Este domingo se celebran las duodécimas elecciones de Extremadura desde la reinstauración de la democracia. Los primeros comicios autonómicos se celebraron en 1983 y desde entonces y durante cuatro décadas la comunidad se había acostumbrado al dominio del PSOE. Diez victorias de los socialistas, la mayoría con Juan Carlos Rodríguez Ibarra al frente, por tan solo una del Partido Popular en 2011, con José Antonio Monago. En las elecciones de 2023 también ganaron en votos los socialistas, esta vez con Guillermo Fernández Vara, pero el empate en escaños hizo que Vox tuviera la capacidad de desempate y María Guardiola formó el hasta ahora segundo gobierno popular en la región.
La campaña electoral de este 21D ha pivotado sobre pocas ideas, sin medidas concretas para Extremadura y con cierto eco en clave nacional: la imputación de Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, en la causa de David Sánchez, hermano del presidente; el optimismo de Vox, disparado en las encuestas y a las puertas de un nuevo reventón histórico en votos; el alarmismo de Guardiola al clamar por un supuesto pucherazo tras el robo de 124 votos en una oficina en Correos, despertando su lado más trumpista; el efecto dominó que Feijóo confía empezar en Extremadura, dado que ha orquestado un calendario de elecciones autonómicas que pretende que encadenen victorias y añadan más presión a Sánchez.
El CIS pronosticó una victoria holgada de Guardiola, que incluso sueña con alcanzar la mayoría absoluta, la primera que el PP lograría en Extremadura. Ningún sondeo predice otra cosa, mientras el PSOE se desplomaría a un nuevo suelo histórico. A estas elecciones están llamados a votar 890.985 ciudadanos, según la Junta de Extremadura. 551.372 en Badajoz, 339.613 en Cáceres y 30.610 en el extranjero. El dato es superior al de 2023 por 3.835 votantes. Estos electores tendrán que responder con sus votos a cinco preguntas claves este domingo:
¿Conseguirá María Guardiola la mayoría absoluta?
El adelanto electoral tenía como principal objetivo la mayoría absoluta de María Guardiola y el Partido Popular. Aunque tras los sondeos hasta Feijóo haya rebajado las expectativas, alcanzar los 33 escaños era el propósito del PP para desactivar a Vox y apuntarse un tanto frente al PSOE. Ninguna encuesta ha dado por segura una mayoría absoluta, ni siquiera las publicadas en la prensa afín al PP.
Esa inquietud puede haber sido el motivo para que los populares se hayan lanzado en las últimas horas a hablar de fraudes electorales, una estrategia propia de la extrema derecha. Obtener o no la mayoría absoluta puede ser el único elemento que defina si esta convocatoria ha sido un acierto o un error. Si los actuales 28 escaños de Guardiola no crecen sustancialmente, pero sí lo hace Vox, actualmente en cinco, el PP tendrá que evaluar si valió la pena esta apuesta. Si se llega hasta los 33, Guardiola habrá abrochado la gobernabilidad de Extremadura, acotado a Vox y hundido al PSOE.
¿Logrará salvar los muebles el PSOE?
Miguel Ángel Gallardo y el PSOE conforman la parte más sensible de estas elecciones. Actualmente, los socialistas ya están en mínimos históricos en Extremadura. Sus 28 escaños son el peor resultado de la historia y aun así fueron la formación más votada. Pero dos años y medio después, ninguna encuesta ha sido tan optimista como para apuntar un crecimiento. Ni siquiera mantener esos 28 diputados en la Asamblea. El CIS les coloca entre los 22 y los 19 escaños.
Unidas por Extremadura, pero también el PP, se quedarían con un porcentaje de sus votos. En el PP extremeño confían además en que parte del electorado socialista no vote, se quede en casa, y esa baja participación termine de auparles hasta la mayoría absoluta. Todo lo que sea bajar de 28 escaños será excavar hacia un nuevo suelo histórico del PSOE en Extremadura. Gallardo intenta ligar su futuro al de Guardiola y confía en un resultado del PP que no cumpla las expectativas. Si no hay mayoría absoluta popular, el candidato socialista hablará de fracaso de Guardiola y justificará sus esfuerzos en campaña. Otra cosa es que la militancia lo entienda.
¿Hasta dónde llegará el ascenso de Vox?
El examen de este domingo servirá para comprobar cuánto está creciendo Vox entre el electorado. Precisamente Extremadura podría ser una de las regiones donde menos competición tenga en el electorado de la derecha, puesto que Guardiola ha centrado el tiro en el votante socialista y de centroderecha. Solo ha sido al final cuando la candidata del PP se ha sumergido en una estrategia trumpista.
Los sondeos colocan a Vox entre los 7 y los 12 escaños. Si no hubiera mayoría absoluta, la extrema derecha, que en Extremadura lidera Óscar Fernández, tendría la llave de la gobernabilidad, como ya la tuvo en la anterior legislatura, pero ahora con más escaños. En los últimos tiempos, Vox ha demostrado que no tiene demasiado interés en acceder a los gobiernos autonómicos, estrategia que perjudicó al partido en los sondeos. Las decisiones en los territorios se toman desde Madrid y Óscar Fernández hará lo que diga Santiago Abascal.
¿Será Unidas por Extremadura una fórmula de éxito?
La coalición extremeña, liderada por Irene de Miguel, ha conseguido una implantación territorial ajena a disputas y fracturas públicas. La formación transmite una imagen genuina de partido regional y eso ayuda a su credibilidad. No es una formación que haya formado coalición para las elecciones, es una combinación de fuerzas mantenida en el tiempo y eso ha dado buenos resultados, aunque tampoco han logrado romper el techo de cristal de la izquierda alternativa en la región, que está en seis escaños, obtenidos una vez por Podemos y otra por Izquierda Unida.
¿Cómo afectará a la participación unas elecciones solo autonómicas?
Por primera vez en la historia de Extremadura, las elecciones autonómicas serán en una fecha diferente a las municipales. Con el adelanto electoral, María Guardiola descompasa así el calendario en una jugada que puede favorecerle porque deja todo el peso del PSOE en su candidato. Los centenares de municipios donde gobiernan los socialistas (211) no han hecho campaña especialmente a favor de la marca y Gallardo se ha visto forzado a asumir todo el protagonismo.
En esta ocasión, las siglas del PSOE no harán efecto un arrastre gracias a sus alcaldes, algo que puede favorecer a María Guardiola. La fecha elegida, en los prolegómenos de las Navidades, también deja en interrogante el nivel de participación, que en los años anteriores ya marcó índices bajos.
Con el 69,26% y 70,35%, los de 2019 y 2023 son, respectivamente, los peores datos de participación de la historia electoral de Extremadura.
