Autor: Pitirre Noticias

Óscar Puente logra que se abra una Villa Romana en una estación con el mayor mosaico de la Península Ibérica

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La ciudad de Antequera ha inaugurado oficialmente la Villa Romana de la Estación, uno de los conjuntos suburbanos más importantes de la Hispania romana, donde se conserva el mayor mosaico documentado en la Península Ibérica.

El proyecto, que ha supuesto una inversión de 976.000 euros, ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones: el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dirigido por Óscar Puente, ha aportado el 75% de la financiación (732.400 euros) mediante el programa del 2% Cultural, mientras que el Ayuntamiento de Antequera ha sufragado el 25% restante (243.600 euros).

El acto inaugural estuvo presidido por el alcalde de Antequera, acompañado de la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y del subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas.

La villa, levantada hacia el siglo III y habitada hasta el V, fue una lujosa residencia aristocrática romano-bética que combinó funciones residenciales, agrícolas y de representación social. Entre sus hallazgos destacan once mosaicos, mármoles policromos de importación, esculturas de gran valor y sofisticados sistemas hidráulicos y termales.

El subdelegado, Javier Salas, subrayaba en el acto inaugural la importancia de la “colaboración entre instituciones para que en los municipios se desarrollen proyectos de envergadura y necesarios como este al que asistimos hoy”.

Con más de 20.000 metros cuadrados de extensión y tan solo un 20% excavado, la Villa Romana de la Estación se convierte en un nuevo referente patrimonial y turístico para Antequera, declarada Bien de Interés Cultural desde 2006.

El proyecto de recuperación de la Villa Romana de la Estación pone el broche a una larga trayectoria de intervenciones iniciada en 1998, cuando las obras de la circunvalación de Antequera sacaron a la luz parte del yacimiento. Desde entonces, se han desarrollado diferentes campañas de excavación, consolidación de estructuras y estudios técnicos. Entre los hitos más destacados figuran el hallazgo de la célebre Venus de Antikaria en 2001 y la restauración del mosaico de los erotes un año después.

Esta villa se adscribe a la tipología denominada «de peristilo» y en concreto su origen se remonta a la segunda mitad del siglo I d. C., detectándose su abandono a finales del siglo IV o principios del V. Se caracteriza en esencia por un suntuoso matiz residencial, reflejo de la ideología y capacidad adquisitiva de sus dueños, destacando la calidad de la estatuaria aparecida, principalmente, en el ámbito del peristilo y directamente relacionada con la decoración de fuentes y estanques.

Las visitas se gestionarán a través del Museo de la Ciudad de Antequera, con recorridos guiados y accesibles gracias a las nuevas pasarelas, cubiertas protectoras e iluminación escénica que integran el conjunto en el paisaje original de la Vega.

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Galicia, la comunidad que más arde mientras la Xunta renuncia a proteger con Red Natura el 88% del territorio

Galicia, la comunidad que más arde mientras la Xunta renuncia a proteger con Red Natura el 88% del territorio

Pitirre Noticias

Galicia es la
comunidad española más afectada desde hace años por los incendios
forestales, también por la oleada de este agosto que está arrasando
los montes de varias comunidades. Pero, paradójicamente, se trata
del territorio con menos superficie incluida en la Red Natura 2000,
el catálogo de la Unión Europea de áreas de conservación de la
biodiversidad que obliga al Estado, a través de las comunidades
autónomas, a declarar figuras de protección legal destinadas a
cuidar los ecosistemas animales y vegetales.

Aunque la directiva
europea que las regula no establece medidas específicas contra los
incendios, sí estipula que las administraciones de cada país
miembro competentes en sus respectivos territorios deben legislar
otras fundamentales para combatirlos: la gestión forestal preventiva
–clareos, cortafuegos y eliminación de biomasa en los bosques–;
las restricciones de usos del fuego en épocas de riesgo; el
mantenimiento y fomento de usos agrícolas y ganaderos tradicionales
que ayuden a reducir la carga de combustible, programas de
reconstrucción tras las catástrofes…

La directiva hábitat
de la UE, aprobada en el año 1992 y que España traspuso a su
legislación interna en 1995, obliga a los estados miembros a
identificar y designar, bajo criterios científicos objetivos, zonas
especiales de conservación (ZEC) de especies animales y vegetales y a proponer lugares de interés comunitario (LIC) –que pueden posteriormente
ser declarados ZEC–, así como zonas de especial protección de las
aves (ZEPA). Esos espacios componen la Red Natura europea, que ya ocupa
alrededor del 18% de todo la superficie de la Unión y más del 28%
de la de España. Según el último listado del Ministerio para la
Transición Ecológica, todas las comunidades autónomas tienen más
del 20% de su extensión bajo ese paraguas, con
Canarias (49%); Madrid (40%) y País Valencià (39%) a la cabeza.
Todas, menos una: Galicia no llega al 13%.

«Hay una absoluta desprotección del territorio porque la Xunta no
lo entiende como un hábitat o un ecosistema, sino como un recurso
que explotar para obtener dinero», sostiene Manoel Santos, zoólogo
y coordinador de movilización de Greenpece Galicia. «No es que la
Red Natura no pueda arder, de hecho arde porque, además, aquí está
mal gestionada y la declaración es más un título nobiliario que
otra cosa. Pero el hecho de que seamos la comunidad del Estado con
menos superficie en ella sí demuestra la relevancia que le da la
Xunta a la protección de la naturaleza», añade.   

Expedientes de infracción

Santos recuerda que
la Comisión Europea le ha abierto a España dos expedientes de
infracción no sólo por el reducido porcentaje de territorio que la
Xunta ha incluido en Red Natura, sino porque considera que su plan
director –único para todos los espacios protegidos, con
independencia de sus características particulares– es insuficiente
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de protección para
los que supuestamente fueron creados.

Con datos
provisionales, y con la ola de incendios todavía en plena actividad, de
las más de 350.000 hectáreas que según el sistema Copernicus –el
programa europeo de observación espacial de la Tierra– han ardido
hasta ahora en los fuegos de las dos últimas semanas en España,
Galicia acumularía cerca de 68.000 hectáreas. Eso la sitúa a la
cabeza de las comunidades más afectadas en relación al total de su
territorio, una posición que ocupa desde hace decenios. Según un
estudio del portal Civio, históricamente ha sido la más dañada por
el fuego: desde 1983 hasta 2016 concentró uno de cada cinco
grandes siniestros ocurridos en el Estado –fueron más de medio
millón en ese período– y cerca de 1,8 millones de hectáreas calcinadas. La
superficie total de Galicia no llega a los 30.000 kilómetros cuadrados. La siguiente en la lista, con 1,3 millones de hectáreas
afectadas por el fuego entre 1983 y 2016 es Castilla y León, que tiene más de 94.000 kilómetros cuadrados de superficie.

Mapa de zonas del territorio de Galicia incluidas en la Red Natura.
Mapa de zonas del territorio de Galicia incluidas en la Red Natura.

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Xabier Vázquez Pumariño, biólogo y ornitólogo y experto en Red Natura, también advierte
de que ésta no está pensada para combatir los incendios ni, en la práctica, impide el desarrollo normal de actividades económicas que ya
se estuvieran llevando a cabo en las zonas que ampara. Pero alerta de
que la pasividad de la Xunta para incluir en ella espacios que
objetiva y científicamente merecerían esa declaración, así como
la protección que conlleva, revela «el escaso interés»
del Ejecutivo gallego actual y de los que lo han precedido «por una
política de protección ambiental garantista«. 

«Cubrir el expediente»

Vázquez Pumariño
sostiene que la primera configuración previa de la Red Natura en
Galicia estuvo «mal diseñada», y que, durante finales de la
década de los 90 y principios de los años 2000, los gobiernos de
Manuel Fraga se limitaron «a cubrir el expediente para decir que
habían cumplido con la Unión Europea», sin que existiera un
interés real en proteger efectivamente el territorio y sus ecosistemas. El científico
asegura que la estrategia de no reconocer con figuras legales
protectoras el patrimonio ecológico de Galicia, incluso de
denostarlas para que la ciudadanía del medio rural las haya acabo por entender como
un obstáculo a su actividad, no sólo no ha variado desde entonces,
sino que se ha agravado como instrumento para allanar el terreno a
proyectos industriales como la explotación del eucalipto o los
parque eólicos.

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Según los últimos
datos oficiales de la Xunta a los que ha tenido acceso Público,
Galicia cuenta con 537.416
hectáreas en
Red Natura a través de
59 ZEC y 16 ZEPA. País Valencià, con más de 6.000 kilómetros
cuadrados menos de superficie, tiene, respectivamente 97
y 40 zonas de protección, que suman casi un millón de hectáreas.
Este diario ha pedido a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio
Climático de la Xunta una valoración sobre la comparativa de la
superficie en Red Natura de Galicia con respecto al resto de
comunidades autónomas del Estado y el conjunto de la UE. También sobre si considera o no que la ausencia de las medidas de protección y
conservación que acompañan a esa declaración pueden ser un factor desencadenante o agravante de los
incendios forestales en espacios que deberían haber sido protegidos. A la hora en la que se terminó de escribir
este artículo, el departamento que dirige la conselleira Ángeles
Vázquez no había ofrecido respuesta.

El PSOE exige a Ayuso mejorar las condiciones de los bomberos forestales: «Es su competencia»

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Mal pagados, temporales y con medios insuficientes: así describen los sindicatos la situación de los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid. Con ese telón de fondo, el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado directamente a Isabel Díaz Ayuso, a quien acusa de desentenderse de un servicio esencial que, recuerda, “es su competencia”. Para el dirigente socialista, no se trata solo de un debate político, sino de la necesidad urgente de dignificar las condiciones de unos profesionales que cada verano se enfrentan en primera línea a las consecuencias del cambio climático.

Las declaraciones de López llegan después de que Ayuso criticara al Ejecutivo de Pedro Sánchez por “ver paralizado como todo se quema, se hunde o se apaga para después buscar culpables y luego ver si toma alguna decisión”. La presidenta autonómica insistió en que los brigadistas forestales “dependen de Tragsa”, empresa pública del Ministerio de Transición Ecológica, y defendió que cualquier mejora salarial corresponde al Gobierno central. “Nosotros estamos a su disposición para ayudar y acompañarles en sus peticiones, pero no es nuestra competencia”, zanjó.

El ministro ha replicado con contundencia: “Lo que tienen que hacer los presidentes autonómicos es arrimar el hombro. Nada más llegar, Ayuso dijo que los bomberos forestales no eran competencia suya. Pues sí lo son. Es la presidenta de la Comunidad de Madrid la que puede y debe mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales. Debe ser ella, es su competencia y el estado autonómico está para que los presidentes autonómicos ejerzan su competencia”, ha subrayado durante una comparecencia ante los medios de comunicación desde la sede de su Ministerio.

Un trabajo esencial con sueldos de miseria

Los sindicatos y los propios bomberos forestales pintan un panorama alarmante en la Comunidad de Madrid. Dicen trabajar con salarios que no superan la frontera del salario mínimo interprofesional, que además ha sido erosionado por más del 30 % de pérdida de poder adquisitivo en los últimos años. Se enfrentan cada verano a incendios bajo temperaturas extremas, rodeados de humo y riesgos constantes, pero con una remuneración indignante.

A ello se suma la temporalidad: muchos contratos se formalizan solo durante la campaña de verano, lo que provoca que parte de la plantilla quede en la incertidumbre el resto del año.

Además, la falta de personal fijo dificulta la creación de equipos estables y experimentados, algo fundamental cuando la rapidez y la coordinación marcan la diferencia entre controlar un incendio o ver cómo se expande sin freno. Los sindicatos señalan también la escasez de medios materiales, desde vehículos en mal estado hasta equipos de protección individual insuficientes.

El impacto del cambio climático

Asimismo, López también ha querido recordar que la situación se agrava por el contexto de cambio climático, que multiplica los incendios de gran magnitud y complica la labor de extinción. “Se equivocan quienes tratan de alimentar una polémica estéril”, ha advertido el ministro, insistiendo en que lo importante ahora es reforzar los recursos y dotar de estabilidad a quienes arriesgan su vida en el monte.

La campaña pasada ardieron en España más de 90.000 hectáreas, y aunque Madrid no es de las comunidades más afectadas, su proximidad a zonas de alto riesgo y el crecimiento de la masa forestal por el abandono rural la convierten en un territorio vulnerable.

«Algunas comunidades lo han hecho mejor, otras lo han hecho peor. Desde luego el Gobierno de España ha reforzado los recursos públicos y ha movilizado todos los recursos que existen en el Estado. Creo que sería bueno que, como ha dicho el presidente (Pedro Sánchez), que nos sentemos en una mesa y analicemos todos los recursos que tiene cada comunidad autónoma», ha señalado.

La propuesta pasa por evaluar de forma conjunta tanto los medios del Estado —UME, brigadas de refuerzo y medios aéreos— como los de cada autonomía, con el objetivo de detectar carencias y optimizar la gestión de emergencias. «¿Ahora la prioridad es apagar los incendios? Faltaría más. ¿Se han puesto todos los medios del gobierno a disposición? Todos están movilizados. La prioridad es apagar los incendios y la seguridad no solamente de los servidores públicos, sino también de los ciudadanos», ha concluido el ministro.

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Óscar López habla sobre las prácticas mafiosas de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez: “Como te atrevas a tocarme…”

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El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, se ha mostrado muy rotundo en su visita al espacio radiofónico de Las mañanas de RNE y ha criticado con contundencia los métodos que, según ha expuesto, siguen en tándem Isabel Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, cada vez que alguien amenaza su estabilidad y sólidez tratando de evidenciar malas praxis llevadas a cabo por alguno de los dos. De hecho, se remitía a un ejemplo que ya forma parte de la memoria popular, que no del partido político sino del conjunto nacional, cómo fue la inesperada y llamativa caída política de Pablo Casado, quien ocupara el puesto que ostenta Feijóo, por haber ordenado investigar dentro de su partido una supuesta comisión que podría haber cobrado el hermano de la presidenta madrileña por un contrato de un millón y medio de euros para mascarillas en plena primera ola de coronavirus en 2020, un hecho que todavía está siendo investigado por la Fiscalía Europea. 

Aquel hecho, que para muchos resultó incomprensible pues quién debió recoger sus cosas del despacho fue quien estaba denunciando un posible caso de corrupción al que han seguido otras sospechas por otros motivos que han sido más que sonadas, llevó a la desaparición absoluta de Pablo Casado, que pasó en una semana escasa de ser el líder de una de las dos principales formaciones políticas españolas a quedar oculto en el lado de la farola sobre el que no se arroja luz. 

Para Óscar López, este duro final de aquel político es una muestra del modus operandi que desarrollan Ayuso y Rodríguez, por el cual sus víctimas no solo pierden su posición sino que también quedan atrapados por el silencio. Así, definía como un «mensaje mafioso» esta forma de trabajar en la que, como el mismo contaba, se da a entender que «como te atrevas a tocarme, te vas a enterar”. De esta manera, el ministro argumentaba que con esta presión lo que hacen es sugestionar a las personas que pueden estar pensando en denunciar cualquier práctica de ambos que pueda ser de dudosa ética, porque han hecho calar el pensamiento de «no te atrevas a investigarme, porque sino vas a ir tú detrás». 

La periodista Lara Hermoso, conductora del programa de Las mañanas de RNE, preguntaba al ministro, ante estas afirmaciones severas, si cree que el Tribunal Supremo obedece a la presidenta madrileña. «Lo que sé es que el señor Rodríguez ha diseñado una estrategia, en Twitter se puede ver todos los días como dice este ‘va palante’ (sobre diferentes personas)», explicaba, a lo que añadía que «yo lo que digo es que, delante de los jueces del Supremo, unos periodistas han dicho lo que han dicho y yo no estoy acusando de nada al Supremo, estoy diciendo que dentro del Partido Popular, la señora Ayuso y su entorno tienen una estrategia y hay un mensaje que es muy peligroso».

En este sentido, apuntaba que lo que transmiten es «no te atrevas a tocar nuestra corrupción», para lo cual recordaba a Pablo Casado y lo comparaba con el Fiscal General del Estado, afirmando que lo que está ocurriendo es lo mismo que le pasó al ex líder del Partido Popular. 

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Real Madrid – Osasuna: el partido de la polémica, de los estrenos en los banquillos y del regreso 11 años después

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Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Brahim, Vinícius y Mbappé.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Juan Cruz; Moncayola, Torró, Aimar; Budimir y Raúl García de Haro.

Árbitro:

Adrián Cordero (comité cántabro).

El 19 de agosto de 2014 Xabi Alonso pisó por última vez el césped del Santiago Bernabéu como jugador del Real Madrid (regresó en 2017 como jugador visitante). Tras aquel duelo de Supercopa de España, el centrocampista vasco puso rumbo a Múnich para fichar por el Bayern. 11 años después, Xabi Alonso se estrenará como entrenador local del Real Madrid en la primera jornada de Liga. Enfrente, Osasuna.

