El caso Nevenka contra Ismael Álvarez, cuya primera condena por acoso sexual a un político tuvo lugar en el 2002, puso en jaque al PP. Desde el entonces presidente Aznar, a su esposa Botella, hasta Álvarez Cascos y los populares del territorio de Castilla y León en pleno -incluido el actual presidente Mañueco– cerraron filas con el alcalde de Ponferrada.
Ni la condena judicial, ni la mediática, consiguieron que esto pasara factura política alguna al PP y ni siquiera al propio condenado, que volvió a presentarse con una agrupación vecinal en Ponferrada, donde llegó a conseguir una representación suficiente de concejales para pactar con el PSOE y darle el gobierno a los socialistas. Todo ello bajo el amparo del entonces secretario general de los socialistas en Castilla y León y hoy ministro, Óscar López.
A quien sí pasó factura su alianza con el acosador de Nevenka fue al propio López, incluso después de pedir perdón con lágrimas en los ojos por ese pacto de la vergüenza. El hoy ministro y secretario general del PSOE en Madrid consiguió como candidato a presidente de Castilla y León el peor resultado de la historia del PSOE en esta comunidad. Y es que, como en casos más recientes de la política española, las peores actitudes políticas del PP acaban solo pasando factura a los socialistas.
Pero veintidós años después de aquella condena, donde parte de la ciudadanía de Ponferrada sigue tratando como un héroe a Álvarez -de hecho no cabía un alfiler en la presentación de su libro sobre su versión del caso Nevenka en 2023, mientras se rociaba ese mismo año con ácido la placa de homenaje a la víctima- el bipartidismo mantiene en la comunidad actitudes machistas y de abuso con las feministas y las propias compañeras de partido.
El último escándalo ha estado protagonizado esta misma semana por el ya exsenador socialista Javier Izquierdo, acusado de acoso sexual por compañeras de partido en la comunidad. Un nuevo episodio de abusos sexuales que ha removido los cimientos de Ferraz.
Feminismo de alto riesgo
Una de las referencias feministas en la región, la secretaria de Igualdad de CCOO y portavoz de la Coordinadora de Mujeres, Yolanda Martín, confirma a Público «que en Castilla y León es de alto riesgo ser feminista». Lo achaca, entre otras cosas, «a los cuarenta años del PP en gobiernos casposos, donde se ha normalizado la falta de respeto al feminismo«. En este sentido, y ante las últimas denuncias contra líderes socialistas, deja claro que «las mujeres del PSOE han sido más valientes. Las del PP están escondidas y no se atreven a hablar».
«Las mujeres del PP están escondidas y no se atreven a hablar»
La sindicalista recuerda que «pocas cosas nos pasan si tenemos en cuenta que este año el Gobierno de Mañueco recortó conceptos de acoso y explotación sexual en la ley de violencia de género pactada con el diálogo social». Una norma, explica, que ni siquiera se aprobará en esta legislatura.
Las socialistas que más se están movilizando en este territorio por apoyar a las víctimas reconocen que «nos acusan de revanchismo porque no estábamos en el foco actual de Ferraz». Las feministas defienden un nuevo MeToo «y que salgan a la luz todos los casos, también los del PP «.
Alicia Palomo, procuradora del PSOE por Segovia y feminista reconocida en la comunidad, se muestra ante Público «indignada por el caso de Izquierdo y el resto de casos de acoso sexual» y la poca contundencia que ha tenido su partido en estos temas. «A la vista está que no se han hecho las cosas bien», afirma, y pide a Ferraz «la mayor de las firmezas en este tipo de asuntos deplorables». Reconoce que nunca pensó que estos casos pudieran darse en su partido.
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Víctimas
Una de las víctimas del PP que nunca acudió a los tribunales es Rosa Valdeón, exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León y quien hubiera sido la sustituta natural del presidente Herrera si el hoy senador Martínez-Maillo y Mañueco no hubieran puesto todo su empeño en impedirlo.
Rosa Valdeón, en rueda de prensa para anunciar su dimisión tras dar positivo en un control de alcoholemia.
Un control de alcoholemia, tras un accidente leve de tráfico, y cuyo parte llegó antes a la prensa que a ella misma, acabó con su carrera política y dejó vía libre a Mañueco. Durante años, fue humillada en público, incluso con obras de teatro organizadas por Maíllo en Zamora, donde presidía la Diputación. La protagonista era una actriz con sobrepeso, moño y abanico, caracterizada como caricatura para ridiculizar a Valdeón. Estas representaciones recibían carcajadas y ovaciones de los presentes, ante la sonrisa del presidente de la institución provincial.
Curiosamente, meses después y ya de presidente, Mañueco fichó a un exconcejal de Salamanca obligado a dimitir tras triplicar la tasa de alcoholemia permitida, durante un control realizado tras un accidente leve de tráfico.
Jamás hubo una indicación o crítica privada o pública del PP de Castilla y León por estos atentados a la dignidad de Rosa Valdeón. Hoy, ya recuperada tras años de angustia y recomposición personal e incorporada a su plaza de inspectora médica, la exvicepresidenta de la comunidad afirma a Público que «no olvidemos el silencio cómplice. Con Maíllo viví escarnios públicos, que todo el mundo vio, pero siempre estaba sola».
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Dos décadas de abusos machistas
Y entre Nevenka y las víctimas de Izquierdo, hay más de dos décadas de usos y abusos machistas en un territorio donde estas prácticas pasan desapercibidas cuando alcanzan al PP, ante una prensa territorial que sigue al dictado los intereses de los populares -ahora de Mañueco- porque mantiene cabeceras con cifras millonarias a través de la publicidad institucional.
Cierta sonoridad fuera de Castilla y León tuvieron los comentarios machistas del que fuera alcalde de Valladolid por el PP, Javier León de la Riva en 2014. En una entrevista en Onda Cero Valladolid, sobre una investigación por una violación en la capital vallisoletana dijo aquello de: “Yo no voy a justificar una actuación contra una mujer ni contra un hombre en ningún caso, pero hay veces que a las seis de la mañana un mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va”.
Este mismo alcalde del PP fue quien dijo sobre la entonces ministra Leire Pajín: «Cuando veo la cara y los morritos de Pajín pienso lo mismo». Hoy el Ayuntamiento de Valladolid le va a dedicar una plaza.
Entre los casos sonados del PSOE en Castilla y León está el del procurador socialista Ángel Hernández por violencia machista, que fue condenado a un año y nueve meses de cárcel. Dimitió de todos sus cargos y el partido cerró la crisis.
Por su parte, Juan Luis Cepa, procurador y portavoz de Agricultura y Ganadería en el PSOE, también renunció este año 2025 tras un presunto delito de abuso sexual a un menor, ocurrido en los vestuarios de la piscina de Ciudad Rodrigo
La cuarta entrega de los audios internos de Vox, a los que ha tenido acceso este medio en exclusiva, revela un salto cualitativo en el conflicto abierto por el dinero recaudado para las víctimas de la DANA. En esta ocasión, las grabaciones sitúan al diputado Manuel Mariscal como figura clave en las presiones al equipo de Revuelta, la organización juvenil del partido, a la que se intentó disolver para evitar que el caso derivara en consecuencias políticas o judiciales.
En esas conversaciones, Mariscal transmite sin rodeos la posición de la cúpula del partido y el mensaje que habría trasladado el propio Santiago Abascal: Revuelta debía desaparecer. “El partido no quiere Revuelta, no quiere que exista. (…) Me lo dijo a mí el propio Santiago (Abascal)”, afirma el diputado. Para justificar esa directriz, describe la idea de que Vox no tolera estructuras que puedan actuar con autonomía: “Santiago no quiere que exista nada autónomo a Vox, que surja de Vox y luego actúe de manera autónoma”.
A lo largo de los audios, Mariscal intenta suavizar la naturaleza de la presión, pero a la vez deja clara la consecuencia final para quienes rechazaran la orden: “Santiago Abascal no es una mala persona; no va a ir a por ti (…) Si hay un choque, pues inevitablemente sí que te van a despedir”. Él mismo utiliza su trayectoria interna para remarcarlo: “Yo, por ejemplo, en su día a lo mejor me pude montar la película cuando vino Álvaro (Zancajo) y pensé ‘ah pues me van a destituir a mí y todo lo están consiguiendo a base de quitarme el personal (…) Pero lo que te quiero dar a entender con esto es que yo aquí sigo, pero si me hubiera enfrentado no seguiría aquí”.
Nos marcamos la de Alvise
Las grabaciones forman parte de un conjunto de audios en los que se muestra cómo la dirección del partido trató de neutralizar la crisis generada por los miles de euros recaudados tras la DANA y que, según explican los interlocutores, “no se habían gastado en la DANA”. Las conversaciones, protagonizadas en gran parte por Arturo Villa —asesor del eurodiputado Jorge Buxadé y vinculado a Revuelta hasta hace pocos meses— se centran en cómo cerrar el asunto, no en cómo esclarecerlo.
En ese contexto aparece una frase que resume el enfoque adoptado: “Nos marcamos la de Alvise”, en referencia a la estrategia de donaciones millonarias y opacas asociada al eurodiputado Alvise Pérez. La preocupación no se limitaba al fondo recaudado, sino a la posibilidad de que la historia derivara en un escándalo que acabase involucrando directamente a la cúpula.
Durante esas reuniones, Mariscal es tajante al describir la situación interna: “Lo que yo estoy viendo con todo esto (…) es que esta situación nos está arrastrando a todos nosotros a situaciones muy dispares. A todos nos está llevando a algo malo”. Su mensaje final siempre converge en la misma conclusión: “Hay que acabar con esto por la tranquilidad de todos”.
Las grabaciones incluyen una conversación especialmente delicada entre Manuel Mariscal y Arturo Villa, en la que ambos enumeran posibles irregularidades cometidas por la organización juvenil. Villa es explícito: “Somos una asociación de mayores haciendo cosas para jóvenes. Pedimos dinero para la DANA pero lo gastamos en cosas para etarras. Hemos pagado cero euros de impuestos. Cero”. En la misma línea, advierte de las consecuencias de que el caso saliera a la luz: “Si sale algo, lo que no puede permitirse el partido es que esto salga sin que el partido actúe. (…) Revuelta pagó cero euros de impuestos. Es heavy”, además de mencionar que la organización “pidió dinero a los valencianos y no se los gastó en…”. Mariscal, lejos de desmentirlo, suma su propia hipótesis: “O Revuelta estafó a Hacienda diciendo que tal…”.
Pese a lo evidente de los audios, Villa asegura a este periódico que solo buscaba «conocer y cumplir con todas las obligaciones de la asociación». «Se debía cumplir con los fines sociales de inmediato» y «exigí a los directivos de la DANA y a su Presidente cumplir con las obligaciones con Hacienda y con los damnificados de la Dana», añade.
Revuelta reivindica su inocencia y denuncia una campaña contra su autonomía
En contraste con estas acusaciones, fuentes cercanas a la cúpula de Revuelta aseguran a este medio que, tal y como afirmaron desde el primer momento, las denuncias por robo de dinero y desvío de fondos “son completamente falsas”. Subrayan que la entidad mantiene un compromiso firme con “la verdad y la transparencia” y piden esperar a la auditoría en curso para que quede acreditada su inocencia.
Estas mismas fuentes sostienen que la ofensiva contra Revuelta responde a una persecución política derivada de su negativa a ceder totalmente el control político y asociativo del proyecto, preservando la independencia que había caracterizado a la organización desde su origen.
Vox me ha dicho que muerto el perro se acabó la rabia
En otro pasaje de las grabaciones, Villa expone una contradicción que ilustra la magnitud del problema: “Ahora mismo estamos haciendo tuits desde Vox diciendo que no han llegado las ayudas de Sánchez y que Paiporta sigue destrozado; y tenemos 100.000 euros en la cuenta, tronco”. Añade que ese dinero se justificaba como fondos destinados a impuestos, pese a que la estructura legal no lo permitía: “Si hubiésemos usado la asociación correcta, todo sería libre de impuestos y la gente que donó de buena fe para Valencia, estaría todo en Valencia”.
Las conversaciones, sin embargo, no solo describen irregularidades económicas, sino también la orden política que habría desencadenado el intento de disolver la organización juvenil. Villa lo resume con una frase que, según su testimonio, procedía de la dirección del partido: “Vox me ha dicho que muerto el perro se acabó la rabia”.
Según su testimonio, tanto Abascal como Buxadé conocían la situación y avalaron la desaparición de Revuelta y de Asoma, la plataforma utilizada para canalizar los fondos. El mensaje que se habría transmitido internamente incluía una garantía: no se removería el pasado ni se presentaría ninguna denuncia; el objetivo era cerrar el caso. Sin embargo, esa hoja de ruta chocó con la resistencia de varios dirigentes de Revuelta. Nombres como Jaime Hernández, Santiago Aneiros o Pablo González Gasca exigieron previamente una auditoría que aclarara qué había ocurrido con el dinero donado. La negativa a disolver la organización sin esa revisión provocó una fractura interna, dimisiones, acusaciones cruzadas y, finalmente, la remisión del caso a la Fiscalía.
Ante esa división, Mariscal llegó a proponer una salida narrativa para justificar públicamente tanto la disolución como el destino de los fondos: “Se puede aceptar disolver Revuelta, y que el dinero se diga que ha pasado un año de la DANA y que Vox, perdón Revuelta, ha estado colaborando en estos meses comprando lavadoras, limpiando casas, hemos donado X cosas para X personas. Bueno, pues concluimos el año. Tenemos X dinero y se lo vamos a donar a las residencias de mayores o lo que sea”.
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Tercera entrega de una historia que sigue creciendo. Los audios internos de Vox no solo revelan cómo se hablaba de “liquidar” Revuelta para cerrar una crisis incómoda, sino que colocan a Manuel Mariscal, uno de los principales diputados del partido de extrema derecha, en el centro de las reuniones donde se discutía el destino del dinero recaudado para las víctimas de la DANA. Unas conversaciones que, lejos de centrarse en la ayuda a los damnificados, muestran debates sobre cómo desactivar la organización, justificar gastos y evitar que el escándalo salpicara a la dirección del partido.
Las grabaciones, a las que ha tenido acceso este medio, forman parte de una cadena de audios protagonizados por Arturo Villa, asesor del eurodiputado Jorge Buxadé y hasta hace poco vinculado a Revuelta. En ellas se describe con crudeza la preocupación interna por los miles de euros recaudados en nombre de las víctimas de la DANA y que, según explican los propios interlocutores, “no se habían gastado en la DANA”. Es en ese contexto donde surge una frase reveladora: “Nos marcamos la de Alvise”, en alusión a la estrategia de donaciones millonarias y opacas del eurodiputado Alvise Pérez.
Manuel Mariscal estuvo presente en esos encuentros donde se abordó la situación de Revuelta y el problema que suponía el dinero acumulado. La discusión no giraba en torno a devolver los fondos o aclarar su uso, sino a cómo “cerrar el tema” sin que tuviera consecuencias políticas ni judiciales para Vox. La insistencia en cortar por lo sano y romper cualquier vínculo formal con Revuelta aparece de forma reiterada en los audios.
En una de las reuniones, Mariscal fue tajante: «Mi mensaje claro es que hay que acabar con esto por la tranquilidad de todos». A este respecto, el diputado de Vox lo tiene claro: “Lo que yo estoy viendo con todo esto. Con todo esto de Revuelta etcétera, etcétera, y con todos nosotros, es que esta situación nos está arrastrando a todos nosotros a situaciones muy dispares. A todos nos está llevando a algo malo”.
La confesión de Mariscal y Arturo Villa
Una decisión, la de disolver Revuelta, a la que Mariscal llega antes de protagonizar con Arturo Villa una conversación en la que ambos aseguran que la organización juvenil habría cometido múltiples ilegalidades: desviar dinero con fines políticos, defraudar a Hacienda…
– Arturo Villa:«Somos una asociación de mayores haciendo cosas para jóvenes. Pedimos dinero para la DANA pero lo gastamos en cosas para etarras. Hemos pagado cero euros de impuestos. Cero (…)».
– Arturo Villa:“Si sale algo, lo que no puede permitirse el partido es que esto salga sin que el partido actué. Si sale de repente una noticia de irregularidades en Vox, Revuelta… Te puedo hacer este titular: `Revuelta pagó cero euros de impuestos. Es heavy.”
– Manuel Mariscal: “O Revuelta estafó a Hacienda diciendo que tal…”.
– Arturo Villa: “O pidió dinero a los valencianos y no se los gastó en…” (…).
– Arturo Villa: “Ahora mismo estamos haciendo tuits desde Vox diciendo que no han llegado las ayudas de Sánchez y que Paiporta sigue destrozado; y tenemos 100.000 euros en la cuenta, tronco. (Decimos) que son para impuestos, pero es que no estamos definidos cómo había que estar definidos. Si hubiésemos usado la asociación correcta, todo sería libre de impuestos y la gente que donó de buena fe para Valencia, estaría todo en Valencia”.
En uno de los fragmentos más explícitos, Arturo Villa relata cómo desde la cúpula del partido se transmitió una consigna clara: disolver Revuelta y dar por terminado el asunto. “Vox me ha dicho que muerto el perro se acabó la rabia”, afirma en una de las grabaciones. La metáfora resume la estrategia: eliminar la estructura que podía generar problemas y asumir que, sin Revuelta, el escándalo se diluiría.
La orden de “disolver” Revuelta
Villa asegura que tanto Santiago Abascal como Jorge Buxadé estaban al tanto de la situación y respaldaban la disolución de la organización juvenil y de la plataforma de donaciones Asoma, que había servido para canalizar los fondos. Según su testimonio, la orden incluía un mensaje tranquilizador: no se denunciaría nada y no se removería el pasado. La prioridad era cerrar filas y evitar que el caso trascendiera.
«Yo lo sé desde hace dos meses. Lo sé. Me lo dijo el propio Santiago (Abascal). No quiere que exista Revuelta ni nada autónomo a Vox», afirmó Manuel Mariscal.
Sin embargo, esa hoja de ruta no fue aceptada por todos. Dirigentes de Revuelta como Jaime Hernández, Santiago Aneiros o Pablo González Gasca se opusieron a disolver la organización sin una auditoría previa que aclarase qué había pasado con el dinero. Esa negativa abrió una fractura interna que terminó con dimisiones, acusaciones cruzadas y el traslado del caso a la Fiscalía.
Para evitar esa división interna, Mariscal propuso una idea: «Se puede aceptar disolver Revuelta, y que el dinero se diga que ha pasado un año de la DANA y que Vox, perdón Revuelta, ha estado colaborando en estos meses comprando lavadoras, limpiando casas, hemos donado X cosas para X personas. Bueno pues concluimos el año. Tenemos X dinero y se lo vamos a donar a las residencias de mayores o lo que sea”.