Media docena de reyes delincuentes inviolables
Un letrado del Congreso de los Diputados, en una conversación con un redactor de Público hará poco menos de un año, dijo que “cuando se diseñó la Constitución, jamás se hizo pensando en un rey delincuente”. El comentario intentaba justificar así que en una Constitución de finales del siglo XX se hubiera incluido la inviolabilidad del rey, lo que a su vez ha impedido que el defraudador Juan Carlos haya podido ser objeto de una investigación parlamentaria porque dos partidos políticos, uno de ellos solo republicano de boquilla, han preferido proteger a un delincuente que defender los intereses de los españoles frente al delincuente en cuestión.
El letrado, no lo dudo, será un cerebrito en Derecho, pero tiene ganado un cero patatero en Historia Contemporánea de España. Teniendo en cuenta que de los seis borbones que han reinado desde que se inauguró en 1812 la historia constitucional de España los seis han delinquido, está claro que tenemos todas las papeletas para que cualquier borbón que instalemos en la Jefatura del Estado salga con las mismas hechuras. Lo extraordinario sería lo contrario. Todos y todas (Fernando, María Cristina, Isabel, los dos Alfonsos y Juan Carlos) han quebrantado leyes y constituciones al amparo de su inviolabilidad. Los que no han sido golpistas y perjuros han sido comisionistas y evasores, y cuatro de ellos, dicho sin ambages, ladrones. Y todos adúlteros… aunque esto incumba más a la endémica impudicia de los borbones que al Código Penal.
Entre los seis borbones delincuentes referidos está claro que no me he atrevido a incluir al séptimo por razones obvias. Aunque se coman la indignación y se cuiden mucho de decir ni mu, porque ya saben ellos que no está el horno para bollos, el artículo 491 del Código Penal sigue ahí. El actual jefe del Estado tendría mucho de lo que avergonzarse si no fuera inmune a la vergüenza, y aunque aún no existan pruebas de sus delitos, sí hay evidencias de complicidad. Qué menos. Es su padre. Cómplices de Juan Carlos han sido todos sus hijos, Sofía, la nuera, yernos, ascendentes y descendientes que conocían sus delitos y se beneficiaban de ellos. Protegían al adúltero, al evasor, al comisionista… porque así defendían su estatus, sus ingresos y sus privilegios.
Y tras Juan Carlos, la historia se repite. Felipe, la ciudadana Letizia, las privilegiadas hijas y todos los ascendentes y descendientes del señor majestad siguen a salvo de todo, mientras que los demás estamos expuestos a cualquier denuncia de cualquiera de esos… ¿parásitos? ¿Parásitos es injuria? ¿Es calumnia? El diccionario de la RAE dice que es un adjetivo que define a la persona que vive a costa ajena, y cuyos sinónimos son “aprovechado, abusón, vividor, chupón, gorrón, sablista”. Yo creo que no hay duda alguna de que el rey y la familia medio real viven a costa ajena con carácter perenne, y que incluso la antes asalariada ciudadana ni siquiera se molestó en pedir una excedencia laboral (deduzco sin pruebas) porque ya sabía que se subía al carro monárquico para los restos.
Dicen que no hay cuórum en el cuerpo de letrados del Congreso sobre si se puede o no investigar a Juan Carlos. Lo que sí hay en el cuadro de letrados es mucho cortesano decimonónico sin perendengues para ponerse del lado de la ciudadanía estafada en vez de en el lado del estafador.
Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla
Quince o dieciséis veces han estado de acuerdo el PP y el PSOE en vetar la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre las irregularidades cometidas por Juan Carlos de Borbón. Incomprensible que un partido que se dice progresista votara proteger al que había robado a la nación, evitando que las víctimas del robo conozcamos cómo nos había robado. Gracias al voto socialista, cualquier día de estos Juan Carlos saludará a las cámaras chupando una pata de centolla.
Y allá va el dato para el cuerpo de letrados de la Cámara: el 1 de diciembre de 1854 el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad abrir una comisión de investigación parlamentaria sobre las cuatro principales irregularidades cometidas por María Cristina de Borbón. Parece que el cuerpo de letrados a mediados del XIX, aun conociendo la misma situación de inviolabilidad de la regente, tenía más conciencia ciudadana que los actuales.
Por qué, ante las mismas circunstancias, lo que fue posible hace casi 200 años no ha sido posible ahora. Porque los políticos del PP y el PSOE han optado por proteger al delincuente para protegerse a sí mismos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, otra emboscada de la más pura derecha, casi nos llamó idiotas a los españoles cuando quiso explicarnos que no procedía investigar a Juan Carlos porque eso sería como cuestionar las instituciones. La señora Robles considera, pues, que en una democracia no se pueden cuestionar las instituciones, aunque esas instituciones son sospechosas de ser corruptas. Ole tú, Marga… Pues anda que tenemos un bonito Poder Judicial… por no hablar del propio Ministerio de Robles, que incumple deliberadamente la Ley de Memoria Democrática del gobierno al que pertenece. Mejor proteger la memoria de un golpista que la de sus víctimas.
Con María Cristina de Borbón estaba vigente la Constitución promulgada en junio de 1845. En su Título VI, artículo 42, se dice que “La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Son responsables sus ministros”. En todas las constituciones desde 1812 hasta la de 1876 se protege al rey y se responsabiliza a los ministros. En la de 1978 mantuvieron lo de la inviolabilidad, pero quitaron la frasecita de la responsabilidad ministerial. Así ya salen todos indemnes.
La comisión parlamentaria para investigar a María Cristina se centró solo en cuatro puntos, porque si no, tal y como se destacó entonces, la relación de irregularidades era tal que provocaría que la comisión se eternizara. Esos cuatro puntos eran, uno, el tráfico de influencias en construcción y gestión de recursos. Dos, la crisis provocada por las irregularidades de su segundo matrimonio que impedía el ejercicio de su regencia. Tres, la gestión de la herencia de su marido el mastuerzo Fernando VII (que aquí robó lo más grande), y cuatro, y esto lo recojo textualmente, “la comisión considera que la parte más repugnante es la participación e intervención en distintas empresas económicas”.
Existe una notable diferencia entre María Cristina de Borbón y su tatatataranieto Juan Carlos. Este huyó como un conejo, pero regresa cuando le da la gana a pitorrearse de nosotros. María Cristina había sido expulsada y le fue expresamente prohibido volver a pisar España
Alguien se estará preguntando dónde estaba María Cristina de Borbón mientras la comisión parlamentaria investigaba sus delitos. Qué pregunta… pues dónde iba a estar, viviendo en el extranjero de lo robado en España. María Cristina, su segundo esposo, Fernando Muñoz, y sus siete churumbeles estaban empadronados en París, a veces en su precioso palacete de la Rue Courcelles, a ratos en el palacio de la Malmaison, que había pertenecido a Josefina, la esposa de Napoleón.