El flamante entrenador madridista debuta en la Liga al igual que el ocupante del banquillo visitante. Tras su buen papel en el Mirandés, el italiano Alessio Lisci arranca su andadura en las riendas de Osasuna.

Xabi Alonso vuelve al Bernabéu como ídolo del madridismo 11 años después

El duelo lleva meses dando de qué hablar. Tras disputar las semifinales del Mundial de Clubes, el Real Madrid solicitó a la Liga el aplazamiento del choque al disponer de cinco semanas desde su derrota ante el PSG en Estados Unidos. No fueron aceptadas sus súplicas y el partido se disputará un martes, a pesar de que desde Osasuna no había ninguna objeción.

Alonso lo ha recordado en rueda de prensa, su equipo ha tenido tres semanas de vacaciones y solo dos para como pretemporada: «Ahora ya no valen las excusas», aclaró.

Mastantuono entra en su primera convocatoria; regresa Fede Valverde

El argentino Franco Mastantuono entró en su primera convocatoria como jugador del Real Madrid, con opciones de debutar en el estreno en LaLiga EA Sports ante Osasuna, partido para el que regresa Fede Valverde, tras una sobrecarga, y en el que Xabi Alonso no podrá contar con Jude Bellingham, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Endrick, por lesión, ni Antonio Rüdiger por sanción.

Tras cuatro días de trabajo con el Real Madrid y con 18 años recién cumplidos, Mastantuono es la gran novedad de la primera convocatoria oficial de la temporada de Xabi Alonso.

Respecto a la realizada para el amistoso ante el Tirol disputado en Innsburck (Austria), regresa el uruguayo Fede Valverde, que no disputó el partido por precaución por la carga de trabajo físico en los entrenamientos, y causa baja el alemán Antonio Rüdiger, que debe cumplir un partido de baja en LaLiga de la pasada edición.

Osasuna busca la gesta de 2004

Osasuna no asalta el Bernabéu desde abril de 2004, en su última victoria en Liga en Chamartín. Llega al Bernabéu más rodado que los locales y siempre asegura esfuerzo y compromiso, ya sin Jesús Areso, pero con el siempre peligroso Ante Budimir, que la pasada campaña convirtió 21 tantos en Liga. Lisci debe dar su toque a un equipo que construye su fortaleza en la intensidad y la solidez.

Buscando esto, el equipo navarro podría presentarse con defensa de cinco hombres, aunque esto les limitará en la medular. Todo para lograr ser el primer equipo en 17 años en ganar al Real Madrid en el estreno doméstico.

Ese cambio de sistema ha sido el sello de Lisci más destacable en pretemporada, con dos carrileros que dotan de profundidad al equipo. Por otro lado, parece que Raúl García de Haro, con tres goles y una asistencia, ha sido la nota positiva, lo que le abre las puertas a una posible titularidad.

La salida de Jesús Areso puso punto y final a un culebrón que se alargó más de la cuenta en Pamplona. Antes de ello, Osasuna se cubrió con Valentín Rosier para evitar fichar después de la salida del primero de ellos con un sobrecoste ante los 12 millones ingresados por Areso.

Todavía restan días para el cierre del mercado, mientras la afición rojilla mira con cierta intriga hacia Enzo Boyomo. El camerunés, con una cláusula de 25 millones, mantendrá en vilo a su parroquia estos últimos días de agosto.

El PP rechaza un pacto de Estado contra el cambio climático: “Es una cortina de humo”

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El Partido Popular ha rechazado de plano la propuesta de Pedro Sánchez de alcanzar un pacto de Estado contra el cambio climático. La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, lo ha calificado de “cortina de humo” y ha acusado al presidente del Gobierno de lanzar “una huida hacia adelante” mientras los incendios siguen arrasando varias provincias y ponen en jaque a miles de vecinos. En opinión de la dirigente popular, la prioridad del Ejecutivo no debería centrarse en grandes acuerdos de futuro, sino en movilizar con urgencia todos los medios disponibles para extinguir los fuegos que asolan buena parte del territorio.

Muñoz ha sido tajante durante una comparecencia en la sede nacional del PP. “Él tenía que haber ido a ayudar a apagar el incendio y no a llevar más cortinas de humo”, ha denunciado. Además, ha criticado que tras “una semana desaparecido”, la visita de Sánchez a las zonas afectadas en Ourense y León se saldara únicamente con el anuncio de un pacto de Estado. “Eso ahora no sirve para recuperar lo perdido, ni para acabar con las llamas”, ha afirmado, remarcando que los afectados necesitan soluciones inmediatas.

La portavoz del PP ha subrayado que la situación exige “medidas urgentes, concretas y eficaces”, como el despliegue de más efectivos militares y una mejor coordinación con las comunidades autónomas. “El Gobierno tiene que enviar militares para ayudar lógicamente en la lucha contra el fuego”, ha insistido.

Muñoz ilustró su crítica con una metáfora contundente: “Es como si en medio de un tsunami se propone un pacto sobre los océanos, no sirve absolutamente para nada”. Así, ha recordado que no es la primera vez que Sánchez recurre a este tipo de propuestas, puesto que ya en 2021, tras el grave incendio de la Sierra de la Culebra, lanzó la idea de un pacto nacional contra el cambio climático que nunca llegó a materializarse.

“El presidente del Gobierno recurre a los mismos anuncios cuando se repite la tragedia, pero lo que necesitamos ahora no son titulares, sino recursos sobre el terreno”, ha añadido la siempre polémica portavoz.

En su intervención, la diputada del PP también ha acusado al Gobierno de incoherencia. «Sánchez hablaba de actuar codo con codo cuando sacó a sus ministros a criticar a quienes pedían más medios», le ha reprochado.

Según Muñoz, en Castilla y León lo habitual es tener «dos o tres incendios de nivel 2», pero ahora «hoy hay 11 incendios de nivel 2 y siete de nivel 1». «León está ardiendo por todos los costados salvo el sureste. Y Puente, desde la playa con un mojito y un puro, se permite el lujo de decir que no somos capaces de apagar, sin saber lo que está pasando», ha añadido.

Sánchez defiende un pacto “fuera de la lucha partidista”

En paralelo a las críticas del PP, Pedro Sánchez defendió este domingo en Ourense la necesidad de un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática. Tras reunirse en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el jefe del Ejecutivo explicó que la propuesta pretende sentar las bases de una estrategia a largo plazo.

“Esto interpela a todas las administraciones públicas, pero también a los grupos parlamentarios, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos. En definitiva, al conjunto del país”, señaló Sánchez.

El presidente defendió la necesidad de hacer “una reflexión de fondo” sobre cómo redistribuir y redimensionar los recursos de prevención y respuesta. “Tenemos que tener respuestas claras a los problemas que nos afectan en el día a día con independencia de cuál sea la estación del año”, indicó, citando tanto los incendios de verano como las danas que se repiten en otoño e invierno.

Bases en septiembre y refuerzo militar

El Gobierno pretende que en septiembre estén listas las bases del pacto, que se enfocará en reforzar la capacidad de los servicios públicos para actuar antes, durante y después de las catástrofes. “El objetivo es anticipar una mejor respuesta, más garantista y segura a los ciudadanos”, recalcó Sánchez.

En el plano inmediato, anunció el despliegue de 500 militares adicionales para apoyar las labores de extinción. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya ha autorizado la incorporación de estos efectivos del Ejército de Tierra, de los cuales una parte se destinará a Galicia, en respuesta a la solicitud de la Xunta de recibir 200 más.

El presidente también se mostró contundente contra los responsables de provocar incendios. “No puede haber impunidad. Aquellas personas que hayan sido las encargadas de hacer y de provocar estos incendios tienen que rendir cuentas ante la Justicia”, advirtió.

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Más Madrid denuncia que Ayuso asfixia al Ayuntamiento de Almeida con fondos bloqueados

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Programas destinados a la conciliación familiar, la ayuda a domicilio de personas dependientes o la lucha contra el absentismo escolar están en riesgo por el retraso en la llegada de fondos autonómicos. Más Madrid denuncia que Isabel Díaz Ayuso mantiene retenidos más de 115 millones de euros que deberían estar ya en las arcas municipales de la capital. La oposición en Cibeles acusa a la presidenta regional de bloquear recursos esenciales para los servicios sociales de la ciudad, mientras el alcalde José Luis Martínez-Almeida evita enfrentarse a su compañera de partido.

Según los cálculos de Más Madrid, en el mes de junio el Ayuntamiento solo había recibido 8 millones de los 123 comprometidos por la Comunidad, lo que supone apenas un 7 % del total. La situación es especialmente llamativa, subrayan, si se compara con las transferencias récord que el Gobierno central ha hecho llegar a Madrid en los últimos años: durante el mandato de Almeida las aportaciones del Estado han crecido casi un 50 %, lo que equivale a 800 millones de euros adicionales, hasta alcanzar los 2.240 millones. A ello se suman los fondos europeos canalizados a través de programas específicos.

En contraste, los ingresos municipales no se ven reforzados por la Comunidad de Madrid, cuya aportación llega con retraso o de manera incompleta. Entre las partidas pendientes se encuentran 106 millones destinados al servicio de ayuda a domicilio, 7,5 millones para el Plan Corresponsables —cuyo objetivo es financiar servicios de conciliación para familias con hijos menores de 16 años— y 400.000 euros para programas de prevención del absentismo escolar. Fondos que, según denuncian desde la oposición, se quedan en los cajones de la Puerta del Sol.

La concejala Sara Ladra, portavoz de Más Madrid en la Comisión de Economía Hacienda, ha sostenido en declaraciones a ‘Somos Madrid’ que la actitud del Gobierno autonómico compromete la prestación de servicios básicos en la ciudad. “No hay ni rastro de los millones comprometidos para la ayuda a domicilio, para el plan de conciliación o para combatir el absentismo. Y lo grave es que el alcalde calla”, asegura. “Que Almeida se ponga a trabajar de una vez en lo importante y reclame a Ayuso el dinero que le debe”, ha remachado.

Ladra ha añadido además que la deuda municipal no deja de aumentar pese al aumento de ingresos estatales. Desde 2021, el Ayuntamiento ha visto crecer su pasivo en 262 millones de euros, un 16 % más, lo que, en sus palabras, “terminamos pagando todos y todas”, a diferencia de medidas fiscales como las rebajas del IBI, que “solo benefician a unos pocos”.

La respuesta del Gobierno regional ha sido tajante. Desde la Consejería de Presidencia señalan que los retrasos obedecen a que el Ministerio de Igualdad transfirió las cantidades del Plan Corresponsables con retraso y que el Ayuntamiento recibirá los fondos “en breve”. Además, critican que el Ejecutivo central haya recortado en casi 50 millones el presupuesto nacional del plan. Según la Conferencia Sectorial de Igualdad, recogida en el BOE, el programa mantiene su dotación total de 190 millones, pero obliga a las comunidades a aportar un 25 % de cofinanciación.

En lo relativo a la ayuda a domicilio, la Comunidad defiende que ya se han abonado 61,3 millones en el primer semestre de 2025, exactamente la mitad del importe previsto, y que el resto llegará en el último trimestre, cumpliendo así lo estipulado en el convenio. Incluso destacan que este año se ha incrementado la financiación en 16,6 millones con respecto a 2024, tras otra subida de 30 millones el año anterior. En cuanto al absentismo escolar, la Consejería de Educación recuerda que ya transfirió 300.000 euros en julio y que el resto, 100.000 euros, se pagará en noviembre.

Pese a las quejas de Más Madrid, en el equipo de Almeida no hay fisuras con el Gobierno regional. Fuentes municipales subrayan que la relación entre ambas administraciones se caracteriza por la “máxima colaboración y lealtad” y que el 57 % de la financiación comprometida para este año ya ha sido abonada. Además, cargan contra el Gobierno central al que acusan de infrafinanciar la atención a la dependencia, aportando apenas un 30 % de su coste cuando debería alcanzar el 50 %. “Para compensar esta irresponsabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Ayuntamiento y la Comunidad han hecho un esfuerzo extraordinario que ha permitido firmar el mayor contrato anual de la historia municipal: 677 millones para la ayuda a domicilio”, argumentan desde Cibeles.

La tregua frágil entre Ayuso y Almeida

Aunque desde fuera se proyecte una alianza impecable entre Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez‑Almeida, la relación entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital ha estado marcada por fricciones históricas que resuenan aún en su gestión conjunta. Durante la crisis interna del PP entre 2021 y 2022, ambos tomaron posiciones enfrentadas: Ayuso aspiraba a liderar el partido regional con el respaldo de su equipo, mientras que Almeida defendía una “tercera vía” desvinculada de la pugna, lo que generó una presión latente dentro de Génova y tensó su sintonía pública. Almeida reconoció más tarde que aquel intento fue un error, admitiendo que debería haberse contenido y lamentando haber contribuido al pulso interno.

En ese momento, también quedó patente una división a nivel territorial: distritos enteros del Ayuntamiento se posicionaron a favor de Ayuso o de Almeida, lo que evidenció un reparto desigual de lealtades dentro del PP madrileño. A pesar de las imágenes posadas de ambos durante eventos simbólicos —como su llamado “abrazo de paz” en la Almudena—, esos gestos parecían más un paréntesis necesario en la calma que un auténtico cierre de heridas. Fuentes consultadas por la prensa describían una tregua frágil, mantenida en lo formal, pero sin resolver en lo estratégico.

 

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El mundo, en vilo: Los ultraderechistas Trump y Putin se reúnen en Alaska y la cumbre con Zelenski, en el aire

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que mantendrá en las próximas horas una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar la situación territorial en Ucrania, aunque ha aclarado que cualquier acuerdo final será decidido únicamente por Kiev.

Durante el vuelo hacia Anchorage (Alaska), Trump ha conversado con los medios a bordo del Air Force One, calificando a Putin como un «tipo listo» y destacando el «buen respeto mutuo» existente entre ambos líderes. El mandatario estadounidense ha afirmado que llevará a la reunión «herramientas de presión contundentes«, incluyendo la amenaza de “sanciones económicas muy serias” si el encuentro no cumple sus expectativas.

«Si yo no fuera presidente, se habría quedado con toda Ucrania», ha afirmado Trump, mostrando su escepticismo sobre el carácter belicista del mandatario ruso. Respecto a la posibilidad de un intercambio de territorios, Trump ha aclarado que será Ucrania quien tome la decisión final.

El presidente estadounidense también ha indicado que otro de los puntos clave será discutir las garantías de seguridad solicitadas por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el objetivo de lograr una «paz justa y duradera«. Entre los escenarios posibles se contempla el despliegue de una fuerza multinacional con participación europea, pero no bajo la OTAN, descartando así su participación directa.

Trump ha expresado además que vería como un éxito acordar un alto el fuego en Ucrania durante su cumbre con Putin. «No hay nada definitivo. Quiero ciertas cosas. Quiero un alto el fuego. Esto no tiene nada que ver con Europa. Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski. Pero quiero un alto el fuego rápidamente», ha afirmado desde el Air Force One. El presidente ha agregado que no sabe si el acuerdo se alcanzará este viernes y advirtió que abandonará la reunión si el resultado no es el que él espera.

Por su parte, el Kremlin ha señalado que una cumbre futura entre Putin y Zelenski podría ser factible si la reunión con Trump arroja resultados satisfactorios. El portavoz ruso, Dimitri Peskov, ha anticipado que las delegaciones trabajarán entre seis y siete horas, incluyendo encuentros económicos y reuniones paralelas, antes de la rueda de prensa conjunta prevista.

Peskov ha confirmado, como se preveía, que la cumbre entre Trump y Putin contará con encuentros paralelos de carácter económico. «Habrá negociaciones entre estas delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo», ha explicado el portavoz en declaraciones al Canal 1 de la televisión rusa. «Después, los líderes tratarán los resultados antes de su reunión, y finalmente terminarán en una rueda de prnesa conjunta», ha indicado. «En general, cabe suponer que se dedicarán a esto entre seis y siete horas», ha añadido el portavoz. Peskov no ha querido elucubrar más allá de expresar su deseo de que esta cumbre termine de una sola forma: «Productivamente», ha indicado al canal ruso, un resultado imprescindible para cerrar otra esperada reunión todavía en vilo: la que mantendría Putin con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Putin llegará a Anchorage acompañado por altos funcionarios, incluyendo al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el jefe del fondo soberano de riqueza ruso, Kirill Dmitriev, y los ministros de Defensa y Finanzas, Andrei Belousov y Anton Siluanov. Trump contará con la compañía de sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent, así como del secretario de Exteriores, Marco Rubio. La Casa Blanca ha previsto que la reunión comience a las 11:00 hora local de Anchorage (21:00 hora peninsular en España), con un cara a cara entre Trump y Putin, seguido por un encuentro más amplio entre delegaciones y una rueda de prensa conjunta al final de la cumbre.

