2 – Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Nico González (Giménez, m. 87); Gallagher, Koke (Raspadori, m. 75), Baena (Giuliano, m. 46); Griezmann (Barrios, m. 63) y Sorloth (Julián Alvarez).
0 – Oviedo: Aaron; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo (Dani Calvo, m. 61), Rahim; Dendocker; Colombatto (Reina, m. 83), Cazorla (Ejaria, m. 75), Hassan (Ilic, m. 83); Rondón (Fores, m. 75) y Fede Viñas.
Goles: 1-0, m. 15: Sorloth. 2-0, m. 26: Sorloth.
Árbitro: Víctor García (C. Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a David Carmo (m. 54).
Incidencias: partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante 61.305 espectadores.
El Atlético de Madrid mantiene el pulso por la Liga tras su triunfo ante el Real Oviedo (2-0) con un doblete de Alexander Sorloth en la jornada 14 de LaLiga, que le deja a 3 puntos del FC Barcelona, líder a falta del Girona-Real Madrid de este domingo, y rival de los colchoneros el próximo martes, en la jornada adelantada por la disputa de la Supercopa de España el próximo mes de enero.
Las dinámicas ligueras de ambos equipos quedaron patentes en la fría noche del Metropolitano, que encogió al Real Oviedo, al tiempo que el noruego Alexander Sorloth avivaba la victoria colchonera con unos primeros 45 minutos colosales en los que anotó los dos únicos goles de la noche.
Sin Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Pablo Barrios, Diego Pablo Simeone volvía a contar con Jan Oblak y hacía debutar en Liga Marc Pubill, mientras Luis Carrión apostaba por Haissem Hassam en punta por la baja de Ilyas Chaira con Santi Cazorla de enganche y Fede Viñas en el costado izquierdo, sin encontrar los huecos para hacer daño al Atleti.
Por encima de todos, emergió el gigantón Alexander Sorloth, quien avisó con un disparo en el minuto 6 que repelió Aarón Escandel, y anotó los dos primeros goles del equipo rojiblanco, ambos con asistencia de Dávid Hancko, el primero tras una buena jugada colectiva conducida por Alex Baena, y el segundo con un pelín de suerte al aprovecharse del rechace de David Carmo.
Doblete de Alexander Sorloth
El Oviedo sufrió la gran actuación del delantero noruego en una primera parte donde apenas ofreció contestación, tan solo una volea de Hassan a pase de Santi Cazorla, y un centro orientado del francés que no encontró a Salomón Rondón.
Más valiente estuvo el equipo asturiano en el arranque de la segunda parte, pisando con cierta autoridad el campo del Atlético y sumando varios remates de peligro, como el cabezazo de Fede Viñas y los disparos de Nacho Vidal y Santi Cazorla, con los que marcaron territorio.
A pesar de la mejoría del equipo de Luis Carrión, el Atlético dispuso de las ocasiones más claras de gol, como el enésimo pase de gol de Hancko que a punto estuvo de encontrar el remate de Nico González, y la más clara de Giuliano Simeone en un mano a mano ante Escandel.
Sexta victoria consecutiva del Atlético en Liga que le permite sumar 31 puntos, a tres del FC Barcelona y a uno del Real Madrid que disputa su partido de la decimocuarta jornada este domingo ante el Girona en Montilivi. Por su parte, el Real Oviedo se mantiene colista de Primera División con 9 puntos, los mismos que el Levante tras su derrota en casa ante el Athletic Club.
El que fuera ministro de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha pasado su primera noche en la cárcel, pero antes de traspasar las puertas de Soto del Real ha querido disparar en todas las direcciones. Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha sido la principal damnificada del pataleo del ex secretario de organización del PSOE. Al más puro estilo Víctor de Aldama, el político valenciano ha arrojado acusaciones al aire, sin aportar ninguna prueba y evidenciando, más allá del grado de veracidad de sus palabras, su desesperación.
El juez instructor de la causa, Leopoldo Puente, ha escuchado a la Fiscalía Anticorrupción y ha dictaminado que existe riesgo “extremo” de fuga por las elevadas penas solicitadas (24 años de prisión), también en el caso de su exasesor Koldo García (19 años), y ha mandatado la asunción de la medida preventiva de prisión sin fianza. Integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación son los diferentes delitos que se le imputan al diputado valenciano, que ha decidido revolverse concediendo entrevistas y declaraciones polémicas.
La defensa de Ábalos pivota en torno a la tesis de la cacería, impulsada por el Gobierno de coalición y el Tribunal Supremo -dos actores cuya relación no atraviesan su mejor momento-, y la supuesta protección de otras personalidades, como la esposa de Pedro Sánchez, y empresas, como Air Europa. Así lo ha ido relatando por los diferentes medios de la derecha mediática, que han acogido con gusto los señalamientos sin más pruebas que la palabra de una persona que este jueves ha dormido en la cárcel y que podría hacerlo durante el próximo cuarto de siglo.
“Algunos hablan de golpe judicial. Pues lo del fiscal general es un juego de niños en relación a lo mío”, ha protestado en una entrevista concedida a El Mundo. Tras estas palabras se encuentra el malestar del exministro por la no imputación de Air Europa en lo que a su rescate se refiere. Ábalos considera que, si a él se le imputa cohecho por pagos a cambio de su intervención, la supuesta empresa corruptora también debería de afrontar los delitos imputados. La razón por la que esto no se produce la tiene muy clara.
“[Air Europa no está imputada] Porque sería abrir el melón de Air Europa, y ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados. Es inaudito que me acusen a mí de recibir algo y no acusen al que me lo da”, ha lanzado la bomba el que fuera un hombre fuerte en el PSOE. Ábalos asegura que, como ministro de Transportes, recibió mucho presión de la aerolínea para aprobar su rescate, que también acudió a la mujer del presidente ante el estado de “desesperación” que atravesaban. Por el momento, no existe más prueba que la palabra de los señalados Ábalos y Aldama.
El PSOE lamenta la postura de Ábalos
El ingreso en prisión de otro exsocialista implicado en la trama hace daño al partido del puño y la rosa. Sin embargo, la preocupación no se basa tanto en las palabras lanzadas por Ábalos, que desde el PSOE atribuyen a la desesperación, como en la progresión de una causa que está haciendo herida en el partido. Acaba de entrar en prisión preventiva y se enfrenta a una pena de 24 años de prisión por varios delitos de corrupción, “tiene derecho a defenderse», quitan peso desde Moncloa y Ferraz.
“La resolución conocida hoy del Tribunal Supremo es un paso más en un procedimiento judicial que cuenta con todo nuestro respeto», ha ahondado la formación en un comunicado. «Es tiempo de la Justicia», añaden, insistiendo en la actuación del partido. «Frente a cualquier indicio de corrupción» el PSOE ha actuado «tolerancia cero, transparencia y medidas contundentes desde el primer minuto«, han la tesis asumida desde el estallido del caso. «Ojalá todos los partidos hicieran lo mismo», han zanjado, lanzado un claro dardo al Partido Popular, que protagoniza ahora una performance de escandalización.
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Desde el inicio de la segunda legislatura de Pedro Sánchez al frente de la Presidencia del Gobierno tras los resultados del 23J hace más de dos años, el relato de Génova en torno al papel crucial que juega parlamentariamente Junts ha dado un giro drástico en los últimos tiempos: desde la figura del “prófugo de la Justicia”, encarnada por Carles Puigdemont, hasta pedir los votos de los neoconvergentes para una moción de censura.
Este viernes, Alberto Núñez Feijóo ha pedido expresamente los votos de Junts, además de los de ERC, para impulsar en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra el Ejecutivo de coalición con el “único compromiso” de adelantar las elecciones generales: “Me faltan votos para presentar una moción de censura que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos puedan decidir gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas. Me faltan votos de los suyos, no los tengo, es una constatación y no una crítica; es una crónica”, ha esgrimido en un acto con la patronal catalana.
Pese a las duras y consecutivas críticas que los populares han ido vertiendo en estos dos últimos años sobre la figura de Puigdemont y los acuerdos del Gobierno de Sánchez con Junts, el relato ha ido modificándose bajo la premisa de impulsar una moción de censura y en aras de cambiar el rumbo político del país. Sobre este eje ha girado el cambio de postura de Feijóo en los últimos meses y que sobre el cual profundiza en los entresijos de su estrategia de oposición.
Investidura fallida de Feijóo y rotundo rechazo del PP a la amnistía
Para entender el contexto del posicionamiento del PP sobre Junts, cabe retroceder a los resultados electorales del 23J, cuando Núñez Feijóo se postuló como presidente del Gobierno en una sesión de investidura que resultó fallida, pero no fue hasta septiembre de 2023 cuando reconoció una reunión a puerta cerrada con los independentistas catalanes: “Preferimos irnos a la oposición que aceptar unas condiciones inasumibles para la dignidad de España”, dijo entonces.
Tras salir Sánchez victorioso de su investidura, uno de los puntos calientes de los acuerdos radicó en la forma y el contenido de la Ley de Amnistía, cuestión que motivó el enfrentamiento en las calles por parte de la derecha y ultraderecha, con sendas manifestaciones e incluso numerosos momentos de tensión a las puertas de la sede del PSOE, en Ferraz. Sobre este escenario, Feijóo convocó sendas movilizaciones ciudadanas en clave de rechazo y que marcaron una distancia que parecía inquebrantable con los neoconvergentes.
Por consiguiente, el 30 de enero de 2024, la primera connivencia parlamentaria entre ambas formaciones, además de Vox, se percibió con la primera negativa a la Ley de Amnistía en el Congreso. Normativa que tardó unos cuatro meses en pasar definitivamente el proceso parlamentario, aprobándose oficialmente el 30 de mayo.
La tensión entre las filas de Génova empezó a crecer cuando en febrero de 2024, a su vez, y después de que Núñez Feijóo habría dicho que estaba dispuesto a indultar a Puigdemont con “condiciones” dentro de “un plan de reconciliación para Cataluña”, el conjunto del PP salió a desmentirlo porque el expresidente de la Generalitat “sigue huido de la Justicia”.
Regreso fugaz de Puigdemont a España
Siguiendo el transcurso del tablero político, por primera vez desde su huida de España el 30 de octubre de 2017, protagonizó un regreso fugaz el 8 de agosto del pasado año con un mitin en Barcelona y del que desapareció, como visto y no visto, tras el evento independentista. Un escenario sobre el que la reacción de Feijóo pasó por decir que era “una humillación insoportable” para España.
No obstante, fue en septiembre cuando Feijóo, por primera vez, planteó apelando a los de Puigdemont la posibilidad de una moción de censura contra Sánchez: “Todo pasará por las decisiones que tome Junts (…) Estaremos pendientes”, deslizó en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero.
Feijóo propulsa su idea de moción: Junts, actor crucial
Ya en enero de este 2025, retomó la cuestión bajo el argumento de que, para que prospere esta iniciativa, necesita números a su favor: “El señor Puigdemont deberá decidir si el señor que le ha engañado es de fiar. (…) Aquellos que apoyaron la moción de 2018 deberían apoyar cualquier moción que se presente. Es urgente devolver a los españoles la posibilidad de decir cómo quieren ser gobernados. El que crea que es razonable tiene las puertas abiertas para conversar”, defendió de nuevo ante Alsina.
Estrenado el curso político tras la Navidad, buena parte del discurso de Feijóo entonces se focalizó en impulsar la moción de censura, sabiendo de antemano que precisaba tanto del apoyo de Junts como de Vox para salir adelante y, por consiguiente, este fue el inicio del giro de argumentario del líder del PP sobre la formación catalana. “Si Junts quieren elecciones y apoyan una moción de censura, tenga la seguridad de que presentaré una moción de censura si tengo los apoyos suficientes para sacarla adelante», esgrimió entonces.
Pese a estas declaraciones, en aquellos momentos Génova descartó claramente una hipotética reunión de su líder con Puigdemont en aras de afianzar este escenario: “Feijóo no se va a reunir con Puigdemont, no va a viajar a otro país. Dice que si alguien quiere cambiar al Gobierno, aquí estamos. Que nadie espere cosas raras de Feijóo o el PP”, aclaró el entonces portavoz del partido, Borja Sémper.
Con el paso de los meses, la cuestión la retomó el propio Feijóo desde Bruselas. El pasado mes de junio, a las puertas del verano, anunció que decidía posponer la elaboración de la moción de censura reconociendo que le faltaban “cuatro votos” para llevarla adelante: “No la presento en este momento para perderla. No es el momento de perder una moción de censura en el mes de julio. Veremos cuál es el momento oportuno y si esa moción puede prosperar o no, y en eso estoy trabajando”, aseveró tras una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) antes del Consejo Europeo.
Incluso llegó a confrontar con Sánchez durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso: “No me faltan ganas, me faltan cuatro votos. Si aparecen, no dudaré ni un instante. Quién sabe si aparecerán”, espetó. En términos numéricos, el PP tiene asegurados 172 votos en su favor si se diera el caso de una moción de censura, siendo 137 de los suyos, sumados a los 33 de Vox, los de Unión del Pueblo Vasco (UPN) y Coalición Canaria (CC). Un resultado que es insuficiente para que la medida dé los frutos deseados, debido a que la mayoría parlamentaria se sitúa en los 176 votos, es decir, a falta de cuatro.
Sobre este contexto, por aquellas fechas, el líder del PP mantuvo un encuentro a puerta cerrada con el presidente de Vox, Santiago Abascal, con quien discutió la cuestión y, posteriormente, clarificó: “¿Cuál es su postura? Que la tengo que presentar yo. ¿Cuál es la mía? Que en este momento me faltan cuatro votos para que salga”, insistió.
Con este telón de fondo como principal hilo conductor, el principal mandatario de Génova ha rescatado de nuevo el escenario de esta moción de censura a un mes de que acabe el año, apelando directamente tanto a Junts como, de nuevas, a ERC para sumarse a esta tarea de cambio de rumbo político. Aún se desconoce qué respuesta darán los neoconvergentes pero, en lo que concierne a los republicanos, la réplica no ha dado pie a entrar en negociaciones: “De Puigdemont a prisión a Puigdemont vótame la moción. Tan previsible como lamentable”, ha reprochado su portavoz, Gabriel Rufián, este mismo viernes.
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El final del juicio y el comunicado emitido de la condena no ha sido apoyado por los jueces progresistas, quienes entienden que anticipar únicamente el fallo vulnera el principio de tutela judicial efectiva, pues, tal y como subrayan, condena a una persona “sin saber por qué”. También señalan que esa forma de proceder contradice el espíritu del sistema jurídico, en tanto impide a la sociedad comprender las razones legales de una condena.
No solo eso, sino que estas asociaciones han puesto sobre la mesa en su escrito un asunto que ha estado sonando de manera continuada durante la celebración de las distintas sesiones del juicio. De esta manera, han cuestionado la imparcialidad de los magistrados que tomaron la decisión. Para ello, recordaron que algunos de ellos habían impartido, poco después de que se celebrara el juicio y cuando no se conocía todavía la decisión del tribunal, un curso remunerado organizado por una de las acusaciones populares del caso, el Colegio de la Abogacía de Madrid. Esto, tal y como afirman, plantea un serio conflicto de intereses y pone en entredicho la neutralidad del tribunal, socavando la confianza pública en la justicia. Un curso en el que, durante su celebración, el presidente de la sala del Supremo que juzgaba al fiscal, Andrés Martínez Arrieta, afirmó que tenía que ausentarse porque tenía que redactar la sentencia del caso.
Por último, advierten que tanto la condena como la la manera en que se ha gestionado puede tener efectos más amplios sobre el sistema judicial y sobre la percepción social de la justicia, debilitando la legitimidad de las decisiones del TS y generando desconfianza. En conjunto, los jueces progresistas interpretan la condena como un acto no sólo jurídico, sino de gran repercusión institucional y simbólica que indican provoca una “fractura” que afecta la coherencia del TS, la imparcialidad de la justicia y la protección de los derechos fundamentales.
El ala conservadora de los juristas señala al Gobierno
Para varios jueces conservadores, representados públicamente por asociaciones como Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), las declaraciones que ha dejado el Gobierno ante la condena al fiscal general supone una ofensa grave a la independencia judicial. En los comunicados conjuntos que han emitido denuncian que las “descalificaciones generalizadas” de responsables políticos hacia los magistrados crean una presión “inaceptable” sobre la función jurisdiccional, lo que, según advierten, pone en riesgo la separación de poderes.
Estos jueces han subrayado que la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos y que sus decisiones deben basarse en Derecho, no en afinidades partidistas. En ese sentido, han mostrado su rechazo a los discursos políticos que han interpretado la condena como un “golpe contra el Gobierno”; afirmaciones que consideran dañan la legitimidad de todo el sistema judicial.
Por tanto, su posicionamiento es claro, creen que las críticas y alusiones de motivaciones políticas hechas por miembros del Ejecutivo tras la sentencia representan una agresión institucional. Por ello, reclaman “respeto institucional” y piden al Gobierno un comportamiento responsable, que no socave la confianza ciudadana en los jueces, ni erosione los principios fundamentales del Estado de Derecho.
Los conflictos de intereses de tres miembros del tribunal
Además de que tres de los siete jueces que juzgaron a Álvaro García Ortiz hubieran sido contratados por parte de una de las acusaciones populares del caso, uno de ellos, Antonio del Moral, supervisó la tesis del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y cuyo representado era parte principal de la causa, pues el email que se filtró y por el que se enjuiciaba al fiscal era en el que reconocía haber cometido un fraude a la Hacienda Pública.
Unos conflictos de intereses que, aunque no figuran en la ley como elementos marcados para que un magistrado deba abstenerse de un proceso judicial, si podrían haber constituido una influencia en la forma en la que estos jueces han interpretado los hechos por los que han decidido hallar culpable al fiscal general del Estado.
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Una semana atrás, el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.500 euros, así como la orden de indemnizar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con 10.000 euros. Un fallo, no obstante, que no era unánime, y que contó con dos votos en contra -de dos magistradas progresistas- y que, una semana después, todavía no se ha presentado por escrito en legal forma la sentencia.
