El pasado 22 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados en la que se incluía la modificación del funcionamiento de la cobertura mediática y, el 31 de julio, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía el texto, que también incluye nuevas denominaciones para evitar el lenguaje sexista. Superado el verano, la Mesa de la Cámara Baja ha aprobado la normativa y los condicionamientos de acceso a la sede parlamentaria han generado polémica y han activado los motores de Génova 13.
El Partido Popular (PP) votó en contra de esta reforma, cómodo con que pseudoperiodistas como Vito Quiles o Bertrand Ndongo accediesen al Parlamento con la única intención de reventar ruedas de prensa y lanzar basura exclusivamente contra los diputados pertenecientes a partidos de izquierdas. Ahora, aprovechando una falla que deja fuera del Congreso también a medios de pequeño tamaño, los conservadores se han enfundado el disfraz de defensores de la prensa, mientras el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso amenaza a periodistas, y han aludido a una de las voces más reconocidas del periodismo de izquierdas.
La Cámara Baja no acreditará a periodistas que trabajen o colaboren con los equipos de comunicación de partidos políticos, canales de YouTube, cadenas de televisión de difusión digital, páginas web agregadoras de contenidos ni ediciones digitales de medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, tampoco dejará acceder a medios de comunicación veraces y sin dobles intenciones partidistas que cuenten con menos de diez trabajadores, lo que deja fuera a importantes cabeceras, como en la que colabora el periodista Antonio Maestre desde hace años.
De forma paradójica esta medida deja fuera a un medio como La Marea y permite acreditarse al medio de Javier Negre.
“De forma paradójica esta medida deja fuera a un medio como La Marea y permite acreditarse al medio de Javier Negre”, ha criticado el Reglamento aprobado. “Se podía hacer mal, han elegido hacerlo peor”, ha añadido. Desde el Partido Popular (PP) han visto el espacio para lanzar un reproche al Ejecutivo, revestido de recochineo hacia el periodista. El encargado ha sido el secretario general de la formación conservadora, Miguel Tellado, que ha elegido Twitter para pronunciarse y dar respuesta a Maestre. “Lo dijimos Antonio, y no nos creísteis”, ha comenzado.
De seguido, el número dos de Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que así “empiezan censurando a unos, y acaban censurando a todos”. “Es el socialismo”, ha recurrido al argumentario habitual del neoliberalismo y que en España encarna Ayuso. A continuación, se ha erigido como defensor del periodismo. “Seguiremos peleando desde el PP por la libertad de prensa en el congreso y contra la amenaza que representa Francina Armengol (presidenta del Congreso) y el PSOE. La de todos. También la vuestra”, ha zanjado Tellado, cargando contra el Ejecutivo.
Lo dijimos Antonio, y no nos creísteis…. Empiezan censurando a unos, y acaban censurando a todos. Es el socialismo.
Seguiremos peleando desde el PP por la libertad de prensa en el congreso y contra la amenaza que representa Armengol y el PSOE. La de todos. También la vuestra. https://t.co/rqtpOb3oIs
Maestre no ha tardado en responder y a Tellado le ha salido el tiro por la culata. «A ver, Miguel, que vosotros me echasteis de Telemadrid porque no os gusta lo que digo», ha recordado el periodista al autoproclamado defensor de la libertad de prensa. «Estaría encantado de hacerte una entrevista sobre libertad de medios y presiones políticas. Si te dejas», le ha lanzado el reto el tertuliano.
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El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha apuntado este martes a que no se descartan sanciones para las dirigentes de Vox que acudieron este martes a la concentración frente al Centro de Primera Acogida de Hortaleza, una movilización prohibida por Delegación en aras de salvaguardar el bien superior de los menores que residen en el centro de acogida.
A esta concentración ha acudido la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, acompañada de otros representantes de Vox, incluida la portavoz nacional de Emergencia demográfica y diputada nacional, Rocío de Meer, donde han reclamado el cierre de este recurso y de «todos los centros de ilegales» de España.
«La Policía ha realizado las correspondientes filiaciones que conllevarán el levantamiento de actas con propuestas de sanción para las personas. Vamos a ver las actas que se elevan, tengo información de que ha habido filiaciones y, por lo tanto, habrá propuestas de sanción, y todo parece indicar que efectivamente habrá sanciones», ha trasladado el delegado en una entrevista en la ‘Cadena Ser’.
Martín ha recordado que la prohibición ha sido emitida por tratarse de una concentración de «riesgo elevado» dirigida a «hostigar, a amenazar a los menores en las puertas» del centro. «El hostigamiento hacia los menores, la provocación, la amenaza que podía haber detrás era evidente, y por lo tanto, por la protección del menor, el interés superior del menor, que a todos nos debe obligar, pues ha sido una de las razones fundamentales para justificar esa prohibición», ha explicado.
El delegado ha lamentado que, pese a ello, se haya celebrado finalmente la concentración «a manos de un partido político (en referencia a Vox), que en teoría tendría que ser ejemplar a la hora de velar por el cumplimiento de las reglas del juego».
Por los «discursos de odio»
Por otro lado, Martín ha criticado «el discurso de odio» en el que «algunos viven instalados» que lleva a hablar de los migrantes y no de violencia sexual. Cabe recordar que la concentración fue convocada por Vox después de que la semana pasada se produjera la presunta violación de una menor de 14 años por parte de un residente del centro.
«Estamos hablando de una violación, en primer lugar, y aquí nadie está pensando en la víctima, todo lo contrario. Aquí estamos ya únicamente hablando de los migrantes, cargando el discurso de odio en el que algunos viven instalados«, ha subrayado.
En este sentido, ha explicado que en la ciudad de Madrid ha habido 256 violaciones en lo que va de año, 22 menos que el año pasado en este mismo periodo. «Pero aquí solo hemos hablado de una que ha sido cometida presuntamente por un migrante», ha afirmado.
«Únicamente nos preocupa la violencia sexual si le sirve para armar su discurso racista, su discurso de odio contra los migrantes africanos en particular. Y esto es extremadamente grave, porque además de ser injusto, representa sin duda para los migrantes una situación de amenaza cuando están en una situación extremadamente vulnerable«, ha aseverado.
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El borrador del proyecto se llama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation –Fondo para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza- y en 38 páginas sienta las bases de la fantasía colonizadora que el presidente estadounidense, Donald Trump, proyectó hace unos meses sobre la Franja de Gaza. Entonces la llamó la «Riviera de Medio Oriente». Las siglas del proyecto en inglés,GREAT Trust, evocan el eslogan de la campaña electoral –Make America Great Again-, con la que el republicano reconquistó la Casa Blanca en 2024.
La presentación del proyecto ha sido publicada en exclusiva por el diario The Washington Post el pasado 1 de septiembre. En ella se detallan los pormenores de uno de los proyectos que baraja EEUU para el futuro de Gaza. El GREAT Trust se presenta como una oportunidad económica para inversores arriesgados. El coste de su construcción oscilaría entre los 70.000 y los 100.000 millones de dólares, que se lograrían gracias a la creación del Fideicomiso de Tierras de Gaza. Este arrendaría, aproximadamente, el 30% de las tierras públicas de Gaza.
El proyecto plantea que los gazatíes coloquen sus tierras en el mecanismo financiero, a cambio de las cuáles recibirían tokens. Estas propiedades, a su vez, se pondrían a disposición de inversores que ayudarían a reconstruir Gaza.
El proyecto promete a sus posibles interesados cuadruplicar su inversión inicial, a la par que se dispara el valor económico del enclave. Este progreso económico se presenta como algo relativamente fácil de lograr debido a que el borrador explica el colapso de la economía gazatí como un mero fracaso de Hamás. Ignora así que el empobrecimiento de la Franja se debe, sobre todo, al bloqueo al que fue sometida por parte de Israel y Egipto tras la llegada del grupo islámico al poder por la vía democrática.
La información publicada por el medio estadounidense viene a confirmar lo adelantado por el Financial Timesa principios de julio, cuando se tuvo conocimiento por primera vez de este plan. Desde entonces hasta ahora se ha debatido mucho en torno a la autoría del borrador. Según el medio económico, en su desarrollo participó el Instituto Tony Blair para el Cambio Global (TBI), un think tank creado por el expresidente británico con la mirada puesta en «acabar con el extremismo» en Oriente Medio. El TBI negó tajantemente tener nada que ver con dicho plan, si bien posteriormente confirmó que lo conocía y que su papel había sido el de «escuchar» las opciones que distintos grupos planteaban para el futuro de Gaza.
A su vez, el TBI señaló que parte del plan GREAT Trust llevaba la firma de miembros del Boston Consulting Group (BCG), una consultora estratégica global vinculada a la Fundación Humanitaria de Gaza, encargada del reparto de ayuda en el enclave palestino. También la BCG negó tener ningún papel en el desarrollo del GREAT Trust. Al ser preguntados por The Washington Post a raíz de la publicación del borrador del plan, la consultora ha explicado que «el trabajo sobre el plan del fondo no fue aprobado expresamente y que dos sociosprincipales que dirigieron el modelo financiero fueron posteriormente despedidos».
El 27 de julio, Donald Trump se reunió con el mismísimo Tony Blair, con su yerno, Jarden Kushner y con el enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff en la Casa Blanca para discutir sobre el futuro de la Franja. Sea cuál sea este, Witkoff aseguró en Fox que el plan que están trazando «es muy exhaustivo» y que «mucha gente va a ver lo sólido y lo bienintencionado que es, y cómo refleja los motivos humanitarios del presidente Trump». Dado que no han transcendido detalles sobre el contenido de dicho encuentro no es posible saber si el GREAT Trust fue una de las opciones barajadas.
La salida a la luz del borrador permite conocer los pormenores del proyecto, con el que sus impulsores buscan rentabilizar el genocidio construyendo una suerte de hub tecnológico con plantas de vehículos eléctricos, centros de datos, complejos turísticos de lujo y rascacielos. La visión que el plan proyecta sobre Oriente Medio engarza con la prioridades comerciales y geopolíticas de la Administración Trump.
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Captura de pantalla de la presentación del ‘GREAT Trust’, uno de los planes que baraja Trump para el futuro de la Franja de Gaza.
En el documento se nombra específicamente la importancia que el GREAT Trust tendría para el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC). Esta idea se maquinó en reuniones informales celebradas durante la cumbre del G20 en Delhi (India) en 2023. El objetivo, crear rutas alternativas al Canal de Suezque conectaran occidente y oriente, contaba con el pleno respaldo de EEUU. Recientemente, la relación entre India y EEUU se ha enfriado debido a la apuesta del país asiático de estrechar lazos con Rusia y China. En cualquier caso, el borrador del GREAT Trust, se redactó meses antes de la reunión que mantuvieron la semana pasada los líderes euroasiáticos.
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Un ‘hub’ sobre las ruinas del genocidio
El plan del GREAT Trust enumera diez megaproyectos. El primero de ellos es el desminado de artefactos explosivos aún sin detonar y que actualmente están repartidos a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. Israel ha vertido sobre la Franja el equivalente a siete bombas atómicas como la que arrasó Hiroshima en 1945. Así lo afirmó la relatora de la ONU para la defensa de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, durante su visita a España el pasado mes de junio para la recogida del Premio Público 2025.
Su desescombrado «podría tardar años», explicó a este periódico Haizam Amirah. El fundador del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC) afirmó entonces que quienes hablaban de la colaboración público-privada con otros países árabes para la tarea de desescombrado «saben que Israel no quiere hacerlo ni lo va a permitir», entre otras cosas, «porque no desea que vea ni verifique sus acciones» en la Franja.
Diapositiva del borrador del proyecto ‘GREAT Trust’.
En él también se recoge la creación de un centro logístico regional en Rafah con conexión a un aeropuerto y varios puertos que se crearían en Gaza. La ciudad, rebautizada como el Portal de Abraham también permitiría la conexión con infraestructuras de países vecinos gracias a la construcción de varias circunvalaciones, carreteras y tranvías alrededor de la Franja. Todo ello compondría el Corredor de Infraestructura Abrahámica, que aspira a ser una de las paradas obligatorias del IMEC.
Además, el proyecto contaría con: un Centro Regional de Agua con plantas solares y desalinizadoras en la Península del Sinaí, entre seis y ocho «ciudades inteligentes» impulsadas por la IA, resorts turísticos frente al mar e islas artificiales similares a las Islas Palmeras de Dubái, un Refugio Americano de Datos Seguros regulado por una IA estadounidense y una Zona de Fabricación Inteligente Elon Musk. Es decir, zonas industriales en las que se desarrollaría material de defensa, entre otras opciones.
El GREAT Trust no ignora una cuestión fundamental y es que, para erigir estos macroproyectos, primero tienen que apartar del territorio, al menos temporalmente, a los dos millones de palestinos que malviven en el enclave.
Dos fórmulas para desplazar a los palestinos
El desplazamiento forzado de una población de su territorio está tipificado por el Estatuto de Roma como un crimen de guerra y de lesa humanidad. Los impulsores de GREAT Trust, en cambio, ven este delito como una mera transacción económica. Así, según el documento, el fideicomiso pagaría a cada palestino 5.000 dólares por marcharse de sus tierras. Además, le serían concedidos subsidios para cubrir los cuatro primeros años de alquiler en otro país así como un año de alimentos. El borrador del plan estima que aproximadamente medio millón de personas salgan de la Franja gracias a esta fórmula. Es decir, en torno a un 25% de su población. Según las estimaciones reflejadas en el borrador, sacar a los palestinos de Gaza tendría un precio de unos 5.000 millones de dólares.
Sin embargo, parece poco probable que los países vecinos acepten acoger a cientos de miles de palestinos. Especialmente, teniendo en cuenta que Egipto lleva desde el 7 de octubre limitando la entrada de ayuda humanitaria al sur de la Franja de Gaza y muchos más años restringiendo el acceso al enclave, siguiendo la estrategia inaugurada por Israel en 2007, cuando Hamás se hizo democráticamente con el poder en la Franja de Gaza.
Tampoco parece que Jordania vaya a aceptar el traslado de la población a su territorio de manera tan abierta, donde actualmente existen diez campos de refugiados palestinos. No han sido pocas las tensiones que han mantenido a lo largo del siglo XX las autoridades jordanas y los grupos nacionalistas palestinos que se consolidaron en su territorio, como la Organización para la Liberación de Palestina.
La expulsión de los árabes de sus tierras se combinaría con una segunda opción: la reubicación de los gazatíes dentro de la Franja de Gaza. El borrador espera a que a este plan se acoja el 75% restante de los gazatíes. De ellos, estiman que el 90% necesitaría alojamiento temporal que, según el borrador contaría con infraestructuras de educación, agua y saneamiento. Dicho proyecto podría costar unos 6.000 millones de dólares. Este plan se parece peligrosamente a los barajados recientemente por el Gobierno de Benjamín Netanyahu (Likud), y que muchos expertos no dudan en calificar de «campo de concentración».
Es importante subrayar el evidente rechazo de la población palestina a abandonar sus tierras. Pese a los reiterados esfuerzos de Israel para expulsar a la población autóctona -se estima que un millón y medio palestinos han sido obligados a salir de sus tierras desde 1948-, esta continúa luchando por permanecer en sus tierras. Es de esta resistencia de donde surgieron, a finales del siglo pasado, grupos nacionalistas armados como los seculares como Fatah -ahora desmilitarizado- o los islámicos Hamás o la Yihad Islámica, responsables del 7-O.