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El Gobierno reta al PP a clarificar su estrategia de vivienda: “Que abandonen la retórica vacía”

Pitirre Noticias

La imposibilidad de acceso a la vivienda es el principal problema de la ciudadanía española, que contempla como los precio no paran de subir en todo el territorio, con especial afectación en las principales ciudades y en los enclaves turísticos. Sin embargo, esta cuestión parece haberse asumido con resignación, pues los que tienen competencias para acometer un cambio no actúan, y es utilizada como arma arrojadiza entre los partidos sistémicos, denotando que una parte del espectro podría incluso estar interesada en que se enquiste la cuestión hasta, por lo menos, hacerse con el poder.

Las competencias del Gobierno central en esta materia son escasas y la ambición por avanzar hacia una vivienda pública, asequible (ni que decir gratuita) y de calidad un tanto impostada. Del lado de las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular (PP), el dogma es dejar al mercado que haga, aunque esto signifique machacar más aún a las clases trabajadoras, y tan solo intervenir si es para poder favorecer a algunos de los principales actores privados, en cuyo caso las cabriolas para justificar meter mano siempre aluden al interés general.

En los últimos meses, desde el Ejecutivo de coalición se han lanzado varias propuestas a las autonomías, no excesivamente ambiciosas en lo que a intervencionismo público y combate de la especulación inmobiliaria se refiere, en busca de un pacto de Estado. Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no bajan los brazos e insisten en reclamar altura de mirar a los presidentes regionales, a los que también advierte que dejará atrás en el reparto de fondos estatales y el levantamiento de viviendas si no colaboran para solucionar el problema.

“Si el PP de verdad quiere contribuir a resolver el problema de acceso a la vivienda, común en todos los países de nuestro entorno, tiene que abandonar la retórica vacía”, trasladan fuentes de la cartera pilotada por Isabel Rodríguez. Para alejarse de la dinámica de grandilocuencias vacías, lanzan una lista de nueve puntos acotados y básicos y pide a los de Alberto Núñez Feijóo “aclarar si está de acuerdo” con estos mínimos, de cara a poder comenzar una negociación entre las diferentes administraciones.

Los 10 puntos de vivienda

Desde el Ministerio capitaneado por los socialistas presentan como primer punto la necesidad de un Acuerdo Estatal de Vivienda como el planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la conferencia de presidentes. Este texto llama a triplicar la inversión en vivienda pública, pensando en la construcción de inmuebles destinado al alquiler asequible y cuya protección pública sea de carácter vitalicio. Además, ahonda en el despliegue de las zonas tensionadas para acometer una reducción de los arrendamientos.

El segundo de los puntos hace alusión a “continuar construyendo un gran parque de vivienda protegida que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna desde lo público”, que unido al tercero (“hay que triplicar los fondos destinados a políticas de vivienda”) y cuarto (“blindar la protección permanente de las viviendas pagadas con los impuestos de todos para que no se malvendan a fondos buitre”), componen parte del plan expuesto por Sánchez.

“Hay que ofrecer a la ciudadanía los datos sobre el mercado inmobiliario de forma transparente”, sugiere el quinto de los puntos que lanza el Ministerio de Vivienda. Asimismo, pone el foco en la proliferación de los pisos turísticos, que elevan los precios y expulsan a los vecinos de sus barrios, en el secto: “hay que actuar con contundencia, como hace el Gobierno, para clausurar las viviendas turísticas ilegales que expulsan a las familias de sus barrios”.

“Hay que aplicar la Ley de Vivienda para limitar la especulación y las subidas abusivas en los alquileres, sobre todo en las zonas de mercado tensionado” y “activar planes especiales para las zonas donde la gente tiene más problemas para acceder a una vivienda”, añaden el séptimo y octavo planteamientos que deslizan los socialistas al Partido Popular. “Hay que movilizar viviendas vacías y fomentar su puesta a disposición en forma de alquiler asequible”, prosiguen desde la cartera de Rodríguez, aunque sin concretar cómo se hará.

Si se optará una vez más a los incentivos a los propietarios o si se elegirá una medida de coacción, como en capitales europeas del calado de Bruselas o Lisboa, es una duda sin despejar, aunque todo apunta a la primera de las opciones. “Hay que modernizar el sector de la construcción para que sea más seguro y atractivo, sobre todo para los jóvenes”, zanjan, apostando por una nueva forma de construcción adaptada a las necesidades y el medio.

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El PP replica con los incendios las excusas de Mazón con la DANA

Pitirre Noticias

La oleada de incendios forestales que arrasa España ha devorado ya decenas de miles de hectáreas y provocado evacuaciones masivas, con más de 25.000 hectáreas calcinadas según los últimos datos. Como viene siendo habitual en estas catástrofes, el episodio ha desencadenado un cruce de reproches políticos. Desde el Partido Popular acusan al Gobierno central de haber llegado “tarde” ante la crisis y de carecer de una política firme contra los fuegos. Sin embargo, la legislación vigente atribuye a las comunidades autónomas la competencia de prevención y extinción de incendios forestales, por lo que, según la portavoz socialista en la materia, “por ley corresponde” actuar a los gobiernos regionales afectados.

Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez, lamentando la “ausencia de políticas contra incendios forestales” y criticando que el Ejecutivo “sigue de vacaciones” mientras se extienden las llamas. En sus declaraciones matutinas, el líder del PP reprochó al Gobierno no haber activado a tiempo “la vigilancia en los bosques y en los montes españoles”, justo antes de que comenzase la temporada de alto riesgo. Estas acusaciones llegan incluso cuando la mayoría de los territorios más afectados (Galicia, Castilla y León, Andalucía o Castilla-La Mancha) están gobernados por el PP, lo que ha suscitado críticas internas de que la oposición arremete contra el Ejecutivo contra viento y marea.

Sin embargo, el Gobierno no se ha quedado callado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó dedicar tiempo a debates estériles y pidió centrarse en la cooperación: “No vamos a malgastar ningún tiempo en otra cuestión que no sea trabajar, coordinar y poner todos los medios desde el Estado a disposición de las comunidades autónomas”. En la misma línea, la ministra Elma Saiz remarcó que su papel sería colaborar y no confrontar: “Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación”. Desde Moncloa se insiste en que el Ejecutivo está movilizando todos los recursos posibles y apunta que, pese a lo que insinúa el PP, España dispone este verano de una flota de 56 aeronaves dedicadas a la extinción, desmintiendo los datos que presentó la dirección popular. En palabras del propio Gobierno, la acusación de menos medios “es falsa”, pues “la realidad es que el número de aeronaves asciende a 56”.

Además de la estrategia pública de Feijóo, otros dirigentes del PP han aprovechado la crisis para responsabilizar al Gobierno central. La vicesecretaria Carmen Fúnez ha atribuido la falta de efectivos y medios al hecho de que el Ejecutivo socialista no haya logrado aprobar unos Presupuestos Generales para 2025. Fúnez mostró un documento ministerial señalando que “un factor importante que impide contratar” un mayor número de aeronaves contra incendios es precisamente “la ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados” para este año. Sin embargo, resulta evidente que esa carencia choca con el contexto: las leyes autonómicas de Andalucía, Galicia, Castilla y León o Madrid establecen que la prevención y lucha contra el fuego dependen de las autonomías, y en este caso esas comunidades están bajo gobierno popular.

Bajo este contexto de crisis natural, el precedente de la DANA de Valencia reaparece en el debate. En octubre de 2024 una catástrofe meteorológica dejó más de 200 fallecidos y enormes daños en la provincia de Valencia. Entonces, el presidente valenciano Carlos Mazón culpó a Pedro Sánchez por la tardanza en lanzar la alerta, pese a que la ley apuntaba justamente a la Generalitat como autoridad responsable de la emergencia. Según informaciones de prensa, Mazón llegó a insinuar que debería ser el Gobierno central quien hubiese enviado la alarma climatológica, olvidando que fue precisamente su ejecutivo quien demoró las alertas y la declaración de emergencia en aquellas primeras horas. Ahora, se recuerda que la jueza de Catarroja dejó claro que el mando único en la DANA correspondía al Gobierno autonómico valenciano, no al Estado. En resumen, aunque se trató de un fenómeno extraordinario ―con avisos meteorológicos días antes― quien tendría que haber coordinado la respuesta fue la Generalitat, según subraya la investigación judicial.

Este tenso episodio ha puesto en evidencia una paradoja señalada por la todos: con 11 comunidades gobernadas por el PP, la sombra de la DANA obliga a sus líderes a recordar que cuando las emergencias golpean, la responsabilidad recae en quien manda. La Vanguardia lo refleja claramente: “el poder, en política, no siempre suma; también expone. Y cuando las emergencias golpean, la responsabilidad recae en quien manda, como bien debe recordar Carlos Mazón tras la dana de Valencia”. En otras palabras, la misma posición que el PP adopta ahora –culpar al Ejecutivo central– estuvo sobre la mesa en Valencia y chocó contra la realidad de las competencias autonómicas. El diario añade que, con el mapa autonómico teñido de azul, “las llamas apuntan a presidentes autonómicos populares, obligados a explicar la falta de medios, las carencias estructurales y las decisiones presupuestarias”. En definitiva, la polémica política se enciende cada vez que arde España, pero apunta directamente hacia quienes gobiernan los territorios quemados, recordando las lecciones de la DANA valenciana.

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La ola de incendios convierte ya 2025 en el tercer peor año en dos décadas

La ola de incendios convierte ya 2025 en el tercer peor año en dos décadas

Pitirre Noticias

Los incendios continúan arrasando España. Siete comunidades autónomas continuaban este jueves bajo el asedio de las llamas: Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Andalucía, Asturias y el País Valencià. También este jueves murió en Zamora un voluntario, cuyo cuerpo fue abrasado en un 85%. Son ya siete las víctimas mortales de los incendios forestales en lo que va de año. De acuerdo con la información disponible en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), creado por la Comisión Europea, este 2025 han ardido ya 157.501 hectáreas (ha) en el Estado, lo que lo convierte ya en el tercer peor año en dos décadas, tan solo superado por 2012 y 2022.

De acuerdo con las estimaciones satelitales de EFFIS –que utiliza los sensores MODIS y VIIRS de la NASA–, disponibles desde el año 2006, el fuego calcinó 189.376 hectáreas en el año 2012, una cifra que hasta ahora solo ha superado el 2022, con 306.555 hectáreas arrasadas, el peor dato con diferencia de toda la serie histórica. Continúa en la memoria colectiva el incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, como una de las mayores catástrofes de aquel virulento verano.

Mónica Parrilla, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace: «Llevamos tiempo alertando, pero vemos que se ha aprendido muy poco»

«Años como 2012, 2017 [que hasta ahora ocupaba el tercer puesto como peor año en cuanto a incendios] o 2022 tienen cifras dramáticas», valora a Público Mónica Parrilla, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace. «Llevamos tiempo alertando, no solo desde Greenpeace, sino desde el operativo y desde la ciencia, pero vemos que se ha aprendido muy poco», lamenta. La especialista recuerda que 54 entidades con diferentes sensibilidades lograron ponerse de acuerdo en el 2023 para sacar adelante un documento con las medidas que se deberían llevar a cabo contra los fuegos.

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El documento salió tras los trágicos hechos que asolaron el año anterior. El MITECO sacó en agosto del mismo 2022 el Real Decreto-Ley 15/2022 con carácter urgente y, en septiembre, el Real Decreto-Ley 17/2022. Estas normas venían a modificar la legislación para mejorar la prevención,
extinción y restauración de los terrenos
afectados por incendios. En el año 2024 salió adelante la Ley 5/2024 de bomberos
forestales, que regulaba la profesión a nivel estatal en materia de formación, derechos laborales y coordinación
entre administraciones.

La cartera de Aagesen tiene pendiente aprobar el Real Decreto con el que se pretende establecer un marco común y
directrices para la elaboración de los planes
anuales para la prevención de incendios. Parrilla considera que esta norma es «urgente» para cohesionar todas las comunidades autónomas. El texto se encuentra actualmente en tramitación, pero fuentes ministeriales no han sabido concretar a este diario la fase en la que está ni cuándo se espera que salga adelante.

Un escenario de cero incendios, un escenario indeseable

En realidad, cabe destacar que ninguna medida plantea en términos realistas un futuro sin incendios en España. El fuego forma parte del ecosistema mediterráneo, por lo que su presencia es «natural» y no se puede pensar en «un escenario de cero incendios», explica a Público Cristina Santín, investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), dependiente del CSIC. Sin embargo, las tendencias actuales rebasan lo que sería propio del clima ibérico. «La severidad y la extensión de los incendios forestales en los últimos años son ciertamente preocupantes», declara Fernando Ojeda, catedrático en el departamento de Biología de la Universidad de Cádiz.

De hecho, el problema se encuentra en la cantidad de Grandes Incendios Forestales (GIF), como se denomina a aquellos que superan las 500 hectáreas. Tanto Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, como Mónica Colmena, técnica del programa de Bosques de WWF España, hacen hincapié en el peso cada vez mayor de esta clase de focos. Según los datos de EFFIS, que recoge los incendios superiores a aproximadamente 30 hectáreas, el número registrado hasta ahora en el 2025 es de 202, el más bajo desde 2018 –que tuvo un total de 91 focos–, pero ocupa ya el segundo lugar en cuanto a extensión en este período.

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Colmena remarca que las tendencias actuales muestran cada vez un menor número de incendios y también de hectáreas quemadas, pero advierte: «La tendencia se está frenando«, y la misma podría revertirse. Prieto enfatiza que los datos actuales no son los peores de la serie histórica con la que cuenta el MITECO, y recuerda que en la segunda mitad del siglo XX estas cifras llegaron a ser sustancialmente mayores. No obstante, el director del Observatorio de Sostenibilidad subraya que, si no se hace nada al respecto, la orientación decreciente puede llegar a un punto de inflexión.   

Menos incendios, pero cada vez más grandes

Según el informe oficial relativo al año 1985, el fuego arrasó 486.327 hectáreas. Se trata del peor año desde que existen registros, iniciados en 1961. Los años 1978, 1989 y 1994 son los únicos –junto a 1985– que superan las 400.000 hectáreas quemadas. El informe del MITECO disponible para 2022 solo cuenta la superficie forestal afectada, sin dar cuenta de otros tipos de suelo, e indica 267.946 hectáreas. Por su parte, EFFIS recuenta una superficie total afectada de 306.555 hectáreas ese mismo año.

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Esta diferencia en la cifra no solo se debe a que pueda contar más tipos de suelo, sino también por la metodología –mientras que el sistema europeo utiliza sensores MODIS y VIIRS, el Gobierno de España elabora sus informes a partir de los partes de incendio recogidos–. En cualquier caso, tanto EFFIS como el MITECO destacan cómo los incendios son cada vez más grandes.

Con estos datos en mano, Parrilla se suma a las preocupaciones de Prieto y Colmena: «Efectivamente, la tendencia que tenemos se debe a los operativos de extinción, que son muy exitosos». La ingeniera forestal recuerda que la gran mayoría de focos en España se apagan cuando apenas están en fase de conato, es decir, cuando no llegan a una hectárea de extensión. La portavoz de Greenpeace señala que son pocos los incendios responsables de la mayor parte de la superficie quemada porque el fuego también ha evolucionado.

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Un nuevo comportamiento del fuego

Los operativos de extinción hablan de «comportamientos erráticos», menciona Parrilla. «Se generan situaciones nuevas a las que no estamos acostumbrados». Diferentes voces han popularizado diferentes términos para dar cuenta de esta nueva realidad: se habla de megaincendios, incendios extremos o incendios de sexta generación. Según los define WWF en su informe Incendios fuera de control, estos últimos serían focos «de alta intensidad que alteran la estabilidad
atmosférica, generando pirocúmulos que pueden derivar en tormentas
de fuego». Además, pueden ser «explosivos, impredecibles e imposibles de
extinguir» llegados a ese punto.

También Mónica Colmena advierte de que «los incendios son cada vez más incontrolables y desbordan la capacidad de extinción«. Por su parte, el director de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Fernando Valladares destaca que, frente a estos fuegos, «los técnicos solo pueden poner en cierta seguridad a las personas e infraestructuras sensibles y esperar a que las condiciones se vuelvan más favorables».

Otras voces como Fernando Prieto recuerdan que el término «incendio de sexta generación» no es un concepto «que se haya mencionado en ninguna revista científica». No obstante, coincide con el resto de expertos al identificar que el comportamiento del fuego se está transformando. Y aunque reitera que en el siglo pasado las catástrofes llegaron a alcanzar cotas peores, advierte de la necesidad de hacer frente a una nueva realidad que amenaza con extender cada vez más las dimensiones de las llamas.

Mónica Parrilla, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace: «Tenemos un paisaje sin gestionar que es un auténtico polvorín»

Las razones por las que proliferan esta clase de incendios son multifactoriales. Cristina Santín explica que ha habido cambios en los usos del suelo, a razón de la despoblación rural. Este abandono ha traído cambios en el paisaje, que ahora cuenta con una masa forestal más continua, en contraposición al diseño de mosaico que otrora servía como cortafuegos. Además, si bien la crisis climática no origina como tal los incendios –en su mayoría de causa humana–, Parrilla subraya que sí los agrava: «Hay un aumento de superficie forestal que no está tratada, que encima sufre los impactos del cambio climático con olas de calor y con sequías. Tenemos un paisaje sin gestionar que es un auténtico polvorín».