Con este telón de fondo, ahora son los Comuns quienes mueven ficha. Este jueves han presentado a través del eurodiputado Jaume Asens una querella contra Andrés Martínez Arrieta, el presidente de la sala del Supremo que condenó a García Ortiz, por revelación de secretos después de que este asegurara que iba a “poner” la sentencia en los días en los que el tribunal se encontraba deliberando. Según señalan desde los Comuns, estas declaraciones las hizo el 18 de noviembre, es decir, dos días antes de conocerse la resolución del tribunal y en el marco de un curso donde él ejercía de ponente, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). “Y con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”, sostuvo ese día el magistrado Arrieta y según señaló RTVE.
Ahora, según reza la querella de los Comuns a la que ha tenido acceso elDiario.es, se conoce que “la manifestación fue realizada en tono jocoso, provocando una sonora carcajada colectiva entre los asistentes”, lo que, para la formación que presenta la querella, “evidencia que la audiencia interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia, y que el propio querellado era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística”. Al hilo de todo ello, los Comuns entienden que estas declaraciones de Arrieta reflejaron “las deliberaciones internas” de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, así como que se produjo “un cambio de ponencia, desplazando a la magistrada inicialmente designada”, en alusión a Susana Polo García -una de las que votó en contra de la condena al fiscal general-.
‘Poner’, una expresión “técnica” del lenguaje judicial
En la exposición de motivos recogida en la querella, desde los Comuns detallan que el término ‘poner’ una sentencia en el argot judicial “significa que el magistrado es el ponente encargado de redactar una resolución ya acordada por la mayoría en deliberación”. “Con tal afirmación, el querellado reveló públicamente que la ponencia había cambiado respecto de la inicialmente designada, existía una mayoría formada que desplazaba a la ponente original, y la deliberación se encontraba prácticamente cerrada. Es decir, reveló datos esenciales del secreto de deliberación protegidos por el artículo 233 LOPJ y por el artículo 417 CP, anticipando la existencia de una decisión judicial ya adoptada”, sostienen.
“En el mismo curso organizado por la acusación popular, intervinieron como docentes otros dos magistrados del tribunal: D. Antonio del Moral y D. Juan Ramón Berdugo, ambos implicados en la deliberación colectiva sobre ese mismo procedimiento”, por lo que “no resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelación practicada”. A razón de ello, en la querella insisten en que “la conducta del magistrado Martínez Arrieta afecta al núcleo mismo de la función jurisdiccional, puesto que el secreto de las deliberaciones garantiza la independencia interna del tribunal, la libertad de criterio de sus miembros y la confianza pública en el Poder Judicial”.
Al margen de todo ello, de esta querella también se desprende que “ha trascendido públicamente que uno de los magistrados integrantes del mismo tribunal, D. Antonio del Moral, mantiene una relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de parte interesada en la causa, al haber sido director de su tesis doctoral, circunstancia que ha sido ampliamente difundida en medios de comunicación”. “Esta relación, de carácter profesional y de confianza, ha sido señalada públicamente como un posible conflicto de interés y añade un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, argumentan.
Por todo ello, desde los Comuns se solicita la imputación de Arrieta, además de pedir al ICAM la grabación “íntegra” de dicho curso, el “programa oficial del curso”, la “lista de asistentes”, y que llame a declarar en calidad de testigos a Del Moral y Berdugo.
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Atlético de Madrid: Musso; Molina (Nico González, m. 58), Giménez, Hancko, Ruggeri (Sorloth, m. 68); Cardoso (Pubill, m. 58); Giuliano, Gallagher (Koke, m. 58), Barrios, Baena (Griezmann, m. 68); Julián Alvarez.
Inter de Milán: Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu (Frattesi, m. 72), Zielinski (Sucic, m. 65), Dimarco (Luis Henrique, m. 80); Bonny (Marcus Thuram, m. 65) y Lautaro Martínez (Esposito, m. 72).
Goles: 1-0, m. 11: Julián Alvarez. 1-1, m. 53: Zielinski. 2-1, m. 93: Giménez.
Árbitro: François Letexier (Francia). Amonestó con tarjeta amarilla al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y al visitante Dimarco (m. 44).
Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 68.069 espectadores.
El Atlético de Madrid superó la prueba de fuego que suponía recibir a todo un Inter de Milán en el estadio Metropolitano. No sólo eran tres puntos, tan cruciales para el ‘top 8’, sino también una medida fidedigna de cuál es el nivel de este equipo en este momento. Lo miró de tú a tú, compitió y ganó: su décimo triunfo en sus últimos doce encuentros entre todos los torneos. Los números hablan por sí solos.
El inicio del segundo tiempo, demasiado expectante, demasiado atrás, empatado por un gol de Piotr Zielinski, había relegado al Atlético de Madrid a un empate frustrante hasta la irrupción poderosa de José María Giménez, rematador decisivo en el minuto 93 para el triunfo fundamental contra el Inter en la Liga de Campeones (2-1).
Por fin, el central uruguayo conectó el testarazo que buscó, buscó y buscó durante tantas y tantas veces en los saques de esquina. La centró Griezmann, la remachó Giménez por encima de todos para la apoteosis del Metropolitano, que se siente capaz de todo. Es la octava victoria consecutiva de su equipo en su estadio. Tres de tres en la Champions.
Un once titular con cambios
Y lo hizo con todos sus recurso, apuntando que hay variantes y cambios. Este miércoles, con Johny Cardoso (no jugaba desde finales de agosto, cuando sufrió un esguince), con Gallagher o con Nahuel Molina, solventes y reivindicativos en el plan de inicio que preparó (y le salió bien) a Simeone.
No hay mejor confirmación que una victoria así. Más aún contra un adversario del calibre del Inter y su pleno en la Liga de Campeones hasta su visita el Metropolitano. En dos minutos, Dimarco lo advirtió dos veces. Primero, con una falta enroscada a la que respondió Musso, de nuevo sustituto notable de Oblak. Después, con un zurdazo cruzado.
Nada fuera de lo esperable para el Atlético, que sabía a quién se enfrentaba. Y que tenía claro cómo abordarlo, con la primera línea de Julián Alvarez, Gallagher, Barrios y Baena, con Cardoso como medio centro por detrás, protegidos por la formación de cinco que armó en el repliegue. Todo compactado en unos metros, sin espacios entre líneas.
Siempre Juilán, cada vez más habitual Baena
También cómo atacarlo, desde diferentes variantes, como el empuje desde atrás de Nahuel Molina, en esa posición híbrida de central y lateral que lo libera hacia arriba en el ataque. Un elemento confuso para la defensa contraria. Su avance originó el 1-0, el desmarque de Giuliano le dio vuelo y el rebote del despeje de Carlos Augusto contra el abdomen de Álex Baena supuso el impulso definitivo. El balón lo empujó a gol Julián Alvarez.
Aún en tiempos menos voluminosos de goles, desbordes e inspiración de ‘La Araña’, con dos tantos en sus ocho encuentros más recientes antes de este miércoles, no hay ni una sola duda sobre el atacante argentino, que es esencial para entender este Atlético, de atrás hacia adelante pero también de adelante hacia atrás. Su décimo gol ya del curso.
Anulado a primera vista por el árbitro, por el movimiento del brazo de Baena, la revisión en el monitor otorgó definitivamente el tanto. Hubo hasta tres minutos de suspense. A un lado del árbitro, el banquillo del Inter golpeándose la mano. Al otro, todo el cuerpo técnico y varios reservas del Atlético reclamando el gol. De fondo, el rugido del Metropolitano, que ya había visto la imagen repetida. Simeone intuyó la concesión, brazos arriba. La euforia.
La efusividad de su celebración por el 1-0, con todo lo quedaba por delante, aún en el minuto 8 (cuando fue el gol) y en el 11 (cuando fue concedido) delata la trascendencia de la ventaja en el marcador en una confrontación tan exhaustiva, exigente e igualada.
En cualquier instante, todo puede cambiar. Lo intentó de nuevo Dimarco. Controlado el balón al borde del área, solo, su rosca provocó silencio; unos segundos eternos que se transformaron en alivio cuando se perdió fuera de la escuadra. Una amenaza muy real.
Un rival de Champions
Porque contra el Inter nada es una garantía. El empate siempre está latente. Lo avisó Barella, cuyo maravilloso control agradeció el fenomenal pase largo de Bastoni. El remate, sin embargo, rebotó en el larguero de Musso, brillante instantes después en una salida frente a la enésima internada de Dimarco, al que negó otra vez el gol. El Atleti resistía.
No logró hacerlo mucho más. En el minuto 53, Zielinski culminó el 1-1 con una pared con Ange Bonny, tan rápida, pero también tan sencilla que debe invitar a la reflexión defensiva. La definición del centrocampista internacional polaco sorteó por raso a Musso, hasta entonces erigido en figura del Atlético en el segundo tiempo. Otra historia muy distinta.
Nada que ver con el primer tiempo, mucho mejor el Inter desde la reanudación, apabullado el Atlético desde la vuelta del vestuario, Simeone intervino con cambios (Pubill, Koke y Nico por Cardoso, Gallagher y Molina), el equipo entendió el mensaje del 1-1, Giiuliano conectó una volea alta y Baena rebuscó el segundo gol después. También apareció providencial Giménez ante Lautaro Martínez. El partido era pura incertidumbre.
Un final memorable
En el minuto 68, Simeone agotó sus recursos. Apostó por el triunfo. Por Sorloth y Griezmann, en lugar de Baena y Ruggeri. Ya había reaccionado antes el Atlético, que alteró su lapsus inicial del segundo tiempo por la convicción con la que debe jugar, sea cual sea el rival y sea cual sea el resultado: recuperó su ambición, no esperó, jugó en campo contrario, atacó y puso en jaque al Inter, cada vez más exigido, cada vez más temeroso.
La volea de Sorloth; el control y el remate de Griezmann tras un centro de Pubill, profundo, insistente y resolutivo por el lateral derecho (incluso con una ocasión que exigió la estirada del portero en el rato que disputó); la salvada de Nico González en su área, en plancha de cabeza, cuando el 1-2 asomaba sobre el marco de Musso; algún contragolpe del Inter… Y el gol de Giménez para la apoteosis del Metropolitano.
Resumen del Atlético de Madrid – Inter | Champions League
La cercanía ideológica y los sentimientos melancólicos de José María Aznarhacia la dictadura de Francisco Franco no pilla por sorpresa a nadie. Militante de la organización estudiantil de la Falange Española (FES) y ferviente defensor del retorno a los principios primigenios de José Antonio Primo de Rivera, el presidente del Guerra de Iraq y los bulos del atentado del 11-M no es capaz de condenar el franquismo que enriqueció y elevó a su familia. “Yo no voy a condenar algo en lo que mi padre participó”.
Así de contundente ha sido una de las voces con más poder delPartido Popular (PP), que podría haberse retrotraído también a su abuelo, puestos a completar las raíces del árbol genealógico de franquistas. Y es que, al final, de casta le viene al galgo. Su padre, Manuel Aznar Acedo, fue un alto cargo de la Falange durante la Guerra Civil, desempeñándose como oficial encargado de las tareas de radio difusión y propaganda del Ejército sublevado. Al más puro estilo de Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich nazi.
El mayor de los Aznar franquistas, el abuelo Manuel, también hizo buena gala de su pensamiento reaccionario. El golpe de Estado le pilló en Madrid, capital antifascista, y no dudó en escabullirse hasta Burgos para hincar rodilla ante los sublevados. Amigo cercano del mismo Primo de Rivera que su nieto adoraría años más tarde, ocupó hasta cuatro altos cargos diplomáticos durante el régimen (representante permanente de España ante la ONU y embajador español en la República Dominicana, Marruecos y Argentina) y tuvo tiempo para escribir varias obras de onanismo franquista.
El derechista José María Aznar ha pedido derogar la ley de Memoria Democrática y ha defendido el franquismo: «No voy a condenar algo en lo que participó mi padre». Su padre fue el jefe de propaganda de la Falange glorificando el genocidio de Franco. pic.twitter.com/pxpt6It8rT
“La izquierda radical e ignorante solo tiene en cuenta la historia para intentar reescribirla”, ha añadido el que fuera jefe del Ejecutivo en la entrevista concedida a esRadio. La historia y los hechos son los que son y la familia Aznar es falangista de pro y franquista por interés y odio desde que esto es posible, aunque la teledirigida Transición quisiese blanquear a estos y otros muchos personajes que fueron participes directos con sus tropelías de la peor época de la historia moderna de España.
Por eso sus herederos, muchos de ellos también se sientan en el actual Congreso de los Diputados vanagloriándose de sus apellidos y escupiendo en el pasado, son contrarios a la ley de Memoria Democrática y a la compensación a las víctimas del franquismo y su memoria. Herederos también en forma de agrupaciones como el PP, fundando por el ministro franquista Manuel Fraga, muy cercano también a la familia Aznar.
Es esta colaboración cercana con un régimen asesino y represor, sin conocerse cuáles pudieron ser los méritos de sangre que los antepasados del expresidente se granjearon en el bando golpista, lo que hace que Aznar sea incapaz de condenar el franquismo. Porque un perro no debe de morder la mano que le da de comer si pretende seguir llevándose bocado a la boca.
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Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjeta amarilla a Ortega (40) por Olympiacos; y a Camavinga (23) y Güler (56) por el Real Madrid.
Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Georgios Karaiskakis, lleno, con 33.296 espectadores en la grada.
El primer triunfo en partido oficial de la historia del Real Madrid en Grecia, con una exhibición futbolística de Vinícius y goleadora de Kylian Mbappé, autor de cuatro tantos que sin embargo no espantan los fantasmas por una fragilidad defensiva que premió el ímpetu de Olympiacos.
Xabi Alonso que volvió a agitar su equipo titular con hasta seis cambios para regresar a la senda de la victoria tras tres malos resultados, recuperando la pegada pero sin lograr despejar las dudas defensivas.
Dos nombres propios
Sin Thibaut Courtois ni Jude Bellingham en el once titular, Mbappé fue el protagonista de una victoria apretada al final por la debilidad defensiva merengue, aunque con más actitud y hambre que en los tres encuentros previos que acabaron sin triunfos. El delantero galo convirtió cuatro dianas, para convertirse en el cuarto jugador del Real Madrid que lo consigue en la Copa de Europa, compartiendo privilegio con Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás y Cristiano Ronaldo.
Pero el ’10’ merengue no estuvo solo, y tuvo en Vinicius a su mejor socio. El brasileño fue un dolor de muelas para la defensa del Olympiacos, recordando, con dos asistencias, al mejor Vini de las noches europeas.
Agonía final madridista
Los griegos apretaron al final –casi una veintena de remates– y rozaron el empate, pero la victoria permite al Real Madrid sumar ya 12 puntos y afianzarse en el ‘top 8’.
Mientras ‘Vini’ se divertía marchándose de todos y viendo como solo la parada de Tzolakis al balón picado le alejaba del gol, el resto de sus compañeros se apagaron para acabar el partido con extrañas sensaciones, deseando el pitido final y aumentando las dudas.
No pudo controlar el partido el equipo de Xabi Alonso, que estuvo por detrás en el marcador al inicio del encuentro tras el gol de Chiquinho en el minuto ocho y que vio como Olympiacos se agarró al partido con los tantos de Taremi en el minuto 52 y de El Kaabi en el 81, con sendos remates de cabeza sin oposición dentro del área.
Y el duelo se cerró con un nuevo remate de El Kaabi cerca del poste y un disparo de Hezze que rondó el gol ante la desesperación de Lunin.
Finalmente, el Real Madrid pudo lograr los tres puntos, después de tres partidos sin ganar, en un partido en el que el Eduardo Camavinga se marchó sustituido tras el descanso por un fuerte resfriado que le impedía respirar con normalidad.
Resumen del Olympiacos – Real Madrid | Champions League
El ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, no ha perdido el tiempo desde que salió de la cárcel. Una semana después de abandonar Soto del Real, la defensa del implicado en la trama contraataca con un informe pericial que tira por el suelo los audios presentados por Koldo García, principal prueba contra el excarcelado. “Fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior (a su grabación)”, apunta la prueba, adelantada por elDiario.es, que será presentada por los abogados ante el Tribunal Supremo.
Algunos de los argumentos expuestos en el informe pivotan en torno a las diferentes versiones del sistema operativo que han dejado marca en un mismo audio. Es más, aseguran que queda constatados “rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 (ambos sistemas operativos de iPhone” en audios atribuidos a abril de 2019”, lo que en su opinión constituiría “una imposibilidad técnica categórica”. Una tesis no tan descabellada, pues el propio Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya apuntó en su momento que se habían detectado “incidencias” e “inconsistencias” con las fechas de las grabaciones.
Existen anomalías objetivas incompatibles con un ciclo de vida digital nativo
No obstante, los agentes desestimaron, el pasado mes de septiembre, atribuir estas alteraciones a algunas “trazas” de manipulación, algo que los abogados del exdiputado quieren rebatir con este informe. Los servicios especializados de la Guardia Civil explicaban estos cambios de sistema aludiendo a actualizaciones del teléfono móvil que grababa, pero los peritos niegan la mayor al apuntar que “ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación”, aunque luego este se actualice y pase a ser uno nuevo, que solo dejaría huella si se manipula el audio.
Este movimiento llega a las puertas de que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, afronten la vista en la que el juez deberá decidir si les manda a prisión preventiva debido a las altas penas de cárcel que han solicitado para ellos los acusaciones, debido a la elevación del riesgo de fuga que esto supone. La defensa de Cerdán asegura que con este informe “queda descartada la originalidad” de los audios y esto expone aún más al tándem de Ábalos y Koldo.
Cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable
Se ha producido “una ruptura insubsanable en la cadena de custodia de los audios”, apuntan los abogados del que fuera mandatario del PSOE, que deslizan que las modificaciones en las grabaciones pueden haberse producido después de registrar y confiscar los brutos a Koldo. Para apuntar esto se basan en la no existencia de “valores hash originales”, ni “registros de adquisición”, ni “volcados primigenios”. Esto, prosiguen los peritos, “impide reconstruir la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación”, lo que tiraría por tierra una de las piedras angulares de la causa.
Con todo, los peritos aseguran que es imposible “afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación”. Sin haberse encontrado aún el rastro del dinero y a falta de pruebas de mayor calado que estas grabaciones, la defensa de Cerdán busca la invalidación de esta prueba, lo que complicaría en gran medida su condena.