La presencia de Mariscal y la versión de Vox
Hasta ahora, Vox había defendido que Revuelta era una entidad independiente, sin encaje orgánico en el partido. La presencia de Manuel Mariscal en las reuniones donde se debatía el uso de los fondos y la estrategia para “liquidar” la organización cuestiona seriamente esa versión. No se trata de un cargo menor, sino de un diputado nacional que participaba en discusiones clave sobre una crisis que el partido intentaba minimizar públicamente. En otras palabras, ya no es solo un conflicto interno de una organización juvenil, sino un problema que apunta directamente a la estructura y a la toma de decisiones de Vox.
En el plano individual, Villa asegura a este periódico que solo buscaba «conocer y cumplir con todas las obligaciones de la asociación». «Se debía cumplir con los fines sociales de inmediato» y «exigí a los directivos de la DANA y a su Presidente cumplir con las obligaciones con Hacienda y con los damnificados de la Dana», añade.
Las denuncias presentadas y los audios conocidos hasta ahora dibujan un escenario comprometido. Si la investigación judicial avanza y se confirma que hubo desvío de fondos o un intento de ocultarlo, las responsabilidades podrían ir más allá de Revuelta y alcanzar a dirigentes del partido. En el plano político, el daño ya está hecho: la credibilidad de Vox en materia de solidaridad y transparencia queda seriamente erosionada.
Manuel Mariscal, el rostro duro del Vox más combativo
Mariscal no es un diputado de perfil bajo ni un actor secundario en la estructura del partido. Desde su llegada al Congreso se ha convertido en una de las voces más agresivas y reconocibles del aparato comunicativo de Vox, hasta el punto de actuar durante años como una suerte de portavoz en primera persona, con autonomía y peso propio, incluso por encima de responsables formales del área como Luis del Pino primero o el consultor alemán Hermann Tertsch Pfüger después. En la práctica, Mariscal ha funcionado como un comunicador todopoderoso, con acceso directo a la dirección y capacidad para marcar discurso, tono y enemigos.
Ese perfil se evidenció con especial crudeza en sus amenazas públicas contra RTVE, cuando llegó a afirmar que Vox no sabía “si entraremos con motosierra o con lanzallamas” en la corporación pública. Una frase que no fue un desliz aislado, sino una declaración de intenciones: confrontación directa con los medios, desprecio institucional y normalización de un lenguaje de violencia simbólica como herramienta política. Lejos de ser corregido, ese tono encajó durante años con la estrategia de choque de Vox y reforzó su posición interna como uno de los perfiles más duros del partido.
Mariscal, además, ha sido históricamente una figura fuerte en las juventudes y en el ecosistema digital ultra, donde se le identifica como parte de lo que en redes se conoce, sin complejos, como el “Team Facha”. Desde ahí ha construido influencia, apoyos y una red militante que lo sitúa como referencia para el ala más radical del partido, la misma que ve en Revuelta no una anomalía, sino una herramienta política útil. Ese vínculo con las bases jóvenes y con la militancia más ideologizada explica también su cercanía a los debates internos sobre el futuro de la organización juvenil.
No obstante, en los últimos meses su peso parece haber sufrido un ligero aplazamiento interno con la llegada de Álvaro Zancajo a la dirección de comunicación de Vox. Un movimiento que ha reordenado jerarquías y estilos, pero que no ha apartado a Mariscal del núcleo de decisiones sensibles. Su presencia en las reuniones donde se discutía qué hacer con el dinero de la DANA y cómo “matar” políticamente a Revuelta confirma que, incluso cuando pierde foco mediático, sigue estando donde se toman las decisiones incómodas. Y es precisamente ahí donde su papel adquiere relevancia política y judicial.
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“Nos marcamos la de Alvise”. Esa fue la solución que Arturo González Villaroya, asesor del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo y que en redes sociales se presenta como Arturo Villa, planteó para disolver Revuelta, la organización que nació al calor de Vox con el objetivo de convertirse en sus juventudes oficiosas y que está señalada por desvío de fondos para víctimas de la DANA.
Arturo Villa -hijo de ‘el albondiguilla’, exalcalde de Boadilla del Monte y uno de los principales condenados en la ‘trama Gürtel`-, reconoció en reuniones en la que participaron dirigentes de Vox tener “un marrón de la hostia”. La razón estaba clara: “Hemos pedido dinero para la DANA y no lo hemos gastado en la DANA”.
Para salir del embrollo jurídico, Arturo Villa propuso una solución poco ética. Para empezar, destinar parte del dinero que recibieron en Revuelta para los afectados de la DANA en contratar su defensa jurídica. “Buscamos un abogado. ¿Hay dinero, no? Hay 105.000 euros, se paga 5.000 pavos a un pavo o lo menos posible para que no puedan decir que no lo hemos gastado en la DANA y se lo hemos dado a un pavo amigo”.
Para continuar, inventarse “alguna pollada” en la que destinar el dinero sobrante para liquidar la sociedad. “Nos marcamos la de Alvise”, dijo en referencia a Alvise Pérez, el eurodiputado de extrema derecha que ha obtenido miles de euros en donaciones y que mintió al afirmar que dejaba de donar su sueldo para enviárselo a las víctimas de la DANA.
Nos marcamos la de Alvise
“Nos marcamos la de Alvise. Teníamos un dinero retenido por si acaso teníamos que pagar impuestos y como ya hemos aclarado lo que hacía falta, todo lo demás va a los viejos de Paiporta… A la gente mayor de Paiporta. Revuelta deja de existir porque nos inventamos alguna pollada… y ya está”, dijo Arturo Villa en diversas reuniones en las que participaron trabajadores y altos cargos diferentes de Vox.
De hecho, su propuesta de inventarse alguna causa como dar dinero “a los viejos de Paiporta” en vez de a los afectados de la DANA fue secundada por uno de los diputados más importantes de Vox. No lo fue sin embargo por Jaime Hernández, Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, líderes de Revuelta que se han negado, tal y como exigía Vox, a disolver la organización juvenil y que a través de una auditoría externa pretenden defender la gestión económica de la misma.
Por el contrario, el propio Arturo Villa, Javier Esteban (community manager del partido) y Elsa Almeda (exportavoz de Revuelta), han acabado abandonando la organización, denunciando los hechos a la Fiscalía y respaldando la denuncia que Vox ha presentado sobre el supuesto desvío de fondos.
Más audios publicados
Los audios desvelados hoy por este medio se suman a los ya publicados por este periódico en el que se detallan las presiones de Vox para poner fin a Revuelta. «Vox me ha dicho que muerto el perro se acabó la rabia”, es uno de los fragmentos más destacados.
Ante la acusación de que existirían 100.000 euros en las cuentas corrientes de Revuelta que no habrían sido destinados —o cuya finalidad no habría sido la correcta—, fuentes próximas a la organización niegan tajantemente tales señalamientos. Aseguran que no solo es falso que exista tal suma acumulada sin justificar, sino que todos los fondos recibidos para fines sociales fueron destinados íntegramente a esos propósitos. Añaden que otros ingresos procedentes de donaciones, mecenazgos o suscripciones se emplean en financiar distintas actividades de la propia asociación y en garantizar su correcto funcionamiento, por lo que —afirman— es habitual que la organización mantenga fondos en sus cuentas.
Las mismas fuentes explican que, tras el inicio del proceso de auditoría comunicado a los miembros de la junta directiva —actualmente en curso—, se les informó de que todas las cuentas serían mostradas con total transparencia una vez concluido dicho procedimiento, con el fin de evitar interferencias y cualquier interpretación malintencionada por parte de terceros.
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Por segundo día consecutivo, dos de los tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso citados a declarar por el caso de los protocolos de las residencias no se han presentado ante el juez. Carlos Mur, firmante del conocido como protocolo de la vergüenza, y Pablo Busca, exresponsable del SUMMA 112, han vuelto a ausentarse este miércoles de la citación judicial, esta vez en el Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba, que investiga una muerte concreta ocurrida durante la primera ola de la pandemia.
Ambos ya habían incumplido este martes un primer requerimiento judicial, cuando estaban llamados a declarar en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Su reiterada incomparecencia ha llevado a las partes a dar por hecho que siguen oficialmente “en busca y captura” judicial, a la espera de que el juez adopte nuevas medidas para garantizar su comparecencia.
El único que acude: el arquitecto del protocolo
Frente a la ausencia de Mur y Busca, sí ha comparecido de nuevo Francisco Javier Martínez Peromingo, ex coordinador sociosanitario de la Comunidad de Madrid y considerado uno de los principales arquitectos del protocolo, además de sucesor de Mur en el cargo. Al igual que el día anterior, Peromingo se ha personado en sede judicial y, según fuentes jurídicas, ha optado por no responder a la acusación particular, limitando sus declaraciones al juez y al fiscal.
En su comparecencia previa, Peromingo señaló directamente a Carlos Mur como responsable último del diseño y aplicación de los protocolos y reconoció sin ambages su carácter discriminatorio. Así lo confirmó Alejandra Jacinto, abogada de la familia querellante, quien detalló que su defendido advirtió de esa discriminación “por escrito, por correo electrónico y hasta por WhatsApp”.
Residencias sin medios ni personal
Durante su declaración, Peromingo también admitió una de las claves del colapso vivido en las residencias madrileñas: muchos centros no estaban medicalizados. Según explicó ante el juez, la razón era la falta de recursos materiales y de personal sanitario disponible, lo que generó una red asistencial profundamente desigual.
De acuerdo con su testimonio, existían residencias con mejores dotaciones y otras claramente insuficientes, una brecha que, en plena emergencia sanitaria, condicionó de forma decisiva la atención médica de miles de personas mayores. Un escenario que conecta directamente con el contenido de los protocolos investigados, que restringían el traslado hospitalario en función del estado físico o cognitivo de los residentes.
Unos protocolos que limitaron el acceso hospitalario por criterios no clínicos
Los llamados protocolos de la vergüenza fueron elaborados y activados por la Comunidad de Madrid en los días más críticos de la primera ola de la pandemia, cuando el sistema sanitario se encontraba al borde del colapso. Estos documentos internos establecían criterios de exclusión para el traslado hospitalario de personas mayores residentes, basados en su grado de dependencia, discapacidad o deterioro cognitivo, y no únicamente en una valoración clínica individual, como recomiendan los estándares médicos y éticos.
Firmados por Carlos Mur, entonces director general de Coordinación Sociosanitaria, los protocolos fijaron un marco que tuvo consecuencias directas en la atención sanitaria de miles de residentes. En la práctica, numerosos mayores quedaron descartados de la derivación a hospitales, incluso en situaciones de gravedad, quedando su atención limitada a unos centros que no estaban preparados para afrontar una emergencia sanitaria de semejante magnitud.
La aplicación de estos criterios se produjo, además, en un contexto de profunda desigualdad entre residencias. Mientras algunos centros contaban con mejores recursos, otros carecían de lo más básico para atender a pacientes con COVID-19. Esta realidad ha sido reconocida en sede judicial por Francisco Javier Martínez Peromingo, quien admitió que muchas residencias no estaban medicalizadas porque no había material suficiente ni personal sanitario disponible.
Peromingo también explicó que esa falta de medios no fue un fenómeno aislado, sino un problema estructural que condicionó la respuesta sanitaria. Según su testimonio, la atención dependía en gran medida del centro concreto en el que viviera cada persona, generando situaciones de desigualdad que, en plena crisis sanitaria, marcaron la diferencia entre recibir o no una atención hospitalaria adecuada.
Este escenario fue advertido internamente dentro de la propia Administración. El ex coordinador sociosanitario aseguró ante el juez que alertó del carácter discriminatorio de los protocolos, y que lo hizo por distintas vías, incluyendo comunicaciones formales por escrito, correos electrónicos e incluso mensajes de WhatsApp dirigidos a responsables superiores, sin que esas advertencias alteraran el rumbo de las decisiones adoptadas.
Es este entramado de decisiones, carencias y advertencias ignoradas el que da sentido a la investigación judicial que sigue en marcha. Los protocolos no fueron una mera orientación técnica, sino una herramienta operativa que condicionó decisiones concretas sobre traslados hospitalarios y atención médica, y cuya aplicación vuelve hoy al primer plano con la ausencia reiterada ante el juzgado de dos de sus principales responsables políticos y administrativos.
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Ribera
Salud, la multinacional que gestiona el hospital de Torrejón
(Madrid) y cuyo CEO, Pablo Gallart, ha instado a sus directivos a
priorizar los tratamientos que dejan más beneficios a la empresa y a
aumentar las listas de espera, no tiene como único modelo de negocio
la administración privada de centros de titularidad pública.
También se lucra del presupuesto sanitario de todos a través de sus
propios hospitales, mediante acuerdos que contemplan diversas
fórmulas de remuneración.
El
mayor de esos centros, la clínica Povisa de Vigo (Pontevedra), con
alrededor de 500 camas y cerca de 1.500 trabajadores –más de 300
médicos y alrederor de 800 enfermeros y auxiliares–, lleva años
dando servicio a centenerares de miles de personas adscritas al Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia. El último
convenio de Ribera con el Sergas entró en vigor el pasado abril,
durará dos años y permitirá a la empresa facturar 195 millones de
euros en ese período, prorrogable otros tres años.
Povisa
–acrónimo de Policlínico de Vigo Sociedad Anónima– abrió sus
puertas en 1973 como el proyecto de sanatorio privado de un grupo de
médicos que se lo vendió en 1997 a un acaudalado naviero vigués.
Para entonces, los gobiernos de Manuel Fraga –con Alberto Núñez Feijóo de número dos en su Consellería de Sanidade– ya lo habían
consolidado como una referencia de la privatización de la prestación
de servicios sanitarios en Galicia, convirtiéndolo en el hospital de
cabecera de miles de pacientes del Sergas en Vigo y su comarca a los
que la Xunta daba la opción de adscribirse a él o a los centros de
gestión pública.
Zaplana en Valencia
Ribera
Salud, surgida también al amparo de las privatizaciones de la
Generalitat Valencia del PP de Eduardo Zaplana, compró el hospital
por 22 millones de euros en 2019. Hoy, el centro da servicio a 112.600 personas con tarjetas de la sanidad pública, y más del 80%
de su volumen de negocio proviene del convenio con el Sergas.
Hasta
este año, la Xunta abonaba a Ribera una cantidad fija por cada
cartilla adscrita a Povisa –540 euros al año en el anterior
acuerdo–, más una cantidad variable por otros conceptos como el
gasto en tratamientos farmacológicos especiales o la formación del
personal. Según la prensa local, en 2023 el Sergas pagó 80 millones
de euros a la empresa de Gallart, y en 2024, otros 84 millones.
Según los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, de junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda la sanidad de Galicia
Sin
embargo, la progresiva pérdida de cartillas –llegaron a ser más
de 135.000, pero cayeron a 115.000 el año pasado y hoy no llegan a
113.000– hizo que Ribera considerara que el acuerdo no era
rentable, y bajo la sombra de la amenaza tácita de dejar sin
hospital de referencia a decenas de miles de personas –una táctica similar a la que Ribera empleó en Madrid–, forzó a la Xunta
a idear una nueva fórmula: la del pago por prestación de cada
servicio y tratamiento, que prevé incrementar la factura fija en
un 16% hasta los 97,5millones anuales, manteniendo los conceptos variables.
Según
los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, referidos a
junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda
la sanidad pública y concertada de Galicia: 53,3 días de media para
una intervención, frente a los 70,9 de la media de la comunidad y a
los 72 de la del área sanitaria de Vigo, la más grande de las siete
en las que se divide el sistema hospitalario gallego –565.000
usuarios–. Público ha pedido a la Xunta los datos de las
listas de espera de Povisa para consultas de especialista y pruebas
diagnósticas, pero la Consellería de Sanidade de Alfonso Rueda, que
dirige Antonio Gómez Caamaño, no ha respondido a este diario ni se
ha dado por enterada de la consulta.
Rentabilidad
Al
hilo de los audios en los que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud,
reclamaba a sus directivos que promovieran en Torrejón los
tratamientos más rentables para su cuenta de resultados económicos
y que idearan estrategias para «desandar el camino» mediante el
que habían logrado reducir las listas de espera, Público también
ha preguntado a la dirección de Ribera si
existe o existió alguna indicación en ese sentido al personal de
Povisa, para incidir en la práctica médica sobre los pacientes de
la sanidad pública en función del coste de sus tratamientos; en
el
rechazo o admisión de enfermos en función de la rentabilidad de
aquellos, o para que se fomentara eldeterioro
de las listas de espera en el hospital vigués.
La
compañía ha rechazado esa posibilidad, ha reiterado que los audios de Gallart están «fuera de contexto» y ha asegurado que su
prioridad «son y seguirán siendo sus pacientes en todos y cada uno
de los centros que gestiona, tanto públicos como privados». «En ningún centro del grupo Ribera se han producido prácticas
contrarias al interés general de los ciudadanos«, dicen las fuentes oficiales de la empresa, que, refiriéndose
expresamente a Povisa, sostienen
que el centro «mantiene unos indicadores asistenciales excelentes y
un compromiso total con la Administración para ofrecer la mejor
atención sanitaria a los ciudadanos». «El hospital está 100%
comprometido con mantener estos estándares de calidad» asegura la
dirección, que subraya que el trabajo del hospital está además «bajo la supervisión de la Administración con unidades de control
encargadas de garantizar que la atención prestada es excelente».
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El alcalde de Vigo Abel Caballero, el pasado jueves en la manifestación en defensa de la sanidad pública.
Público
también se ha dirigido al presidente del comité de empresa, Rafael
Agrás, quien ha asegurado que Povisa es «un modelo de negocio diferente» al de Torrejón y que la representación social de la compañía no tiene constancia de que se hayan transmitido consignas como las que desvelan los audios de Gallart en referencia al hospital madrileño. Agrás también indica que la gerencia de Povisa, que en los últimos meses había sostenido un sordo enfrentamiento con el personal médico que derivó en la fuga de médicas y enfermeros hacia la sanidad pública, ha procedido recientemente a hacer fijos a medio centenar de sanitarios y ha contratado a más personal médico.
El
pasado jueves, miles de vigueses se manifestaron por las calles de la
ciudad convocados por la plataforma SOS Sanidade para protestar
contra el deterioro del sistema público de salud por la falta de recursos en la ciudad, de la que
responsabilizan a la Xunta, y en la que reclamaban la «reconstrucción» de todo lo que se ha deteriorado durante lustros de recortes y privarizaciones. A la
manifestación asistió la líder de la oposición en el Parlamento de
Galicia, Ana Pontón, portavoz del BNG, y el
alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien manifestó su «apoyo total» a la
protesta y responsabilizó a Rueda de las carencias del área sanitaria de
la ciudad y
su comarca.
Tras 19 días de espera desde que se adelantó el veredicto, la sentencia íntegra del Supremo que condena a Álvaro García Ortiz ha sido publicada este martes en medio de una fuerte polémica por las motivaciones esgrimidas por cinco de los magistrados frente al voto particular de las dos magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo.
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En primer lugar, consciente de que no existe una prueba directa que señale a García Ortiz como el filtrador del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con la confesión de delitos fiscales, la sentencia alude a una «convergencia de los indicios acreditados» para señalar como el autor de la filtración al propio fiscal general del Estado, que renunció al cargo el pasado 24 de noviembre.
