afinidad ideológica con el régimen de Xi Jinping y presenta la participación de Zapatero en foros internacionales como un elemento sospechoso en sí mismo. El texto no aporta ninguna prueba, pero introduce términos como “ecosistema de influencia”, “red opaca” o “diplomacia informal” para permitir el beneficio de la duda a raíz de apreciaciones infundadas.
En lo que respecta a su relación con Pedro Sánchez, el texto insiste en presentar al expresidente como una suerte de poder en la sombra dentro del PSOE, describiéndolo como mentor ideológico del actual jefe del Ejecutivo y como una figura determinante en la toma de decisiones del partido. Sin embargo, más allá de relatar encuentros privados, apoyos públicos y afinidades políticas evidentes, el dossier no aporta ningún indicio de injerencias ilegales ni de la existencia de estructuras paralelas de poder en la relación entre mandatarios.
A más a más, el dossier llega en un momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid presumía de disponer de supuesta información sensible sobre el expresidente del Gobierno. “Os adelanto que vienen curvas. Uy, uy, uy”, señalaba en tono de sorna la administradora primera de la Puerta del Sol.
Ayuso se abona a la guerra sucia
La lideresa regional mantenía en las últimas horas, amparada en una ‘información’ que huele a guerra sucia, que a Zapatero le está investigando un juez en Nueva York por su acción en el rescate de aerolíneas cuyo dinero “ha ido a parar al petróleo chavista”.
De este modo, reprochaba que cada vez que hay cualquier tipo de negociación por parte del Ejecutivo central con el líder de Junts, Carles Puigdemont, o con China para los intereses de España, “aunque sea en contra del criterio de la Unión Europea”, el dirigente socialista “está ahí”.
El informe recuerda a la época Villarejo, una época en la que el PP habría apelado a la guerra sucia para intentar derrocar a oponente políticos. El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, fue uno de los que más sufrió esta cacería, víctima de un bulo sobre la supuesta financiación ilegal de los morados. Aquel texto tampoco disponía de sello de ninguna unidad policial, ni firma de funcionarios.
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La asociación ultracatólica HazteOir ya no disimula que la unidad que mantiene con Vox desde su fundación está rota. La organización funciona, desde hace años, como satélite ideológico y judicial del partido de Santiago Abascal, pero ahora parece estar buscando nuevas siglas con las que canalizar su discurso antiabortista, racista y antiLGTB a las instituciones. Su presidente, Ignacio Arsuaga, lo dejó claro este domingo, pidiendo abiertamente el voto para Se Acabó La Fiesta, la siguiente formación ultra en las encuestas y que dirige el agitador Alvise Pérez, en las elecciones de Aragón del próximo 8 de febrero.
este medio preguntó a varias fuentes de Vox por este llamativo cambio de postura de Hazte Oír. Todas ellas habían optado por un silencio que, este martes en el Congreso, han cambiado por el desentendimiento. A la pregunta de este medio, la portavoz del partido en la Cámara Baja, Pepa Millán, ha tratado de normalizar la situación: «Cada uno es libre de pedir el voto para quien quiera», ha comenzado.
El partido de Abascal actúa como si este cambio de postura de Hazte Oír no fuera algo inusual: «Las asociaciones son libres, nosotros tenemos un proyecto propio«, explica Millán. La portavoz parlamentaria de Vox aprovecha para reivindicar su agenda: «Presumimos de ser el único partido con coherencia absoluta», señala. «Mantenemos nuestros valores, no nos hemos movido», concluye su respuesta en la rueda de prensa de la Junta de Portavoces.
Hazte Oír pide el voto para SALF en Aragón
Lo cierto es que, en los últimos días, las muestras del distanciamiento entre Hazte Oír y Vox no han hecho más que aumentar. Todo empezó a romperse a raíz del escándalo entre el partido de ultraderecha y la que fue su organización juvenil, Revuelta. este medio contó en diciembre cómo Revuelta habría desviado dinero de las donaciones destinadas a ayudar a las víctimas de la DANA, publicando en los días siguientes audios que probarían que dirigentes cercanos a la plana alta de Vox conocían esta corrupción y, antes de denunciarla, trataron de taparla.
Un escándalo que fragmentó la unidad entre las distintas corrientes de poder dentro de Vox, entre las que siempre se impone la figura de Santiago Abascal y su núcleo duro, y entre las que HazteOir siempre ha tenido un papel fundamental. El cambio de parecer de la organización se hizo visible este domingo, cuando Ignacio Arsuaga publicó en su cuenta de X su «guía de voto» para las elecciones de Aragón.
El líder de Hazte Oír valoraba la posición de los principales partidos sobre los mantras que suelen ocupar los discursos de la ultraderecha, calificándolos con verde, amarillo o rojo -bien, regular o mal- según su alineación con la asociación ultra. Sus conclusiones fueron muy reveladoras: SALF, el partido del agitador Alvise Pérez es el único al que Hazte Oír le aprueba en todo. Hazte Oír le da un ‘bien’ a Cristina Falcón, la candidata de SALF para los comicios, en aspectos como «defensa de la vida», «protección de las familias» o «derogación íntegra de las Leyes Trans y LGTB autonómicas». En el caso de Alejandro Nolasco, el candidato de Vox, la organización sólo le aprueba en dos: «Derogación de la Agenda 2030» y «Cierre del grifo a los ‘chiringuitos’ ideológicos». En todas las demás les valora con un círculo amarillo.
De la ‘guía de voto’ al «guion» de Hazte Oír con Vox
Las señas de desafecto han ido a más con el paso de los días. El diputado de Vox Carlos Flores trató este lunes de contrarrestar la ‘guía de voto’ de Arsuaga. El parlamentario se pregunta: «¿A qué viene -precisamente- meter en la tabla a SALF, cuando no tiene representación parlamentaria?». Al mensaje ha respondido el propio líder de Hazte Oír, que deja clara su nueva cercanía con el partido de Alvise: «Incluimos a SALF porque compite en vuestro mismo espectro electoral y, a diferencia de VOX, sí ha respondido al cuestionario comprometiéndose por escrito a derogar la Agenda 2030 y las leyes LGTB autonómicas», le reprocha.
Arsuaga ha ido más allá, y también en las últimas horas ha vuelto a publicar atacando a Vox, llamando «asalariados y hooligans» a algunos de sus miembros. El líder de Hazte Oír asegura que todo forma parte del método que usa la organización para «influir» en los partidos: «Tranquilos, todo sigue el guion«, señala. Y adjunta ese guion. Arsuaga desgrana «la verdadera naturaleza de la política», o la reacción que, asegura, tienen los políticos ante la presión.
Para los que os afectan el ruido y los insultos de estos días de algunos asalariados y hooligans de VOX: tranquilos, todo sigue el guion.
Os comparto una diapositiva de la presentación «La verdadera naturaleza de la política» que usamos para explicar el modelo que aplicamos en… pic.twitter.com/YsajJKY3AB
Son siete fases: «Ignorarte, intentar parecer razonables, quejarse, amenazar, hacer que otros te amenacen, comprarte y puede que voten a tu favor». Según Arsuaga, «estamos exactamente en el Nivel 5: presión, amenazas en redes sociales y mucho ruido«. El líder de HazteOir asegura que esta es «la señal inequívoca de que la campaña es eficaz y les está doliendo«, y advierte: «Pronto pasaremos al Nivel 6», en el que Vox, según el ‘guion’, trataría de «comprar» a la asociación ultra.
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Ruido, mucho ruido. Explicaciones sin contrastar contadas como certezas. Preguntas sin respuesta que se viralizan. Y, finalmente, bulos que se comparten a través de las redes sociales, sobre todo. La realidad, empero, a día de hoy, según la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), es la siguiente: aún no hay una conclusión definitiva sobre lo que sucedió el domingo 18 de enero a las 19.45 en el kilómetro 318 de la línea 010 Madrid-Sevilla del tren de alta velocidad, a la altura de Adamuz (Córdoba). Aunque sí existen pistas que señalan lo que pudo ocurrir, según adelantó este lunes Ignacio Barrón, presidente de la comisión: «Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura, no tanto del carril, como de una soldadura».
Mientras, sube la temperatura política a cuenta de un siniestro que causó 45 muertos: el PP, Vox y hasta aliados del Gobierno piden la dimisión del ministro Óscar Puente y este se esfuerza en redes y en entrevistas televisivas y radiofónicas en desmentir lo que considera y tacha de «bulos». Lo cierto es que se han sucedido las polémicas al respecto de algunas cuestiones de importancia, como son la soldadura, la rotura, las vías y las revisiones y también otras que han resultado finalmente más anecdóticas, como la aparición de la marca Ensidesa en los raíles.
La comisión describe así el siniestro: «Los coches
descarrilados [del tren Iryo] se desplazaron lateralmente invadiendo el gálibo de la vía 2, por
la que en ese momento llegaba, en sentido opuesto, el tren Renfe Alvia 2384
Madrid-Huelva. El número de viajeros a bordo de ambos trenes, según han
informado las compañías, era de 300 en el tren Iryo y 186 en el Alvia.
Ambos trenes circulaban en ese momento con velocidades del orden de 200
kilómetros por hora (la cifra exacta está pendiente de confirmación), produciéndose un
choque de gran violencia entre los coches descarrilados de la cola del tren Iryo
y la cabeza del tren Alvia, aproximadamente a la altura del punto kilométrico 318. A
consecuencia de la colisión los dos primeros coches del tren Alvia cayeron por
un terraplén lateral de cuatro metros de altura». ¿Cómo pudo suceder esta secuencia mortal?
La soldadura
El presidente de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios, Ígnacio Barrón, afirmó este lunes que la clave podría estar en la soldadura de la vía, que se quebró. Los tramos de raíl, cupones en el argot ferroviario, están conformados por varios metros de acero que van unidos unos a otros. En este caso, justo en el segmento en el que se produjo el siniestro, estaban conectados un tramo de vía fabricado en el año 1989 y otro en el año 2023, según Transportes.
Esto en sí no tiene por qué ser problemático. Los protocolos, según el ministerio, lo permiten. Lo mismo dijo Barrón: «Juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad. Siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien». «Hay una serie de criterios para renovar los carriles y a mí, personalmente, no me sorprende que sigan existiendo carriles del año 89 siempre que estén en buen estado, claro», agregó.
Las soldaduras, según explicaron a Público desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, llevan una suerte de firma: «Aparece grabado en la vía esa información, es decir, la soldadura tiene trazabilidad«.
La rotura
En el informe de la CIAF del pasado 23 de enero, el último que ha publicado, se recoge lo siguiente: «Se realizó una recopilación gráfica de la zona de rotura del carril, correspondiente a una soldadura entre dos cupones de carril». Además, se tomaron diferentes muestras, que se han enviado a un laboratorio para su análisis”.
Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz.
Estas son: las «partes correspondientes a la zona de la rotura, tanto a un lado como a otro de ésta (tomando un metro de carril a cada lado)«; un fragmento «de unos 40 centímetros desprendido de la zona de rotura»; las muestras de carril «en zonas no afectadas por la rotura, tanto a un lado como al otro (un metro de longitud cada muestra)», y un cupón —tramo— «de carril del otro carril de la vía, que incluye la soldadura paralela a la soldadura rota, tomando un metro de carril a cada lado».
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El objetivo de estas pruebas, según la CIAF, es «determinar las posibles causas de la rotura». La comisión, al respecto, precisa que no descarta ninguna hipótesis. «Estoy plenamente convencido de que vamos a llegar al fondo de la cuestión. No solamente de saber qué es lo que ha roto, sino por qué, cómo y cómo se podría haber evitado», dijo Barrón este lunes.
Una de las hipótesis provisionales que maneja la CIAF, que necesita de mayores comprobaciones, es que la fractura del carril se produjera «con anterioridad al paso del
tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento«. Para afirmar esto, la comisión se basa en las muescas que quedaron en las ruedas del tren tras el siniestro y su comparación con las de otros convoyes que circularon por la misma vía esa misma tarde ese mismo domingo.
«Al estar
interrumpida la continuidad del carril, la parte anterior a la rotura recibiría
inicialmente el peso total de la rueda, provocando que esa parte del carril
descendiese levemente –se señala en el informe–. Como la parte del carril posterior a la rotura no estaría actuando solidariamente con la parte anterior, se produciría momentáneamente
un escalón entre los dos lados de la fractura, que golpearía la llanta de la rueda».
Las vías
El PP acusó a Óscar Puente de «mentir» y pidió su dimisión por, según Miguel Tellado, decir durante toda la semana que la vía de tren Madrid-Andalucía había sido completamente renovada, con una inversión de 700 millones de euros, «cuando en los tramos del raíl donde descarriló el tren Iryo se ensamblaron materiales nuevos con elementos antiguos de 1989″.
El ministro se defendió mediante la publicación de un tuit en el que manifestó lo siguiente: «La exhibición de ignorancia de algunos estos días pasará a los anales de la historia. La renovación de la línea Madrid-Sevilla ha sido integral. Lo digo yo, lo dice el proyecto y lo dice cualquiera que sepa algo de infraestructuras ferroviarias. Lo que deberían hacer algunos es informarse de lo que es una renovación integral, antes de sacar a pasear esa ignorancia».
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Puente explicó este lunes en el programa La Hora de la 1, que una renovación como la que se hizo implica que «esa vía se renueva de punta a punta, no en todos sus elementos”. Se revisa íntegramente y se sustituyen todos aquellos elementos que técnicamente se considera deben ser sustituidos. Si hay tramos más antiguos es porque se consideró «que no era necesario sustituirlo”.
A este respecto, Barrón, el presidente de la comisión, anunció este lunes que iban a pedir explicaciones al respecto a Adif, la empresa pública que se encarga del mantenimiento de las vías: «Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto presentaba problemas que podían llegar a ser críticos y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Precisamente es una de las cosas que hemos pedido ahora a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no«.
Expertos de la Guardia Civil analizan las vías tras el accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba).
Transportes ha aportado los datos siguientes al respecto: «Para la renovación del tramo de Adamuz (tramo Guadalmez–Córdoba dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid – Sevilla), Adif sacó a licitación tres expedientes de contratación«.
Por un lado, la mejora integral de la infraestructura por 52,49 millones de euros. «Incluía —según Transportes— la mejora de todos los trabajos de plataforma, y contó posteriormente con un modificado de 6 millones de euros motivado por el mantenimiento del servicio con la realización de la obra. El adjudicatario fue una UTE formada por Ferrovial, OHL, FCC y Azvi».
Por otro, «la renovación de desvíos, por importe de 26,86 millones». «Incluía —según el ministerio— la sustitución de los desvíos de Adamuz, que se renovaron en mayo/junio de 2025 entrando en servicio el 20 de junio». Y por último, la implantación —que aún no se ha completado, está en ejecución— de nuevos sistemas de seguridad y control de tráfico ferroviario que se encargan de supervisar la velocidad y garantizar el frenado seguro de los trenes en líneas de alta velocidad «por importe de 104,72 millones de euros, actualmente en ejecución».
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Ensidesa
Las imágenes compartidas por el ministro Puente en su cuenta de X muestran que, más allá de la soldadura, partes del carril acabaron también destrozadas. El del año 2023, que estaba soldado al de 1989, aguantó, según el ministro: “El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo, en concreto el número 312592Y101, fabricado en 2023, con un peso de 60 kg por metro, e instalado durante mayo y junio de 2025”.
Un bulo que ha circulado y que llegó hasta el ministro Puente obligó también a la empresa Arcelor-Mittal, la empresa fabricante del carril, a desmentirlo. Se dijo, incluso algún diputado del PP cayó en ello, que la aparición de la marca Ensidesa en un raíl, como sucedió en el quebrado en Adamuz, no podía ser compatible con un carril nuevo. Sin embargo, esto no es así. «La marca comercial Ensidesa se mantiene para el carril«, dijeron a Público fuentes de la siderurgia.