Informe detallado
Los peritos firmantes del informe son Javier Martín Porras y Hernán López Mayoralas, quienes realizan un análisis técnico amplio. Existen “diferencias de frecuencia de muestreo y bitrate entre archivos supuestamente generados con la misma aplicación y dispositivo; desfases significativos entre el tiempo real de grabación y el tiempo de codificación; y coincidencias masivas en fechas de modificación”, desgranan de forma más amplia lo expuesto anteriormente. Estas “anomalías objetivas”, apuntan, son “incompatibles” con lo que consideran “un ciclo de vida digital nativo”.
Es decir, si una grabación se produjo con un sistema operativo, pese a que este proceda a actualizarse posteriormente, no quedaría rastro del nuevo sistema en el audio salvo que este se modificara tras el cambio operativo. Además, como la Guardia Civil no ha realizado una análisis detallado, “frame a frame”, consideran que es imposible que pueda “sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas”.
“No puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a un individuo concreto alguno”, añaden, una tesis que ya había sido puesta sobre la mesa anteriormente. Esto, sumado a otros elementos que los peritos consideran indispensables, son la clave para de la defensa contra los audios. “En ausencia de estos elementos estructurales cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable”, zanja el informe.
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Un año y casi un mes más tarde, todavía sigue sin conocerse de manera clara qué ocurrió con Carlos Mazón el día de la DANA. Obviamente, el interrogante se plantea sobre qué ocurrió para que abandonara las responsabilidades de su cargo mientras tenía lugar semejante tragedia, ya que las cuestiones relativas a esclarecer con quién y dónde se encontraba van encontrando respuestas muy poco a poco, prácticamente a cuenta gotas. Una línea de tiempo que va dejando hechos a cada cual más llamativo y que, además de seguir incrementando el dolor de las víctimas y familiares que sufrieron directamente esta catástrofe natural, aumentan considerablemente la indignación de todos los que han presenciado la indiferencia que ha mostrado en el este tiempo el político popular, las mentiras que ha propagado a para no asumir sus fallos y cómo desde su partido no solo no han tomado acción antes, sino que lo han arropado.
Después de todo este tiempo, en el que Mazón ha ido dando relatos distintos de los hechos, los cuales todos se terminaban por desmontar y evidenciaban que el valenciano no prestó la labor de servicio que requería una emergencia como la que provocó la DANA, todavía siguen apareciendo nuevas noticias que agravan la cada vez más débil posición del popular, al que cada vez comienzan a quedarle menos escapatorias.
Precisamente, respecto a la última que se ha podido conocer, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido uno de los tantos que ha mostrado indignación y, además, recriminaba uno de los argumentos que el valenciano venía esbozando hasta ahora para quitar peso a Vilaplana y el tiempo que compartió con ella hasta su llegada al CECOPI.
Mazón y Vilaplana, juntos hasta las ocho de la tarde
Las últimas pruebas han sacado a la luz que Maribel Vilaplana no abandono el parking donde tenía aparcado su vehículo, lugar al que le acompañó Mazón, hasta las 19:47 horas, tal y como muestran los datos de su tarjeta bancaria que han sido aportados a la jueza. Lejos de quedar ahí, es decir, que hubiera permanecido ella sola en el aparcamiento trabajando o realizando cualquier llamada, también se ha trasladado que llevó en su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau valenciano.
Lo conocido ahora contradice por completo las versiones aportadas. Vilaplana declaró ante la jueza Nuria Ruiz que “entra sola” en el estacionamiento y que “cuando se despide en el parking, no sabe hacia qué dirección se dirigió Mazón (…)”. “Ella se bajó y ya está”, indica la transcripción de la declaración judicial. Sin embargo, ahora se sabe que el president llegó a las inmediaciones del Palau en el coche de la periodista.
El tiempo que discurre entre la salida de El Ventorro y la del parking es también en el que se produce la desconexión telefónica del jefe del Consell, de manera que éste no responde a ni una sola llamada y tampoco las hace entre las 18:57 y las 19:34 del aquella fatídica jornada. 37 minutos en los que parece que se lo traga la tierra.
La indignación de Óscar Puente: el argumento caído del «machismo» y la crítica a las versiones distintas aportadas
«No recuerdo quien dijo que si ella no hubiera sido mujer y guapa, nadie habría pensado mal, y que pensar mal en este caso, era un rasgo de machismo…», así mostraba su indignación el ministro de Transportes en su perfil de ‘X’ trayendo uno de los razonamientos que Mazón expresó para responder a las críticas que se estaban vertiendo sobre él por haber estado desaparecido el día de la DANA mientras compartía toda una tarde con Maribel Vilaplana en El Ventorro.
Puente cargaba contra el político popular a quien no solo recriminaba plantear el tema del machismo para tratar de revertir la situación, sino también las diferentes versiones que ha venido dando en este tiempo, la mayor parte de ellas evidenciadas como mentiras, y pensando en voz alta algo que comparten mucho españoles: «que un año después, cada día descubrimos algo nuevo».
No recuerdo quien dijo que si ella no hubiera sido mujer y guapa, nadie habría pensado mal, y que pensar mal en este caso, era un rasgo de machismo… Bueno, eso y que han dado 27 versiones y ninguna convincente. Y que un año después, cada día descubrimos algo nuevo. pic.twitter.com/0I09eZOKFd
Las Cortes Valencianas se preparan para acoger este jueves 27 de noviembre la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, tras la dimisión de Carlos Mazón y después de que el pasado miércoles el Partido Popular (PP) en la Comunidad Valenciana (PPCV) oficializara su candidatura como sustituto de Mazón. Lo hacía, sin embargo, sin contar con un acuerdo cerrado con la extrema derecha, de cuyo apoyo precisan para poder sacar la investidura adelante. Además, esta se produce en un contexto marcado por las pruebas que evidencian las mentiras de Mazón para tratar de justificar su ausencia en la gestión de la DANA.
En concreto, las mentiras, las contradicciones y también las verdades sobre Mazón en el día de la DANA se han ido acentuado de forma progresiva en las últimas horas. Así, se ha conocido la hora a la que la periodista Maribel Vilaplana pagó el parking después de comer en El Ventorro y también la hora a la que salió de este. De igual manera, también han salido a la luz los detalles sobre la sala en la que comieron los dos ese día y los 165 euros que pagaron por los dos «menús concertados». En la misma línea, en las últimas horas, también se ha podido conocer que Vilaplana recibió y vio a las 19:07 horas del día de la DANA un vídeo sobre la situación que se estaba viviendo en el barranco del Poyo. Con todo ello, mientras se estrecha cada vez más de esta forma el cerco sobre Mazón, ahora es la dirección nacional del PP la que deja solo al nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat.
De esta forma, se despejaba la incógnita sobre quién iba a coger el mando interino de la presidencia autonómica. En un principio las opciones eran dos: la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, María José Catalá, que figuraba como la apuesta favorita por la dirección nacional del PP; y Pérez Llorca, mano derecha de Mazón y opción favorita por los populares en Valencia, secretario general del PPCV y diputado autonómico. Tras ello, y después de un intenso cruce de mensajes entre Génova y el PPCV, los populares despejaban la incógnita: será la mano derecha del presidente en funciones quien se presente como candidato a la presidencia de la Generalitat.
Sin embargo, un día antes del debate de investidura, desde la dirección nacional del PP ya han adelantado que no estarán presentes en la investidura en Les Corts. Según han deslizado fuentes de Génova, nadie de la dirección nacional acudirá al debate, pese a que defienden que con esta investidura -siempre y cuando Vox confiera su apoyo- arrancará una “etapa nueva”. Al margen de ello, añaden que han estado al tanto de las conversaciones que en las últimas semanas, desde que se conoció la dimisión de Mazón, se han intercambiado entre el PPCV y la extrema derecha, con el fin de llegar a un acuerdo que permita este jueves colocar a Pérez Llorca al frente de la Generalitat.
Pese a que diferentes miembros de la dirección nacional del PP justifican la ausencia de la Génova en la investidura alegando que tampoco han asistido a anteriores debates de investidura de otros presidentes autonómicos, lo cierto es que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sí estuvo presente el 14 de abril de 2024 en la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta de Galicia, también lo estuvo el 23 de julio de 2022 en Andalucía cuando Juanma Moreno Bonilla tomó posesión como presidente de la Junta de Andalucía, y acompañó también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su investidura el 23 de junio de 2023.
Debate de investidura mientras se conocen nuevos datos sobre Mazón
En las últimas horas se han podido conocer nuevas informaciones y detalles sobre lo que hizo el ya dimitido Mazón durante el día de la DANA mientras centenares de ciudadanos se ahogaban. Este martes, la tarjeta bancaria del Vilaplana confirmaba que esta pagó el parking a las 19:48 horas, es decir, casi una hora después de salir de El Ventorro, teniendo en cuenta que su dueño declaró ante la magistrada que los dos abandonaron el local entre las 18:30 y las 19:00 horas. Además, un día después de conocerse esto último, una certificación del Juzgado de Catarroja ha confirmado que la periodista salió del parking a las 19:51 horas, es decir, tres minutos después de pagar la factura, que ascendió a 15,10 euros.
En líneas similares, después de que la magistrada de la DANA pidiera todos los detalles de la comida en El Ventorro, este miércoles también se han conocido datos sobre el reservado en el que comieron. Según ha podido saber este medio, estos datos ya han sido aportados al sumario, conociendo la imagen de la sala en la que comieron el dirigente popular y la periodista. Además, la factura demuestra que la cantidad a pagar fue de 165 euros, por dos “menús concertados”. Las imágenes muestran un salón sencillo con mesa ovalada, cinco sillas, sofá, mueble y dos ventanales con cortinas.
Así, el almuerzo se desarrolló en un reservado en la primera planta del restaurante con capacidad para cinco comensales. Tal como declaró en su declaración ante la juez Alfredo Romero, dueño del restaurante, la cita consistió en un menú cerrado e incluyó una botella de vino, “probablemente una caña inicial” y varias botellas de agua. La reunión concluyó a las 17:00 horas pero los comensales extendieron la sobremesa hasta las 18:45 horas y salieron del restaurante “no más tarde de las 19:00 horas”. Romero también aseguró que la Generalitat hizo la reserva “dos o tres días antes” y el PP de Valencia abonó la cuenta a través de una transferencia.
En línea con todo ello, quien fuera pareja de Vilaplana Xavier Carrau y periodista de À Punt ha desvelado que la periodista vio otro vídeo de la DANA a las 19:07 horas de aquel 29 de octubre de 2024 sobre la dramática situación en el barranco del Poyo. Así lo ha señalado a través de sus redes sociales este miércoles: “19:07 Compartimos en chat familiar este video. Todos respondemos al minuto aterrorizados”.
19:07 Compartimos en chat familiar este video. TODOS respondemos al minuto aterrorizados. https://t.co/UOpqqjpxXF
La respuesta del PP a las exigencias de Vox, en el aire
El pasado 5 de noviembre, apenas dos días después de que Mazón comunicara su dimisión, se conocían las primeras exigencias que los de Santiago Abascal ponían sobre la mesa a los populares como condiciones para apoyar la investidura del nuevo candidato. Un día antes de la investidura, el PP todavía no se ha pronunciado acerca de ello y la extrema derecha tampoco lo ha hecho respecto al apoyo o no de la investidura de Pérez Llorca.
Con esta incógnita en el aire, desde Vox plasmaron de forma nítida todos y cada uno de los pasos a seguir por parte del PP valenciano si quiere contar con el aval de los de Abascal. En primer lugar, piden a los de Feijóo rechazar el pacto verde y la inmigración “masiva”, según adelantaba La Vanguardia. El responsable de la formación ultraderechista adelantaba también que entre estas exigencias se encuentra el portazo al acuerdo climático europeo, dando así buena cuenta de su negacionismo en la comunidad autónoma que ha sufrido apenas hace un año la peor catástrofe natural del siglo, y el rechazo a la entrada de migrantes de manera “masiva”.
Por lo que respecta a este tema, Vox habría obligado al PP a que no forme parte del reparto de los menores migrantes distribuidos desde Canarias. En ese sentido, la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, se ocupó de trasladar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en julio la postura en contra de la región a recibir más menores migrantes porque, según sus palabras, se encontraban ya “al límite”.
De esta misma forma, el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, remarcó que Vox negociará «sobre políticas concretas», sobre las cinco medidas que «ya estaban encima de la negociación» con el PP en la investidura de Mazón y en los últimos presupuestos. Según señaló, se trata de una reducción fiscal «importante», del apoyo a la vivienda, del «freno a la inmigración irregular y masiva», de la defensa del sector primario «frente a las políticas ‘verdes’ y el fanatismo climático» y de «una verdadera calidad educativa en plena libertad para los jóvenes y las familias».
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Transparencia, competencia leal y protección de los consumidores. Son las tres exigencias que ha puesto este martes sobre la mesa del Congreso el Grupo Plurinacional Sumar a dos de los gigantes del sector inmobiliario: Idealista y Fotocasa. Lo ha hecho presentando una solicitud de comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja de un responsable de cada plataforma. En concreto, María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal Fotocasa, y Pablo Álvarez-Cascos, director de Tecnología de Idealista Contexto. La solicitud, interpuesta por las diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas, subraya la opacidad de estas plataformas sobre sus entresijos, sus engranajes invisibles: los algoritmos.
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Unos algoritmos a los que señalan por influir de forma decisiva en la evolución de los precios de la vivienda, en la competencia desigual entre pequeños propietarios y grandes tenedores y, en definitiva, en las posibilidades de acceso al mercado de miles de familias. Incumpliendo, por el camino, la normativa europea y española en materia de transparencia. El debate está servido. ¿Afectan los algoritmos de las grandes plataformas a la configuración de los precios y tendencias del mercado? ¿Son estas compañías, por lo general, transparentes sobre el funcionamiento de estos algoritmos y de su impacto?
«Condicionan la mirada sobre el mercado»
Esther Paniagua, experta en IA y gobernanza digital, además de autora del Manual de defensa algorítmica (Prodigioso Volcán), se muestra tajante: sí a la primera pregunta; no a la segunda. «Lo más obvio de cómo pueden influir estas plataformas y sus algoritmos en el mercado de la vivienda es el hecho de que se pueda pagar para que tu anuncio aparezca más arriba en los resultados de búsqueda», comienza explicando la investigadora. En otras palabras: quien tiene mayor capacidad económica, tiene preferencia a la hora de mostrar su vivienda, sus condiciones y sus precios. Lo que -razona Paniagua- es ya de por sí una forma de modular el acceso y la percepción de los usuarios sobre el estado del mercado.
Las plataformas inmobiliarias discriminan por medio de la «segmentación de usuarios»
«Cuando no es un filtro según tus intereses, sino los intereses del dueño de la plataforma, ya no estamos hablando de una recomendación, sino de una manipulación que condiciona una decisión del consumidor», incide, por su parte, Borja Adsuara, doctor en Derecho y experto en estrategia y comunicación digital. Y eso, continúa el docente, está expresamente prohibido. «Ya lo estaba en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley General de Publicidad. Pues lo mismo ahora con algoritmos», completa el investigador. Una prohibición establecida en la DSA, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aprobada a principios del año pasado.
Hay más vías para conseguir que te favorezca el algoritmo. «También se puede pagar para mejorar tus fotos o hacerte algunas nuevas, lo que puede mejorar igualmente el posicionamiento de tu anuncio en la web», continúa la experta. Otra posibilidad es contratar alguno de los servicios de tasación de viviendas o de contratación de inmobiliarias que ofrece el propio portal. Con el mismo objetivo: conseguir más visitas. Unos sistemas de tasación informáticos -advierte Paniagua- que se han revelado «problemáticos, con sesgos y, en muchas ocasiones, erróneos». «Entre otras cosas por el alto dinamismo del mercado, que estos sistemas no pueden incorporar», completa la escritora.
Las plataformas inmobiliarias también discriminan. ¿Cómo? Por medio de la «segmentación de usuarios». En base a criterios geográficas, demográficas o de comportamiento online. «Bien porque el propio anunciante haya pedido una segmentación específica, bien porque sea una discriminación inherente al propio algoritmo», aclara Paniagua. Barrio, capacidad económica, origen nacional… Las posibilidades son múltiples, difíciles de monitorizar y dependen -insiste la investigadora- de lo que cada plataforma decida calibrar. «Al final los algoritmos son programas informáticos con su propio sistema de pesos, a los que se atribuyen diferentes puntuaciones», explica la experta en gobernanza digital. «Se puede decidir valorar cualquier cosa: desde que la foto tenga mejor calidad hasta que el precio esté por encima de x cantidad o que el anunciante haya pagado una comisión», sentencia Paniagua.
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¿Se puede hablar de una burbuja en los anuncios inmobiliarios?
Un piso no cuesta lo que dicen los anuncios ni de Idealista ni de Fotocasa. Al menos esa es la conclusión de un informe reciente de UVE Valoraciones. Según esta sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, en los últimos cinco años, la brecha entre los precios de oferta que marcan estas dos plataformas y los que se registran en las compraventas ante notario ha crecido hasta 32 puntos porcentuales. ¿Traducción? Los precios que ofrecen las inmobiliarias son, de media, un 44% más altos que «los reales». Una diferencia, que, en 2021, se situaba en el 12%. Tiene su base metodológica. Para llegar a esta conclusión, la compañía ha comparado la evolución de los precios de ambas plataformas con los datos del Ministerio de Transportes, las notarías, los registradores o el propio INE.
«La hipótesis de que estas plataformas hayan podido tirar de los precios de oferta hacia arriba puede ser razonable», valora Adsuara. Ahora, matiza el experto, las causas pueden ser múltiples y la implicación en esta subida de los algoritmos no deja de ser elucubración «mientras no haya un auditor independiente que lo certifique». «Ya la mera existencia de estas plataformas, que no es algo que se pueda prohibir o penar, afecta irremediablemente a los precios», continúa el docente. Los conocidos como riesgos sistémicos. Tiene su explicación. «Hoy en día cualquiera puede saber a cuánto alquila su casa su vecino. Cuáles son los precios de su zona, de su ciudad. Y, con todo ello en mente, ajustar el de su propia vivienda al alza, claro», opina el doctor en Derecho. Considerando, además, que los precios tienden a bajar en medio de las negociaciones con el futuro comprador.