Esta amenaza es bien conocida por los diseñadores de GREAT, que reconocen en el documento que la seguridad es su principal riesgo: «Gaza es un puesto avanzado iraní en una parte moderada de la región que amenazará la arquitectura IMEC/abrahamica y socavará cualquier futuro autogobierno palestino». Para combatir dicha amenaza, el documento evidencia que únicamente mediante la aniquilación de Hamás, el proyecto será posible. Esta idea casa con la dirección tomada por Netanyahu de ocupar militarmente toda la ciudad de Gaza-. Contra ella se han posicionado miles de israelíes debido al riesgo que supone para la veintena de rehenes que siguen vivos en el enclave.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha informado este lunes, en el inicio del curso político, que un equipo de juristas está trabajando en una reforma para limitar la prórroga de los Presupuestos a un máximo de dos veces, forzando la convocatoria de elecciones. Ante esta medida propuesta por Feijóo, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, no ha podido hacer otra cosa que acordarse de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y su historial al frente de la Junta.
El ministro ha hecho referencia a Mañueco ya que a finales de 2024 se vio obligado a prorrogar por quinta vez los presupuestos de la comunidad. Ante la falta de acuerdo con Vox, con quien había roto su gobierno de coalición meses antes, Mañueco prorrogó las cuentas una vez más en los seis últimos años.
“Que se la pasen a Mañueco. Lleva cinco prórrogas en seis años. Y pronto alcanza la sexta en siete”, ha escrito escueto Puente, echando por tierra al líder del PP su estrategia para debilitar a Pedro Sánchez y a su gobierno de coalición con Sumar.
Que se la pasen a Mañueco. Lleva 5 prórrogas en 6 años. Y pronto alcanzar la sexta en 7. https://t.co/iPwEdOjvrw
Núñez Feijóo ha exigido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente antes de que acabe el mes de septiembre los apoyos parlamentarios que necesita para aprobar los presupuestos generales del Estado y que, si no lo logra, convoque elecciones.
“En el caso de que no lo haga, el Gobierno ya no necesita volver al Congreso de los Diputados. Que disuelva las Cortes y que dé voz a los españoles”, ha afirmado.
El PP, ha explicado Feijóo, va a hacer todo lo que esté en su mano para poner fin al “disparate” de no tener presupuestos y por ello está estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos que impidan que vuelva a repetirse el escenario actual, en el que están prorrogados los presupuestos de 2023 al no haber logrado Sánchez el apoyo de sus socios para presentar las cuentas anuales.
Las prórrogas de Mañueco
La primera prórroga de Mañueco fue en 2019, al llegar a la Junta en coalición con Ciudadanos y extender las cuentas de 2018. En 2020, con la pandemia, se aplicaron de nuevo las cuentas de 2018. Los presupuestos de 2021 consiguieron salir adelante con un acuerdo con Ciudadanos. En 2022 volvieron a no avanzar por el adelanto electoral. Tras estas elecciones, y ya con Vox en el Gobierno, se aprobaron las cuentas de 2023, que fueron prorrogadas en 2024. Y ya 2025 volvió a funcionar con las cuentas prorrogadas.
Fue en julio de 2024 cuando Vox rompió sus gobierno autonómicos con el PP tras el acuerdo del PP con el Gobierno para repartir menores migrantes. Tras la ruptura, el PP de Mañueco se quedó al frente del Gobierno de la comunidad en minoría. Pasó de tener 81 procuradores en las Cortes de su lado a tener 31.
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Si hay una comunidad autónoma en la que el PP ha centrado sus críticas para arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esa ha sido Cataluña. Todas las autonomías -algunas de ellas con especial virulencia como es el caso de Madrid– y Génova han arremetido sin paliativos contra Moncloa por la financiación singular planteada para el territorio catalán, unas críticas que ahora quedan más en entredicho después de las últimas informaciones que han visto la luz y que encuentran el epicentro en Galicia cuando Alberto Núñez Feijóo gobernaba la Xunta.
este medio desvelaba esta semana en exclusiva el plan que el líder del principal partido de la oposición tenía para su comunidad, en sintonía -con matices a tener en cuenta- con lo que el Ejecutivo plantea para Cataluña de un tiempo a esta parte.
La principal y más destacada diferencia es que el equipo del gallego pagó al despacho del que formó parte el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una suculenta cantidad para analizar la posibilidad de crear una agencia tributaria regional. El entorno del expresidente de la Xunta contrató al bufete al que perteneció el que fuera miembro del Ejecutivo de Mariano Rajoy para la realización de “un informe sobre las cuestiones a valorar de cara a la creación de una agencia tributaria en Galicia”.
El importe de este contrato fue de 10.440 euros y el órgano contratante fue la secretaría general de patrimonio yHacienda del Gobierno autonómico. La fecha en la que se entregó la consultora fue el 21 de abril de 2010, cuando la Xunta abonó el importe mencionado; el día 22 de junio del mismo año.
Este periódico accedió a infinidad de contratos que el Ejecutivo entonces de Feijóo cerró con Equipo Económico. Hasta 13 fueron los conceptos por los que las partes cerraron acuerdos, cuyo montante total ascendió hasta los 172.838 euros. Las consejerías que solicitaron los servicios del departamento de Montoro fueron los de Hacienda y la de Presidencia, en diez y tres ocasiones respectivamente.
Financiación singular de Cataluña
El PP ha repetido hasta la saciedad su rechazo a la financiación singular de Cataluña a través de distintos miembros de su partido. Fue en julio cuando los ‘populares’ redoblaron una ofensiva que mantienen con el inicio del nuevo curso político en el horizonte.
Por poner un ejemplo, Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras de los ‘populares’ era uno de los que expresaba con más ahínco su preocupación por el acuerdo alcanzado a la espera de que llegara la firma entre Gobierno y Generalitat. A ojos de los ‘populares’, el acuerdo podría permitir a que Cataluña disminuyera las contribuciones destinadas a las autonomías de menor riqueza.
El asunto está de inmediata actualidad después de que en las últimas horas ERC urgiera al Gobierno a aplicar “pronto” y “en su totalidad” el convenio establecido por los socialistas catalanes que incluye una reducción de deuda y la creación de una agencia fiscal propia.
La formación independentista ha solicitado de manera urgente la comparecencia de María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, para concretar el modelo de financiación. La formación acusa lo injusto de la deuda acumulada con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que, en su opinión, perjudicó gravemente el desarrollo autonómico catalán y habla de un “buen acuerdo”.
Equipo Económico y la influencia de Montoro
Equipo Económico es la firma que se sitúa como epicentro del bautizado como ‘Caso Montoro’, que afecta no solamente al que fuera ministro de Hacienda, sino también a un nutrido montante de nombres propios tanto de políticos, del propio PP, como empresarios, entre otros.
Fundado en 2006 por el que fuera responsable del departamento de Hacienda, éste conectó a empresas privadas con decisiones ministeriales y leyes a medida que resultaron claves. El bufete aglutinó nombres propios del momento y de sobra conocidos entre las filas de los ‘populares’ como Luis de Guindos o Rafael Catalá, después ministro de Justicia también con Rajoy.
Montoro explicaba que se había desvinculado de Equipo Económico en 2008, pero varios de sus colaboradores ocuparon puestos de calado durante su mandato, lo que, según la acusación, favoreció que la firma actuara como consultora paralela con acceso privilegiado a la administración.
Los Mossos d’Esquadra revelaron que el bufete actuó en favor de compañías privadas a cambio de pagos millonarios en sectores como el gasístico o el juego. En este maremágnum se aprecian nombres como el de Madrid Network, financiada por Esperanza Aguirre y donde trabajó Isabel Dia Ayuso, o de Codere, empresa reconocida por las apuestas.
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El Gobierno de España ha presentado un recurso de reposición contra el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, cuyo Ejecutivo (PP) se niega a coger a los menores migrantes no acompañados que terminen en la localidad después de llegar a Canarias.
El reparto migratorio ha sido uno de los temas que han centrado la disputa política de la los últimos días después de que el pasado lunes el Consejo de Ministros aprobara ya de manera formal cuántas personas debería acoger cada comunidad autónoma, y en la pugna es inevitable que se cuelen nombres propios como el del centro mencionado o la localidad señalada.
La Secretaría de Estado de Migraciones ha puesto pie en pared por las intenciones sobre Creade, sobre los ‘populares’ han alegado todo tipo de justificaciones para rubricar sus objetivos. Así las cosas, el PP local empezó el procedimiento para echar el candado al enclave argumentando que carecía de licencia para el desarrollo de la actividad, dado que la que mantiene -vigente desde 2013- es para un uso de centro de formación con auditorio y garaje.
En lo que se refiere a la ocupación del centro, actualmente contempla 395 plazas ocupadas, la mayoría de ellas por ciudadanos ucranianos (178), si bien a partir de marzo de 2023 se empezó a atender a personas solicitantes de asilo de otras nacionalidades como la afgana (49), Mali (43) o Venezuela (29).
La negativa del PP local ha sido apoyada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, quien anunciaba que recurriría nuevamente a los tribunales por la forma en la que Moncloa destinaría a los migrantes solicitantes de asilo procedentes de la isla.
Patricia Peinado gestiona el centro
El Creade de Pozuelo de Alarcón lo gestiona Patricia Peinado, hija del juez Juan Carlos Peinado, magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y que encuentra en septiembre un mes complicado mientras insiste en encontrar algo punible de la esposa del Jefe del Ejecutivo central.
Se trata de un hecho consumado que este medio pudo confirmar sobre plano atendiendo a la zona en la que se localiza y tal y como confirmaron fuentes conocedoras de la situación en declaraciones a este periódico.
Peinado salta al consistorio de la localidad madrileña hace aproximadamente dos años. Actualmente opera en la Zona Sur, donde se ubica el centro que acoge a los mal llamados MENAS; pero en cuestión de año y medio ha desempeñado funciones en la Zona Norte, en el departamento de Fiestas y Deportes.
Patricia Peinado procede del mundo de la docencia, lo que convierte en especialmente llamativo su salto a la esfera pública. De hecho, hasta que llega al Ayuntamiento de Pozuelo la protagonista de estas líneas no había tenido contacto alguno con la política.
La hija del magistrado trabajó en el colegio en el que estudió Educación Primaria la princesa Leonor. En su caso lo hizo en calidad de jefa de Estudios de Educación Primaria de la institución entre 2011 y 2013.
Peinado siempre ha operado en el ámbito educativo, aunque es neuropsicóloga de profesión; de ahí que desempeñara las funciones de ello en el mismo centro y ejerciera en paralelo en un consultorio psicológico privado, tal y como registra su perfil.
Breve historia del Creade
El Gobierno de España puso en marcha este centro en marzo del año 2022 con el pretexto dar una respuesta a la emergencia migratoria derivada de la invasión rusa a Ucrania. Tanto es así que se trató del primer Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) que se abrió en nuestro país y al que siguieron otros tres, ubicados respectivamente en Málaga, Barcelona y Torrevieja (Alicante).
El Creado fue creado para recibir y asistir a las personas desplazadas por la guerra y para gestionar con carácter de extrema urgencia la situación derivada de las acciones de Vladimir Putin. Las líneas de actuación pasan por el permiso de residencia y trabajo y acceso a los servicios sociales españoles de manera inmediata para que después las personas migrantes puedan alcanzar recursos más adecuados.
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Lunes 1 de septiembre y el curso político vuelve a empezardespués de un verano en el que las vacaciones parecen haber pasado de soslayo por las sedes de los principales partidos políticos. La actividad no ha parado, igual que no lo ha hecho la pugna entre el Gobierno y la oposición, pese a que los grandes líderes han protagonizado sus intercambios de reproches desde emplazamientos turísticos, con ropajes más desenfadados y un moreno trabajado. Mientras, España ardía y aunque parece que la crisis de incendios ha sido sofocada, las encuestas electorales pasan ahora las facturas.
Muchas han sido las comunidades autónomas que se han visto afectadas por las llamas y el debate entorno al recorte de los presupuestos de prevención, la precariedad de los trabajadores forestales, el abandono del monte, la negación del cambio climático y el efecto de todas estas realidades en los incendios que se han producido han protagonizado el mes de agosto. La pertenencia de las competencias corresponde a los Gobiernos autonómicos, en manos en casi la totalidad del país de un Partido Popular (PP) que no ha conseguido convencer con su ya clásico “la culpa es de Sánchez”.
El PP pierde escaños en favor de Vox
El Partido Popular (PP) se las prometía muy felices en el comienzo de curso, pero, aunque seguiría siendo la formación más votada, pierde terreno en favor de la extrema derecha. Las tres encuestas publicadas con la vuelta al trabajo de los políticos coinciden en esta tesis. Los de Alberto Núñez Feijóo se harían con 149 escaños, según el sondeo de Sigma Dos para ElMundo, tres menos que a comienzos de agosto; mientras que la ultraderecha de Santiago Abascal ascendería a los 48 sillones, uno más que en el anterior sondeo. Sociométrica apunta en la misma dirección en su encuesta publicada en ElEspañol, aunque presenta una caída conjunta de la derecha.
Así, la encuestadora ubica a los azules en los 150 escaños y a los más extremistas en los 53, tres menos y uno menos, respectivamente, que en el sondeo publicado a finales de julio. Por último, desde Electomanía coinciden con la tendencia, con una subida de un escaño de Vox y una reducción de la misma magnitud del PP, aunque no compra la tesis de que las derechas alcancen los 200 escaños y da un mayor peso a los ultraderechistas en el reparto, con 64 escaños, dejando al los afincados en Génova 13 en los 130 representantes.
La izquierda frena el sangrado
Las formaciones de izquierdas se mantienen muy lejos de poder reeditar una mayoría de Gobierno, pero después del sangrado sufrido en los últimos meses, la recuperación mínima es motivo de celebración. El PSOE seguiría obteniendo casi la totalidad de los escaños del espacio, haciéndose con 109 y recuperando un asiento con respecto a hace un mes, según Sigma Dos. Mayor es la recuperación según Sociométrica, que devuelve a los de Pedro Sánchez a las tres cifras (102 escaños) y los aleja de los 99 concedidos en julio. Electomanía también concede un sillón más a los del puño y la rosa, situándolos en los 103.
Más allá de lo que supondría la perdida de entre 10 y 20 escaños del principal partido del Ejecutivo, el principal problema para el espacio progresista se ubica a la izquierda de los socialistas. Sumar parece no recuperarse y se estanca en los 13 escaños, según Sigma Dos, menos de la mitad de lo conseguido en 2023 (31 escaños). Sociométrica otorga a los magentas 11 representantes, una cifra menor, aunque más alta que los 8 a los que apuntaba en julio. Por su parte, Electomanía se sitúa entre medias y opta por los 12 electos, uno más que su anterior panel.
Más allá de los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno, Podemos no parece retomar el vuelo para las encuestadoras de los periódicos conservadores. Sigma Dos congela a los morados en los 2 escaños, mientras que Sociométrica le concede 4 diputados, uno más que en su anterior previsión. Electomanía, muy alejada, acerca a los de Ione Belarra al sorpasso a Yolanda Díaz y les concede 9 escaños, uno menos que el anterior panel. Con todo, y en el mejor de los casos, las tres izquierdas nacionales no alcanzarían los 125 escaños.
Entre las formaciones independentistas o de presencia regional el tablero, como es habitual en lo referido a los comicios nacionales, no varía demasiado. Esquerra Republicana (ERC) y Junts per Catalunya obtendrían entre 6 y 8 cada uno, mientras que el techo de EH Bildu parece situarse en los 7 y el del PNV en 6. En Galicia, todas las encuestas apuntan a que el BNG podría llegar a alcanzar los dos escaños; mientras, en Canarias y Navarra, las derechas de Coalición (CCa) y UPN mantendrían su único escaño. Con todo, ni sumando a todos los partidos menos PP y Vox, el actual Gobierno no podría repetirse.