1. Convergencia temporal
Esa «convergencia» consiste en la secuencia temporal que para los juzgadores va desde la «urgencia» con la que el fiscal reclamó el correo en cuestión, su acceso, la llamada del periodista de la Cadena Ser, «el posterior borrado de los registros,
los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración», enumera la sentencia. Los jueces van eliminando a los fiscales relacionados con el caso, como Julián Salto, Pilar Rodríguez y Almudena Lastra como posibles filtradores, para señalar al fiscal general del Estado.
Esto «lleva necesariamente a afirmar,
como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno
inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en
la Cadena Ser», dice el fallo, sin lograr identificar a esa persona.
Respecto al hecho de que cientos de personas pudieron acceder al correo en sí, a través de las plataformas de los juzgados y de la Fiscalía, donde estuvo albergado, la sentencia lo descarta de plano. «Se trata de una acusación grave que pondría de manifiesto un funcionamiento anormal de un servicio público, poco acorde con las continuas invocaciones a la protección de datos, como criterio guía para proceder al borrado de los datos alojados en los terminales, y al adecuado funcionamiento del servicio, que nos consta se presta». Y advierte: «Tal alegación necesitaría, antes de su insinuación, de un mínimo de
prueba para que alcanzara un rango de verosimilitud».
2. Una nota de prensa
García Ortiz asumió la responsabilidad de la nota de prensa con la que quiso desmentir la noticia tergiversada de El Mundo que decía que era la Fiscalía la que pedía un pacto al novio de Ayuso y que después por órdenes de arriba lo tumbó, un bulo orquestado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. La defensa del ya ex fiscal general del Estado invocó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (artículo 4.5) que obliga a los fiscales a la persecución de la verdad como un derecho de la ciudadanía.
Pero los jueces consideran que, de nuevo, la secuencia temporal, perjudica la tesis del fiscal general, que solicitó los correos del caso para conocer la verdad. Dice la sentencia que «no eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto de González Amador».
Y concluye: «La divulgación se materializa tanto por la filtración del correo, como por la publicación de la nota informativa, que constituyen, en realidad, una unidad de acción (…) La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la «oficializa'» añade la sentencia, repitiendo las palabras que empleó el letrado del novio de Ayuso en el juicio.
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3. El testimonio de los periodistas
La sentencia no ha tenido en cuenta los testimonios de los periodistas que sostienen que no recibieron el correo de manos de García Ortiz. Sujetos a su deber de preservar sus fuentes, sí que reiteraron que no fue el fiscal general dicha fuente, pero los jueces consideran que su testimonio no es suficiente para que concurra una duda razonable en torno a la autoría de García Ortiz.
La sentencia se detiene en Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser, que explicó en el plenario que tuvo acceso al correo en cuestión seis horas antes de que informara finalmente del correo que desmentía la noticia tergiversada de El Mundo. El tribunal le reprocha haber dado detalles sobre la ubicación de la fuente, diciendo que había acudido a una tercera planta, apuntando a que su fuente podría encontrarse en la Fiscalía de Madrid, cuya jefatura se encuentra en una tercera planta.
Precisamente, respecto a Almudena Lastra, fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, se basa otra de las claves de la sentencia: la credibilidad sin fisuras de su testimonio, que choca contra el de García Ortiz.
4. Almudena Lastra
Respecto a su testimonio y a su postura claramente acusatoria contra García Ortiz, al que Lastra asegura que le recriminó que había filtrado el correo y este le contestó: «Eso ahora no importa», la sentencia la alaba en el sentido de destacar que Lastra fue «fiel a su superior, alertó a éste de lo que estaba ocurriendo [en relación a que Miguel Ángel Rodríguez estaba esparciando en un chat de periodistas el bulo] y convino con él en cómo se debía proceder». Lastra indicó en el juicio que no estuvo de acuerdo con García Ortiz en publicar la nota de prensa, con «una información que atentaba seriamente a la intimidad de terceras personas y a la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y fiscal para alcanzar una posible conformidad», dice la sentencia, dando absoluta credibilidad al testimonio de Lastra.
5. Registro y clonado de móviles
La sentencia mayoritaria respalda los registros efectuados por la UCO en los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Precisamente en el material hallado en los dispositivos móviles de esta última se sustentó toda la causa. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que ha defendido al ya ex fiscal general, invocaron una posible desproporcionalidad de los registros y de los clonados de sus respectivos móviles, abarcando ocho meses de mensajes y correos cuando los hechos se limitaban a unos pocos días. Según fuentes jurídicas, este podría ser uno de los motivos de más peso para la hipotética admisión de un recurso de amparo de García Ortiz.
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El Supremo da la razón a los mandos de la UCO que declararon en el juicio y sostuvieron entre titubeos que no era posible acotar el clonado a los días investigados.
6. Un «borrado concienzudo»
Los magistrados afean que García Ortiz no quisiera contestar a las preguntas de las acusaciones y vuelven a cargar las tintas en el borrado de los mensajes de móvil que ejecutó García Ortiz «casualmente» el día 16 de octubre de 2024, «tan solo un día después de que esta Sala dictara auto acordando la apertura del procedimiento, eliminando registros que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación.
Tal como señaló la pericial, fue «un borrado concienzudo -doble borrado-«.
Con todo, la sentencia mayoritaria critica que «se eligiese ese día tan singular, el siguiente al de la incoación del proceso, para entretenerse en lo que se quiere presentar como una rutina periódica, es una coincidencia muy llamativa».
A pesar de que esta acción no «puede considerarse decisiva a efectos probatorios», sí tiene «relevancia probatoria». «La Sala concluye que la causa explicativa del borrado no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad, el señor García Ortiz”.
El siguiente paso del ex fiscal general del Estado será la presentación de un recurso de nulidad ante la misma Sala, que ya se da por hecho que será rechazado, dejando la vía libre para el recurso de amparo ante el Constitucional.
Tras conocer al detalle la sentencia del Tribunal Supremo contra el que fuera el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos ante la filtración del correo del novio de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía la comisión de un doble fraude fiscal, las reacciones en el plano político no han dejado de sucederse. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha cambiado de rumbo en sus palabras acerca de este proceso y fallo judicial.
El principal mandatario de La Moncloa ha defendido este martes que García Ortiz “lo que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía General” al no declararse culpable de la filtración ni revelación de datos reservados. De esta manera, ha situado el foco en el papel que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno en esta cuestión: “¡Quién tiene que pedir perdón es la señora Ayuso!”.
“Lo de menos es el hermano de la señora Ayuso, o el novio de la señora Ayuso, lo importante es ella. Lo grave es el señor Feijóo que se pliega ante ella”, ha terminado argumentando durante su intervención en el Centenario del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, en Madrid, y con una última frase con la que ha recordado al eclipse de Pablo Casado en su etapa al frente del Partido Popular.
En términos similares, ha cargado contra el argumentario del PP al conocerse la sentencia judicial: “¿Y hoy dan lecciones de qué, de una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?”, ha ahondado.
Sánchez, ante la gestión sanitaria del Madrid de Ayuso
Asimismo, ha cargado contra el modelo de gestión sanitario en sus gobiernos autonómicos: “Cuanto tú recortas, lo que sucede es que aumenten las listas de espera. Y luego el PP dice que como suben hay que dar a entidades privadas la gestión de hospitales antes públicos”, ha continuado reprochando, en clara alusión al escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid, donde la empresa gestora Ribera Salud recortó intervenciones y aumentó listas de espera en aras de obtener beneficios económicos internos.
No es la primera vez que, sobre esta cuestión, se pronuncia el presidente del Gobierno. Fue la pasada semana cuando, recién saltó públicamente el escándalo del hospital madrileño, Sánchez situó “el negocio de la sanidad privada en las listas de espera de la sanidad pública”, sin distinciones de comparación entre “los cribados de Andalucía, los recortes de Guardiola en Extremadura o la privatización de Ayuso en Madrid” al considerar que es “el mismo modelo”.
“No es Ribera Salud, ni Quirón, es el modelo del PP, hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro. ¿Que al final que es lo que hacen? Que le pregunten al novio de Ayuso”, reprochó entonces.
Ayuso celebra la sentencia contra García Ortiz
Bajo el mismo telón de fondo, y minutos antes de conocer estas últimas palabras de Sánchez, la principal mandataria del Ejecutivo de la Puerta del Sol también se ha pronunciado sobre el fallo al detalle que condena al ex fiscal general del Estado.
Ayuso ha tachado así de “muy triste” la que considera una “utilización de las instituciones por parte del Gobierno y su presidente”, pero ha apuntado a una segunda razón “positiva”, el “funcionamiento” del Estado de Derecho, celebrando así la condena firme del Supremo contra García Ortiz: “No se puede utilizar la Fiscalía General para atacar un adversario político, porque son instituciones de todos los españoles. Estas prácticas no pueden consentirse, y por eso han dado la vuelta al mundo, como hemos visto en estos días. Esto haría caer a plomo a un Gobierno en cualquier democracia liberal”, ha respaldado.
No obstante, con este fallo judicial, se ha constatado a su vez que el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y uno de los denunciantes en la causa, no podrá acogerse a la misma sentencia para anular las dos causas judiciales que pesan sobre él: la primera por el doble fraude fiscal -motivo de la filtración del correo que declinó en la causa contra el fiscal general- y la segunda por presunta corrupción en negocios y administración desleal.
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Este martes el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en la causa que investiga la filtración del correo electrónico en el que Alberto González Amador reconocía haber cometido dos delitos fiscales. Una sentencia, no obstante, que cuenta con el rechazo de dos de las magistradas de la Sala y sobre la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha pronunciado destacando que “quién tiene que pedir perdón es la señora Ayuso”.
Sin embargo, estas palabras del jefe del Ejecutivo han recibido una pronta respuesta por parte del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, quien ha acusado al presidente del Gobierno de “dictador”. A través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Rodríguez ha señalado que hoy “tendría que caer” el Gobierno. “Estás hundido. Eres un dictador. Hoy tendría que caer tu gobierno. Solo hay que ver tu cara: Ayuso te gana de largo. Tú no puedes salir a la calle: a ella la admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais Pá’lante”, ha espetado el jefe de Gabinete de la responsable de Sol.
Estás hundido. Eres un dictador. Hoy tendría que caer tu gobierno. Solo hay que ver tu cara: Ayuso te gana de largo. Tú no puedes salir a la calle: a ella la admiran. Tú y tu familia y tus adjuntos vais Pá’lante
Este mensaje llega después de las últimas palabras de Sánchez. Y es que el presidente del Gobierno no ha cambiado de rumbo en sus palabras acerca de este proceso y fallo judicial tras la publicación de la sentencia. El principal mandatario de La Moncloa ha vuelto a defender que García Ortiz “lo que ha hecho es defender la verdad y la institución de la Fiscalía General” al no declararse culpable de la filtración ni revelación de datos reservados.
De esta manera, ha situado el foco en el papel que ha tenido la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno en esta cuestión, ya que la causa se abrió por la filtración del correo del abogado de González Amador en el que reconocía haber cometido dos delitos fiscales: “¡Quién tiene que pedir perdón es la señora Ayuso!”.
“Lo de menos es el hermano de la señora Ayuso, o el novio de la señora Ayuso, lo importante es ella. Lo grave es el señor Feijóo que se pliega ante ella”, ha terminado argumentando Sánchez durante su intervención en el Centenario del fundador del PSOE, Pablo Iglesias, en Madrid, y con una última frase con la que ha recordado al eclipse de Pablo Casado en su etapa al frente del Partido Popular.
En términos similares, ha cargado contra el argumentario del PP al conocerse la sentencia judicial: “¿Y hoy dan lecciones de qué, de una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado?”, ha ahondado.
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El presidente de la plataforma Atenea, y exportavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, se ha querellado contra dos responsables del que era su partido tras las elecciones del 23J. La denuncia presentada ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción 13 de Madrid, que ha citado a dos miembros del Equipo de Cumplimiento Normativo de la formación ultra liderada por Santiago Abascal: Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro.
Según Espinos de los Monteros, Dávila y Navarro facilitaron a un determinado medio de comunicación datos privados de un expediente abierto en su contra a raíz de una denuncia presentada por tres concejales de la formación en Collado Villalba a través de los canales internos del partido. Ambos eran proclives a trasladarlo a Fiscalía, y esta lo archivó. Sin embargo, el contenido de la denuncia y sus detalles fueron publicados en un diario de prensa.
El que fuera portavoz ultraderechista siempre vinculó ello con la intención de su antiguo grupo político de fabricar una historia en su contra. Su única intervención en el asunto, según él, fue la de llamar a una de las responsables del partido en un pueblo y transmitirle que había una persona que quería explicarle las consecuencias de una votación. El PP y PSOE votaron a favor de la resolución que traía y Vox se abstuvo, que era lo que pensaba hacer desde el principio.
La denuncia transmitida a travvés del denominado canal ético de Vox, acabó difundida en prensa con alusiones a la documentación transmitida, considerada confidencial. Se acusaba a Espinosa de los Monteros de haber llamado por teléfono a la portavoz del grupo municipal de Vox en el referido municipio madrileño, Ana Isabel de Dompablo, para que se viese con un empresario de la construcción que estaría interesado en un proyecto que iba a votarse en el pleno municipal, el de Cantos Altos.
Palabra oculta
¿Eres capaz de descubrir la palabra de la memoria escondida en el pasatiempo de hoy?
Por entonces, Espinosa ya no ocupaba cargos en Vox. Pese a ello, el partido inició la apertura de un expediente que acabó en manos del Área de Cumplimiento. Dávila y Navarro contactaron con el presidente del think tank Atenea con el que mantuvieron distintas reuniones telemáticas a las que asistió en compañía de su abogada. A lo largo de todo el proceso se negaron a facilitarle detalles del expediente y, en el encuentro, se le informó de que la denuncia apuntaba a un posible conflicto de intereses a través de una comunicación con personas del partido destinada a dirigir su voto.
La querella apunta a que los dos responsables denunciados estaban encargados del expediente y tenían acceso a toda la documentación. Además, tenían la obligación de mantener la confidencialidad del contenido reservado del expediente. Para el exdiputado resulta evidente que el Área de Cumplimiento permitió que se distribuyera el contenido del expediente abierto a la prensa, incluyendo elementos muy concretos que solo podían conocer los cargos responsables de la investigación.
El juez se ha dirigido al partido político Vox para que remita el expediente completo e indique a qué personas, miembros del partido o ajenas a él, se ha dado acceso o han contado con una copia de la denuncia original. Las relaciones entre Vox y su antiguo portavoz del Grupo en el Congreso, están visiblemente rotas tras la salida de éste de la formación junto a varios miembros de la considerada «rama liberal«.
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Comenzó su trayectoria política a finales de los años 90 en el Ayuntamiento de Alcobendas. Allí ejerció como concejala y teniente de Alcaldía hasta el año 2007, cuando dio el salto a la Asamblea de Madrid. En dicha cámara ha sido diputada autonómica en varias etapas. Gran conocedora del PSOE de Madrid, solo interrumpió su actividad regional durante el periodo entre enero de 2023 y septiembre de 2024. Durante esos meses acompañó en Moncloa como principal asesora a Óscar López, que ejercía de jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Su nombre saltó a los principales titulares cuando al anterior líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, llevó a una notaría varios mensajes cruzados con ella en relación al caso de Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ese asunto desembocó precisamente en la salida de Lobato de la federación socialista madrileña. Su sustituto sería el propio López, que la eligió como secretaria de Organización. Pilar Sánchez Acera (Madrid, 1974) declaró hace unas semanas como testigo en el juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Allí negó que Moncloa estuviera detrás de la filtración de la confesión de la pareja de la presidenta madrileña. De este proceso y otros asuntos relacionados con la política madrileña habla en esta entrevista con Público.
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Entrevista completa a Pilar Sánchez Acera.
Usted
declaró como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado Álvaro
García Ortiz. ¿Qué valoración hace del fallo y la condena impuesta por el
Tribunal Supremo?
Yo creo que hay dos cosas que han quedado bastante claras. Una que es sorprendente ese fallo después de las declaraciones de tantos periodistas sobre esa posible filtración que existió de aquel correo. Muchos periodistas ya dijeron claramente que no fue del fiscal. Entonces es un poco sorprendente que se haya seguido dando vueltas hasta llegar a ese fallo. Pero también que todo esto parte de una situación bastante insólita, sorprendente y sobre la que todavía no se ha arrojado luz.
«El caso del fiscal general nace de una mentira perpetrada por Ayuso»
Y que nace de una mentira que perpetrada y montada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su gabinete en connivencia con la pareja de la señora Ayuso. Y no se ha dado todavía respuesta de por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid mintió diciendo que había una operación de Estado. Mintió diciendo que había una inspección salvaje contra su pareja cuando lo que a día de hoy todos sabemos es que se va a abrir ese juicio por presunto fraude fiscal y facturas falsas. Y también que sabemos perfectamente que hay otra pieza que se sigue investigando, la cual va sobre corrupción en los negocios.
¿Cómo
vivió desde dentro el juicio? El propio presidente del Gobierno apuntó durante
el transcurso del mismo que García Ortiz era inocente y
más viendo lo ocurrido ahí.
Mi figura era de testigo. Yo fui a aportar todo lo que podía aportar en ese juicio, que era bien poco porque ni conozco al fiscal general ni a nadie de la Fiscalía. Aquel documento que yo recibí vino de los medios, como también comenté.
Pero sí, es sorprendente saber que a veces se pueden retorcer las cosas para que la verdad no quede tan clara. Pero yo confío en la Justicia y estoy segura que todo saldrá como tiene que ser. España es un país garantista y además vivimos en Europa, que también da garantías en justicia.
“A Ignacio González se le pilló por un ático en Marbella. Pues a la señora Ayuso parece que también le van los áticos”
«La verdad se acabará imponiendo», ha dicho varias veces el presidente del Gobierno.
Yo estoy segura que será así. No soy de las que piensan que las injusticias salgan adelante. Al final la justicia se hace hueco en este país y en Europa.
«Ninguna
sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad de lo que está
pasando en la Comunidad de Madrid». Es una frase de Óscar López. ¿Qué es lo que está pasando?
Si lo relacionamos ya con la Comunidad de Madrid de una manera directa, aquí desde hace años gobierna el Partido Popular, el Partido Popular de la Gürtel, el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular de la Lezo y el Partido Popular ahora de Quirón y de la presidenta Díaz Ayuso que ha hecho en estos momentos de su apuesta por la sanidad privatizada la mayor de las fortalezas de su política. Hablamos de más de 5.000 millones de euros desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid a Quirón, a un grupo empresarial concreto con el que además tiene relaciones de vinculación económica su pareja. En el PSOE de Madrid siempre decimos lo mismo, que a Ignacio González se le pilló por un ático en Marbella. Pues a la señora Ayuso parece que también le van los áticos.
«Si echamos la cuenta, la familia de la señora Ayuso nos sale cara»
Desde
el PSOE de Madrid, a través de su secretario general, se ha denunciado la
impunidad de Isabel Díaz Ayuso en cuanto a los negocios de su pareja. ¿Qué se puede hacer para revertirlo si realmente existe esta impunidad?