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Paniagua coincide con esta valoración, aunque con matices. «El acceso a estos datos, de los que es verdad que antes no se disponían, no es del todo democrático», apunta la investigadora. «Las empresas de inversión cuentan muchas veces con sistemas automatizados que les permiten detectar la publicación de nuevas ofertas o incluso de ofertas ventajosas», prosigue. Cosa que un ciudadano de a pie no puede permitirse.
Toca buscar soluciones. «Nadie sabe cómo funcionan sus algoritmos más que ellos mismos y ese es el principal problema», se muestra tajante Adsuara. Una cuestión de transparencia que tendría fácil solución, sugiere el docente. «Esa información la podría -y debería- reclamar la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por medio de una auditoría», continúa explicando. Para ver si realmente están manipulando el mercado, si incurren en prácticas colusorias de la competencia, si hay algún tipo de concertación de precios… Entonces, si el organismo competente ya existe, ¿cuál es el problema? «Que la DSA, el reglamento europeo, se tenía que haber aplicado en España desde febrero del 2024 y el gobierno, sin embargo, todavía no se ha molestado en modificar el estatuto referente a esta comisión», advierte Adsuara. Una torpeza por la que el Tribunal Europeo de Justicia podría terminar imponiendo a España algún tipo de penalización. «Es un escándalo del que no se habla suficiente», valora. «Al final, en vez de multar a estas plataformas por posibles prácticas fraudulentas, a la que van a multar es a España, a todos nosotros, por no haber aplicado todavía la legislación comunitaria», sentencia el investigador.
Público se ha puesto en contacto con Idealista y Fotocasa para preguntarlas si algún responsable de la entidad comparecerá en el Congreso, como ha solicitado Sumar, para dar las explicaciones pertinentes en materia de transparencia. También les ha preguntado por las conclusiones del informe de UVE Valoraciones. ¿Han realizado algún estudio propio sobre su impacto en el mercado? ¿En caso afirmativo, han tomado medidas al respecto? Por último, este diario ha querido saber si alguna de las plataformas considera que sus algoritmos podrían fomentar la competencia desleal, favoreciendo a entramados empresariales y grandes tenedores frente a pequeños particulares. Hasta el momento de la publicación de este artículo, ninguna de las dos entidades ha ofrecido respuestas.
Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Mostró tarjeta amarilla a los locales Provod (m.15), Chory (m.15) y el técnico Trpisovsky (m.41), y a los visitantes Guruzeta (m.19), Galarreta (m.48+), el técnico Valverde (m.60) y Paredes (m.85).
Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones disputado en un Fortuna Arena cerca del lleno de 20.000 espectadores pero con huecos en las gradas. Entre ellos algo más de mil aficionados del Athletic.
El Athletic Club desperdició hasta cuatro claras ocasiones ocasiones tanto antes como justo después del descanso pero acabó bajando su nivel de fútbol ante un Slavia Praga que incluso en los minutos finales pareció satisfecho con el empate pese a jugar en casa en esta quinta jornada de la fase liga de la Champions League.
La clasificación del Athletic para los ‘playoffs’ de la Champions League está cada vez más cuesta arriba. En uno de los duelos marcados en rojo en el calendario, los de Ernesto Valverde no pudieron pasar del empate sin goles, que los deja con cuatro puntos en la clasificación y, a falta de los partidos del miércoles, en 28ª posición, a un punto del Top 24.
El portero checo, Jindrich Stanek, comenzó su gran noche salvando un remate de Oihan Sancet a los seis minutos de juego. En la segunda parte el inspirado guardameta del Sparta salvó a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas a remates de Robert Navarro (m.50), Sancet (m.52) y de nuevo Navarro (m.53) tras un gran remate de cabeza del extremo que sacó casi sobre la línea en una fenomenal estirada.
Cambios en el once inicial
De salida Ernesto Valverde sorprendió con seis cambios en la alineación respecto a Barcelona, donde salió con el equipo de gala: aquí lo hizo sin Nico Williams, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche y Mikel Jauregizar, todos en todo caso por desgaste o alguna molestia física.
Arrancó mejor el Slavia, que para el minuto y medio ya había rematado a portería. Aunque fue un disparo mordido del gigantesco Chory, que poco después Vivián despejaba un balón en el área que le buscaba.
Pero la primera gran ocasión fue del Athletic, que no supo resolver como pedía una contra de dos contra uno entre Guruzeta, que ni encontró el momento adecuado para el pase ni se decidió a finallizar, y Sancet, al que al final apuró el único defensa que tenían enfrente los dos delanteros visitantes.
Siguió el choque un poco alocado pero sin finura en ninguno de los dos equipos. La jugada más destacada en ese tramo hasta el descanso fue un chut en paralelo a la línea de gol de la meta de Unai Simón de Chory que no acabó de encontrar portería.
Cinco minutos claves y un Stanek decisivo
También fue del Athletic la primera ocasión de la segunda mitad. Y la segunda. Y la tercera. Las tres, en tres minutos, entre el 49 y el 52, de Navarro y en las tres apareció Stanek salvador.
En todas el mérito fue del meta checo, que regaló una de las paradas del año en el cabezazo de Robert Navarro, a centro de Berenguer, en la tercera de las claras oportunidades. En las dos anteriores mejor Navarro en la primera, un duro disparo llegando al área, que en la segunda, quizás demasiado al cuerpo del portero.
No aprovechó el momento el Athletic y ambos técnicos decidieron mover el banquillo. Valverde para dar entrada a Nico, el prometedor Selton y, un poco después, a Jauregizar.
La primera acción a reseñar tras el carrusel de cambios fue una chilena de Chory que sacó en la línea de gol Vivian, si bien tras clara falta sancionada del ariete local a Unai Simón. Fue el aviso del Slavia de que quería ir a por el partido y asediar el área de Simón, por donde comenzó a concentrarse el juego.
Otra gran acción defensiva de un jugador del Ahletic, esta vez Adama, impidió que marcase Chaloupek en el minuto 81, justo después de que Valverde agotase los cambios.
Uno de los últimos que entró fue Unai Gómez y en un centro suyo desde la línea de fondo que no encontró rematador se fue la última oportunidad de gol.
Resumen del Slavia Praga – Athletic | Champions League
La figura de Vito Quiles no ejerce únicamente influencias en el plano mediático, sino que concentra un importante peso en el escenario político. Tras publicar el diario ‘El Salto’ una información que desgrana que el Partido Popular pagó 680.000 euros de dinero público al canal que promovió al agitador ultra, él mismo ha contestado en redes sociales diciendo que la información es “falsa” pero, al tiempo, reconoce que son “acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas que realizan muchos ayuntamientos”.
A golpe de tuit este martes a través de X -antigua Twitter-, Quiles ha comenzado diciendo que la información del medio citado es “simplemente falsa”, acompañado de una advertencia al medio: “Os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro Fiscal General”, ha dicho en referencia a la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos ante la filtración del correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, email en el que reconoció la comisión de dos delitos fiscales. Días después de anunciarse la sentencia, aún no se conoce su contenido.
Prosiguiendo con las declaraciones del pseudoperiodista, éste asegura que “nunca ha recibido un euro público” y que no está contratado “en ningún canal y el PP no ha ‘pagado’ nada a nadie”.
A renglón seguido, matiza y reconoce estos pagos: “Son acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas que realizan muchos ayuntamientos. Que vosotros seáis un panfleto de extrema izquierda y no conozcáis el funcionamiento de los medios oficiales no es mi problema. En cualquier caso, yo ni estoy en eso, soy un trabajador autónomo. Borrad, perroflautas, y buscad un trabajo serio”, ha defendido en la red social.
Esto es simplemente FALSO. Os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro Fiscal General.
Yo NUNCA he recibido un euro público, no estoy contratado en ningún canal y el PP no ha “pagado” nada a nadie.
‘Estado de Alarma’ (EDA TV), canal de Javier Negre que catapultó a la fama a Vito Quiles, recibió contratos de dinero público con vínculos con distintas Administraciones públicas: desde los gobiernos autonómicos del PP de Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo -en su época de la Xunta- y Alfonso Fernández Mañueco hasta la Diputación de Almería -hasta hace poco a cargo de Javier Aureliano García, investigado por el ‘caso mascarillas’ de Almería-. Un montante de cerca de 700.000 euros.
Esta cifra se sustenta en 172 contratos de publicidad institucional, es decir, anuncios en la web del medio de Negre y contenidos patrocinados, durante cinco años de contratos menores a la empresa de Negre después de que éste se inventara un bulo en el diario El Mundo.
Entre uno de los puntos clave de este análisis, resalta Majal Gestión SL, empresa que pertenece a María José Álvarez Mezquiriz, presidenta ejecutiva del Grupo Eulen, quien aparece de manera reiterada en la prensa económica como accionista del tabloide ultra de Negre. Y es que Eulen es donde la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, ostenta un puesto de alta dirección desde el que ha conseguido más de 1,6 millones de euros de dinero público sin concurso procedentes de la Xunta de Galicia. Según desveló al respecto El Confidencial, su sociedad patrimonial habría rondado el 10% de la compañía, reforzando así su peso interno en la misma.
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El Gobierno de España concluye su búsqueda al encontrar en Teresa Peramato la candidata para sustituir a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. No tardará en hacerse oficial, pues se votará en el Consejo de Ministros previsto para este martes.
Teresa Peramato cuenta con 35 años de trayectoria en la carrera fiscal. En la actualidad desempeña el cargo de fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal en la Fiscalía del Tribunal Supremo y actúa también como fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Su carrera profesional ha estado especialmente vinculada a la lucha contra la violencia de género, área en la que es considerada una de las principales impulsoras de la especialización judicial.
En 2005 asumió la responsabilidad de fiscal delegada en la Sección de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid. Además, formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, colaborando en la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio publicado en 2007. Entre 2021 y 2025, ocupó el puesto de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.
Peramato se convierte en la tercera mujer que ostenta el cargo de fiscal general del Estado desde que Sánchez llegara a la Moncloa en el 2018. Así, no solo sucederá a Álvaro García Ortiz, cuya dimisión ha facilitado que vaya a ser nombrada pues hasta la publicación de la sentencia firme podría haber continuado en Fiscalía, sino también a María José Segarra y Dolores Delgado.
Proceso a seguir ahora
La noticia del ascenso de Teresa Peramato llega apenas un día después de que Álvaro García Ortiz hiciera pública a través de una carta su decisión de hacerse a un lado antes de que el Tribunal Supremo emita su sentencia. Ya desde el fin de semana comenzaron las quinielas en el ámbito jurídico para tratar de adivinar quién será la persona elegida por el Gobierno para ser el máximo representante de la Fiscalía General del Estado, una posición cuyos primeros compases vaya a plantear un inicio complicado a Peramato, pues desde la oposición ya se venía hablando de una absoluta desconfianza sin que se conociera un solo nombre que se planteara como posible.
Respecto al procedimiento para su designación, tras la aprobación de la propuesta será el Consejo General del Poder Judicial quien deba emitir un informe consultivo, sin carácter vinculante. A continuación, Teresa Peramato deberá comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Completadas estas fases, el Gobierno procederá a ratificar su nombramiento como fiscal general del Estado.
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Es la ‘pregunta del millón’ estos días: «¿Afectará la sentencia de Álvaro García Ortiz a las dos causas judiciales abiertas al novio de Isabel Díaz Ayuso?» Todo un país pendiente de una sentencia, después de que el Supremo adelantara hace cinco días el veredicto de culpabilidad y las penas contra el fiscal general del Estado, que puede tener un reflejo directo en la situación procesal del querellante, es decir, el empresario Alberto González Amador.
Una de las personas más interesadas en leer la sentencia íntegra es precisamente la pareja de Ayuso, a la espera de conocer si los cinco magistrados de la Sala Segunda que han propugnado la condena al fiscal general consideran que la revelación de datos reservados vulneró su derecho a la defensa. Y si, en consecuencia, su procesamiento por fraude fiscal, falsedad documental, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal pudiera verse aminorado de alguna manera o incluso anulado.
Esta ha sido una de las principales pretensiones del novio de Ayuso, acorralado por la justicia por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros y una maraña de facturas falsas; además de otra causa abierta por un presunto soborno en beneficio de un directivo del grupo sanitario Quirón. González Amador y sus abogados han invocado la vulneración del derecho a la defensa que provocó presuntamente la filtración del correo con la confesión de dos delitos fiscales hecha por uno de sus letrados, Carlos Neira, en su nombre.
También argumentó el «perjuicio» de la nota de prensa que elaboró la Fiscalía, de la que se responsabilizó García Ortiz, para desmentir el bulo de que era el Ministerio Público el que proponía un pacto de conformidad al novio de Ayuso, cuando era al revés.
Juristas conocedores del caso consultados por Público apuntana una previsible utilización de la sentencia del fiscal general para intentar anular las causas judiciales contra González Amador, aunque algunas fuentes creen que la sentencia del Supremo no contendrá un pronunciamiento expreso sobre este asunto.
Estos juristas consideran que el correo de la confesión se envió a la Fiscalía de Delitos Económicos antes de que la causa estuviera judicializada y que todas las diligencias de investigación se practicaron con posterioridad a la aparición en los medios de comunicación y a la nota de prensa, por lo que estiman «poco probable» que el Supremo ordene anular una parte de la causa contra González Amador.
No obstante, el novio de Ayuso puede presentar cuestiones de nulidad con la condena en la mano ante el juzgado de instrucción que investiga la pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, y ante el juzgado de lo penal que lo juzgará por la pieza principal relativa al fraude fiscal de 350.000 euros, a las 15 facturas falsas por gastos irreales, por un montante de 1,7 millones de euros, además de por un delito contable continuado y otro de pertenencia a organización criminal.
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El pasado 7 de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid tumbó el recurso del novio de Ayuso, donde pedía la reapertura de la fase de instrucción para practicar nuevas pruebas en la pieza principal de la defraudación fiscal, por lo que solo queda fijar fecha para el inicio de la vista oral.
Segunda causa judicial
La pieza separada, que investiga el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, trata de averiguar si Alberto González Amador utilizó la mercantil Masterman SL como sociedad pantalla para esconder presuntamente una comisión de 500.000 euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Continúa la instrucción de dicha causa.
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El abogado del novio de Ayuso en el juicio del fiscal general, Gabriel Rodríguez Ramos, hizo contundentes referencias a la vulneración de la presunción de inocencia y del derecho de defensa que habría sufrido González Amador por el hecho de que trascendiera públicamente la confesión de dos delitos fiscales y la petición de pacto a la Fiscalía que realizó su letrado Carlos Neira el 2 de febrero de 2024. De hecho, la querella de los abogados del novio de Ayuso contra el fiscal general aludía a la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de datos, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa.
Según la defensa de González Amador, no era necesaria la nota de prensa para desmentir el bulo «ni para saber de dónde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad». Hay que recordar que el periodista de El Mundo que publicó la noticia tergiversada afirmando que la Fiscalía propuso el acuerdo al novio de Ayuso y que luego lo tumbó por «órdenes de arriba» sostuvo que «era más noticia» que la Fiscalía ofreciera un pacto a un particular que si fuera al revés.
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Daños sociales y económicos
Además de estas presuntas vulneraciones, la acusación popular ejercida por el Colegio de la Abogacía de Madrid invocaba «perjuicios reputacionales de índole social y económica» para González Amador, quien pedía 300.000 euros al fiscal general por daños morales y el Supremo ha concedido solo 10.000 euros, que debe pagar como indemnización Álvaro García Ortiz.
El propio Alberto González Amador clamó con teatralidad en el juicio que el fiscal general «le había matado socialmente» por la filtración de su correo, y que desde entonces era «el «delincuente confeso del reino de España».
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Momentos cruciales del juicio contra el fiscal general en el Supremo.
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El otro escenario posible
El otro escenario posible es que la sentencia de la Sala Segunda, firmada por Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamena; y que cuenta con los dos votos discrepantes de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, considere acreditado que ha habido indefensión para el novio de Ayuso por haberse publicitado la confesión, y, en consecuencia, ordene anular las dos causas mencionadas anteriormente íntegramente o en parte.
De hecho, el fallo adelantado por el Supremo indica que el fiscal general ha sido condenado por el artículo 417.1 del Código Penal, que dice: «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años«. En el caso concreto, se le ha impuesto una multa de 7.200 euros y la pena de inhabilitación intermedia, de dos años exclusivamente para el cargo de fiscal general del Estado, por lo que previsiblemente García Ortiz podrá retormar su carrera como fiscal de Sala.
El artículo en cuestión indica en su segundo párrafo: «Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».
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De la lectura del artículo anterior,se infiere que el tribunal no ha considerado un «grave daño» el sufrido por el novio de Ayuso, por no haber condenado al fiscal general del Estado, que este lunes ha renunciado al cargo, a pena alguna privativa de libertad.
Las fuentes jurídicas consultadas indican que al no aplicar este párrafo concreto del apartado primero del artículo 417 del Código Penal, lo más probable es que la sentencia del Supremo no haga un pronunciamiento expreso sobre la extensión de efectos jurídicos a los procedimientos que afectan al novio de Ayuso.
Cuando un diputado pregunta en el Congreso, por escrito, sobre la Casa Real, las probabilidades de éxito son escasas. El Ejecutivo suele abstenerse cuando se le reclama su posición acerca de alguna cuestión que tenga que ver con la monarquía y acostumbra a echar mano de la Ley de Secretos Oficiales o las excepciones que contempla la Ley de Transparencia cuando se le pregunta sobre datos concretos, en especial los económicos. «No entiendo que el Gobierno sea incapaz y tan timorato al calificar las acciones del monarca anterior y del actual», critica Alberto Ibáñez, de Compromís, uno de los diputados más insistentes.
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Los grupos que suelen interrogar más frecuentemente al Ejecutivo sobre la actividad de la monarquía en España y sobre el dinero que le cuesta a los españoles son Esquerra Republicana (ERC), Podemos, Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Compromís. Según el análisis que ha hecho Público, durante esta legislatura, se ha remitido de forma escrita al Gobierno una cincuentena de preguntas (normalmente agrupadas en documentos donde figuran baterías de interrogantes), de las cuales el Gobierno ha respondido solo a tres de forma concisa y otorgando la información que se demandaba el solicitante.
Una de ellas la formuló el ya ex diputado del PNV Aitor Esteban, actualmente presidente del partido. El jeltzale preguntó en septiembre de 2023 si la Armada iba a gastar 1,8 millones de euros para la «construcción y compra» de un nuevo barco de regatas para Felipe VI. El Gobierno respondió que «no existe, ni está
previsto, proyecto ni créditos destinados a la adquisición de embarcación alguna
destinada a la sustitución del AIFOS500″.