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Los incendios forestales han arrasado 362.473 hectáreas en todo el país durante estas semanas se agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus, a 30 de este mes. 138.689 hectáreas han ardido en Galicia. El Gobierno de Alfonso Rueda, sin embargo, habla de momento de 95.000, es decir, en torno a 45.000 hectáreas menos de las que contabilizan los satélites europeos. «No es una diferencia discutible. La brecha es enorme, hablamos de que se oculta casi una tercera parte de la estimación de Copernicus. La Xunta tiene los datos reales, pero prefiere maquillar la realidad para que parezca que el daño medioambiental y patrimonial es menor», señala Francisco Lueiro, portavoz del colectivo ecologista Arco Iris.
Es cierto que las estadísticas que publica el satélite europeo, prácticamente en tiempo real, son provisionales y tienen en cuenta toda la superficie calcinada que van captando las camáras a decenas de kilómetros de distancia. Lo que suelen hacer luego las comunidades es descontar todas aquellas zonas que han sobrevivido a las llamas, conocidas como islas, así como las carreteras, los pastizales y los terrenos agrícolas o urbanos. «La Xunta, al mismo tiempo, suele ir aumentando su propia cifra hasta que ambas se aproximan. No hablamos tanto de una cuestión técnica, como de una estrategia de comunicación», apuntan distintos brigadistas consultados por Público, que prefieren, eso sí, no hacer pública su identidad. La Consellería de Medio Rural confirma a este medio que el dato que han revelado esta semana puede sufrir variaciones porque, «mientras no se controlan o extinguen» los focos, «no se pueden conocer las superficies exactas» que ha arrasado el fuego.
La administración autonómica recuerda además que en sus cálculos «no se contabilizan las hectáreas de índole agrícola» y trata de minimizar la polémica generada por el evidente desfase que existe por ahora entre ambos datos. «Dentro del perímetro de los incendios sigue habiendo áreas sin quemar. La diferencia con Copernicus puede responder a esta cuestión. (…) El satélite no distingue bien y preferimos ir sobre seguro», responden desde la cartera. La Xunta no solo rechaza las acusaciones de falta de transparencia, sino que recalca: «Todos los años, con la actualización del Pladiga [plan de prevención y defensa contra los incendios forestales], queda registrada con total claridad la información técnica (…) de todos los incendios forestales del año anterior». El problema es que el citado plan suele presentarse en la primavera del año siguiente, es decir, casi diez meses después del periodo de alto riesgo, cuando prácticamente nadie acude ya a cotejar información del número de hectáreas arrasadas por los incendios de la temporada anterior.
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Copernicus también ha publicado sus estimaciones para el resto de las comunidades afectadas por los fuegos de las cuatro últimas semanas. El satélite europeo cifra en 150.000 el número de hectáreas quemadas este agosto en Castilla y León. Extremadura, por su parte, habría visto dañada una superficie de 45.000 hectáreas. Público ha contactado con las dos administraciones. La primera no ha respondido a las preguntas de este medio, pero hasta dos miembros de distintas brigadas autonómicas han podido confirmar que no se dan datos diarios de las hectáreas calcinadas y que, una vez concluida la época de incendios, «hacen la medición y suelen rebajar lo que llega desde el satélite», excluyendo de nuevo los terrenos no forestales y «las superficies que no han ardido por completo, en las que ha quedado un poco de verde, por poco que sea». El objetivo, según estos profesionales, sería «hacer creer que han ardido menos montes y espacios de los que realmente han ardido, aparentar menos gravedad».
El Gobierno de María Guardiola sí ofrece resultados cuantitativos a medida que avanza en la extinción de los focos, tanto en el portal INFOEX como en los canales del 112 Extremadura. La Dirección General de Incendios explica así a Público cómo funciona su operativo: «Tenemos un helicóptero de coordinacion que realiza ortofotografías y nos permite conocer la superficie afectada por cada incendio casi en tiempo real». Los populares, aquí sí, ponen en valor tanto su propio sistema como el trabajo de los satélites del EFFIS. «Lo solemos comparar y las dos mediciones son similares, muy fiables y muy parejas«, insisten desde el departamento.
Asturias, donde se han quemado según Copernicus 2.405 hectáreas, realizó una primera estimación a partir de los cálculos del EFFIS, «basada en imágenes satelitales y análisis espectral, lo que garantiza la fiabilidad de los datos», tal y como confirman a este periódico fuentes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión Forestal. Los agentes medioambientales del Principado revisarán ahora los informes provisionales del satélite para hacer los oportunos ajustes antes de trasladar la suma definitiva al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta cartera no ha conseguido explicar a Público antes de la publicación de este artículo cómo realiza el cómputo total de las estadísticas de todas las comunidades y si tiene pensado establecer de aquí en adelante un criterio unificado para medir las superficies calcinadas en el conjunto del Estado.
El uso de medios del siglo pasado para cuantificar las cenizas
Este es, de hecho, otro de los grandes dilemas para los representantes políticos y los profesionales del sector. Galicia, por ejemplo, utiliza fotografías aéreas y herramientas manuales para medir la extensión de lo arrasado por las llamas. Así lo explica a Público la propia Consellería de Medio Rural: «Los sistemas de medición, mientras los focos no se han extinguido, toman como base la información que ofrecen los medios aéreos [fotografías desde helicópteros o aviones que luego se digitalizan] y también el personal que opera desde tierra. (…) Una vez controlados los incendios, se utiliza el GPS para determinar las superficies afectadas«. La Xunta, de hecho, insiste: «Estos sistemas tienen una amplia acreditación internacional en el sector». Los expertos forestales, sin embargo, consideran que la medición vía satélite es mucho más rápida, precisa y efectiva, sobre todo ante incendios tan grandes y virulentos como los de este verano.
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«La perimetración manual te puede servir para clasificar un incendio pequeñito, pero no uno de 15.000 o 20.000 hectáreas. Los satélites son en estos casos la herramienta más fina. El GPS o las fotos aéreas pueden dar lugar a errores, principalmente humanos. El satélite es matemática pura: tienes cinco hectáreas, le restas dos [no calcinadas] y te quedan tres. Es como un tablero de ajedrez, no tiene truco», compara Carlos Madrigal, decano territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Galicia también tiene «180 cámaras de vigilancia fija» desplegadas en sus montes. No es, eso sí, la única comunidad que utiliza fórmulas «convencionales» pese a los avances tecnológicos cosechados en los últimos diez años. Castilla-La Mancha y Asturias, de hecho, son dos de las pocas que recurren al satélite para la realización de estas tareas. «La diferencia es evidente», subraya el ingeniero.
Lo que sí hacen todas las autonomías es cubrir antes de final de año un parte de incendios normalizado a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto también tiene sus matices. Los agentes medioambientales de cada comunidad recogen en este formulario los datos definitivos de superficies quemadas e incorporan otros aspectos técnicos como el tipo de vegetación o el volumen de madera incendiada. El parte es el mismo para todos los territorios, pero cada uno, eso sí, mide a su manera el número de hectáreas afectadas. «El cálculo tendría que hacerse de la misma manera en todas las comunidades, sobre todo en lo referido a los grandes incendios forestales. Las competencias es cierto que son autonómicas, pero muchas cosas deberían estar unificadas a nivel nacional y una es, sin duda, la medición de superficies», continúa Madrigal.
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Imagen de la superficie calcinada en Larouco (Ourense) por el peor incendio de la historia de Galicia.
Galicia solo informa de las quemas de más de 20 hectáreas
La manera que tiene cada comunidad de informar de los incendios también da para un capítulo aparte. Galicia vuelve a ser aquí una de las más polémicas, habida cuenta, eso sí, de que es la única que dispone de una cuenta oficial y específica para realizar las comunicaciones que tienen que ver con las emergencias forestales: @incendios085. Castilla y León, por su parte, tiene la plataforma INFORCYL, donde se informa del avance de los fuegos «en tiempo real», sin incluir, como se venía advirtiendo, el número de hectáreas calcinadas. El Gobierno de Mañueco también envía durante la época de alto riesgo dos partes de prensa diarios, uno a las 10.00 y otro a las 19.00. «Y todos los incendios de los que los que se va teniendo conocimiento, siempre que estén por encima de una hectárea, se van metiendo en la base de datos con la que trabajamos, de donde sale luego ese parte de prensa», explica Agustín Argulo, técnico de incendios en el operativo autonómico y delegado nacional de medioambiente de CSIF. Extremadura utiliza las cuentas de INFOEX. Y Barbón se sirve de las redes del 112 Asturias y saca notas de prensa diarias «en función de la evolución de los incendios», pero informando de todos ellos, «desde uno pequeño hasta uno de cientos de hectáreas».
¿Cuál es entonces la polémica con Galicia? El PP llegó al Gobierno de la Xunta en 2009. Feijóo desbancó al bipartito y se hizo con el control del Parlamento gallego. Los populares pusieron en marcha ese mismo año una «instrucción interna» para notificar únicamente por los canales públicos los incendios de más de 20 hectáreas, tal y como advierten fuentes jurídicas y sectoriales consultadas por Público y confirman desde la Consellería de Medio Rural. La administración alerta también de aquellos focos que afectan a parques naturales y de los que están en situación operativa 2. «El criterio de informar proactivamente de los incendios de más de 20 hectáreas se estableció en 2009, atendiendo a criterios técnicos y de responsabilidad», argumentan desde Medio Rural. El motivo sería, dicen, evitar un posible efecto llamada. «Informar de todos y cada uno de los registros que se producen podría generar alarma social y tener un efecto no deseado de incentivar la acción incendiaria«, precisan desde la Consellería.
La Xunta sostiene, eso sí, que ofrece «información detallada y puntual de cualquier foco por el que consulten los profesionales de los medios de información, independientemente de su superficie». La medida se tomó tres años después de otra de las grandes olas de incendios que amenazó Galicia, la emergencia de 2006. La comunidad estaba entonces gobernada por PSdG y BNG. «No es normal que se apueste desde un organismo público por esconder todos los incendios de menos de 20 hectáreas, porque tenemos muchos y afectan igualmente a nuestro patrimonio», critican desde el colectivo Arco Iris. Los brigadistas consultados por Público recalcan, no obstante, que esto es una «cuestión meramente informativa», porque tanto ellos como la Xunta «saben realmente lo que arde», y piden abandonar «por una vez» la batalla electoral: «No sirve de nada maquillar los resultados. Hacerlo es una decisión política y el fuego no entiende de colores políticos«.
El activista que lleva meses poniendo contra las cuerdas al juez Juan Carlos Peinado, magistrado que insiste en la investigación contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el chalet del que éste disfruta en la localidad de La Adrada (Ávila) da otro paso más, nuevamente contra el Ayuntamiento del municipio por la permisividad que, lamenta, durante todo este tiempo mantiene el Consistorio ‘popular’ con el inmueble.
La persona detrás de la batalla contra la vivienda, Fernando Jabonero, continúa destacando la posición de la alcaldesa de La Adrada, quien “retiene información pública de las licencias del chalet”. Ante este escenario, el protagonista de estas líneas ha elevado otra solicitud a la mesa de la dirigente que, recuerda, también tiene una denuncia ante la Fiscalía de Ávila por prevaricación urbanística.
La denuncia ante la Fiscalía
La denuncia ante el órgano competente y contra María del Pilar Martínez Segura (PP), a la que tuvo acceso este medio, data de diciembre del año pasado. El motivo del texto fue el incumplimiento de plazos para actuar sobre los terrenos del polémico magistrado en la mencionada localidad, hecho que quedaría penado según lo estipulado en el artículo 320 del Código Penal, el cual obligaría al Consistorio a revertir la situación llevando a menos a cabo la señalada inspección.
Este verano la Fiscalía Provincial daba respuesta al denunciante. En su contestación, el organismo daba la razón a Jabonero, pero apuntaba que el caso ya había prescrito, suceso ante el cual el magistrado dirigió un nuevo texto insistiendo en la investigación de la actuación del Ayuntamiento que, para más inri, cuando quiso actuar, dejó el asunto en manos de “una persona que no era funcionaria”. El activista reflexionaba que el trabajo de la Fiscalía era “impecable”, pero que se encontraba “desenfocada” respecto de su petición.
Mes crucial para Peinado
En todo este maremágnum, el mes de septiembre se presenta crucial para Peinado, y uno de los puntos que lo convierten en tal es, justamente, un acto de conciliación que tiene con Jabonero, pero al que éste segundo ha dejado claro que no va a acudir.
El magistrado reclama al activista que se retracte por sus injurias y calumnias y le indemnice con 25.000 euros por sus declaraciones contra su vivienda en el pueblo de Ávila, tal y como adelantaba elDiario.es. Según el demandante, se trata de una campaña que tiene como objetivo último amedrentarle y que, teme, puede escalar más arriba de su persona, dado que el instructor del ‘caso Begoña’ parece decidido a emprender acciones legales contra todos los que, a su juicio, se hayan pronunciado de forma injuriosa contra él.
El acto de conciliación entre el activista y el polémico juez está fechado para el próximo 23 de septiembre en el juzgado número 63 de primera instancia de la capital, pero todo apunta a que no se celebrará con normalidad en el sentido de que Jabonero no estará presente.
Pero Peinado mantiene más frentes abiertos en el mes de septiembre también en lo que se refiere a Begoña Gómez. Más concretamente, los próximos días se antojan clave para la investigación, sobre la que el magistrado ha sido hasta el momento incapaz de encontrar nada punible, en el sentido de que tanto ella como su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, deberán declarar los días 11 y 10 de septiembre respectivamente.
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid llegaba después de que el pasado 12 de junio la Audiencia Provincial elevara un auto en el que emplazaba a investigar un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con las actividades de Álvarez en La Moncloa. En ese auto, la Sección 23 de la Audiencia proponía “qué indicios de responsabilidad se les pueden imputar” a la asesora de Gómez.
Igualmente apuntaba que la investigación “tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño en las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”.
El auto, del mes de mayo, contemplaba que las funciones del asistente “consistían en la gestión de la agenda, del correo, de dar soporte de seguridad y protocolo y cualquier desplazamiento, reunión o intervención de la mujer del Presidente del Gobierno”. Y en esa línea, según el juez, aluden a acciones que resultan “imprescindibles ante los intentos de ocultar datos y fechas, que son necesarias a la hora de poder valorar su intervención, sirviendo de ejemplo la declaración del Vicerrector Sr. Doadrio, que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez, añadiendo que ésta última era la persona de confianza (…)”.
Hay que tener en cuenta que en mayo el magistrado ya indicó que Gómez y Álvarez no podían cometer delito de malversación. Sin embargo, pareciera haber cambiado de opinión con el paso de los meses.
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En el año 2016, el expresidente del Gobierno José María Aznar era sancionado por la Agencia Tributaria por tributación irregular después de utilizar la sociedad Famaztella –creada junto a su mujer, Ana Botella– para pagar menos impuestos por sus ingresos. Casi una década después, el popular remonta y gana con dicha empresa más de 70.000 euros.
José María Aznar abandonaba Moncloa en el año 2004, mismo año en el que funda junto a su mujer, Ana Botella, la sociedad Famaztella. En concreto, su constitución data del 10 de mayo de 2004. Tal y como figura en el informe de Axesor, consultora especializada con la que trabaja este medio, el objeto social de esta sociedad, cuyo nombre es un acrónimo de los apellidos de la familia, está relacionado con «la explotación de los derechos de propiedad intelectual de doña Ana Botella Serrano y de don José María Aznar López en todas sus manifestaciones, como libros, escritos, discursos, alocuciones, conferencias y otras análogas». Es decir, principalmente el objetivo de Famaztella es concentrar los derechos de propiedad intelectual de los libros que publica el matrimonio.