En la Comunidad de Madrid el PP lleva muchos años gobernando. Eso ha hecho que tengan una red importante. Yo no diría clientelar pero si una una red de influencia también en muchos medios de comunicación que son garantes o deberían ser garantes también de la verdad. Y eso hace que haya noticias que se silencien, lo voy a poner entre comillas. Y podemos hablar en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de aquel episodio sobre las mascarillas, con el contrato este que tenía el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid que acabó con el señor Casado. Era un contrato de mascarillas de la propia Consejería de Sanidad de la que ella era presidenta. O podemos hablar también de aquel extraño préstamo que nunca se devolvió por parte de su familia en Aval Madrid de más de 300.000 euros. La verdad es que si echamos la cuenta la familia de la señora Ayuso nos sale cara.
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El préstamo de Aval Madrid de 300.000 euros, más 200 y pico mil que conozcamos de aquella comisión y luego todas las comisiones que tiene la pareja de la señora Ayuso, ese presunto fraude que también nos está costando a los madrileños. Pues sí, sale caro y parece que hay impunidad. Pero la impunidad se encuentra siempre con algo enfrente y es con que la mayor parte de los ciudadanos de esta comunidad no están en la película de aceptar que alguien la haga y no la pague. Así que no tengo ninguna duda de que la impunidad se va a acabar en las urnas a pesar de que hasta estos momentos el Partido Popular haya conseguido con esa red de influencia mediática que no traspase a mucha ciudadanía. Pero estoy segura de que va a traspasar.
Sánchez Acera, durante la entrevista en la redacción de ‘Público’.
«La impunidad de Ayuso se va a acabar en las urnas»
Una pregunta muy directa: ¿cree
que hay una persecución judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez?
Yo no voy a hablar de una persecución judicial. Creo que hay casos muy peculiares y que se inician todos con recortes de prensa que llevan a la Justicia organizaciones ultraderechistas.
Pero, insisto, en este país hay una cosa que se llama garantía judicial. Yo creo en las garantías, creo en la justicia, creo que que hay que ir pasando todas aquellas etapas por las que estamos pasando y que al final la verdad se impondrá.
Más
allá de esta cuestión en sí, ¿en qué situación se encuentran los servicios
públicos en la Comunidad de Madrid? Por ejemplo, hablemos de sanidad. Hace unos días se conocían unos audios del Hospital de Torrejón en los que el CEO del
grupo Ribera defendía aumentar el beneficio económico del centro.
La sanidad madrileña se encuentra en un punto bastante complicado. Quizás en un punto en el cual no sabemos si vamos a tener una posibilidad de retornar hacia lo que los madrileños pensábamos que era la mejor sanidad del mundo. En Madrid tenemos los mejores profesionales, tenemos hospitales de referencia nacional, que es donde se hace la mayor inversión. No solamente se invierte desde la Comunidad, también se invierte desde el Gobierno de España. Pero tenemos un modelo que empezó el PP hace ya muchos años y que a día de hoy lo que se demuestra es que está colapsando. Es ese modelo de colaboración público-privada.
«El modelo de colaboración público-privada de la Sanidad en Madrid está colapsando»
¿Por qué digo que está colapsando?
Porque cuando llega el momento de echar las cuentas y ver si la inversión de esos privados les está siendo rentable o no pues ahora se están dando cuenta de que no. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Pues mirar hacia otro lado cuando está bajando la calidad asistencial, como es en el caso del Hospital de Torrejón para sacar esos 4 o 5 millones de beneficios. Mientras que en el caso de Quirón, por ejemplo, lo que han hecho es abrir la caja y están pagando todo lo que les presenta Quirón. Y ya veremos si eso es posible o no es posible. Vamos a estar muy encima para que se fiscalicen todos esos pagos por encima de lo que estaba presupuestado que ha realizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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¿Barajan algún tipo de acción legal o judicial?
Vamos a ejercer todas las acciones legales y judiciales que podamos hacer en relación a estos contratos. No solamente del Hospital de Torrejón sino con los del grupo Quirón, que también ahí hay situaciones un poco complicadas de explicar por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
“A día de hoy en los presupuestos está contemplado el 0,4% del PIB para la universidad pública madrileña y deberíamos llegar al 1%”
También
hay un asunto en el que se ha incidido mucho, que es la infrafinanciación de las
universidades públicas. ¿Qué posición tiene el PSOE y qué se puede hacer para
revertirlo?
Lo que se puede hacer es invertir en la universidad pública madrileña. Tenemos que invertir en esa universidad.
A día de hoy en los presupuestos está contemplado el 0,4% del PIB para la universidad pública madrileña y deberíamos llegar al 1%. Es decir, hay más que duplicar el presupuesto que llevan las universidades públicas.
Y lo que hay que hacer es reestructurar los presupuestos de la Comunidad de Madrid y la fiscalidad y empezar a hacer políticas públicas que sean para toda la ciudadanía.
Y eso pasa pues por quitar esos beneficios fiscales y esos regalos fiscales que dan a los más ricos en la Comunidad de Madrid y empezar a invertir en cosas tan sencillas de decir y tan fáciles de poner en un presupuesto si se tiene voluntad como es en invertir en las universidades públicas de Madrid. O tener una ley de financiación adecuada, consensuada, participada por los rectores pero también por los estudiantes y también por el profesorado. Y poder tener también un sistema universitario de calidad.
Ya es un sistema universitario de calidad pero estamos hablando de un sistema universitario de calidad sostenible y de futuro.
Un
asunto de actualidad: ¿se ha gestionado mal el caso de las denuncias contra
Paco Salazar? ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha protegido de manera adecuada a las
mujeres que han denunciado?
Creo que tenemos que tener claro que lo primero es que cuando alguna compañera del PSOE se sienta agredida sexualmente o sienta que hay un abuso sobre su persona, o sienta que hay acoso sobre ella de cualquier compañero del partido, ya tiene un canal de denuncia anónimo. Yo sí que voy a pedir y sí que quiero pedir que las compañeras lo hagan, que denuncien en este canal y también que seamos responsables en el partido para aplicar ese protocolo del que nos hemos dotado. Porque no son situaciones fáciles para ellas pero sobre todo porque tenemos un compromiso con la ciudadanía y con este país. Cuando nosotros decimos que tenemos un protocolo que va a actuar para estos casos, tenemos que llegar hasta el final.
«Cuando alguna compañera del PSOE se sienta agredida sexualmente, tiene un canal de denuncia anónimo»
Y si pensamos en eso yo estoy segura de que no volveremos a tener ningún caso que no sepamos si ha ido rápido o ha ido lento porque estaremos cumpliendo con esos protocolos de los que nos hemos dotado, que necesitamos y que yo estoy segura que próximamente deberían estar en otros partidos políticos. Porque esto no solamente pasa en el PSOE.
La secretaria de Organización del PSOE de Madrid, en otro momento antes de la entrevista.
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¿Por
qué lleva el PSOE de Madrid más de 30 años sin gobernar la Comunidad? ¿Hay algún tipo de autocrítica?
Tuvimos el tamayazo aquel en 2003. Tras tener una mayoría de izquierdas no pudimos realizar ese cambio de Gobierno.
Segundo, en 2015 la suma de los votos de izquierda era superior a los de los votos de derecha. Tampoco pudimos gobernar porque en este caso la división a nuestra izquierda entre aquel Podemos e Izquierda Unida hizo que estos no llegaran al 5%. Se quedó a menos de un punto y provocó que entonces no se sacara ese diputado que faltaba para que la izquierda pudiera gobernar.
Y tercero, en 2019 el PSOE ganó las elecciones con el señor Gabilondo. Ahí estaba aquel partido que parecía que venía a regenerar en toda España, que era Ciudadanos, pero vimos que no venía a regenerar sino que era la muleta de la derecha y que consolidó una vez más al PP de los chanchullos, que es el de Madrid.
«En el PSOE de Madrid siempre que hemos estado a punto de gobernar luego nos echamos muy para atrás»
Pero sí hay autocrítica. La autocrítica es que siempre que no hemos gobernado y hemos estado a punto de gobernar luego nos echamos muy para atrás en vez de seguir diciendo: «Oye, ciudadanos y ciudadanas de Madrid, tenemos la oportunidad de cambiar esto y de cambiar el destino de nuestras vidas». Hacia un modelo mucho mejor, mucho más social, donde la igualdad de oportunidades la pongamos en el centro y donde haya crecimiento económico pero con reparto hacia todo el mundo.
Yo creo que eso es una de las grandes cosas que también ha hecho el Gobierno de España. Podemos crecer económicamente con un Gobierno de izquierdas y distribuir hacia a quienes más lo lo necesitan. Podemos crecer todos.
Usted
es secretaria de Organización. Una de las cuestiones que más se han visto en
las últimas décadas es la proliferación de familias en torno al partido. ¿Está
el PSOE de Madrid unido en estos momentos?
Yo veo al partido muy concienciado de que vamos a ganar en 2027. Y eso es lo que nos hace que ni hay familias, ni hay rencillas, ni hay desencuentros ni hay cosas que nos despisten. Tenemos claro que vamos a ganar más municipios en la Comunidad de Madrid y vamos a tener más alcaldes o alcaldesas. Tenemos claro que vamos a pelear por la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid en estos momentos es una de esas ciudades de las cuales el PP quiere echar a los jóvenes con estos precios que hay de la vivienda, está echando al comercio tradicional con estas apuestas por todas las franquicias y por los apartamentos turísticos. Está haciendo una ciudad absolutamente desconocida a lo que ha sido el Madrid de toda la vida.
«En 2027 va a haber una reacción contra ese abuso de poder que está llevando el PP en Madrid»
También estoy absolutamente segura de que va a pasar por el tema de las universidades públicas porque los jóvenes van a defender lo suyo. Y va a pasar por el tema de las residencias, de lo que pasó con aquellas 7.291 víctimas. Creo que hay bastantes elementos para que los madrileños y madrileñas en 2027 le digamos al PP que esté una temporadita en la oposición aquí en Madrid.
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¿Cómo
es la relación con el resto de partidos de izquierda, especialmente Mas Madrid?
En los tiempos de bloques que vivimos parece inevitable contar con ellos para
hipotéticos gobiernos.
En muchos gobiernos municipales estamos gobernando con ellos. Unas veces con mejor relación y otras veces con algunos desencuentros. Por cierto, con la dirección autonómica de Más Madrid los vamos resolviendo. Hemos resuelto algunas tiranteces en algunos municipios. Pero tenemos buena relación con Más Madrid.
No competimos con Más Madrid ni competimos con ningún partido de izquierda. Nosotros competimos con el PP, a quien queremos desbancar del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no tenemos ningún problema en pactar con otro partido como puede ser en este caso Más Madrid, que es referente a la izquierda de nuestro partido.
«No competimos con Más Madrid ni competimos con ningún partido de izquierda»
Antes me comentaba lo que sucedió en 2015 con el voto de izquierdas. Hemos hablado sobre Más Madrid, pero también están IU o Podemos. ¿Les preocupa que haya división?
Creo que cuanto más claro tengan los ciudadanos que la izquierda quiere gobernar en Madrid más facilidad vamos a tener y les vamos a dar para que se realice ese cambio.
Así que yo espero que los partidos que están a nuestra izquierda puedan reorganizarse y puedan sumar. Y que por otro lado nosotros hagamos esa propuesta atractiva de renovación de proyecto y amplia para la mayor parte de la ciudadanía de Madrid.
«Yo espero que los partidos que están a nuestra izquierda puedan reorganizarse y puedan sumar»
El PP ha infectado casi todas las instituciones de la Comunidad de Madrid. No hay nada que toques y no tenga. Esa Telemadrid, por ejemplo. El Consejo de Transparencia o la Cámara de Cuentas, por no seguir hacia otros espacios como la Fundación (Fundación para el conocimiento Madri+d) esta que se dedica a decir si las universidades lo hacen bien o lo hacen mal. Aquí en ella hemos visto que tienen de gerente a un exdiputado del PP y que fue también alcalde de Getafe. No se cortan ni un pelo. Luego critican mucho. Pero la señora Ayuso no se corta ni un pelo en poner a sus peones a remar para la privatización y para los negocios.
La extrema derecha cambia de vestuario para seducir a sus
votantes. Los candidatos usan americana, corbata y la venda del diálogo. Leif-Erik Holm ha dado un paso al frente en Alemania. Alice Weidel sigue
llevando la batuta, representa ese «rupturismo» con los nazis del siglo pasado, pero sabe que para mejorar los datos de las últimas elecciones debe seguir renovando la imagen de AfD. Jordan
Bardella también ha tomado las riendas en Francia. Le Pen tiene un futuro judicial complicado y necesita un relevo. Bardella tiene treinta años recién cumplidos, ha conseguido vender una imagen de moderado, al menos, más moderado que sus predecesores. Y triunfa en las redes. Lo mismo ocurre con Thierry Baudet en Países Bajos. ¿Qué sucede en España? Vox tiene
una estructura diferente, marcada por el «liderazgo fuertemente personalista» de Santiago Abascal.
El ascenso de Carlos Hernández Quero, no obstante, puede enmarcarse en esta estrategia
de rebranding a nivel mundial. El fondo es el mismo, cambian las caras.
«La
extrema derecha ha crecido gracias a una normalización perfectamente calculada. [Los líderes] han moderado sus formas, han ampliado la agenda y han explotado los miedos sobre
seguridad, identidad e incertidumbre económica. No se presentan como herederos del fascismo, sino
como defensores de la gente corriente«, señala Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant). La también profesora recalca además que los pactos con las fuerzas conservadoras, «tanto a nivel local como autonómico y nacional», terminan de diluir el estigma antifascista y hacen que sus programas se cuelen en el debate público.
Esta tendencia es prácticamente generalizada en Europa, también en otros países como Estados Unidos o India. ¿El resultado? La extrema derecha lidera las encuestas en Alemania, Francia y Reino Unido. Vox tampoco deja de crecer en España. Y sus homólogos han tocado poder en Italia, Finlandia o República Checa. «La clave está en adoptar discursos más pseudoizquierdistas para dirigirse a las clases trabajadoras. Es lo que conocemos como secuestro semántico. Los candidatos intentan presentarse como algo distinto de lo que los votantes asocian con el neofascismo y ponen en un segundo plano sus puntos más extremistas. Lo hacen para captar votos, sobre todo votos nuevos», advierte Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea y autor de Democracias en extinción: el espectro de las autocracias electorales (Akal). Las voces consultadas por este diario, no obstante, recuerdan que son muchos los partidos y países en los que conviven la vía de la «desdiabolización» y las intervenciones crudas, excluyentes y reaccionarias.
Los planes para desvincularse del fascismo de entreguerras empezaron a coger fuerza a finales de los ochenta y durante los noventa. Lo que pasa es que en la última década se han ido perfeccionando. Marine Le Pen, Giorgia Meloni y Alice Weidel son algunas de las figuras que mejor lo representan. «Las caras visibles han cambiado primero con los liderazgos femeninos. Y ahora están volviendo a reclamar atención con la entrada de perfiles nuevos, hombres jóvenes y elegantes, mucho más fáciles de presentar [en sociedad] que los dirigentes vinculados a la extrema derecha del siglo pasado«, desliza Arsenio Cuenca, sociólogo e investigador en l’École Pratique des Hautes Études de París. Los ultras quieren más. Y el margen de mejora tiene mucho que ver con la intensificación de ese rebranding.
La ¿modernación? de los ultras
El Diccionario de Cambridge define el rebranding como la estrategia comercial que se utiliza para «cambiar la forma en la que una organización o empresa es vista por el público». La extrema derecha es aquí el producto. Lo son las siglas. Y lo son los líderes. «El ascenso de nuevos perfiles evidencia este deseo por desradicalizar la
apariencia, no necesariamente los discursos, un deseo que funciona como hoja de ruta: actualizar las caras, mejorar la comunicación y presentar un envoltorio más normal para conectar con electores que rehúyen de los vínculos históricos«, insiste la politóloga Anna López Ortega.
Alice Weidel ha sido una de las últimas en entenderlo. La extrema derecha alemana está capitaneada por una mujer
relativamente joven para el partido AfD, lesbiana, con formación
académica y una ligera sensación de moderación con respecto a la generación anterior. «Las posiciones de la formación son más bien antifeministas y anti LGTBIQ+, pero saben mezclar los conceptos semánticos y consiguen parecer más aceptables. Esto explica el crecimiento de los partidos ultraconservadores en términos electorales. La llegada de candidatas mujeres ha reducido mucho el gap de género en Italia, Francia o Alemania», continúa Steven Forti. Merz ganó las últimas elecciones alemanas con Weidel rozándole los talones. Lo hizo además en un país en el que el recuerdo del nazismo sigue cuando menos presente.
Alice Weidel, líder de AfD.
¿El objetivo de la extrema derecha? No perder votos, penetrar en nuevos sectores. Y para eso no basta con una sola cara. Weidel tiene que alejarse –al menos, físicamente– de sus compañeros más extremistas, los que siguen evocando un pasado sangriento. Leif-Erik Holm asoma la cabeza desde el otro lado del tablero. El economista y hasta hace no mucho locutor de radio tiene cincuenta años, cara de muchos amigos. Holm viste en americana y camisa, se define como «un buen tipo»; podría ser el padre de tu mejor amiga, tu profesor enrollado de secundaria, tu vecino el del quinto, pero es la nueva promesa de la extrema derecha alemana. AfD quiere dar la batalla entre el electorado conservador, ponérselo difícil al actual gobierno de centroderecha. Y Holm es una pieza clave en esta partida de ajedrez. Las encuestas le dan de momento a la formación ultra la primera posición.
Marine Le Pen ha presentado a Jordan Bardella como su relevo natural, un hombre joven, «cuidadoso con sus discursos» y con una imagen más actual, vinculada sobre todo a las redes sociales. El patrón es prácticamente el mismo que en el escenario alemán. La patronal francesa y «algunos medios» están colaborando de manera activa con esta normalización. «La sensación de ruptura con la extrema derecha de hace veinte años resulta evidente, pero también vemos ligeras continuidades. Marine Le Pen llevaba tiempo trabajando en este rebranding del partido, hace no mucho votó a favor de blindar el derecho al aborto en la Constitución. Y los sondeos apenas muestran diferencias entre ella y Bardella, lo que demuestra que muchas veces pesan más las siglas y los discursos que las caras», sostiene Arsenio Cuenca.
La Finns Party llegó al poder como parte de una coalición en Finlandia. Lo hizo gracias al liderazgo de una mujer, «relativamente joven» y con «formación superior». Las fuentes consultadas por este medio destacan además su estilo «más institucional», menos bronco y conflictivo. Países Bajos, donde la extrema derecha también se disputa el Gobierno, tiene una situación similar. «La extrema derecha no necesita ir acompañada del
estereotipo clásico fascista para prosperar: basta con reconfigurar su marketing y su imagen pública, mantener sus mensajes clave adaptados a
preocupaciones reales», matiza Anna López Ortega. La seguridad y la migración son aquí dos elementos vertebrales.