Meses más tarde, en junio de 2024, Alberto Ibáñez preguntó por el coste de la conmemoración de la década de la coronación del monarca que se celebró en 2024. También en aquel caso se remitió una respuesta clara. Alquiler de la tribuna de invitados para el acto: 13.019,60 euros. Asistencia técnica: 309,76 euros. Traducción al inglés del texto que se subió a la web del Congreso con motivo de la «exposición conmemorativa»: 45,98 euros. La misma respuesta se ofreció a Gabriel Rufián y Teresa Jordà (ERC) cuando se interesaron por esa cuestión.
Con respecto al resto de las preguntas, o bien son inadmitidas a trámite por parte de la Mesa del Congreso; o el Gobierno evita responderlas; esgrime leyes como la de Secretos Oficiales o Transparencia para esquivar responder con datos o contesta de una forma genérica y sin información precisa. «Cada vez que preguntamos por la monarquía, el Gobierno responde con evasivas, silencios y excusas, evidenciando que existe un pacto tácito para blindar a una institución que no está sometida a los mismos mecanismos de control que afectan a cualquier otra institución del Estado», aseveran fuentes del BNG.
Pero ¿por qué algunas preguntas han sido inadmitidas a trámite? Es el caso, por ejemplo, de una del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre las «investigaciones relacionadas con las comisiones presuntamente ilegales cobradas por el rey emérito su majestad don Juan Carlos I, como en el caso de la construcción del AVE a La Meca». Fuentes de la presidencia del Congreso explican a este medio que cuando la Mesa falla en ese sentido suele tener que ver con que considera las preguntas inconstitucionales o porque tienen defectos de forma.
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En ese caso, como cuando Ione Belarra solicitó una valoración del Gobierno sobre «la creación de una fundación por el rey emérito su majestad don Juan Carlos junto a sus hijas en Abu Dabi para facilitar el traspaso de su herencia a las infantas Elena y Cristina», se hace un «requerimiento de aclaración».
No obstante, la mayoría de las veces las preguntas pasan el corte de la Mesa, pero después reciben respuestas incompletas y difusas por parte del Ejecutivo. Aitor Esteban, Gabriel Rufián, Néstor Rego, Alberto Ibáñez, Ione Belarra o el diputado también de Esquerra Francesc-Marc Álvaro han preguntado, de distintas formas y vinculándolo con diferentes acontecimientos, por los fondos del Estado destinados o bien al actual rey o al emérito.
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En esos casos, salvo en la ya citada respuesta acerca de la conmemoración del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, o no hay respuesta o, si la hay, es críptica. Por poner un ejemplo, la propia Belarra preguntó si se ha utilizado dinero público para «ocultar» la «supuesta relación» del rey emérito con Bárbara Rey. El Gobierno despachó el asunto de la siguiente manera: «Se informa, en relación con las preguntas formuladas, que los presuntos hechos
a los que se hace referencia en la iniciativa, corresponderían a legislaturas anteriores«.
Por poner otro ejemplo, Aitor Esteban preguntó, en relación con las regatas en las que participa Felipe VI, si el Gobierno consideraba que debe «emplearse dinero público para costear una actividad privada del Jefe del Estado». En aquella ocasión, como en otras muchas, el Ejecutivo ni contestó.
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Lo cierto es que el Gobierno casi nunca se moja cuando se le pregunta por una opinión, intención o posición en cuanto a la Casa Real, al menos a la luz de sus respuestas a las preguntas parlamentarias objeto de este análisis. En septiembre de 2024, Gabriel Rufián preguntó si el Ejecutivo está «dispuesto a impulsar reformas para eliminar el privilegio de la inviolabilidad del monarca en ejercicio y garantizar que Juan Carlos I pueda ser investigado por los presuntos delitos cometidos tras su abdicación». La respuesta —escueta e incompleta— es la siguiente: «El rey emérito es un ciudadano de pleno derecho sujeto al ordenamiento
jurídico como el resto de los españoles«.
Tampoco ha respondido el Gobierno si considera que el CIS debería preguntar sobre la monarquía. Como mucho, en una respuesta a Alberto Ibáñez en junio de 2024, ha dicho que en el último barómetro de aquel entonces la monarquía solo representaba el principal problema para el 0,3% de la ciudadanía, «situándose en la posición 50».
Ibáñez, en conversación con este medio, carga contra el Gobierno porque, subraya, «los ciudadanos tenemos el derecho de saber sus opiniones sobre el actor político que es el rey Felipe VI». Es una postura, la del Ejecutivo, que no extraña a Podemos. «El bipartidismo siempre ha protegido a la monarquía, encubriendo su corrupción e impidiendo que rinda cuentas ante la ciudadanía», explican fuentes de los morados a Público.
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«Y esa protección del PP y del PSOE a una institución corrupta y heredera directa del franquismo se manifiesta en la negativa del Gobierno a responder a preguntas que afectan a la casa del rey», completan, «pero también en el bloqueo del PP y el PSOE a todos los intentos de Podemos por poner en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre la corrupción de la monarquía o en el empeño del bipartidismo y de este Gobierno por mantener clasificados los papeles del 23F«. Y se remontan, incluso, al momento en el que el «PP y el PSOE pactaron a toda prisa la sucesión monárquica».
Secretos Oficiales y Transparencia
En otras muchas preguntas, el Gobierno recurre a las leyes de Secretos Oficiales y de Transparencia, que incluyen al rey entre los agentes a los que se les hace una «aplicación subjetiva» de la norma. Sobre todo, en lo que tiene que ver con los recursos económicos destinados a la actividad internacional de Felipe VI o con las regatas de Juan Carlos I en Sanxenxo. Ambas cosas, a pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que más de una vez ha instado al Ejecutivo a responder sobre esas cuestiones.
La de Secretos Oficiales es una ley franquista todavía en vigor que el Ejecutivo se ha propuesto reformar. Sin embargo, las formaciones a su izquierda dudan y mucho. Esquerra considera la Ley de Información Clasificada (la que sustituirá la de Secretos Oficiales) una norma «muy limitada que no resolverá todo el problema» y además lamenta que, hoy por hoy, se encuentre «estancada». Para los republicanos, igual que trasladan Podemos o BNG, tanto PP como PSOE protegen a la monarquía.
Alberto Ibáñez observa una «clara tendencia borbónica a la corrupción» y considera que profundizar en la transparencia de la Casa Real es necesario para evitar el riesgo de que «dentro de unos años» podemos volver «a tener noticias de presunta corrupción«. Por lo pronto, todas las fuentes consultadas de entre las formaciones a la izquierda del PSOE lamentan que el Gobierno no colabore en esa tarea tanto como les gustaría.
Quien no los conocía antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 aprendió sus nombres después de dos años de genocidio en la Franja de Gaza. Son Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ex ministro de Defensa. Ambos están siendo investigados desde mayo de 2024 por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por haber cometido presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Junto a ellos, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que estaba investigando por los mismos delitos a Yahya Sinwar, Mohamed Diab Ibrahim Al Masri e Ismail Haniyeh.
Los tres eran altos cargos políticos y militares de Hamás y los tres fueron ejecutados por las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF por sus siglas en inglés) o la inteligencia israelí en 2024. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la CPI emitió una orden de busca y captura de Netanyahu y Gallant. Pese a ello, Netanyahu viajó el pasado mes de abril a Hungría, país que en 2001 ratificó el Estatuto de Roma. Con esta firma, Budapest se comprometió, entre otras cuestiones, a acatar el mandato del fiscal del tribunal internacional.
Sin embargo, el pasado mes de abril el actual Gobierno de Hungría, en manos del ultranacionalista Víktor Orbán, eludió esta responsabilidad. Actualmente, tanto Netanyahu como Gallant se encuentran en libertad y ningún país ha tomado represalias serias contra ellos por su posible implicación en los crímenes cometidos en Gaza. En cualquier caso, varias organizaciones que defienden los derechos humanos han señalado repetidamente que no son los únicos responsables de las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza y Cisjordania en los dos últimos años.
Tras cada bomba que cae, cada desalojo forzoso y cada bloqueo de entrada de la ayuda humanitaria, hay personas que toman decisiones y que acatan órdenes. Varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch (HRW) o la Fundación Hind Rajab (HRF por sus siglas en inglés), llevan meses rastreando las decisiones tomadas a lo largo de la cadena de mando del político-militar, y recopilando pruebas sobre los presuntos crímenes cometidos por miembros de ambos estamentos.
Según explicó a este periódico Milena Ansaria, investigadora de Human Rights Watch para los Territorios Palestinos Ocupados, el objetivo último de estas pesquisas es que dichas pruebas sean estudiadas por la Fiscalía de la CPI y por los tribunales nacionales con jurisdicción penal internacional. Estas son algunas de las personas a las que HRW, HRF y otras organizaciones han acusado de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Israel Katz, ministro de Defensa de Israel
En noviembre de 2024, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, relevó en el cargo de Defensa a Yoav Gallant. Quien fuera mano derecha de Netanyahu durante el primer año del genocidio en Gaza, tristemente célebre por haber calificado a los palestinos como «animales humanos», fue destituido debido a la disparidad de opiniones entre él y el primer ministro. Entre otras cuestiones, Gallant era partidario de iniciar una investigación sobre los errores de seguridad cometidos durante el 7-O, algo a lo que Netanyahu se oponía frontalmente.
El actual ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, durante una ceremonia en el Ministerio de Exteriores cuando todavía ocupaba dicha cartera (11/11/2024)
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Bajo la dirección de Katz, el genocidio en Gaza no solo ha continuado -pasando de los casi 40.000 palestinos asesinados durante el mandato de Gallant hasta los 70.000 aproximadament-, sino que las hostilidades se han intensificado en Cisjordania. A principios de 2025, reforzado por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno de Israel llegó a un precario alto el fuego con Hamás. Durante el mes y medio en el que cesaron los enfrentamientos, el Gobierno israelí inició una campaña de militar en Cisjordania llamada Operación Muro de Hierro.
Esta incursión consistió en el desplazamiento forzoso de la población palestina que residía en los campamentos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams, con el objetivo de localizar a «elementos terroristas» en ellos. Según las estimaciones de Human Rights Watch, unas 32.000 personas fueron expulsadas de sus hogares violentamente entre los días 21 y 27 de enero y 9 de febrero. No recibieron alimento, agua o una alternativa habitacional segura. Según las informaciones recabadas por HRW, tampoco se les indicó a dónde tenían que ir ni cuándo podrían volver a sus hogares. De hecho, la organización cree que es posible que les impidan volver.
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Todo ello constituye una violación del derecho internacional, tal y como se recoge en varios artículos de la Cuarta Convención de Ginebra, que trata la protección de los civiles en tiempo de guerra. HRW considera también que dichos actos se cometieron con intención criminal dirigida contra la población palestina, en lo que consideran que es parte de la política estatal de Israel. Todo ello elevaría estos delitos a la categoría de crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.
El actual ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, encargado de aprobar y supervisar las operaciones de las IDF y miembro del Gabinete de Seguridad del Gobierno, es considerado por HRW como uno de los presuntos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, según la organización, durante la Operación Muro de Hierro.
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Herzi Halevi, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel
El teniente general Herzi Halevi en el corredor de Filadelfia (Rafah) en una imagen difundida por las IDF el 14/08/2024
Entre principios de enero de 2023 y principios de marzo de 2025, el puesto de jefe del Estado Mayor de las IDF fue ocupado por Herzi Halevi. Como máximo responsable del ejército de Israel, el teniente coronel ocupaba un asiento en el Gabinete de Seguridad del Gobierno, donde se tomaron todas las decisiones militares llevadas a cabo en la Franja de Gaza y en Cisjordania durante el genocidio.
Durante todo este tiempo, Halevi ha tenido capacidad para proponer estrategias militares y supervisar todas las operaciones. Incluidas, claro está, aquellas en las que se hayan podido cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. HRW señala directamente a Halevi por su posible responsabilidad penal individual, en virtud de su responsabilidad de mando, en el desplazamiento forzoso de la población palestina de los campamentos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams, en Cisjordania.
Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel
Eyal Zamir, sustituto de Halevi en la jefatura de las IDF, ha perpetuado el desplazamiento de los 32.000 palestinos de los campamentos de refugiados cisjordanos en condiciones inhumanas y sin un objetivo claro. Bajo su mando, además, las demoliciones de infraestructuras y viviendas palestinas han seguido produciéndose. Zamir, y antes Halevi, tenían la autoridad de supervisar y, en el caso de que lo consideraran necesario, detener las órdenes de demolición que reducían a escombros los barrios de refugiados palestinos.
Eyal Zamir en el funeral del teniente Hadar Goldin, fallecido en Gaza en 2014 y cuyo cuerpo ha sido recientemente recuperado (11/11/2025)
Pero Zamir no solo continuó con el legado de Halevi, sino que ignoró las demoliciones que se estaban cometiendo en los territorios palestinos ocupados sin órdenes oficiales. En su informe sobre esta operación, HRW explica que uno de los objetivos ocultos de esta destrucción (fuera autorizada o no) era modificar permanentemente la estructura de los campamentos de refugiados para hacer inviable la vuelta de quienes los habitaban.
Abraham ‘Avi’ Bluth, general de división
Su firma consta en las órdenes de demolición de las viviendas y otras infraestructuras palestinas destruidas durante la Operación Muro de Hierro, según ha podido comprobar la organización HRW. Abraham -alias Avi– Bluth es, desde julio de 2024, comandante del Mando Central de las IDF. Esta división se encarga de las operaciones militares que se llevan a cabo en la mayoría de la Cisjordania palestina, ocupada ilegalmente por Israel.
Por ello, su papel en la Operación Muro de Hierro y en otras llevadas a cabo en este territorio, es directo. Esto quiere decir que si bajo su mando se comete algún crimen o delito, él es uno de los principales responsables. En tanto que general de división, debe rendir cuentas ante el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir y quienes se encuentren por encima de este. Si destruyen viviendas de civiles palestinos sin que exista una orden de demolición, él es uno de los principales responsables.
Pero que dicha orden exista, explica en su informe HRW, tampoco significa que sea legal. Es importante recordar aquí que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad de la ONU, en varias de sus resoluciones, han indicado que la ocupación de Cisjordania por parte de Israel es ilegal. Esto fue recogido una vez más en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024.
Beni Aharon, comandante de las IDF
La nota de prensa de HRF tenía el siguiente titular: «En su séptimo cumpleaños, sabemos quién mató a Hind Rajab. Y lo llevamos a la Corte Penal Internacional». Fue publicada el 3 de mayo de 2025 por la Fundación Hind Rajab, una organización belga que investiga posibles crímenes cometidos por militares israelíes en la Franja de Gaza. Nació a mediados de 2024 y su nombre trata de honrar a la niña palestina asesinada a principios de ese año por un batallón israelí mientras trataba de huir con su familia en coche de una zona convertida en un campo de batalla.
La fundación asegura que el tanque Itay Cukierkopf que atacó el vehículo pertenecía a la 401ª Brigada Blindada de las IDF, que a su vez actuaba bajo el mando del teniente coronel Beni Aharon. Los juristas de la organización creen que por los actos cometidos aquel día, Aharon y su batallón podrían haber incurrido en crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El pasado mes de octubre sumaron a esta querella otros 24 nombres, entre los que constaba el teniente coronel Daniel Ella, comandante de la 52º Batallón Blindado y el mayor Sean Glass, comandante de la «Compañía Imperio Vampiro» del 52º Batallón.
La HRF anunció también haber enviado todas las evidencias -«120 páginas»- a la Fiscalía de la CPI. En ellas se incluyen «pruebas digitales, satelitales y forenses exhaustivas que confirman que los tanques Merkava IV de la compañía Vampire Empire dispararon repetidamente contra el Kia Picanto negro en el que Hind y su familia estaban atrapados, y que posteriormente dispararon contra la ambulancia enviada para rescatarla».
La organización asegura además que «los ataques se llevaron a cabo con pleno conocimiento del estatus civil y protegido de las víctimas» debido a «una coordinación previa entre la Media Luna Roja Palestina y las autoridades israelíes«. De momento, se desconoce si la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, ha incorporado o no estas pruebas a la investigación que tiene abierta sobre la situación del Estado palestino
Daniel G, francotirador de la Unidad Fantasma de las IDF
El pasado mes de septiembre, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos
(ECCHR), el Centro Al-Mezan de Derechos Humanos, la organización Al-Haq y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Federal Alemana contra un ciudadano alemán e israelí que podría haber participado en el asesinato de civiles palestinos en la Franja de Gaza entre noviembre y marzo de 2024. De su identidad sólo ha trascendido el nombre y una sigla: Daniel G.
De acuerdo a la una comunicación del ECCHR, los primeros indicios sobre la actividad de Daniel G. provienen de un mini documental publicado por el periodista palestino Younis Tirawi en sus redes, en octubre de 2024. En él se describe a la Unidad Fantasma y se recopilan testimonios y vídeos sobre ejecuciones de civiles alrededor del Hospital Al-Quds, en Gaza, y del Hospital Nasser, en Jan Younis. En uno de los vídeos, un soldado israelí explica que su compañero, «Daniel G.», había disparado a personas desarmadas que se encontraban en los alrededores de los hospitales.
A raíz de esta publicación, el periódico alemán Der Spiegel inició una investigación en la que comprobó y amplió los testimonios publicados por Tirawi. En paralelo, el ECCHR y el resto de organizaciones palestinas de derechos humanos recabaron pruebas y presentaron una querella contra Daniel G. en la Fiscalía Federal de Alemania. Otras organizaciones hicieron lo propio con otros miembros de la Unidad Fantasma en Francia, Italia y Bélgica
Quiénes avivan el odio
Muchos investigadores y organizaciones que se dedican a estudiar los genocidios perpetrados en el pasado y en el presente consideran que este fenómeno es un proceso. Para llegar al extermino de un grupo poblacional, considerado por Genocide Watch como la última fase del genocidio, es necesario dar anteriormente otros pasos, como la deshumanización y discriminación de la población oprimida.