Tanto el domicilio social como el comercial de Famaztella radican en la vivienda familiar de esta sociedad en la que Aznar es su administrador único desde el 4 de febrero de 2008. Sin embargo, el expresidente no siempre ha ocupado este rol. Entre el 3 de junio de 2006 y 11 de abril de 2005, fue administrador solidario de la empresa. Por otro lado, cabe destacar que Famaztella no cuenta con trabajadores.
En cuanto al patrimonio neto de la empresa creada por el matrimonio de expolíticos, a cierre de 2024, se cifra en 3.053.000 millones de euros, por lo que aumenta en 77.000 euros el patrimonio de 2023. Precisamente, al cierre de ese ejercicio, acumulaba un 0,9% menos que los 3 millones de euros registrados en el cierre de 2022. Famaztella goza de unos niveles de autofinanciación muy adecuados, tal y como figura en el informe de Axesor, ya que su patrimonio neto representa el 99,7% del capital empleado.
Al cierre del ejercicio de 2024, Aznar logra salir de los números rojos registrados en 2023, cuando finalizó el año con unas pérdidas de 27.085 euros. Un ejercicio después, a cierre de 2024, Famaztella obtiene unas ganancias de 77.115 euros (102.820 euros antes de impuestos).
Famaztella fue sancionada por Hacienda en 2016
Aznar fue sancionado en 2016 por la Agencia Tributaria de Montoro tras una inspección abierta en el 2014 por el fisco sobre los ejercicios fiscales del 2011 y el 2012. El matrimonio pagaba sus impuestos con un tipo impositivo del 25% a través del Impuesto de Sociedades, mientras que Hacienda determinaba que al tratarse de ingresos profesionales debían tributar a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En el caso del matrimonio, al tratarse de unos ingresos que superaban los 200.000 euros anuales, debía aplicarse un tipo impositivo que rondaba el 50%.
Así, Aznar y Botella tuvieron que abonar a Hacienda una multa de 70.403,96 euros por haber recurrido a una práctica irregular para eludir el pago de la mitad de sus impuestos. Además, hicieron frente a una liquidación complementaria de casi 200.000 euros, por lo que la suma de la cuantía total pagada a la Agencia Tributaria ascendió a 269.456,15 euros.
Expertos en fiscalidad señalan que las inspecciones de la Agencia Tributaria a profesionales que facturan mediante una sociedad suelen centrarse en dos tipos de irregularidades. La primera se refiere a quienes utilizan una sociedad pantalla, totalmente vacía, sin medios materiales ni humanos, sin oficina ni empleados contratados. La segunda, la que podría haber afectado al expresidente del Gobierno, está relacionada con discrepancias en las operaciones vinculadas: la Agencia Tributaria entiende que se canaliza a través de la sociedad una parte excesiva de los ingresos y que, en cambio, se declara como renta personal en el IRPF una proporción demasiado baja. Este segundo tipo de práctica, considerada abusiva por el fisco, ha motivado la investigación de numerosos rostros conocidos de nuestro país.
Al margen de su condición de administrador único en Famaztella, el popular copa otros numerosos puestos: presidente ejecutivo de la Fundación FAES; presidente del Atlántico Instituto de Estudios; consejero de Afiniti y News Corporation; presidente de Honor de la iniciativa Friends of Israel; miembro del consejo consultivo de la Universidad San Ignacio de Loyola de Perú; miembro de la junta consultiva internacional de Barrick Gold Corporation; miembro del comité asesor internacional del Consejo Atlántico de Estados Unidos y presidente europeo de su Iniciativa para Latinoamérica; presidente del consejo consultivo del Instituto Bussola; asesor especial de Latham & Watkins LLP; miembro del consejo de dirección de Concordia y presidente de la cumbre Concordia The Americas; y, por último, miembro del patronato del Real Instituto Elcano.
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La parálisis del partido demócrata ante la derrota de las pasadas elecciones parece que llega a su fin. El gobernador de California, Gavin Newsom, y su equipo de comunicación han movido ficha: combatir el fuego con fuego. Literalmente.
Newsom ha empezado a publicar tuits en mayúsculas y la cuenta de su equipo de comunicación ha compartido imágenes estilo IA del gobernador: la cara de Newsom en el Monte Rushmore; Newsom santificado y rodeado por los iconos trumpistas Kid Rock, Tucker Carlson, y un Hulk Hogan angélico. Newsom ha puesto un espejo delante de las bases MAGA y no les ha gustado.
El resultado no solo ha sido incomodaralas basestrumpistas, sino también engañaralalgoritmo de Xycolarse en todas partes. De repente,losposts en mayúsculas de la Oficina de Comunicación del gobernador californiano tienen mucha más visibilidad. Incluso dentro de la burbujaMAGA. El estilo delosposts es calcadoal del presidente Trump: mayúsculas, tono ofensivo e incluso una firma final con las siglas.
Cualquier oportunidad es buena para meterse con los posts de Trump, a quien ahora llama «DONALD MANOS PEQUEÑAS«, en un claro guiño al «CROOKED JOE» (Joe el corrupto) y el «NEWSCUM» (una combinación entre el apellido del gobernador y la «palabra escoria»). Tampoco faltan las fotos de Newsom en estilo patriótico y comparando publicaciones de la cuenta oficial de la Casa Blanca con algunas suyas. «LOS VOTOS ESTÁN DENTRO: Los patriotas tienen mejores fines de semana que los MAGA!». Porque sí, también ha empezado a usar la palabra «patriota» para resignificarla.
El gobernador de California, Gavin Newsom.
Al inicio muchos perfilestrumpistas en X se burlaron deNewsomysu oficina por postear de esta manera: «ridículo», escribían.Ahora las basestrumpistas si que veían como estrafalaria la conducta que han estado idolatrando en su presidente. Incluso en Fox News, la cadenaamiga deTrump, criticóal gobernador poractuar de esta forma en redes. «Si fuera su esposa, le diríaque se está retratando como un estúpido», decíala comentarista de la Fox Dana Perino. «Tiene un gran cargo como gobernador de California, pero si quiere un cargo mayor, tiene que ser un poco más serio».
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Sin saberlo, la Fox habíacentrado el gol en su propia portería. La respuesta del equipo de comunicación deNewsom, no se hizo esperar. «CASI UNA SEMANAYSIGUEN SIN PILLARLO», escribíala cuenta. «FOX ESTÁ PERDIENDO CUANDOYO TECLEO,AMÉRICAAHORA GANA!!!».
Finalmente, Perino intentó reconducir la situaciónyrespondióal post en otro episodio del programa The Five en la Fox: «Creíaque odiabanaTrump, pero están intentando parecerse másaélytienen que pagarala gente para hacerlo. La cuestión es que, lo que decíaayer, es que creo que todo el mundo necesita encontrar su propio camino». Según Perinoytodas las basesMAGA, las mayúsculasylas imágenes ficticias deNewsomson ridículas porque no gozan de la supuestaautenticidad deTrump.
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Tomar el peloalas basesMAGA,alalgoritmo de Xyala mismísima Fox no solo hizoaún enfadar másalas voces conservadoras, sino que ha dadoalasauna oleada de memes que siguen la parodia iniciada porNewsom. Hay imágenes generadas con IA deNewsomdescamisadoymontadoalomos de un tiburóncon una bandera estadounidense, o bien con una camiseta que diceHAGO LLORAR A LOS MAGA.
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«Está intentando imitaral presidenteTrump», decíaSteve Bannon, una de las voces más influyentes del mundoMAGA,aPOLITICO. «No esTrump, pero si mirasal Partido Demócrata,al menos está escalando posiciones,yestá intentando imitar una visióntrumpista de lucha, ¿no? Parece la única persona en el Partido Demócrata que está organizando una pelea que sienten que pueden ganar.
Mesesantes de la campañadeNewsom, en una entrevista en elFinancial TimesBannon vaticinaba que el «populismo es el futuro de la política». El equipo de comunicación deNewsomha tomadoal pie de la letra la predicciónyha hechoalgo quelosdemócratas habían rehuido hasta el momento: bajarseal barro. Hasta entonces, las campañas del partido progresista habían sido mucho más contenidas por miedoagolpear en el lugar equivocado. Ese encorsetamiento que se le criticóala candidata electoral Kamala Harris parece estar rompiéndose.Newsomes una de las puntas de lanza, pero el candidatoalaalcaldíade NuevaYork, Zohran Mamdani, es otra.
Pero por si los memes y los tuits no fueran suficientes, el gobernador de California también ha sacado toda una línea de merchandising que imita las gorras rojas MAGA y rehace los lemas. La semana pasada, Trump aparecía en el Despacho Oval con la característica gorra roja y el lema Trump tenía razón en todo. Ahora existe esa versión con Newsom tenía razón en todo. También hay camisetas con Trump no es hot (un término que ha usado mucho el presidente para atacar, por ejemplo, a Taylor Swift) y tazas con Newsom 2026.
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Apoco más de unaño para las elecciones legislativas, que prometen ser cruciales paralosdemócratas, el gobernador de California calienta motores mientras también se enzarza en la batalla por el rediseño delosdistritos electorales.Aunque tampoco se puede descartar queNewsom, quienya sonó como posible presidenciable después de que Joe Biden renunciaraala candidatura en julio del 2024, también tantee el terreno para 2028.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comparecido este martes en el Senado para dar cuentas del despliegue de efectivos y medios del Gobierno de España en la oleada de incendios que sigue arrasando varias regiones de España, especialmente las provincias de Ourense, León y Zamora. Estas cuentas las rinde después de que el Partido Popular, aprovechando su mayoría en la Cámara Alta, la haya exigido, junto con la de otros ministros, como Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas; mientras que a sus presidentes autonómicos -Alfonso Rueda, Alfonso Fernández Mañueco y María Guardiola-, responsables de la gestión forestal en sus territorios, no le han exigido explicaciones de ningún tipo y han desviado toda la atención y la responsabilidad hacia el Gobierno central.
Robles, que ha sido la primera en rendir cuentas, ha arrancado la comparecencia con una demoledora frase para dar paso a un vídeo de más de 50 minutos en el que se han recabado las imágenes que han ido tomando las fuerzas armadas durante sus trabajos en la extinción de incendios. “Una imagen vale más que cien palabras”, ha enfatizado la ministra para dejar paso al material audiovisual.
A lo largo de su intervención, Robles ha detallado cada uno de los despliegues de efectivos de las fuerzas armadas para la extinción de incendios este verano. Así, ha recordado a Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, que cuando el 15 de agosto volvió de vacaciones y exigió el “despliegue del Ejército”, éste ya estaba desplegado sobre el terreno por iniciativa del Gobierno de España. Al respecto, ha señalado que el Ejército «no actúa de oficio» según la normativa vigente, sino que son las comunidades las que piden su intervención.
Además, ha reprochado que, ese mismo día, de “manera sincronizada”, las tres comunidades afectadas por los incendios -Galicia, Castilla y León y Extremadura- hicieran una serie de peticiones de “ingente” material y personal que, a su juicio, no eran “muy razonables”, y, además, lo hicieran “en abstracto” y “a unas horas sorprendentes”.
A su vez, Margarita Robles ha recordado que el rápido despliegue de las fuerzas armadas se debe a la planificación y a la preparación durante todo el año, algo que desde las comunidades del PP han descartado durante años y evitan tener un operativo anti incendios operativo durante todo el año. “Esta rapidez de la intervención y el despliegue solo es posible gracias a la preparación y planificación que la UME y las fuerzas armadas llevan a cabo durante todo el año. Preparación y planificación, es un esfuerzo muy arduo. Sin preparación, sin planificación, cuando solamente uno se acuerda del fuego en los momentos en los que el fuego se produce, las cosas no funcionan”.
“Para luchar contra los incendios hay que luchar todo el año. Hay que tener al personal preparado. Hay que realizar labores de prevención y preparación. No voy a entrar en cuestiones laborales ni de ninguna otra comunidad, pero solamente cuando hay una preparación durante todo el año, con una preparación adecuada, se puede afrontar la realidad de los incendios”, ha reiterado.
En este sentido, ha señalado que estos incendios han sido una circunstancia “que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de todos, de los que la tenían y de los que por falta de prevención y por falta de previsión no las tenían”. “Creo que de ello hemos de sacar lecciones”, ha pedido.
Tras ello, ha anunciado las intenciones del Ministerio de Defensa de seguir apostando por la prevención y la inversión en emergencias: “Creemos que es importante seguir invirtiendo en emergencias, espero que las comunidades autónomas hagan lo mismo”. “Queremos adquirir nuevos vehículos lanzapuentes, más aviones cisterna, fletar nuevos buques hidrográficos, reforzar las infraestructuras de uso polivalente…”, ha explicado.
Acto seguido, Margarita Robles ha pedido no intervenir desde los despachos en lo que tienen que hacer los técnicos. “Una labor que tenemos que hacer, e insisto, desde los despachos, es que deberíamos todos aprender a no decirle a los técnicos lo que tienen que hacer; dejemos que los técnicos, que llevan muchos años, mucho esfuerzo, mucha capacidad y mucha reflexión, sean los que toman decisiones”.
Las cifras del despliegue de Defensa
Margarita Robles, en esta Comisión de Defensa en el Senado, ha detallado las activaciones y el despliegue de las fuerzas armadas en los incendios de este verano.
De esta forma, Robles ha explicado que el Ministerio de Defensa ha realizado hasta el 22 de agosto un total de 41 activaciones del Ejército, que ha supuesto un despliegue total de 5.600 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Ejército de Tierra y el Ejército del Aire y del Espacio, y más de 2.000 medios, desde ligeros hasta pesados.
Ante la labor y el compromiso de estos militares que han luchado y siguen luchando contra los incendios, la ministra les ha dedicado unas palabras de agradecimiento y reconocimiento: “Mi orgullo por nuestras fuerzas armadas, por nuestros militares, por esos militares que de forma callada están heridos y siguen apagando el fuego”.
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El gobierno de Donald Trump tiene en el punto de mira al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien se ha convertido el rostro de la lucha contra la campaña de deportaciones masivas del presidente. Ábrego García fue deportado «por error» el pasado mes de marzo a la CECOT de El Salvador. A finales de junio, el gobierno permitió su retorno a Estados Unidos para juzgarlo por cargos penales. Después de que los activistas por los derechos de los migrantes celebraron su regreso como una victoria frente a la campaña de deportaciones de Trump, este lunes Ábrego García ha vuelto a ser arrestado bajo la amenaza de ser expulsado a Uganda.
La semana pasada, Ábrego García había sido puesto en libertad a la espera del juicio que el gobierno estadounidense ha iniciado contra él. “Mi nombre es Kilmar Ábrego García, y quiero que recordéis esto: recordad que soy libre y he podido volver a reunirme con mi familia”, dijo a través de un traductor. “Esto ha sido un milagro… Quiero agradecer a cada uno de los que han marchado, que han levantado su voz, que no han dejado de rezar y que continúan luchando en mi nombre”.
A su alrededor, los activistas que han hecho campaña para el retorno de Ábrego coreaban “Sí se puede” y “Somos Kilmar”. Lograr forzar a la administración Trump a devolver al salvadoreño a Estados Unidos (quien desde 2019 está protegido judicialmente de la deportación) era una clara victoria para los activistas de los derechos de los migrantes. Algo que Trump no puede tolerar de ningún modo. Tan solo tres días después de la escena, este lunes, los agentes de inmigración (ICE, en sus siglas en inglés) lo han arrestado este lunes en Baltimore.
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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado en un comunicado que ICE está “procesando” al hombre para ser deportado. No concretó el lugar. Previamente a la detención, la defensa de Ábrego García había apuntado que la administración Trump lo deportaría a Uganda si no aceptaba el acuerdo de ser expulsado a Costa Rica bajo el estatus de refugiado.