Las revisiones
También ha existido una polémica sobre el tipo de revisiones y las fechas en que estas se produjeron sobre el tramo siniestrado, debido a una confusión que Puente admitió, a su estilo, eso sí, en X: «Ayer era el carril, que era viejo. Hoy que he dado mal una fecha. En la rueda de prensa se distribuyó al acabar una nota completa de 12 folios, entre los que estaba el listado con las pruebas y revisiones a las que se sometió a la vía. Lo saben porque mandaron a un periodista a la rueda. Me puedo equivocar después de 16 entrevistas y tres ruedas de prensa, en una fecha, en una cifra. Para ello se distribuye una nota. A ver cuál es el próximo bulo».
Lo cierto es que existen dos discrepancias entre los datos aportados por Transportes en dos comunicaciones suyas, un resumen de prensa, que se puede consultar aquí, y en la «nota completa de 12 folios», que está disponible aquí. Los datos fundamentales, empero, son los mismos. Las discrepancias entre ambos documentos están en dos fechas, una en una de las auscultaciones geométricas de la vía, que dice 9 de septiembre, cuando debe decir 8 de septiembre, y otra en la de auscultación de vía por ultrasonidos, que dice 10 de noviembre, cuando debe decir 10 de septiembre de 2025.
Lo relevante de la información es lo siguiente: «La estructura de la vía [fue] objeto de todos los controles de calidad reglamentados, incluidos los exámenes de las 114 soldaduras del tramo, gracias a los cuales se detectan defectos no visibles a simple vista. Estos exámenes incluyen inspecciones visuales, utilización de líquidos penetrantes, pruebas geométricas y evaluación e inspección por ultrasonidos. Todas las soldaduras del tramo recibieron la aceptación por parte del gestor homologado, con el permiso vigente hasta noviembre de 2026″.
Vista de las vías despejadas tras la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz (Córdoba).
Y en concreto, el registro oficial de Adif con los datos obtenidos en el examen de la soldadura presuntamente involucrada en el accidente dio como resultado un «acta de inspección visual y geométrica», que dio como apta esta soldadura en ese examen.
Además, el tramo de vía, según Transportes, se sometió también a otros controles desde el día de su puesta en servicio en junio de 2025, también «con resultado positivo en todos ellos». Estos fueron los siguientes: «Auscultación geométrica, consistente en comprobar el estado de los parámetros de vía, a través de índices de calidad de vía y obtención de defectos puntuales. Esta prueba se realizó dos veces, el 8 de septiembre y el 13 octubre».
También «auscultación dinámica, consistente en el registro de la respuesta del material rodante al interaccionar con la vía, midiéndose las distintas aceleraciones percibidas, para conocer los defectos que pueden afectar al confort y/o seguridad de la marcha. Se realizaron cinco de estas pruebas el 26 de junio, el 8 de septiembre, el 13 y el 15 de octubre y el 21 de noviembre».
Además, se produjo, según Transportes, la «auscultación de la vía por ultrasonidos» el 10 de septiembre de 2025 y el 5 de octubre una «inspección y vigilancia a pie de vía». Esta «consiste en trabajos de inspección y vigilancia que se realizan a pie, y prospecciones realizadas a mano y/o con carros manuales» y en ellas «se revisan carriles, traviesas, balasto, sujeciones, geometría, cerramientos, entorno, drenajes, desmontes, terraplenes, viaductos, túneles, pasos superiores y muros, entre otros». También hubo una inspección de desvíos el 7 de enero, y trece bateos de vía a lo largo de 2025, «el último de ellos el 6 de noviembre».
La ruptura entre Vox y la que fuera su organización juvenil, Revuelta, amenaza con romper la unidad entre el partido de Santiago Abascal y los satélites de ultraderecha que lo sostienen. este medio contó en diciembre cómo Revuelta habría desviado dinero de las donaciones destinadas a ayudar a las víctimas de la DANA, publicando en los días siguientes audios que probarían que dirigentes cercanos a la plana alta de Vox conocían esta corrupción y, antes de denunciarla, trataron de taparla. El escándalo ha tensado las relaciones de poder entre las facciones de la ultraderecha en nuestro país. Ahora, una de ellas amenaza con romperlo todo.
Se trata de HazteOir. La asociación ultracatólica, que preside Ignacio Arsuaga, es uno de los satélites más poderosos de Vox, y en muchos casos funciona -junto a otras organizaciones- como brazo judicial del partido de Abascal, ejerciendo la acusación popular en las causas que afectan al Gobierno. Después de años de apoyo, garantizando que Vox sea la vía política para la agenda ultraderechista de la asociación, HazteOir ha dado su primera seña de que podría buscarse a otro aliado.
El propio Arsuaga ha publicado en su cuenta de X un mensaje en el que, directamente, pide el voto para Se Acabó La Fiesta en las elecciones de Aragón el próximo 8 de febrero. Bajo el nombre ‘Guía de voto’, la posición de los principales partidos sobre los mantras que suelen ocupar los discursos de la ultraderecha, calificandolos con verde, amarillo o rojo -bien, regular o mal- según su alineación con la asociación ultra.
HazteOir suelta la mano a Vox en Aragón
Sus conclusiones son muy reveladoras: el partido del agitador Alvise Pérez es el único al que HazteOir le aprueba en todo. HazteOir le da un ‘bien’ a Cristina Falcón, la candidata de SALF para los comicios, en aspectos como «defensa de la vida», «protección de las familias» o «derogación íntegra de las Leyes Trans y LGTB autonómicas». En el caso de Alejandro Nolasco, el candidato de Vox, la organización sólo le aprueba en dos: «Derogación de la Agenda 2030» y «Cierre del grifo a los ‘chiringuitos’ ideológicos». En todas las demás les valora con un círculo amarillo.
Más allá de los dos partidos de ultraderecha, Arsuaga -como es de esperar- suspende a PP, PSOE, y Podemos en todas las categorías, con la excepción del «fin del adoctrinamiento en las aulas», en las que le da un ‘regular’ al candidato popular, Jorge Azcón. El líder de HazteOir resume las conclusiones de su ‘guía’ y refleja su cambio de favorito, para que nadie se pierda: «SALF, 6 verdes (bien), Vox 4 amarillos (regular) y dos verdes, PP 5 rojos (mal) y un amarillo».
Vox guarda silencio
Era evidente que una guerra interna como la que Vox mantiene con la que era su organización juvenil iba a dividir. Más en una formación que ya ha dejado más que claro que repudia todo lo que se aleje del líder, Santiago Abascal. Lo que no es habitual es que la ruptura se haga pública, y que Vox evite defenderse ante ella. Preguntadas por este medio si les sorprende el cambio de parecer de HazteOir, varias fuentes del partido de ultraderecha optan por el silencio.
El silencio revela que no quieren responder sobre su crisis, como también lo hacen sus acciones. Tras tener que romper con su ala juvenil porque, presuntamente, han desviado dinero destinado a las víctimas de una tragedia, Abascal fue el primero, en politizar la última: «No puedo confiar en la acción de este Gobierno. Nada funciona bajo la corrupción y la mentira«, publicaba el líder ultra apenas horas después del accidente de Adamuz.
Esto, un mes después de que este medio publicara en exclusiva audios que demostraban de qué manera dirigentes cercanos al propio Abascal como el eurodiputado Jorge Buxadé o el parlamentario Manuel Mariscal, así como el asesor en el Parlamento Europeo, Arturo Villa -a su vez hijo de ‘el albondiguilla’, exalcalde del PP condenado en la trama Gürtel-, negociaban con los líderes de Revuelta para ocultar el presunto desvío de fondos procedente de las donaciones recopiladas por la organización juvenil para ayudar a las víctimas del temporal que asoló, sobre todo, la provincia de Valencia.
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El comienzo del año 2026 ha dado paso a la publicación de nuevas encuestas electorales de cara a unas posibles generales. Si a finales de 2025 la tendencia de ascenso de la ultraderecha ya era clara, en estos primeros compases del año se consolida claramente. El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo continúa en primera posición como fuerza más votada, según los sondeos, mientras que Vox no deja de crecer y el PSOE de Pedro Sánchez nota ya un desgaste claro.
Así lo reflejan los datos del último estudio de Key Data para Público, elaborado el 22 de enero. Los populares contarían con un 32,2% del voto, que le proporcionarían 137 escaños. Se trata de una cifra parecida pero ligeramente inferior a la del último estudio similar realizado en el mes de octubre. El partido de Feijóo tenía entonces un 32,3% y 139 escaños, dos más que ahora. El PP obtuvo precisamente 137 diputados en las elecciones generales que se celebraron en 2023 con un 33,1% del voto por lo que se mueve ahora en datos muy parecidos a los de la última cita con las urnas.
Al igual que sucedió en octubre, este estudio muestra la tendencia descendente de Feijóo. Este es el porcentaje más bajo del PP en los sondeos según los estudios de Key Data desde abril de 2023, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ese mes la intención de voto de los populares era de un 31,1%.
El PSOE tendría según el estudio un 26,5% del total de votos y 106 escaños. Los socialistas pierden casi un punto desde el último estudio, en el que las encuestas estimaban un 27,3%. La bajada en escaños es más pronunciada, pasando de 111 a 106. Se trata del peor dato de los socialistas desde julio de 2023, donde la estimación general de los sondeos reflejaba, según Key Data, una proyección de 103 escaños. En las generales del 23J, la fuerza que lidera Pedro Sánchez alcanzó los 121 diputados en el Congreso. Tras el estallido del caso Cerdán, el pasado julio de 2025, los socialistas también experimentaron una caída en los sondeos hasta los 107 escaños, según el estudio de Key Data de ese mes.
«El PSOE acusa el desgaste. Pierde cinco puntos y 15 escaños desde las últimas elecciones generales, lo que unido a la perdida de apoyos de su socio de Gobierno que, si acuden separados a las elecciones perderán más de la mitad de los escaños con los que cuentan actualmente, alejan la posibilidad de repetir el pacto con el que Sánchez obtuvo la investidura en 2023″, destaca Paz Álvarez, directora técnica de Key Data.
Intención de voto y proyección de escaños según el último estudio de Key Data.
Respecto a Vox, el estudio pronostica un 17,9% de los votos para la fuerza liderada por Santiago Abascal. La extrema derecha se consolida firmemente en la tercera posición y podría tener 63 escaños, casi el doble de los obtenidos en 2023. Respecto al último estudio de Key Data elaborado en octubre, Vox sube 4 escaños y un 0,8 en porcentaje de voto.
«Las encuestas con las que empieza el 2026 muestran el auge de la extrema derecha en nuestro país. La misma tendencia que veíamos, con mayor o menor fuerza, en la mayor parte de las democracias occidentales y que marcan estos últimos años. El partido de Santiago Abascal empieza a crecer de forma sostenida y continúa coincidiendo con la victoria de Trump y en sintonía con sus homólogos europeos», señala Álvarez. «Esta fortaleza de Vox se ve también en los comicios autonómicos, donde la situación es similar», añade.
El partido de Abascal obtiene en este informe de Key Data claramente su mejor proyección desde las últimas elecciones generales en las que obtuvo 33 escaños. Es más, estos 63 escaños son la cifra más alta en los sondeos desde mayo de 2022, momento en el que las encuestas los aupaban hasta los 69 según el estudio publicado entonces.
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Recuperación de Sumar
En cuanto a la izquierda alternativa al PSOE, Sumar parece mejorar sus previsiones de voto. El espacio de Yolanda Díaz tendría un 7,2% y 11 escaños. Supone una subida respecto a octubre de dos escaños y un punto. En todo caso, los datos están lejos de los obtenidos en las elecciones de 2023, donde las urnas les adjudicaron un 12,3% y 31 escaños en una candidatura en la que también estaba integrado Podemos.
La fuerza morada que lidera Ione Belarra tiene en este Key Data tres escaños y un 4,2%. Son las mismas cifras que el pasado mes de octubre. Actualmente, Podemos cuenta con cuatro diputados en el Congreso, integrados en el Grupo Mixto desde hace más de dos años.
Estimación de voto por fuerzas políticas según el último estudio de enero.
En el resto de partidos el dato más destacado lo representa ERC, que sube en las encuestas. El partido liderado por Oriol Junqueras, con Gabriel Rufián como referente en el Congreso, tendría ocho escaños y un 2% del voto. Unos datos que suponen una mejora respecto a octubre, donde la fuerza republicana mantenía los siete escaños que tiene en la actualidad.
En cambio los sondeos reflejan un debilitamiento del partido de Carles Puigdemont. Este estudio de Key Data otorga seis escaños a Junts en un momento en el que las relaciones con el Gobierno de Sánchez están rotas. Mientras, ERC ha arrancado algunos pactos reciente con el Ejecutivo como el del modelo de financiación autonómica. Junts se quedaría en seis escaños, bajando uno de los que tiene actualmente y experimentando un descenso también en porcentaje de voto respecto a los anteriores sondeos.
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Por lo demás, el último estudio de Key Data no señala cambios relevantes en el resto de fuerzas. EH Bildu y PNV mantendrían sus seis diputados y el BNG podría sumar dos, uno más del obtenido en 2023, un dato que vienen pronosticando las encuestas en los últimos meses. La candidatura del agitador ultra Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, se quedaría fuera del Congreso al obtener un 1,5% de los votos.
Reparto de escaños por comunidades autónomas según el último estudio de Key Data.
En cuanto a la transferencia de voto entre el 23J de 2023 y la situación actual, el estudio destaca que habría más de 366.000 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP. Una cifra parecida es la del trasvase entre socialistas y extrema derecha, de 343.000 votantes. El trasvase más importante, sin embargo, se sigue produciendo entre PP y Vox. Habría más de 1,2 millones de antiguos votantes del PP que optarían ahora por la ultraderecha. Solo alrededor de 205.000 seguirían el camino inverso.
El estudio elaborado por Key Data para Público es un análisis desk research de toda la información disponible, tanto del comportamiento electoral del ámbito de la elección y su evolución como de todas las encuestas, publicadas o no, a las que se ha tenido acceso. Con toda esa información y aplicando las ponderaciones correspondientes, se llega a una estimación de voto sobre la que se aplica la ley electoral para asignar escaños.
El escritor y músico David Uclés, ganador del Premio Nadal 2026 y que ha obtenido notoriedad en los últimos años por sus páginas sobre la Guerra Civil española en La Península de las casas vacías, un libro definido como «una novela total sobre la Guerra Civil española en clave de realismo mágico» y por La ciudad de las luces muertas, que le valió para hacerse con el citado galardón, se ha negado a asistir a unas jornadas sobre el conflicto bélico español al conocer que en las mismas también participarán el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, y el expresidente del Gobierno con el PP José María Aznar.
La ponencia «1936: La guerra que todos perdimos» se celebrará en Sevilla el próximo día 2 de febrero, e iba a contar, a priori, con la presencia y participación del escritor. Pero al conocer que iban a estar en la misma estos dos destacados dirigentes de derechas, ha tomado la decisión de no acudir. «Voy a contar algo y no sé si todos lo entenderéis o si causará malestar, pero debo ser honesto con los principios que defiendo. No quiero ir no porque el título no sea exacto. Es decir, la guerra la sufrimos todos, pero no la perdimos todos. La perdieron los republicanos y la ganaron los franquistas, que se lucraron de eso durante 40 años. Entonces bueno, el titular no es de mi agrado pero no es por eso», arrancaba Uclés en un vídeo emitido en redes sociales.
«No voy a ir porque dentro del plantel del acto no solamente hay escritores como yo pensaba, al fijarme en el título general del evento, ‘Letras de Sevilla’. Resulta que también hay políticos, especialmente dos personas que para mí quebraron los derechos fundamentales, que son José María Aznar, que para mí es la persona que más daño físico ha hecho recientemente al pueblo español, y Espinosa de los Monteros, que colaboró a fundar un partido político que atenta contra mi libertad de expresión, mi derecho a existir y que defiende unos valores que no comparto y contra los que lucho», explicaba el escritor.
«Por tanto, no puedo verme en el mismo cartel que estos dos individuos. Así que sintiéndolo mucho porque tenía ganas de ver a mis lectores sevillanos y porque me había comprometido a participar y no me gusta hacer esto y bajarme de un acto con todo lo que supone, pero hay algo que está por encima de todas las cosas, de los honorarios y de los compromisos. No puedo ir», continuaba, con visibles dificultades para verbalizar lo que estaba sintiendo.