Con este nuevo panorama, «no se pueden gestionar los incendios como se gestionaban hace 50 años, porque los incendios han evolucionado», insiste la portavoz de Greenpeace. Las expertas y los expertos coinciden en la necesidad de hacerse cargo del paisaje, pero matizan que la península ibérica es muy diversa, por lo que medidas que son útiles en una zona pueden no serlo en otra. Por esta razón, Parrilla llama a las comunidades autónomas, «que son las que tienen las competencias», a llevar a cabo políticas adaptadas a las características de cada territorio para evitar que catástrofes de semejante envergadura vuelvan a pasar.

El PP y la UME: de desprestigiarla en su creación con Zapatero a utilizarla como si fueran bomberos

Pitirre Noticias

Este verano de 2025 ha dejado un panorama desolador. Decenas de grandes incendios forestales han arrasado amplias zonas de la península. Solo en Castilla y León hay once fuegos activos ―cinco de ellos de especial gravedad―, y se han sumado frentes abiertos en Tres Cantos (Madrid), Tarifa (Cádiz) y Ourense (Galicia). Ante esta emergencia, los bomberos locales y autonómicos luchan sin descanso, ahora reforzados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) allí donde se la necesita.

La UME, creada en 2005 por el Gobierno de Zapatero, ha desplegado sus efectivos en los incendios de León, Zamora, Toledo, Madrid, Valencia y Zaragoza. Incluso, tras concluir su intervención en Orallo (León) este martes por la noche, varias de sus unidades ponían rumbo a Ourense para seguir luchando contra las llamas. Su trabajo no cesa: los equipos de la UME entran y salen de los frentes de fuego continuamente, combatiendo el avance de las llamas y auxiliando a la población.

La UME se creó con una misión muy clara: intervenir rápidamente ante cualquier catástrofe. El Gobierno socialista de Zapatero la impulsó en 2005 como un cuerpo militar especializado, siguiendo el ejemplo de unidades similares en países como Canadá, Estados Unidos, Francia o Japón. Desde entonces, la UME ha intervenido en todo tipo de desastres naturales: inundaciones, terremotos, grandes nevadas y miles de incendios forestales. En la lista de sus misiones se cuentan la extinción de incendios en Canarias (2019), la respuesta al terremoto de Lorca (2011), el auxilio durante la nevada Filomena (2021) y hasta la colaboración sanitaria en la pandemia de COVID-19. Estos ejemplos ilustran su vocación de servicio civil en emergencias graves y la necesidad de contar con una fuerza preparada para intervenciones rápidas.

El desprecio inicial del PP

Sin embargo, los orígenes de la UME no estuvieron exentos de polémica. Cuando Zapatero creó este cuerpo, el PP se negó a reconocer su utilidad. Desde Génova la definieron como un “capricho faraónico” e incluso un “instrumento inventado” por el presidente socialista. Alegaban que “España no estaba para ese tipo de despilfarros”. Los conservadores argumentaban además que la UME desvirtuaba la misión constitucional del Ejército. Acusaron a Zapatero de, en lugar de modernizar las Fuerzas Armadas, haber tenido el “gesto” de crear una unidad para emergencias civiles. A su juicio, fue una “decisión discutible”, pues implicaba una “segregación permanente” de tropas para tareas no militares.

Aquellas críticas iniciales no fueron puntuales. En noviembre de 2008, la entonces portavoz de Defensa del PP en el Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, reclamó un “replanteamiento general” de la UME, calificándola de una “segregación fuera del marco constitucional” de las Fuerzas Armadas. Afirmó que era discutible que la unidad estuviera dirigida por un teniente general del Ejército y que gozara de un presupuesto prácticamente intocable frente a los recortes comunes en Defensa.

Ese mismo año, el diputado Ignacio Cosidó volvió a subrayar la desconfianza de su partido: calificó a la UME como un “instrumento inventado por Rodríguez Zapatero” y dijo que estaba “infrautilizada”. En suma, el PP mantuvo durante años una postura de recelo hacia la UME, cuestionando su encaje legal y financiero.

La hipocresía ante la crisis actual

En contraste, n los últimos tiempos las administraciones autonómicas gobernadas por el PP no dudan en solicitar su ayuda. El mismo cuerpo al que en su día descalificaron es ahora imprescindible para atajar la catástrofe. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, pidió la intervención de la UME durante el temporal Filomena para rescatar conductores atrapados en la nieve. El Ejército desplegó entonces 147 militares y 66 vehículos para paliar aquel desastre, labores que el PP alabó públicamente. De igual modo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó la labor “heroica” de la UME en las inundaciones de la DANA en Valencia. Mientras los incendios arrasan hectáreas, los miembros de la UME combaten el fuego y auxilia a los vecinos: su trabajo “no cesa en casi ningún momento”, independientemente del color político de quienes lo solicitan.

Con los incendios que afectan ahora a la gran parte de España, otras comunidades teñidas de azul como Galicia o Castilla y León disfrutan ahora de la ayude de esta unidad militar que tantas críticas recibió por parte del PP. Alfonso Rueda en Galicia y Alfonso Fernández Mañueco en CyL utilizan esta fuerza para tratar de compensar la falta de refuerzo contra los incendios dentro de sus competencias.

Este contraste pone de relieve la incoherencia del PP: lo que antes era considerado un simple “capricho” hoy se emplea como la herramienta principal para apagar el fuego. En definitiva, la UME sigue demostrando su valía en el terreno de las emergencias. Su presencia ininterrumpida en los incendios del país ―como lo han sido sus labores en otros desastres― confirma que es un recurso vital, mientras las críticas de ayer quedan en evidencia ante la urgencia de hoy.

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Feijóo culpa al Gobierno de «llegar tarde» a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica

Feijóo culpa al Gobierno de «llegar tarde» a los incendios por no activar medidas de competencia autonómica

Pitirre Noticias

El
presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló
este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por los incendios de
Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid, y le acusó de no haber activado a tiempo «la vigilancia en los bosques y en los
montes españoles» antes de que empezara la temporada de riesgo. El Gobierno ha respondido que sí adoptó medidas al respecto y que las competencias en materia de
prevención y lucha contra el fuego, además, son autonómicas, por lo que es a los respectivos gobiernos regionales de esas comunidades, todas en manos del PP, a quienes por ley corresponde ejercerlas.

En
una entrevista concedida a Europa Press y difundida este miércoles por la mañana, Feijóo criticó la «ausencia de políticas contra incendios» forestales y lamentó que, ante ellos, «el Gobierno central
sigue de vacaciones«. Por la tarde, desde el centro de mando en Chandrexa da Queixa (Ourense) del operativo contra el fuego en Galicia, donde compareció junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el jefe de la oposición reclamó la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado para combatir «el terrorismo incendiario«.

Feijóo retoma así la idea que lanzó en octubre de 2017, cuando era presidente de la Xunta y, tras otra oleada de incendios que asolaron Galicia y llegaron a cercar varias ciudades, se defendió de las críticas a su gestión atribuyendo la dificultad para combatirlos a que eran obra de «terroristas incendiarios». El entonces fiscal de delitos medioambientales de Galicia, Álvaro García Ortiz, hoy fiscal general del Estado, negó entonces la existencia de esa «trama imaginaria«, como la definió, y recordó que, tras lustros de investigaciones, no se habían encontrado indicios de su existencia ni se había procesado a nadie por pertenecer a ella.

Ahora, retomando aquella idea justo cuando se critica la gestión de los presidentes autonómicos del PP ante sucesos de gravedad similar a los que él enfrentó en 2017, Feijóo aseguró en Chandreza da Queixa que «el 80% de los incendios son intencionados», aunque sin explicar dónde había obtenido ese dato. 

Los datos reales

El Colegio Oficial de Ingeniería Forestal asegura que si bien más del 80% de los fuegos forestales que se producen en España se deben a la ación humana, ese porcentaje incluye tanto a los intencionados como a los provocados por negligencias involuntarias. Según la organización ecologista WWF, la intencionalidad estaría detrás del 53% de los fuegos, no del 80%. El último anuario estadístico de la Guardia Civil, referido a incendios de 2023 investigados y cuyas causas pudieron ser esclarecidas, sólo el 23% fueron intencionados. Ese mismo año, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, se investigó, procesó y/o detuvo por provocar incendios a 402 personas, de las cuales el 19% lo fueron por iniciarlos adrede y el 68%, por negligencias.

En su intento de apuntar también hacia la supuesta ausencia del Gobierno, en lo que calificó como «crisis» de carácter nacional ante la que el Ejecutivo de Sánchez estaría «de vacaciones», el líder del PP no se refirió, sin embargo,
a que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí está
efectivamente pasando su retiro estival en Miami (Florida, Estados
Unidos) después de que las llamas hayan causado una muerte y calcinado 1.500 hectáreas en la localidad de Tres Cantos. Tampoco a que el de Andalucía, Juan Manuel
Moreno Bonilla, permanece en un paradero que la Junta sigue sin desvelar
más de dos días después de que se declarara otro grave incendio en
Tarifa (Cádiz), que obligó a evacuar a más de 2.000 personas.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Pérez Mañueco, en el centro, el pasado lunes por la noche en la primera reunión del mando del operativo contra los incendios que se declararon el viernes y el sábado.
Alfonso Pérez Mañueco, en una reunión del mando del operativo contra los incendios..

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En sus dos apariciones públicas, Feijóo tampoco mencionó la tardanza de Alfonso Fernández Mañueco en
asumir el liderazgo de los trabajos de extinción de los siniestros que se
declararon entre el sábado y el domingo pasados en Castilla y León,
que provocaron otra muerte y llevaron a desalojar de sus lugares de
residencia a unos 8.200 vecinos de una decena de villas de Zamora,
León y Palencia. 

Mañueco, que se encontraba de vacaciones en Cádiz cuando se tuvo noticia esos siniestros, y que presidió la primera reunión de su Cecopi el lunes a las 21.30 horas, cuando ya se había evacuado a la población de las zonas afectadas, negó que le correspondiese asumir responsabilidad alguna por la demora en ponerse al frente del operativo. Según aseguró este miércoles, estuvo «pendiente desde el minuto uno» de la situación y se incorporó «físicamente a las 36 horas desde el incendio de León» y «a las 24 horas físicamente en la provincia de Zamora».

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«Guardia Civil Forestal»

En
la entrevista difundida por la mañana, Feijóo dijo que el
Gobierno debería haber previsto hace meses que la situación de los
montes era de riesgo extremo y, por lo tanto, activado para su vigilancia a la «Guardia Civil Forestal», en referencia al Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona). El Seprona, entre otras tareas, tiene encomendada la prevención, extinción e investigación de
incendios en coordinación con otras administraciones, pero la máxima
autoridad en materia de gestión forestal recae en los gobiernos
autonómicos, tal y como recoge la legislación en vigor.

Así,
la ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, dice en
su artículo 86: “Corresponderá a la consejería competente en
materia de montes, en coordinación con la Administración General
del Estado, la organización de la defensa contra los incendios
forestales, que incluirá la prevención, detección y extinción”.
En Andalucía,
la ley
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios
Forestales, establece en
su artículo 7 a) que
“corresponde
al Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía establecer
la política general de prevención y lucha contra los incendios
forestales”.

Feijóo asegura que «el 80% de los incendios son intencionados», aunque, según la Guardia Civil, sólo fueron provocados adrede el 23% de los ocurridos en 2023 y cuyas causas pudieron ser esclarecidas

Lo
mismo sucede en Madrid con el artículo 47.1 de la Ley 16/1995, de 4
de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza: «Corresponde
a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias del resto
de las Administraciones públicas y de la colaboración con las
mismas, la adopción de las medidas precisas para la prevención,
detección y extinción de los incendios forestales». Y en
Galicia, en el artículo 5.1 de la ley 3/2007, de 9 de abril, de
prevención y defensa contra los incendios forestales –»Corresponde
a la Xunta de Galicia la gestión y dirección del sistema de
prevención y defensa contra incendios forestales».

El
ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix
Bolaños, desmontó las críticas de Feijóo sobre la supuesta falta de previsión del Gobierno recordando, precisamente, que
antes del verano, el pasado 10 de junio, el Consejo de Ministros
aprobó el plan estatal de actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios forestales de 2025, con presupuesto y medidas concretas para enfrentar la temporada alta de siniestros.

Medios a disposición de las comunidades autónomas

Entre ellas, partidas de 115 millones para la limpieza de márgenes de carreteras y de la red ferroviaria; una orden a la Agencia Estatal de Meteorología para que emita predicciones diarias sobre el riesgo de incendios y para que monitorice con drones las zonas de mayor peligro; la movilización de 77 aeronaves y de 1.400 soldados y mandos de la Unidad Militar de Emergencias –que están combatiendo el fuego en Andalucía, Castilla y León, Madrid, Galicia y también Extremadura, donde el martes también se declararon varios fuegos graves–, así como la puesta a disposición de las comunidades autónomas de dispositivos de las brigadas de incendios forestales, las unidades de análisis y planificación y de los equipos estatales de prevención integral de incendios forestales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (i) junto al de Presidencia, Félix Bolaños, el miércoles pasado en Almería.
Los ministros Óscar Puente (izquierda) y Félix Bolaños, en Almería.

«El
Gobierno no
elige las emergencias, no elige las crisis, no elige las tragedias a
las que tiene que hacer frente», dijo
el ministro de Presidencia. Pero
si puede elegir «cómo hacer frente y cómo estar al pie del cañón
desde el primer día», añadió,
en una rueda de prensa conjunta en Almería con el ministro de
Transportes, Óscar Puente, quien a su vez rechazó los ataques del
PP –el vicesecretario de Política Autonómica de Feijóo, Elías
Bendodo, le llamó «hooligan«– por los mensajes en redes sociales en los que ha criticado tanto la ausencia de Díaz Ayuso y Moreno Bonilla como el retraso de Fernández Mañueco a la hora de hacerse cargo de los operativos de lucha contra el fuego.

En ese sentido, Puente negó haberse burlado o «cachondeado» de la tragedia y explicó que sus tuits pretendían poner de manifiesto su «indignación» por la pasividad con la que, en su opinión, los presidentes del PP han afrontado la oleada de incendios. Volvió a preguntarse dónde estaba Moreno Bonilla y subrayó que si él no hubiera denunciado en X el pasado domingo que Fernández Mañueco no estaba al frente del dispositivo, el presidente de Castilla y León seguiría de vacaciones.

Los incendios airean años de recortes y fallos en sistemas de prevención

Pitirre Noticias

Una ola de incendios forestales recorre España con especial virulencia este verano, dejando decenas de miles de hectáreas calcinadas y al menos dos víctimas mortales. Galicia, Madrid, Castilla y León y Andalucía, gobernadas por el PP, concentran algunos de los focos más graves. Expertos y colectivos ecologistas advierten que esta intensidad no surge por casualidad: los fuegos son “resultado de décadas de falta de inversión en prevención forestal y de recortes en servicios de emergencia”. En efecto, comunidades con presupuesto reducidos para brigadas y limpieza de monte llegan mal preparadas al pico de calor.

La Xunta de Rueda y Feijóo

En Galicia, la Xunta (PP) presidida por Alfonso Rueda, el predecesor de Alberto Núñez Feijóo, afronta las llamas tras años de críticas por el descenso de efectivos forestales. El resultado ha sido dramático: varias decenas de incendios activos, sobre todo en la provincia de Ourense, han arrasado ya más de 8.000 hectáreas –11.000 en lo que va de verano–, cifras inéditas en la comunidad. El fuego avanza con tal magnitud que ha obligado a subir el nivel de alerta y evacuar pueblos enteros.

Ecologistas recuerdan que estos fuegos no aparecen de la nada: “Los incendios no son un fenómeno aislado, son el resultado de décadas de falta de inversión en prevención forestal y de recortes en servicios de emergencia”. En otras palabras, critican que años de recortes en brigadas y limpieza han dejado a los montes gallegos más vulnerables, y ello en medio de olas de calor extremo. Mientras el Gobierno central moviliza medios (UME, aviones), parte de la sociedad cita directamente estas políticas presupuestarias como factor clave en la ferocidad del fuego.

Castilla y León, ante las medidas de PP y Vox en prevención

La tragedia se repite en la Junta de Alfonso Fernández Mañueco. En apenas cuatro días surgieron más de diez focos graves que obligaron a desalojar a 3.780 personas y dejaron unas 3.500 hectáreas arrasadas. El fuego alcanzó zonas emblemáticas (por ejemplo, arrasó parte de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad). El consejero autonómico de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), fue duramente cuestionado por su ausencia inicial: mientras la provincia de León ardía, él participaba en un acto oficial en Asturias y justificó su retraso con la frase “comer es una obligación”.