Por el momento, sus abogados ya han presentado una moción ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland para frenar la expulsión a Uganda. La petición argumenta que la administración Trump lo ha vuelto a arrestar sin darle previamente la oportunidad de expresar su temor a ser perseguido y torturado en ese país.
«Le castigan por ejercer sus derechos constitucionales»
«La única razón por la que fue detenido es para castigarlo. Para castigarlo por ejercer sus derechos constitucionales«, ha dicho Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados que representa a Ábrego, este lunes frente a una oficina de ICE en Baltimore. Sandoval considera que la administración está usando la amenaza de Uganda para presionar a su cliente después de que rechazara la oferta de ser deportado en a Costa Rica a cambio de permanecer allí en prisión y aceptar los cargos de tráfico de personas que el gobierno estadounidense le imputó en junio.
“El hecho de que estén usando a Costa Rica como una zanahoria y a Uganda como un garrote para tratar de obligarlo a declararse culpable de un delito es una prueba tan clara de que están convirtiendo el sistema de inmigración en un arma de una manera completamente inconstitucional”, ha expuesto Sandoval a la prensa.
El presidente de EEUU, Donald Trump, con el director del Servicio de Marshals, Gadyaces Serralta, que le entrega una placa de agente durante la firma de órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington DC.
La administración Trump, dispuesta a no ceder ante el caso de Ábrego García después de reconocer que lo deportó «por un error administrativo«, decidió retornarlo a Estados Unidos solo para juzgarlo por unos nuevos cargos que le imputaron: el de ayudar a entrar ilegalmente a otras personas al país. “Cargos federales que son completamente inventados», denunció en su momento Sandoval. Desde entonces había estado encerrado en un centro de detención de Tennessee.
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El caso de Ábrego García empezó cuando el 15 de marzo fue deportado junto con más de 200 migrantes, venezolanos y salvadoreños, a El Salvador bajo la aplicación de la ley de enemigos extranjeros. El hombre había llegado a Estados Unidos en 2011 huyendo de las maras salvadoreñas para pedir asilo. Es residente legal de EEUU y desde 2019 está protegido judicialmente contra la deportación. Tal y como explicaron sus abogados en el momento de la detención en marzo, no había ninguna razón creíble para acusar a su cliente de formar parte de la banda criminal MS-13.
A raíz de la campaña legal y de presión para devolver a Ábrego García, el departamento de Justicia emitió una respuesta kafkiana: reconocía que le había deportado «por un error administrativo» y no tenía «poder» para devolverlo. Esos mismos días, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, era recibido en el Despacho Oval y hacía gala de su buena sintonía con Trump. Ambos mandatarios se lavaron las manos sobre la capacidad real para retornar a Ábrego García.
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Poco a poco, el caso del salvadoreño se convirtió en una prueba de la falta de revisión judicial que sufrieron las personas a las que se les aplicó la ley de enemigos extranjeros del 1789, bajo la acusación de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y El Tren de Aragua. La pugna legal escaló hasta el Supremo que, en una orden no firmada, dijo al gobierno que facilitara el regreso del hombre. Durante meses, la administración Trump retrasó el cumplimiento de dicha orden.
Una jueza suspende temporalmente la deportación
La jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis detuvo la deportación a Uganda del salvadoreño Kilmar Abrego García y ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump mantenerlo en Estados Unidos mientras evalúa una nueva impugnación legal contra los planes de enviarlo a África.
Xinis, la misma jueza que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Abrego desde El Salvador tras ser deportado allí por error, preguntó si la Casa Blanca entendía que tenía prohibido expulsar a Abrego García del territorio continental estadounidense, a lo que el abogado del Gobierno Trump contestó que sí.
Según una orden judicial anterior de Xinis, Abrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una posible orden de deportación.
La jueza afirmó que existen «varios motivos» por los cuales podría tener jurisdicción para solicitar la exención deportación, incluyendo que Uganda no ha accedido a ofrecerle a Abrego protecciones como la libertad de tránsito, la obtención del estatus de refugiado y la prohibición de ser enviado a El Salvador.
Al igual que ocurrió con Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana, con la gestión de la DANA que acabó con la vida de 228 personas, está ocurriendo en la actualidad con los incendios que están calcinando miles de hectáreas en Galicia y Castilla y León, especialmente. Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, tal como ha protegido a Mazón, negando su responsabilidad en la gestión de la DANA y cargándosela al Gobierno central, está haciendo lo propio con los incendios ante la gestión de recortes, privatización y falta de coordinación de Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco en lo que al operativo anti incendios se refiere.
Feijóo, en una declaración este lunes en Madrid tras la reunión del comité de dirección, ha presentado 50 medidas de su partido contra los incendios mientras ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque “ha fallado en su prevención” y porque “no ha puesto todos los medios disponibles” y “tardó cinco días en pedir ayuda a la Unión Europea”. Claro que sin una mínima mención a que son sus presidentes autonómicos, Rueda y Mañueco, quienes deben trabajar en la prevención y en la gestión forestal en su totalidad, ya que es una de las competencias que tienen las comunidades autónomas.
Y ante el blindaje por parte de la dirección del PP, una vez más, de sus líderes autonómicos ante una gestión pésima, tardía y víctima de años de recortes por su propia administración, el PSOE ha lanzado un órdago recordando la comida en El Ventorro de Carlos Mazón mientras miles de ciudadanos valencianos se estaban ahogando el pasado 29 de octubre.
“Alberto Núñez Feijóo, una vez ha conseguido que sus presidentes de comunidades autónomas vuelvan de vacaciones -Mañueco estaba en Cádiz hasta el tercer día de incendios en León-, ha aparecido en Madrid para proponer unas medidas que esos propios presidentes y presidentas son los responsables de poner en marcha”, han señalado fuentes socialistas.
“Feijóo despliega la táctica del Ventorro en todo su esplendor. Ante una responsabilidad clara del Partido Popular, escrita negro sobre blanco en nuestra normativa legal, Feijóo despliega la tinta de calamar habitual”, prosiguen, añadiendo que “la culpa es de todos, menos de Mazón; la culpa es de todos, menos de Rueda; la culpa es de todos, menos de Guardiola; la culpa es de todos, menos de Ayuso; la culpa es de todos, menos de Bonilla…”.
En este sentido, remarcan: “Feijóo es un candidato fallido, que despliega su política sucia ante cualquier revés que se encuentra en su desarbolada carrera hacia ninguna parte”. “Feijóo ha vuelto a descubrir la única baza que le queda para llegar a Moncloa: bulos, fake news, y mentiras sin ningún pudor. El modelo Ventorro ha calado en el PP y sirve para todo. Si no echaron a Mazón, ¿cómo van a asumir alguna responsabilidad por sus incompetencias en la extinción y prevención de incendios forestales?”, recriminan de la misma forma.
Y, en el mismo sentido, estas mismas fuentes, zanjan: “Feijóo maneja desnortado este PP que no asume ninguna responsabilidad sobre sus competencias. Usa esta tragedia para subir los decibelios de la bronca política que tapen su incompetencia. España no se puede permitir un jefe de la oposición cuyo conocimiento de los fundamentos básicos para gobernar un país sea tan raquítico”.
Feijóo carga contra el Gobierno
En su declaración, Feijóo no ha desperdiciado la oportunidad para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha afirmado que es “obvio” que el Ejecutivo ha fallado en la prevención “porque no ha puesto los medios disponibles” para que la crisis no tuviese la intensidad que hemos vivido en las últimas semanas: “Ha habido menos medios aéreos operativos del Gobierno central en este agosto que el año pasado”.
“Nosotros hemos visitado los incendios antes que el presidente del Gobierno, hemos pedido que se activase la ayuda europea antes que el presidente del Gobierno, hemos pedido que se desplegase unidades del Ejército antes que el presidente del Gobierno”, ha apuntado, obviando claramente la realidad, ya que fue el Gobierno central el que se anticipó ante la falta de peticiones autonómicas. Fue el propio Mañueco quien dijo que había “suficientes medios” como para reclamar más recursos al Gobierno justo antes de pasar a la acción y recriminar la falta de medios mientras ya se habían desplegado contingentes del Ejército y no había recurrido a su uso.
Lejos de quedarse ahí, Feijóo ha echado en cara al presidente del Gobierno que, a su entender, no se pusiera al frente de la crisis: “El Gobierno llegó tarde y ha habido una falta de planificación y una falta de prevención y una falta de compromiso en los primeros días de los incendios forestales”. Unas declaraciones que contrastan con el despliegue sin precedentes de medios nacionales e internacionales.
Incluso cabe recordar que los presidentes autonómicos, en el momento en el que reclamaron medios al Gobierno, exigieron el doble de aeronaves de las que dispone toda la Unión Europea. La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ya aseguró la semana pasada que los barones del PP habían reclamado “imposibles”, y fue lo que le llevó a ser foco de críticas del partido líder de la oposición, donde la llegaron a tildar de “pirómana”.
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La Xunta de Galicia contrató prolíficamente a Equipo Económico, el bufete desde el que el otrora ministro de Hacienda Cristóbal Montoro intercambiaba leyes favorables a cambio de beneficios económicos. Esta consultora, desde donde se centralizaron las operaciones que ahora son estudiadas por la Justicia y que han provocado la imputación del exministro y de todo su equipo al frente de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy, fue, entre otras cosas, contratada por el Ejecutivo autonómico de Alberto Núñez Feijóo para la realización de “un informe sobre las cuestiones a valorar de cara a la creación de una agencia tributaria en Galicia”.
Este es solo uno de los numerosos contratos de la Xunta de Galicia con Equipo Económico a los que ha podido acceder este medio. De hecho, el importe de este informe fue de 10.440 euros y el órgano contratante fue la secretaría general de patrimonio y Hacienda del Gobierno autonómico. Este informe, realizado por la polémica consultora, fue entregado el 21 de abril de 2010. La Xunta abonó el importe por el mismo apenas dos meses después, el 22 de junio del mismo año.
El montante de todos los contratos a los que ha tenido acceso este medio, realizados en su totalidad entre el año 2009 -fecha de entrada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia de la Xunta de Galicia- y 2011, asciende hasta los 172.838 euros por 13 conceptos diferentes -cuatro el primer año, seis el segundo y tres el tercero-. Las consejerías contratantes fueron la de Hacienda, en diez ocasiones, y la de Presidencia las tres restantes.
Equipo Económico y la influencia de Montoro
Equipo Económico es la firma que se sitúa como epicentro del bautizado como ‘Caso Montoro’, que afecta no solamente al que fuera ministro de Hacienda con Mariano Rajoy en Moncloa, sino a un nutrido montante de nombres propios de por aquel entonces tanto políticos como empresariales. También estuvieron involucrados administraciones conservadoras -como es el caso de la Xunta de Galicia cuando Alberto Núñez Feijóo la capitaneaba- o el propio Partido Popular (Génova).
Fundado en 2006 por el que fuera responsable del departamento de Hacienda, éste conectó a empresas privadas con decisiones ministeriales que resultaron clave. Asimismo, espacios públicos la financiaron. Más allá del caso que centra esta información, cabe destacar que el bufete -en la práctica mucho más que eso, pues mercadeaba con favores- operó con una apariencia de solvencia técnica que le permitió facturar más de 70 millones de euros en menos de veinte años.
El despacho reunió a nombres propios del momento y de sobra conocidos entre las filas del PP como Luis de Guindos o Rafael Catalá, a posteriori ministro de Justicia también con Rajoy. En todo este maremágnum, Montoro explicaba que se había desvinculado de Equipo Económico en 2008, pero lo cierto es que varios de sus colaboradores ocuparon puestos de calado durante su mandato. Esto, según la acusación, favoreció que la firma actuara como consultora paralela con acceso privilegiado a la administración.
En un informe más reciente, los Mossos d’Esquadra revelaron la dimensión del bufete, cuya línea de operación abarcó reformas legislativas a favor de compañías privadas a cambio de pagos millonarios, sobre todo en sectores tan concretos como el gasístico o el del juego.
En este sentido, nombre como Codere, de apuestas, estuvo involucrado, pero también otras como Madrid Network, una entidad financiada por la Comunidad de Madrid por Esperanza Aguirre y en la que trabajó la actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.
Para más inri, la actuación del despacho va más allá del tráfico de influencias, y es que la fiscal que lleva el caso acusó a la entidad utilizar sus contactos institucionales para modificar normativas a favor de sus clientes, como pasó con la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).
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El juez Juan Carlos Peinado se ha acostumbrado a estar en el foco mediático por su actuación en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El último movimiento al respecto ha sido la citación de Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, para el 10 y 11 de septiembre por un presunto delito de malversación (el mismo que el propio magistrado dijo en mayo que era imposible que cometieran). De este caso, además de las múltiples decisiones dudosas de Peinado, cabe recordar cómo comenzó: con una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias que se fundamentaba en recortes de prensa conservadora. El magistrado le dio validez y comenzó el proceso judicial. No obstante, la hemeroteca puede jugar malas pasadas: el activista Fernando Jabonero ha compartido en X una noticia de 2018 en la que se recuerda que el propio juez Peinado rechazó proceder con una querella contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, exalcalde de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, precisamente por fundamentarse en recortes de prensa.
En concreto, se trata de una información que el diario ABC publicaba el 15 de marzo de 2018, y en la que el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, argumentaba que la querella, dirigida contra el acuerdo que firmó el Consistorio en época de Alberto Ruiz Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), se basaba «en informaciones obtenidas en los medios de comunicación».
«Los concejales Carlos Sánchez Mato y Silvia Mayer presentaron la denuncia como miembros del consejo de administración de la empresa municipal Madrid Destino sin que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tuviese conocimiento de la denuncia, según dijo ella misma. Y, por ello, después fueron destituidos de sus cargos. Los ediles sostenían que los convenios suponían «un importante menoscabo de las arcas públicas» con el fin de enriquecer a la empresa MTP, unos argumentos que reprodujo el Observatorio de los Derechos Humanos en la querella», cita la noticia del diario conservador. «La querella se presentó contra el exvicealcalde del PP Manuel Cobo Vega y los exdirectivos Pablo Bautista Nicolás y José Ignacio Fernández González sin pormenorizar los motivos concretos ni su participación en los hechos. El juez indica, además, que se basaban en informaciones obtenidas en los medios de comunicación«, añade el texto.
El recordatorio de Fernando Jabonero al respecto ha sido breve pero ha servido para sintetizar la situación: «Sí, no… Según». El cambio de criterio de Peinado en estos años le ha hecho pasar de rechazar aquella investigación contra Gallardón y su equipo por el tenis, a aceptar la denuncia contra Begoña Gómez, a pesar de que en ambos casos la base de las querellas eran recortes de prensa.
El primer querellado contra Begoña Gómez fue Miguel Bernad, ultraderechista líder de Manos Limpias. El juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió una investigación a raíz de aquella denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias. El documento, al que tuvo acceso en su momento este medio, argumentaba que «la denunciada, valiéndose de su condición de esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido avalando o recomendando a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas», y que «uno de los empresarios beneficiados, Carlos Barrabés, recibió adjudicaciones de licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros».
A su vez, Manos Limpias expresaba que «este empresario montó el Máster que estudió la denunciada». El escrito denunciaba también el caso de Air Europa: «Pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada», y que «otro empresario, Víctor de Aldama, ganó 6,67 millones de euros por ser su contacto con Globalia». «Los avales y cartas de recomendación a los mencionados, con los que la denunciada mantenía una relación de amistad, dispararon su popularidad y adjudicaciones», añadía la denuncia.