«Ya habrá otra ocasión, sevillanos, y siento mucho que hayáis visto mi nombre junto a esos dos. Lo desconocía, me acabo de enterar justo ahora», se disculpaba y sentenciaba el también músico.
Enfado con ‘El País’ tras el premio
La concesión del Premio Nadal 2026 a David Uclés por su novela La ciudad de las luces muertas fue festejada por muchos como un reconocimiento a una voz original dentro de la narrativa española contemporánea, pero la polémica no estuvo exenta de nacer. Analizando al premiado, el diario El País titulaba un artículo“El ‘caso Uclés’: éxito fulgurante, guerra editorial, insultos en redes y el Premio Nadal” y proponía un retrato del autor que va mucho más allá de su literatura.
En aquel texto se mezclaban hechos objetivos -el éxito de su obra, la viralidad del autor, los ataques que ha recibido en redes y la obtención del Nadal- con un enfoque que pone el acento en la construcción del personaje público de Uclés. La narración se detiene en su presencia constante en actos, en su manera de comunicarse, en su imagen y en su exposición mediática, sugiriendo que su éxito responde tanto a una estrategia de visibilidad como al valor literario de sus obras. Ese enfoque fue precisamente el detonante del enfado del escritor, que no entendía la necesidad de enfocar el artículo de esa manera y expresó una decepción profunda no solo con el contenido del texto, sino con el medio que lo publica.
«¿Acaso tengo que sentirme mal por vestirme como me da la gana, por cantar en público, por hablar desde el respeto y hasta por sonreír?«, se cuestionaba el literario, que continuaba ironizando sobre si está leyendo El País o La Cuore, y lamentando que se ridiculice y banalice su trabajo en un medio con el que colabora y por parte de un crítico al que asegura haber respetado siempre. Una respuesta que no supuso un arrebato puntual, sino en el que subyace una crítica más profunda al modo en que determinados medios de comunicación abordan la cultura cuando un creador deja de ser una figura relativamente discreta y pasa a convertirse en un fenómeno de masas. El escritor no niega su visibilidad ni su cercanía con los lectores -de hecho, la reivindica-, pero rechaza que esa actitud sea utilizada para deslegitimar su trabajo o para presentar su carrera como una operación de marketing más que como el resultado de años de escritura, investigación y compromiso con la literatura.
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Nada nuevo bajo el sol: Isabel Díaz Ayuso intentando dictar al Partido Popular el tono a emplear en cualquier situación en la que confrontar con el Gobierno central, en este caso, ante la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), que ha dejado 45 víctimas mortales y más de 150 heridos. La presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó este sábado en elevar el tono contra el Ejecutivo y criticar incisivamente tanto al presidente del Gobierno, como al ministro de Transportes, Óscar Puente, como a los socialistas implicados en casos de corrupción como Koldo García, Santos Cerdán o José Luis Ábalos. Para la dirigente de Sol, la «ley del silencio» impuesta por los que «a la mínima» no dudan en sacar «la pancarta del dolor» es «intolerable».
Así se expresó la presidenta madrileña desde Zaragoza, donde compartió un acto con jóvenes con el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. «No se levanta una nación con el todos callados cuando hay una desgracia y una mala gestión. Todos callados, ley del silencio», afeó, refiriéndose a los que les acusan de no seguir esa línea porque supuestamente estarían buscando romper la convivencia, tensionar y politizar. En el mismo sentido, Ayuso expresó que son los mismos que «cuando tienen la más mínima oportunidad sacan la pancarta del dolor». «Son los mismos que se organizan perfectamente y que no dudan en retorcer el dolor de las víctimas», opinó la madrileña.
«Los inútiles más grandes»
La dirigente madrileña insistió en el tono bronco y argumentó que hace años se viene constatando mal funcionamiento de las infraestructuras por tener al frente «a los inútiles más grandes«. «Pero, claro, si teníamos a Koldo, portero de discoteca, de asesor en Renfe, qué puede salir mal. Qué puede salir mal cuando apartas a los técnicos y a los ingenieros buenos para poner al activista y al pelota del partido», ironizó.
«España ha tenido los mejores ingenieros, las mejores empresas, las mejores infraestructuras. Cuando una empresa española ha salido por el mundo a llevar trenes, a llevar obras públicas, éramos los mejores y todas las naciones del mundo se han rifado siempre a la empresa española porque somos una marca imbatible. Cuando va la ingeniería española y la arquitectura y la ciencia española fuera todo el mundo sabe que las cosas funcionan bien», alabó tiempos pasados, sin especificar a qué se refería en concreto pero en clara alusión a etapas anteriores al actual Ejecutivo.
«Pero desde hace unos años todo empieza a funcionar muy mal porque tenemos a los inútiles más grandes al frente de lo más importante, las infraestructuras», valoró junto a Azcón, que se enfrenta a unas elecciones cruciales el 8 de febrero para el futuro de su región, presumiblemente dependiente de Vox para la investidura.
Posiciones contradictorias en el PP
El discurso de Ayuso llama especialmente la atención porque supone una posición contradictoria con la que mantiene Andalucía. Mientras Juan Manuel Moreno Bonilla, líder de los populares andaluces y presidente de la comunidad autónoma en la que ha sucedido la tragedia, está manteniendo un perfil bajo, moderado en sus palabras y enfocado a la gestión del suceso y el acompañamiento de las familias, Madrid y la dirección nacional de la formación política ha optado, con el paso marcado por Ayuso, por pasar al ataque contra el Gobierno de España.
Esta estrategia por la que han optado desde Madrid choca con los mensajes que está lanzando Moreno Bonilla, quien ha subrayado desde un primer momento que está habiendo una colaboración total entre las administraciones para abordar esta complicada situación. Así, en estos momentos de dolor para numerosas personas, desde la dirección nacional del PP prefieren poner el foco en recriminar a Pedro Sánchez que no haya llamado a Alberto Núñez Feijóo para informarle sobre lo acontecido y la evolución tanto de los trabajos de rescate como de la atención a los pacientes o el avance de la investigación.
Así lo criticaba Feijóo en la visita que realizó a la localidad de Adamuz el pasado lunes. Ahora, pasados unos días, según informaba elDiario.es, los populares reprochan enormemente que Óscar Puente no quisiera acompañar al líder de esta formación política en su visita a la localidad cordobesa; a lo que el exalcalde de Valladolid respondía que «nadie» le ofreció desde el PP acudir a Adamuz junto a Feijóo. «Es más, me enteré de que estaba (en Adamuz) cuando estaba allí. Yo estaba en Córdoba”, matizaba. En la misma línea, Puente acusaba a Feijóo de «dejarse caer en bulos y desinformaciones en lugar de escuchar lo que tenía que decir el Gobierno de España».
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Los últimos meses han servido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para protagonizar una escalada discursiva e incluso de acción en la geopolítica internacional. Palestina, Venezuela y Groenlandia han sido los últimos patios de juegos particulares del dirigente republicano: el primero de ellos, por el constante apoyo de Washington a Israel en el genocidio y por atribuirse el derecho y la capacidad de decidir sobre el futuro de Gaza. El segundo, por la detención de Nicolás Maduro y el cambio en la presidencia, vulnerando el derecho internacional con la operación y enfrentándose a las críticas de buena parte del globo, con el petróleo venezolano en el punto de mira. Y el tercero, por querer anexionarse la isla gélida «por las buenas o por las malas» para salvaguardar los intereses estadounidenses en el Atlántico, a pesar de ser un territorio perteneciente a la soberanía danesa. Frente a esta escalada, la respuesta de la Unión Europea ha sido tardía y escasa, con algunas excepciones que han plantado algo más de cara al dirigente estadounidense. Pedro Sánchez, sin ser tampoco el protagonista de un discurso radical ni especialmente incisivo, ha sido uno de los políticos que más se ha rasgado las vestiduras con las críticas a su homólogo norteamericano. Cuando la complacencia y el silencio son la norma, hasta los conatos más leves de oposición se hacen notar.
La senda de poder se abrió con Gaza hace ya más de dos años. 70.000 muertos y un genocidio por parte de Israel después, las pulsiones imperialistas de Estados Unidos han continuado y, de hecho, Washington ha intentado atribuirse la capacidad de decidir el futuro de la soberanía palestina con una llamada «Junta de Paz» en la que España se ha negado a participar pese a ser invitada. El inquilino de la casa blanca se ha inventado un organismo internacional liderado por su persona y con invitaciones al gusto, desafiando nuevamente el orden internacional y la autoridad de las Naciones Unidas. Todos los países dirigidos por presidentes conservadores han sido también invitados, suerte que no ha tenido figura palestina alguna. La ausencia de representantes palestinos en esta inventada cumbre ha sido la razón principal de Pedro Sánchez para denegar su asistencia.
«El futuro en su conjunto de Palestina deben dirimirlo los palestinos. Y también el futuro de su coexistencia pacífica y segura con Israel deben dirimirlo fundamentalmente Israel y Palestina en un proceso dialogado que implemente la solución de los dos Estados, que permita la entrada de la ayuda humanitaria y que garantice la paz entre ambos países», argumentaba el dirigente socialista desde Bruselas, donde se celebraba el Consejo Europeo Extraordinario para analizar y preparar una respuesta conjunta a los últimos ataques del republicano.
Sánchez considera que España, por «coherencia», no puede sentarse en una mesa liderada por Trump y todo su equipo, destacándose el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente, o Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional; y varios empresarios. «Agradecemos la invitación, pero declinamos», ha pronunciado Sánchez, siguiendo los pasos del presidente francés, Emmanuel Macron. Asimismo, ha pedido a Trump que respete «el orden multilateral y las normas de la ONU», planteamientos ya incumplidos al no haber incluido a la Autoridad Palestina en la cumbre.
Venezuela y el derecho internacional
En cuanto a lo ocurrido en Caracas, donde las fuerzas militares estadounidenses sacaron por la fuerza del poder a Nicolás Maduro, Sánchez hizo las veces de avanzadilla discursiva para dar una perspectiva a la que más tarde se adherieron otros países: el Gobierno de España no iba a reconocer la victoria electoral del socialista venezolano, pero tampoco iba a aprobar su captura por suponer una violación del derecho internacional.
«España no reconoció al régimen de Maduro, pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo. Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada», escribió Sánchez el 3 de enero. Una postura que fue más tarde imitada por otros actores internacionales.
España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo.
Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de…
En la misma línea, ese mismo día pero por la mañana, Sánchez hizo también un llamamiento a la «desescalada» y «responsabilidad» ante los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano, además de asegurar que el Ejecutivo español realizaba un seguimiento exhaustivo de la situación en el país. «El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra Embajada y consulados están operativos», aseguraba Sánchez, incidiendo en que «hay que respetar el Derecho internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas».
Groenlandia y las amenazas de Trump
El de Groenlandia ha sido el último episodio de las ambiciones imperialistas de Washington. Donald Trump ha vuelto a poner en el foco a la isla helada tras hacerlo por primera vez en 2018 y casi ochenta años después de que Estados Unidos se interesara por el territorio por primera vez, tras la Segunda Guerra Mundial. En este caso, la respuesta europea ha sido más coordinada y directa contra el mandatario norteamericano. La isla atlántica es un territorio independiente de soberanía danesa, es decir, miembro de la Unión Europea y miembro fundador de la OTAN. Siete países, entre ellos España, se coordinaron para lanzar un mensaje al republicano.
«Groenlandia pertenece a su pueblo» fue el eslogan de cabecera de los jefes de Estado o de Gobierno de España, Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido y Dinamarca tras las amenazas imperialistas de la Casa Blanca. Así se pronunciaron a través de una declaración conjunta en la que subrayaban que para la Alianza Atlántica la región ártica es una «prioridad clave», además de precisar que los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos para mantener la región «segura» y poder «disuadir a los adversarios». Trump ha insistido en la importancia de controlar el territorio helado ante las posibles amenazas de Rusia y China y por el tránsito de barcos de estos dos países por sus costas, aunque ni Vladimir Putin ni Xi Jinping han hecho aseveraciones sobre su interés en controlar el territorio danés.
Los dirigentes europeos reivindicaron en tromba la soberanía popular tanto de Groenlandia como de Dinamarca, asegurando que tan sólo sus ciudadanos tienen la potestad para «decidir sobre las cuestiones» que competen a ambos territorios. «Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos», proseguían los líderes comunitarios en el texto, donde también añadían que para ese empeño «Estados Unidos es un socio esencial» como aliado, mencionando expresamente el acuerdo de defensa firmado entre el Reino de Dinamarca y el país norteamericano en 1951. La primera ministra danesa, tras las amenazas del estadounidense, llegó a aseverar que si ataca Groenlandia, «todo se acabará» y la OTAN se emprenderá en un rumbo desconocido hasta la fecha.
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El mito griego de la hidra de Lerna, animal de múltiples cabezas que se renovaban cada vez que una de ellas era cortada, ilustra con cierta precisión en qué consiste el tráfico de drogas que se produce en España y singularmente Andalucía, una de las principales puertas de entrada de hachís, sobre todo, y cocaína, también, en Europa, según coinciden diferentes fuentes e informes consultados por Público.El 70% de las incautaciones de hachís y el 40% de las de cocaína en España se produjeron en 2024 en Andalucía, según la estadística sobre drogas que recopila cada año el ministerio de Interior.
Los trabajos y reflexiones de la Comisión Europea, de Europol, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, de la Fiscalía Antidroga y de las Fiscalías provinciales y autonómicas, de las asociaciones de jueces y de las ONG que trabajan en la lucha contra los estragos personales y sociales que causan las adicciones describen un panorama en el que las organizaciones criminales, transnacionales, son extremadamente dinámicas y ocultan sus bienes con un alto grado de eficacia.
«Redes criminales de alto riesgo dominan el tráfico y el comercio de cocaína en la UE y generan miles de millones de euros en beneficios. Sus actividades se ven facilitadas por objetivos de alto valor, como intermediarios de contactos o de dinero, que facilitan el tráfico de cocaína en un entorno altamente fluido e interconectado», expone la Agencia Europea sobre Droga en su último estudio.
Europol (la agencia de policía europea) calcula en su último informe publicado por la unidad de Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE (EU-SOCTA, en sus siglas en ingles) que solo se recupera el 2% del botín: «La baja tasa de recuperación de activos en la Unión Europea sigue siendo un reto importante en la lucha contra la delincuencia organizada y financiera. A pesar de las sustanciales inversiones en recursos y de marcos legislativos sólidos, el decomiso de productos delictivos se mantiene en un nivel alarmantemente bajo, de aproximadamente el 2%«.
Añade Europol —al igual que lo aseguran jueces, fiscales, policías y ONG— que este es un asunto fundamental: «El lavado de dinero es un factor clave para las empresas delictivas, permitiéndoles integrar sus ganancias ilegales en la economía legal. La dificultad para recuperar activos delictivos permite a las redes delictivas expandir sus actividades ilícitas e infiltrarse cada vez más en la economía legal. La infiltración en el sistema legal es lo que hace que la delincuencia sea generalizada y destructiva«.
En Andalucía, según la Fiscalía Antidroga, existe la «conocida» y «preocupante instalación» en Málaga de «grandes organizaciones criminales». «Málaga y Marbella son foco principal de las actividades de sofisticadas organizaciones criminales nacionales y extranjeras que suman al tráfico de drogas las actividades necesarias para asegurar sus ganancias con distintas y complejas actividades financieras de lavado de activos».
Diligencias abiertas en Málaga permiten «observar los entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan» y cuyas redes se extienden por todo el globo. Hay diligencias abiertas en las que «son grandes organizaciones albanesas y chinas las que colaboran«, según Antidroga. El otro gran foco es Algeciras, en la provincia de Cádiz, que según los fiscales especializados «sufre una situación excepcional derivada de la actividad criminal relacionada con el puerto y de la peculiaridad geográfica que supone el Estrecho». La Fiscalía de Algeciras mantiene también «una intensa actividad en la investigación de delitos de blanqueo«.
En Andalucía, además de la entrada de cocaína a través de los puertos, la Fiscalía Antidroga observa también «el incremento incesante de grupos y organizaciones trasnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como a la introducción de hachís para distribuir por Europa». Esta es «una actividad que deriva de la circunstancia geográfica del Estrecho que separa en solo 14 kilómetros a la península de Marruecos, productor del hachís que se transporta a las costas para seguir posteriormente a Europa, sin perjuicio de lo que queda en [España] para consumo nacional».