Pero existe una notable diferencia entre María Cristina de Borbón y su tatatataranieto Juan Carlos. El padre de Felipe huyó como un conejo, pero regresa cuando le da la gana a pitorrearse de nosotros porque no fue expatriado oficialmente. María Cristina había sido expulsada, desterrada, puesta en la frontera, y le fue expresamente prohibido volver a pisar España; prohibición que quedó en agua de borrajas en cuanto la también delincuente Isabel II autorizó el regreso.
Pese a la vigencia de la inviolabilidad de la reina, y en contra de lo que pudiera parecer, la comisión abierta en 1854 tuvo consecuencias. Según el profesor Miguel Ángel López-Morell, de la Universidad de Murcia, sirvió para solucionar asuntos pendientes, al conseguir que finalmente se materializara el dictamen de una comisión de investigación abierta contra María Cristina en 1840 (¡¿otra?! Sí, otra. María Cristina estuvo sometida a dos comisiones de investigación) y que obligó por fin a la reina madre a devolver 46 millones de reales y el palacio de Vista Alegre, valorado en 11,5 millones más, sisado todo ello de la herencia de su primer marido, Fernando VII. Tampoco crean que esta es una buena noticia, los 46 millones y el palacio fueron a manos de Isabel II y su hermana Luisa Fernanda.
En 1854 la comisión abierta no tuvo más consecuencias para la delincuente que las citadas, y tampoco las tendría ahora para Juan Carlos, pero al menos la de entonces sirvió para el debate político y sirve hoy para recordarles a los señores letrados que sí se puede, que querer es poder, que meter la mierda debajo de la alfombra del Congreso no nos ha gustado, y que no nos gustan que nos traten como a tontos niños chicos.
El caso de María Cristina de Borbón es tan calcado al de Isabel II, al de Alfonso XIII y al de Juan Carlos I que desespera comprobar la indefensión ciudadana propiciada por la deliberada desidia política.
Entre otras circunstancias que ahora no vendrían al caso, fueron los abusos de la Corona y las camarillas de ambas borbonas (reinaba Isabel II y negociaba a su amparo su madre), en connivencia con un gobierno conservador e insoportablemente corrupto, los que propiciaron la revolución de 1854. Los ciudadanos incendiaron la residencia de la reina madre, el Palacio de Las Rejas, un antro de corrupción a la vista de todos donde las comisiones y los chanchullos financieros estaban a la orden del día. Por algo los madrileños bautizaron la mansión como La Bolsa. El incendio del Palacio de las Rejas lo definió Benito Pérez Galdós como “la justicia misma en todo su esplendor”. Qué arte…
María Cristina, su marido y los siete hijos se refugiaron en el palacio real, fuertemente custodiado para frenar a la chusma, bajo la protección de Isabel II, que intentó negociar con Francia la salida honrosa de su madre, su padrastro y sus hermanos plebeyos. Pero el recién estrenado presidente del Gobierno, Baldomero Espartero, había prometido que la reina madre “no saldría ni de día ni de noche ni furtivamente”. Tenía que hacer frente a sus innumerables delitos por mucha inviolabilidad que le asegurara la Constitución. Lo que la Carta Magna no impedía era acusarla formalmente de haber quebrantado las leyes; otra cosa es que no se le pudiera condenar por ello. Pero oírlos, los iba a oír.
Espartero, sin embargo, se arrugó: “Con el objeto de evitar las complicaciones que podían sobrevenir si por más tiempo permanecía en el país la Reina madre Doña María Cristina de Borbón, el Ministerio presidido por el ilustre Duque de la Victoria [Espartero] obró con previsión y acierto extrañando del Reino a dicha señora, y reteniendo en depósito sus bienes hasta que las Cortes resuelvan lo más conveniente”. Este fue el pretexto que dio el Gobierno a las Cortes meses después, en febrero de 1855, cuando se le pidieron cuentas por haber expulsado a la reina madre sin que hiciera frente en España a sus responsabilidades.
María Cristina fue puesta en la frontera con Portugal ante la indignación ciudadana al ver por segunda vez cómo la reina era expulsada del país sin que sus actos tuvieran consecuencias. Se anuló la pensión (Felipe se creyó un valiente por haber hecho lo mismo con su padre), se le confiscaron los bienes (Felipe no tuvo lo que hay que tener para hacer lo mismo) y la enviaron a hacer gárgaras con órdenes de no regresar (también aquí Felipe, junto con el Gobierno español, demostraron una cobardía supina). Y tan despegado de la realidad como lo está Juan Carlos lo estaba su abuelita María Cristina, que se manifestó conforme con abandonar el país, pero recibiendo honores en su despedida. Por supuesto, la mandaron a freír espárragos.
Los bienes confiscados, evidentemente, se refieren a los que había en España, porque las propiedades que tenía en el extranjero las continuó disfrutando, y parte de la ingente fortuna que amasó y había evadido del país la había repartido entre los hijos: un millón de francos para cada uno.
Un Borbón entiende como pocos caudales lo que a un plebeyo le daría para vivir dos vidas… o tres
Bien es cierto que, a decir de los estudiosos, a partir de 1854 María Cristina y su tropa entraron en una decadencia económica a raíz de varios negocios fallidos y por culpa de su irrefrenable despilfarro, siempre teniendo en cuenta que un Borbón entiende como pocos caudales lo que a un plebeyo le daría para vivir dos vidas… o tres. López-Morell tiene publicado que, de los 196 millones de reales que la pareja llegó a amasar, al final de la vida de la manirrota María Cristina solo quedaban 39. Una birria para un Borbón. Para un ciudadano sería el cuponazo.
Y para no correr el riesgo de que quede en el tintero: pasado un tiempo los bienes le fueron restituidos, la pensión restaurada y tuvo autorización para regresar a España con su nutrida familia cuando le saliera de su peineta morena. Por eso hubo que expulsarla una tercera vez del país, en 1868. Esta vez salió en el mismo pack que su hija Isabel II.
Podríamos preguntarnos si pudo tener algo que ver a la hora de abrir una investigación a Cristina de Borbón que fuera reina y no rey. Pues según algunos investigadores que han estudiado el juicio político a Cristina de Borbón desde la perspectiva de género, sí. Por citar a uno de ellos, según Oriol Luján, de la Autónoma de Barcelona, “la corrupción consumada por una mujer era descrita como un acto deshonroso e indecoroso que quebrantaba el ideal de mujer respetable, mientras la denuncia de la corrupción cometida por parte de varones se percibía como una actuación que lesionaba la caballerosidad”. Lo mismo tiene razón, pero, sea como fuere y por lo que fuere, la comisión de investigación parlamentaria se abrió por acuerdo unánime.
Las conclusiones se presentaron en 1856, confirmando el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y la corrupción administrativa por lo que afectaba a sus actividades privadas, aunque la comisión reconoció la imposibilidad de acceder a todos los negocios de los que sacó tajada. Y se confirmó igualmente el robo de las joyas patrimonio del Estado (la muy cuca intentó en un principio culpar a José I Bonaparte de la desaparición de muchas alhajas), la destrucción de documentos claves que la incriminaban y la manipulación de otros para incrementar la herencia de ella y de las dos hijas en común con el mastuerzo Fernando VII.