Pero lo verdaderamente sorprendente de esta denuncia fueron las fuentes utilizadas para justificarla: titulares de medios de comunicación escorados a la derecha y la ultraderecha, e incluso un bulo. En concreto, noticias de El Confidencial, Vozpópuli, Libertad Digital y The Objective, siendo la información publicada por este último medio falsa: «El Gobierno ocultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez». Medios como Maldita o EFE Verifica desmintieron este titular y demostraron que se trataba de otra Begoña Gómez, con otro Documento Nacional de Identidad diferente al de la esposa de Pedro Sánchez.
Para Peinado, los recortes de prensa contra Gallardón y el PP de Madrid no fueron suficiente para aceptar una querella e iniciar una investigación judicial, mientras que con Begoña Gómez, el mismo tipo de fuente sí fue suficiente para iniciar el procedimiento contra ella.
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El juez Juan Carlos Peinado se ha acostumbrado a estar en el foco mediático por su actuación en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El último movimiento al respecto ha sido la citación de Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, para el 10 y 11 de septiembre por un presunto delito de malversación (el mismo que el propio magistrado dijo en mayo que era imposible que cometieran). De este caso, además de las múltiples decisiones dudosas de Peinado, cabe recordar cómo comenzó: con una denuncia del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias que se fundamentaba en recortes de prensa conservadora. El magistrado le dio validez y comenzó el proceso judicial. No obstante, la hemeroteca puede jugar malas pasadas: el activista Fernando Jabonero ha compartido en X una noticia de 2018 en la que se recuerda que el propio juez Peinado rechazó proceder con una querella contra el expresidente de la Comunidad de Madrid, exalcalde de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, precisamente por fundamentarse en recortes de prensa.
En concreto, se trata de una información que el diario ABC publicaba el 15 de marzo de 2018, y en la que el titular del juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, argumentaba que la querella, dirigida contra el acuerdo que firmó el Consistorio en época de Alberto Ruiz Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), se basaba «en informaciones obtenidas en los medios de comunicación».
«Los concejales Carlos Sánchez Mato y Silvia Mayer presentaron la denuncia como miembros del consejo de administración de la empresa municipal Madrid Destino sin que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tuviese conocimiento de la denuncia, según dijo ella misma. Y, por ello, después fueron destituidos de sus cargos. Los ediles sostenían que los convenios suponían «un importante menoscabo de las arcas públicas» con el fin de enriquecer a la empresa MTP, unos argumentos que reprodujo el Observatorio de los Derechos Humanos en la querella», cita la noticia del diario conservador. «La querella se presentó contra el exvicealcalde del PP Manuel Cobo Vega y los exdirectivos Pablo Bautista Nicolás y José Ignacio Fernández González sin pormenorizar los motivos concretos ni su participación en los hechos. El juez indica, además, que se basaban en informaciones obtenidas en los medios de comunicación«, añade el texto.
El recordatorio de Fernando Jabonero al respecto ha sido breve pero ha servido para sintetizar la situación: «Sí, no… Según». El cambio de criterio de Peinado en estos años le ha hecho pasar de rechazar aquella investigación contra Gallardón y su equipo por el tenis, a aceptar la denuncia contra Begoña Gómez, a pesar de que en ambos casos la base de las querellas eran recortes de prensa.
El primer querellado contra Begoña Gómez fue Miguel Bernad, ultraderechista líder de Manos Limpias. El juzgado de Instrucción número 41 de Madrid abrió una investigación a raíz de aquella denuncia por un presunto delito de tráfico de influencias. El documento, al que tuvo acceso en su momento este medio, argumentaba que «la denunciada, valiéndose de su condición de esposa del presidente del Gobierno de España, ha venido avalando o recomendando a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas», y que «uno de los empresarios beneficiados, Carlos Barrabés, recibió adjudicaciones de licitaciones públicas por valor de 10 millones de euros».
A su vez, Manos Limpias expresaba que «este empresario montó el Máster que estudió la denunciada». El escrito denunciaba también el caso de Air Europa: «Pactó pagar 40.000 euros al año al Africa Center de la denunciada», y que «otro empresario, Víctor de Aldama, ganó 6,67 millones de euros por ser su contacto con Globalia». «Los avales y cartas de recomendación a los mencionados, con los que la denunciada mantenía una relación de amistad, dispararon su popularidad y adjudicaciones», añadía la denuncia.
Pero lo verdaderamente sorprendente de esta denuncia fueron las fuentes utilizadas para justificarla: titulares de medios de comunicación escorados a la derecha y la ultraderecha, e incluso un bulo. En concreto, noticias de El Confidencial, Vozpópuli, Libertad Digital y The Objective, siendo la información publicada por este último medio falsa: «El Gobierno ocultó el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez». Medios como Maldita o EFE Verifica desmintieron este titular y demostraron que se trataba de otra Begoña Gómez, con otro Documento Nacional de Identidad diferente al de la esposa de Pedro Sánchez.
Para Peinado, los recortes de prensa contra Gallardón y el PP de Madrid no fueron suficiente para aceptar una querella e iniciar una investigación judicial, mientras que con Begoña Gómez, el mismo tipo de fuente sí fue suficiente para iniciar el procedimiento contra ella.
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El viernes 22 de agosto, con apenas unos minutos de diferencia, Naciones Unidas declaró oficialmente la «situación de hambruna en la Franja de Gaza», mientras en Barcelona se anunciaba la partida de la “mayor misión humanitaria rumbo a Gaza” con la partida de decenas de barcos que buscan romper el bloqueo que sufre la Franja. Una iniciativa que Israel ya ha anunciado que «va a detener», tal y como ha hecho con todos los navíos que han intentado llegar a las costas palestinas en los últimos 17 años.
Desde 2008,cada pocos meses,parten barcos repletos de voluntarios y ayuda humanitaria rumbo a Gaza. En casi dos décadas, de medio centenar de expediciones que han partido, solo las cinco primeras consiguieron llegar a las costas palestinas; el resto fue interceptado por Israel. ¿Sirve de algo seguir enviando barcos que Israel secuestrará? Para el movimiento solidario «merece la penasin ninguna duda».
Para Santiago González Vallejo, voluntario español detenido en el último barco que partió a Gaza este mes de julio, cada intento «es una gota que está llenando el vaso de la paciencia de la sociedad civil». Es una forma de «decirle a los palestinos que no están solos y de exigirle a nuestros gobiernos que cumplan con la legalidad internacional», asegura.
Manu Pineda, histórico activista de la causa palestina, vivió tres años en Gaza y antes trató de llegar a la Franja en la Flotilla de la Libertad del año 2011. «Sirve para poner en la agenda el bloqueo que sufren nuestros hermanos palestinos», afirma. Estas iniciativas «merecen la pena si uno se cree lo que hace, y nosotros creemos que desde 2008 ya era fundamental y ahora lo es más en pleno genocidio», sentencia.
Historia de la Flotilla de la Libertad
En el año 2006, en plena ofensiva israelí contra el Líbano, un grupo de cooperantes internacionales decidió organizar el envío de barcos cargados de ayuda humanitaria a la castigada Franja de Gaza. Ese mismo año Hamás venció en las elecciones legislativas, lo que derivaría en la ruptura entre facciones palestinas y en la imposición de un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre la Franja.
Nada de esto frenó a los voluntarios que, tras dos años de preparativos, consiguieron recaudar cerca de 700.000 dólares que hicieron posible fletar dos barcos –el Freedom y elFree Gaza– con 44 voluntarios a bordo. El 23 de agosto de 2008, los dos navíos llegaron a las costas de Gaza con toda la ayuda humanitaria que podían transportar aquellos destartalados barcos pesqueros.
Cuatro barcos más conseguirían llegar a Gaza entre el 23 de agosto y el 27 de diciembre de 2008. Ese día Israel lanzó una gran ofensiva contra Gaza, y desde entonces el ejército israelí frenó, a través de la fuerza, cualquier intento de llegada de nuevos barcos humanitarios.Pese a todo, en 2010 nació la coalición internacional Flotilla de la Libertad, una red de organizaciones solidarias que intentó profesionalizar y perfeccionar esta iniciativa. Desde entonces, cada año parten nuevos barcos rumbo a Gaza, aunque ninguno consigue alcanzar su destino.
En el mismo 2010, el ejército israelí asaltó el barco principal de la Flotilla de la Libertad, el MaviMarmara, matando a diez voluntarios turcos. «¿Merece la pena? Esos diez compañeros entregaron su vida para denunciar el criminal e ilegal bloqueo que sufre Gaza», recuerda Pineda, que se embarcó en la Flotilla en la siguiente expedición que la coalición organizó. «Matando a nuestros compañeros pensaban que iban a frenarnos, pero no lo consiguieron».
Desde que el genocidio israelí contra la Franja se recrudeció, a partir de octubre de 2023, la Flotilla de la Libertad ha incrementado sus esfuerzos por burlar el bloqueo israelí. Con la iniciativa que partirá el día 31 de agosto desde Barcelona, serán cuatro las expediciones que han zarpado este 2025.
Santiago González se embarcó en el Handala en julio de este año. «Estamos haciendo lo que deberían hacer los gobiernos, que es exigir que se cumpla el derecho internacional». Pese a no conseguir el objetivo de alcanzar Gaza, considera que una de las virtudes de la Flotilla es «la constancia, porque ayuda a que haya memoria en la ciudadanía y es una llamada de atención constante a la incoherencia de la comunidad internacional».
Foto de archivo del último barco de la Flotilla que partió a Gaza.
«Munición moral para los palestinos»
Según Pineda, la Flotilla cumple un triple objetivo: «Poner el genocidio en la agenda, señalar la complicidad de los gobiernos occidentales y dar munición moral a nuestros hermanos palestinos».
«Yo he vivido la flotilla desde dentro, como voluntario a bordo, y desde fuera, estando en Gaza y esperando su llegada. Y te aseguro que estas iniciativas dan mucha energía a los gazatíes». Pineda recuerda cómo, durante su estancia en la Franja, la población se juntaba en la playa y miraba al horizonte confiando que en algún momento apareciese un barco.
«Cuando decimos que esto sirve para que no estén solos no es un eslogan, yo puedo dar fe de quea la gente de Gaza, aun siendo conscientes internamente de que no van a llegar, les da esperanza. Es muy importante, les da munición moral y política a los palestinos para echar a andar en un mundo que es totalmente hostil», afirma el exeurodiputado de Izquierda Unida y actual responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España (PCE).
No obstante, pese al valor simbólico y moral de la flotilla, ambos voluntarios coinciden en señalar que sigue siendo fundamental que España corte todos los vínculos económicos y políticos con Israel. «Igual que se hizo con la Sudáfrica del apartheid, hay que boicotear deportiva y comercialmente para que la sociedad reaccione», considera González.
«La mayor misión internacional de solidaridad» con Gaza partirá de Barcelona
El próximo domingo 31 de agosto zarpará desde Barcelona la Global Sumud Flotilla, presentada como la “mayor misión humanitaria” para romper el bloqueo en Gaza. La iniciativa, que reúne a activistas de 44 países, pretende abrir un corredor marítimo de ayuda a la población palestina, sometida a 22 meses de asedio. Los portavoces, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, adelantaron que centenares de personas participarán en una travesía de una semana, aunque evitaron precisar detalles logísticos por razones de seguridad, tras denunciar «brutales intentos de sabotaje».
Independientemente de que esta iniciativa logre su objetivo o no, para Pineda «merece la pena intentarlo para que cuando pasen los años y nos pregunten qué ocurrió en Gaza no agachemos la cabeza, hicimos lo que teníamos que hacer y lo que pudimos hacer, y si no hicimos más es porque no nos dejaron». «Estuvimos en el lado correcto de la historia», concluye.
«Ya no hay lugares para que los niños jueguen y se diviertan». Zainab para de hablar. «Eh… No hagas caso a los aviones de guerra…», señala. Apenas comienza la nota de voz, el zumbido de la guerra la interrumpe. Su voz se entrecorta y para un segundo. La joven palestina, escritora y traductora de 24 años, se recompone y pide perdón por las interferencias, como si fuese culpa suya. Como si quisiera disculparse porque el ruido de los aviones militares estropease el audio. O porque molestara a quien lo escucha.
Se aclara la voz y, en un intento de no perder el hilo, continúa: «Su vida está vacía. Se pasan el día aburridos o insistiendo a sus madres para que les den algo de comer o algo con lo que entretenerse, pero es que no hay nada. Antes iban a la escuela, hacían sus deberes en casa, iban a centros de ocio… Pero ahora ya no queda nada».
Los niños de Gaza, cuando juegan, lo hacen en las calles devastadas o entre los escombros de edificios bombardeados por Israel. «Juegan a correr o a la rayuela, con piedras y botellas vacías. También con latas de comida vacías porque están tiradas por todos lados. Algunos juegan con los restos de los misiles. Ya no hay campos de fútbol porque o están destruidos o se han usado como refugio para la gente desplazada. Entonces los niños juegan en la calle y eso les pone en peligro porque hay coches y carretas de burros que les pueden atropellar o bueno, ya sabes…», la voz de Zainab se apaga.
De un hachazo, la vida de los gazatíes se partió en dos en 2023. Bombas, misiles, explosiones. Ríos de sangre por las calles. Niños con amputaciones. Niños sin padres. Niños hambrientos. Llantos. Sueños rotos y un futuro a la deriva. La dignidad robada de todo un pueblo.
En el cielo hay chocolate
La Franja de Gaza se ha convertido en el territorio más peligroso para todo: para los periodistas, los trabajadores humanitarios, para conseguir comida o para ejercer de médico. También para ser niño. La directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Catherine Russell, declaró en julio ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que «todos los días, durante casi dos años, [Israel ha asesinado] a una clase entera de niños».
Representantes sobre el terreno de varias organizaciones humanitarias como Save The Children, Oxfam o Glia, entre otras, declararon en una rueda de prensa conjunta que muchos niños de Gaza quieren morir porque «en el cielo hay agua, comida, dulces y chocolate».
Según un estudio de la ONG War Child, el 49% de los niños en Gaza han expresado su deseo de morir y el 96% siente que la muerte es inminente. «Tal es el nivel de trauma en Gaza. Nunca lo habíamos visto antes, pero tampoco sorprende a nadie que sepa un mínimo de lo que está ocurriendo en la Franja», alertaba el director ejecutivo de War Child, Rob Williams. Las cifras suelen ser mucho menores. Según Williams, «en términos de trauma, normalmente se espera que el 22% de la población menor de 18 años requiera algún tipo de intervención psicosocial después de haber vivido un conflicto. Lo que ocurre en Gaza es tan intenso y lleva tanto tiempo que el 90% de los niños de Gaza muestran la necesidad de intervención psicosocial«.
Hay familias rotas, vidas truncadas. Niños que a cada explosión se han visto obligados a crecer un año más. Hasta convertirse en pequeños adultos por haber tenido que vivir experiencias que ningún niño debería.
En la tierra no hay comida
Cada intento por sobrevivir en la Franja supone arriesgarse a morir. Cada día, desde que la Fundación Humanitaria para Gaza (empresa estadounidense respaldada por Israel) empezó a repartir ayuda humanitaria en el enclave palestino, el Ejército israelí ha disparado contra aquellos que intentaban conseguir un saco de harina, una garrafa de agua, una olla con algo caliente.
Israel siempre ha justificado estos ataques como «disparos de advertencia», pero los médicos y trabajadores humanitarios de Gaza son testigos de otra realidad. «Al centro de salud llegaron tres heridos de bala, dos en la cabeza y otro en el cuello, lo que deja muy obvio que los disparos que se efectúan no son fortuitos, no son disparos al aire. Son disparos intencionados para dar a la gente que está desesperadamente buscando comida«, asegura a RTVE Noticias el coordinador de Emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Gaza, Aitor Zabalgogeazkoa.