Más droga
A pesar de los sonados y publicitados golpes policiales y judiciales que los traficantes reciben cada dos por tres —según las estadísticas del ministerio del Interior cada año se detiene a unas 7.000 personas solo en Andalucía por delitos relacionados con las drogas y se incautan miles, incluso decenas de miles de toneladas de droga—, hay cada vez más cocaína disponible en el mercado y el negocio es cada vez es más rentable.
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Según el INE, que cada año clasifica el gasto en consumo final de los hogares, el dispendio en España en estupefacientes superó por primera vez los 8.000 millones de euros en 2023 (8.222). Esta estadística supone la estimación más aproximada al volumen de negocio del narco, porque refleja compras finales, las del menudeo. La cifra, según el INE, es similar al gasto en fruta (8.829 millones), es superior a lo que se dispone para calzado (6.866) e inferior a la del alcohol, que se sitúa en 10.601 millones.
«Las estadísticas de incautaciones no son un dato definitivo sobre las cantidades disponibles en el mercado; sí lo son, sin embargo, los precios, y el bajo precio de la cocaína implica una gran disponibilidad de esta sustancia«, se recoge en la última memoria, del año 2025, de la Fiscalía Antidroga.
«El precio al por mayor ha bajado a la mitad», precisa a PúblicoFrancisco Mena, de la coordinadora Alternativas, que lleva cuatro décadas en la primera línea del activismo social contra la droga en el Campo de Gibraltar. «Estaba en unos 30.000 euros el kilo en origen, y ahora se ha reducido a la mitad. Es un fenómeno de los últimos años, hay una superproducción de cocaína en Sudamérica y se inundan los mercados. Es mas rentable [para las organizaciones]. La compran a mitad de precio y la venden al mismo precio que antes, porque el menudeo se mantiene estable desde hace años, al mismo precio, entre 50 y 60 euros el gramo. Por tanto, la rentabilidad es extraordinaria».
«El precio al por mayor ha bajado a la mitad. Hay superproducción en Sudamérica»
«Esto puede ir a peor. Todo lo que está haciendo Donald Trump, amenazando a los cárteles, ¿qué va a provocar? Esa droga va a buscar nuevos mercados. ¿Cuál es el mejor mercado que hay actualmente? El europeo. La cocaína que no entre en EEUU vendrá para Europa. ¿Por qué? Porque [los narcos] van buscando una sociedad que económicamente se puede permitir la compra», expone Francisco Mena.
Así se recoge en el Informe Europeo sobre drogas de 2025: «El tráfico de drogas ilícitas se adapta rápidamente a los acontecimientos geopolíticos, los conflictos regionales y los cambios en las rutas comerciales. En este contexto, se cree que los acontecimientos en Colombia, Brasil y Ecuador contribuyeron al aumento observado en el tráfico de cocaína hacia la Unión Europea por parte de grupos del crimen organizado. El cultivo y la producción de cocaína aumentaron en Colombia en 2023, impulsados por diversos problemas económicos y de seguridad».
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Y así lo expone Europol: «El aumento de la producción de cocaína en los países de origen de Latinoamérica ha alcanzado niveles sin precedentes, abasteciendo a la UE y a sus Estados miembros con cantidades sustanciales de la droga. Este aumento de la producción se alinea con la creciente demanda dentro de la UE, lo que garantiza un flujo constante de cocaína a los mercados europeos. Este equilibrio estable del mercado garantiza que el tráfico de cocaína siga siendo una actividad altamente rentable, lo que convierte al mercado de la cocaína en una perspectiva atractiva para las redes delictivas».
Paquetes de cocaína intervenidos en Algeciras, en 2023.
Laboratorios en España
Los casos de ejemplo que Europol ha elegido en su último informe para describir cómo funciona estos días el tráfico de cocaína y de hachís son ambos de Andalucía. Así describe el primero de ellos: «Una red criminal, compuesta principalmente por sospechosos colombianos y españoles, traficaba cocaína utilizando un método sofisticado para evitar ser detectados. Inyectaban cocaína base en cajas de cartón que contenían carga legal (como fruta). Una vez enviada en contenedores marítimos desde Colombia a Málaga, la red criminal extraía la cocaína base del cartón y la procesaba para obtener el producto final, listo para su distribución».
El cargamento partía de Colombia y llegaba al puerto de Málaga bajo la apariencia legal de exportación de fruta —a través de una empresa frutícola— y posteriormente el estupefaciente era transportado a un laboratorio instalado en Puebla de Montalbán (Toledo), según la Agencia Tributaria. En la operación fueron detenidas 28 personas, repartidas en Toledo (13), Madrid (ocho), Málaga (cinco) y Colombia (dos) y se intervinieron 47 kilos de cocaína, 20 kilos de cocaína base, 3.000 litros de precursores líquidos y 300 kilos de sólidos, tres armas de fuego, 20 vehículos y más de 245.000 euros en efectivo.
Las redes, en efecto, como se ha documentado en este caso, no solo exportan a Europa el producto final, la cocaína en polvo, sino que también comercian con el producto intermedio, la base de cocaína. «El procesamiento final se lleva a cabo en la UE.
Para reducir los riesgos y optimizar las ganancias, la cocaína se incorpora a diversos materiales. Posteriormente, se extrae mediante procedimientos químicos específicos. Los laboratorios para el procesamiento y/o la extracción de cocaína se encuentran principalmente en países de Europa occidental y meridional. Existen indicios de una mayor expansión de las actividades de extracción de cocaína en laboratorios de la UE«, afirma Europol.
«La finca que albergaba el laboratorio —asegura la Agencia Tributaria— contaba con un campo de olivos, una explotación ganadera y una plaza de toros. En esa plaza de toros, concretamente en la parte inferior del tendido, se encontraba instalado el laboratorio, que estaba dividido en diversas zonas, cada una de ellas con una finalidad específica y que, en conjunto, posibilitaba la producción de una gran cantidad de estupefaciente. Con el establecimiento de ese laboratorio, la organización pretendía crear una vía continua de producción en España, para lo que utilizaban equipos similares a los utilizados en los grandes laboratorios de Colombia».
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Mayor violencia y armas de guerra
Los fiscales detectan también que hay una mayor violencia, vinculada sobre todo a la cocaína, que mueve mayores cantidades de dinero. Así, la Fiscalía de Jerez refleja que existe una «situación mantenida» y sitúa «la alarma en la constatación del incremento de incautaciones de armas de fuego, muchas de ellas automáticas, que anuncian una violencia que ya se observa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con materialización en un disparo realizado este año contra un agente de la Guardia Civil que trataba de impedir una descarga de una embarcación de alta velocidad».
Los propios guardias civiles lo notan. Así lo expone a Público el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Almería, Víctor Vega Romero: «Me decía un compañero: ¿Yo por qué no voy bien defendido contra estas mafias, cuando ellos van bien equipados con armamento, para los vuelcos y para sacar a los migrantes de las pateras?Llegará el día que lo usen contra nosotros. Esta escalada de violencia va a más. Las mafias recaudan cada año más dinero y se hacen más poderosas».
La Guardia Civil: «¿Por qué no voy bien defendido contra estas mafias?»
La Fiscalía de Huelva lo expresa, según recoge la memoria de Antidroga, en los siguientes términos: «Ahora se planta marihuana para tener unos ingresos estables en el tiempo, y luego se alija cocaína o hachís según la fórmula riesgo/ganancia. El mayor problema derivado del tráfico de cocaína es el incremento de la violencia y la introducción de armas de guerra. Se han tramitado durante el año 2024 cinco procedimientos con depósito de armas de guerra en Huelva. Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que, en casi todas las desarticulaciones de organizaciones criminales, aparezcan estas y sus municiones».
Fardos de droga y dos kalashnikov incautados por la Policía y la Guardia Civil.
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«O que las descargas de hachís —continúa— se aseguren por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano, lo que ha causado una gran alarma social, no sólo a nivel provincial, sino también nacional. El uso de estas armas es constante, así como los heridos y desaparecidos, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes para los famosos vuelcos, robos de mercancías entre ellos, así como para castigar las pérdidas de la mercancía. El uso de estas armas viene asociado, además, con una difusión de la ostentación de estas en redes sociales, con lo que la inquietud ciudadana es preocupante. Se ha llegado a tal punto que incluso existe una causa judicial en la que un investigado ha usado y presumido del uso de un AK47 para la resolución de un conflicto familiar por la custodia de menores», añade.
«Descargas de hachís se aseguran por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano»
Europol resume de este modo la situación: «Las redes de tráfico de cocaína tienden a usar la violencia con mayor frecuencia y recurren a formas más extremas que las redes que comercian con otros tipos de drogas. La violencia se utiliza principalmente internamente, dentro de la red criminal, para garantizar la disciplina y la cooperación, mantener el control y castigar a los socios por acuerdos fallidos. La violencia también se utiliza contra competidores en el mercado para establecer y mantener el poder».
Esto es lo que ha sucedido en Huelva, según la Fiscalía. Son «las mismas organizaciones criminales asentadas en la provincia que traficaban con hachís y que realizan ahora el transporte de cocaína». La presión policial en el Estrecho ha desplazado en parte la actividad hacia Huelva y hacia Málaga y, también, Almería, que se ha convertido, según la AUGC, «en la gasolinera de [los narcotraficantes]».
«El problema se hace mayor —exponen los fiscales— ya que [las organizaciones que operan en Andalucía] no se limitan a la introducción de hachís, sino que cada vez más se utilizan para el transporte de cocaína. El río Guadalquivir es ya una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa». También se han producido incautaciones de alijos en el Guadiana.
El informe europeo sobre drogas apunta a este respecto: «El tráfico ilícito de armas se caracteriza por una compleja interacción entre la oferta y la demanda, y contribuye a la expansión regional de la violencia relacionada con las drogas. Las fuentes de armas de fuego ilícitas cambian y se expanden aún más bajo la influencia de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la esfera en línea. La disponibilidad de armas en las zonas que salen de una crisis y zonas en guerra en países vecinos de la UE y países terceros también contribuye a esta expansión».
Un «desafío abierto» al Estado
Andalucía, escriben los fiscales Antidroga, «desde el punto de vista
de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas que hace
notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que,
por su esencia, suele estar oculto y trata ordinariamente de pasar desapercibido». La «exhibición constante» y la «provocación» a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado «que realizan los narcotraficantes con
el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido», supone «un desafío abierto al Estado que
requiere una respuesta firme y adecuada».
«El uso de las narcolanchas a plena luz del día es un desafío abierto al Estado»
Existe, prosigue la Fiscalía, «alarma e impotencia ante este fenómeno que se torna cada vez más grave puesto que las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir». Además, según Antidroga, «cada vez es más violento el uso de esta herramienta que, además de ser utilizada para el asesinato de los dos guardias civiles en febrero de 2023, ha provocado que otros cinco ocupantes de estas embarcaciones hayan fallecido durante 2024 y en 2025, uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último recientemente en aguas internacionales, frente a Barbate».
Ofrenda floral en homenaje a los guardias civiles fallecidos en el puerto de Barbate.
El petaqueo
La última memoria de la Fiscalía de Andalucía recoge los problemas que causa el fenómeno del petaqueo, el suministro de gasolina a las narcolanchas, que se ha extendido hasta Almería: «Varias fiscalías refieren algunos cambios en la actividad de organizaciones dedicadas al
tráfico de drogas, que, como señala el fiscal de Almería, han mutado convirtiéndose en
abastecedores de gasolina a narcolanchas que operan no solo en esta provincia sino en
todo el litoral andaluz. Determinadas zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han
convertido en refugio de narcolanchas ante situaciones de inclemencia marítima».
«Determinadas zonas del Parque Natural de Cabo de Gata se han convertido en refugio de narcolanchas»
El petaqueo es una actividad «especialmente lucrativa», según los fiscales y «aparentemente desprovista de las consecuencias penales» y está «extendiéndose alarmantemente». Según se expone en un trabajo reciente, un informe especial, muy trabajado, titulado El narcotráfico en el Sur de España, más allá del mal y publicado en el boletín de la AUGC, «un motor fueraborda V6 de 300 caballos, de 350 caballos o V8 de 425 caballos pueden gastar más de 110 litros a la hora de navegación, esto multiplicado por el número de motores de una narcolancha supone que de tres motores el consumo es 330 litros a la hora a toda máquina».
Este nivel de consumo provoca «que las narcolanchas no tengan mucha autonomía». «Por ejemplo, de Marruecos a Sanlúcar de Barrameda ha podido consumir casi todo el combustible que llevan a bordo. Y hay que pensar que las narcolanchas no tienen medidas de seguridad naval, son embarcaciones en su mayoría artesanales, todo un peligro en caso de incendio. Pero aun más peligro corren las personas que realizan el apoyo a las narcolanchas con el petaqueo, porque suelen llevar de 600 a 1.000 litros y más, de gasolina, son cantidades que son claramente catalogadas como mercancías peligrosas», se recoge en este documentado trabajo.
Las petacas de gasolina son «aproximadamente de veinte, veinticinco y treinta litros»; siempre «tiene que existir una porción de aire para los gases, por ejemplo si son de treinta litros, solo
rellenan veinticinco litros». «Cada garrafa puesta en la narcolancha cuesta aproximadamente entre trescientos y quinientos euros, según la dificultad de hacer la entrega y la urgencia que
tenga la narcolancha», se lee en el estudio.
La AUGC en Almería plantea sobre este asunto las dificultades legales para perseguirlo: «Hemos visto estos años cómo en el mundo narco, una mafia de muchas cabezas, ha proliferado [el petaqueo]. Almería [se ha convertido] en la gasolinera de Europa y en el basurero de estas gasolineras. El mundo de la petaca no está bien legislado. Se dan piruetas legislativas o sanciones administrativas. Cuando se ha hecho una gran operación, ha sido por ingeniería legislativa».
La memoria de la Fiscalía Antidroga lo confirma: «Algunas operaciones han permitido demostrar la vinculación del petaqueo con el tráfico de drogas. En el resto de los casos, la Fiscalía ha comenzado a presentar acusaciones por delito de tenencia de sustancias inflamables. En Cádiz, la Fiscalía ha emitido una nota interna analizando «las posibilidades de que determinadas actividades de petaqueo puedan ser consideradas delictivas».
Hace unos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informó de que había estimado un recurso de la Fiscalía y había condenado con ocho años de cárcel y dos multas de 180.000 euros cada una a un petaquero multirreincidente: «La conducta enjuiciada consistió en la tenencia ilegal de 1.300 litros de gasolina y en su transporte por vía marítima distribuidos en 52 garrafas, siendo palmario que su poseedor conocía la peligrosidad por el carácter extremadamente inflamable y volátil de dicho producto y que asumía tal grave riesgo, habiendo incurrido por tanto en el delito tipificado en el artículo 568 del Código Penal como promotor responsable de esa posesión y transporte que efectuaba».
Fuentes del ministerio del Interior aseguraron que el departamento estudia junto al ministerio de Justicia «posibles reformas del Código Penal que permitan mejorar la lucha contra las organizaciones que se dedican a estas labores logísticas de aprovisionamiento de combustible». Para la AUGC, ya van tarde.
El Ministerio del Interior aseguró a Público: «El Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar incorpora de manera expresa la necesidad de erradicar las redes de abastecimiento de combustible y víveres que actúan como apoyo logístico a las denominadas narcolanchas».
Fruto de la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según Interior, «ha sido posible decomisar [casi dos millones de litros] de combustible para abastecer a las embarcaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando, desde el 1 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2025″.
Migrantes
La Guardia Civil ha detectado también que, como otra forma de negocio, en periodos de espera entre alijo y alijo, las narcolanchas son en ocasiones utilizadas para el transporte de personas migrantes. «Tratan la emigración como si fueran fardos de drogas. Hemos visto cómo desalojan las pateras con gran violencia», lamenta el portavoz de la AUGC en Almería.