También la comisión consideró manifiestamente probada la ilegalidad del matrimonio morganático con su guardaespaldas Fernando Muñoz en 1833, que la hubiera obligado a renunciar a la regencia, a toda prerrogativa política y a todo ingreso relativo a su cargo.
Cómo es posible que un gobierno que hoy se dice progresista haya hurtado a la ciudadanía el derecho a escuchar en el Congreso que el jefe del Estado ha sido un embustero, un evasor, un defraudador, un despilfarrador, un comisionista y un manipulador
Entre tanto delito probado por la comisión se confirmó otro absolutamente extravagante que ahora lleva a sonreírse y decir… ¿en serio?… pero entonces tuvo mucho más calado de lo que podemos imaginar: el intento de María Cristina y Fernando Muñoz de colocar al mayor de sus hijos como rey de Ecuador utilizando recursos de España y tropas del Ejército para tomar el poder por la fuerza. ¿¡En serio!? En serio.
Aquella comisión de investigación parlamentaria promovida por un gobierno progresista, y siempre teniendo en cuenta que el progresismo de entonces era conservador, consideró necesario poner sobre la mesa, en el Congreso, a la vista de los diputados, todas las irregularidades y delitos en los que había incurrido María Cristina de Borbón. Cómo es posible que un gobierno que hoy se dice progresista haya tenido un comportamiento tan pusilánime y haya hurtado a la ciudadanía el derecho a escuchar, en ese mismo Congreso, que el jefe del Estado ha sido un embustero, un evasor, un defraudador, un despilfarrador, un comisionista y un manipulador. Y ese era Juan Carlos, nada más y nada menos que el padre del siguiente jefe del Estado.
No pudieron sorprenderse hace siglo y medio de que Isabel II estuviera cortada por el mismo patrón que su madre. Tampoco habrá sorpresas con Juan Carlos y Felipe. Doscientos años de experiencia nos avalan.
María Guardiola, una candidata ausente en campaña para no despertar al votante socialista
El logo del PP apenas se vislumbra en la imagen de campaña electoral que María Guardiola ha utilizado en sus carteles. Las siglas, reducidas al mínimo y colocadas sobre el hombro izquierdo de la presidenta y candidata del PP, intentan pasar desapercibidas. Guardiola ha optado por una campaña sin alaridos, sin titulares y sin compañía. Solo se ha dejado ver junto a Alberto Núñez Feijóo en dos ocasiones y el resto de viajes que el presidente del PP ha realizado a Extremadura ha sido recibido por el secretario general de la formación, Abel Bautista. Los encuentros entre Guardiola y Feijóo se han reducido al máximo, como también se han minimizado las intervenciones públicas de la presidenta durante la campaña electoral.
Mientras los candidatos de PSOE y Vox han apostado por un fuerte presencialismo, la presidenta y aspirante del Partido Popular ha afrontado la campaña desde otro punto de vista. En las últimas dos semanas ha participado tan solo en cinco actos, siendo el acto de cierre de campaña en Badajoz su sexta y última intervención antes de la jornada de reflexión y noche electoral. Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE, ha habido jornadas en las que ha hecho siete apariciones públicas. Guardiola, durante estos últimos martes y miércoles previos al domingo electoral, ni siquiera ha tenido agenda pública. Tampoco acudirá al debate electoral organizado en RTVE.
«Es una campaña que abandona los mitines, donde van los convencidos», explica Abel Bautista, secretario general del PP en Extremadura. La mano derecha de Guardiola rehúye considerar que la presidenta haya desaparecido del foco, solo lo ha movido a otro lugar, a «una campaña de cercanía» y de visitas a particulares que hayan pedido conocerla. Mientras los líderes territoriales sí han usado estrategias más polarizadoras, como sembrar sospechas sobre el funcionamiento del voto por correo, Guardiola se ha mantenido al margen.
Una menor presencia y la falta de tensión rebaja la polarización de los adversarios. Mientras el PSOE lucha por movilizar votantes y no caer a un mínimo histórico en la región, Guardiola no ha entrado a una batalla diaria que pueda reavivar a los socialistas. Fuentes del PP extremeño creen que el éxito de la campaña puede ser la desafección del votante socialista, pero no porque haya un trasvase de votos, sino porque se quede en casa debido a la imputación del candidato en la trama de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. De ahí que Guardiola haya llevado a cabo una campaña de baja intensidad. Igualmente, a menos intervenciones, menos margen de error y menos veces se ha preguntado a la candidata por sus planes de pactos una vez pasen las elecciones. No hay mayoría absoluta a la vista, el propio Feijóo la considera difícil, y el futuro del PP quedaría de nuevo en manos de Vox. Ese gobierno en minoría fue la excusa para adelantar elecciones, y de no resolverse la problemática, Guardiola podría quedar marcada. La presidenta de Extremadura se ha negado a responder durante la campaña si pactará con Vox, aunque en una entrevista en La Razón ha asegurado que no pondrá cordón sanitario «a nadie» a la hora de negociar pactos.
Sus escasos actos con Feijóo se justifican desde Génova, al considerar más oportuno que los líderes de mayor impacto se repartan los actos para dar más juego. En el PP nacional argumentan que es mejor eso a reunir sus caras más mediáticas en un mismo evento, aunque la diferencia con Vox es llamativa. Santiago Abascal ha optado por todo lo contrario y ser la principal atracción de los actos de Vox en los diferentes eventos que ha organizado en los grandes municipios de la comunidad.
Vox apoyó campañas de Revuelta pidiendo donativos para las víctimas de la DANA y de los incendios
La tormenta entre Vox y la organización Revuelta no consigue borrar un pasado reciente en el que ambas organizaciones tuvieron vínculos estrechos. Donde hoy sólo existen sospechas e intercambios de acusaciones, ayer hubo aplausos, campañas de apoyo y hasta invitaciones para acudir a las instituciones.
Pese a no existir ningún nexo orgánico entre Revuelta y Vox, lo cierto es que el grupo juvenil y el partido de extrema derecha han mantenido contactos hasta, al menos, septiembre pasado.
En medio de acusaciones sobre posibles desvíos del dinero recogido para las víctimas de la DANA en València, la dirección de Vox busca borrar cualquier conexión con Revuelta. La línea marcada desde la dirección del partido es clara: no tienen ni han tenido nada que ver con ellos.
Sin embargo, existen distintas pruebas que certifican los vínculos entre el partido que lidera Santiago Abascal y la organización que nació durante las protestas contra el PSOE en noviembre de 2023 y que en las últimas semanas ha difundido mensajes supremacistas blancos.