El anestesista Raúl Incertis, que volvió a España hace unas semanas después de colaborar con médicos gazatíes en el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur del enclave, ha evidenciado la misma realidad. «Todos los días, varias veces al día, recibíamos heridos de bala en la cabeza y el tórax, la mayoría proveniente de la Fundación Humanitaria para Gaza, pero también de los repartos de la poca ayuda que entra de la ONU. Muchos de ellos eran niños, por debajo de los 15 o 16 años. Los que han sobrevivido con disparos en la cabeza se han quedado hemipléjicos de por vida», señalaba en una entrevista en La Hora de la 1.
Israel asesina con fuego, pero también con el hambre. Este mismo viernes, la ONU declaró la hambruna en la Franja. Después de los tres meses de bloqueo total a la ayuda humanitaria por parte del Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el control de lo que entra ahora es absoluto. De los 600 camiones diarios de ayuda humanitaria que se necesitarían para cubrir las necesidades básicas de los casi 2,4 millones de gazatíes –como han señalado el Gobierno de la Franja y la ONU– apenas entran unas decenas de ellos cada día. Según el Ministerio de Sanidad del enclave, al menos 263 personas, incluidos 112 niños, han muerto por hambre y desnutrición desde que comenzó la ofensiva israelí, la gran mayoría en los últimos tres meses.
«Los niños tenían una buena vida antes del genocidio», cuenta Zainab, mientras otro avión sobrevuela Deir el Balah, donde vive junto a su familia. «Eran listos, comían la comida más rica, siempre estaban riendo y contagiando alegría. Ahora solo piensan en conseguir comida y estar a salvo. Veo cómo mi primo pequeño le pide comida a su madre: ‘Mamá, solo quiero un trozo de pan, no estoy pidiendo fruta. Quiero comer lo que teníamos antes, quiero beber leche’. Solo tiene cinco años y la mitad de su vida la ha vivido en un genocidio«, relata Zainab.
Su amiga Lina*, en un mensaje de texto, cuenta a este medio cómo las conversaciones de los niños han cambiado: «Ya no son sobre dibujos animados o juguetes, ahora hablan sobre tiendas de campaña, ayuda humanitaria y cómo conseguir agua sin tener dinero». Un día, su primo de seis años le dijo al oído que «echaba de menos el sabor de los dulces».
Raquel Martí, directora de UNRWA: «Es terrible que las madres sujeten los cuerpos de los niños desnutridos»
«No son los niños que deberían ser»
Con cada nuevo amanecer en Gaza, la lucha por vivir se repite. Durante su estancia en la Franja como coordinador de MSF, Zabalgogeazkoa recopiló una serie de fotografías que muestran la vida cotidiana en Gaza –todo lo cotidiana que puede llegar a ser: una tienda que sigue vendiendo flotadores de colores chillones para ir a la playa (lugar al que Israel ha prohibido ir); unas cometas «hechas con tres palos y una bolsa» atrapadas en los cables de la luz; chavales enganchados a la parte trasera de un camión, «un juego divertido y peligroso a la vez, [aunque] no más peligroso que la vida diaria en Gaza», escribe Zabalgogeazkoa.
Los niños siguen siendo niños y, aunque tengan que esperar las largas colas para conseguir agua y comida, «siguen haciendo cosas de niños, se tiran agua y cosas así, algo que igual no deberían hacer, pero no lo pueden evitar», cuenta el trabajador humanitario.
El coordinador de emergencias en Gaza de Médicos Sin Fronteras, Aitor Zabalgogeazkoa, captura la realidad de la Franja durante la ofensiva israelí.
Ilusión
21.08.2025
«A pesar de que este fin de semana fue difícil encontrar comida en el mercado, hay tenderos que mantienen viva la ilusión de ir a la playa, prohibida por ahora»
Aitor Zabalgogeazkoa
Cometas cautivas
21.08.2025
«La chiquillada tiene algunos juegos de los de siempre: las canicas, tirar piedras, subirse a los carros… Y volar las cometas hechas con tres palos y una bolsa, que quedan a veces cautivas, como lo están sus creadores»
Aitor Zabalgogeazkoa
Pero los niños ya «no son los niños que deberían ser», lamenta Zainab. «Son violentos, se enfadan a la mínima… Y es por el terror psicológico que están sufriendo. Ya no están felices ni tranquilos, ni juegan, ni ríen. Siempre están enfadados, gritando o llorando por las cosas más pequeñas y lleva horas parar esos episodios de enfado o llanto que les surgen», añade la joven.
«Ahora, en vez de ir al colegio o estar jugando, tienen que hacer cola para conseguir agua, para cargar los teléfonos móviles. Se pasan horas y horas haciendo cola simplemente para conseguir los derechos básicos que se supone que deberían tener en casa mientras hacen sus deberes», denuncia Zainab. La joven recuerda que antes de la guerra todos los niños tenían estudios. «Todos sabían leer, escribir, calcular… Pero ahora solo ves a niños analfabetos por las calles recolectando madera para que sus familias puedan cocinar, corriendo a los centros de distribución donde se tienen que pelear para conseguir comida», cuenta.
«Los humillan, los golpean, los…» Zainab para, respira, se recompone. «Reciben todo tipo de tratos humillantes que te puedas imaginar (…) Al parecer, ahora los niños son un objetivo. Y no han hecho nada para merecer esto», denuncia la joven palestina.
“Al parecer, ahora los niños son un objetivo. Y no han hecho nada para merecer esto.“
Todo lo que se pueda decir sobre Gaza se queda corto, nada puede llegar a retratar la realidad que viven los palestinos bajo el asedio israelí. Las palabras parecen tener efecto inocuo. Ya solo resuenan las bombas en los tímpanos y el hambre en las tripas. «Nuestros cuerpos están agotados. Nuestros rostros están pálidos. Nuestros espíritus están cansados», dice Lina.
*Lina es un pseudónimo para preservar la identidad de la joven palestina entrevistada por RTVE Noticias
Hasta hace poco, el nombre de Virginia Barcones apenas sonaba fuera de Castilla y León. Hoy, como directora de Protección Civil, se ha convertido en la funcionaria que desmonta con datos las acusaciones del PP sobre la gestión de los incendios. Su figura crece en el espacio público como la de Fernando Simón durante la pandemia: no por buscar protagonismo, sino por la necesidad de explicar con claridad en mitad de la crisis.
Una política de tierra adentro convertida en rostro nacional
Nacida en Berlanga de Duero (Soria) en 1976, Barcones representa la trayectoria de una generación de políticos forjados en la política local y autonómica. Licenciada en Derecho por la UNED y habilitada como funcionaria estatal, inició su carrera como concejala en su municipio natal. Después fue procuradora en las Cortes de Castilla y León y viceportavoz autonómica, antes de dar el salto a la política nacional como diputada y, más tarde, delegada del Gobierno en Castilla y León en dos ocasiones.
Ese recorrido la situó en contacto directo con la gestión del territorio, la despoblación y las emergencias rurales, un bagaje que ahora le resulta fundamental en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, cargo que asumió en diciembre de 2023.
El verano de 2025 será recordado no solo por las hectáreas calcinadas, sino también por el enfrentamiento político que desató. Presidentes autonómicos del PP como Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y María Guardiola (Extremadura) acusaron al Gobierno central de no enviar suficientes medios y de responder tarde.
Barcones replicó con una contundencia poco habitual en un cargo técnico: recordó que el 15 de agosto Protección Civil había contactado preventivamente con comunidades que aún no habían pedido ayuda, ofreciendo recursos aéreos. “El dato mata algunos relatos”, sentenció. Con esa frase quiso dejar claro que, lejos de improvisar, el Ejecutivo había actuado con previsión.
La respuesta fue inmediata. Rueda la acusó de “no decir la verdad” y de dirigirse a los gobiernos autonómicos con “muy malas maneras”. El choque se convirtió en una tormenta política paralela a la emergencia ambiental.
Datos frente al ruido
Barcones no improvisa. Cada intervención pública llega respaldada por cifras, protocolos y cronologías. Recurre a correos electrónicos enviados con antelación, a actas del Comité de Coordinación Estatal y a informes técnicos. Su estilo recuerda al de Fernando Simón en los meses más duros de la pandemia: un discurso más técnico que político, con la intención de rebajar la crispación y centrar el debate en hechos contrastables.
En varias comparecencias, ha insistido en que los medios estatales disponibles en España superan a los de otros países de referencia. Como ejemplo, citó a un catedrático de Ingeniería Forestal que subrayó que nuestro país cuenta con más aviones especializados en extinción que California. “No es el momento de polémicas, es el momento de apagar incendios”, repitió.
Los que la conocen de su etapa como delegada del Gobierno en Castilla y León aseguran que Barcones siempre ha mostrado un estilo firme y directo, alejado de las medias tintas. Ese carácter se ha reforzado en su papel actual, donde las cámaras enfocan a una funcionaria que hasta hace poco se mantenía en un segundo plano.
Su irrupción mediática no es buscada, pero sí inevitable. Cada vez que un presidente autonómico del PP reprocha falta de medios, ella aparece con documentos para rebatir. Cada vez que se abre un debate sobre la coordinación con la UME, Barcones responde con cifras sobre despliegues y operativos activados.
En solo unos meses, Virginia Barcones ha pasado de ser un nombre desconocido en Madrid a convertirse en la referencia de la gestión de emergencias. Si el verano de 2025 marca un antes y un después en la percepción ciudadana sobre los incendios, también lo hará en su carrera.
Su perfil técnico, su experiencia política y su estilo comunicativo la sitúan en una posición singular: una funcionaria con proyección nacional, llamada a ser una de las caras visibles del Gobierno en materia de seguridad y emergencias. Con un país cada vez más expuesto a fenómenos climáticos extremos, todo indica que su presencia pública seguirá creciendo. Y, como ocurrió con Fernando Simón, será en la combinación de datos, firmeza y pedagogía donde Virginia Barcones encuentre el sello que ya empieza a distinguirla.
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Durante esta oleada de incendios que está azotando a España en este mes de agosto, especialmente a las comunidades de Galicia y Castilla y León, se ha romantizado la frase de “solo el pueblo salva al pueblo”, haciendo referencia a que son los vecinos los que luchan contra las llamas en sus pueblos ante la supuesta inacción de las instituciones y la falta de recursos para extinguir las llamas.
No obstante, pese a los recortes y las privatizaciones que durante años han perpetrado los gobiernos autonómicos de Galicia y Castilla y León, encargados de la gestión forestal, el Gobierno central ha desplegado un gran número de medios y efectivos de las Fuerzas Armadas Españolas para ayudar en la extinción de estos incendios.
Y es en este respecto en el que el economista Julen Bollain ha lanzado un contundente mensaje en las redes sociales, dejando patente lo que de verdad hace un país fuerte. “Dejemos de romantizar la frase ‘solo el pueblo salva al pueblo’”, ha empezado.
A continuación, Bollain ha explicado los motivos que fundamentan su afirmación: “Porque no es cierto. Lo que salva al pueblo son las instituciones públicas, financiadas y reforzadas con el dinero de todos”.
“Está en nuestras manos no dejar las instituciones en manos de negacionistas climáticos”, ha sentenciado.
Dejemos de romantizar la frase “solo el pueblo salva al pueblo”.
Porque no es cierto. Lo que salva al pueblo son las instituciones públicas, financiadas y reforzadas con el dinero de todos.
Está en nuestras manos no dejar las instituciones en manos de negacionistas climáticos.
Galicia y Castilla y León, con más hectáreas calcinadas
Galicia y Castilla y León acumularon el 85,3% de las hectáreas que han ardido en España entre el 3 y el 18 de agosto de 2025, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.
Del total de 358.034 hectáreas que han ardido entre esas dos fechas en todo el país, el 43,6% lo han hecho en Galicia (es decir, 156.444) y el 41,7% lo han hecho en Castilla y León (o lo que es lo mismo, 149.426). El tercer lugar lo ocupa Extremadura, que acumuló 44.480 hectáreas quemadas, el 12,4% del total nacional.
El resto de comunidades autónomas están a más distancia. Así, por ejemplo, el Principado de Asturias registró 2.397 hectáreas quemadas, cifra similar a la que alcanzó la Comunidad de Madrid: 2.340. Andalucía, que ha tenido varios incendios destacados a principios de agosto, acumuló 1.766 hectáreas consumidas.
Por debajo de las 1.000 hectáreas quemadas en esos quince días están, entre otras, la Comunidad Foral de Navarra (559), la Comunidad Valenciana (465) y Castilla-La Mancha (157).
A nivel de provincias, la más afectada ha sido Ourense, donde se registró el 98,6% de hectáreas quemadas de toda Galicia (154.304 de las 156.444 que han ardido en toda la comunidad autónoma). En concreto, el fuego en A Rúa (Ourense), con 44.789 hectáreas quemadas hasta el 18 de agosto, podría ser el fuego más grave de la ola de incendios que ha asolado el país en estas dos semanas.
A su vez, también han resultado muy golpeadas por esta ola de incendios las provincias de León y Zamora. Con 78.398 y 47.058 hectáreas quemadas entre las dos, respectivamente, acumularon el 83,9% de las que han ardido en toda Castilla y León (149.426). En esta comunidad destaca el fuego de Quintana (Zamora), con 40.781 hectáreas arrasadas.
Otra de las provincias asoladas por el fuego es Cáceres, con 33.582 hectáreas quemadas. Prácticamente la mitad de ellas, 16.832 hectáreas, han sido causadas por uno de los incendios más virulentos de estos días: el de Jarilla. Otras provincias con cifras importantes de hectáreas quemadas son Salamanca (11.665) y Badajoz (8.763).
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Los socialistas de Galicia evidencian una serie de acciones emprendidas por el Gobierno autonómico de Alfonso Rueda que habrían dado lugar a una dejadez en lo relativo a la prevención de incendios y que, de haberse abordado, quizás se estaría hablando ahora de una situación distinta. Es por ello que el líder del PSOE en esta región, José Ramón Gómez Besteiro, reclamará al máximo mandatario gallego que comparezca en el primer pleno de septiembre, con la intención de que aclare su gestión en lo relativo a esta materia y que, también, dé cuenta de los recursos disponibles para atajar la ola de fuegos y sus efectos.
La Xunta de Galicia mantiene desde el mes enero bloqueados más de ocho millones de euros procedentes de fondos europeos que deberían estar destinado a la prevención de incendios forestales. Un presupuesto que se dejó sin ejecutar, habiendo obviado el desarrollo de trabajos esenciales que podrían haber reducido los efectos de los incendios y haber frenado el avance de las llamas que han arrasado miles de hectáreas. La diputada socialista Carmen Dacosta ha explicado que a la consejería de Medio Rural sigue, tras este tiempo, sin haber resuelto dos partidas presupuestarias clave para el fomento de dos líneas de trabajo: más de dos millones de euros para obras de infraestructuras de prevención, que se habrían repartido en nueve lotes aún sin adjudicar, así como una cantidad superior a cinco millones de euros que se habrían dedicado a subvenciones para actuaciones para preparar el terreno y otros elementos, con 480 expedientes presentados que se encuentran también pendientes de resolución. “Estamos hablando de desbroces, cortalumes, pistas forestales… tareas que deberían estar hechas desde la primavera y que hoy, sencillamente, no existen sobre el terreno. Es desolador ver que muchas de esas actuaciones estaban previstas precisamente en zonas que ahora arden”, ha denunciado Dacosta.
La prevención no puede seguir atrapada en trámites y papeles… Galicia no puede permitirse que el dinero europeo quede en los despachos mientras el fuego arrasa nuestro territorio
Debido a la magnitud que han alcanzado los fuegos y las consecuencias derivadas de ellos llevan ahora a José Ramón Gómez Besteiro a reclamar explicaciones en sede parlamentaria al presidente gallego. De esta manera, ha advertido que la prioridad inmediata sigue siendo “apagar los fuegos, garantizar la seguridad del vecindario y apoyar a las familias afectadas”, si bien, ha incidido en que, una vez controlada la emergencia, “el presidente Rueda deberá rendir cuentas por su gestión de la ola de incendios, y por la disponibilidad efectiva de los recursos y medios empleados en las tareas de extinción».