Además, su historial alimenta dudas sobre la prevención: en 2018 Suárez-Quiñones calificó de “absurdo” y “despilfarro” mantener todo el año el operativo contra incendios. El colectivo de bomberos forestales de Castilla y León vuelve a denunciar condiciones lamentables: un trabajador explicaba que “para ganar 1.300 euros míseros [mensuales] hay que hacer 22 días trabajando como una bestia”. Los efectivos carecen de medios suficientes y las plazas no se cubren, consecuencias directas de la política de austeridad de las últimas décadas. Para la oposición autonómica, la ausencia de recursos y de líderes en el terreno ha agravado los daños: era preciso prever con inversión continuada en prevención, no solo reaccionar con millones en ayudas tras el desastre.

Andalucía, con Cádiz en el foco

La Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla también ha vivido incendios destacados en este verano (incendios en Córdoba ―Mezquita incluida―, Tarifa, Zahara de los Atunes, Huelva, etc.). El Gobierno regional del PP fue criticado por su gestión: Moreno Bonilla permanece prácticamente ausente durante la crisis, limitándose a mensajes en redes sociales mientras su comunidad arde. Desde el PSOE-A se denunció que estos fuegos han “puesto al descubierto años de recortes en materia de prevención de incendios”, lo que ha dejado obsoletos los planes de defensa del monte.

La portavoz socialista de Cultura en el Parlamento andaluz destacó que la UNESCO había advertido de riesgos en el entorno de la Mezquita y afirmó que “Moreno Bonilla no hizo absolutamente nada para evitarlo”. En declaraciones públicas se culpa a vandalismo intencionado del incendio en Tarifa, pero otros partidos locales y expertos señalan la falta de coordinación y recursos, recordando que los recortes y privatizaciones en emergencias son parte de “un patrón de desatención a los servicios esenciales”. 

El Madrid de Ayuso

Madrid cierra la lista de autonomías examinadas. La comunidad de Isabel Díaz Ayuso ha sufrido también graves incendios este verano, el más reciente en Tres Cantos, que consumió unas 1.000 hectáreas. Ese fuego se declaró justo cuando los bomberos forestales madrileños estaban en huelga por sus condiciones laborales. Los profesionales llevaban meses advirtiendo de que “la escasez de recursos y la precariedad de sus plantillas” harían catastrófico el verano, pero la Consejería de Medio Ambiente ―y la concesionaria TRAGSA― ignoraron sus protestas.

En Madrid casi la mitad de los forestales son temporales contratados sólo en verano, y cobran alrededor de 1.300 euros mensuales con salarios congelados más de una década. Ese trato ha provocado fugas de personal: “La semana pasada se fueron diez compañeros y ya faltan 33 plazas por cubrir”. Mientras tanto, Ayuso minimizó la huelga calificándola de “sin sentido”, desviando la atención del problema real. Los propios bomberos subrayaron que, a pesar de trabajar en servicios mínimos, ellos “cumplen” con la ciudadanía cuando el monte arde. En Madrid, como en las otras regiones, la plantilla escasa y los recursos limitados, acumulados año tras año, han redundado en fuegos de gran virulencia cuando el calor aprieta.

El balance este verano pone de relieve la advertencia lanzada por analistas: no basta con apagar llamas, hay que mirarse en el espejo de la prevención. La coincidencia de parlamentarios y líderes regionales del PP de vacaciones o ausentes mientras arden sus territorios intensifica el reproche político. Ecologistas y sindicatos repiten que “los incendios no son fenómenos aislados” sino consecuencia de décadas de recortes en los presupuestos forestales y de emergencias. Este es el telón de fondo que los fuegos de 2025 han aireado en Madrid, Galicia, Castilla y León y Andalucía: sistemas de prevención erosionados por años de ajuste que, en clima extremo, han hecho a la ciudadanía más vulnerable frente al fuego.

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Hacienda: el mayor obstáculo para Juan Carlos I y su operación ‘blanqueo de imagen’

Pitirre Noticias

El rey emérito quiere reconciliarse, como demostrará en sus memorias tituladas Reconciliación, con sus más allegados. ¿Quiénes son estos? Posiblemente no el país del que ya no es referente, ni aquellos a quienes acusa de “robarle su historia”. En cambio, sí honra a las personas de su máxima confianza, quienes le prestaron los 4.395.901,96 euros para afrontar la segunda regularización con la Agencia Tributaria, cantidad que ha devuelto recientemente.

En las últimas semanas, se ha activado una operación para controlar el relato sobre su figura y relanzar una imagen pública erosionada por años de escándalos. El objetivo no sería solo proyectar un perfil más amable, sino también preparar el terreno para su participación en actos institucionales clave y normalizar su presencia en la vida pública.

Paralelamente, como aseguraba The Objective, Netflix negocia con Juan Carlos I un proyecto que, más que un simple entretenimiento, podría convertirse en el episodio estrella de su particular operación de lavado de imagen. La propuesta, diseñada para un lanzamiento global y liderada por la matriz de la plataforma, prevé un mínimo de seis capítulos al estilo de The Crown, con actores recreando su reinado entre 1975 y 2014. Será ficción inspirada en hechos reales, capaz de envolver en un barniz dramático y cinematográfico desde su papel en la Transición hasta su abrupta salida de la escena pública. Un alto cargo de Netflix viajó a Abu Dabi para convencer al emérito, en un movimiento que coincide con otros intentos por controlar el relato sobre su figura.

El guion, según las fuentes, incluiría los escándalos que lo persiguen: desde la donación saudí de 100 millones de dólares y sus derivadas fiscales, hasta el desfile de nombres propios que marcaron su vida privada -la reina Sofía, Corinna Larsen, Bárbara Rey-. Todo ello, envuelto en una producción internacional que, paradójicamente, trataría de dar a sus episodios más oscuros un toque de glamour televisivo. El propio emérito habría facilitado el acceso a parte de la información, en un gesto calculado que encaja con su estrategia para “cerrar heridas” con aliados y detractores.

Hacienda cuestiona su residencia en Emiratos

Este auge de cinismo por una supuesta intención de lavado de cara viene precedido de la embarrada imagen que arrastraba todos estos años. Los técnicos de Hacienda han encendido las alarmas sobre la situación fiscal de Juan Carlos I y ponen en duda que pueda tener su residencia fiscal en Emiratos Árabes Unidos (EAU), como sostiene, a la luz del convenio bilateral para evitar la doble imposición.

Ese acuerdo establece que solo puede ser residente fiscal en Emiratos quien, además de vivir allí, tenga su nacionalidad, una condición que el emérito no cumple. “Por ello, el Rey Emérito no podría tener la residencia fiscal en Abu Dabi y debe seguir presentando su declaración del IRPF y del Impuesto de Patrimonio en España”, subrayan los técnicos de Hacienda, que reclama a la Agencia Tributaria la apertura de una inspección.

Los préstamos, la ‘Golden Visa’ y el origen de los ingresos

La última pieza de ese rompecabezas es la devolución de más de cuatro millones de euros a un reducido círculo de empresarios que le habían prestado esa cantidad para cubrir regularizaciones fiscales en España. El emérito sostiene que el reembolso procede de ingresos generados en Emiratos Árabes Unidos, principalmente por la venta de derechos para documentales sobre su vida y por operaciones de intermediación comercial que la Agencia Tributaria no puede rastrear al no residir en territorio español. Entre 2020 y 2021 ya afrontó regularizaciones por un importe similar, vinculadas a viajes privados por valor de ocho millones sufragados a través de la Fundación Zagatka, gestionada por su primo Álvaro de Orleans. También en 2020 abonó 680.000 euros por regalos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.

Su historial con el fisco se extiende desde la recepción de cacerías y obsequios entre 2014 y 2018 que derivaron en sanciones administrativas, hasta la donación de 1,2 millones de euros a la infanta Cristina para la compra de un palacete en Pedralbes, una operación que la Fiscalía llegó a considerar delictiva antes de que el monarca se acogiera a un artículo del Código Penal para regularizarla. Ahora, los técnicos de Hacienda reclaman revisar las declaraciones complementarias del IRPF de 2016 a 2018, que suman más de 4,3 millones y prescriben en 2026, así como el origen exacto de esos fondos. También instan a comprobar las condiciones de la ‘Golden Visa’ que obtuvo con la compra de una vivienda de más de 1.000 metros cuadrados en la isla de Nurai (Abu Dabi), cuya adquisición abre un nuevo frente en el escrutinio fiscal al emérito.

Posibles delitos fiscales y conexión con la Fundación Zagatka

Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, también señala la necesidad de revisar la regularización del Impuesto de Donaciones presentada en diciembre de 2020 por 678.393 euros, así como los vínculos con la Fundación Zagatka, que habría cubierto viajes y servicios por valor de más de 8 millones de euros. Si se demostrara que las regularizaciones no fueron “veraces, completas y correctas”, se remitiría un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.

En los casos agravados, la prescripción penal es de diez años, lo que abre un horizonte temporal amplio para una eventual causa judicial. En este cruce de caminos, que mezcla el relato audiovisual, la reconciliación política y la batalla fiscal, Juan Carlos I parece asumirse como la figura que, tras años de ausencia, regresa para medirse tanto con sus críticos como con las instituciones que ahora deben decidir si lo protegen, lo fiscalizan o lo exponen de nuevo al juicio público.

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Los incendios de León y Zamora cercan a Mañueco por su tardanza en asumir el liderazgo de la emergencia

Los incendios de León y Zamora cercan a Mañueco por su tardanza en asumir el liderazgo de la emergencia

Pitirre Noticias

Los presidentes de tres de las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular –Isabel Díaz Ayuso (Madrid),
Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juan Manuel Moreno
Bonilla (Andalucía)– están empezando a verse cercados por las
críticas que denuncian su tardía respuesta ante los graves
incendios en varios puntos de sus respectivos territorios. 

El más cuestionado
es Fernández Mañueco, quien no asumió el liderazgo de la
emergencia provocada por los fuegos, declarados durante el fin de
semana en los montes de varias localidades de León, Palencia y
Zamora, hasta días después de que miles de personas hubieran sido
evacuadas de sus casas por la amenaza del humo y la proximidad de las
llamas. A eso se unen las peticiones de dimisión de su consejero de
Medio Ambiente, Juan Carlos García-Quiñones, quien ha respondido de forma desabrida a quienes cuestionan que el pasado domingo se ausentara en plena crisis para viajar a una
feria en Asturias, y a quien la oposición responsabiliza de haber
desmantelado las estrategias preventivas de su departamento para enfrentar este tipo de
siniestros. Un voluntario que trabaja en la extinción de uno de ellos murió el martes por la tarde a causa de las quemaduras que le provocó una lengua de fuego que causó heridas graves a otra persona.

Mañueco ha sido
criticado con dureza por el Gobierno, con cuyo ministro de
Transportes, Óscar Puente, está manteniendo un sonado
enfrentamiento dialéctico en las redes sociales al que se ha sumado,
además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Puente
también ha arremetido contra Juan Manuel Moreno Bonilla, cuyo
Gobierno enfrenta, en su ausencia por vacaciones en un lugar que la Junta no ha desvelado, otro incendio de enormes
proporciones en Tarifa (Cádiz), que también ha obligado a desalojar
a miles de personas en viviendas, hoteles, playas y urbanizaciones de
varias villas.

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Mientras tanto, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gestiona
vía X sus comunicaciones a la ciudadanía sobre el fuego declarado
el pasado lunes en la ciudad dormitorio de Tres Cantos, a causa del cual ha fallecido un
hombre víctima de graves quemaduras y que ha obligado a vaciar varios edificios y viviendas. Ayuso, de vacaciones en Florida
(Estados Unidos) desde hace varios días, ha lamentado el deceso a
través de sus redes. Sólo unas horas antes, había criticado en
ellas a Pedro Sánchez por haber dejado «abandonada» a España.

Mañueco llega a su Cecopi dos días después

En Castilla y León, la oposición ha criticado a Fernández Mañueco por mantener su retiro vacacional en Cádiz hasta el pasado lunes, cuando miles de sus conciudadanos se habían visto obligados a abandonar sus casas, algunos hacía casi dos días y por dos veces, a causa de los fuegos que se habían declarado el sábado por la tarde en Yeres y Las Médulas (León), y el domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y en las localidades palentinas de Cervera de Pisuerga y La Pernía.

El lunes por la tarde, la Junta de Fernández Mañueco anunció que el presidente tenía previsto comparecer en el lugar de los hechos a las 21.30 horas, y envió fotografías suyas presidiendo las reuniones del centro de coordinación operativo integrado (Cecopi) ese mismo día en Zamora y al siguiente en León. Tras esos encuentros, el presidente anunció que su Gobierno iniciaría de inmediato «la reconstrucción» de las zonas quemadas y prometió que actuaría de manera «rápida y generosa».

Dos días antes, Fernández Mañueco había colgado en su cuenta de X un texto en el que aseguraba que estaba «centrado» en la lucha contra el fuego, al que el ministro socialista de Transportes, Óscar Puente, respondió recordándole que no estaba en el centro sino, en realidad, «un poco al sur», en referencia a la localidad gaditana donde seguía de vacaciones. Ahí se inició un hilo de mensajes en los que el ministro llegó a llamar «sinvergüenzas» a
Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por «estar de farra» mientras se evacuaban poblaciones de su comunidad. Feijóo se unió a la guerra de tuits acusando a Puente de «bromear con el sufrimiento» de los afectados, un relato al que se apuntó el presidente autonómico acusando al socialista de «frivolizar con el sufrimiento».

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El PSOE de Castilla y León ha mantenido una postura más contenida que el ministro –que también es secretario local socialista en Valladolid–, y la vicesecretaria general autonómica, Nuria Rubio, ha
advertido en rueda de prensa que «ahora es momento de estar al lado
de quienes gestionan» aunque una vez superada la emergencia, advirtió, «habrá
que pedir responsabilidades al más alto nivel».

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Por su parte, Podemos, el Partido Comunista de España, la Confederación General del Trabajo y Alantre –un partido autonómico de izquierdas– exigieron este martes la dimisión del consejero de Medio Ambiente de
Fernández Mañueco, tanto por viajar a Gijón en plena oleada de incendios como
por unas declaraciones del año 2018 en las que aseguraba que cuidar los montes todo el
año para evitar incendios «es absurdo y un despilfarro», y que el «ecologismo extremo» no sólo no contribuye a prevenirlos sino que «dificulta» esa tarea.

En ese sentido, la oposición ha recordado que PP y Vox, que entonces gobernaban en coalición en Castilla y León, rechazaron en 2022 una propuesta del PSOE en la Asamblea regional que pretendía dotar al operativo contra incendios de carácter permanente y coordinado y de los medios necesarios para desarrollar su labor. Fue poco después del incendio más grave ocurrido hasta ahora en esa comunidad autónoma, que en julio de ese año había quemado más de 31.000 hectáreas en el entorno de la localidad zamorana de Losacio, que ahora vuelve a estar cercada por las llamas

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Andalucía: «¿Dónde está Juanma?»

La guerra de posts entre Óscar Puente y los líderes del PP también ha llegado a Andalucía, a cuyo presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, el ministro acusa de dejación de funciones por no liderar a su Gobierno en plena crisis por el incendio de Tarifa, que ha obligado a evacuar a miles de ciudadanos: «Tarifa arde. 2 veces. Miles de personas desalojadas. La Mezquita de Córdoba arde dañando uno de los mayores tesoros de nuestro patrimonio cultural e histórico. ¿Y Juanma? ¿Dónde está? ¿Qué tiene que pasar para que Moreno Bonilla vuelva de sus vacaciones y de la cara?», decía un mensaje retuiteado por el ministro.

Moreno Bonilla no ha entrado al trapo –a la hora en la que se terminó de redactar esta pieza, su último mensaje en X era del lunes por la tarde pidiendo precaución a la población de las zonas afectadas–, pero también se enfrenta a las críticas de la oposición por su ausencia –la Junta no ha desvelado dónde se encuentra– y por la de una política autonómica eficaz para la prevención y la lucha contra los incendios forestales.

Varios voluntarios disponen alimentos para los desalojados del incendio de Tarifa (Cádiz), este martes en una instalación de la localidad vecina de Zahara de los Atunes (Cádiz)
Varios voluntarios disponen alimentos para los desalojados del incendio de Tarifa (Cádiz), este martes en una instalación de la localidad vecina de Zahara de los Atunes (Cádiz)

En ese sentido, Izquierda Unida recordó este martes que el pasado mes de junio ya había denunciado la falta de medios y la precariedad laboral del personal de la agencia de emergencias, y que al mes siguiente había advertido de que el Gobierno andaluz había dejado en sus casas a alrededor de tres centenares de agentes forestales en plena temporada de alerta por riesgo por fuego en el monte.