Jordan Bardella y Marine Le Pen.
Hernández Quero y el nuevo votante de Vox
Vox también se ha dado cuenta de que tiene que pescar votos más allá de los barrios ricos y los vecinos de apellido compuesto. Abascal sigue controlándolo todo en el partido, pero ha ido dando paso –sutilmente– a nuevos perfiles, entre ellos, Carlos Hernández Quero. Este historiador de poco más de treinta años trabajó antes como investigador en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre 2016 y 2020. ¿Cómo puede contribuir al rebranding de Vox? Quero tiene la mirada puesta en el votante de izquierdas desencantado, lleva semanas haciendo refencias a problemas de cualquier familia humilde, como la vivienda. Lo que falta por ver es el impacto que puede tener su irrupción en encuestas y urnas.
«Vox ha intentado algo parecido a lo que han estado haciendo sus homólogos europeos, pero con un liderazgo tan personalista como el de Abascal, resulta más complicado. Hernández Quero puede venir a renovar los cuadros de la extrema derecha española, hablamos de una figura joven y mediática que encaja en la lógica del rebranding, sobre todo a la hora de competir en un entorno [Bruselas] en el que los ultras avanzan con envoltorios más profesionales y menos estridentes», añade Anna López Ortega. Vox quiere «hegemonizar todo el espacio de la derecha, cada vez más radical«, y por eso prefiere de momento moverse en una suerte de puzle que fusiona las dos estrategias. La antigua y la nueva; ni máscaras, ni disfraces. Steven Forti, de hecho, lo resume así: «Vox apuesta por la estrategia del rebranding en términos generales, porque utiliza un discurso más amable en según qué temas, pero no cambia en absoluto su marco ideológico. El rebranding que utiliza no trasciende como sí ocurre en otros países, por eso podemos definirlo como un rebranding de pacotilla».
A pocos días de que se cumplan cien años de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y del sindicato UGT, la agrupación local socialista de su villa natal, Ferrol, y la dirección de la formación en Galicia, han acusado al Partido Popular de boicotear la reposición de una placa de homenaje cuyo original fue destruido por los fascistas tras el golpe de estado de 1936.
Los
socialistas afirman que el Ayuntamiento, en manos del popular José Manuel Rey Varela, exconselleiro de Política Social en la Xunta con Alberto Núñez Feijóo, quiere ahora poner la placa en un lugar demasiado
apartado y escasamente visible, junto a un árbol seco, en una
ubicación alejada de las zonas transitadas y donde otra mención en
honor de Iglesias ya fue vandalizada hace años sin que los servicios municipalesla hayan reparado.
«Vamos
a pedir el apoyo de todas las agrupaciones de UGT y del PSOE de
España, proponiéndoles que envíen al Ayuntamiento de Ferrol una
reclamación oficial para que se coloque la placa en el lugar que
merece«, explica Ángel Mato, alcalde de la ciudad entre 2019 y
2023. «Es una cuestión de dignidad», añade.
A pie a Madrid huyendo del hambre
Pablo
Iglesias Posse, de cuya muerte se cumplen cien años el próximo
miércoles, fue un modesto tipógrafo nacido en 1850 Ferrol, que
emigró a pie con su madre de Galicia a Madrid huyendo del hambre y
la miseria tras la muerte de su padre. Criado en un hospicio de la
capital del Estado desde que tenía diez años, inició su carrera
política como columnista en los diarios donde empezó a trabajar
como aprendiz de impresor, hasta convertirse en el ideólogo y la
referencia clave del movimiento obrero en España a finales del siglo
XIX y principios del XX por su compromiso con la defensa de los
derechos laborales, el socialismo democrático, la organización
sindical, la educación pública y la lucha por la justicia social.
Tras
su fallecimiento en 1925, los
militantes del PSOE de Ferrol hicieron una colecta entre los vecinos
y encargaron
una placa conmemorativa al escultor Agustín López Miras que fue colocada en la
sede del antiguo consistorio. Representaba
su efigie, coronada de laurel junto a un joven con un martillo
encadenado a un yunque, como símbolo del trabajo y de los trabajadores. Querían rendir homenaje, según rezaba el texto grabado en el bronce, “a su
vida austera, al temple heroico de su voluntad y a la honradez en su
conducta”.
La ubicación donde el Ayuntamiento quiere colocar la placa en honor a Pablo Iglesias.
El
golpe de Estado del 36 triunfó en Ferrol en pocas horas y los
franquistas,
que se hicieron enseguida con la ciudad, iniciaron una represión
sanguinaria con centenares de asesinatos, que sumaría decenas de miles en toda Galicia y centenares de miles en toda España. La placa de Iglesias fue
retirada y destruida. Pasaron 64 años hasta que en
el 2000,
bajo el mando del regidor nacionalista Xaime Bello, el
fundador del PSOE y de UGT
recibió el título de hijo predilecto de la ciudad. Años después también se bautizaría con su nombre un pequeño parque a la
entrada de su barrio natal, Esteiro.
«Esto no debería ser objeto de debate político, porque de lo que se trata es de un acto de respeto democrático a la historia de Ferrol, de reparación y justicia»
Pasado el tiempo, durante unos trabajos de digitalización en los
astilleros públicos de Navantia, varios militantes descubrieron una
fotografía antigua en la que se veía la placa que había sido destruida por los franquistas. Decidieron de nuevo
hacer una colecta y, a partir de ella, encargar una réplica, que pensaron podía
situarse en la plaza que albergó el antiguo Concello, porque el edificio de la casa donde nació Pablo Iglesias ya no existe, o algún lugar emblemático. «Hablamos con el alcalde, le explicamos nuestra intención de restituirla y aunque en principio dijo que sí, luego fue poniéndonos dificultades, hasta que nos informó de que la ubicación sería en el parque, pero no en su entrada, sino en una zona alejada y oculta donde apenas se vería», lamenta.
Dictadura y represión
Ferrol
es una de las ciudades más icónicas de lo que representaron no sólo
la dictadura –allí también nació Franco, que la rebautizó
pomposamente como El Ferrol del Caudillo–, la
represión y el horror fascistas, sino también la lucha obrera
antifranquista. La memoria histórica y democrática está presente casi en
cada esquina y en cada familia. El propio Mato recuerda que su padre
fue trabajador de Bazán, que su abuelo paterno, secretario de
organización del PSOE, fue asesinado en 1934 durante el levantamiento de Asturias; y que su otro abuelo, oficial de la
Armada, falleció en prisión tras recibir tres sentencias de muerte
de un tribunal militar franquista por su lealtad a la República.
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El exalcalde también recuerda que la importancia de la figura de
Pablo Iglesias es anterior al franquismo, y que además trasciende la
rivalidad partidista y el combate de siglas. «Esto no debería ser objeto de debate
político, porque de lo que se trata es de un acto de respeto democrático a la
historia de Ferrol, de reparación y de justicia para con uno de los
mayores defensores de la libertad, la igualdad y la equidad social de
este país», añade Mato.
El
PSOE celebró el pasado octubre el acto de descubrimiento de la
placa, al que asistieron, entre otros, la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la
secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, y el
secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Pero la
agrupación local se ha negado a ubicar el monumento en el emplazamiento ordenado por el
Concello, y, tras guardarla en su sede, ha decidido exponerla en las
instalaciones del Ateneo Ferrolán, creado en 1879, el mismo año en que Iglesias fundó el PSOE. Hasta su clausura por el
franquismo, al tiempo en el que el partido era ilegalizado, el Ateneo fue uno de los principales motores de la vida social y
cultural de la ciudad.
El pasado 20 de noviembre, los socialistas denunciaron en la comisión institucional del Parlamento de Galicia la «censura política» del alcalde Rey Varela. «Lo que hizo hace años la dictadura, el PP pretende repetirlo simbólicamente hoy: apartar, ocultar y desnaturalizar un homenaje a una de las figuras fundamentales de la historia de la clase trabajadora», advirtió el diputado Aitor Bouza.
Público se ha dirigido al Ayuntamiento de Ferrol para obtener su versión de los hechos y ofrecer al consistorio y a su alcalde la posibilidad de responder a la acusación del PSOE de querer invisibilizar por «voluntad política» el recuerdo a Pablo Iglesias. A la hora en la que se terminó de redactar esta pieza, este diario no había obtenido respuesta a las llamadas y correos enviados a su gabinete de comunicación.
El arranque de la campaña electoral para las elecciones extremeñas amerita un minuto de reflexión para conocer las expectativas que tienen las formaciones en los comicios del próximo 21 de diciembre. Cada partido tiene previsiones muy distintas y fracasar tiene diferente acepción según la formación política. Las inminentes elecciones, adelantadas por María Guardiola, son un experimento del PP para poner distancia con el PSOE e intentar contener a Vox, pero las encuestas auguran que la extrema derecha puede arruinar los planes populares y convertirse en una fuerza con más poder que nunca en Extremadura.
Los programas electorales ya han sido publicados, a falta de Unidas por Extremadura, que promete hacerlo en unos días. La presidenta decidió dar por terminada la legislatura al comprobar que no tendría apoyos para aprobar los presupuestos autonómicos, que ya venían prorrogados desde 2024. Ante el bloqueo, Guardiola vio en las elecciones una jugada para ganar terreno electoral, una idea que suena cada vez más peregrina. Estas son las previsiones de los partidos políticos que actualmente tienen representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura.
PP: o mayoría absoluta o alas a la extrema derecha
María Guardiola y Alberto Núñez Feijóo durante un mitin del PP, a 4 de diciembre de 2025, en Don Benito,
Los planes de María Guardiola al convocar elecciones confiaban en rematar el año con una mayoría absoluta desde la que gobernar en solitario y sin presiones de la extrema derecha. Sin embargo, ese escenario cada vez parece más una utopía. El CIS apuntaba, en sus predicciones más optimistas con el PP, que Guardiola mejoraría tan solo un escaño respecto a 2023, alcanzando así los 29 diputados y muy lejos de la absoluta, para la que se necesitan 33 escaños. Por eso, Guardiola se ha lanzado a por el votante socialista que ahora rechaza al PSOE: «Aquí tienen una opción seria y responsable y pido la confianza», aseguraba en su último mitin, este jueves, antes de arrancar la campaña.
Para el PP, y en consecuencia para Alberto Núñez Feijóo, instigador del plan de convocar elecciones, sería un fracaso estratégico no conseguir una mayoría absoluta, aunque ser la formación más votada y revalidar el Gobierno sería un hito para el PP en Extremadura. Guardiola es la segunda presidenta popular tras José Antonio Monago, que gobernó cuatro años la región y rompió el monopolio del PSOE en la región entre 2011 y 2015.
PSOE: riesgo de un nuevo mínimo histórico
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general del PSOE de Extremadura Miguel Ángel Gallardo durante el primer acto de la precampaña en Mérida.
El PSOE es el partido más susceptible a encontrarse un resultado duro el próximo 21D. Los socialistas ya marcaron un mínimo histórico en 2023 con 28 escaños y el 39,9% de los votos, su dato más bajo en unas autonómicas extremeñas. En la formación consideran que si los resultados electorales se mantuvieran en porcentajes similares, pese al mal resultado, no sería considerado un fracaso. La mejor de las versiones que baraja el PSOE, liderado en estas elecciones por Miguel Ángel Gallardo, es pelear por reconquistar Extremadura, aunque son aspiraciones que no se sostienen, según lo publicado en las últimas encuestas. La presencia de Gallardo en el caso de David Sánchez, donde ambos están imputados por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y su posterior entrada como diputado en la Asamblea para estar aforado, ha condicionado la imagen del partido en estas elecciones.
Un fracaso indudable para los socialistas sería empeorar aún más sus resultados, ya de por sí malos. Y ese escenario parece muy probable. Por ahora, el CIS estima su porcentaje de voto en el 31%, un resultado que supondría su mínimo histórico casi 8 puntos por debajo de sus datos actuales, que actualmente marcan el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura. En su mitin de este jueves desde Plasencia, Gallardo pasaba por alto su imputación, presumía de sus hitos personales y centraba su mensaje en sus adversarios: «Pese a los obstáculos, no van a engañar a los extremeños», apuntaba el candidato en la única frase que podía entenderse como una referencia a su imputación, de la que siempre ha defendido ser un caso de lawfare.
Los socialistas están lanzados hacia el votante indeciso, que según el último CIS oscila en el 55%, que respondieron que votarán «lo que más les convenza» en el momento. Además, en la formación son conscientes de que será la primera vez en la que las elecciones municipales se separen de las municipales. Separar las papeletas puede pasar factura al PSOE, con una gran presencia en la región y una marca muy consolidada que podría compensar la mala acogida de Gallardo.
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Vox: el fracaso les queda lejos
El candidato de VOX en Extremadura, Óscar Fernández, interviene durante la clausura de un acto público del partido, a 2 de diciembre de 2025 en Villanueva de la Serena, Badajoz, Extremadura (España).
La extrema derecha es la única formación sobre la que no sobrevuela el miedo al fracaso. Óscar Fernández, candidato de Vox en la región, prevé duplicar las fuerzas de su partido en la Asamblea de la Junta de Extremadura. Los de Santiago Abascal quieren ganar presencia en la región y confirmarse como un aliado imprescindible para la gobernabilidad del PP.
Un fracaso para Vox estaría relacionado con su pérdida de protagonismo, y eso solo podría ocurrir con una mayoría absoluta del PP, aunque si mantuviesen sus actuales resultados, cinco diputados, también se vería como una mala noticia después de muchos meses con previsiones muy optimistas.
Unidas por Extremadura: aprovechar la crisis del PSOE
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, durante una reunión con la presidenta de la Asamblea de Extremadura.
La formación progresista, coalición entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, tiene actualmente cuatro diputados y han recibido con mucho optimismo el último CIS, que les mejora hasta los seis escaños su resultado del 21D.
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La lista encabezada por Irene de Miguel vería como un fracaso inapelable no llegar al 5% de los votos, mínimo exigido para obtener representación parlamentaria, aunque no parece un escenario probable. En cuanto a las expectativas favorables, alcanzar los seis escaños supondría igualar el máximo histórico de la izquierda alternativa en la Asamblea extremeña, logrado por Podemos en 2015. Los más cautos, conscientes del aumento ultra y de la crisis de la izquierda alternativa, celebrarían mantener los cuatro diputados que tienen actualmente, aunque esperan verse beneficiados de la crisis que atraviesa el PSOE.
Los audios desvelados por ElPaís del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenando aumentar las listas de espera en el hospital público de Torrejón para ganar más dinero, han desatado una tormenta política y sanitaria. Tanto es así que el Ministerio de Sanidad ha anunciado una investigación para comprobar si hay irregularidades en el centro hospitalario y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado al respecto, recordando el caso de corrupción que envuelve al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
“El negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública”, ha señalado Sánchez en un acto en Extremadura por las próximas elecciones. “Da igual que sean los cribados en Andalucía, o los recortes de Guardiola en Extremadura, o la privatización de Ayuso en Madrid, siempre es el mismo modelo. Que es lo que hacen primero, recortar, y como recortan, aumentan las listas de espera. Luego dicen tenemos listas de espera y no tenemos recursos, hay que contratar a la privada. Con convenios o la gestión directa de empresas privadas de hospitales antes públicos”, ha añadido.
De la misma forma, el presidente del Gobierno ha señalado que la consecuencia de los recortes en sanidad es “el aumento de las listas de espera y la privatización de la sanidad pública”, así como “el negocio de tres a costa de la sanidad de todos”. “No es Ribera Salud, ni Quirón, es el modelo del PP, hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro. ¿Que al final que es lo que hacen? Que le pregunten al novio de Ayuso”, ha rematado.
El líder del PSOE ha hecho referencia con estas declaraciones al caso por el cual González Amador, que trabaja para el gigante de la sanidad privada que ha multiplicado su presencia en la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso, se enfrenta a una pena de prisión por fraude fiscal.
Por ello, Sánchez ha llamado al voto para enfrentarse a este modelo privatizador de la sanidad pública que protagoniza el PP en las comunidades donde gobierna: “Si hay un argumento el 21 de diciembre es ese: gobiernan contra la gente de a pie para beneficiar a cuatro de arriba”. Al respecto, ha sacado pecho de la gestión que ha llevado a cabo su Gobierno desde 2018, cuando llegó a La Moncloa, en materias como las pensiones, la subida del salario mínimo interprofesional, el incremento de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas…
Además, Sánchez ha querido hacer gala de su orgullo por el crecimiento económico que está experimentando España con sus políticas, que lo hace al 2,9%. Y pese al tenso momento en el que se encuentra la legislatura, con el bloqueo de Junts, los casos de presunta corrupción que envuelven a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán o las denuncias de acoso contra su exasesor Francisco Salazar, el líder del PSOE se ve gobernando más allá de 2027: “La izquierda ni pide perdón ni permiso para gobernar y eso es lo que vamos a hacer hasta 2027 y lo que vamos a hacer después de 2027, volviendo a ganar las elecciones en España”.
Sanidad abre una investigación
Tras el escándalo, la Alta Inspección del Ministerio de Sanidad ha abierto una investigación para comprobar si se han producido irregularidades en el hospital de Torrejón. En concreto, el ministerio dirigido por Mónica García quiere saber si se han vulnerado derechos de protección de la salud pública después de escuchar los audios en los que el CEO de Ribera Salud ordenaba alargar las listas de espera para incrementar los beneficios económicos.
Además, García ha pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que abra dos investigaciones. Por un lado, reclama una investigación “exhaustiva” a Ribera Salud para confirmar que no existen “vulneraciones contractuales, asistenciales o éticas”, y por el otro, pide ampliar esta investigación al resto de hospitales públicos de gestión privada para asegurarse de que este tipo de prácticas son “aisladas” y no forman parte de “una dinámica más amplia”.
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El grupo neonazi The Base prepara a sus militantes en distintos países para cometer actos terroristas. Los responsables internacionales de esta organización, cuyos activistas en España fueron detenidos el pasado 24 de noviembre por la Policía Nacional, cuenta con un manual en el que se instruye a sus miembros sobre cómo actuar a la hora de cometer asesinatos.
Público ha tenido acceso a un documento de 55 páginas que fue distribuido por The Base el 27 de septiembre de 2024 a través de su cuenta en la red social rusa VK. El líder internacional de esta organización, Rinaldo Nazzaro, es un ciudadano estadounidense que colaboró con el Departamento de Seguridad de EEUU entre 2004 y 2006 y que desde 2018 vive en San Petersburgo. Desde allí coordina y radicaliza a los miembros de la red, que contaba con una célula en Castellón.
La Policía Nacional detuvo el día 28 a tres integrantes del grupo e incautó dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas y un completo equipamiento táctico militar, además de material de apología nazi. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó este martes el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto líder de la célula terrorista en España.
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El manual en inglés distribuido por los responsables internacionales de este grupo al que accedió Público está repleto de instrucciones sobre cómo actuar en enfrenteamientos contra los «enemigos», e incluso incorpora gráficos sobre las posiciones que los terroristas deben ocupar en los ataques para lograr sus objetivos criminales.