Hasta 400 incendios ocultados por la Xunta de Galicia
La consejera de Medio Rural de Galicia, María José Gómez, ofrecía una entrevista a la Cadena SER el 18 de agosto en la que afirmaba lo siguiente: «Cada día aparecen 30 nuevos incendios en Galicia, entre 30 y 35 incendios diarios, que prácticamente se extinguen en su totalidad. Además, debo decir que, desde agosto hasta hoy, hemos registrado 492 incendios solo en agosto, es decir, 370 incendios más que el año pasado«.
Esta declaración despertaba cierta sorpresa en Praza Pública, un periódico gallego, que comenzaba a revisar datos y atisbaba que, ante este alegato de la consejera, la Xunta ha ocultado hasta 400 incendios, pues de los 447 totales solo ha difundido información sobre 45. Según este medio de comunicación de Galicia, los datos facilitados por María José Gómez seguirían un camino que ya habría marcado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que en la jornada del 12 de agosto, cuando la temporada de incendios se hallaba en sus primeros días, aseguró que en esa primera parte del mes «se están extinguiendo alrededor de 30, 35 incendios al día por parte de los servicios de la Xunta de Galicia , lo que supone, para que se hagan una idea, 250 más de los que hubo que extinguir en el mismo periodo del año pasado«.
Praza Pública expone que ni por parte de Rueda ni de Gómez se realiza una clarificación de si esta comparativa de números correspondía a los incendios divulgados en su momento o con el total, incluyendo los ocultos. Es por ello que este medio interpreta las cifras y deduce que «la comparación se realiza con los incendios del año pasado que tampoco se divulgaron, ya que durante todo el mes de agosto de 2024 la Xunta solo notificó cinco incendios, cuatro de ellos posteriores a estas fechas y solo uno, en Ponteareas, que comenzó antes, el 16 de agosto. Es decir, si este año se ocultaron 447 incendios en medio de una crisis grave, el año pasado, sin ninguna situación extraordinaria, la Xunta revela ahora que ocultó 121«.
Así, Praza Pública subraya que el gobierno gallego solo da a conocer uno de cada diez incendios y que esto se debe a que solo comunica los incendios que superan las 20 hectáreas o los que afectan a zonas pobladas o protegidas. Un criterio que, tal y como expone, «comenzó a adoptarse tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo al Gobierno gallego, tras la divulgación de más información y de forma más sistemática durante el anterior gobierno del PSdeG y el BNG, como hacen hoy otros gobiernos del PP, como la Junta de Castilla y León, con muchos más recursos tecnológicos».
Ante esta información, surgen nuevas denuncias del PSOE gallego, desde donde recuerdan que ya desde el primer día de esta ola de fuegos advirtieron de la necesidad de disponer información clara y puntual “porque salva vidas”. De esta manera, la portavoz socialista de política forestal, Carmen Rodríguez Dacosta, ha señalado que “no es una reclamación nueva ni improvisada: llevamos días insistiendo en que la ciudadanía tiene derecho a conocer en tiempo real que carreteras están cerradas, que aldeas fueron evacuadas o que zonas siguen en riesgo”.
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El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha calificado como «una pirómana más» a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. Estas palabras se han recibido con suma indignación en las filas socialistas. La propia Barcones se ha cuestionado que «hasta dónde vamos a llegar», y los socialistas han exigido al PP que rectifiquen inmediatamente al malagueño.
Elías Bendodo, ya acomodado en las filas del PP de Feijóo y muy protagonista por sus discursos de confrontación y tono bronco, ha atacado así a Barcones, calificándola de «pirómana» en medio de la lucha contra una ola de incendios forestales. «Todo vale para Feijóo y los suyos. Feijóo es el político más sucio de este país, y su equipo no se queda atrás«, han lamentado fuentes socialistas, formación desde la que piden a Bendodo que rectifique sus palabras y se disculpe.
«De lo único que pueden acusar a la Directora General de Protección Civil es de haber contado la verdad cuando el Partido Popular y sus terminales mediáticas llenaban de bulos las informaciones sobre los incendios. Decir la verdad en este país es motivo para que el Partido Popular desate cacerías políticas y mediáticas», han añadido las citadas fuentes, que han lanzado una advertencia final a los ‘populares: «Tienen que elegir qué quiere ser de mayor: o un pequeño apéndice de la ultraderecha, o un partido de Estado de una derecha homologable en Europa. Va camino de lo primero».
«Día importante para luchar contra el fuego»
Por su parte, en su rueda de prensa, Virginia Barcones ha destacado que las condiciones meteorológicas para este jueves son «favorables» a la extinción de incendios y que los operativos tienen una «oportunidad» para realizar un «avance significativo» en la lucha contra el fuego. Barcones ha explicado que quedan 18 incendios activos en situación dos y que en ocho de ellos está desplegada la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en siete, los medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). «Respecto a ayer ha habido un descenso de incendios activos, lo que nos indica una tendencia favorable, pero se mantiene la activación de la UME en ocho», ha explicado.
Ante las palabras de Bendodo, Barcones también ha querido pronunciarse. «Es tan fuerte, tan poco responsable y tan poco ético que a cualquier persona que a lo largo de estos 11 días, creo que mi estado físico así lo demuestra, ha hecho todos los esfuerzos habidos y por haber para que todo funcione bien, llamarle pirómano… Esto ya como una reflexión, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? ¿Hasta dónde llega la crítica política?», se ha cuestionado.
«Admito que se pueda hacer cualquier manifestación sobre la gestión que se ha hecho desde Protección Civil y la asumo en primera persona, porque llevo 11 días aquí, he llegado la primera y me he ido la última todos los días… Cuando tengamos que dar cuenta, cualquier cosa que no se haya hecho bien será responsabilidad mía», ha reivindicado. «Pero, de verdad, a cualquier persona de responsabilidad, en estos momentos, denominarle ‘pirómano’… ¿Me está acusando de un delito? Hay miles de hombres y mujeres que han tenido que abandonar sus casas y bosques, todo ha ardido y sigue ardiendo. Por favor, aquellos que no aportan que se aparten hasta que esta situación acabe», ha sentenciado, visiblemente molesta ante el comentario del vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP.
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El juez Juan Carlos Peinado decidió este lunes imputar a Begoña Gómez y a su exasesora en Moncloa, Cristina Álvarez, por malversación de caudales públicos, un delito que agrava aún más el caso judicial contra la esposa del presidente del Gobierno. La imputación se sustenta en la sospecha de que Álvarez, empleada del Ejecutivo, pudo usar recursos públicos para beneficiar el proyecto académico dirigido por Gómez en la Universidad Complutense. La decisión, de enorme repercusión política y mediática, se apoyó en un auto previo de la Audiencia Provincial de Madrid, que avaló la investigación y sugirió que la Presidencia del Gobierno podría haber funcionado como una “estructura institucionalizada de poder” para desviar fondos.
Más allá del alcance jurídico de la causa, las miradas se centran ahora en las conexiones familiares y políticas de los jueces implicados. Tanto el propio Peinado como los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargados de revisar sus resoluciones, acumulan vínculos con el Partido Popular que alimentan el debate sobre la independencia judicial.
“Llevamos tiempo sosteniendo con datos que Peinado es un pésimo juez de instrucción que nunca debería haber entrado en la judicatura. Pero no nos engañemos. No está solo en el intento de procesar a Begoña Gómez. Por ejemplo, en la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, encargada de resolver sus disparates está el magistrado Jesús Gómez Angulo, cuyo hermano Juan Antonio es íntimo amigo de los Aznar & Botella y alto cargo con ambos. Su hija Paula es concejala del Ayuntamiento de Madrid y miembro del Comité Organizador en el último Congreso donde fue proclamado Feijóo. Con estos mimbres y las vinculaciones de Pinado con el PP poco más que añadir”, ha señalado en su cuenta de Twitter, Los Genoves, histórico colaborador de este medio.
Su hija, Patricia Peinado, es concejala por este partido en Pozuelo de Alarcón, uno de los bastiones tradicionales de los populares en Madrid. A nivel corporativo, Peinado ha estado vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), considerada de línea conservadora, y en 2024 llegó a figurar en la lista de candidatos al Consejo General del Poder Judicial promovida por el PP, aunque finalmente no fue designado.
Estos lazos familiares, políticos y profesionales han generado sospechas sobre la imparcialidad con la que se instruye la causa. Desde el Gobierno y su entorno se denuncia un patrón de “lawfare”, es decir, el uso de la justicia como herramienta de desgaste político. La oposición, por su parte, defiende que la actuación judicial debe seguir su curso y que “la ley es igual para todos”.
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La consultora sanitaria Maxwell Cremona, propiedad de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, atraviesa una situación financiera marcada por las contradicciones. Tal y como informa ‘eldiario.es’, en 2024, la compañía registró una caída del 49,9% en sus ingresos, hasta los 944.836 euros, la cifra más baja desde 2019. Sin embargo, en ese mismo ejercicio repartió 1,225 millones de euros en dividendos con cargo a reservas, un movimiento que ha acentuado su descapitalización en medio de las causas judiciales que pesan sobre su administrador.
Los datos figuran en las cuentas anuales remitidas al Registro Mercantil, que reflejan el desplome de las ventas de la empresa en un año marcado por la exposición pública de González Amador. Desde que se destaparon sus problemas fiscales, la actividad de Maxwell Cremona se ha visto resentida. La compañía había facturado 1,88 millones de euros en 2023, pero cerró 2024 con menos de la mitad. El contraste es aún mayor si se compara con 2020, el año en el que González Amador logró un “pelotazo” en plena pandemia al intermediar en operaciones de compraventa de mascarillas que dispararon la facturación de la firma hasta los 2,3 millones de euros.
Ese ejercicio, sin embargo, dejó al descubierto las grietas de la empresa. Pese a los ingresos récord, solo declaró un beneficio de 8.425 euros, lo que levantó las sospechas de la Agencia Tributaria. Aquella inspección fiscal derivó en una denuncia ante la Fiscalía al constatarse que se habían utilizado facturas falsas y sociedades pantalla para rebajar de manera artificial la carga impositiva.
El expediente de Hacienda reveló que en 2020 y 2021, mientras defraudaba al fisco más de 350.000 euros en el Impuesto de Sociedades, Maxwell Cremona carecía de empleados en nómina. En su lugar, recurría de manera habitual a una red de colaboradores externos: hasta diez auditores autónomos que emitieron facturas por un total de 235.500 euros en apenas dos años. Uno de ellos, César Nieto, llegó a crear con González Amador sociedades en Florida y en el sector turístico español durante la investigación fiscal.
Ese esquema cambió en 2024, cuando el nombre de la empresa pasó a ocupar titulares tras la denuncia de la Fiscalía. Maxwell Cremona incorporó por primera vez trabajadores en plantilla: cinco empleados que supusieron un gasto de personal de más de 261.000 euros. El movimiento coincidió con la peor cifra de facturación en un lustro, lo que acentuó la paradoja de su situación financiera.
La contradicción se hizo aún más evidente con la decisión de repartir un dividendo de 1,225 millones de euros. Ese reparto se produjo en paralelo a una drástica caída del activo de la empresa, que pasó de 2,22 millones en 2023 a apenas 563.412 euros en 2024. La partida de clientes por ventas a corto plazo se redujo igualmente: de casi 2 millones a menos de 200.000 euros en apenas doce meses.
Ese dinero distribuido por González Amador supera ampliamente los 950.000 euros que una sociedad vinculada a uno de sus abogados, Javier Gómez Fidalgo, pagó por el ático de lujo en el que residen Ayuso y su pareja desde julio de 2023. A esa vivienda se suma otro piso en la planta inferior del mismo edificio, adquirido también por el empresario tras defraudar a Hacienda. González Amador ha sostenido que paga un alquiler de 5.000 euros mensuales por el ático superior.
Ayuso recalibra su discurso: de blindar a González Amador a marcar distancias
La situación de Maxwell Cremona se ha convertido en un quebradero de cabeza político para la presidenta madrileña. Aunque la causa afecta de manera directa a su pareja, las repercusiones alcanzan de lleno a su entorno político y a la propia imagen de Isabel Díaz Ayuso. Cada novedad en el sumario, cada dato económico que sale a la luz sobre el “pelotazo” de las mascarillas, el fraude fiscal o el reparto de dividendos, alimenta el desgaste en la figura de la presidenta, obligada a convivir con un caso que ella ha intentado desvincular de su gestión pero que le persigue en cada intervención pública.
El escándalo ha marcado un antes y un después en su estrategia de comunicación. En un primer momento, Ayuso optó por el silencio, evitando cualquier referencia a la investigación de Hacienda y limitándose a considerar el asunto como “un ataque personal” a través de su pareja. Posteriormente, cuando la Fiscalía dio el paso de presentar la denuncia, su discurso viró hacia la denuncia política, acusando a la izquierda y a algunos medios de comunicación de utilizar la vida privada como arma arrojadiza contra ella. Fue en esa etapa cuando su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, definió a González Amador como un “ejecutivo de empresa brillante”, en un intento de blindar su reputación profesional frente al descrédito mediático.
Con el avance de las investigaciones judiciales, la estrategia de Ayuso ha vuelto a cambiar. Ya no niega la existencia de procedimientos, pero insiste en que se trata de una “causa fabricada” que busca erosionar su liderazgo político. La presidenta intenta separar su figura de la de González Amador, presentando los hechos como responsabilidad exclusiva de su pareja y recordando que ella no tiene vínculo alguno con las empresas bajo sospecha. Aun así, la oposición en la Asamblea de Madrid y en el Congreso insiste en que se trata de un asunto que trasciende lo privado, al estar directamente relacionado con la gestión de contratos sanitarios en plena pandemia y con el grupo hospitalario que más peso tiene en la sanidad privada madrileña.
Fiscalía y Abogacía del Estado piden cárcel para González Amador
Desde el lado judicial, el caso contra Alberto González Amador se compone de dos vertientes penales que avanzan en paralelo. En la principal, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han solicitado una pena de tres años, nueve meses y un día de prisión por delitos contra la Hacienda Pública, complementados por acusaciones de falsedad documental. La petición incluye también una multa cercana a los 448 000 euros, cuantía equivalente a la deuda tributaria reclamada por 2020 y 2021, así como pérdida de beneficios fiscales y la inhabilitación para el sufragio pasivo.
La Abogacía del Estado detalla que los hechos se refieren a dos ejercicios fiscales con un fraude que, según sus cálculos, asciende a más de 350.000 euros mediante la utilización de facturas falsas de sociedades interpuestas, métodos deliberados para reducir artificiosamente la carga fiscal. La estrategia incluyó sociedades en paraísos fiscales y facturas por servicios inexistentes desde localizaciones como Costa de Marfil, México o Sevilla. Por su parte, la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid eleva la petición hasta los cinco años de cárcel, reforzando la presión judicial sobre el empresarioA esta causa se suma una segunda investigación por la compra en 2020 de Círculo de Belleza SL por medio millón de euros, operación que la Fiscalía considera un posible soborno al directivo de Quirón Prevención, principal cliente de Maxwell Cremona. La entonces jueza instructora, Inmaculada Iglesias, calificó la transacción de “ilógica” y ordenó a la UCO de la Guardia Civil profundizar en el caso antes de su jubilación, en unas diligencias que hoy siguen abiertas bajo la dirección del exdecano Antonio Viejo.
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