El trabajo El narcotráfico en el Sur de España, más allá del mal también describe así esta actividad: «Se desarrolla de la siguiente manera. Suele acontecer en la época estival, varios narcotraficantes pilotan motos de agua de gran cilindrada. […] Cada narco lleva en su moto de agua varios fardos de hachís […] y a una persona migrante, la cual es menor de edad, el cual va montado detrás del narcotraficante. Esta persona migrante ha pagado por su viaje entre dos mil y tres mil euros, para que le transporten a España».
«Si se encuentra —se lee en el estudio— con alguna patrullera en el trayecto y se produce una persecución, el narco le dará una patada para tirarlo al agua, para anular el seguimiento. Estos menores no llevan ningún chaleco salvavidas o flotador, con el que puedan ayudarse a flotar en el caso de terminar en aguas del Estrecho de Gibraltar. La vida de la persona migrante es lo principal, por lo que las patrulleras se paran en el mar a iniciar el rescate, porque estas personas corren un peligro inminente de ahogamiento o de padecer hipotermia».
Capacidad de corrupción
«Lo que podría parecer en los últimos años una amenaza silenciosa para la sociedad va mostrando efectivamente más potencial de daño, utilizando más violencia y una potente capacidad de corrupción que se ha revelado real y que conduce a un deterioro de la seguridad y una merma de confianza en las instituciones públicas», considera la Fiscalía Antidroga.
El narco tiene «una potente capacidad de corrupción que se ha revelado real»
Casos como el del inspector jefe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior en Madrid, que fue arrestado y al que se le encontraron más de 15 millones de euros en su casa, perduran en la memoria. En España, entre 2011 y 2021, fueron detenidos 148 guardias civiles por vínculos con el narcotráfico.
«El narcotráfico tiene dinero para corromper todo y tiempo e imaginación. Ellos intentan corromper todas las capas de la sociedad, es así, a todo el mundo. Afortunadamente, en este país no tenemos la situación de otros lugares. Nuestros sistema de garantías hace que no puedan corromper o no puedan llegar [a numerosos lugares]», afirma Francisco Mena, de la coordinadora Alternativas.
El caldo de cultivo
Ante las cifras de detenidos vinculados a las redes del tráfico, miles cada año en Andalucía, Mena se plantea: «¿A quién se detiene? Al ultimo eslabón de la cadena. Esos son sustituibles rápidamente. Mañana hay otro para hacerlo. Pero no se llega a los que mandan en este negocio, por mucho que veamos en titulares nombres de los clanes… pero estos eran meros transportistas. Los que ganan dinero de verdad no están a pie de tajo, sacando la droga. Están en Ámsterdam, en Marbella, en Londres. Son los que llegan al acuerdo con el productor y el comprador y ellos son los que realmente ganan dinero».
«Los que ganan dinero de verdad, no están a pie de tajo, sacando la droga. Están en Ámsterdam, en Marbella, en Londres»
«Y los que descargan droga, hay que ver cuál es la situación de pobreza y de paro —prosigue Mena— en la que viven. No es justificable pero es la realidad: cuando alguien no tiene capacidad económica para subsistir, son tentados por el narcotráfico. De ahí se nutre el narcotráfico: del paro, la pobreza y la exclusión social. ¿Alguno dice de quién es la droga? Jamás, no por miedo, sino porque si mantienen la boca cerrada los van a tener protegidos a él y a su familia en la calle. Esto está montado de una forma mercantilista cien por cien. Es un negocio y hay gente que por la situación de pobreza entiende que el narcotráfico es la solución a sus problemas económicos». El desempleo en el Campo de Gibraltar es endémico, hay barrios donde la desesperanza y la falta de oportunidades son la norma.
«Esto no tiene arreglo. La bajada de la demanda puede [llevar la situación a] unos términos aceptables: educando, y aplicando políticas sanitarias, educativas y de concienciación. Ese es el trabajo que hay que hacer. Se puede vivir sin drogas, no es necesario consumir nada para ser feliz. Una raya llega en cualquier fiesta y la encuentras. Por eso hablamos de un plan integral. No solo se trata de políticas policiales, que hay que tenerlas, sino de darle oportunidades a la gente«, reflexiona Mena.
Reivindicaciones y cambios legales
El narco dispone de medios de los que carecen las fuerzas de seguridad, según lamentan policías y guardias civiles. Submarinos, drones, embarcaciones… todo sirve para transportar la droga. Europol recoge en su último informe el ejemplo de una red criminal que utilizaba helicópteros modificados para traficar cannabis desde Marruecos al sur de España. «Una vez en España, la droga se transportaba a Francia en vehículos o camiones pesados con matrículas falsas. Como contramedida, se utilizaban múltiples identidades falsas y la red utilizaba empresas fantasma para blanquear las ganancias del tráfico y comercio ilícitos. Las ganancias se utilizaban posteriormente para desarrollar y avanzar su negocio, incluyendo la mejora y expansión del sistema de tráfico», recoge la Agencia de Policía europea.
Tanto guardias civiles como policías como fiscales y jueces vienen reclamando más medios, de todo tipo, materiales y de personal (también el establecimiento de un complemento de peligrosidad), y cambios legales que faciliten la labor de investigación del blanqueo, sobre todo, para poder llegar a una condena, frente a equipos legales muy preparados. Por ejemplo, la asociación de jueves Francisco de Vitoria, tras el asesinato de los guardias civiles en Barbate, reclamó que la Audiencia Nacional asumiera la competencia sobre todos los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen los efectos de los mismos, «con incremento de medios para su instrucción y posterior enjuiciamiento». Ahora mismo, la Audiencia Nacional se ocupa de las causas más relevantes, las que afectan a más de una provincia.
Diferentes bulos, desinformaciones y datos erróneos han circulado estos días como la pólvora en redes sociales tras el accidente ferroviario de Adamuz, que ha dejado 45 víctimas mortales y más de 150 heridos. Uno de ellos consistía en que el acero del carril del accidente era procedente de una empresa china, que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, desmintió en rueda de prensa. Pero no fue el único: se llegaron a difundir mentiras sobre el estado de una vía afectada por inundaciones o que los trenes que se utilizan para inspeccionar el estado de las vías estaban paralizados desde hace años. El ministro también ha desmentido ambas cosas a través de sus redes sociales.
«Atención, bulo«, comenzaba Puente, citando una publicación de Telecinco en la que se aseguraba, según el testimonio de unos maquinstas, el riesgo de un tramo ferroviario entre Logroño y Haro: «Parte de la vía se está cayendo directamente al río», declaraban presuntamente en una publicación que superó el medio millón de impresiones en la red social y que, por consiguiente, tuvo un significativo impacto. La matización del ministro fue rápida, citando la ubicación exacta de la incidencia, el presupuesto para su arreglo y el plazo de ejecución, y remantando: «Está en ejecución y tenemos un corte de 4 dias a finales de febrero para rematar la actuación. Y aprovechamos además para cambiar los desvíos de Haro».
Atención Bulo: EMERGENCIA DE LAS OBRAS Y DE LOS SERVICIOS POR GRAVES DAÑOS EN EL TERRAPLÉN ENTRE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS 128+700 Y 128+950 DE LA LÍNEA 700 INTERMODAL ABANDO-INDALECIO PRIETO-CASETAS. OBRA CIVIL.» Presupuesto 1.973.016,50 €. Plazo 8 meses. Prevista finalización 1T… https://t.co/pmo7kU7NvC
«Son tres auscultadores Stadler y uno 106 Talgo. De los Stadler uno está trabajando estas noches en el corredor Madrid-Barcelona en ancho estándar. Dos en ancho ibérico están ya funcionando, aunque en proceso de calibración de sus equipos. El 106, con bastantes problemas de homologación, está previsto para estar operativo a finales de año», explicaba el ministro, desmintiendo al medio conservador.
Esto, al igual que lo de la unidad de crisis, es un BULO. Son tres auscultadores Stadler y uno 106 Talgo. De los Stadler uno está trabajando estas noches en el corredor Mad-Bcn en ancho estándar. Dos en ancho ibérico están ya funcionado , aunque en proceso de calibración de sus… pic.twitter.com/3hLnvX3GBI
Durante su comparecencia, el ministro de Transportes también se dirigió al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para replicarle por hacerse eco de bulos después de que este lanzase una batería de preguntas sobre el accidente ferroviario de Adamuz. En este sentido, el ministro destacaba la importancia de contrastar la información para no caer en bulos y que recordó que, según la principal hipótesis, la rotura de la vía se tuvo que producir «minutos u horas» antes del suceso y, por tanto, no pudo ser detectada por los trenes que hacen esta labor.
Ante este contexto, el socialista afeaba que considera que un porcentaje de las preguntas realizadas por el líder de Génova «se apoyan en bulos que han sido difundidos por los medios de comunicación«. «Adif nunca pierde el rastro del Alvia. El centro de control de Adif nunca pierde el rastro del tren: aparece en todo momento situado en los paneles de control, ocupando un determinado circuito de vía», explicaba, ya que algunos testigos afirmaron que pasó casi una hora hasta que los equipos de emergencia llegaron hasta el tren, tiempo después de haber llegado al primer tren Iryo.
En cuanto a la hipótesis principal que se baraja actualmente, la rotura de la vía, señaló que debió ser de un carácter «tan leve» que «en ningún momento se interrumpió la corriente que va a través del carril», ya que, de lo contrario, los sistemas de alarma se hubieran activado. De igual forma, el ministro también señalaba que Adif cuenta con un sistema que les permite tener información puntual sobre el estado de las vías, y que dicho sistema se aplica en otros países europeos como Francia, Italia y Alemania porque «todos están controlados por la Agencia Europea del Ferrocarril».
Puente, a su vez, desmentía la existencia de un sistema «arbitrario» para establecer la velocidad de los trenes, ya que está basado en «protocolos y criterios objetivos». Por ello, le reprochaba al líder del PP que no preste atención a las comunicaciones oficiales del Gobierno y que se centrase en otras fuentes que aportaban desinformación al asunto. «Quizá por eso hablan de falta de información o transparencia, yo creo que es falta de atención», lamentaba.
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En varias líneas férreas de alta velocidad, las más transitadas del país, operan hoy las empresas Iryo (participada por la compañía estatal italiana Trenitalia) y Ouigo (que pertenece a la estatal francesa SNCF). Ambas compiten con Renfe. El Gobierno abrió el mercado ferroviario en el año 2020, en cumplimiento de las directrices europeas. Esa liberalización ha generado diversos efectos, algunos de ellos beneficiosos, como la captación de viajeros y por tanto una reducción de las emisiones de CO2 y, de cara al usuario, el abaratamiento de los precios, pero también ha causado otras consecuencias, una especie de cara B, como una mayor presión sobre la infraestructura debido al aumento de viajeros y de trenes. Una de las piezas fundamentales del sistema, el canon que las empresas pagan a Adif por el uso de la red ferroviaria, también ha sido —y es— objeto de polémica. Las compañías buscan aún la rentabilidad: de momento, lo que han obtenido son pérdidas.
En el horizonte asoma ahora la privatización, también a instancias de la Comisión Europea, de los servicios conocidos como Obligación de Servicio Público (OSP), los trenes de cercanías, media distancia (Avant también) y ancho métrico. Renfe los define así: «Hay servicios que no resultan rentables desde el punto de vista económico, pero sí desde otros puntos de vista. En estos casos, el Estado los subvenciona». Ahora mismo, según expone la CNMC y confirma a Público el Ministerio de Transportes, todos los servicios «sujetos a OSP los presta Renfe mediante adjudicación directa».
«La mayoría —según la CNMC y el Gobierno— se rigen por el contrato de servicio público firmado el 18 de diciembre de 2018, vigente hasta 2027 y prorrogable por cinco años. Inicialmente estaba previsto que algunos servicios (como mínimo que supusieran el 3% del valor del contrato) empezaran a prestarse por operador adjudicatario de una licitación pública el 1 de enero de 2026, pero una reciente adenda, pospuso esta fecha hasta el 1 de enero de 2028″. Ahora el Gobierno negocia con las compañías la apertura. «Estamos con los trámites. Se ha mandado a los operadores [a las empresas] el programa y aún faltan seis meses para que hagan una propuesta», agregan a Público fuentes del ministerio de Transportes. Las compañías han manifestado interés en función de la rentabilidad que les pueda aportar.
La liberalización del mercado no ha operado igual en todos los corredores. Las empresas han entrado en la línea entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y la costa medirerránea y la conexión con el sur —en la que se produjo el descarrilamiento del tren de Iryo a la altura de Adamuz, en Córdoba—. Ouigo fue la primera empresa en empezar a prestar servicios, el 11 de mayo de 2021 en el corredor
Madrid-Barcelona. Dede enero de 2025, hay, en esos tres corredores, tres operadores
compitiendo, (Renfe, Iryo, y Ouigo), con cuatro marcas comerciales (Renfe tiene dos, AVE y AVLO).
Además, «Ouigo opera las rutas Madrid-Segovia-Valladolid – incluyendo conexiones transversales con Valencia y Alicante- y Madrid-Murcia. Iryo, por su parte, ofrece servicios transversales entre Barcelona y Sevilla», recoge la CNMC en su último estudio, publicado hace tres meses, que lleva por título Balance de la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril.
Redes de alta velocidad y número de operadores por red.
Uno de los elementos clave de la liberalización es lo que se conoce como el canon ferroviario. Las empresas, incluida Renfe, pagan a Adif, la empresa pública encargada del mantenimiento de la infraestructura, una tarifa que «se orienta a trasladar al operador ferroviario todos los costes directamente imputables al servicio«, según la empresa pública. Esta cuestión, que está también directamente relacionada con el precio del billete —porque se repercute al usuario—, ha generado tensiones entre Gobierno y operadoras.
Existió una discusión con Ouigo porque Transportes entendía que sus precios perjudicaban a Renfe y consideraban que esta empresa podía pagar más por el canon. Ouigo argumentaba, por el contrario, que el canon perjudicaba sus expectativas de negocio e implantación en esta primera fase. Los cánones, según la CNMV, constituyen «aproximadamente el 50% de los costes de Iryo y Ouigo, y el 34% de los costes de Renfe (el menor peso en los costes de los servicios comerciales se debe a la mayor presencia entre sus servicios de rutas y servicios con cánones reducidos, como los corredores de Galicia y el norte)».
La competencia entre tres operadores y cuatro marcas comerciales en España ha dado lugar a una mayor caída de precios que en otros países donde solo hay dos operadores compitiendo. Entre 2019 y 2024, los ingresos medios por viajero en las principales rutas con competencia bajaron un 33% (un 44% ajustado por la inflación), según un estudio encargado por la Comisión Europea, que lleva por título Study on passenger and freight rail transport services’
prices to final customers: final report, publicado en el año 2024.
¿Es suficiente lo que pagan Renfe, Ouigo e Iryo por este canon? Esta una cuestión que ha generado fricciones, no solo con las empresas, a lo largo de los años, sino también con Europa.
Al principio, el canon se fijaba a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado y tenía la consideración de tasa, pero a la Unión Europea no le convencía que fuera así por razones de armonización del espacio europeo y porque limitaba la independencia de los gestores ferroviarios, según se recoge en el informe de gestión de Adif AV. Ello derivó en un cambio legislativo, que se efectuó en 2022 en la Ley del Sector Ferroviario. El canon, ahora, tiene la consideración de prestaciones públicas no tributarias y lo fija Adif cada año mediante un reglamento que se publica en el BOE. La primera vez que se usó este nuevo sistema fue en noviembre de 2024.
Adif Alta Velocidad obtuvo, según el último informe de gestión, 563 millones en 2022, 727 millones en 2023, y 783 en el ejercicio de 2024. El presupuesto destinado al mantenimiento en 2022 fue de 368,1 millones, en 2023, de 376,7 millones, y en 2024, de 444 millones. Sin embargo, los costes de explotación de la empresa pública, en esos tres años, según recoge el informe de la CNMC, estuvieron por encima de los 1.000 millones de euros, lejos de lo recaudado por el canon. Este periódico preguntó a Adif si el canon era el correcto para cubrir las necesidades o era necesario un incremento, pero no había obtenido la respuesta en el momento de publicación de esta información.