Las células que forman parte de este grupo reivindican la defensa de los ciudadanos «blancos» de sus respectivos países y plantea formar un «etnoestado» racista. Para ello optan por el aceleracionismo, una teoría que propugna la violencia xenófoba y el terrorismo de ultraderecha.
«El fuego inesperado lo desconcertará»
Según ha verificado Público, el documento con instrucciones para sus militantes está basado en los contenidos de un manual táctico elaborado por Max Velocity Tactical, una empresa de entrenamiento militar ubicada en Virgina Occidental (EEUU).
El grupo terrorista The Base señaló el 27 de septiembre en su perfil en la red social VK que este documento «contiene varios capítulos importantes del libro de Max Velocity sobre tácticas para unidades pequeñas». «Es una lectura imprescindible para cualquiera que esté interesado en unirse a The Base«, añadió. El documento cuenta con varios apartados subrayados en azul por los neonazis para destacar su importancia.
«Tu
respuesta inmediata y disciplinada tiene como objetivo confundir al enemigo y
desequilibrarlo, con la esperanza de que entre en pánico, lo que te permitirá
recuperar y mantener la iniciativa. El fuego inesperado procedente de una
dirección inesperada lo desconcertará», señala el documento.
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Las células de The Base distribuidas por varias zonas de EEUU y por distintos países europeos –entre los que figuraba España– cuentan con armamento y realizan prácticas de tiro, según consta en varios videos visualizados por Público.
El auto dictado por la Audiencia Nacional establece que el líder de la célula española de este grupo » ha realizado labores de adiestramiento a terceras
personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases
de armas en los alrededores de su localidad» en la provincia de Castellón, «en los cuales se han observado a varias personas en sus
prácticas».
El manual militar distribuido por el grupo incide precisamente en la necesidad de efectuar ejercicios que permitan coordinar «tácticas» para» derrotar al enemigo». Entre los consejos sobre cómo perpetrar sus crímenes figura la recomendación de efectuar «dos disparos rápidos y certeros: apuntar, disparar,
disparar».
El documento incluye además instrucciones sobre la forma de actuar ante casos de «enfrentamientos», previsiblemente con fuerzas policiales. «Si te
disparan y hay alguna duda, o no puedes ver al enemigo, la prioridad es ponerse
a cubierto«, explica. Seguido, insta a responder «con fuego adecuado».
Por otro lado, el manual aporta recomendaciones sobre cómo actuar en caso de un enfrentamiento desde una «barricada», lo que incluye utilizar como barrera de protección el capó de un vehículo. «Cuando se utiliza una cobertura, es importante ocultar la mayor parte posible del cuerpo detrás de ella. Esto suele significar que, para un tirador con el lado fuerte a la derecha,
disparará alrededor del lado derecho de la cobertura», afirma.
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Destaca además que «en un entorno boscoso» los árboles «se utilizan para proporcionar cobertura adicional frente a la vista y el fuego, a una distancia prudencial
de ellos». «Si te acercas o te alejas del enemigo,
utilizarías los árboles para situarte detrás de la oscuridad de
sus troncos, de modo que, mientras te mueves, el enemigo no
pueda dispararte y, por lo tanto, estés cubierto mientras te desplazas. Esto
no solo se aplica a los árboles, sino a cualquier objeto sustitutivo», afirma.
«Los fusiles estarán listos»
En otro apartado, el manual de obligada lectura para los militantes del grupo neonazi señala cómo actuar bajo una lluvia de balas: «Mientras
te concentras en el fuego enemigo, estarás respondiendo agresivamente con fuego
reflejo y, al mismo tiempo, disparando en movimiento mientras te pones a
cubierto. Por lo tanto, el debate sobre disparar o ponerse a cubierto es
irrelevante: harás ambas cosas y, así, protegerás a tus compañeros y, con
suerte, evitarás ser alcanzado, lo que te permitirá seguir luchando».
También hay instrucciones sobre los pasos a seguir en caso de una operación de asalto. «El enemigo puede estar muerto, herido, escondido o
haberse desplazado a otra posición. Durante el asalto, el elemento asaltante
avanzará a un ritmo constante, pudiendo disparar con precisión desde la
posición de marcha. Los fusiles estarán listos y los fusileros estarán atentos
a cualquier enemigo oculto», subraya.
El documento obtenido por este periódico incide en las características de esos ataques: «Utilizando información sobre la ubicación, el terreno, el
número de efectivos, las capacidades y el estilo de vida/rutinas del enemigo,
junto con las capacidades de las fuerzas amigas, se creará un plan».
«En una incursión, sabes dónde está el enemigo, te diriges a él y lanzas un ataque sorpresa», subraya. Explica a continuación que «este ataque comenzará inicialmente con una descarga de fuego de apoyo, antes de que los elementos de asalto avancen».
Granadas como «dispositivo de choque»
El manual ofrece indicaciones sobre la utilización de granadas de fragmentación. «Se
recomiendan para espacios cerrados, como habitaciones, búnkeres o trincheras.
Usarlas en exteriores o en zonas boscosas aumenta el riesgo de accidentes
amistosos. No intentes lanzarlas a través de ventanas; en su lugar, coloca la
granada por la abertura y déjala caer», indica.
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Destaca además que «las granadas de fragmentación no son tan peligrosas como se suele creer y no se puede confiar en ellas para despejar un espacio; se utilizan mejor como dispositivo de choque, seguido de una acción decisiva».
La imagen de pacientes hacinados en los pasillos ha dejado de ser noticia. Se ha normalizado que falten camas en los hospitales y que el personal sanitario denuncie el desbordamiento del sistema público. A casi nadie le sorprende ya que su centro de salud dé cita para dentro de un mes o que acudir a Urgencias se convierta en una odisea interminable. ¿Por qué esto ya no impresiona? ¿Era previsible que se llegara a este punto? Quizá sí. Tal vez ha podido influir que sanitarios y pacientes lleven años advirtiendo de las grietas de un sistema que se cae a pedazos.
Se vio este verano, con el cierre de camas, las plantillas bajo mínimos y unos refuerzos «insuficientes». También se sufrió el otoño pasado, cuando las infecciones respiratorias estacionales arrasaron unos centros ya debilitados. Y también el año anterior, y el otro, y el de antes. ¿Y este? El cuento de nunca acabar. Aunque ahora con un «pequeño» matiz: la gripe se ha adelantado varias semanas respecto a lo habitual. ¿La consecuencia? Ya se conoce. Más colapso, más desgaste y un sistema público que vuelve a quedarse sin aire.
Así lo corrobora Antonio Blanco. Es médico de Urgencias en el hospital madrileño 12 de Octubre. Reconoce a Público que la hospitalización está desbordada: «La planta no da abasto y muchos ingresos se quedan atascados en Urgencias. Eso dispara el sobreaforo y complica la atención». El resultado es inmediato. «Pacientes graves acaban esperando en un sillón o en una camilla improvisada, cuando deberían estar ingresados en una cama, monitorizados y con una vigilancia adecuada. Aumenta el riesgo y disminuye la seguridad«. Los sanitarios sufren. «Sientes frustración y miedo. Sabes que el sistema, sin esta presión asistencial, podría ofrecer mucho más«, se desahoga. Pese a todo, Blanco reconoce que en su hospital se han incorporado refuerzos y se han activado algunas medidas para intentar descomprimir la presión asistencial.
Gloria Hernanz, trabajadora en el hospital La Paz: «Hacinados unos encima de otros… perfecto para que una epidemia se propague»
Gloria Hernanz trabaja en el Servicio de Urgencias del Hospital La Paz. «A las 13.00 horas de este miércoles había 80 pacientes pendientes de ingreso. La ocupación es tremenda, hacinados unos encima de otros… perfecto para que una epidemia se propague», dice en conversación con este diario. Achaca que la falta de personal es estructural: «Esto lleva todo el año así. La gestión del hospital deja mucho que desear frente a los problemas diarios con pacientes y trabajadores». Según Hernanz, el plan de ajuste económico vigente desde el año pasado en Madrid ha recortado aún más la cobertura de personal. No se limita al servicio de Urgencias: «En la planta de Cardiología estamos en mínimos. Llevamos una semana pidiendo cobertura por dos enfermeras de baja y hasta el día 21 de diciembre no las sustituyen. El próximo fin de semana, en turno de noche, habrá una sola enfermera para 28 pacientes. Si ocurre algo grave, no habrá quién lo atienda».
Este medio también ha recogido denuncias similares en distintos puntos del país. En A Coruña, una paciente presentó una reclamación —a la que ha tenido acceso Público— tras pasar 31 horas en una camilla en el pasillo de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) antes de ser ingresada. Desde el propio centro aseguraron a Público que el servicio no está colapsado, sino que «afronta un incremento de la demanda propio de estas fechas». En Santiago de Compostela, Fernando Abraldes, presidente de la Asociación de Pacientes y Usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), confirma a este diario que los pasillos vuelven a estar llenos de pacientes. Según explica, en las últimas 24 horas se registraron 517 atenciones y una ocupación del 89%, «lo que implica que habría hasta 166 camas físicas susceptibles de ser utilizadas si se asignara personal médico y de enfermería».
Antonio Macías, UGT Andalucía:
«El sistema está tan cogido con pinzas que cualquier aumento de presión hace saltar todo por los aires»
La situación se repite en Andalucía. Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT Servicios Públicos, sostiene que el colapso es generalizado. «El sistema está tan cogido con pinzas que cualquier aumento de presión —esta vez, la gripe— hace saltar todo por los aires. El desbordamiento empieza en Urgencias, se traslada a los quirófanos, después a las plantas… y al final se desviste un santo para vestir a otro. Es un despropósito propio de un sistema con una gestión muy mejorable», resume en conversación con Público.
Un ingrediente más se suma a la situación de colapso. Los niveles de incidencia de gripe en España son tres veces superiores a los del año pasado. En Catalunya, la situación tampoco mejora: según los datos del Sistema de Vigilancia de las Infecciones en Catalunya (SIVIC), la incidencia sigue en ascenso y con un aumento más pronunciado que en temporadas anteriores. Entre el 17 y el 23 de noviembre, se registraron 81 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque todavía se considera un nivel bajo, las previsiones apuntan a que podría superar el umbral moderado en apenas dos semanas. Además, se observa un repunte del virus respiratorio sincitial (VRS), aunque su circulación por ahora sigue en niveles basales.
Los niveles de incidencia de gripe en España son tres veces superiores a los del año pasado
La consellera Olga Pané advirtió este miércoles en Catalunya Ràdio de que la comunidad está a punto de entrar en nivel alto de circulación —218 casos por cada 100.000 habitantes— y que el pico epidémico coincidirá de lleno con las fiestas navideñas. Según aclaró, la presión actual ya «ocupa» buena parte del sistema sanitario, y varios hospitales catalanes empiezan a notar signos claros de saturación. Público enumera en un artículo las comunidades autónomas y los centros donde es posible vacunarse contra la gripe sin necesidad de pedir cita previa.
¿Qué está fallando?
¿Por qué se repite el colapso año tras año? ¿Qué está fallando en la gestión sanitaria? Para Miguel Barrueco, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la respuesta es clara: si no se actúa sobre las causas, el problema se reproduce una y otra vez. «No solo no se han incrementado las camas ni las plantillas, sino que en algunos casos incluso se han reducido. Y seguimos con plantas cerradas que deberían estar operativas«, denuncia en declaraciones a Público. El resultado, dice, es inevitable: «Mismas causas y mismas decisiones conducen a las mismas situaciones, con una población cada vez más envejecida».
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Barrueco subraya que esta falta de recursos obliga a gestionar camas y personal «al límite», lo que dispara el burnout y, en consecuencia, las bajas entre los profesionales. «El sistema no se hunde gracias a la entrega de quienes trabajan en él. Pero no se puede sostener así», insiste. «La asistencia sanitaria cuesta dinero. No hay soluciones mágicas. Lo sensato, casi siempre, es aplicar criterios de sentido común».
Pacientes esperan por un/a médico para poder ser atendidos, en Catoira (Pontevedra).
Para Xosé María Dios, médico de familia jubilado que ejerció en el municipio rural y costero de Outes (A Coruña), el origen del problema está en una Atención Primaria «languidecida». En Galicia, recuerda, la situación es especialmente grave: «De los 313 ayuntamientos de la comunidad, unos 200 carecen de pediatra». «Los centros de salud funcionan con menos personal y menos recursos, así que las consultas se desbordan con 50 o 60 pacientes al día», explica. En ese escenario, completa, muchas personas optan por buscar alternativas: «La ciudadanía termina acudiendo a los PAC o directamente a las Urgencias hospitalarias por problemas que, en condiciones normales, deberían resolverse en Primaria«.
Desde el sindicato SATSE Madrid alertan de que el Plan de Invierno no puede implementarse eficazmente cuando los centros asistenciales ya muestran signos de saturación por la gripe. «Tememos que vuelva a fracasar, como ocurrió el año pasado; las urgencias ya están desbordadas, con más pacientes que camas disponibles». El sindicato pone ejemplos sobre la mesa: «La Urgencia de La Paz amaneció el miércoles con 128 pacientes ingresados, pese a contar solo con 116 camas. Todo el servicio estaba atendido por apenas 16 enfermeras por turno». Reprochan que «harían falta, al menos, 2.000 enfermeras adicionales Servicio Madrileño de Salud para garantizar condiciones laborales mínimas y poder atender con seguridad a la población».
Lo último que se sabe es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han logrado, por fin, cerrar un acuerdo en la Comisión de Salud Pública para aplicar un plan común frente a la gripe y otros virus respiratorios. El documento recupera entre sus medidas el uso de mascarilla en centros sanitarios, junto a otras actuaciones destinadas a mitigar el impacto de la ola vírica.
Terminó la espera. El polémico libro que reúne las memorias de Juan Carlos I ya está en las librerías españolas. Sin haber estado aún publicado, Reconciliación, título bajo el que recoge numerosos recuerdos de sus años como monarca, venía provocando ya una enorme controversia por algunos pasajes que se han podido conocer en estos meses y que, lejos de de conseguir el objetivo del rey emérito de ofrecer una versión de diferentes hechos con la que lavar su imagen, ha vuelto todavía más grandes heridas que, aunque no se habían cerrado, en estos momentos no se les estaba prestando mucha atención.
Tras haber sido publicadas primero en Francia, las memorias de Juan Carlos I ya pueden adquirirse en España. Un libro que ha hecho que a la Casa Real vuelva a dolerle la cabeza por las actuaciones del emérito y que, desde ayer, ya permite encontrar nuevos capítulos que se suman a los ya conocidos. En las 512 páginas que reúnen las anécdotas que el Borbón ha querido plasmar hay de todo y, aunque se plasman recuerdos familiares y hechos que pueden resultar curiosos sin provocar irritación, hay otros episodios de su vida de los que da su opinión que, sumados a los que ya se habían podido conocer, vuelven a generar un intenso debate en torno a su persona.
Durante las últimas semanas, Juan Carlos I ha copado numerosos titulares por las alabanzas realizadas a Franco en este libro, su particular perspectiva sobre su exilio a Abu Dabhi del que entiende se produjo por haberse adulterado las noticias sobre su patrimonio en paraísos fiscales, el cariño mostrado a la reina Sofía tras años de posibles infidelidades, las críticas a Letizia y otra serie de elementos incluidos en estas páginas que han hecho que la imagen pública del emérito vuelva a pasar por un momento de crisis nuevamente.
Entre los nuevos pasajes que la publicación del libro está permitiendo conocer y que vuelven a despertar controversia, su opinión sobre las Leyes de Memoria, de las que afirma «reavivan viejas heridas y el espíritu de venganza», considerando que solo se presta atención a las víctimas de un bando.
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Si bien, no son estas las únicas anécdotas llamativas incluidas en Reconciliación, ya que hay otras que no generan tanto debate por ser circunstancias más del día a día y relacionadas con el estilo de vida de Juan Carlos I. Así, reúne el libro reúne también numerosos recuerdos personales que permiten echar un vistazo a aspectos menos conocidos de su vida cotidiana y de su trayectoria como jefe del Estado. Entre los detalles más llamativos, el monarca emérito confiesa hábitos que mantuvo durante años, como fumar hasta dos paquetes de tabaco al día.
El libro también incluye escenas familiares no tan cargadas de polémica como las críticas a Letizia o los mensajes que dejó a Felipe VI. De esta manera, hace mención a sus Nochebuenas en la residencia real, donde las reuniones permitían el encuentro de hijos, sobrinos y primos. Una tradición que culminaba con la misa del Gallo. En 2020, ya instalado en Abu Dhabi, siguió la eucaristía de manera telemática gracias a una pantalla que su familia colocó en la iglesia, un gesto que simboliza tanto la distancia como el vínculo afectivo que aún conserva.
Entre los pasajes más pintorescos destaca su relación con los animales. Recuerda que en Zarzuela llegó a tener siete perros, que durante su formación militar convivió con un mono y que en sus primeros años de reinado tuvo dos guepardos. El primero, regalo del emperador Haile Selassie, murió por una indigestión de pájaros; el segundo, obsequio de la hermana del sha de Irán, lo donó al zoo de Madrid después de que se abalanzara hacia un kart que pilotaba el entonces príncipe Felipe.
Si bien, aunque estas partes resulten menos polémicas, el conjunto del libro del emérito está marcado por la manera en la que ve distintos acontecimientos que marcaron su mandato y que evidencian una escasa autocrítica de los errores cometidos.
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El juez titular del juzgado de instrucción número 41 de Plaza de Castilla, Juan Carlos Peinado, responsable de la instrucción del caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acumula desde el 24 de abril de 2024 -día en que estalló el proceso de investigación judicial- una ristra de bandazos y singularidades que han detonado un hedor a irregularidad constante. Desde los recortes de prensa, hasta el timing de las citaciones y pasando por las demandas de conciliación a miembros del gobierno y del PSOE.
Peinado expulsó a Manos Limpias de la causa al no haber enviado el justificante de pago de la fianza para seguir siendo acusación popular en el proceso judicial y tras las declaraciones de su líder, pero días después la recuperó como acusación. Y ahora sopesa desimputar al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Además, la Audiencia Provincial de Madrid revocó varias de sus decisiones desde finales del verano y tuvo que archivar la causa a una alto cargo de la Moncloa.
Cronología del caso
El 29 de mayo de 2024, un mes después de los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez, la Audiencia Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, aceptando la petición del juez Peinado. El 4 de junio de 2024, Gómez fue llamada a declarar como investigada y dos días después, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se persono en la sede de la sociedad pública Red.es por orden de la Fiscalía Europea para recopilar datos sobre el caso.
El 5 de julo de 2024, Gómez acudió a los juzgados de Plaza de Castilla para comparecer como investigada y aseguró que no tenía conocimiento de la causa, por lo que Peinado decidió posponer la declaración. Dos semanas después, el 19 de julio de 2024, la mujer del presidente se acogió a su derecho a no declarar y el magistrado imputó a Juan Carlos Barrabés, quien ocupara hasta entones la categoría de testigo, y le citó diez jornadas después.