Azuzar el odio contra determinados grupos poblacionales es considerado un delito en algunos países. Sólo en ocasiones muy específicas, también puede ser tipificado como un delito de participación en genocidio, debido a la instigación directa y pública a cometer genocidio, tal y como se recoge en el artículo 25 del Estatuto de Roma. Únicamente ha habido condenas por este delito en el caso del genocidio de Ruanda. También la persecución está considerada un crimen de lesa humanidad, y también hubo condenados por estos hechos en el caso de Ruanda y en el de Yugoslavia.
Pese a que no constituye un crimen de guerra, preparan el terreno para que otros delitos sean posibles. En el caso del genocidio palestino, han sido muchas las voces que han promovido la repulsa contra la población árabe. Dos de las más destacadas por su posicionamiento en el Gobierno de Benjamín Netanyahu son Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Interior. Ambos forman parte de Poder Judío, una la coalición de partidos etnonacionalistas con la que el Likud se alió tras las elecciones de 2022 para permanecer en el poder.
Varios países, como España, Reino Unido, Canadá y Países Bajos, han sancionado y prohibido la entrada a sus territorios de ambos mandatarios por sus declaraciones racistas y sus políticas dirigidas a expulsar o exterminar a la población árabe que vive en la Cisjordania ocupada o en la Franja de Gaza. Otras figuras de influencia en Israel que han alentado discursos antiárabes y han promovido su expulsión de toda la Palestina histórica han sido colonos y colonas como Daniella Weiss, Yossi Dagan o Tziporah Plitz.
Unas pocas multinacionales farmacéuticas coparon casi una cuarta parte de la financiación
pública de medicamentos en España durante los años 2020, 2021 y 2022. La belga Janssen
Cilag, las suizas Novartis y Roche, las estadounidenses Pfizer y Merck, y la
francesa Sanofi Aventis fueron las compañías que más fármacos vendieron al
Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto con receta como en los hospitales, en
esos tres años, marcados por la epidemia del coronavirus.
La preeminencia de los grandes del sector se refleja en las memorias que publica el SNS: según sus cifras, los cinco mayores suministradores de medicamentos se llevan aproximadamente el 23% de la financiación pública cada año. Pero el Ministerio de Sanidad ha mantenido hasta ahora en secreto la identidad de esos gigantes farmacéuticos.
Público desvela por primera vez esos nombres. Sanidad se negó inicialmente a facilitar los datos al periodista que solicitó la información. Este recurrió entonces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en una resolución con fecha del pasado 24 de octubre ordenó que se le entregaran los datos. Sanidad evitó entonces ir a los tribunales y decidió ejecutar la resolución del CTBG.
Multinacionales líderes
De acuerdo con esa nueva información, las cuatro farmacéuticas con un puesto fijo en la parte superior del
ranking esos tres años son Janssen, Novartis, Pfizer y Roche. Merck se aupó al
tercer puesto en 2020 y Sanofi –la creadora del Bisolvón– la sustituyó los dos años siguientes. Pero los
líderes indiscutibles son las dos primeras citadas, con ventas al SNS que
superan los 1.000 millones de euros cada una. En 2022, la belga Janssen –que pertenece a la estadounidense Johnson & Johnson– facturó a
la sanidad pública española 1.315 millones de euros, un 23,6% más que en 2020.
Janssen comercializa una de las vacunas contra el covid, aunque el grueso de
sus ventas son fármacos hospitalarios: 1.089 millones de euros en 2022, casi el
83% de su factura.
Novartis, por su parte, proveyó al SNS en 2022 por un total de 1.045 millones, un 7,8% más que dos años antes. Su cartera incluye medicamentos tan populares como Simtron, Voltarén, Ritalin o Termalgin.
La brecha de Janssen y Novartis con los tres siguientes de la lista es amplia: sus ventas equivalen a poco más de la mitad de los dos campeones. Por ejemplo, la facturación de Roche ascendió a 640,7 millones de euros en 2022.
Si el foco se pone sobre los pagos realizados en 2022, el año más reciente del que Sanidad facilita datos, la financiación
pública que recibieron los cinco líderes de la clasificación –Janssen,
Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer– ascendió a 4.117 millones de euros, lo que equivale exactamente al 21,3% de los pagos realizados.
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Los 50 principales concentran el 83,3% de la prestación
El
peso de las grandes farmacéuticas extranjeras en el reparto del dinero público
dibuja un paisaje donde la concentración es la nota más relevante. Como explica
la memoria del SNS que facilita los datos de 2022, los 10 mayores suministradores de medicamentos financiados por
el Estado sumaron el 36,1% de las ventas en 2020, el 35,6% en 2021 y el 34,5%
en 2022. Ese último año la cifra exacta ascendió a 6.713 millones de euros.
El Top-10 lo integran, además de las seis multinacionales ya mencionados, la suiza Sandoz, que hasta 2023 formó parte del grupo Novartis y se especializa en genéricos; la alemana Boehringer
Ingelheim –explota el Nolotil–; la española Cinfa, también centrada en genéricos, y la
estadounidense Gilead Sciences, que comercializa el Tamiflu.
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Si se suman las ventas de Sandoz en 2022 a las de Novartis Farmacéutica y el resto de las filiales del grupo que han obtenido financiación pública en España para sus medicamentos –Novartis Gene Therapies EU Limited, Novartis Vaccines and Diagnostics SL y Novartis Consumer Health SA–, la factura con el grupo suizo se eleva a 1.603 millones de euros en 2022, por lo que supera a Janssen en el ranking. En cualquier caso, los 10 mayores suministradores superaron todos los 500 millones de financiación pública ese año.
El reparto de la financiación pública de los medicamentos revela una fuerte concentración en unas pocas grandes farmacéuticas.
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Ampliando el foco a los 50 principales vendedores de medicamentos es como se aprecia con
claridad quién se lleva la parte del león de la financiación pública, porque suman nada menos que el 83,3% de la factura en 2022. Ese año, la cifra que financió
el SNS ascendió a un total de 19.340,5 millones de euros, según los datos facilitados por
Transparencia. Son 461.277 euros por encima del dato publicado en la memoria del
ministerio, una vez incluidas las «correcciones» aportadas por las comunidades
autónomas. El 16,7% restante se lo repartieron ese año 403 empresas. La oferta
total de farmacéuticas con medicamentos autorizados que han solicitado y
obtenido financiación pública se compuso en 2022, por tanto, de 453 compañías. Es
un número cambiante: en 2020 fueron 444 y en 2021, 458.
La primera española, Cinfa
Entre
esas más de 400 farmacéuticas, la primera española que aparece entre los principales
suministradores de la sanidad pública es Cinfa, especializada en genéricos.
Entre 2020 y 2022 figura siempre en el Top-10. Su facturación con la sanidad pública ha crecido un 29,6% en
esos tres años, hasta alcanzar los 513,38 millones de euros. De hecho, es la
número uno en suministro de medicamentos en farmacia, con 519,4 millones.
En
la lista de las grandes compañías incluidas en el mecanismo de precios
intervenidos figuran las principales estadounidenses –Bristol-Myers, Lilly
(Prozac), Abbvie (bótox)–, la danesa Novo Nordisk –Ozempic– y la alemana
Bayer. Pero también la israelí Teva, otra empresa de genéricos, que aparece en
el ranking del SNS con 391,72 millones, si se le añade la factura de su filial
Ratiopharm. Accord Healthcare es india y vendió por valor de 200,84 millones de
euros en 2022.
Entre
las alemanas también destaca Fresenius, la compañía propietaria del
grupo Quirón desde 2016. Con sus tres filiales, Fresenius Kabi, Vifor Fresenius
Medical Care Renal Pharma y Fresenius Medical Care, ingresó 186,3 millones en
2022.
Además,
yendo al detalle, los líderes del ranking deben su abultada facturación a
que el grueso se destina a medicamentos de dispensación hospitalaria. Por
ejemplo, Janssen recibió 1.089 millones de financiación pública por este tipo
de fármacos en 2022, casi cinco veces lo que vendió en farmacias. Otro tanto
ocurre con Novartis, que facturó 708 millones por dispensación hospitalaria, el
doble que con receta. Roche llegó a los 620,76 millones en hospitales, por sólo 19,97
millones en farmacias. O Gilead Sciences, con una prestación pública
hospitalaria de 503,68 millones, y ni un solo euro vendido en botica.
Así funciona el sistema de precios fijados por el Estado
Gracias
a esta generosa financiación pública, los pacientes pagan de media un 9,5% del
precio del fármaco, según los cálculos del Observatorio del Medicamento,
una iniciativa de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).
A fecha de diciembre de 2022, la prestación farmacéutica del SNS incluía 22.438
fármacos, el 64,8% de los autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMP). La mayoría son analgésicos y psicolépticos –ansiolíticos,
hipnóticos y antipsicóticos–. Los genéricos suponen el 59% de los medicamentos financiados.
El precio medio de venta de laboratorio de los medicamentos que se dispensan en
farmacia –y que Sanidad utiliza para hacer sus cuentas, no se trata del precio de venta al
público– es de 21,4 euros, mientras que los que se administran en los
hospitales son mucho más caros, una media de 8.184,6 euros. Los fármacos que no financia
el Estado ascienden a unos 10.366, de acuerdo con los cálculos del
Observatorio.
Si
una farmacéutica quiere entrar en este sistema de precios fijados por el
Estado, debe conseguir primero la autorización de la Agencia Española de
Medicamentos y después pasar por una fase de evaluación, tanto terapéutica como
económica, basada en la información presentada por el propio laboratorio.
También se compara el valor añadido que aporta el nuevo fármaco con las
terapias existentes. Tras analizar su beneficio clínico y su impacto
presupuestario, el Ministerio de Sanidad incluye el medicamento, o no, en la
financiación pública. Así, en 2021 el ministerio resolvió 2.891 expedientes de
medicamentos, con un aumento del 21% respecto al año anterior.
Gasto farmacéutico en ascenso
El
gasto farmacéutico representa una cuarta parte del gasto sanitario, según el
Ministerio de Sanidad. En 2024, superó los 32.000 millones de euros, incluido
el gasto en medicamentos sin receta. Aumentó un 7,9% respecto al ejercicio
anterior.
Separando
el gasto farmacéutico en hospitales –10.685,6 millones de euros– y en farmacias
–14.235 millones–, el año pasado el gasto devengado –aún no pagado– ascendió a
24.921 millones de euros.
Los
datos más actualizados que publica Sanidad se refieren al periodo de enero a
agosto de este año. El gasto total, incluidos los fármacos sin receta, se eleva
ya a 22.021 millones de euros, un 5,1% por encima de lo devengado en el mismo
periodo de 2024.
––––––––––
Mañana se publica la segunda parte de esta investigación, centrada en las empresas españolas.
23 de febrero del año 1976. El escenario es Elda, una localidad alicantina del valle del Vinalopó. Una ciudad industrial, en pleno apogeo económico. Y con una larga tradición zapatera desde finales del siglo XIX. El punto de encuentro es la Plaza de Castelar. Qué mejor símbolo que el que fuera cuarto y último presidente de la Primera República. Allí se reúnen hasta 3.000 trabajadores de diferentes sectores. El metal, el textil, la piel. Todos en apoyo a la lucha de los compañeros del sector del calzado. La lucha por un convenio justo. Una negociación de la que el sindicato vertical ha dejado fuera a los representantes obreros y, con ellos, sus reivindicaciones. «¡Arriba los salarios y abajo los precios! ¡No al despido libre! ¡No más horas extra!». La comitiva avanza y pone rumbo a la ciudad vecina: Petrer. Otra ciudad zapatera. Pero la Guardia Civil y la Policía Municipal les cortan el paso. Llegan los golpes. Se suceden las cargas. Finalmente, la concentración se dispersa. Pero en el ambiente sigue resonando un lema: «¡El pueblo unido jamás será vencido!».
Al día siguiente vuelven las asambleas. Y, a la caída de la noche, se celebra una nueva manifestación. Algo más modesta. Eso sí, esta vez, el gobernador civil de Alacant, Benito Sáez González-Elipe, ha mandado refuerzos. Hay que meter en cintura a la ciudad. A eso de las 11 de la noche, las calles empiezan a recuperar la calma y los furgones policiales se retiran. El último autobús recibe el adiós de un grupo de trabajadores, que lanzan piedras contra los bajos del vehículo. A la orden del sargento Ballesteros, el autobús se detiene y los policías descienden, pistola en mano. Comienzan las persecuciones.
Huelga de trabajadores en solidaridad con el asesinato de Teófilo del Valle.
Ocurrió en la calle San Roque, en el casco viejo de Elda. Eran ya cerca de las 11 y media. Teófilo, un joven trabajador del sector de la piel, se ha quedado solo. Le persigue un policía armado. Está a punto de girar la calle, de lograr escabullirse. De repente, seis disparos. El joven se desploma. Dos impactos le han alcanzado: uno en el tobillo derecho y otro en la nuca. Fallece a los pocos minutos. «Recuerdo que se presentó la Policía en mi puerta. Serían ya la 1 de la mañana. Me lo soltaron tal cual: mi hermano había muerto», hace memoria José Antonio, hermano del fallecido. Por aquel entonces él tenía 28 años; Teófilo, apenas 20. «Nos llevaron al cementerio, donde se hacían las autopsias. Mi padre no se sintió con fuerzas para identificarle, así que me lo pidió a mi», sigue contando en conversación con Público. Allí estaba. Pálido y amoratado. Sin vida.
Al día siguiente se celebró un funeral multitudinario en Elda, en la iglesia de San Francisco de Sales. Se decretó un día de luto y un paro general del sector zapatero en toda la comarca. Todo ello acompañado de una nueva manifestación. Unas 25.000 personas de todos los pueblos de la zona marcharon por las calles de la ciudad. «Las muestras de apoyo fueron enormes. La gente se volcó con nosotros. Con él», valora José Antonio. La respuesta institucional, sin embargo, no estuvo a la altura. El día 26, el gobernador civil emitió un comunicado sobre el suceso. «Al sonar algunos disparos, [los policías] hubieron de hacer uso de las armas», rezaba el documento. No se asumía ninguna responsabilidad. Todo lo contrario. Empezaba la campaña de criminalización mediática del manifestante.
Tras su asesinato, los medios se volcaron difundiendo la versión oficial
Las tres muertes de Teófilo del Valle
«A Teófilo lo mataron tres veces», sostiene el director alicantino de cine Manuel de Juan. Lo recuerda bien. Por aquel entonces trabajaba en el sector del metal y estaba afiliado a Comisiones Obreras. La muerte de Teófilo se le quedó clavada como una espinita. «Quería saber la verdad», confiesa a Público el también guionista. «La versión oficial era que el policía había hecho una serie de disparos de advertencia, al aire, y que algún rebote había tenido la mala suerte de impactar sobre Teófilo», refiere De Juan, que nunca llegó a creérselo. Por eso, empezó a investigar el caso, acompañado de su hijo. Contactando con familiares, antiguos compañeros y responsables de la investigación del asesinato. Lo terminó llevando a la gran pantalla, a través de un documental: Las tres muertes de Teófilo del Valle.
Ver vídeo
Trailer del documental sobre el asesinato en 1976 de Teófilo del Valle.
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¿Por qué tres? El asesinato, la difamación mediática y la impunidad judicial. «Tras su asesinato, los medios se volcaron difundiendo la versión oficial«, critica De Juan. «El fallecido, de vida irregular, había sido detenido con otros en junio de 1975 en Madrid como componentes, al parecer, de una banda de traficantes de droga, habiéndoseles intervenido siete kilos, trescientos cincuenta gramos de hachís que tenían escondido en un piso franco del barrio de Canillejas», publicó la Jefatura de la Policía en una nota de prensa autoexculpatoria en los días siguientes al asesinato. Una información que corrió como la pólvora. Teófilo era un hippy. Un antisistema. Un criminal.
«Le desdibujaron completamente», denuncia su hermano. Teo era un joven trabajador, insiste. Por aquel entonces, estaba empleado en una fábrica de bolsos del barrio de la Tafalera. «Era de los pequeños de la familia, teníamos otros siete hermanos», cuenta José Antonio. Maruja, Victoria, Eugenia, Angélica, Guadalupe, Fernando y Tino. «A Teófilo le recuerdo como un joven afable, muy cariñoso. Y no estaba afiliado a ningún partido o sindicato. Simplemente tenía sus convicciones», asegura tajante. «Le tocó a él como le podía haber tocado a cualquier otro».
Fue todo una farsa. Le juzgó un tribunal militar, nada de un organismo independiente
Después del juicio mediático, llegó el juicio en los tribunales. «Nos enteramos de que habían detenido a un policía por los medios. No se nos comunicó nada oficialmente a los familiares, ni se nos permitió personarnos como acusación particular en el juicio», reprocha José Antonio. «De la misma forma nos enteramos del resultado», prosigue. Le habían absuelto. Daniel Aroca del Rey, el policía detenido, había asesinado a Teófilo en pleno cumplimiento de su deber. «Así funcionaba la maquinaria de la impunidad de la dictadura», valora el hermano del fallecido.
Teófilo del Valle, asesinado por la Policía el 24 de febrero de 1976.
No sería hasta mucho más tarde, en medio de la investigación liderada por De Juan, cuando los detalles del caso saldrían a la luz. «Con un poder notarial que me firmó José Antonio, conseguí, por fin, acceder al expediente judicial», relata el director. «Ahí encontramos todas las pruebas del asesinato», señala. Y un nombre, el del juez instructor del caso: Agustín Ferrer. «Se atrevió, a pesar de recibir presiones de la Fiscalía de Alacant, a llamar a las cosas por su nombre: homicidio», concede De Juan. Un veredicto que se matizaría después durante el Consejo de Guerra, aprovechando la eximente de cumplimiento del deber. «Le juzgó un tribunal militar, nada de un organismo independiente. Sus propios compañeros. Yo me lo guiso, yo me lo como», ironiza José Antonio. Una farsa en toda regla. ¿Su resultado? Ni cárcel, ni multa. El asesinato de Teófilo quedó impune.
«No es venganza, es justicia y reparación»
La justicia llega tarde, pero llega. En abril de 2024, José Antonio presentó -con el respaldo de CEAQUA- una querella ante los juzgados de Elda contra los responsables de la muerte de su hermano. Entre los denunciados se incluían el policía Daniel Aroca del Rey, el sargento Laureano Ballesteros Carbajo, el capitán Carlos Holgado Marín, el exgobernador civil Benito Sáez González-Elipe y el entonces ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa. De los cinco, solo dos siguen con vida casi medio siglo después: Aroca del Rey y Martín Villa. Pues bien, el juzgado de Elda, que admitió la querella en noviembre de 2024, les ha citado a declarar este mes de noviembre. El primero lo hará el día 17; el segundo, dos días después, el 19. Los dos acudirán telemáticamente al juicio. Desde Albacete y Madrid.