Público ha recogido una serie de evidencias sobre los vínculos entre ambas organizaciones desde finales de octubre de 2024, a partir de la campaña abierta por Revuelta en apoyo a las víctimas de la DANA, una iniciativa que ha sido denunciada ante la Fiscalía por dos exmiembros de Revuelta debido a un posible desvío de fondos.
«En colaboración con Revuelta»
«Ayer mismo nos pusimos en marcha para intentar, a través de nuestras estructuras organizativas, y también del sindicato Solidaridad y por supuesto de Revuelta, que están haciendo ya acopio de todo el material y ayudas de primera necesidad para hacérselos llegar lo antes posible”, afirmó el 31 de octubre en Letur (Albacete) el presidente de Vox Castilla La Mancha, David Moreno.
Ese mismo día, la portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, difundió una convocatoria de recogida de donaciones para los afectados por la DANA que se realizaría en Fuenlabrada y que, según indicó la ultraderechista, se llevaría a cabo «en colaboración con Revuelta».
Pocos días, después, el 4 de noviembre de 2024, Pérez Moñino puso en valor la
«labor de los jóvenes de Revuelta y de los miles de madrileños que desde
Arganda del Rey han enviado más de mil toneladas de material y apoyo
humanitario a las víctimas de la gota fría».
«Los chavales de Revuelta»
Los halagos hacia Revuelta continuaron. El 9 de noviembre de 2024, el ahora
candidato de Vox en Extremadura, Oscar Fernández, publica un artículo en El
Periódico de Extremadura bajo el título «Solo el pueblo salva al pueblo» en el
que destaca el trabajo de «los chavales de Revuelta» en la DANA.
Buxadé los invitó a un campus
El 10 de noviembre de 2024, el eurodiputado Jorge Buxadé difundió un video en el que invitó a los militantes de Revuelta a un campus para jóvenes organizado por Vox. «Vosotros los jóvenes de España, a través de Revuelta,
de Solidaridad y de tantas otras asociaciones y organizaciones habéis
demostrado el compromiso con la nación, compromiso y trabajo, llevando
material, ayuda y esperanza al pueblo de Valencia», afirmó. «Por eso el 22, 23 y 24 de
noviembre os convoco al primer campus de jóvenes patriotas«, agregó entonces Buxadé.
Comparecencia frustrada
El 14
de noviembre de 2024 Pérez
Moñino solicitó la comparecencia de la portavoz de Revuelta, Elsa Almeda Mateo,
ante la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid, al objeto de «informar sobre el trabajo
desempeñado tras la catástrofe de Valencia por los jóvenes madrileños«. El
grupo parlamentario del PP en la Comunidad de Madrid bloqueó esta comparecencia
y Moñino lo recurrió sin éxito.
Vox señaló entonces en redes sociales que «Revuelta es la asociación juvenil patriota que ha organizado la mayor recogida de material y envío de ayuda a los damnificados valencianos».
Donativos desde Ceuta
El 2 de diciembre de 2024, Vox abrió una campaña de recogida de donativos en Ceuta que se destinarían a Cáritas
Castrense y Revuelta. «Ponemos en marcha, un año más, nuestra campaña
navideña de recogida de juguetes. Este año colaboramos con Cáritas Castrense.
También con la asociación Revuelta, para la que recogemos donativos con los que
harán llegar a niños de Valencia la ilusión de la Navidad en forma de regalo», indicó el partido de ultraderecha.
La campaña navideña se coordinó desde la Oficina del Grupo Parlamentario en el Ayuntamiento de Ceuta y en la sede del partido en esa ciudad, situada en el número 90 de la calle Real.
En otro mensaje publicado el 17 de diciembre de 2024, el partido anunció que colocaría una mesa informativa en la que se recogerían «juguetes y donaciones para Revuelta».
Llanos Massó con los ultras
Los contactos entre Vox y Revuelta continuaron a lo largo de 2025. El pasado 14 de junio, la presidenta de las Cortes
Valencianas, Llanos Massó, acudió junto a otros miembros de Vox a un
encuentro de «asociaciones juveniles patriotas» en la que estuvieron presentes
miembros de Revuelta y de otros grupos ultraderechistas como Reconquista o
Alternativa Estudiantil. En esa reunión también estuvo el diputado de Vox en
Catalunya Alberto Tarradas.
Reunión en la sede de Almería
El 2 de julio de 2025, Vox abrió su sede de Almería a Pablo González Gasca, líder de Revuelta, quien mantuvo allí un encuentro en el que participó también la diputada Rocío de Meer. La reunión fue anunciada por la delegación provincial del partido en su canal oficial en Telegram.
Tras celebrarse el encentro, Vox Almería publicó una reseña en su cuenta de Facebook en la que mostraba su adhesión a Revuelta.
La reunión entre dirigentes de Vox y Revuelta también fue reflejada por la formación de extrema derecha en su boletín oficial correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2025.
«Nuestros jóvenes se unen a Revuelta para seguir luchando por el futuro de la provincia de Almería. Saben que somos su esperanza y cada día son más los que confían en las políticas de Vox ¡Somos la alternativa patriótica!», señaló en esa publicación.
Donativos para Revuelta
El 21 de agosto de 2025, la cuenta oficial de Vox en el distrito centro de Madrid publicó un mensaje en el que pedía donativos para Revuelta. «La unión nos hace mas fuerte, Revuelta lo ha vuelto a hacer, no existen vacaciones, cuando el pueblo necesita ayuda, no se pregunta, se actúa», indicaba el partido ultra en alusión a los incendios registrados en esas fechas en España.
Vox ofreció entonces a sus seguidores un número de cuenta bancario e indicó que los donativos debían hacerse a nombre de ASOMA, la asociación pantalla utilizada por Revuelta para recaudar dinero. En la denuncia presentada a finales de noviembre ante la Fiscalía, los ex dirigentes de la cúpula de Revuelta acusaron a esa asociación de falta de transparencia.
«Conviértete en miembro»
El 20 de agosto pasado, la agrupación de Vox en Sant Adrià
de Besòs (Barcelona) –donde cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento– publicó un mensaje en Facebook en el que animaba a sus
seguidores a afiliarse a Revuelta.
«Conviértete en miembro para tener acceso ilimitado y apoyar a las voces que quieres escuchar más», afirmaba el mensaje. El enlace disponible junto al texto llevaba directamente a la web de Revuelta, en concreto a la sección donde están disponibles los formularios para hacer aportaciones económicas.
Según ha verificado Público, los responsables del partido
ultra en esa ciudad barcelonesa han mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a
las acciones y campañas de Revuelta.
«Juventud patriota y sacrificada»
El 16 de septiembre de 2025, el portavoz de Vox en la
Diputación de València, Sergio Pastor, recibió a Raúl Ramos, un joven que “estuvo
muchos días como voluntario en las naves de ayuda humanitaria en Silla,
luchando por hacer llegar la ayuda a todas las familias que lo necesitaban y
peleando contra el cansancio y las adversidades que se presentaban en momentos
tan difíciles y de solidaridad”.