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El 22 de julio de 2024 Peinado citó a declarar como testigo al Presidente desde la Moncloa con un formato de audio e imagen. El 30 de julio de 2024, Sánchez se acogió a su derecho a no declarar por ser el cónyuge de la investigada y, horas después, Sánchez se querelló contra Peinado por prevaricación judicial. El 2 de agosto de 2024, Gómez presentó otra querella por presunta prevaricación y revelación de secretos contra quien la investiga. Una semana después, la Fiscalía rechazó investigar al juez y señaló a la acusación de difundir secretos de la investigación.
El 7 de octubre de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid, tras los recursos presentados por el abogado de Gómez y por la Fiscalía, exigió al juez Peinado acotar la investigación y eliminar aquellas acusaciones relacionadas con el rescate público de Globalia en 2020. Este fallo estaba previsto para el 30 de septiembre, pero la deliberación se suspendió porque Peinado no presentó en tiempo y forma el documento de uno de los recursos. Una semana después, la Fiscalía de Madrid rechazó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitiera a trámite la querella que interpuso Gómez contra el juez Peinado. Sí apoyó la admisión a trámite de la querella que interpuso Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado contra Peinado. Finalmente, el TSJM se negó a estudiarla cuatro días después al “no apreciar” motivos para abrir una investigación contra el juez.
El 29 de octubre de 2024, jornada de la dana de Valencia, Peinado amplió la investigación por presunta apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con su participación como codirectora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), admitiendo una querella de la asociación Hazte Oír, y la citaba a declarar el 18 de noviembre. El 13 de noviembre de 2024, Gómez no declaró en la Comisión de Investigación celebrada en la Asamblea de Madrid. El 18 de noviembre de 2024, el magistrado encargado de la investigación decidió imputar a Juan José Güemes, presidente del IE Business School desde 2010, al apreciar el juez contradicciones en sus explicaciones sobre la contratación de la mujer del presidente del Gobierno como directora de la fundación IE África Center.
El 26 de noviembre de 2024, la defensa de Gómez presentó ante el juez diversos correos electrónicos que evidenciaban que la asesora de La Moncloa, María Cristina Álvarez, participó en gestiones de la UCM mientras Gómez codirigía uno de sus másteres. En uno de estos mensajes, la universidad le pedía que firmase la propuesta de pliego de adjudicación del software asociado a su cátedra. El 18 de diciembre de 2024, Gómez declaró ante el juez Peinado. Lo hizo respondiendo únicamente a las preguntas de su defensa y negando cualquier irregularidad en la cátedra. También se desvinculó de la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés. Dos días después, el 20 de diciembre de 2024, Álvarez declaró como testigo ante Peinado, a quien explicó que fue contratada en 2018 para asistir a Gómez para gestionar su agenda pública y privada, y llevar un control de sus actividades a efectos de seguridad.
El 4 de febrero de 2025, Peinado imputó a la asesora de La Moncloa por presunto tráfico de influencias y corrupción por su participación en los hechos instruidos en la causa y la citó a declarar días después. El 26 de febrero de 2025, Álvarez compareció ante el juez y negó haberse servido de su cargo en beneficio suyo o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la UCM. El 10 de marzo de 2025, se conoció que el juez Peinado citó a declarar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Días después, el magistrado rechazó la petición de Bolaños de declarar por escrito.
El 3 de abril de 2025, Peinado programó seis meses más la instrucción del caso al estar pendientes varias diligencias clave que no podrán completarse antes del 16 de abril, fecha en la que vencía el plazo. 13 días después, Bolaños declaró como testigo y señaló que no intervino en la decisión de contratar a Álvarez y que no sabía de quién partió la iniciativa. El 16 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid decidió revocar la condición de investigados Güemes y Goyache, aunque mantuvo la imputación de Barrabés. El 24 de junio de 2025. El magistrado pidió al Supremo imputar a Bolaños por malversación y falso testimonio. El alto tribunal rechazó la petición por falta de indicios. El 18 de agosto de 2025, Peinado imputó a Begoña Gómez y a su asesora por un presunto delito de malversación.
El 3 de septiembre de 2025, el magistrado pidió a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno una “copia de los correos electrónicos recibidos y enviados” desde julio de 2018 hasta la fecha del escrito a través de una “cuenta asignada” a Gómez. El 10 de septiembre de 2025. Gómez declaró ante el magistrado por el presunto delito de malversación de caudales públicos. La esposa de Sánchez respondió solo a preguntas de su abogado y aseguró que su asistente solo la ayudó de manera “puntual” en gestiones personales. Por su parte, Álvarez se acogió a su derecho a no declarar.
El 24 de septiembre de 2025, Peinado propone que Gómez sea juzgada ante un jurado popular en el caso de sentarse finalmente en el banquillo en el marco de la pieza en la que se investiga si se malversaron fondos públicos en el nombramiento de su asesora en la Moncloa, y en las funciones que presta para ella.
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Pasan los meses y cambian las circunstancias, pero el Partido Popular (PP) mantiene intocable su empecinamiento en convertir las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en bulos y tergiversaciones sacando fuera de contexto las afirmaciones vertidas por el líder del Ejecutivo. Si hace poco más de un año, cuando la DANA arrasó la provincia de Valencia, desde el ala popular se difundió que el presidente había afirmado que “si quieren ayuda -los municipios afectados-, la pidan”, ahora vuelven a la misma senda jactándose de Sánchez después de que este afirmara que no conocía al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos en lo personal.
Para profundizar en la cuestión, cabe señalar que este martes el presidente del Gobierno concedió una entrevista a La 2 de RTVE en la que se puso frente a la periodista de la casa Gemma Nierga para abordar las cuestiones de máxima actualidad que rodean al Ejecutivo, entre ellas, la reciente entrada en prisión de quien fuera ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García. El pasado jueves el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretaba prisión provisional para el ex titular de Transportes y para su ex asesor en el marco del caso mascarillas, que investiga los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia.
Del “gran desconocido”…
Preguntado por su relación con Ábalos, el líder del Ejecutivo defendió que en términos de relación personal, ha mantenido profundas distancias con el ex ministro. Las palabras exactas de Sánchez fueron las siguientes: “Una cosa es que, efectivamente, tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que, desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí, un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí”. Sin embargo, poco tiempo le bastó al PP para volver a la carga y lanzar una nueva cascada de acusaciones contra el presidente del Gobierno. Sin ir más lejos, apenas un día después, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha defendido ante los micrófonos de RNE que Sánchez “toma por tontos” a los españoles cuando afirma que “todos eran desconocidos en lo personal”. “Hoy en España vemos con rubor el tener a un diputado durmiendo en la cárcel. Sánchez facilitó el acta a un teóricamente desconocido al que había cesado como ministro de Fomento y secretario de Organización. Lo cesó, pero lo mantuvo para mantenerlo callado”, ha sostenido Gamarra.
En el mismo orden de cosas, ha proseguido reprochando que Sánchez diga que Ábalos “es un desconocido en lo personal” mientras que “fue quien organizó todo para que Sánchez llegara hasta la Moncloa y hasta la Secretaría de Organización del PSOE una vez que le echan”. “Estoy segura de que en el 2021, cuando Sánchez cesa a Ábalos, sabía perfectamente lo que había ocurrido”, ha añadido. Unas declaraciones que se alejan de lo que realmente el presidente del Gobierno afirmó en la entrevista a RTVE y que se mueven en la misma línea que las sostenidas este martes por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista», ha aseverado el presidente de los populares. «Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado. Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano», ha acabado matizando.
Unas declaraciones que pasan por alto el significado real del mensaje de Sánchez con el que se refirió, como se ha citado anteriormente en este artículo, a que Ábalos era un desconocido, pero en el plano personal. “Conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí”, señaló. Sin que ello signifique directamente que el presidente no conocía al ex ministro: “Una cosa es que, efectivamente, tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente”, remarcó también Sánchez, pese a que este matiz lo hayan evitado desde las filas populares.
…al “si quieren ayuda, que la pidan”
Con todo, un entramado que los populares ya confeccionaron hace un año cuando la peor catástrofe del siglo XXI sacudió la provincia de Valencia causando 230 muertes. El día 2 de noviembre de 2024 el líder del Ejecutivo se pronunció al respecto para expresar la plena disponibilidad del Gobierno central a proporcionar los recursos y las herramientas necesarias que precisaran los municipios afectados. Sus palabras exactas fueron: “El Gobierno central está listo para ayudar. Si necesitan más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios y ese no es el caso (…) No tiene que pasar. Por tanto, la Comunidad Valenciana, si requiere más efectivos -maquinaria, financiación o asesoramiento técnico-, lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos como lo estamos haciendo, inmediatamente”.
Como se puede comprobar, en ningún momento el presidente del Ejecutivo señaló que “si quieren ayuda, que la pidan”, pese a las acusaciones y las difamaciones que se vertieron por parte del PP y de diferentes espacios televisivos. Fue el líder del PP uno de los primeros que modificó las palabras de Sánchez. “Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad. (…) Esa frase de ‘si necesitan ayuda que me la pidan’ por parte de la persona con más poder en España, todos los recursos a su disposición, es una frase que queda para la historia de la irresponsabilidad de la gestión de una catástrofe», deslizó Feijóo.
En líneas similares, otra de las voces que propagó este bulo fue el ex presidente del Gobierno Felipe González, quien, preguntado al respecto, aseguró que él no hubiese pronunciado esa frase -Sánchez tampoco lo hizo-. “Yo no habría dicho que me pidan lo que necesiten, no lo habría dicho. Entre otras cosas porque no me lo piden a mí, se lo piden al Estado español. Y el Estado Español se articula en un poder central que no se centrifuga, lo que se hace es descentralizar pero no centrifugar. Yo di la orden de que el ejército de tierra fuera a Bilbao y diera respuesta a las inundaciones», defendió entonces González.
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Las mascarillas vuelven a verse en el espacio público. Esta vez no es por un déjà vu de la pandemia, sino por un repunte gripal que ha pillado a España con el pie cambiado. La circulación del virus se ha adelantado varias semanas respecto al calendario habitual y ya ha superado el umbral epidémico. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) ha puesto el foco en una variante «más contagiosa». La cepa A(H3N2) está circulando de forma «inusualmente temprana» en la península.
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Los datos confirman también la tendencia. El sistema de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III, SiVIRA, que mide la incidencia mediante el indicador conocido como «proxy de gripe» —tasa de infecciones respiratorias agudas en primaria × porcentaje de muestras positivas a gripe—, dibuja una curva muy pronunciada. En la semana 44 de 2024, la incidencia estimada era de 12,9 casos por cada 100.000 habitantes; un año después, en esa misma semana, la cifra se ha disparado a 43,4. Es decir, 3,4 veces más. Lo mismo ocurre en la semana 45: 19,7 casos en 2024 frente a 62 en 2025. España entró en nivel epidémico en la semana 39 de este año.
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A este escenario se suma otro ingrediente: las coberturas de vacunación. El último balance del Ministerio de Sanidad, con datos provisionales de 2024, señaló un retroceso en la inmunización de adultos y mayores de 60 años respecto al año anterior. Entre el personal sanitario y sociosanitario, la tendencia descendente también se mantuvo. Solo las embarazadas registraron una mejora notable, acercándose a los niveles alcanzados en plena pandemia. En la población infantil, pese a una subida de más de diez puntos, la cobertura siguió por debajo del 50%.
El último balance de Sanidad, con datos provisionales de 2024, señaló un retroceso en la inmunización de adultos y mayores de 60 años
En el ámbito estatal, la cartera de Mónica García aún no ha hecho públicas las coberturas de vacunación de esta temporada. Por ende, Público ha revisado los sistemas de seguimiento autonómicos. Algunas comunidades han actualizado sus cifras de vacunación. El Observatorio de Salud Pública de Galicia informa de 720.501 personas vacunadas hasta la fecha, con un 67,41% de cobertura en mayores de 65 años, un 59,59% entre el personal sanitario y un 46,83% en menores de 12. En la Comunidad de Madrid, el último informe semanal contabiliza 747.416 vacunaciones, de las cuales cerca de medio millón corresponden a personas de 65 años o más. Castilla y León, por su parte, actualiza semanalmente sus datos y gráficos de evolución a través de su portal de datos abiertos. Sanidad insiste en reforzar las recomendaciones de vacunación para la campaña 2025–2026.
El colapso que todos veían venir
La gripe ha encontrado un sistema sanitario agotado, que lleva años avisando de que no da más de sí. ¿El resultado? Previsible: los pasillos de los hospitales vuelven a ser salas de espera improvisadas, las listas de espera se eternizan y las plantillas trabajan al límite. El 25 de noviembre, Marta González acompañó a su madre —paciente oncológica— a Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Tras pasar por boxes, ambas quedaron varadas en un pasillo durante 31 horas. «31 horas en una camilla, sin intimidad y sin dignidad», denuncia Marta en conversación con Público. La única explicación que recibió fue que no quedaban camas disponibles. El ingreso no llegó hasta la tarde del día siguiente.
Marta, acompañante de una paciente oncológica: «Mi madre estuvo 31 horas en una camilla en el pasillo, sin intimidad ni dignidad»
En Santiago de Compostela, el periodista Juan Oliver recogió el 28 de noviembre la denuncia de decenas de pacientes que soportaron esperas superiores a cinco horas en camillas o sillas de ruedas en los pasillos del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Todo ello pese a que, según la dirección del centro, había más de 200 camas libres. Los afectados apuntaron directamente a la falta de personal como origen del colapso. La gerencia del CHUS y el Servizo Galego de Saúde (Sergas), sin embargo, negaron a Oliver que la situación consiguiera desbordar el sistema y aseguraron que existe un «plan de contingencia activado para responder a picos puntuales de demanda».
Carla (nombre ficticio para preservar su anonimato) acudió la semana pasada a las Urgencias del Hospital La Paz, en Madrid, acompañando a su madre por un problema cardiaco. «Vimos el hospital completamente colapsado por la falta de recursos, y a los sanitarios sacando su trabajo adelante como buenamente podían. Los distintos boxes de Urgencias estaban saturados; había personas mayores siendo atendidas en sillones destrozados por la falta de camas, y médicos y enfermeras intentando localizar a los pacientes entre todo el caos…», relata a este diario. La orden de ingreso para su madre se emitió el martes por la noche. «El jueves seguía aún en Urgencias. Fuimos varias veces a reclamar a Atención al Paciente y la respuesta siempre fue la misma: no hay camas«.
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En el Hospital 12 de Octubre, trabajadores de Urgencias llevan semanas trasladando a este medio cifras que evidencian el desbordamiento del servicio. El 27 de noviembre, por ejemplo, 54 pacientes esperaban cama a primera hora; la sala P2, con capacidad para 42 personas, albergaba 68, y en P3 aguardaban otras 72.
Fuentes del CHUAC aseguran que el hospital no está colapsado y que se encuentran en fase 1 de su plan de contingencia
Público ha contactado con los distintos centros sanitarios mencionados en este artículo para conocer la situación del servicio de salud. Desde el CHUAC aseguran que el hospital no está colapsado, que la única reclamación registrada es la citada en este texto y que se encuentran en fase 1 del plan de contingencia, «activado habitualmente durante los periodos de mayor demanda». Reconocen, eso sí, un aumento en las urgencias «como ocurre todos los años por estas fechas». Por su parte, La Paz no respondió a las llamadas de este medio, mientras que desde el 12 de Octubre indicaron que facilitarían información, aunque hasta el momento de la publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.
La respuesta que España aún no consigue cerrar
Más gripe y menos vacunación, ¿y ahora qué? Este miércoles está previsto que la Comisión de Salud Pública vuelva a someter a aprobación el plan contra la gripe. El año pasado, el documento naufragó en el Consejo Interterritorial: las comunidades gobernadas por el Partido Popular lo vetaron y optaron por aplicar sus propios planes para enfrentar la ola de gripe. La misma situación se repitió el pasado 13 de noviembre. Los gobiernos autonómicos populares rechazaron de nuevo el texto. Aun así, tras semanas de negociación, el equipo de García asegura que esta vez confía en sacarlo adelante.
El proyecto plantea una respuesta escalonada según los indicadores de transmisibilidad del sistema de vigilancia SiVIRA, que distingue cinco escenarios: basal, bajo, medio, alto y muy alto. En cada nivel se establecen recomendaciones adaptadas, desde el uso de mascarilla —especialmente en interacciones cara a cara, centros sanitarios o contextos de alta circulación viral— hasta la mejora de la ventilación, la limpieza refuerzo en interiores, la reducción de aglomeraciones y la activación de planes de contingencia en hospitales y residencias para asegurar la continuidad asistencial.
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Vacunación sin cita previa
Algunas comunidades autónomas están reforzando la campaña de inmunización frente a la gripe —y, en algunos casos, también contra la covid-19— con dispositivos que permiten vacunarse sin necesidad de cita previa. En Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal atiende a la población adulta de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 20.30 horas, mientras que los menores de 18 años deben seguir acudiendo a sus centros de salud. Aragón fue de las primeras en abrir la vacunación libre en centros sanitarios, con varios puntos operativos en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza desde las 9 hasta las 19 horas.
Andalucía organiza desde noviembre jornadas semanales sin cita dirigidas a los grupos diana, repartidas por distintos puntos de la comunidad. En el Principado de Asturias, el SESPA ha habilitado 34 puntos de vacunación vespertinos para facilitar el acceso. Castilla y León ofrece inoculaciones sin cita los fines de semana en numerosos Puntos de Atención Continuada de provincias como Palencia y Zamora. País Valencià mantiene la vacunación sin cita en la campaña actual, aunque sin reabrir los vacunódromos utilizados el año pasado. En Catalunya, los CAP cuentan con instrucciones para vacunar a personas de riesgo tanto con cita como sin ella. Euskadi, por su parte, ha reforzado el operativo e incluye acceso libre al vacunódromo de Bilbao,
abierto durante unos 15 días de 8.00 a 20.00 horas.
La Rioja ha programado jornadas puntuales sin cita en el Hospital San Pedro de Logroño, y Navarra ha abierto puntos especiales en centros de salud como los de Estella-Lizarra y Buztintxuri, además de dispositivos temporales en el Área de Tudela. En la Región de Murcia, municipios como Caravaca de la Cruz han reforzado sus centros de salud para ofrecer vacunación accesible sin cita previa.
Los activistas de la célula neonazi desarticulada por la Policía Nacional en Castellón en los últimos días querían dar un salto en sus campañas en defensa de la «raza». Según consta en un texto elaborado por uno de los responsables locales de The Base, el grupo pretendía distanciarse de otras organizaciones de ultraderecha y ofrecerse como espacio clandestino para quienes estuviesen dispuestos a combatir contra la «sustitución» de españoles por migrantes.
«¡Hermanos,
despertad! Hay una causa crucial que os necesita y es la supervivencia de
nuestra raza. Manteneos alejados de los sectores reaccionarios y de los falsos
nacionalistas blancos que os hacen creer que una revolución nacional aún es
posible», afirma M. M., miembro de The Base en España, en una nota publicada por la dirección del grupo en la red social rusa VK en abril de 2025 y a la que ha tenido acceso Público.