«Es un primer paso para derribar el muro de la impunidad», reivindica De Juan. Un primer paso para limpiar -por fin- la memoria de Teófilo. Para reconocerlo como lo que fue: una víctima de la dictadura. «Mis padres se fueron a la tumba desconsolados, sin llegar a conocer nunca la verdad», se lamenta José Antonio. «Este reconocimiento les habría dado la paz que nunca consiguieron encontrar», añade emocionado. Pero no solo eso. El juicio por el asesinato de Teófilo se ha convertido ya en todo un hito. «Por primera vez en España, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar la categoría de crímenes contra la humanidad a dos responsables de la dictadura, como son un exministro y un miembro de sus fuerzas represivas», apunta De Juan.
Los padres de Teófilo y José Antonio en una boda.
«La aplicación de esta categoría es esencial para que el caso prospere», continúa el director. Por dos motivos fundamentales. Primero, porque los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben. Segundo, porque son inamnistiables y conseguirían, por tanto, burlar el filtro de la Ley de Amnistía del 77. Tampoco se podría lastrar el procedimiento conforme al principio jurídico de non bis in idem. Traducción: no puede juzgarse dos veces un mismo hecho. «La Ley de Memoria Democrática declara todo juicio y sentencia franquista nulo e ilegal, incluido el del asesinato de Teófilo», explica De Juan. Por todo ello, el caso tiene sustento y visos de prosperar. De cualquier manera, si la querella quedase finalmente archivada -han explicado a Público fuentes de la coordinadora- procederían a interponer un recurso de apelación. Y si el recurso fuera desestimado en la Audiencia Provincial, presentarían una demanda de amparo frente al Constitucional. Hasta recurrir, si fuera necesario, a instancias internacionales.
¡Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura!
«Esto ya no lo para nada», coinciden José Antonio y Manuel. Aprovechando para movilizar tres manifestaciones en torno a la celebración de las vistas del juicio. Dos frente al juzgado de Elda los propios días 17 y 19 de noviembre, a las 12. Otra frente a los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid. Allí se reunirán el día 19 también a mediodía, coincidiendo con la comparecencia de Martín Villa. «Es el principio del fin de la impunidad franquista. ¡Verdad, Justicia y Reparación para sus víctimas!», exigen los convocantes.
El caso de Teófilo se suma a tres causas ya abiertas en los tribunales españoles por los crímenes de la dictadura. La primera, por la desaparición forzosa del jornalero Juan Canet, fusilado el 13 de octubre de 1941 y enterrado -junto con otras 2.237 personas- en las fosas comunes del cementerio de Paterna. La segunda -tramitada a finales de junio en A Coruña- investiga las torturas que sufrió el militante de Unión do Povo Galego (UPG) Manolo Reboiras. La tercera y última, por torturas en la DGS de Madrid, la interpuso el pasado mes de enero el activista antifranquista Carlos Serrano.
Árbitro: Benoit Bastien (FRA). Mostró tarjeta amarilla a Merino (57).
La selección española ha dejado sentenciada su clasificación para el Mundial 2026 tras ganar a Georgia 0-4 en una nueva demostración de fútbol de primer nivel.
La Roja ha ampliado además su buena racha de resultados. Por una parte, en esta fase sigue contando sus partidos por victorias holgadas, sin recibir un solo gol en cinco jornadas (por 19 a favor). Pero es que el equipo de Luis de la Fuente suma ya 30 partidos invicto, un nuevo récord en una estadística en la que no cuenta la final de la Nations League perdida por penaltis ante Portugal.
Y más allá de los números, lo mejor son las sensaciones que deja España, a la que parecen no pesarle las numerosas bajas que ha arrastrado en las últimas convocatorias.
Este sábado en Tiflis, la campeona de Europa ha demostrado que tiene jugadores de categoría mundial en todas las posiciones. Por ejemplo, con Álex Baena, que ha brillado en el flanco derecho del ataque. El centrocampista del Atlético de Madrid ha participado de alguna manera en todos los goles y a punto estuvo de marcar uno él, pero se topó con el poste.
El marcador se abrió pronto, cuando Baena puso un centro desde la izquierda, Ferran no remató, pero el balón dio en el brazo de un defensor y tras la revisión del VAR, el árbitro pitó penalti. Mikel Oyarzabal volvió a demostrar su clase y marcó la pena máxima con un chut pegado al palo.
El segundo llegó en otra acción que lanzó Baena, aunque quien realmente tuvo mérito fue Fabián Ruiz con un pase al primer toque a Martín Zubimendi, que luego definió con maestría con el exterior ante la salida de Gueorgui Mamardashvili.
Georgia – España | Golazo de Zubimendi tras una sensacional asistencia de Fabián (0-2)
Y el tercero llegó poco después de la media hora de partido, cuando Baena vio a Oyarzabal y este centró –de nuevo al primer toque– para la llegada de Ferran Torres, que remató casi a bocajarro.
Doblete de Oyarzabal
En la segunda parte, el encuentro mantuvo la intensidad. Georgia tiró de orgullo y tuvo un par de ocasiones claras, una salvada por Unai Simón y otra por Marcos Llorente.
Pero España no aflojó y Oyarzabal celebró su 50º partido con la absoluta con un doblete. El 0-4 lo anotó con un buen cabezazo a centro colgado de Ferran.
El doblete de Oyarzabal con España ante Georgia
Con la victoria de Turquía ante Bulgaria por 2-0, España no puede celebrar todavía la clasificación matemática, pero solo una goleada de escándalo de la selección de Vincenzo Montella el martes en Sevilla dejaría a La Roja sin el billete directo para el Mundial 2026.
«Mi abuela arrastró toda la vida ver a su madre marchar. Cuando ella tenía 13 años, cogen a su madre, la suben a un camión y lo último que le dice a su hija es ‘Carmen, espérame aquí, que vuelvo ahora’. Pero mi abuela no la volvió a ver. Murió con 84 años y nunca quiso ir a Cabo Peñas». Sonia Santoveña, nieta de Carmen, recuerda así las últimas palabras de su bisabuela María, La Papona, antes de que los falangistas de Candás la mataran, a los 46 años, arrojándola viva al mar desde los acantilados el 2 de junio de 1938 junto a otras siete mujeres y cinco hombres. Es la historia de Les Candases, que fueron asesinadas tras ser detenidas y torturadas.
Las lanzaron al mar para intentar esconder el crimen, para condenarlas al olvido, pero las olas devolvieron parte de los cuerpos a playas cercanas días después. Aún llevaban las batas de las fábricas de conservas donde trabajaban con el número bordado que las identificaba. Algunas fueron enterradas en cementerios cercanos como el de Bañugues, pero 87 años después solo se ha podido recuperar el cuerpo de una de ellas: el de Daría González, que tenía 62 años. Sus restos fueron exhumados en 2017 por la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi e identificados con ADN. El resto de víctimas siguen desaparecidas. Su historia forma parte del proyecto “El país de las 6.000 fosas”, el primer mapa audiovisual de España de las fosas de la Guerra Civil y el franquismo.
El resto de Les Candases son Secunda Rodríguez Fernández (59 años), Rosaura Muñiz González (62), Áurea Artime García (76) y sus dos hijas Balbina (34) y Plácida López Artime (31), y Rita Fernández Suárez, La Camuña, de 21 años. Los cinco hombres eran: Félix Menéndez González, hijo de Daría; Emilio Álvarez Rodríguez, marido de Secunda; y sus tres hijos: Anselmo, José Aser y Guillermo Álvarez Rodríguez.
María, La Papona Cedida por familiares
Excepto María, La Papona, encargada de la fábrica de conservas ALBO, miembro del comité de empresa de UGT, conocida por compromiso social y a la que detuvieron por esconder a republicanos huidos en su casa, y Rita, La Camuña, que colaboraba con el Socorro Rojo Internacional, el resto fueron asesinadas por ser madres, hermanas, suegras… de hombres republicanos cercanos al Frente Popular contra los que se había dictado orden de detención tras la caída del frente Norte.
Los falangistas pretendían que ellos se entregaran si las detenían a ellas, pero los que así lo hicieron acabaron asesinados igualmente, como Félix, hijo de Daría y con cargo en el Partido Comunista local, arrojado también al mar; o Ángel López Artime, dirigente de la CNT y fusilado un día después de que mataran a su madre y sus dos hermanas en Cabo Peñas.
«Me la llevaron y me la tiraron por el Cabo Peñas»
Braulia Suárez Rodeiro, Cuca, recuerda lo que su tía abuela Celesta le contó de la detención de su hermana Rita, en la publicación El mar devuelve la verdad, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. «Vinieron a por ella. Me la llevaron y me la tiraron por el Cabo Peñas», repetía esta mujer que tenía solo 15 años cuando ocurrieron los hechos. A Rosaura, la suegra de Anselmo, la detuvieron cuando increpó desde la ventana de su casa a los falangistas que habían crucificado a su yerno y le estaban golpeando mientras recreaban un vía crucis por todo el pueblo tras acusarle de la muerte de uno de ellos cuando intentó huir tras descubrirse que estaba escondido en casa.
Tras detenerlas las llevaron a la Brigada de Investigación y Vigilancia, la entonces conocida como Casa Genarín y actual sede del Ayuntamiento de Carreño. «Esa noche debieron de hacer con ellas de todo, torturas, violaciones… hasta que al amanecer las llevaron a Cabo Peñas y las arrojaron por el acantilado. Cuentan que La Papona tiró a uno de Falange (…) ‘Si yo caigo, tú caes’, fue lo último que dijo”, relata Sonia Santoveña a RTVE, que destaca que su bisabuela era una mujer “muy valiente y luchadora, que no estaba bien vista por la derecha”.
El documental La historia olvidada de Les Candases, de J.K. Álvarez, recoge la grabación en vídeo del testigo más directo de los hechos, un vecino de El Ferreru, Benjamín Venturo, fallecido en 2019, que relata cómo se cruzó esa noche con el camión que se dirigía a Cabo Peñas. «Veo un camión grande y sentí gritos, lloros y voces. (…) Por la mañana me asomo y vi en el agua a cinco o seis [cuerpos flotando]. Nada más que vi aquello vine para casa. ‘No lo cuentes a nadie, por Dios, por Dios’, dijo mi padre».
‘La historia olvidada de Les Candases’
Miguel García López, tataranieto de Áurea, biznieto de Ángel López Artime y sobrino biznieto de Plácida y Cándida, explica a RTVE que no todas cayeron directamente al agua: «En los días posteriores, una de ellas, creemos que era Áurea, quedó colgada de uno de los riscos y se oían lamentos hasta que cayó al acantilado o se murió».
Su bisabuelo, presidente de los comités de huelga por la CNT y trabajador de Conservas Alfageme, estaba escondido en Piedeloro. «Le llega la noticia de que si se entrega las sueltan. Va a hablar con el cura para entregarse en Gijón, no en Candás (…). En vez de cumplir su palabra, el cura va a Candás y le delata y sale un camión de falangistas para Piedeloro y es donde le detienen el día 3 de junio, un día después de los asesinatos de Cabo Peñas. Lo suben al cementerio antiguo y allí le fusilan«, explica Miguel García López.
«Cuánto daría yo por saber dónde está mi madre»
La historia de Les Candases permaneció oculta, silenciada, sepultada por el dolor y el miedo hasta que una «simple frase» sirvió de espoleta. «Mi abuela estaba con mi madre sentada en el jardín de mi casa. Era la víspera de todos los Santos y lo típico, todo el mundo pasaba con flores y ella dijo: ‘Cuánto daría yo por saber dónde está mi madre para llevarle flores’ y mi madre [Conchita Fernández, nieta de La Papona] dijo: «Ya va siendo hora de que se haga algo».
Daría González, asesinada en Cabo Peña Cedida por familiares
Contactaron con la entonces alcaldesa de Carreño, Amelia Fernández, quien describe aquella búsqueda como «una de las experiencias más conmovedoras e importantes» de su trayectoria en la política local, y con ayuda de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica siguieron la pista hasta llegar al cementerio de Bañugues, donde se creía que podían estar enterradas algunas de ellas. Una cruz de piedra señalaba el lugar probable.
La exhumación, llevada a cabo por la ARMH y Aranzadi, localizó en mayo de 2017 los restos de Daría González. El antropólogo forense Francisco Etxeberria, que participó en la excavación explica que “el mar, que es muy sabio, devolvió los cadáveres a la costa y que, en Bañugues, dejaron anotado en qué parte del cementerio” se inhumaron algunos de los restos. Eso les permitió llegar hasta la única de aquellas mujeres que se ha conseguido encontrar. “Es casi un milagro que todo el recorrido se pudiera completar de esa manera: que de los restos se pudiera extraer ADN y que dieran en el clavo” pudiendo identificar a Daria. Etxeberria señala que no saben cuándo, pero habrá un nuevo intento para buscar si en el cementerio están los restos de al menos otra de estas mujeres, como reclaman los familiares.
Los restos de Daría González aparecieron cerca de la cruz de piedra del cementerio de Bañugues Cedida por familiares
Los restos de Daría fueron reinhumados en junio de 2022 en el cementerio de Candás. Su biznieta Maider Menéndez viajó desde Francia, país al que se exilió su abuelo y su tía abuela, hijos también de Daría, para participar en el homenaje. Ella no conoció la historia de Les Candases hasta después de la exhumación. Su abuelo nunca quiso hablar de ello. El día del entierro «fue muy, muy difícil», rememora en un español con un marcado acento francés al otro lado del teléfono sin poder evitar que se le quiebre la voz por el llanto.
“No la conocía, pero es muy difícil saber todo eso, lo malo que han hecho hombres sobre ellas es muy duro, saber que fue escondida en el mar para que no encontraran sus huesos y los cuerpos. Es terrible de saber. Pero ahora estoy muy contenta de saber que está en paz”, concluye.
Maider Menéndez, a la derecha, ayuda a llevar la caja con los restos de Daría, su bisabuela. EFE
La sentencia del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que concluyó este jueves, tras seis sesiones intensas, podría conocerse antes de que finalice el año, estiman fuentes del Tribunal Supremo. No habrá opción de recurso más que ante el Tribunal Constitucional, en el caso de una condena.
Después de las 40 testificales escuchadas en el juicio y de las exposiciones definitivas de las acusaciones, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que ha defendido a García Ortiz, ahora el foco pasa a los siete magistrados que han juzgado al fiscal general del Estado, cinco de los cuales ya se habían pronunciado con anterioridad en el mismo asunto, al decidir abrir causa por primera vez en la historia contra el máximo representante del Ministerio Fiscal, en el ya célebre auto de 15 de octubre de 2024.
El fiscal general llegó a juicio pese a los nulos indicios de que él hubiera filtrado a un periodista de la Cadena Ser el correo electrónico de 2 de febrero de 2024 que contenía la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, como autor de dos delitos fiscales. La filtración y su consiguiente publicación en prensa convirtió al novio de Ayuso en «defraudador confeso», lo que le habría ocasionado unos perjuicios que él mismo calificó como «muerte social».
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Resumen de la intervención del abogado del Estado José Ignacio Ocio.
Para contrarrestar políticamente el impacto de los hechos, es decir, que González Amador había sido denunciado por la Fiscalía en base a la defraudación constatada por Hacienda de 350.000 euros a través de facturas falsas, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), planteó una estrategia consistente en darle la vuelta a la realidad: filtrando otro correo a El Mundo, de 12 de marzo de 2024, en el que el fiscal de delitos económicos le decía al letrado del novio de Ayuso que aún no era tarde, una vez presentada la denuncia, para llegar a un acuerdo, en respuesta a la petición de pacto de González Amador.
El periódico publicó una noticia tergiversada afirmando que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad al novio de Ayuso pero que había sido retirado por «órdenes de arriba», cuando era al revés. Horas después, aquella misma noche del 13 de marzo de 2024, La Ser desmintió el bulo, informando de que el novio de Ayuso había reconocido dos delitos fiscales y pedía una conformidad con Fiscalía.
El fiscal general pidió a sus subalternos los correos, quería llegar a la verdad, «cerrar el círculo», llegó a decir. Una vez obtenidos y siendo consciente de que la noticia de El Mundo era un bulo y que la campaña de MÁR y Ayuso estaba cuestionando a la Fiscalía como si hubiera orquestado una trampa para perjudicar a la presidenta de Madrid, García Ortiz decidió que había que redactar y difundir una nota de prensa para desmentir ese bulo.
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Resumen de lo acontecido en el juicio.
El propio fiscal general defendió en el juicio su decisión de difundir una nota de prensa a los medios. «Cuando los correos generan esa confusión es cuando nos disponemos a hablar de esos correos en la nota, teníamos que ser rigurosos». Su letrado en el juicio lo reiteró: «Es imposible desmentir el bulo sin la introducción de los correos», dijo José Ignacio Ocio, para quien «la nota informativa está justificada» y todos los elementos que la contienen estaban ya publicados con antelación, por lo que no constituyó revelación de ningún secreto, según su criterio.
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Lo que decía la nota
¿Qué decía la nota de prensa? En su punto segundo recogía lo siguiente: «Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021».
La nota, difundida la mañana del 14 de marzo, después de que el digital El plural publicara la imagen del correo de la confesión, motivó la denuncia por revelación de secretos del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), abriéndose en el TSJ de Madrid una investigación judicial contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, y la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, y más tarde contra el propio fiscal general del Estado, por lo que el Supremo asumió la causa.
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Antes de estar investigado, Álvaro García Ortiz, asumió la responsabilidad de la nota de prensa. En efecto, él recabó los datos y la confeccionó junto con sus colaboradores, como aseguró en el juicio.