El canon, según la CNMV, que viene a ejercer un papel de árbitro entre Adif y las empresas en este asunto, consta de dos partes: la tarifa recoge los costes directos de la infraestructura; es decir, los costes que son variables con el tráfico y que deben siempre trasladarse a las empresas ferroviarias. Los recargos sirven para recuperar el resto de los costes de los administradores, pero «solo pueden trasladarse si el mercado puede aceptarlos», afirma la CNMC, que ha instado en alguna ocasión a rebajas en estos recargos.
La Ley de Seguridad Ferroviaria, según el informe de gestión de Adif, «regula el régimen económico y tributario del sector ferroviario tratando de alcanzar el equilibrio entre la viabilidad económica del sistema y el fomento del transporte ferroviario. Se persigue incentivar la mejora del funcionamiento de la red, la reducción de perturbaciones, la optimización del uso de la infraestructura y la disminución de los costes de su puesta a disposición».
Pérdidas
La liberalización, de momento, solo ha traído pérdidas a las compañías, incluida Renfe, que en 2019 había obtenido beneficios de más de 130 millones de euros, según el informe de la CNMC.
«Desde 2020, Renfe, Iryo y Ouigo han perdido, en conjunto, 1.203,5 millones
de euros. En 2020-2021, en plena pandemia de Covid-19, las pérdidas fueron de
751,5 millones, y entre 2022 y 2024, de 452 millones. Por empresa, las pérdidas
acumuladas son de 842 millones de Renfe, de 170 millones de Iryo y de 191 millones de Ouigo. En 2024, las pérdidas bajaron a 99,5 millones, desde los 219 millones
de 2023″, se lee en el estudio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
«El conjunto de las empresas ferroviarias facturó 1.925 millones de euros por sus servicios comerciales en 2024, un 11,9% más que en 2023 y un 20,3% más que en 2019. Los costes, por su parte, aumentaron un 35,6% entre 2019 y 2024, por el incremento de la actividad», recoge la CNMC.
El caso de España —y de Renfe— es especial en Europa, según el estudio de la CNMV: «Solo en España (que agotó el plazo para la liberalización, como lo hizo también Francia) la cuota de mercado del operador histórico ha descendido de forma notable. En Francia, SNCF Voyageurs mantiene una cuota superior al 99%«. Iryo y Ouigo tuvieron, en 2024, entre los dos, una cuota de mercado del 34% en el conjunto de los servicios comerciales de alta velocidad, similar a la de 2023. En 2022 estaban en el 14%. Renfe ha ido perdiendo comba.
Más viajeros
La liberalización también ha empujado a un aumento de viajeros. En 2024, según la CNMC, los servicios comerciales tuvieron 49 millones de viajeros, de los que
39,6 millones fueron de alta velocidad y 9,2 de larga distancia convencional. Estos 49 millones de
viajeros son 14,4 millones más que en
2019, un 41,6% más. Viajeros en alta velocidad fueron 17,2 millones más en 2024
que en 2019, un aumento del 77,2%. Sin embargo, en las rutas sin competencia donde solo opera Renfe, la diferencia entre 2019 y 2024 fue de 200.000 viajeros, de 14,3 millones a 14,5 millones.
Entre los aspectos más beneficiosos del aumento de viajeros está la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) ligada al ferrocarril. En 2024, el tren alcanzó una cuota del 56,5% en el transporte público de larga distancia en España, 5,2 puntos porcentuales más que en 2019. Entre 2019 y 2024, el tren creció
un 40%, el autobús un 24% y el avión se mantuvo estable. Todas las rutas de ferrocarril de alta velocidad han ganado cuota desde 2019, excepto el recorrido entre Madrid y Málaga, donde «ha aumentado más el número de viajeros de avión (95%) que de tren (58%)».
Entre 2019 y 2024, según el estudio de la CNMC, los viajeros captados del modo aéreo fueron aproximadamente 0,9 millones; del autobús 0,4 millones; del vehículo particular 3,7 millones. «Se estima —añade el regulador— que la liberalización ha generado unos ahorros netos de costes externos de 171,8 millones de euros, que proceden, principalmente, de la captación de viajeros del vehículo particular (163 millones)».
«El trasvase de viajeros del avión y la carretera al ferrocarril genera ahorros en costes externos (polución, emisiones, accidentes, congestión y ruido). […] Los viajeros que han dejado de usar el modo aéreo o la carretera en
sus desplazamientos, y se han pasado al modo ferroviario, han ahorrado más de 220.000 toneladas en emisiones de dióxido de carbono y otros gases
contaminantes, como los óxidos de nitrógeno, cuya emisión se estima
reducida en 1.180 toneladas», según la CNMC.
Más trenes
La flota de la alta velocidad alcanzó las 152 ramas —que en el argot significa composición indivisible de un tren de viajeros— 56 más que en 2019. Las empresas ferroviarias han adquirido 32 ramas adicionales de alta velocidad, lo que supone que la oferta de plazas se incrementará en los próximos años, especialmente por la ampliación de la flota de Renfe. En 2024 circularon por la red de
alta velocidad 106.282 trenes, 33.848 más que en 2019, un incremento del 46%.
El último informe de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria recoge que en el año 2022 se produjo un aumento de las deformaciones de vía, uno de los así llamados «precursores de accidente». Aunque la Agencia, en el trabajo, no vincula este hecho a la liberalización en ningún momento, sí recoge lo siguiente: «El valor registrado en 2024 supera claramente la media de los cinco años anteriores, y especialmente del periodo previo a 2022, lo que confirma una situación más estructural que coyuntural«.
El informe añade que Adif ya ha empezado a controlar este asunto: «La contención del número de deformaciones de vía [ha pasado de 446 en 2022, el valor más alto, a 398 en 2024, aun por encima de las 284 de 2019] ha sido, al menos en parte, resultado de las actuaciones llevadas a cabo [por Adif]. Además, durante 2024, los registros responden a un procedimiento sistemático de evaluación. Cuando un maquinista comunica la posible existencia de una deformación, el aviso se traslada a los servicios de mantenimiento, que [realizan] las mediciones correspondientes. […] Este proceso de verificación, además de garantizar la fiabilidad del registro, facilita la planificación de actuaciones correctivas».
Puntualidad
El informe de la CNMC recoge analiza también lo sucedido en este tiempo con la puntualidad de los trenes. «El modo ferroviario —expone— sigue siendo más puntual que el aéreo. Vueling, que es la
cuarta compañía europea más puntual, tiene un 81,8% de sus vuelos llegando
con hasta 15 minutos de retraso, e Iberia, que es la séptima, un 80,7%. La puntualidad del [tren] con este umbral es del 94% en las principales rutas con competencia». Eso sí, «en el corredor Madrid-Barcelona la puntualidad ha caído 15 puntos entre 2019 y 2024, pero el número de circulaciones ha aumentado un 107%».
Añade el trabajo: «Debe tenerse en cuenta [también] que la puntualidad
del modo ferroviario en 2023 y 2024 se ha visto afectada por el elevado número
de obras en ejecución en la red, que aumentan la probabilidad de incidencias.
Las obras han pasado de 150 en 2019 (once en alta velocidad) a unas 450 en 2022,
y a más de 500 en 2023 y 2024 (45 en alta velocidad). Por ejemplo, la
renovación de la línea Madrid-Sevilla, cuya puntualidad se redujo en 2023, se
tradujo en cerca de 40 intervenciones a lo largo de su recorrido».
Tras una trágica semana en materia ferroviaria con el descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer en un pleno del Congreso de los Diputados en un ejercicio de transparencia y de ofrecer información sobre ambos accidentes, que se han llevado la vida de 46 personas en total.
Pese a que todavía no hay fecha confirmada para dicha comparecencia, fuentes parlamentarias han confirmado que La Moncloa ha registrado este viernes la petición ante la Cámara Baja, y poco después de que el Partido Popular (PP) exigiera explicaciones al jefe del Ejecutivo sobre la tragedia ferroviaria que ha sacudido esta semana al país entero con las 45 víctimas mortales en Adamuz y el descarrilamiento de un cercanías en Gelida este martes, que se ha llevado la vida del maquinista. Así, en la petición, Moncloa ha puesto de manifiesto la voluntad de Sánchez de “dar cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado, así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario”.
«La alta velocidad en España es un orgullo»
En esta misma línea, la petición del presidente del Gobierno para ofrecer información en la Cámara Baja llega horas después de que compareciera tras la reunión del Consejo Europeo Extraordinario, desde donde defendió que la alta velocidad en España es “un orgullo para todo el país”. De esta forma, el jefe del Ejecutivo trasladó sus condolencias a las víctimas de las dos tragedias: «Quiero que sepan que el Estado en su conjunto va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles», dijo. Sánchez tuvo palabras también para los ciudadanos que se han «volcado» en ayudar, tanto en los servicios de emergencias como de voluntarios: «Su generosidad, su empatía, su humanidad, también su profesionalidad, son el mejor testimonio del país que es España», afirmó.
Por su parte, ante las preguntas de los periodistas sobre la responsabilidad del Gobierno en la tragedia, Sánchez no dudó en asegurar que asumen “todas”. «Vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos ocho años: con absoluta empatía hacia las víctimas, con absoluta transparencia». También tuvo palabras el socialista para remarcar la unidad entre el Gobierno central y el autonómico, algo muy significativo después de que el PP nacional ya amenace con romperla. En ese sentido, Sánchez mencionó la «cooperación entre instituciones», y recordó que la Junta de Andalucía y el Ejecutivo tienen «competencias repartidas«.
Aunque remarcó hasta en dos ocasiones el «orgullo» que siente el Gobierno por la alta velocidad en España, Sánchez expuso que trabajarán para que la «ciudadanía recupere la confianza» en las infraestructuras, inevitablemente mermada tras lo ocurrido en los últimos días. Eso sí, como es costumbre, ese trabajo tendrá como mantra la «transparencia«, señalando a quienes tratan de pescar en río revuelto y desinformar aprovechando las tragedias.
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Todas los controles de la infraestructura del tramo en el que ocurrió el choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba, este domingo «estaban en regla«. Así lo ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ante las últimas informaciones conocidas este viernes, ha apuntado que «era imprescindible» que volviera a comparecer 48 horas después de hacerlo por última vez. Más allá de los datos técnicos, a preguntas de los periodistas el ministro ha contestado que «no teme» que el presidente del Gobierno vaya a pedirle su dimisión tras los hechos de la última semana.
Puente ha ofrecido este viernes su segunda rueda de prensa tras el accidente, la primera fuera del luto oficial. Una comparecencia con el mismo formato que la anterior que llega apenas cuatro horas después de que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) haya detectado indicios de que la vía estaba fracturada antes del paso del tren Iryo que descarriló y chocó contra el Alvia. El ministro estaba rodeado por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, y el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña.
La comparecencia ha girado en torno al informe de la CIAF. «Lo mínimo que debe hacer el Ministerio», ha comenzado Puente, «es explicar cómo se hizo la obra de renovación de ese carril y cuáles han sido los mecanismos de control posteriores». El ministro asegura que el informe de la CIAF, de la que ha reiterado su transparencia e independencia, aporta «tranquilidad», ya que «en solo cuatro días tenemos respuestas, aunque no son definitivas, y esto es una importante novedad si tenemos en cuenta antecedentes».
Puente respalda a la CIAF: «La investigación persigue la verdad, y nosotros seremos cooperantes»
Existen tres expedientes de contratación por obras de mejora que afectan al tramo Guadalmez-Córdoba, en el se encuentra el punto de Adamuz en el ocurrió el accidente y que se integra en la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla. Entre ellas, la mejora integral de la línea, adjudicada en UTE a Ferrovial y Adif entre otras empresas, la renovación de desvíos, que terminó en junio de 2025, y la implantación del nuevo sistema de seguridad. Esta última está todavía en marcha, aunque el ministro ha aclarado que se trata de una migración durante la que sigue funcionando el sistema anterior, que es la referencia europea.
Puente, tras exponer estos últimos datos y sobre las compañías que llevaron a cabo la mejora integral, ha apuntado que «hay confianza en estas empresas, es la florinata de la obra pública española«. Una vez detalladas las actuaciones sobre el tramo del siniestro, el ministro ha pasado a detallar qué controles había sobre la vía. El Ministerio ha proyectado todas las pruebas de ultrasonidos realizadas sobre las soldaduras del tramo, mostrando que todas estaban aceptadas.
La prueba más reciente es del 7 de enero de 2026, once días antes del accidente. Antes de esa, en 2025, se realizaron en total cinco inspecciones y trece bateos de la vía. «Son más de las habituales«, según Puente, que ha detallado después, cuántas incidencias se habían reportado en el tramo en los últimos 4 meses: Son 4, «ninguna relacionada con el estado de la infraestructura«, aclara.
En respuesta directa al informe de la CIAF, Puente no niega que la causa del accidente pueda ser una rotura del carril, aclara que, en cualquier caso, todavía es una hipótesis, y detalla: «No había ninguna señal que señalara una anomalía que exigiera ningún tipo de intervención inmediata». El ministro ha mostrado las gráficas que se usan para monitorizar este tipo de incidencias, que recogen posibles picos en la aceleración lateral de los trenes, cuándo se producen y en qué tramo. Los datos, muestran algunas protuberancias en el tramo, pero en ningún caso «de suficiente entidad que pueda superar los niveles de alarma».
Puente responde, punto por punto, a Feijoo: «Se apoya en bulos»
Solo tres horas antes, a escasas calles del Ministerio, había tenido lugar otra comparecencia a propósito del accidente. Nada más terminar el luto oficial, Alberto Núñez Feijóo había roto la ‘tregua’ política con el Gobierno, y había pasado al ataque. La ofensiva del presidente del PP se tradujo en 20 preguntas dirigidas al presidente del Gobierno, pero que Puente ha aprovechado para contestar una por una. Según Puente, algunas de ellas «se apoyan en bulos».
Feijóo lanzó varias cuestiones sobre la cronología del accidente de Córdoba. Puente ha aclarado, por ejemplo, que el centro de control de Adif nunca perdió el rastro del Alvia. A la cuestión de cómo iba a actuar el Ministerio ante la información de que el carril podría haberse roto antes, Puente ha sido tajante: «Cómo acaban de ver«. Sobre las dudas de Feijóo sobre la custodia de las piezas de los trenes accidentados, Puente aclara que esa es una cuestión que deben responder la CIAF y la Guardia Civil, que son las que la llevan a cabo.
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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cogido el testigo a José María Aznar y ha martilleado en su idea de “quien pueda hacer, que haga”. Aprovechando el cuarenta aniversario de la radio autonómica de su región, Ayuso ha roto el alto al fuego político tras la tragedia de Adamuz y ha arremetido contra el Gobierno y Pedro Sánchez. “Quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto, son los más beneficiados (…) Es un gobierno que, con la prensa del régimen y con campañas furibundas, tenían como encalmarle la culpa a alguien”, ha afirmado.
Ayuso ha deseado que “jueces, fiscales, funcionarios, empresarios, periodistas, estudiantes y ciudadanos hagan su labor, con responsabilidad y estando a la altura de las circunstancias” ya que “el país no funciona” por el “deterioro institucional, la corrupción de Estado y la zozobra” que se origina en el Palacio de la Moncloa. Tras sus dos jornadas de oscurantismo cuando se produce una tragedia, Ayuso ha desempolvado la pistola para disparar contra el sanchismo. Según la baronesa popular, esta legislatura forma parte de “una etapa oscura para España” y ha augurado que su final será “abrupto y muy duro”.
Así, ha afirmado que si el tren accidentado, en lugar de ser de Renfe o AVE fuera de Metro de Madrid, el Ministerio de Transportes y el Gobierno la que «hubiera liado sería tremenda«, si bien ha subrayado que no es cuestión de hacer «justicias ni venganzas». «Esta vez no tienen a quién culpar, es un Gobierno que desde que empezó a gobernar hace ocho años cada situación catastrófica que hemos vivido siempre tenía la manera, con la prensa de régimen y con campañas furibundas, de encalomarle la culpa a alguien, buscaba siempre culpables, no soluciones», ha espetado.