Ayuso, en Miami, acusa a Sánchez de abandonar a España

Mientras tanto, en Madrid,  el incendio de Tres Cantos ha abonado el terreno para las críticas a Isabel Díaz Ayuso, quien voló a Miami hace unos días para pasar sus vacaciones en esa ciudad estadounidense y quien pocas horas antes de que se declarara el siniestro había acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar a España
«abandonada» entre «apagones, averías, fracaso escolar,
inseguridad, hundimiento de las empresas y las clases medias». En su particular guerrilla en redes, el ministro Puente respondió con este texto: «Natividad es como Mañueco. Está centrada en Madrid desde Miami». 

A las seis de la tarde del martes –las dos de ese día en Florida–, el último tuit de Ayuso en su cuenta de X anunciaba que las consejerías de su Gobierno implicadas en la lucha contra las llamas ya se habían reunido, y que la Comunidad que preside «evaluará los daños y ofrecerá apoyo a los afectados de Tres Cantos, así como medidas para la recuperación forestal y de fauna salvaje de la zona quemada del Soto de Viñuelas»

Feijóo aleja al Partido Popular del bloqueo de Ayuso en la acogida de menores migrantes

Pitirre Noticias

La dirección nacional del Partido Popular ha decidido marcar distancias con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en un asunto que ha tensado las costuras internas del partido: la llegada a la Península de más de un millar de menores migrantes no acompañados que permanecían en Canarias. El Gobierno central, obligado por una sentencia del Tribunal Supremo, ha iniciado esta semana su traslado a centros estatales repartidos por distintas comunidades autónomas. Génova, aunque no ha perdido la ocasión de criticar la gestión del Ejecutivo progresista, no ha seguido la línea de bloqueo que Ayuso lleva semanas practicando en Madrid, donde maniobra para evitar que cualquiera de esos jóvenes pise territorio madrileño.

El pulso comenzó a finales de julio, cuando uno de los bastiones del PP madrileño, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, cerró el centro de acogida de la ciudad. La orden coincidía con la inminencia del reparto estatal y se justificó bajo un argumento administrativo: la supuesta falta de licencia de uso residencial. El edificio, dependiente de la Seguridad Social y cedido desde 2022 al Ministerio de Inclusión para atender emergencias humanitarias, acoge desde hace años a casi 500 personas, en su mayoría refugiados ucranianos y latinoamericanos. Ninguna autoridad local puso entonces objeciones a su presencia. El cambio de criterio ha llegado cuando la orden judicial obliga a abrir esas puertas a menores africanos que huyen de conflictos y pobreza extrema.

La maniobra de Pozuelo no ha sido aislada. El Ayuntamiento de Madrid, también en manos del PP, estudia replicar la estrategia con un centro de acogida en Carabanchel. Y en Alcalá de Henares, el gobierno municipal de PP y Vox aprobó en julio una propuesta para cerrar otro centro estatal que lleva meses siendo objeto de ataques de grupos neonazis y de extrema derecha. Ayuso ha respaldado cada uno de estos movimientos y ha acusado al Gobierno central de “castigar” a la región por acoger a menores migrantes en instalaciones madrileñas.

Desde el Ministerio de Inclusión, que dirige Elma Saiz, se recuerda que el centro de Pozuelo es un referente en protección internacional y que en estos años “ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas” sin que hubiera “ningún problema con el Ayuntamiento” hasta ahora. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado la decisión de “racismo preventivo”. La respuesta de la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, fue defender el cierre alegando que los centros “no tienen las condiciones adecuadas”, pese a que llevan años funcionando como residencias para personas migrantes.

Feijóo rompe el frente de bloqueo total de Ayuso

En este contexto, Alberto Núñez Feijóo ha optado por una posición intermedia que, sin cuestionar el cierre de Pozuelo, sí se aparta del rechazo frontal de Ayuso a recibir a estos menores. En su balance político, el líder del PP enmarcó la clausura en un asunto urbanístico y defendió que “cada gobierno tendrá sus responsabilidades”. Evitó mencionar que el centro ya alberga a cientos de personas, y en cambio reclamó al Ejecutivo central que cumpliera la sentencia del Supremo y comenzara el reparto por otros centros estatales.

Feijóo insistió en que el Gobierno “sigue incumpliendo” el mandato judicial y que “no podemos tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”. Pero al mismo tiempo, dejó claro que las comunidades gobernadas por el PP deben cumplir con la acogida en centros estatales, rompiendo así el frente de oposición total que Ayuso querría imponer.

Otros dirigentes populares han seguido esa línea de crítica sin bloqueo. El vicesecretario económico, Juan Bravo, censuró que el Ejecutivo hable de los menores “como si fueran paquetes” y reclamó “sensibilidad especial”, aunque sin cerrar la puerta al reparto. El secretario general, Miguel Tellado, subrayó que la prioridad es que el Gobierno central asuma sus competencias y atienda a los menores “con sus propios medios”, pero defendió la ejecución de la sentencia. La crítica se dirige al cómo, no al qué, marcando así una diferencia con la presidenta madrileña.

Ayuso, sin embargo, ha endurecido su discurso en las últimas semanas, alineándolo con la retórica de Vox y otras formaciones ultras. Ha vinculado reiteradamente la llegada de migrantes con delincuencia y problemas de convivencia. En julio llegó a afirmar que este fenómeno es un “problema provocado y perfectamente medido por el Gobierno para saturar servicios públicos y reventar el país”. También ha comparado la situación con la crisis de la heroína en los años 80, un paralelismo interpretado como un intento de criminalizar a menores que aún ni han llegado.

Su Ejecutivo mantiene recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional contra el Real Decreto 658/2025, que regula el reparto de menores migrantes en casos de saturación en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla. Este rechazo a la norma sí es compartido por la dirección del PP y por otras comunidades autónomas gobernadas por el partido, pero el enfrentamiento interno reside en el bloqueo de la acogida cuando la orden judicial ya ha sido dictada.

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García, pidió recientemente el “cierre inmediato” de lo que calificó como “tres macrocampamentos” —Pozuelo, Carabanchel y Alcalá— y criticó que la “única medida” del Ejecutivo central sea “repartir personas” por las comunidades. Sus palabras reflejan la estrategia de Ayuso: cuestionar la política migratoria del Gobierno no desde la gestión, sino desde la negación de la acogida.

Mientras tanto, el Ministerio de Inclusión inició este lunes el traslado de los primeros diez menores no acompañados a centros de titularidad estatal. Según Migraciones, los desplazamientos se realizarán semanalmente, priorizando recursos pequeños y distribuidos por todo el territorio. Madrid, tras el cierre de Pozuelo y el rechazo de la Comunidad, no figura en este primer reparto.

El episodio ha dejado en evidencia las fracturas internas del PP cuando se trata de política migratoria. Génova mantiene el pulso contra el Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha optado por no secundar el bloqueo total de Ayuso, consciente de que el Supremo ha impuesto una obligación que no cumplir podría abrir un flanco jurídico y político. El caso de Canarias, donde el popular Fernando Clavijo comparte gobierno con el PP y es uno de los principales interesados en que se ejecute el reparto, añade un componente de pragmatismo que choca con la estrategia de confrontación de la Puerta del Sol.

El resultado es un equilibrio incómodo: la dirección nacional critica la gestión socialista, pero no rompe con el mandato judicial ni con el reparto, mientras la presidenta madrileña convierte el rechazo a los menores en una bandera política. Un pulso que, lejos de cerrarse, marcará las próximas semanas y obligará a Feijóo a seguir caminando sobre una cuerda floja entre su apuesta por el cumplimiento legal y las tesis de su baronesa más mediática.

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El Real Madrid de Alonso da buenas sensaciones ante el Tirol a una semana de su debut en Liga

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Ficha técnica

0 – WSG Tirol: Stejskal; Huetz,, Boras, Lawrence (Sabitzer, m.48/Neuner, m.89), Schweighofer, Bockle (Bambara, m.48/Falkner, m.75); Muller (Naschberger, m.48), Votter (Jaunegg, m.48), Rieder (Geris, m.46); Wels (Taferner, m.46) y Hinterseer (Diarra, m.37/Anseim, m.64).

4 – Real Madrid: Courtois (Lunin, m.62); Alexander-Arnold (Carvajal, m.62), Militao (Rüdiger, m.62), Huijsen (Asencio, m.78), Carreras (Fran García, m.62); Tchouaméni (Alaba, m.62), Ceballos (Gonzalo, m.62), Güler (Roberto Martín, m.83); Brahim (Yáñez, m.78), Vinícius (Rodrygo, m.62) y Mbappé (Thiago, m.83).

Goles: 0-1, m.10: Militao. 0-2, m.13: Mbappé. 0-3, m.59: Mbappé. 0-4, m.82: Rodrygo.

Árbitro: M.Hameter (Austria). Mostró cartulina amarilla a Schweighofer (48) y Taferner (68) por los locales.

Partido amistoso disputado en el Tivoli Stadion de Innsbruck.

–Efe–

El Real Madrid ha dado buenas sensaciones en el amistoso de la pretemporada exprés que el equipo de Xabi Alonso ha disputado ante el WSG Tirol, al que ha ganado 0-4 con doblete de Kylian Mbappé y otros dos goles de Eder Militao y Rodrygo Goes.

A pesar de que los blancos solo llevaban una semana de trabajo frente a un rival que ya va por la segunda jornada de la liga austriaca, el Madrid impuso su superioridad en todos las facetas desde los primeros compases.

Militao empieza en forma

El primer aviso lo dio Arda Guler, que mandó un balón al larguero tras hacerse un hueco para disparar desde el pico del área. Y poco después la superioridad se convirtió en un asedio, con dos despejes seguidos del portero Adam Stejskal justo antes del primer gol. El tanto fue obra de Militao de cabeza a centro de Brahim Díaz.

Gol de Militao para abrir la cuenta en el amistoso ante el WSG Tirol

Después de dos años muy duros por las lesiones, el central brasileño empieza esta temporada en forma como ya demostró en el ensayo a puerta cerrada ante el Leganés, donde casi lo único que se vio fue un golazo suyo.

Antes del cuarto de hora, el equipo español amplió su ventaja en una acción donde Guler le dio un pase milimétrico a Mbappé y este hizo un gran reverso para marcar.

Estreno goleador de Kylian Mbappé con el ’10’ del Real Madrid

El tanto llegó después de que el Madrid robara el balón por dos veces de forma muy rápida, una presión alta que Xabi Alonso pretende que hagan sus futbolistas.

Rodrygo, una alegría para acabar

Tras el primer cuarto de encuentro, y con la comodidad del resultado, el Madrid bajó bastante el pistón, a pesar de que algunos jugadores mantuvieron la intensidad, en particular el debutante Álvaro Carreras.

En el descanso, el que aprovechó para cambiar a más de medio equipo fue el Tirol, pero el encuentro no cambió de guion y el que volvió a llevar la iniciativa fue el Madrid. De nuevo Guler se topó con el palo en un libre directo, con el turco como gran protagonista en las acciones a balón parado.

Y prácticamente en la primera ocasión en la que el Tirol adelantó las líneas, un pase filtrado de Aurelien Tchouaméni conectó con Mbappé, que se plantó solo ante el portero, lo regateó y anotó su segundo gol justo antes de la hora de encuentro, que es cuando Xabi Alonso hizo su carrusel de sustituciones, con seis de golpe.

A la confusión de tanto movimiento contribuyó también la irrupción en el campo de aficionados por segunda vez en el encuentro –y no fue la última– disputado en Innsbruck. El desorden lo intentó aprovechar el equipo local, que tuvo una gran ocasión en las botas de Tobias Anselm, pero su remate lo paró el recién incorporado Adriy Lunin.

Entre las pruebas de Xabi Alonso estuvo poner a David Alaba de medio centro, toda vez que parece que el austriaco no va a tener sitio fácil en defensa con con las irrupciones de Carreras y de Dean Huijsen.

También ha aprovechado bien sus minutos Gonzalo García, que remató dos veces con peligro; y Rodrygo, que finalizó a la perfección después de que Mbappé le habilitara tras varios amagos en el área pequeña. Está por ver qué supone esto para el brasileño, que como se vio en el Mundial de clubes, no parece que cuente con la confianza de Alonso.

La conexión de fantasía entre Mbappé y Rodrygo para poner en el marcador el definitivo 0-4

En la recta final, el entrenador también dio entrada a los canteranos Thiago Pitarch y Roberto Martín en este primer y único amistoso con público del Real Madrid en esta pretemporada, justo una semana antes de su debut en Liga.

Antes de Jumilla, Almeida fue precursor en boicotear a los musulmanes

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Las «cacerías» orquestadas por grupos ultra en Torre Pacheco hacia los migrantes, en su mayoría de origen magrebí, supusieron la antesala de una puesta en escena que, semanas más tarde, Vox y PP continuaron desarrollando. Este segundo ‘acto’ se trasladó hasta otra localidad murciana, Jumilla, donde ambos partidos firmaron un acuerdo por el cual prohibían por primera vez en España las fiestas musulmanas en dependencias municipales y en la vía pública. Distintos representantes de la comunidad musulmana de nuestro país ya han expresado, a través de distintas vías, su malestar, hablando directamente de una «islamofobia institucional». Lo cierto es que esta deriva no es algo nuevo. Desde Madrid, la comunidad musulmana mantiene su propia lucha con Almeida, precursor en boicotear a los musulmanes. 

El rezo comunitario, convertido en una lucha con el Ayuntamiento

Las dos grandes festividades religiosas del calendario islámico, el Eid al-Fitr, que señala el final del Ramadán, y el Eid al-Adha, la Fiesta del Sacrificio o Fiesta del Cordero, arrancan, desde 2006, en el centro de Madrid con un multitudinario rezo. Convertido en todo un momento de referencia en los musulmanes que residen en la capital, esta oración comunitaria se ha llevado a cabo desde entonces en las pistas deportivas del parque Casino de la Reina, situado en el barrio de Embajadores.

Sin embargo, desde hace algunos años, coincidiendo con la llegada de Almeida a Cibeles, la comunidad musulmana denuncia las trabas del Ayuntamiento de Almeida a la hora de conceder la autorización. Valiente Bangla, la asociación que organiza estos actos, acusa abiertamente al Gobierno local de “discriminación religiosa” en declaraciones a El País.

La Fiesta del Cordero tenía lugar el pasado 6 de junio y, aunque finalmente pudo celebrarse en el parque Casino de la Reina, el procedimiento no fue tan sencillo. Inicialmente, la Unidad de Eventos en el Espacio Público del distrito Centro respondió a las peticiones de la mencionada asociación asegurando que solo podría autorizarse este rezo comunitario un día después de la fecha. Por ello, el presidente de la entidad, Mohammad Fazle Elahi, lo tachaba como una «respuesta absurda e indignante».

La comunidad musulmana se queja de que las trabas comenzaron en 2019, cuando empezaron a tener lugar dos complicadas negociaciones burocráticas por año -coincidiendo con la fiesta de final de Ramadán y con la Fiesta del Cordero- a raíz de la llegada a la presidencia de Centro de José Fernández y, posteriormente, de Carlos Segura. Por ejemplo, el pasado mes de marzo, de cara al Eid al-Fitr, Valiente Bangla renunció a solicitar el permiso para el rezo comunitario en la junta de distrito y optó por conseguir la autorización a través de la Delegación de Gobierno. 

La asociación podría haber optado por esta misma vía de cara a la Fiesta del Cordero, pero la rechazaron ya que para ellos resulta “fundamental para tratar que en el futuro las cosas se hagan de forma distinta desde la administración y que nuestro distrito y nuestro ayuntamiento nos reconozca y nos respete como ciudadanos madrileños musulmanes que somos, algo contemplado en la Constitución”.

Entre las objeciones que el Ayuntamiento de Madrid alega para conceder esta autorización son la temprana hora de comienzo -entre las siete y las ocho de la mañana-, el uso de la megafonía y la ocupación de unas pistas deportivas que suelen ser usadas por la comunidad educativa. Valiente Bangla asegura que, en casi dos décadas, nunca han tenido quejas de los vecinos y que, además, la festividad no coincide con el horario escolar, es decir, cuando los niños podrían necesitar las instalaciones. 

Sin embargo, las pegas no quedan ahí, sino que el Ayuntamiento también alega que no se indica una fecha fija para los rezos dentro del plazo estipulado por la administración para este tipo de trámites. Desde la comunidad musulmana se muestran cansados de tener que explicar recurrentemente que las celebraciones musulmanas están marcadas por el avistamiento lunar, lo que hace que las fechas de cada festividad se puedan concretar únicamente cuando queda poco para la misma. «Tener que explicar esto cada vez resulta agotador. (…) Aunque los permisos acaben llegando, nos sentimos maltratados por la incertidumbre y lucha que supone su obtención. Es una sensación de estar mendigando algo a lo que tenemos derecho y algo con lo que no habíamos tenido que lidiar con anteriores gobiernos municipales, ni del PP, ni de Ahora Madrid”, aseguran desde Valiente Bangla al citado medio.