“Raúl además de ser responsable de prensa y comunicación
de Vox en Ponferrada, ha sido quien ha coordinado gran parte de las actuaciones
contra los incendios declarados en agosto en El Bierzo, de la mano de Revuelta
y los voluntarios que acudieron de toda España para ayudar a todas las familias
que veían sus vidas truncadas por el fuego”, afirmó el partido en una publicación
en Facebook.
«Esta es la juventud patriota y sacrificada que necesita España y que indudablemente, surge sin miedo alguno ante la llamada de socorro del pueblo español», subrayó.
El 28 de agosto, Raúl Ramos había sido entrevistado
por el medio de ultraderecha EDATV, donde destacó «el gran trabajo» de Revuelta
en el caso de los incendios en el Bierzo. «Mientras el Gobierno mira a otro
lado, los jóvenes patriotas de Revuelta luchan contra el fuego en El Bierzo.
Con mochilas de agua y cortafuegos, voluntarios como Raúl Ramos defienden la
tierra», señaló entonces EDATV en un mensaje publicado en Instagram.
Del ‘caso Nevenka’ a Javier Izquierdo: dos décadas de una cultura política machista tolerante con el acoso en Castilla y León
El caso Nevenka contra Ismael Álvarez, cuya primera condena por acoso sexual a un político tuvo lugar en el 2002, puso en jaque al PP. Desde el entonces presidente Aznar, a su esposa Botella, hasta Álvarez Cascos y los populares del territorio de Castilla y León en pleno -incluido el actual presidente Mañueco– cerraron filas con el alcalde de Ponferrada.
Ni la condena judicial, ni la mediática, consiguieron que esto pasara factura política alguna al PP y ni siquiera al propio condenado, que volvió a presentarse con una agrupación vecinal en Ponferrada, donde llegó a conseguir una representación suficiente de concejales para pactar con el PSOE y darle el gobierno a los socialistas. Todo ello bajo el amparo del entonces secretario general de los socialistas en Castilla y León y hoy ministro, Óscar López.
A quien sí pasó factura su alianza con el acosador de Nevenka fue al propio López, incluso después de pedir perdón con lágrimas en los ojos por ese pacto de la vergüenza. El hoy ministro y secretario general del PSOE en Madrid consiguió como candidato a presidente de Castilla y León el peor resultado de la historia del PSOE en esta comunidad. Y es que, como en casos más recientes de la política española, las peores actitudes políticas del PP acaban solo pasando factura a los socialistas.
Pero veintidós años después de aquella condena, donde parte de la ciudadanía de Ponferrada sigue tratando como un héroe a Álvarez -de hecho no cabía un alfiler en la presentación de su libro sobre su versión del caso Nevenka en 2023, mientras se rociaba ese mismo año con ácido la placa de homenaje a la víctima- el bipartidismo mantiene en la comunidad actitudes machistas y de abuso con las feministas y las propias compañeras de partido.
El último escándalo ha estado protagonizado esta misma semana por el ya exsenador socialista Javier Izquierdo, acusado de acoso sexual por compañeras de partido en la comunidad. Un nuevo episodio de abusos sexuales que ha removido los cimientos de Ferraz.
Feminismo de alto riesgo
Una de las referencias feministas en la región, la secretaria de Igualdad de CCOO y portavoz de la Coordinadora de Mujeres, Yolanda Martín, confirma a Público «que en Castilla y León es de alto riesgo ser feminista». Lo achaca, entre otras cosas, «a los cuarenta años del PP en gobiernos casposos, donde se ha normalizado la falta de respeto al feminismo«. En este sentido, y ante las últimas denuncias contra líderes socialistas, deja claro que «las mujeres del PSOE han sido más valientes. Las del PP están escondidas y no se atreven a hablar».
«Las mujeres del PP están escondidas y no se atreven a hablar»
La sindicalista recuerda que «pocas cosas nos pasan si tenemos en cuenta que este año el Gobierno de Mañueco recortó conceptos de acoso y explotación sexual en la ley de violencia de género pactada con el diálogo social». Una norma, explica, que ni siquiera se aprobará en esta legislatura.
Las socialistas que más se están movilizando en este territorio por apoyar a las víctimas reconocen que «nos acusan de revanchismo porque no estábamos en el foco actual de Ferraz». Las feministas defienden un nuevo MeToo «y que salgan a la luz todos los casos, también los del PP «.
Alicia Palomo, procuradora del PSOE por Segovia y feminista reconocida en la comunidad, se muestra ante Público «indignada por el caso de Izquierdo y el resto de casos de acoso sexual» y la poca contundencia que ha tenido su partido en estos temas. «A la vista está que no se han hecho las cosas bien», afirma, y pide a Ferraz «la mayor de las firmezas en este tipo de asuntos deplorables». Reconoce que nunca pensó que estos casos pudieran darse en su partido.
Víctimas
Una de las víctimas del PP que nunca acudió a los tribunales es Rosa Valdeón, exvicepresidenta de la Junta de Castilla y León y quien hubiera sido la sustituta natural del presidente Herrera si el hoy senador Martínez-Maillo y Mañueco no hubieran puesto todo su empeño en impedirlo.
Un control de alcoholemia, tras un accidente leve de tráfico, y cuyo parte llegó antes a la prensa que a ella misma, acabó con su carrera política y dejó vía libre a Mañueco. Durante años, fue humillada en público, incluso con obras de teatro organizadas por Maíllo en Zamora, donde presidía la Diputación. La protagonista era una actriz con sobrepeso, moño y abanico, caracterizada como caricatura para ridiculizar a Valdeón. Estas representaciones recibían carcajadas y ovaciones de los presentes, ante la sonrisa del presidente de la institución provincial.
Curiosamente, meses después y ya de presidente, Mañueco fichó a un exconcejal de Salamanca obligado a dimitir tras triplicar la tasa de alcoholemia permitida, durante un control realizado tras un accidente leve de tráfico.
Jamás hubo una indicación o crítica privada o pública del PP de Castilla y León por estos atentados a la dignidad de Rosa Valdeón. Hoy, ya recuperada tras años de angustia y recomposición personal e incorporada a su plaza de inspectora médica, la exvicepresidenta de la comunidad afirma a Público que «no olvidemos el silencio cómplice. Con Maíllo viví escarnios públicos, que todo el mundo vio, pero siempre estaba sola».
Dos décadas de abusos machistas
Y entre Nevenka y las víctimas de Izquierdo, hay más de dos décadas de usos y abusos machistas en un territorio donde estas prácticas pasan desapercibidas cuando alcanzan al PP, ante una prensa territorial que sigue al dictado los intereses de los populares -ahora de Mañueco- porque mantiene cabeceras con cifras millonarias a través de la publicidad institucional.