En esta línea, la presidenta ha censurado que los trenes de Renfe tengan «menú 2030, en cinco idiomas y llegan a una estación con nombre de mujer», mientras que lo que quieren los españoles es llegar «puntual y con vida» a su destino. «Pienso que hay mucha floritura en torno a la gestión, pero no hay verdad«, ha incidido.
Es por ello por lo que Díaz Ayuso ha puesto el foco en la necesidad de saber lo que ha sucedido en Adamuz y pedir responsabilidades porque «no se sabe qué ha pasado«. Además, ha reprochado que enfrente se encuentren un Gobierno de la nación «que no invierte» en la red ferroviaria y que está «entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán», además de estar «sometido a ese chantaje para comprar y blanquear al independentismo y fabricar a la cara de todos los españoles una nación».
La presidenta del PP de Madrid ha definido al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como “un observador que no observa nada” y que “mantiene buenas relaciones con narcoestados y dictaduras”. Además, se ha preguntado si “es un embajador y cuanto cobra por representar al Reino de España”.
Y, a renglón seguido, ha cargado contra los pactos de gobernabilidad entre el PSOE y Euskal Herria Bildu por “estar preparando ya la independencia”. También ha cargado también contra la actual cabeza del Ministerio, Óscar Puente, que «nunca tuvo la humildad de dedicar tiempo a aprender» y de saber «qué tenía entre manos» sino que simplemente se ha dedicado «a hacer propaganda».
Considera que Puente ha hecho en estos años propuestas «sin ningún rigor» y se ha dedicado a utilizar «los medios del Ministerio» para ver quién habla de él «en las redes», que el ministro «solo utiliza para insultar«.
A la vez, Díaz Ayuso ha señalado que es necesario saber lo que ha sucedido y pedir responsabilidades porque «no se sabe qué ha pasado«. Además, ha reprochado que enfrente haya un Gobierno «que no invierte» y que está «entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán», además de estar «sometido a ese chantaje para comprar y blanquear al independentismo y fabricar a la cara de todos los españoles una nación».
Además, la presidenta madrileña ha criticado que el Gobierno intente «encalomar la culpa a alguien» mientras en verano, durante los incendios que asolaron Castilla y León o Extremadura, a sus presidentes les hicieron «pasar un calvario».
«Nunca escuche la solidaridad del Gobierno con estos presidentes que evidentemente no tienen la culpa de que se provoquen incendios a gran velocidad«, ha reprochado, a la vez que ha pedido no estar «en el sectarismo» sino centrarse «en el rigor científico y la verdad» porque si no los problemas de España «se van a seguir multiplicando».
Respecto a Vox, Ayuso ha sostenido que «trabajan para el PSOE en muchas ocasiones porque parte de los problemas que tiene Madrid no tienen nada que ver con mi gestión, con la competencia de la Comunidad de Madrid, entonces cada vez que me la achacan a mí no sólo colaboran con (Pedro) Sánchez, es que faltan a la verdad«.
«Ellos no podrían hacer nada en Madrid con los problemas de fronteras, inmigración, seguridad y que son los cuatro temas recurrentes. No tenemos competencias en ese sentido, así que pueden decir lo que quieran, pero no se soluciona desde la Comunidad de Madrid», ha enfatizado Ayuso, a la vez que ha subrayado que son políticas estatales «ajenas» al trabajo de la región.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que al PP «no le deben ir muy bien las encuestas» si la presidenta de la Comunidad de Madrid «esparce el bulo» de que Vox trabaja para el PSOE.
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El Gobierno asume todas las responsabilidades por los accidentes ferroviarios de la última semana en España. Así lo dejó claro este jueves el presidente, Pedro Sánchez, quien trasladó su apoyo a los familiares de las 45 víctimas mortales del choque de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el pasado domingo, y del maquinista muerto en el choque de un Rodalies contra un muro en Gelida (Barcelona) el martes.
Precisamente, el líder del Ejecutivo ha despejado todas las dudas que se intentan verter sobre las infraestructuras de nuestro país desde los siniestros. Ha sido claro: la alta velocidad española es «un orgullo para todo el país». Sánchez ofreció una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas, en la que aseguró que el Gobierno basará su gestión en la «transparencia y lealtad institucional».
El presidente trasladó sus condolencias a las víctimas de las dos tragedias: «Quiero que sepan que el Estado en su conjunto va a hacer todo lo que esté en su mano para ayudarles», dijo. Sánchez tuvo palabras también para los ciudadanos que se han «volcado» en ayudar, tanto en los servicios de emergencias como de voluntarios: «Su generosidad, su empatía, su humanidad, también su profesionalidad, son el mejor testimonio del país que es España», afirmó.
El Gobierno asume «todas» las responsabilidades
El presidente respondió a los periodistas, que le preguntaron por la responsabilidad del Ejecutivo: «Asumimos todas, como estamos haciendo desde el primer momento de la tragedia», aseguró. Sánchez reafirmó la fiabilidad de un Ejecutivo que, por desgracia, no es nuevo en la gestión de tragedias: «Vamos a responder como hemos respondido a cualquiera de las crisis que nos hemos enfrentado durante estos últimos ocho años: con absoluta empatía hacia las víctimas, con absoluta transparencia», subrayó.
También tuvo palabras el socialista para remarcar la unidad entre el Gobierno central y el autonómico, algo muy significativo después de que el PP nacional ya amenace con romperla. En ese sentido, Sánchez mencionó la «cooperación entre instituciones», y recordó que la Junta de Anadalucía y el Ejecutivo tienen «competencias repartidas«.
Aunque remarcó hasta en dos ocasiones el «orgullo» que siente el Gobierno por la alta velocidad en España, Sánchez expuso que trabajarán para que la «ciudadanía recupere la confianza» en las infraestructuras, inevitablemente mermada tras lo ocurrido en los últimos días. Eso sí, como es costumbre, ese trabajo tendrá como mantra la «transparencia«, señalando a quienes tratan de pescar en río revuelto y desinformar aprovechando las tragedias.
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El primer día «haga una parada en Jericó», en la Cisjordania ocupada. El cuarto, «visite la ciudad antigua de Jerusalén», al este de la urbe santa. Muy cerca encontrará el «Monte de los Olivos» y el «Monte Sión». El quinto día, conduzca hasta Belén, donde según la mitología cristina y hebrea, María dio a luz a Jesús. Para llegar, es posible que pase por varias aldeas palestinas cuya población no puede desplazarse como usted. El sexto día, podrá «viajar hasta
Qumrán», al noreste del Mar Muerto. Si le sobra tiempo, se le recomienda «entrenar con las FDI» o visitar las «Alturas del Golán», en la Siria ocupada.
Estos son solo algunos de los destinos que empresas israelíes ofertan desde sus expositores en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de 2026, se celebra entre el 21 y el 25 de enero en Madrid. El evento, organizado anualmente por Ifema desde 1981, es uno los más relevantes del sector. Israel no ha faltado nunca a esta cita. Tampoco sus autoridades competentes en materia turística.
Este año ha sido Mijael Itzhakov, director general del Ministerio de Turismo de Israel, quien ha inaugurado el espacio del país en la feria. «Os queremos. Os necesitamos. Tenemos mucho que ofreceros. Sé que aquí tenéis unos malos políticos, pero el turismo está por encima de la política», ha declarado frente a la prensa. El español es único Gobierno de la UE que, tras dos años de protestas sociales, ha establecido un embargo de armas a Israel, si bien diversos colectivos insisten en que su contenido es aun muy tibio. Otros países, como Eslovenia, Países Bajos o Bélgica, han tomado medidas similares para reducir el comercio de material militar con Israel.
Sin embargo, no es solo la industria armamentística lo que permite la colonización de palestina. También lo hacen todos aquellos sectores que normalizan la expansión de Israel. Desde la plataforma que le ofrece el Fitur, el Estado sionista promociona visitas turísticas a los territorios palestinos que, tal y como han señalado en reiteradas ocasiones varios organismos de la ONU, Israel ocupa ilegalmente.
Desde 1967, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha emitido seis resoluciones en las que exige a Tel Aviv que se retire de Palestina. Esta indicación ha sido ignorada por los sucesivos Gobiernos israelíes, sin que esto haya tenido consecuencias. No solo eso: Israel lleva años ampliado sus colonias en estos territorios. Solo en 2025, los colonos israelíes crearon 86 puestos de avanzada nuevos, según los datos de Peace Now. En total, son 224 los asentamientos cuya situación Tel Aviv regulariza poco a poco. La ultima anexión oficial se produjo el pasado 19 de enero, cuando sus autoridades declararon como Tierras Estatales otros 0,7 kilómetros cuadrados en Cisjordania.
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«Utilizan esta plataforma para lavar su imagen por los crímenes que comenten y de las vulneraciones de los derechos humanos de los palestinos», ha relatado a Público Ibán Vázquez, activista del Movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS). Esta es una práctica habitual del Estado israelí, denuncian desde la organización. Su participación en competiciones internacionales deportivas internacionales, como la Vuelta Ciclista a España, o culturales, como Eurovisión, han despertado una ola de críticas entre los sectores sociales más comprometidas con los derechos humanos.
Sin embargo, para Vázquez, el caso del Fitur «es especialmente sangrante» porque «vienen a decir que allí no pasa nada». El activista considera que Israel «pretende presentarse como una potencia turística ofreciendo viajes a los territorios palestinos ocupados mientrasviola sistemáticamente los derechos humanos y la legalidad internacional». Hasta que los dirigentes israelíes no la respeten, el BDS pide a Ifema que «no los invite a participar».
Esa exigencia ya se ha cumplido en el caso de Rusia. Después de que Moscú transgrediera la normativa internacional al invadir ilegalmente el territorio ucraniano en febrero de 2022, la UE puso en marcha su mecanismo de sanciones para castigar el comportamiento de Rusia. Este año, ninguna empresa del gigante euroasiático participará en el Fitur.
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Este periódico se ha puesto en contacto con Ifema para saber si han evaluado la petición del BDS. La respuesta de la entidad organizadora del evento ha sido la siguiente: «Israel ha participado en Fitur de forma ininterrumpida desde la primera edición de la Feria Internacional del Turismo en 1981, mientras que Palestina viene estando presente desde 1998. Ambos están presentes en esta edición.»
El impacto del genocidio en la imagen de Israel
«El turismo se encuentra en la crisis más grave que jamás haya conocido, y el presupuesto del Ministerio es escaso», afirmó a finales de agosto de 2025Haim Katz, ministro de Turismo de Israel. Desde el inicio del genocidio, el Gobierno del ultraderechista, Benjamín Netanyahu, ha recortado las partidas de todo aquello que no sumara esfuerzos a la causa militar en Gaza.
La ferocidad con la que Tel Aviv respondió a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 -en los que fueron asesinadas alrededor de 1.200 personas-, ha degradado la imagen pública del estado mediterráneo en los países occidentales. Esto no es algo menor para el principal aliado de Europa y EEUU en Oriente Medio. En noviembre de 2025, el antiguo portavoz del ejército de Israel, Daniel Hagari, mostró su preocupación por el hecho de que las fuerzas armadas estaban «perdiendo la guerra en las redes sociales».
Ninguna campaña propagandística ha podido ocultar los cuerpos de los más de 71.500 gazatíes asesinados por el indiscriminado fuego israelí. Tampoco la destrucción de aproximadamente el 80% de las infraestructuras de la Franja, ni las declaraciones de algunos dirigentes y líderes de opinión israelíes llamando al exterminio de los palestinos. Según las estimaciones realizadas recientemente por Público, entre el 7-O y el 3 de diciembre de 2025, Israel habría asesinado o herido al 11% de la población gazatí.
La matanza ha llevado a la Corte Penal Internacional (CPI) a abrir una investigación contra Benjamín Netanyahu y su ex primer ministro de Defensa, Yoav Gallant por la posible comisión de crímenes de guerra en Gaza. Desde noviembre de 2024, ambos mandatarios tienen una orden de busca y captura que debe ejecutarse en el momento que alguno de los líderes pisen algunos de los territorios de los países firmantes del Estatuto de Roma. La mayoría de los estados europeos pusieron su rúbrica en dicho texto, razón por la que el primer ministro israelí no ha acudido el Foro de Davos que se celebra actualmente en la ciudad suiza.
Hace cinco días España despertó con una trágica noticia que ha marcado la actualidad de esta semana. Un tren de pasajeros Iryo que realizaba el trayecto entre Málaga y Madrid descarriló el domingo por la tarde a la altura de Adamuz (Córdoba), invadiendo la vía del sentido contrario. La fatalidad hizo que este accidente coincidiera con el paso de otro convoy de Renfe que viajaba desde Madrid hacia Huelva, que también se salió de la vía y se precipitó por un terraplén de 4 metros de altura.
Mientras continúan las labores de retirada de los restos de ambos trenes en los que han muerto 45 personas, las miradas se centran en la investigación de un suceso que desde el Ministerio de Transportes se ha descrito como «raro y difícil de explicar». Las llamadas entre el centro de mando de Adif y los trenes muestran la confusión de los minutos posteriores al accidente. Y la rotura de los raíles por los que circulaba el Iryo, unida a la aparición de marcas en los rodamientos de los coches que no descarrilaron, hace que la principal hipótesis en la que trabajan los investigadores sea la de una fractura previa del carril o de sus soldaduras.
Primeros cuatro minutos tras el accidente
«Necesito que paren el tráfico en las vías urgentemente, por favor». Así alertó el maquinista del Iryo accidentado a la central cuando comprobó que su tren había descarrilado en un fragmento de audio difundido por elDiario.es. Lo hizo a las 19:49 horas, cuatro minutos después de una primera llamada en la que solo fue capaz de reportar «un enganchón», según publica el mismo medio. «No hay ningún tren llegando», le respondieron desde el centro de control de Madrid, ubicado en la estación de Atocha. «El Alvia ya había pasado, pero el maquinista no reporta incidencia ni colisión con el tren de Renfe», ha explicado a los medios el director de Tráfico de Adif, Ángel García de la Bandera.
La segunda comunicación del maquinista del Iryo se produjo de forma casi simultánea a la conversación del centro de control con la interventora del Alvia después de intentar sin éxito hablar con el conductor del convoy de Renfe: «Tengo sangre en la cabeza. Voy a intentar llegar al maquinista», explicó esta trabajadora, según el audio publicado por El País. De hecho en ese audio se escucha de fondo la segunda conversación con el maquinista del Iryo.
Entre la primera y la última llamada del Iryo, otro tren de Renfe que iba detrás informó de que estaba parado sin tensión, el centro de control intentó contactar con el maquinista del Alvia sin éxito dos veces y el 112 avisó del suceso a la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba.
19.45.02
Primera llamada del maquinista del Iryo
El conductor de Iryo llama al Centro de Regulación y Control (CRC), en Atocha, para comunicarle que ha enganchado la catenaria sin ser consciente, en ese momento, de que ha impactado con el Alvia.
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Fuente: eldiario.es
19.46.07
Un tercer tren informa de la falta de tensión
El CRC recibe la llamada del maquinista del tren AVE 2181, que venía detrás del Iryo, para comunicar que se encuentra parado sin tensión. Está a dos kilómetros del lugar del accidente.
19.47.00
Llamada a los servicios de emergencia
El Centro Operativo de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba tiene conocimiento del accidente a través del 112.
19.48.39 – 19.48.51
Atocha intenta contactar con el maquinista del Alvia
Desde Atocha intentan comunicarse con el maquinista del tren Alvia en dos ocasiones en un intervalo de tan solo 12 segundos, pero no reciben respuesta porque el conductor ha fallecido en el accidente.
19.49.33
Comunicación con la interventora del Alvia
El puesto de mando de Atocha logra hablar con la interventora del Alvia para intentar comunicarse a través de ella con el maquinista. La trabajadora le comunica que está herida, que tiene sangre en la cabeza y que intentará llegar a la cabina.
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Fuente: El País
El accidente, que se ha datado a las 19.43 horas, ocurrió tan rápido que el maquinista del Iryo no era consciente de que se había cruzado con el tren de Renfe y tampoco reportó el impacto. Inmediatamente después de estas comunicaciones, el H24 y Centro de Protección y Seguridad de Adif movilizó los servicios de emergencia y sanitarios, según la cronología del accidente publicada el jueves por el Ministerio de Transportes. También se avisó a las empresas ferroviarias implicadas.