En el anteriormente mencionado auto de 15 de octubre de 2024, ponencia de la magistrada Susana Polo, la nota de prensa se descartó como ilícito penal: «De lo anterior se desprende que, aparentemente, no hay
información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los
hechos». Ese «aparentemente» que aparecía en el primer auto del Supremo en la causa contra el fiscal general se convertía después en una suerte de comodín, en una ambigüedad, que ha acabado por coger fuerza en el juicio, hasta el punto de que el abogado que representa a González Amador como acusación particular, Gabriel Rodríguez Ramos, dijo en su turno de conclusiones que la decisión del fiscal general de lanzar la nota «sellaba institucionalmente» la revelación de un dato confidencial, como era la confesión de un delito en el marco de una negociación con Hacienda.
Sin pruebas de la filtración
Cuando es indiscutible que del juicio no ha surgido ni una sola prueba de que el fiscal general hubiera filtrado a la prensa o hubiera ordenado hacerlo el correo de la confesión, si no más bien todo lo contrario, pues los periodistas han declarado que no fue García Ortiz su fuente, la nota de prensa se erige como un elemento que tener en cuenta para la sentencia, opinan varios juristas consultados por Público, que apuntan precisamente a las palabras del abogado del novio de Ayuso y su detenimiento en exponer las consecuencias de dicho comunicado de prensa.
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La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, sostuvieron en el juicio que la nota de prensa no se estaba enjuiciando e incluso el letrado llegó a protestar: «Señorías, no sabemos de lo que nos estamos defendiendo; no sé a estas alturas si tengo que defenderme solo de la filtración del correo o si también de la nota».
Los siete magistrados
El tribunal está formado por cinco magistrados del ala conservadora, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Andrés Martínez Arrieta (presidente de la Sala); y dos considerados algo más progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo. La sentencia necesita de una mayoría de al menos cuatro magistrados. Los discrepantes, si los hubiera, pueden razonar su posición en un voto particular.
Las acusaciones solicitan penas de hasta seis años de cárcel por un delito de revelación de secretos, así como hasta 12 años de inhabilitación y más de 400.000 euros entre la multa y la indemnización al novio de Ayuso. Los delitos son la presunta revelación de secretos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
El juicio contra el fiscal general queda visto para sentencia. Tras seis sesiones intensas, la vista oral ha concluido este jueves con una brillante exposición por parte del abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ha defendido, junto a la abogada Consuelo Castro, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Esta última sesión, destinada a la exposición de los informes finales de las partes, ha dejado algunos alegatos insustanciales, pero, sin duda, el de Ocio no lo es. «A estas alturas no sabemos de lo que nos estamos defendiendo», ha clamado el letrado en relación a si se ha enjuiciado, además de la filtración del correo de la confesión del novio de Ayuso, la nota de prensa de la Fiscalía para desmentir el bulo orquestado por el jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).
El abogado ha expuesto que el caso estuvo rodeado desde el principio de «un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico«. Y ha tumbado, uno a uno, los «siete indicios manoseados por las acusaciones», con los que el juez instructor Ángel Hurtado y la Sala de Apelaciones del Supremo llevaron a juicio a Álvaro García Ortiz. No ha identificado los siete indicios, pero estas son las claves con las que ha desmoronado los argumentos de las acusaciones.
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Momento de la declaración del fiscal general.
1. Las declaraciones de la fiscal Lastra
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dijo en fase de instrucción que le había recriminado al fiscal general haber «filtrado el correo» y él no lo desmintió, sino que le replicó: «Eso ahora no importa». Estas manifestaciones por sí solas constituyeron para el juez instructor, Ángel Hurtado, un indicio contra García Ortiz. El letrado José Ignacio Ocio, ha puesto el foco en la «evidente» «mala relación de Lastra con la cúpula de la Fiscalía General del Estado». Y ha evidenciado que Lastra, que no quiso difundir a los medios la nota de prensa para desmentir el bulo que beneficiaba al novio de Ayuso, ha dado varias versiones de su supuesta frase, como una en la que indicaba que se refería a la nota de prensa: «La has filtrado».
El fiscal general ha negado haber escuchado esa frase pero el juez Hurtado la dio por veraz.
2. El borrado de los mensajes
El borrado de los mensajes del móvil por parte de García Ortiz ha sido considerado uno de los indicios más fuertes por parte del instructor. Él ha argumentado que borra el contenido de los mensajes al menos una vez al mes por motivos de seguridad, debido al tipo de datos que maneja.
Los correos del 8 al 14 de marzo, el marco temporal en el que sucedieron los hechos, «estaban borrados con toda seguridad a finales de abril», ha explicado el letrado, y ha afirmado que García Ortiz conocía desde 12 de octubre de 2024 su imputación [sería imputado por el Supremo el 16 de octubre]. «Si hubiera tenido voluntad de eliminar pruebas, hubiera podido borrarlos antes», ha incidido.
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3. La cuenta de ‘Gmail’
La cuenta de Gmail del fiscal general del Estado, que albergaba el correo investigado, estuvo a disposición de la UCO cuando los agentes entraron en el despacho del fiscal general, el 30 de octubre de 2024. Pero se ha querido «manipular», incidiendo en que fue eliminada coincidiendo con su imputación, ha sostenido el letrado defensor.
La cuenta se eliminó, como ha demostrado el abogado del Estado, a finales de diciembre de 2024, porque le estaban entrando correos hostiles, debido a que el atestado de la UCO se filtró sin tapar los datos personales del fiscal general, como esa dirección de Gmail y su teléfono y le estaban llegando a esa cuenta ‘emails’ «desagradables». «Se ha manipulado el cierre de su cuenta de Gmail como si fuera un indicio de cargo», ha dicho el letrado.
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El fiscal general ha dicho que se manejaba mejor desde el móvil con el correo de Gmail que con el corporativo de la Fiscalía y que por eso pidió que le mandaran a dicha cuenta los correos que intercambiaron el fiscal de delitos económicos y el abogado del novio de Ayuso.
4. La conexión con Moncloa
«Mi representado no conoce a la señora Sánchez Acera [Pilar], ni al señor Lobato [Juan] ni al señor Vallés [Francesc]», ha dicho el defensor, en referencia a la asesora de Moncloa, el líder del PSOE de Madrid y el secretario de Estado de Comunicación en marzo de 2024. Rechaza por falta de pruebas que el fiscal tuviera contacto con dichos cargos y niega órdenes de Moncloa. «Mi patrocinado no ha recibido ni una sola instrucción de Presidencia del Gobierno, hasta ahí podíamos llegar», ha clamado.
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Esta vía, la conexión de la filtración con Moncloa, se desechó por el Supremo como parte de la investigación, pero las acusaciones no lo han tenido en cuenta y han seguido señalando un hipotético vínculo, debido a que se permitió la testifical en el juicio de Lobato, Sánchez Acera y Vallés.
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Momento en el que Juan Lobato, ex secretario general del PSOE de Madrid testifica ene l juicio.
5. La llamada del periodista
Otro de los indicios sobre los que ha pivotado la causa contra el fiscal general es su posible relación con los periodistas que publicaron las primeras noticias sobre el correo de la confesión del novio de Ayuso, el del día 2 de febrero. En este sentido, las acusaciones se han centrado en Miguel Ángel Campos, periodista de La Ser, que fue el primero en mencionar el correo de la confesión, aunque sin dar la imagen de dicho email. Campos llamó al fiscal general a raíz de la publicación del bulo por El Mundo. El fiscal general no cogió la llamada y ni siquiera fue consciente de ella, ha asegurado. Por su parte, el informador indicó que hacía mucho que no le llamaba porque desde que fue nombrado fiscal general no cogía las llamadas. La de aquel día, el 13 de marzo, obedecía a la necesidad del periodista en que el fiscal general le confirmase si era cierta la noticia.
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Este fue uno de los indicios que manejó el instructor para atribuirle a García Ortiz el papel de filtrador. Las acusaciones y la UCO dicen que no es posible comprobar si el periodista contactó posteriormente con el fiscal general a través de llamada de ‘whatsapp’.
6. La nota de prensa
Respecto a la nota de prensa con la que el fiscal general quiso desmentir el bulo, se ha convertido en un elemento central en el juicio, pese a que había quedado excluida del enjuiciamiento, según señaló la Sala de Apelaciones del Supremo. «Señorías, no sabemos de lo que nos estamos defendiendo; no sé a estas alturas si tengo que defenderme solo de la filtración del correo o si también de la nota», ha clamado el letrado, después de la que la teniente fiscal del Supremo haya dejado claro que no era objeto del enjuiciamiento la nota, pues el tribunal afirmó que su contenido ya había sido publicado por los medios, por lo que no había secreto alguno. Sin embargo, la acusación ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha defendido lo contrario y acusa por ello al fiscal general, que admitió que la nota de prensa fue responsabilidad única de él.
La nota de prensa hace alusión a datos concretos extraídos del correo de la confesión y de otro posterior que le envió el fiscal Julián Salto al letrado del novio de Ayuso. Es imposible desmentir el bulo sin la introducción de los correos, ha dicho José Ignacio Ocio, para quien «la nota informativa está justificada», y todos los elementos que la contienen estaban ya publicados con antelación, ha argumentado, tras señalar que desde el entorno de Ayuso se estaba cuestionando a la Fiscalía como responsable de tender una trampa a la pareja de la presidenta madrileña. «Lo que insinuaba era de una gravedad inusual», ha clamado el letrado.
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7. El juez instructor no investigó los cabos sueltos
La Abogacía del Estado ha razonado que «no existe base probatoria» y, en efecto, no ha quedado probado que el fiscal general del Estado sea el responsable de la filtración. Su defensor ha puesto de relieve que el magistrado instructor no investigó los cabos sueltos y que «existió voluntad de no investigar». Se ha referido por ejemplo al resto de vías de acceso al correo filtrado, como fue la carpeta electrónica de los juzgados de instrucción madrileños que albergaba el expediente de Hacienda contra el novio de Ayuso; o la cuenta de correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, a donde llegó el correo de la confesión. Tanto el abogado del fiscal general como la teniente fiscal del Supremo han explicado que más de 500 personas pudieron tener acceso al correo, pero solo se investigó al fiscal general y su entorno, como la fiscal jefa provincial de Madrid.
Respecto a la ausencia de pruebas, el letrado de la APIF ha dicho que no es óbice para una condena, como sucedió con el caso Bretón, sobre el padre que asesinó a sus dos hijos. «Nunca aparecieron los cuerpos de los niños pero se condenó a Bretón», ha argumentado el abogado José Antonio Frago.
«¿De verdad mi vida vale tan poco?», se pregunta Elena Olmos al otro lado del teléfono. El 18 de febrero de 2024, se sometió a una mamografía dentro del Programa de Prevención de Cáncer de Mama del Servicio Murciano de Salud (SMS). La prueba, concertada con un hospital privado del grupo Quirónsalud, terminó con un diagnóstico tranquilizador: una carta oficial de la Consejería de Salud —a la que ha tenido acceso Público— le comunicó un «resultado negativo de cáncer de mama» y le recomendó una nueva revisión «dentro de 24 meses».
Dos meses después, una neumonía cambió su vida. Estando en casa, apoyó la mano sobre su pecho derecho y notó un bulto «muy grande» junto al pezón. «Al principio no me alarmé», recuerda en una conversación con Público. Pero cuando acudió a su médica de cabecera, esta le recomendó hacerse una ecografía. El 7 de mayo, el radiólogo decidió repetir también una mamografía. «Me preguntó cuándo había sido la última y le dije que hacía unos meses. Se sorprendió. Vi su cara, y entonces me lo soltó: ‘Yo veo cáncer‘». El 24 de mayo, llegó la confirmación: cáncer de mama triple negativo en estadio 2, uno de los subtipos más agresivos. «Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería y esperado dos años, no estaría viva», lamenta con voz entrecortada.
A través de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), consiguió contactar con la Consejería de Salud de Murcia. «Me hablaron con un tono frío, poco empático. Me dijeron que a veces pasa, que cuando los tumores son pequeños pueden no verse. Pero el mío no era pequeño», denuncia. «Sentí que me culpaban a mí del error». También le aconsejaron que, si no estaba conforme, presentara una queja formal. Elena ha pasado por 16 sesiones de quimioterapia —»12 semanales y cuatro del conocido como diablo rojo»—, una cirugía el 2 de enero, en la que le retiraron el tumor y el ganglio centinela, radioterapia durante 15 días consecutivos y nueve sesiones de inmunoterapia. «Me han quedado muchas secuelas. Tengo las plantas de los pies y las palmas de las manos quemadas. He tenido que moverme en silla de ruedas. Mi vida se ha quedado limitada«.
A la izquierda, el pecho izquierdo de Elena Olmos. A la derecha, su pecho derecho con el tumor.
Ahora, con el tratamiento finalizado, empieza a asimilar lo que ha vivido. «Durante meses estuve centrada en sobrevivir, pero cuando todo paró, llegó el golpe. No podía dormir, tenía ansiedad, me sentía incomprendida. Incluso, me han dado el alta en la Inspección de Trabajo, pero me he tenido que pedir vacaciones porque no estoy preparada para volver. La Elena de hace dos años ya no existe, y me está costando conocer a la que soy ahora«. Además del dolor físico y emocional, recrimina la falta de acompañamiento legal y psicológico en estos casos. «No puedo permitirme una abogada, y debería haber un servicio que nos ampare. No soy un caso aislado: ya se han puesto en contacto conmigo al menos seis mujeres que han pasado por lo mismo en Murcia. Necesitamos que estén más pendientes de nosotras. Esto tiene que cambiar».
Elena Olmos, paciente de cáncer de mama: «No soy un caso aislado, otras seis mujeres más de Murcia me han confesado que han pasado por lo mismo»
Más allá de los números
El caso de Elena es solo la punta del iceberg. Según los datos oficiales publicados por el Servicio Murciano de Salud, 1.223 personas siguen sin fecha asignada para realizarse una mamografía en la región. A ellas se suman 145 mujeres que aguardan entre 0 y 30 días para hacerse la prueba y otras 111 que acumulan más de un mes de espera. En total, la espera media para someterse a una mamografía en Murcia asciende a 19,07 días.
La cosa no termina aquí. La oposición ha puesto el foco en lo que considera un «incumplimiento sistemático del plazo legal de 30 días» para la realización de mamografías. Además, acusan al Ejecutivo autonómico de «manipular los datos oficiales». «Es rotundamente falso que la espera media para una mamografía en la Región de Murcia sea de 19 días, como asegura la Consejería de Salud, cuando casi el 83% de las mujeres en lista de espera ni siquiera tienen cita asignada«, reprochó la diputada socialista Marisol Sánchez en la Asamblea Regional. La parlamentaria criticó también la «falta de transparencia» de los popularesy exigió al consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicaciones sobre la paralización del plan de ampliación del programa de cribado de cáncer de mama, que no alcanzará a todas las mujeres de entre 45 y 74 años hasta, al menos, 2027.
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1.223 personas siguen sin fecha asignada para realizarse una mamografía en Murcia, según los últimos datos oficiales
El sindicato CSIF ya había advertido de esto último. Además, atribuyó los retrasos a una «falta estructural de personal sanitario, un déficit que también afecta a la realización de pruebas diagnósticas, incluso en los casos prioritarios». Alertaron sobre el «aumento de derivaciones a clínicas privadas, cuyos resultados, en muchas ocasiones, deben repetirse en la sanidad pública al no ser válidos o no poder compararse con estudios anteriores». «Esta duplicidad de pruebas genera un gasto innecesario de recursos públicos, agrava la sobrecarga del sistema y obliga a las pacientes a pasar dos veces por el mismo proceso», corroboraron. Con todo, la oposición anunció hace no mucho que pedirá al Defensor del Pueblo la apertura de una comisión de investigación para esclarecer la gestión de las listas de espera en las mamografías.
Para más inri, el diario La Opinión de Murcia reveló que, tras ser preguntada por el caso de Elena Olmos, «la Consejería de Salud respondió que el pasado año se realizaron unas 70.000 mamografías dentro del programa regional de cribado, por lo que consideran que la situación vivida por esta paciente es un caso aislado».
El portavoz del Gobierno de Murcia asegura que el programa de cribado de cáncer de mama «funciona con normalidad»
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, defendió a mediados del mes pasado que el programa de cribado de cáncer de mama «funciona con normalidad» y aseguró que «no se ha detectado ningún caso similar a los ocurridos en Andalucía». Insistió en que la administración actúa «con total transparencia, haciendo públicos todos los informes disponibles», y agregó que se trata de un «trabajo serio, riguroso y exhaustivo». Aun así, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad: «Es importante que las murcianas y los murcianos sepan que están respaldados y seguros dentro del sistema».
Fuentes de la Consejería de Salud de Murcia han desmentido a Público que existan más de 1.200 mujeres esperando para realizarse una mamografía. Según el departamento, «estas pruebas no corresponden al programa de cribado y todas se realizan en un plazo medio de 19 días, por debajo de los 30 establecidos en la normativa, tal y como refleja el informe de Listas de Espera del Servicio Murciano de Salud«. Respecto al programa de cribado de cáncer de mama correspondiente al bienio 2023-2024, la Consejería sostiene que se enviaron 237.227 invitaciones, de las cuales participó el 64,75% de las mujeres convocadas, con un total de 153.607 estudios mamográficos realizados.
El departamento también defiende que Murcia fue «la primera comunidad del país en anunciar la ampliación del rango poblacional del cribado de cáncer de mama, de 45 a 74 años». Recuerdan que la Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad «solo contempla actualmente la franja de 50 a 69 años», y que esta extensión es «un extra de calidad que Murcia quiere ofrecer a sus pacientes, costeado con fondos propios». Según la Consejería, la ampliación del programa se está llevando a cabo de forma gradual y por fases, con el objetivo de «garantizar la equidad y la seguridad de las pacientes». Añaden que, en verano de 2024, el sistema público asumió directamente los cribados que hasta entonces se realizaban en colaboración con la AECC. «Estamos trabajando para acortar este cronograma y lograr la ampliación total lo antes posible, siempre garantizando el control y seguimiento de las pruebas», concluyen.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado compartir los datos del programa de cribado poblacional
En el ámbito nacional, lo último sobre los cribados de cáncer de mama es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado compartir los datos del programa de cribado poblacional. La información, según lo negociado, se centrará en tres indicadores: cuántas personas han sido invitadas a realizarse la prueba, qué porcentaje ha acudido y qué proporción ha dado positivo. Sin embargo, queda por ver si se incluirán detalles más completos, como el número de pacientes que han iniciado tratamiento y los tiempos transcurridos hasta su inicio.