Cierta sonoridad fuera de Castilla y León tuvieron los comentarios machistas del que fuera alcalde de Valladolid por el PP, Javier León de la Riva en 2014. En una entrevista en Onda Cero Valladolid, sobre una investigación por una violación en la capital vallisoletana dijo aquello de: “Yo no voy a justificar una actuación contra una mujer ni contra un hombre en ningún caso, pero hay veces que a las seis de la mañana un mujer sola tiene que cuidar un poco por donde va”.
Este mismo alcalde del PP fue quien dijo sobre la entonces ministra Leire Pajín: «Cuando veo la cara y los morritos de Pajín pienso lo mismo». Hoy el Ayuntamiento de Valladolid le va a dedicar una plaza.
Entre los casos sonados del PSOE en Castilla y León está el del procurador socialista Ángel Hernández por violencia machista, que fue condenado a un año y nueve meses de cárcel. Dimitió de todos sus cargos y el partido cerró la crisis.
Por su parte, Juan Luis Cepa, procurador y portavoz de Agricultura y Ganadería en el PSOE, también renunció este año 2025 tras un presunto delito de abuso sexual a un menor, ocurrido en los vestuarios de la piscina de Ciudad Rodrigo
Povisa, el otro modelo de negocio de Ribera Salud para lucrarse con la sanidad pública en Galicia
Ribera
Salud, la multinacional que gestiona el hospital de Torrejón
(Madrid) y cuyo CEO, Pablo Gallart, ha instado a sus directivos a
priorizar los tratamientos que dejan más beneficios a la empresa y a
aumentar las listas de espera, no tiene como único modelo de negocio
la administración privada de centros de titularidad pública.
También se lucra del presupuesto sanitario de todos a través de sus
propios hospitales, mediante acuerdos que contemplan diversas
fórmulas de remuneración.
El
mayor de esos centros, la clínica Povisa de Vigo (Pontevedra), con
alrededor de 500 camas y cerca de 1.500 trabajadores –más de 300
médicos y alrederor de 800 enfermeros y auxiliares–, lleva años
dando servicio a centenerares de miles de personas adscritas al
Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Xunta de Galicia. El último
convenio de Ribera con el Sergas entró en vigor el pasado abril,
durará dos años y permitirá a la empresa facturar 195 millones de
euros en ese período, prorrogable otros tres años.
Povisa
–acrónimo de Policlínico de Vigo Sociedad Anónima– abrió sus
puertas en 1973 como el proyecto de sanatorio privado de un grupo de
médicos que se lo vendió en 1997 a un acaudalado naviero vigués.
Para entonces, los gobiernos de Manuel Fraga –con Alberto Núñez Feijóo de número dos en su Consellería de Sanidade– ya lo habían
consolidado como una referencia de la privatización de la prestación
de servicios sanitarios en Galicia, convirtiéndolo en el hospital de
cabecera de miles de pacientes del Sergas en Vigo y su comarca a los
que la Xunta daba la opción de adscribirse a él o a los centros de
gestión pública.
Zaplana en Valencia
Ribera
Salud, surgida también al amparo de las privatizaciones de la
Generalitat Valencia del PP de Eduardo Zaplana, compró el hospital
por 22 millones de euros en 2019. Hoy, el centro da servicio a 112.600 personas con tarjetas de la sanidad pública, y más del 80%
de su volumen de negocio proviene del convenio con el Sergas.
Hasta
este año, la Xunta abonaba a Ribera una cantidad fija por cada
cartilla adscrita a Povisa –540 euros al año en el anterior
acuerdo–, más una cantidad variable por otros conceptos como el
gasto en tratamientos farmacológicos especiales o la formación del
personal. Según la prensa local, en 2023 el Sergas pagó 80 millones
de euros a la empresa de Gallart, y en 2024, otros 84 millones.
Según los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, de junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda la sanidad de Galicia
Sin
embargo, la progresiva pérdida de cartillas –llegaron a ser más
de 135.000, pero cayeron a 115.000 el año pasado y hoy no llegan a
113.000– hizo que Ribera considerara que el acuerdo no era
rentable, y bajo la sombra de la amenaza tácita de dejar sin
hospital de referencia a decenas de miles de personas –una táctica similar a la que Ribera empleó en Madrid–, forzó a la Xunta
a idear una nueva fórmula: la del pago por prestación de cada
servicio y tratamiento, que prevé incrementar la factura fija en
un 16% hasta los 97,5millones anuales, manteniendo los conceptos variables.
Según
los últimos datos que el Sergas ha hecho públicos, referidos a
junio de 2006, Povisa tiene las listas de espera más bajas de toda
la sanidad pública y concertada de Galicia: 53,3 días de media para
una intervención, frente a los 70,9 de la media de la comunidad y a
los 72 de la del área sanitaria de Vigo, la más grande de las siete
en las que se divide el sistema hospitalario gallego –565.000
usuarios–. Público ha pedido a la Xunta los datos de las
listas de espera de Povisa para consultas de especialista y pruebas
diagnósticas, pero la Consellería de Sanidade de Alfonso Rueda, que
dirige Antonio Gómez Caamaño, no ha respondido a este diario ni se
ha dado por enterada de la consulta.
Rentabilidad
Al
hilo de los audios en los que Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud,
reclamaba a sus directivos que promovieran en Torrejón los
tratamientos más rentables para su cuenta de resultados económicos
y que idearan estrategias para «desandar el camino» mediante el
que habían logrado reducir las listas de espera, Público también
ha preguntado a la dirección de Ribera si
existe o existió alguna indicación en ese sentido al personal de
Povisa, para incidir en la práctica médica sobre los pacientes de
la sanidad pública en función del coste de sus tratamientos; en
el
rechazo o admisión de enfermos en función de la rentabilidad de
aquellos, o para que se fomentara el deterioro
de las listas de espera en el hospital vigués.
La
compañía ha rechazado esa posibilidad, ha reiterado que los audios de Gallart están «fuera de contexto» y ha asegurado que su
prioridad «son y seguirán siendo sus pacientes en todos y cada uno
de los centros que gestiona, tanto públicos como privados». «En ningún centro del grupo Ribera se han producido prácticas
contrarias al interés general de los ciudadanos«, dicen las fuentes oficiales de la empresa, que, refiriéndose
expresamente a Povisa, sostienen
que el centro «mantiene unos indicadores asistenciales excelentes y
un compromiso total con la Administración para ofrecer la mejor
atención sanitaria a los ciudadanos». «El hospital está 100%
comprometido con mantener estos estándares de calidad» asegura la
dirección, que subraya que el trabajo del hospital está además «bajo la supervisión de la Administración con unidades de control
encargadas de garantizar que la atención prestada es excelente».
Público
también se ha dirigido al presidente del comité de empresa, Rafael
Agrás, quien ha asegurado que Povisa es «un modelo de negocio diferente» al de Torrejón y que la representación social de la compañía no tiene constancia de que se hayan transmitido consignas como las que desvelan los audios de Gallart en referencia al hospital madrileño. Agrás también indica que la gerencia de Povisa, que en los últimos meses había sostenido un sordo enfrentamiento con el personal médico que derivó en la fuga de médicas y enfermeros hacia la sanidad pública, ha procedido recientemente a hacer fijos a medio centenar de sanitarios y ha contratado a más personal médico.