Desde la asociación aseguran que existe dolor en la comunidad islámica del distrito ante el «desprecio y desinterés” que perciben ante su cultura. En este sentido, destacan que las autoridades locales no les felicitan fiestas clave, como sí lo hacen en señalados momentos del calendario religioso católico, como Navidad o Pascua, ni tampoco aceptan sus invitaciones a algunas de sus celebraciones. 

Sin lugares para los entierros

Otra de las grandes deudas del Ayuntamiento de Almeida con la comunidad musulmana de la capital es la de los cementerios. Existe una falta de lugares para que sus fallecidos sean enterrados en Madrid por el rito islámico; solo cabe recordar que, en 2020, el cementerio musulmán ubicado en Griñón llegó a su límite. De esta manera, los musulmanes fallecidos en la capital deben ser enterrados en Valencia y Burgos.

Los datos evidencian la magnitud de este problema. Según el último informe del Observatorio Andalusí, en la Comunidad de Madrid, que cuenta con siete millones de habitantes, residen 323.000 musulmanes -de los cuales 207.000 tienen nacionalidad española-.  Por ello, en 2022, a propuesta del grupo municipal socialista y con la abstención del PP, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una iniciativa para acondicionar 15.000 metros cuadrados con el fin de destinarlos a enterramientos musulmanes en el cementerio de Carabanchel. No obstante, tres años después, aún no se ha llevado a cabo.

Enrique Rico, concejal socialista que se mostró a favor de la propuesta, explicó “la falta de espacio para esos entierros en nuestra ciudad genera una realidad dramática a la que Almeida debe dar solución, en cumplimiento de los acuerdos del pleno y siendo un problema que es competencia exclusiva del ayuntamiento”.

Mientras, desde Más Madrid han arremetido contra Almeida por no remar en estos «avances» que harían posible que «la comunidad musulmana en Madrid» pueda ejercer su «derecho fundamental de libertad de culto». Su concejal, Nacho Murgui, se queja de que lleva «demasiado tiempo escuchando que se están produciendo importantes avances».

Y es que, con respecto al acondicionamiento del cementerio sur de Carabanchel, el Ayuntamiento ha detallado que se llevará a cabo en dos fases de construcción. En la primera se cubrirán hasta 1.150 sepulturas y en la segunda se aumentará la capacidad hasta las 2.350 sepulturas.

Teniendo en cuenta que la iniciativa se aprobó hace tres años, Más Madrid ha pedido concreción al Ayuntamiento porque «ya es momento de poner plazos a un problema que afecta a 100.000 madrileños», recordando que la libertad de culto es un derecho recogido en el artículo 16 de la Constitución española.

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Lo que esconde el requerimiento del Gobierno a Jumilla: aviso a Génova y sus pactos con Vox

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Moncloa calculó meticulosamente los movimientos para entrar en el cuerpo a cuerpo con el Partido Popular y Vox tras el veto anti musulmán en Jumilla (Murcia). Un recorte de derechos y libertades, además de una maniobra que “atenta contra la Constitución” que tanto se jactan sendas formaciones de defender. Tras advertir la semana pasada de activar las palancas necesarias para estudiar si constituye delito de odio o no la iniciativa en sí – fuentes de la Fiscalía aseguraron a este medio que había una ventana de oportunidad -, esta vez ha presentado un requerimiento de cuyo texto se extrae una lectura a modo de advertencia a Génova ante más acuerdos con Vox que comporten recortes en derechos y libertades.

La palanca que ha activado el Gobierno busca anular el acuerdo de Partido Popular y Vox para prohibir los actos religiosos en centros deportivos de la localidad, que hasta ahora acogían celebraciones islámicas. Moncloa entiende que la iniciativa sustentada por los conservadores atenta contra la libertad religiosa. También contra la Constitución Española. Fuentes del Ejecutivo de coalición sugieren que no se quedarán de brazos cruzados «ante este tipo de decisiones discriminatorias«. De ahí, que el Ejecutivo haya actuado de tal modo, remitiendo el escrito al Ayuntamiento de Jumilla, que ya lo tiene en su poder y dispone de un plazo de un mes para responder. De no hacerlo, según explican, se reservan las actuaciones pertinentes, como por ejemplo elevar el asunto al Contencioso-Administrativo. La corporación municipal murciana, hasta ahora, no ha querido pronunciarse al respecto.

Deriva extremista

“Institucionalizar la islamofobia” y “el racismo”. Así ha descrito el PSOE la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) gracias al apoyo del PP y la abstención de Vox, que prohíbe utilizar las instalaciones deportivas para cualquier actividad no vinculada al deporte. La medida, que se ha tramitado a través de una enmienda transaccional del PP a un texto original de Vox, limita el uso de estos espacios municipales y deja fuera eventos que en años anteriores se habían celebrado allí, como el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero.

En un vídeo difundido por los socialistas, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha advertido de que esta decisión es un ejemplo más de cómo los pactos entre la derecha y la ultraderecha “recortan derechos”. “Cada pacto presupuestario que se da entre el Partido Popular y Vox, cada pacto de investidura que se da entre la derecha y la ultraderecha, hay un derecho que se recorta”, ha señalado. A su juicio, lo ocurrido en Jumilla confirma una “escalada” que “ahora, como se ha demostrado, es capaz de institucionalizar la islamofobia, de institucionalizar el racismo”.

La moción incluye además otro punto en el que se insta al Gobierno municipal a “promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España”. Para el PSOE, esta formulación supone un intento de excluir expresiones culturales de otras comunidades y una señal de alerta para la convivencia.

Mínguez ha subrayado que lo sucedido en Jumilla es un “peligro” y una “advertencia” para el conjunto de la ciudadanía. “No tienen proyecto de país sino que lo único que tienen es un plan Moncloa con la ultraderecha”, ha criticado, en referencia al entendimiento político entre el PP y Vox en distintos gobiernos autonómicos y municipales.

La dirigente socialista ha ido más allá al acusar a Alberto Núñez Feijóo de asumir el ideario de Santiago Abascal: “No solo pacta presupuestos o investiduras con Vox, sino que le está comprando la ideología”. En su opinión, esta relación política responde a una dinámica clara: “Vox manda, el PP obedece y todos perdemos. Porque cada vez que hay un acuerdo entre el señor Feijóo y el señor Abascal, España retrocede”.

En su mensaje final, Mínguez ha defendido que España “no merece ni bronca, ni lío, ni recorte, ni confrontación”, sino “más derechos, más democracia” y políticas que permitan “mejorar la vida de la gente” de forma “alcanzable y asumible”. El debate generado por la moción de Jumilla se suma así a la creciente controversia sobre el uso de espacios públicos y la protección de la diversidad cultural y religiosa en municipios gobernados con pactos entre PP y Vox.

Restricción arbitraria

La iniciativa, que deja a unos 27.000 musulmanes de Jumilla sin posibilidad de celebrar sus festividades, modifica y rebaja la moción previa de Vox, que directamente defendía la prohibición expresa del Ramadán y la Fiesta del Cordero, entre otras cuestiones. De ahí que el Gobierno apoye su argumentación sobre una decisión que entienden como “arbitraria”, al vetar una celebración que se realizaba en el municipio desde hace varios años. Así, acusan a PP y Vox de atentar contra el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana. “Estos son los gobiernos locales y autonómicos de la derecha y la ultraderecha”, advierten varias voces desde a Administración central.

El Gobierno ha focalizado su línea de actuación en que la normativa permite el uso del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que las razones que esgrime la nueva redacción “no se sustentan”. Apuntan, en tal caso, que todo se centraliza en una intención clara de “discriminación”, basándose en el texto original y en las declaraciones del portavoz de Vox, que se había “jactado de prohibir festividades musulmanas”. De hecho, fuentes de la Fiscalía apuntan a la conjunción de sendos hechos como una ventana abierta a ser catalogada como “delito de odio”

Por otro lado, en el texto que firma la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, también se considera que el acuerdo adoptado constituye una vulneración del uso común general correspondiente por igual a todos los ciudadanos independientemente de su origen, sexo o religión. Por ello, concluyen que se ha incurrido en una desviación de poder al canalizar una competencia municipal para fines ideológicos que se contraponen al interés general. “No hay duda […], aunque aparentemente parece regular el uso de las instalaciones deportivas municipales. Sin embargo, bajo dicha apariencia formal se encubre con toda claridad una vulneración del Derecho fundamental a la libertad religiosa”, expone el escrito del Ejecutivo.

La exclusión de actos religiosos ajenos al Ayuntamiento “sin acreditar perturbación del orden público ni conflictos de usos” comporta una restricción aleatoria del ejercicio colectivo del culto. En este sentido, precisan que la restricción de derechos fundamentales ha de estar perfectamente motivada, sujeta a criterios robustos y por la proporcionalidad, tal y como recoge el Tribunal Constitucional. Por ello, requieren al Ayuntamiento de Jumilla que revoque el acuerdo que, a su vez, contemplaba la modificación del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales y que deja fuera actos religiosos ajenos a la corporación por el hecho de ser contrarios al ordenamiento.

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Israel asesina al periodista Anas Al Sharif y a otros cinco reporteros en un ataque sobre Gaza

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La ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza ha sumado este domingo una nueva tragedia para la prensa. El periodista palestino Anas al Sharif, reconocido por su cobertura de la guerra desde el terreno para la cadena panárabe Al Jazeera, ha muerto junto a otros cuatro compañeros de profesión en un bombardeo israelí contra una tienda reservada para medios de comunicación en la ciudad de Gaza. El ataque ha causado, en total, siete víctimas mortales.

La noticia fue adelantada por Al Jazeera, citando a fuentes médicas, y posteriormente confirmada por el propio Ejército israelí a través de su cuenta oficial en la red social X – antes Twitter -. En su comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel reiteraron una acusación ya lanzada anteriormente: que Al Sharif formaba parte de la estructura armada de Hamás, señalamiento rechazado por la cadena y por el propio periodista en vida.

Impacto directo

El bombardeo impactó en una carpa para reporteros situada a las afueras del hospital de Al Shifa. Además de Al Sharif, de 28 años y natural de Yabalia, perdieron la vida los periodistas Mohamed Qreiqeh, los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, y Mohamed Nufal, que también desempeñaba funciones de conductor para el equipo. Entre las otras dos víctimas se encuentra el periodista Mohammed al Jalidi, de la cadena Al Quds, vinculada a Hamás, según confirmó este medio en X.

El director del hospital de Al Shifa detalló que el ataque alcanzó de lleno el área habilitada para la prensa, una zona que, según medios internacionales, estaba claramente identificada. Con estas muertes, el número de empleados de Al Yazira fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza, en octubre de 2023, asciende a diez.

Más de 200 periodistas asesinados

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, sostienen que desde entonces 237 profesionales de la información han muerto en ataques israelíes, a los que acusan de actuar “con premeditación” contra periodistas.

El Ejército israelí, a través de su portavoz Avichai Adraee, ya había acusado el mes pasado a Al Sharif de ser miembro de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, el brazo armado de Hamás. El reportero rechazó enérgicamente esa versión en redes sociales, asegurando que era víctima de una “campaña de amenazas” por su labor informativa. “Reafirmo: soy periodista sin afiliación política. Mi única misión es informar la verdad desde el terreno, tal como es, sin sesgos”, escribió entonces. También advirtió de que, en medio de la crisis humanitaria en Gaza, “decir la verdad se ha convertido, a los ojos de la ocupación, en una amenaza”.

Pese a las negativas, el Ejército israelí insistió este domingo en que Al Sharif “se hacía pasar por periodista” y lo describió como “jefe de una célula terrorista” que supuestamente dirigía ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes. Según su versión, “documentos procedentes de Gaza, incluidos listados, registros de entrenamiento y nóminas salariales”, probarían su pertenencia a Hamás. No se pronunciaron, sin embargo, sobre la muerte de los otros reporteros alcanzados por el bombardeo.

Amenazas al periodista palestino

La relatora especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, ya había mostrado en julio su preocupación por las amenazas y acusaciones contra el periodista palestino, alertando de que “cada vez hay más pruebas” de que reporteros en Gaza han sido atacados y asesinados bajo alegaciones no demostradas de vinculación con Hamás.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció en su primera comparecencia ante medios internacionales en más de un año que ha ordenado a su gabinete de seguridad estudiar el levantamiento de las restricciones a la prensa extranjera en Gaza. Según dijo, el objetivo sería que los periodistas internacionales puedan “ser testigos” de los esfuerzos israelíes para proteger a la población civil.

Mientras tanto, la comunidad periodística internacional vuelve a exigir garantías de seguridad para los reporteros en zonas de conflicto y una investigación independiente sobre la muerte de Al Sharif y sus compañeros, en un conflicto que ya ha convertido a Gaza en uno de los lugares más letales del mundo para ejercer el periodismo.

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Sumar ya no resta: Rufián y Díaz rebajan el tono y se abren al entendimiento

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El panorama parlamentario se encuentra en un momento de especial tensión con el asunto que más ocupa al Gobierno: sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, una labor que no se antoja sencilla dadas las exigencias de las diferentes formaciones parlamentarias para apoyarlos. Podemos y Junts han sido las más duras recientemente: los morados, por su oposición al aumento del gasto en defensa y por sus peticiones para vetar por completo a Israel y para reducir de manera oficial el precio de la vivienda y los alquileres, y los neoconvergentes, por sus presiones para que se ejecuten las partidas presupuestarias anteriores que estén pendientes, que ellos mismos cifran en aproximadamente 50.000 millones de euros. Con todo ello, la oposición sigue enrocada en hacer su juego de desprestigio al Ejecutivo, lo que incrementa aún más la tensión. De manera ajena al debate presupuestario, otras formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Sumar, han optado por una senda más dialogante, analítica y que resuelva verdaderamente los problemas que debilitan al bloque de Gobierno.

Esta veda la abrió el propio Gabriel Rufián hace unos días, lanzando al aire una propuesta ambiciosa, pero que podría suponer un punto de inflexión de ejecutarse adecuadamente: poner en marcha un frente común y plurinacional de partidos de izquierdas. «Si no nos ponemos de acuerdo, nos matarán por separado» fue la premisa en la que se basó el republicano para afear el cainismo en el que las formaciones de izquierdas han estado históricamente enrocadas. Buena prueba de ello en los últimos años han sido las constantes pullas entre Sumar y Podemos, a pesar de ser partidos ideológicamente tan cercanos que los puntos de unión que tienen son naturalmente mayores que cualquier rencilla interna que pueda separarles.

Así, Rufián puso sobre la mesa una realidad histórica: las dificultades que ha tenido la izquierda en las últimas décadas para concurrir de manera conjunta, sin debilitarse mutuamente y luchando contra el enemigo común. Algunos analistas, sin embargo, señalan que la posibilidad que baraja el republicano solamente será posible una vez llegue un punto de no retorno, como que la ultraderecha ya esté en el Gobierno y la reacción tenga que ser fuerte y conjunta.

Por su parte, Yolanda Díaz se mostró a favor de la vía propuesta por el portavoz de Esquerra, que crearía un espacio común de izquierda plurinacional. «Lo llevo defendiendo desde hace muchísimos años. Vivimos tiempos de excepción absoluta. La ola reaccionaria es muy potente y hay un elemento sordina de la extrema derecha que recorre España que requiere una alianza democrática», expresó Díaz. 

«Aquella alianza, de darse, debe tener una coincidencia en el análisis y una agenda de mínimos que movilice. Esto no debería ir de una suma de siglas, sino de una de alianza que dé fuerzas, que dé esperanzas y que movilice», agregó también, explicando lo que, a su juicio, debería tener ese junte.

Aquella reflexión de Díaz terminó con un mensaje que también puede leerse como un toque de atención a Sánchez y al PSOE: los socialistas y los magentas se valieron en 2023 del mantra del riesgo de la llegada de la ultraderecha si la coalición progresista no conseguía mantener el Gobierno. Ante esto, a vista de que el panorama actual ha cambiado significativamente, Díaz ha aseverado que «con lo de que viene el lobo, ya no llega«, haciendo referencia a que es hora de pasar a la acción y tomar medidas más contundentes que agitar el fantasma de la ultraderecha como contrapeso a las ideas reaccionarias.

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El abogado de Hazte Oír en las querellas contra el Gobierno dirigió un partido ultra que reivindica la «cruzada» franquista

El abogado de Hazte Oír en las querellas contra el Gobierno dirigió un partido ultra que reivindica la «cruzada» franquista

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El letrado que busca convertirse en el «azote» del Gobierno en los tribunales es un viejo conocido en los círculos carlistas de ultraderecha. Javier María Pérez-Roldán, el abogado que representa a Hazte Oír en distintas acciones judiciales con amplia repercusión mediática, compaginó su actividad en ese lobby junto a sus responsabilidades en un partido político que sueña con organizar una «contrarrevolución» católica. 

Este abogado, responsable de un bufete que se presenta como «referente nacional en custodia compartida, violencia de género, sustracción internacional de menores y denuncias falsas en el ámbito de derecho de familia», fue designado en junio de 2019 como secretario de la junta directiva del lobby de extrema derecha. 