La primera patrulla de la Guardia Civil llegó al lugar del accidente a las 20.00 horas. Apenas 15 minutos después, el maquinista del tren de Renfe que viajaba detrás del Iryo y se había quedado sin tensión cerca del lugar inspeccionó la vía junto a otras dos personas. En torno a esa misma hora, otra patrulla de la Guardia Civil localiza el Alvia accidentado.
El cronograma de los hechos también indica que los primeros sanitarios llegaron al accidente a las 20:30 horas, que comenzaron a evaluar a los heridos y que esta tarea se extendió hasta las 23.00 horas, cuando se da por terminada la evacuación. La Guardia Civil reportó «un número indeterminado de personas atrapadas y varios fallecidos entre ambos trenes» ya pasadas las 21.00 de la noche; y las labores de excarcelación y evacuación de los heridos graves continuaron toda la noche.
Investigación de las causas del accidente
En las primeras horas de la madrugada del lunes 19 de enero, el 112 de Andalucía informó de que todas las personas vivas habían sido rescatadas y, con los primeros rayos de sol, se intensificó la actividad de los equipos de Identificación en Catástrofes (EIC) de la Guardia Civil y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo independiente vinculado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Desde entonces, los especialistas han examinado minuciosamente las vías y las ruedas de los trenes para identificar señales o anomalías que ayuden a explicar las causas del descarrilamiento. Han detectado al menos una fractura en el raíl, sin aclarar todavía si se debió a un fallo en la soldadura, si se produjo a causa de un impacto ni si ocurrió antes o después del accidente. También han aparecido varias “marcas” en los bogies —las piezas del tren sobre las que se fijan los ejes y las ruedas— del Iryo accidentado y de otros tres trenes que pasaron por ese punto entre 45 minutos y una hora antes del suceso.
Además, la deformación de las vías justo antes del punto donde su trazado se ensancha para acoger el edificio técnico del AVE de Adamuz ha servido para identificar el lugar de descarrilamiento del Alvia.
Un fallo “en la infraestructura y en la vía”
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado en una entrevista en Cope que le «cuesta creer» que la causa del accidente estuviera en el tren Iryo. Sin olvidar que la investigación continúa abierta, ha apuntado la posibilidad de que el origen del siniestro «sin duda» estuviera «en la infraestructura y en la vía».
Respecto a la seguridad de la soldadura, el ministro ha señalado que es un trabajo que solo ejecuta personal homologado y ha explicado que los operarios dejan troquelado en el lugar el nombre del soldador que la ha efectuado. Puente también ha explicado que los raíles son «otro componente a valorar» y que se mandarán a un laboratorio para determinar qué es lo que ha pasado.
Transportes ha informado de que la vía en la que se produjo el accidente se había reformado en 2025. La intervención en el tramo de Adamuz se terminó en mayo del año pasado y las actuaciones consistieron en la sustitución de los desvíos existentes y en el remplazo del carril y las traviesas. El Ministerio también ha especificado que este segmento del recorrido no registra ningún incidente desde 2021 y se ha revisado cuatro veces entre octubre de 2025 y enero de 2026 sin que se detectara «anomalía, defecto o fallo alguno en la vía».
Muescas o mordiscos en los vagones del Iryo
La rotura del raíl de la vía por la que circulaba el Iryo también se ha reflejado en daños en la estructura de los vagones no accidentados del tren. Concretamente, los investigadores han detectado muescas en cinco de los ocho coches que formaban el convoy. Además, Óscar Puente ha revelado que estas marcas también las tenían tres trenes que pasaron 45 minutos o una hora antes, pero no los anteriores.
Las muescas o mordiscos metálicos de un milímetro de espesor y varios centímetros de anchura se encontraron en los bogies de los trenes, la parte de la rodadura que articula el convoy para tomar las curvas. Se repiten de forma sistemática, lo que para el ministro supone un patrón relacionado con el descarrilamiento. «Ahí está la madre del cordero», ha señalado Puente cuando le han preguntado por si esto puede ser causa o consecuencia del accidente. Esa respuesta «le corresponde a la CIAF, a los técnicos y a los peritos», ha recordado.
Los bogies también han estado en el centro de la investigación por el hallazgo de una de estas piezas en al arroyo Tamujosillo, a unos 300 metros del lugar del accidente en la parte de la vía donde se encuentra el edificio técnico del AVE. Se trata de un componente de unas 10 toneladas que fotografió un periodista de The New York Times fuera de la zona acordonada, aunque desde Adif aseguran que sí la tenían localizada y que la CIAF tenía constancia de ella.
El análisis visual del suceso apunta a que este bogie corresponde a uno de los dos que tenía el vagón número 8 del Iryo siniestrado.
La Guardia Civil inspecciona los bogies de uno de los vagones del tren accidentado en Adamuz (Córdoba). Guardia Civil EUROPA PRESS / Guardia Civil
Con todas estas piezas sobre la mesa y aún por terminar de encajar, la investigación sigue su curso para determinar las causas del accidente: un factor que será clave para depurar responsabilidades. Si se confirma que el fallo estuvo en la soldadura, la responsabilidad recaería en el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). Tiene que ser «algo crítico» que no ha dado la cara prácticamente hasta el momento del accidente, ha explicado Puente, quien ha reconocido que, de confirmarse, obligará a una reflexión.
«He hablado con técnicos e ingenieros de la investigación y les cuesta entender qué es lo que ha podido pasar», ha afirmado el ministro horas antes de pedir su comparecencia en el Congreso junto a los presidentes de Adif y Renfe. Es un «suceso muy extraño», ha insistido, porque la vía estaba recién renovada y había pasado todas las revisiones.
«Yo voy a seguir explicando, voy a seguir compareciendo, voy a seguir añadiendo la información de la que disponemos porque esa comunicación es necesaria», ha añadido, aunque ha puntualizado que no va a realizar «ningún tipo de especulación» porque, a su juicio, «hablar de causas antes de conocer las consecuencias» resulta «precipitado» y «poco respetuoso» con las víctimas y sus familias.
Redacción: Ana Martín Plaza y Jaime Gutiérrez (DatosRTVE)
Infografía: *Víctor Meneses y Jorge Moreno (hiberus)
35 – Noruega: Bergerud; Gulliksen (3), Anderson (4), Eck Aga (-), Hovde (1), Sagosen (2) y Pedersen (11) -equipo inicial- Haug (ps), Ronningen (-), Grondahl (5), Fredriksen (-), Lien (2), Solstad (5), Lyse (2), Schonningsen (-) y Blonz (-)
Marcador cada cinco minutos: 1-2, 5-4, 8-9, 12-11, 13-15, 16-16 (descanso); 18-18, 22-20, 25-23, 28-26, 31-31 y 34-35.
Árbitros: Pavicevic y Raznatovic (MNE). Excluyeron dos minutos a Serradila, Odriozola y Barrufet por España; y a Eck Aga (2), Lyse y Hovde por Noruega.
–Efe–
La selección española de balonmano ha perdido ante Noruega 34-35 un partido tremendo en la fase principal del Europeo 2026, con lo que los Hispanos se quedan casi sin opciones en el campeonato.
Tras un duelo igualadísimo –el primero de la main round para dos equipos que la afrontaban en una situación muy delicada sin puntos– los Hispanos han fallado estrepitosamente un último ataque en doble superioridad con el que podían empatar.
[Vuelve a ver el España – Noruega del Europeo masculino de balonmano 2026 íntegro en RTVE Play]
En general, este jueves Noruega ha corrido mejor que España y en especial en la primera parte, en la que castigó sin piedad las pérdidas de su rival con un August Pedersen muy inspirado –acabó como máximo goleador del partido con 11 de 13 lanzamientos–.
Los Hispanos se emplearon a fondo en defensa y aprovecharon por su parte los penaltis con un pleno de Aleix Gómez desde los 7 metros –por segundo partido seguido–.
Mucha intensidad
Al descanso se llegó con empate a 16-16 y aunque en la reanudación los de Jordi Ribera no empezaron bien, reaccionaron y desplegaron su máxima intensidad para hacer un parcial de 4-0, ayudado también por dos paradas seguidas de Nacho Biosca.
Pero al entrar en la fase decisiva, Jonas Wille no dudó en asumir riesgos vaciando la portería para sacar partida de su juego 7 contra 6 a pesar de que en una de las primeras ocasiones Dani Fernández les robó un balón para poner a España con una ventaja de tres goles (26-23). Tobias Grondahl tomó el relevo de Sander Sagosen al mando de las operaciones de los nórdicos y dieron la vuelta al marcador.
Con todo, España tuvo en la última jugada una ocasión inmejorable para empatar con doble superioridad. Ian Barrufet recibió con margen suficiente para lanzar en el extremo izquierdo, pero en vez de finalizar la acción intentó un pase más al otro extremo y el balón lo interceptó un defensor.
Antes, en el encuentro que abría la competición en el grupo I, Alemania se impuso a Portugal por 32-30. Y la jornada en Herning la cerrarán a continuación Francia contra la anfitriona Dinamarca.
Continúan siendo buscadas dos personas entre los restos de los vagones del tren Alvia que se precipitaron por un talud tras impactar con el Iryo que había descarrillado. Unas labores de rescate las cuales se están complicando debido a las lluvias que se están produciendo en las últimas horas y que complican las labores de los profesionales desplazados hasta el lugar de los hechos. Además de por la meteorología, los trabajos de troceamiento de estos coches se están dilatando en el tiempo debido al sumo cuidado con el que deben ir avanzando, ante el estado en el que se encuentran tras la caída.
Durante la jornada de ayer, se retiraban los raíles de esta línea de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía para permitir a los bomberos intervenir sobre el vagón número 2. En este coche se ubicaba la cafetería del tren y se consideraba que en él podrían hallarse las dos personas que faltan por encontrar de los 45 desaparecidos que tiene registrados la Guardia Civil por denuncias de sus familiares. De hecho, en la madrugada del martes al miércoles se encontraba el cuerpo sin vida de otro de los afectados por este accidente, elevando la cifra de fallecidos hasta 43. El vagón número 2 se vuelve ahora vital, ya que durante el troceamiento del 1 no se hallaron cadáveres.
También durante la noche del martes al miércoles, Adif logró avanzar en los trabajos de retirada del vagón número 8 del tren Iryo, tareas de gran complejidad debido al peso de estas cabinas. Asimismo, estaba previsto realizar la misma operación con los coches 6 y 7, que fueron los que descarrilaron de las vías. En cuanto al resto del tren, los vagones numerados del 1 al 5, que permanecieron sobre la vía, serán evacuados de la zona mediante remolque.
En lo referido a los trabajos de identificación de las víctimas mortales, estos han experimentado un avance significativo en las últimas horas. De este modo, 41 familias han podido poner fin a una espera especialmente dura, marcada por la incertidumbre, tras confirmarse oficialmente los fallecimientos. Para agilizar al máximo este proceso, ha sido necesario el esfuerzo continuado, en turnos diurnos y nocturnos, de 27 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, según ha informado la Junta de Andalucía.
En lo que respecta a los heridos, actualmente permanecen hospitalizadas 31 personas, 28 adultos y 3 menores. De ellas, seis se encuentran ingresadas en unidades de cuidados intensivos, tres están en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, una en el Hospital Cruz Roja de Córdoba y dos en el Hospital San Juan de Dios de la capital. El resto, 25 pacientes, evolucionan en planta.
Más de 400 profesionales de los distintos servicios de emergencia de Andalucía continúan desplegados diariamente en los tres puntos clave de la tragedia: la denominada ‘zona cero’, donde se localizan los trenes accidentados; el Instituto de Medicina Legal, encargado de las autopsias y las identificaciones; y el centro de atención a familiares, habilitado en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a señalar a España como un aliado rezagado en materia de gasto militar y ha advertido de que tendrá que “hablar” con el Gobierno español para que eleve su presupuesto en Defensa. Trump ha insistido en que España es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a destinar el 5% de su PIB a gasto militar, el objetivo impulsado por Washington y asumido por el resto de socios.
Las declaraciones se han producido durante una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos, en la que el mandatario estadounidense presentaba la Junta de Paz para Gaza y hacía balance de los principales logros internacionales en el primer año de su segundo mandato. Entre ellos, Trump ha destacado el acuerdo alcanzado en la cumbre de La Haya, donde los aliados de la OTAN sellaron el compromiso de elevar de forma sustancial su inversión en Defensa.
“Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España”, ha afirmado Trump, subrayando el aislamiento del Ejecutivo español en esta cuestión dentro de la Alianza Atlántica.
El presidente estadounidense ha cuestionado abiertamente la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que Madrid pretende “aprovecharse” del esfuerzo del resto de socios. “No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España”, ha añadido, dejando entrever una nueva ofensiva diplomática para forzar un cambio de postura.
Las palabras de Trump contrastan, sin embargo, con el esfuerzo realizado por España en los últimos años para aumentar su gasto en Defensa. Tradicionalmente uno de los países de la OTAN con menor inversión militar, España ha dado pasos significativos desde 2022 para cumplir con los compromisos adquiridos con la Alianza. Tras el estallido de la guerra en Ucrania y el cambio del contexto geopolítico, el Gobierno aprobó un aumento sostenido del presupuesto de Defensa, recurriendo tanto a incrementos directos en los Presupuestos Generales del Estado como a créditos extraordinarios y reasignaciones de partidas.
España y los compromisos con la OTAN
Gracias a esta estrategia, España ha alcanzado el objetivo del 2% del PIB en gasto en Defensa, una meta que durante años se situó fuera de su horizonte presupuestario y que tradicionalmente la colocaba entre los países con menor inversión militar dentro de la OTAN. El incremento se ha producido de forma progresiva desde 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania y el cambio del contexto de seguridad internacional. Desde entonces, el Ejecutivo ha aprobado aumentos continuados del presupuesto de Defensa, combinando subidas en los Presupuestos Generales del Estado con créditos extraordinarios, ajustes plurianuales y la integración de determinadas partidas —como programas especiales de armamento o gastos asociados a misiones internacionales— en el cómputo total del gasto.
El Gobierno ha explicado que este proceso se ha diseñado para evitar un impacto inmediato sobre otras áreas del gasto público. Según el Ejecutivo, el aumento del presupuesto militar se ha realizado de manera gradual y paralela al mantenimiento de la inversión en otras políticas públicas, en un contexto de crecimiento económico y de ampliación de los ingresos del Estado. La estrategia ha buscado, de acuerdo con esta explicación, compatibilizar el cumplimiento de los compromisos internacionales con la estabilidad de las cuentas públicas.
Desde el punto de vista presupuestario, el salto hasta el 2% ha supuesto un incremento significativo en términos absolutos. El gasto en Defensa se ha elevado en varios miles de millones de euros en un periodo relativamente corto, lo que ha permitido financiar programas de modernización de las Fuerzas Armadas, reforzar la participación de España en operaciones internacionales y apoyar a la industria vinculada al sector de la defensa. Este esfuerzo ha sido presentado por el Gobierno como una muestra del compromiso del país con la seguridad colectiva y con sus socios aliados.
Precisamente por el alcance de este aumento, el Ejecutivo considera que avanzar hacia un gasto equivalente al 5% del PIB —como plantea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump— implicaría un cambio de escala de gran magnitud. Elevar el presupuesto militar hasta ese nivel supondría más que duplicar el gasto actual, con efectos relevantes sobre la planificación fiscal. De acuerdo con estimaciones manejadas en el ámbito gubernamental, un incremento de ese tamaño requeriría ajustes significativos en otras partidas del presupuesto, un aumento de los ingresos o un mayor recurso al endeudamiento.
En este contexto, España ha defendido dentro de la OTAN una interpretación de los compromisos que tenga en cuenta no solo el porcentaje de gasto sobre el PIB, sino también otros factores. Entre ellos, el Gobierno señala la participación en misiones internacionales, la aportación de capacidades estratégicas, el papel del país en el flanco sur de la Alianza y la cooperación industrial y tecnológica en materia de defensa. Este enfoque, centrado en una evaluación más amplia de la contribución a la seguridad colectiva, difiere de la posición estadounidense, que aboga por fijar el 5% del PIB como referencia común para todos los aliados.
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