Tras plantear «cómo
podrían los jóvenes nacionalistas blancos de mentalidad revolucionaria
contribuir realmente a la causa», el autor del texto insta a promover la «secesión blanca» mediante «un alto nivel de implicación y compromiso, pasando a la ofensiva y participando en
organizaciones como The Base» o sumándose a iniciativas de formación de «etno-villas», en alusión a la formación de poblados por parte de grupos xenófobos.
El activista se mostraba crítico con aquellos que «ni siquiera están dispuestos
a derramar una sola gota de sangre por su nación (que ya está rota, ocupada y
desprovista de soberanía) o por nuestra raza».
La publicación de aquella carta estuvo precedida de imágenes en las que aparecían miembros de la célula española neonazi enseñando sus armas o portando la bandera negra de este grupo.
Según ha verificado Público, The Base difundió durante los últimos meses una serie de fotos de activistas de esta organización en España, Italia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Bulgaria, Ucrania o Rusia. También cuenta con militantes en distintas zonas de EEUU. En varias de esas imágenes los ultras aparecen portando armamento.
En julio pasado, la rama ucraniana de este grupo se atribuyó el asesinato del coronel Ivan Voronych, miembro del Servicio de Seguridad de ese país.
«Defender a la población blanca»
En el operativo efectuado el pasado martes en Castellón –y que no trascendió hasta este lunes–, la Policía Nacional incautó dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas y un completo equipamiento táctico militar, además de material de apología nazi. Uno de los ultras detenidos ha ingresado en prisión.
Miembros de la célula española en una foto publicada en la red social VK.
«Promocionar públicamente The Base es un riesgo calculado necesario para fines de reclutamiento y para obtener apoyo financiero que nos ayude a financiar nuestra formación», explicaron sus responsables en una publicación en VK del 26 de febrero de 2025.
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En otro mensaje en esa red social, el grupo explicaba que «cada
célula local de The Base» tiene asignada la «misión» de «proteger» a la «población blanca local». «Queremos establecer células en tantos lugares como
sea posible para poder defender al mayor número posible de comunidades blancas»,
explicaban en una declaración publicada en febrero pasado.
«Para ser una fuerza de defensa eficaz se necesita
entrenamiento, y un entrenamiento eficaz requiere dinero para cubrir los gastos
de viaje de nuestro equipo de entrenamiento móvil», añadían en esa publicación, destinada a encontrar nuevos donantes. «Cuanto más
apoyo financiero recibamos, más células podremos crear en distintos lugares.
Quizás uno de esos lugares sea incluso donde tú vives», subrayaban.
«Violencia racial y terrorismo»
La dirección de esta red de células neonazis está a cargo de Rinaldo Nazzaro, un estadounidense que dirigió una empresa de seguridad y que hoy vive en San Petersburgo. Según distintos informes recopilados por Público, este activista de ultraderecha ejerció como colaborador del Departamento de Seguridad de EEUU entre 2004 y 2006.
El centro de investigación Counter Extremism Project, con sede en EEUU y Alemania, afirma además que Nazzaro «presuntamente colaboró en 2014 con las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio en medidas antiterroristas».
El ultraderechista, que también actúa bajo el seudónimo de Norman Wolf, publicó en junio pasado una carta del Cuerpo de Marines de EEUU en la que se reconocía su colaboración en operaciones especiales.
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Nazzaro asegura que se involucró en actividades de ultraderecha tras abandonar su colaboración con el Gobierno de EEUU y explica que fundó la red supremacista blanca The Base en 2018.
«Aproximadamente al mismo tiempo, me mudé a Rusia estrictamente por motivos familiares: tuve mi primera hija y no quería que creciera en Estados Unidos porque me parecía un país demasiado degenerado. Mi esposa y yo consideramos mudarnos a varios países diferentes, pero Rusia era la opción más realista porque ella tiene la ciudadanía rusa», relata.
La red a la que pertenecía la célula desarticulada por la Policía Nacional se ubica en el ámbito del aceleracionismo de extrema derecha. Según destaca un informe del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington (EEUU), el aceleracionismo «incita a sus seguidores a cometer actos de violencia racial y terrorismo, incluyendo ataques a infraestructuras críticas, para explotar las divisiones raciales y acelerar el colapso de la sociedad occidental, permitiendo así la formación de etnoestados blancos dirigidos por supremacistas».
El próximo 17 de diciembre se cumplirá el mandato de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Ricardo Enríquez, José María Macías, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que es el actual presidente. Los dos primeros pertenecen al bloque conservador y los dos últimos, al progresista. Fueron nombrados por el Senado en 2017 y corresponde ahora a la Cámara Alta proponer cuatro nuevos nombramientos, tal y como obliga la Constitución.
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Para conseguir la mayoría de tres quintos de la Cámara Alta necesaria para que queden ratificados los cuatro candidatos, el PP y el PSOE deben pactar los nombres. Pese a la amplia mayoría de los populares en el Senado, con 145 asientos de 266 senadores, no tendrían la capacidad para sacar adelante por sí mismos a cuatro candidatos conservadores, ni con el apoyo de Vox, UPN y Junts podrían lograr los 160 votos necesarios para ello.
En estos momentos, el Tribunal Constitucional tiene una mayoría progresista de siete a cinco, que se conformó en diciembre de 2022 a raíz de la última renovación en el tribunal, la que correspondía a dos magistrados nombrados por el Gobierno y otros dos, a cargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esa renovación, a la que se llegó tras un bloqueo auspiciado por el PP, dio un giro a la mayoría conservadora que imperó en el TC una larga década, con seis a cinco. El cambio se produjo después de un episodio inédito como fue la suspensión cautelar por parte de aquel TC controlado por la mayoría conservadora de una reforma legislativa del Parlamento para precisamente moficiar la forma de renovar el tribunal, impidiendo este tipo de bloqueos.
Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Ricardo Enríquez llevan nueve años en el TC, que es el mandato de cada uno de los doce magistrados que conforman el más alto tribunal que interpreta la Constitución. Por su parte, José María Macías entró en septiembre de 2024, por la cuota del Senado, en sustitución del magistrado Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022, y falleció en marzo pasado.
Lo más probable es que Macías repita al no haber estado en el TC más de tres años, una posibilidad que permite la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Él formó parte del acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ en junio de 2024 tras más de cinco años bloqueada su renovación por la actitud obstrucionista de Feijóo y sus antecesores al frente del PP.
Fuentes del TC indican a Público que dan por sentado que habrá bloqueo y que Conde-Pumpido, que ya ha cumplido los 76 años, seguirá siendo el presidente en funciones hasta que haya pacto entre los dos principales partidos.
El mecanismo en el Senado
El propio presidente del TC envió hace cuatro meses al presidente del Senado, Pedro Rollán, una misiva recordándole el próximo vencimiento del mandato del tercio designado por la Cámara Alta. Y Rollán, del PP, dio traslado de la misiva a la Mesa, primer paso para activar el protocolo. Sin embargo, a día de hoy no existe una propuesta de diálogo con los socialistas ni lista de nombres que negociar, indica Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado.
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«No se ha activado el mecanismo para pedir a los parlamentos autonómicos que designen candidatos –dice Espadas– y es algo que se hace meses antes de que acabe el mandato en el TC. En alguno territorios, como en València, veremos candidatos con el aval del Vox», advierte.
El senador socialista asegura que «no hay ningún movimiento para proceder a la renovación preceptiva del TC por parte del presidente del Senado, al que solo le preocupan los conflictos de atribuciones», dice Espadas en relación al registro de una decena de estos conflictos con el Gobierno en lo que va de legislatura por parte de una Cámara Alta con una holgada mayoría del PP.
Posible prórroga
En el Constitucional, fuentes del sector progresista coinciden en considerar que de nuevo habrá bloqueo en este órgano. El propio Conde-Pumpido, al ser preguntado a finales del pasado mes de octubre, por la posibilidad de un nuevo bloqueo, indicó que el mandato caducado de una alta institución «puede afectar al buen funcionamiento del conjunto del sistema jurídico» y expresó su deseo de que «no hubiese demora alguna», pero evitó pronunciarse directamente por no «interferir» en «la labor política de búsqueda de consenso», dijo Cándido Conde-Pumpido durante la presentación de la Cumbre de Justicia Constitucional que se celebró en Madrid.
El «final» de este proceso judicial ha despertado polémica por las dudas existentes en torno a si las pruebas clarifican o no que fuera el exfiscal general del Estado quien filtró el correo electrónico en el que Alberto González Amador reconocía su culpabilidad. Así, no solo se ha provocado nueva tensión en el debate político sino también discrepancias en la propia judicatura, en la cual algunas asociaciones de jueces han expresado su preocupación por la manera en la que se ha procedido en este caso y la condena conocida.
La propia noticia que hacía llegar que García Ortiz era señalado como culpable de los hechos ya despertó gran controversia, si bien, el retraso de la publicación de la sentencia firme también está generando roces, ya que se están haciendo numerosas críticas a la situación que está dejando, por la cual el exfiscal general del Estado ha quedado marcado como autor de un delito ante la imagen pública pero no se conoce ni el por qué ni el como, es decir, solo el señalamiento. Esto es algo que ha recriminado la Unión Progresita de Fiscales, entidad que ha indicado en un comunicado que «quien es condenado sin conocer los fundamentos de la condena queda expuesto ante la sociedad en una situación que solo puede describirse como una forma de violencia institucional: se le atribuye la máxima responsabilidad penal posible en su ámbito sin que se hagan públicos los argumentos que justificarían tan excepcional severidad».
Siguen pasando los días sin que se sepa la sentencia firme de este caso. Mientras tanto, Teresa Peramato ha sido nombrada nueva fiscal general del Estado y el cruce de acusaciones se mantiene en un debate que encuentra dos bandos contrarios: los que consideran que los magistrados encargados del caso no han procedido adecuadamente y que, además, hallaban conflictos de intereses, y los que apuntan a que con las críticas a los jueces se está deslegetimando a la Justicia. Todo ello sucede mientras se sigue aguardando a las argumentaciones del tribunal encargado de juzgar a Álvaro García Ortiz para conocer por cuál motivo ha sido hallado culpable y, sobre todo, en qué pruebas se han basado para ello.
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Este martes el Consejo de Ministros aprobará el ascenso del actual jefe de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste Arenillas, al siguiente escalafón: general de brigada. Con este movimiento, del que ha informado elDiario.es y que se produce en un momento en el que la UCO se encuentra en el foco de numerosas investigaciones como las que rodean a Begoña Gómez, al exfiscal general del Estado o en el propio ‘caso Koldo’, entre otras, se abre así un proceso de reestructuración y sucesión en el órgano interno de la unidad anticorrupción de la Guardia Civil.
En el momento de conocerse la noticia, este medio ha contactado con la UCO con el fin de ampliar detalles sobre cuál es el siguiente paso a dar después de que la jefatura quede libre, cuánto tiempo se puede prolongar esto último y, en general, una valoración sobre el conjunto del procedimiento. Sin embargo, la UCO se ha negado a dar declaraciones al respecto. Pese a ello, lo que sí se conoce es que en las próximas semanas la unidad anticorrupción deberá mover ficha obligatoriamente con el fin de colocar a alguien en su cúpula. Al hilo de ello, según ha podido saber El País, fuentes del instituto armado colocan los motivos de este movimiento como parte de los relevos por ascenso que se producen de forma anual.
En este sentido, cabe señalar que el pasado mes de octubre los generales de brigada Francisco Javier Sánchez Gil -en la Jefatura de Servicios Técnicos- y Arturo Prieto Bozec -máximo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana- pasaron a la reserva, tras cumplir los cuatro años que marca la ley como general de brigada. Tras ello, el generalato quedaba desierto, por lo que se puso en marcha el proceso para encontrar relevo. Entre los candidatos, figuran aquellos coroneles que han superado los dos últimos cursos de ascenso al generalato, algo que Yuste había conseguido. Además, sobre el caso del actual jefe de la UCO, cabe destacar que era el número 1 de su promoción, por lo que las posibilidades de optar al ascenso eran mayores, aunque le corresponde a un órgano colegiado la tarea de fijar el orden de preferencia. De esta forma, es este órgano el que elabora una lista de candidatos a la Dirección de la Guardia Civil, pasando posteriormente esta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que lo consensúa junto a la titular de Defensa, Margarita Robles.
No obstante, cabe destacar en este punto que el ministro del Interior no tiene por qué adjudicar las plazas de general de acuerdo al orden que fije el órgano colegiado, aunque si no lo hace, lo debe justificar. Un ejemplo de ello se reflejó en el caso del coronel Diego Pérez de los Cobos que llegó a recurrir hasta en dos ocasiones la decisión de Interior que ponía por delante de él las candidaturas de otros tres oficiales de la Guardia Civil. Pese a ello, en el caso de Yuste, Grande-Marlaska sí seguirá el orden establecido por el órgano, de forma que los dos ascendidos serán el todavía coronel Yuste y el oficial que ocupaba el segundo puesto en la lista.
Tras todo ello, el siguiente paso será el de la elección del nuevo jefe de la UCO, tarea que le compete a Interior. En el caso de Yuste, llegó a la jefatura cuando el último en el cargo, Alfonso López Malo, ascendió a general de brigada para ostentar la Jefatura de Policía Judicial. Sin embargo, en ese momento la UCO no se encontraba en el foco de la actualidad mediática y política vinculada a las múltiples causas abiertas como las que ahora sacuden a la esposa del presidente del Gobierno o a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, o al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
La doble velocidad en el ‘modus operandi’ de la UCO
Independientemente de cuál sea la fecha en la que se nombre a la nueva cabeza de la UCO, cierto es que estos últimos movimientos en la estructura interna de la unidad de la Guardia Civil coinciden con las múltiples investigaciones abiertas por presunta corrupción en las que, aunque este órgano adquiere un papel determinante, no juega con las mismas cartas en todas las causas.
Con el telón de fondo de que este lunes 1 de diciembre se cumplen 157 días en los que la UCO sigue sin aportar el informe que le solicitó Anticorrupción sobre la causa que rodea a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, continúa siendo llamativa la celeridad con la que la UCO trabaja en unas causas y los retrasos y lentitud que se están apareciendo en otras. Cabe recordar, en este sentido, que el pasado 23 de noviembre la brigada de la Guardia Civil que dirige el teniente coronel Antonio Balas admitió en las páginas de El Mundo que no ha iniciado todavía la investigación sobre González Amador para esclarecer si, además de fraude fiscal y falsedad documental, el novio de la responsable de Sol pudo incurrir en corrupción en los negocios. Lejos de asumir responsabilidades, la justificación de ello recayó en los retrasos de la Justicia, tal y como alegaron.
Mientras siguen pasando los días sin un informe y ni siquiera un inicio de la investigación sobre González Amador, la UCO aprieta el acelerador en otras causas como la que señala al ex secretario de Organización de los socialistas. El pasado 18 de noviembre se conocía que los agentes de la UCO habían señalado a Cerdán y a su “entorno familiar» por haberse beneficiado de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de la obra pública bajo investigación del Tribunal Supremo (TS) por medio de cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito; un montante que habría ascendido a cerca de 8.000 euros. Con ello, situaron a la mujer de Cerdán como contratada entre marzo y julio de 2018 por Noran -una cooperativa de Antxon Alonso- y Koldo en 2015, por lo que recibió 9.500 euros. También la hermana del excargo socialista, Belén, quien, según la UCO, recibió de Servinabar “entre febrero y junio de 2020 un total de 22.324,51 euros». Como tercer señalado, el cuñado de Cerdán, Antonio Muñoz, contratado por la empresa entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, por lo que recibió 53.130,30 euros.
Algo similar sucede en la investigación que centra el foco en Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En este caso, la UCO sí que respondió con mayor celeridad a la petición del juez Peinado, instructor del Juzgado Número 41 de Madrid, el cual constaba de más de un centenar de correos electrónicos en 34 páginas de extensión en clave de investigación a la asesora de la mujer del presidente del Gobierno en Moncloa, Cristina Álvarez y quien intercedió en hasta una quincena de patrocinadores para la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), esencialmente, con el vicerrector de Relaciones Internacionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio. En un plazo que dio el juez de dos días a la UCO, esta entregó dicho informe el pasado 29 de septiembre después de que Gómez, además de su asesora y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, no acudiesen a la cita con Peinado para confirmar el jurado popular que juzgaría a Gómez ateniéndose a un artículo de la Ley de Juzgados.
En este mismo orden de cosas, pero con otra causa diferente, la reciente condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, también es prueba de este modus operandi a dos velocidades por parte de la UCO. El pasado 12 de noviembre se conocía que la UCO había acortado una conversación entre dos colaboradores con el fin de reconducir su acusación a García Ortiz. Los agentes de la UCO dedujeron en uno de sus atestados que Diego Villafañe, máximo colaborador de García Ortiz y responsable de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, aludió a una presunta promoción profesional de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, la misma noche en la que se produjo la filtración del correo que la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso envió al Ministerio Público reconociendo un doble fraude fiscal. Sobre ello, cabe recordar que la fiscal provincial estuvo imputada en la causa.
De la conversación extraída por la UCO y que trascendió en sede judicial, se suscribe que Villafañe escribió a Rodríguez: “Tú cuídate mucho que ya te digo que te vamos a necesitar a tope”. A lo que esta contestó: “Ay, en qué estarás pensando”. El miembro del Ministerio Público respondió que “todo bueno”. Una conversación de la que la UCO ha deslizado que la colaboración de la fiscal provincial en el presunto delito de revelación de secretos podría tener la consecuencia directa de su futuro ascenso laboral. No obstante, la conversación no acababa en este punto. Tal y como mostró la abogada del Estado y defensa del fiscal general, Consuelo Torres, había una parte eliminada. La realidad sitúa que Rodríguez tenía un asunto de corte personal y médico que le estaba relatando a Villafañe. A preguntas de la letrada, el coronel Antonio Baladas ha argumentado que se omitió por “motivos de privacidad”.
Al margen de estas causas, pero de reciente actualidad, el nombre de la unidad de la Benemérita ha vuelto a resonar estos últimos días en el marco del ‘caso mascarillas’ que sacude a la Diputación de Almería (PP). El pasado miércoles los agentes encontraron 7.620 euros en efectivo del expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, escondidos en la despensa de su hermana. En concreto, la UCO señaló que el popular tenía esta cantidad en fajos de billetes de 50 euros con una etiqueta que ponía «este dinero es de Javier Aureliano». Cabe recordar que Javier Aureliano fue detenido el pasado 18 de noviembre por su implicación en una trama de mordidas y blanqueo de dinero a cambio de adjudicaciones públicas amañadas en la Diputación de Almería. Además, la UCO encontró armas en la casa del exvicepresidente de la Diputación y del exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez López. La Guardia Civil intervino en una despensa de la casa de la hermana del exvicepresidente, que tenía 7.620 euros en fajos. También distintas anotaciones de distintas empresas para intentar conseguir mordidas con dinero a la baja.
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