Ocho meses antes, este letrado había resultado elegido como secretario general de Comunión Tradicionalista Carlista, un partido ultra que alude al golpe de Estado franquista de 1936 bajo las denominaciones de «alzamiento» o «Santa Cruzada». 

«La Cruzada de 1936 significó un sorprendente resurgir de la causa carlista. Ganamos la guerra, pero perdimos la paz«, afirma la formación de extrema derecha en su página web, donde cita también la «represión del régimen» con el «cierre de círculos y prensa carlista».

Según ha podido verificar Público, Pérez-Roldán compaginó sus actividades en Hazte Oír y en Comunión Tradicionalista
Carlista hasta marzo de 2024, cuando renunció al cargo en el partido ultra por «motivos
personales». 

Sin embargo, Hazte Oír –en el apartado de su página web dedicado a presentar a los miembros de la junta directiva– omite cualquier dato sobre la militancia carlista de su abogado y secretario general. 

El pasado 7 de junio, el abogado del lobby de extrema derecha que dirige Ignacio Arsuaga participó en un acto
en Madrid sobre la aportación de vascos y catalanes a la “grandeza de España”. En la convocatoria del evento aparecía identificado como vicepresidente de Tradición Viva, una asociación
carlista de extrema derecha.

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«Apostolado patriótico»

Público ha revisado distintos vídeos con intervenciones de Pérez-Roldán en su calidad de responsable de Comunión Tradicionalista Carlista en la misma etapa en la que también  ejercía como secretario general de Hazte Oír. 

«Nuestra labor está en hacer apostolado patriótico», afirmó en un acto carlista celebrado en noviembre de 2023 en Madrid y en el que llamó a sus seguidores a actuar como «vasallos» de Cristo Rey.  

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El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, durante una ctración carlista frente al Congreso de los Diputados, el 18 de julio de 2021.
Javier María Pérez-Roldán, frente al Congreso.

En ese mitin, el abogado criticó a aquellos españoles que «actualmente están perdidos porque ven que España se deshace» y que «no han visto que la sociedad se deshacía cuando se acordaba el divorcio» o cuando «se permitía la transexualidad».   

«Son injustas las leyes trans, las leyes del matrimonio homosexual, las leyes del divorcio, porque no son las leyes de Dios«, proclamó en otro encuentro carlista en noviembre de 2022. «Nuestra función no es pensar en la victoria o en la derrota, nuestra función es luchar por las órdenes que nos dé nuestro rey», dijo en alusión a Cristo.   

«Venció al comunismo»

En otro acto celebrado en Madrid en abril de 2021, afirmó que «España fue el único país» que «militarmente venció y derrotó al comunismo«. Siete meses después, Pérez-Roldán volvió a utilizar su boina roja –uno de los símbolos característicos del carlismo– e intervino en un encuentro carlista en Madrid, donde aludió al golpe de Estado franquista como la «Cruzada del 36». 

Criticó además a aquellos «católicos de buena fe» que «van admitiendo cosas como los preservativos, como la fecundación in vitro». «Todo esto no lo discuten; al final están admitiendo el mal», remarcó.  

«Me dejaba manipular por un sueldo a final de mes»: por qué la hostelería no se moviliza ante la precariedad

«Me dejaba manipular por un sueldo a final de mes»: por qué la hostelería no se moviliza ante la precariedad

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Lucía lleva un mes comiendo de pie durante su turno. Tiene 20 años, es universitaria y cada verano desde que tenía 16 trabaja para poder ahorrar. Actualmente es camarera en un beach club en Puerto Banús, una zona de turismo de lujo ubicada en Marbella (Málaga). En muchas ocasiones, ni siquiera le permiten tener ningún tipo de descanso en su jornada de ocho horas.

«Mi encargada ha llegado a decirme que me secase las lágrimas para que los jefes no me vean llorar por las cámaras», cuenta tras relatar diversas irregularidades que se suman al agotamiento físico y mental. «Estoy aprendiendo mucho. Si esto me vuelve a ocurrir, sabré poner límites y priorizarme como persona», explica.

La historia de Lucía es una de las realidades que esconden las estadísticas. A pesar de la precariedad de la hostelería, siendo la actividad económica con el salario medio anual más bajo de España según los datos más recientes del INE ─16.985 euros en 2023─, sus trabajadores son de los que menos participan en huelgas por mejoras laborales, como recoge el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

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Los datos de sindicalización también los sitúan como uno de los menos presentes. Trabajo ofrecía datos anuales de la afiliación hasta 2010, cuando decidió eliminar la encuesta. Según esta, hace 15 años un 16% de las personas empleadas estaba afiliado a un sindicato. Dividido por sectores, la hostelería contaba con el segundo dato más bajo tras el empleo del hogar: un 8,3%.

Actualmente no existen datos actualizados de la afiliación sindical de los españoles. La cifra más reciente es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que la situó en 2019 en un 12,5%. La suma de los datos individuales proporcionados por los propios sindicatos permiten tener una perspectiva de la situación actual. Al cierre de 2023, CCOO, UGT, CSIF, USO y CGT acumulaban 2,4 millones de afiliados, alrededor de un 11,3% de los trabajadores.

El miedo, paralizador de la sindicalización

«El problema es el miedo de la gente a irse de un trabajo que necesitan en ese momento». Jesús Soriano (38 años, València) tiene claro por qué la hostelería presenta datos tan bajos de sindicalización. Él mismo ha estado más de 20 años trabajando en el sector y en la actualidad cuenta con más de 800.000 seguidores en redes sociales con su cuenta Soy Camarero.

Comenzó hace unos ocho años publicando contenido de humor relacionado con su trabajo, hasta acabar siendo un altavoz para denunciar las irregularidades de la hostelería y «dar voz a los que no la tenían», cuenta.

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A diario, Soy Camarero recibe preguntas sobre situaciones que sufren sus seguidores. Por ello, hace unos meses Soriano creó junto con CCOO un proyecto dedicado exclusivamente al sector hostelero: «Los sindicatos tienen las herramientas que yo no tengo para poder ayudar a los trabajadores».

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Además de ofrecer asesoramiento gratuito en su web, las cuentas del sindicato y Soy Camarero publican videos de divulgación en redes sociales sobre las dudas laborales que más se repiten entre los mensajes que reciben. Desde el sindicato estatal denuncian la existencia de un «excesivo fraude laboral» en el sector y la necesidad de acabar con él.

A menor tamaño de la empresa, menos sindicalización

Según CCOO, de sus más de un millón de afiliados a junio de 2025, 40.802 trabajan en hostelería, turismo y juego. Marcos Gutiérrez, secretario de Política Institucional y Políticas Públicas de su Federación de Servicios, asocia la baja sindicalización del sector al tamaño de sus negocios. El INE indica que, en 2024, el 84,33% de las empresas hosteleras contaban con menos de seis asalariados. Esta realidad dificulta la actividad al ser este el mínimo necesario para tener representación colectiva mediante un delegado de personal, como recoge el Estatuto de Trabajadores.

«Esto repercute en las condiciones laborales, en las empresas grandes son claramente mejores», explica el responsable de CCOO. Tener claras las divisiones del sector de la hostelería a nivel interno también es algo esencial para Rosa Marrero, profesora del área de Sociología en la Universidad de La Laguna que ha realizado varias investigaciones sobre la hostelería y el turismo. «La restauración también tiene peores indicadores de estabilidad y tipo de jornada que el sector del alojamiento ─hoteles y apartamentos─», detalla la docente. 

La restauración tiene peores indicadores de estabilidad, condiciones y tipo de jornada que el sector del alojamiento

Para Marrero, otros factores influyentes son la baja calidad laboral —la Seguridad Social recogió en junio de 2025 que solo cuatro de cada diez empleados del sector contaban con un contrato indefinido a tiempo completo— y las altas tasas de rotación con horarios en ocasiones difíciles de compaginar con la vida privada.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el INE, en 2024 un 0,05% de los camareros participó en una huelga. Solo tuvieron peores datos el sector primario ─agricultura, ganadería, silvicultura y pesca─ y los empleados del hogar. Esta baja participación es un constante a lo largo de los años, chocando con otros sectores con mucha mayor presencia como educación, sanidad o industria.

«La gente no se sindicaliza porque piensa que no tiene incidencia en su día a día», explica Omar Rodríguez, secretario federal de Hostelería y Turismo en UGT. Trabajadores a tiempo parcial o que solo están de paso cuentan, según Rodríguez, con una baja percepción de la importancia y la labor de estas organizaciones. En España, los convenios obtenidos por negociación colectiva —normalmente con representación sindical— cubren a todos las personas empleadas, estén afiliadas o no.

Además, los bajos sueldos propios del sector también alejan el pago de la cuota. «En muchos casos los afiliados son trabajadores que han tenido en algún momento un problema que le hemos resuelto», concluye. Para el responsable de UGT, es necesario adaptarse a la realidad de la población y aprender a divulgar de manera más efectiva las labores del sindicato, tanto en redes sociales como fuera de ellas.

Desconocimiento y necesidad económica

«Yo me dejaba manipular por tener un sueldo a final de mes». Noelia Quirós (30 años, Málaga) comenzó en la hostelería siendo muy joven y sin tener claro a lo que quería dedicarse en el futuro. Frente a las irregularidades vividas ─trabajos en negro, horas extra sin pagar o jornadas de más de 12 horas─, agachaba la cabeza y seguía trabajando. «No tenía idea de mis derechos ni de cómo actuar». Como ella, el 59% de los trabajadores de la hostelería en 2010 no tenía «nada» o «casi nada» de conocimiento sobre la actividad sindical, según datos de una encuesta de Trabajo. 

Jesús Soriano también desconocía muchos de sus derechos cuando empezó. Ahora ofrece a través de su cuenta en redes la voz que él no tuvo mientras vivía situaciones de explotación. Para él, el proyecto Hostelería CCOO ofrece a los camareros un lugar donde informarse y conocer las garantías que la propia empresa en ocasiones no les cuenta. «Muchas veces el personal precarizado es gente necesitada, es o ese trabajo o te vas bajo un puente, tú y tu familia. Estos empresarios se nutren de ese miedo a ser despedido», cuenta. «Hay colectivos para los que la hostelería es su única opción, asumen esas condiciones laborales porque no les queda otra», añade Rosa Marrero.

Canarias, un ejemplo de éxito

El comienzo de año ha dado un vuelco a las estadísticas. Si en todo 2024 solo 863 camareros participaron en una huelga, en los primeros seis meses de 2025 la cifra superó las 4.700 personas. Este aumento en comparación con años anteriores se debe en gran parte a las Islas Canarias.

El 17 y el 18 de abril varios sindicatos llamaron a una huelga en el sector hostelero de Santa Cruz de Tenerife bajo el lema «Por el reparto de la riqueza. Más derechos y mejores salarios». Inicialmente, el paro iba a extenderse a Las Palmas de Gran Canaria, pero un acuerdo in extremis provocó su cancelación.

Uno de sus participantes fue Javier Fernández, camarero que llegó a la isla a finales de los 80: «En esos años Canarias empezaba a despegar, el sector era muy duro y prácticamente sin convenio». Para él, la afiliación fue imprescindible. «Tuvimos que pelear mucho, la sindicalización es la única manera de estar organizados y mejorar las condiciones laborales», cuenta.

Cuatro décadas después, Fernández es el secretario general de Sindicalistas de Base de Canarias, un sindicato que comenzó en 2013 como una escisión de la sección canaria de CCOO Servicios. Para esta nueva organización, el éxito del paro fue evidente. «Había gente que pensaba que la huelga no solucionaba nada, pero tras ella logramos llegar a un acuerdo que cumple el objetivo de recuperar el poder adquisitivo del sector», cuenta su secretario.

Según Sindicalistas de Base, este ejemplo de movilización de la hostelería se debe a la baja estacionalidad de las Islas Canarias. «Que el turismo funcione todo el año al 100% hace que estemos siempre quemados, en otros lugares el trabajador va a ganar dinero durante unos meses y a no dar mucho ruido«, detalla Fernández.

Un cambio de mentalidad

Para el secretario general de Sindicalistas de Base en Canarias, el cambio generacional viene acompañado de una nueva mentalidad. «La gente joven está menos dispuesta a aguantar ciertas condiciones», explica. Según él, es más fácil que la juventud «se rebele» y entienda que la sindicalización es importante.

«Creo que en la pandemia la gente hizo un click«, cuenta Jesús Soriano. Para el creador de Soy Camarero, ese momento fue clave para que los trabajadores del sector en condiciones fuera de la ley valoraran más su calidad de vida. «Se dieron cuenta de que no vale la pena darlo todo por un trabajo donde ni cotizaban ni cobraban lo que toca», afirma. 

La pandemia fue clave para que los trabajadores comenzaran a valorar más su calidad de vida

Soriano cree que el sector de la hostelería, a pesar de ser esencial para la economía española, no suele verse como algo colectivo. Fortalecer y normalizar la sindicalización es para él la única manera de acabar de forma unida con las irregularidades. «Ahora dicen que no hay camareros, se ha dado un golpe en la mesa y la gente está exigiendo sus derechos básicos«, concluye.

Tras más de una década en ella, Noelia Quirós vive por y para la hostelería. Ha estudiado la carrera de Ciencias Gastronómicas y varios ciclos formativos que solo han aumentado su pasión por este sector. Ahora, está en una empresa que realmente la valora como persona. Echando la vista atrás, se pregunta cómo ella y sus compañeros pudieron «venderse» a la precariedad sin luchar por lo que les pertenece.


Satisfacción en el PSOE por el creciente protagonismo de Tellado en el PP

Pitirre Noticias

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acumula ya varias meteduras de pata a pesar del poco tiempo que lleva ejerciendo esta responsabilidad. Entre ellas, su repentino cambio de currículum para eliminar su desempeño como periodista, que inicialmente defendía, haber configurado su equipo para la Secretaría General con apenas una mujer entre 15 coordinadores, o, en general, ataques contra el Gobierno que han acabado saliendo por la culata. Desde el PSOE, a vista del creciente protagonismo que está ganando, se muestran contentos porque creen que perjudica al PP más de lo que le hace ganar.

Según fuentes consultadas, la sensación entre las filas socialistas no es otra que la de «satisfacción» ante la ganancia en importancia de Miguel Tellado en el organigrama del PP por sus constantes deslices y salidas de tono, que mellan la estrategia de un Partido Popular que ya de por sí está teniendo dificultades para encontrar el tono adecuado para conectar con el resto del arco parlamentario.

Las fuentes nacionales, no obstante, no son las únicas que piensan lo mismo. La pasada semana, el entorno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hacía lo propio contestando con ironía y contundencia, sugiriendo que el dirigente popular “parece un infiltrado del PSOE en el PP” por el efecto que genera cada vez que habla.

Los discursos de Tellado, pegamento para el bloque de investidura

Lejos de debilitar al bloque de investidura, los ataques y comportamientos de Tellado han servido como pegamento involuntario para una mayoría parlamentaria que, pese a sus diferencias, se mantiene unida frente a los discursos con el sello de Génova. Así lo interpretan fuentes socialistas consultadas por este medio, que observan cómo cada intervención del ex portavoz parlamentario actúa a favor de Sánchez y de la cohesión de los socios, y aleja un poco más a Feijóo de llegar a la Moncloa.

Durante un mitin del PP en Tomelloso (Ciudad Real), Tellado cargó contra García-Page y le instó al transfuguismo: “Si Page da la orden, el sanchismo se acaba mañana”, presionándole para que utilice la supuesta influencia sobre los ocho diputados socialistas elegidos por Castilla-La Mancha para votar contra Sánchez y dinamitar así el Gobierno de coalición. El dirigente popular acusó al presidente manchego de criticar al Gobierno solo «de boquilla» y de no hacer nada para frenar las decisiones que cuestiona. «Nunca da ni medio paso que de verdad pueda frenar al líder de su partido o acabar con él», afirmó Tellado, que llegó a calificar su actitud de «hipócrita», pasando por alto que se puede discernir sin destruir.

Otro rasgo que destaca de Tellado es su capacidad de ver la paja en el ojo ajeno, pero nunca en el propio. La pasada semana, el secretario general del Partido Popular advertía a los miembros de su formación de «tener cuidado» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado como «un peligro». «No hay nada más peligroso que un perro herido, que un Pedro herido«, hizo un juego de palabras.

Tellado afirmó que Sánchez es un presidente «sin escrúpulos» y que “no puede durar mucho más”. «Querrá morir matando y es capaz de todo. No bajemos la guardia ni un instante. Que nadie dé al Gobierno por finiquitado, por mucho que las causas judiciales acorralen a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal», ha añadido. En ese sentido, llamó a los ciudadanos a prepararse para «propinarle una derrota histórica en las urnas» cuando se convoquen elecciones, con el objetivo de conformar «un Gobierno fuerte» liderado por el Partido Popular, al que definió como la antítesis. No obstante, Tellado se olvidó de hacer mención al caso Montoro, de especial actualidad y protagonismo en el PP.

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