El
pasado jueves, miles de vigueses se manifestaron por las calles de la
ciudad convocados por la plataforma SOS Sanidade para protestar
contra el deterioro del sistema público de salud por la falta de recursos en la ciudad, de la que
responsabilizan a la Xunta, y en la que reclamaban la «reconstrucción» de todo lo que se ha deteriorado durante lustros de recortes y privarizaciones. A la
manifestación asistió la líder de la oposición en el Parlamento de
Galicia, Ana Pontón, portavoz del BNG, y el
alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien manifestó su «apoyo total» a la
protesta y responsabilizó a Rueda de las carencias del área sanitaria de
la ciudad y
su comarca.
Las seis claves de una sentencia inaudita que abren las puertas al recurso de García Ortiz ante el Constitucional
Tras 19 días de espera desde que se adelantó el veredicto, la sentencia íntegra del Supremo que condena a Álvaro García Ortiz ha sido publicada este martes en medio de una fuerte polémica por las motivaciones esgrimidas por cinco de los magistrados frente al voto particular de las dos magistradas progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo.
En primer lugar, consciente de que no existe una prueba directa que señale a García Ortiz como el filtrador del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, con la confesión de delitos fiscales, la sentencia alude a una «convergencia de los indicios acreditados» para señalar como el autor de la filtración al propio fiscal general del Estado, que renunció al cargo el pasado 24 de noviembre.
1. Convergencia temporal
Esa «convergencia» consiste en la secuencia temporal que para los juzgadores va desde la «urgencia» con la que el fiscal reclamó el correo en cuestión, su acceso, la llamada del periodista de la Cadena Ser, «el posterior borrado de los registros,
los recelos expresados por sus subordinadas sobre la filtración», enumera la sentencia. Los jueces van eliminando a los fiscales relacionados con el caso, como Julián Salto, Pilar Rodríguez y Almudena Lastra como posibles filtradores, para señalar al fiscal general del Estado.
Esto «lleva necesariamente a afirmar,
como hecho probado, que fue el acusado, o una persona de su entorno
inmediato y con su conocimiento, quien entregó el correo para su publicación en
la Cadena Ser», dice el fallo, sin lograr identificar a esa persona.
Respecto al hecho de que cientos de personas pudieron acceder al correo en sí, a través de las plataformas de los juzgados y de la Fiscalía, donde estuvo albergado, la sentencia lo descarta de plano. «Se trata de una acusación grave que pondría de manifiesto un funcionamiento anormal de un servicio público, poco acorde con las continuas invocaciones a la protección de datos, como criterio guía para proceder al borrado de los datos alojados en los terminales, y al adecuado funcionamiento del servicio, que nos consta se presta». Y advierte: «Tal alegación necesitaría, antes de su insinuación, de un mínimo de
prueba para que alcanzara un rango de verosimilitud».
2. Una nota de prensa
García Ortiz asumió la responsabilidad de la nota de prensa con la que quiso desmentir la noticia tergiversada de El Mundo que decía que era la Fiscalía la que pedía un pacto al novio de Ayuso y que después por órdenes de arriba lo tumbó, un bulo orquestado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso. La defensa del ya ex fiscal general del Estado invocó el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (artículo 4.5) que obliga a los fiscales a la persecución de la verdad como un derecho de la ciudadanía.
Pero los jueces consideran que, de nuevo, la secuencia temporal, perjudica la tesis del fiscal general, que solicitó los correos del caso para conocer la verdad. Dice la sentencia que «no eran necesarios los correos para negar públicamente que hubiera dado órdenes para que no se llegara a una conformidad en el asunto de González Amador».
Y concluye: «La divulgación se materializa tanto por la filtración del correo, como por la publicación de la nota informativa, que constituyen, en realidad, una unidad de acción (…) La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la «oficializa'» añade la sentencia, repitiendo las palabras que empleó el letrado del novio de Ayuso en el juicio.
3. El testimonio de los periodistas
La sentencia no ha tenido en cuenta los testimonios de los periodistas que sostienen que no recibieron el correo de manos de García Ortiz. Sujetos a su deber de preservar sus fuentes, sí que reiteraron que no fue el fiscal general dicha fuente, pero los jueces consideran que su testimonio no es suficiente para que concurra una duda razonable en torno a la autoría de García Ortiz.
La sentencia se detiene en Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena Ser, que explicó en el plenario que tuvo acceso al correo en cuestión seis horas antes de que informara finalmente del correo que desmentía la noticia tergiversada de El Mundo. El tribunal le reprocha haber dado detalles sobre la ubicación de la fuente, diciendo que había acudido a una tercera planta, apuntando a que su fuente podría encontrarse en la Fiscalía de Madrid, cuya jefatura se encuentra en una tercera planta.
Precisamente, respecto a Almudena Lastra, fiscal jefa de la Comunidad de Madrid, se basa otra de las claves de la sentencia: la credibilidad sin fisuras de su testimonio, que choca contra el de García Ortiz.
4. Almudena Lastra
Respecto a su testimonio y a su postura claramente acusatoria contra García Ortiz, al que Lastra asegura que le recriminó que había filtrado el correo y este le contestó: «Eso ahora no importa», la sentencia la alaba en el sentido de destacar que Lastra fue «fiel a su superior, alertó a éste de lo que estaba ocurriendo [en relación a que Miguel Ángel Rodríguez estaba esparciando en un chat de periodistas el bulo] y convino con él en cómo se debía proceder». Lastra indicó en el juicio que no estuvo de acuerdo con García Ortiz en publicar la nota de prensa, con «una información que atentaba seriamente a la intimidad de terceras personas y a la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y fiscal para alcanzar una posible conformidad», dice la sentencia, dando absoluta credibilidad al testimonio de Lastra.
5. Registro y clonado de móviles
La sentencia mayoritaria respalda los registros efectuados por la UCO en los despachos del fiscal general del Estado y de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Precisamente en el material hallado en los dispositivos móviles de esta última se sustentó toda la causa. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que ha defendido al ya ex fiscal general, invocaron una posible desproporcionalidad de los registros y de los clonados de sus respectivos móviles, abarcando ocho meses de mensajes y correos cuando los hechos se limitaban a unos pocos días. Según fuentes jurídicas, este podría ser uno de los motivos de más peso para la hipotética admisión de un recurso de amparo de García Ortiz.
El Supremo da la razón a los mandos de la UCO que declararon en el juicio y sostuvieron entre titubeos que no era posible acotar el clonado a los días investigados.
6. Un «borrado concienzudo»
Los magistrados afean que García Ortiz no quisiera contestar a las preguntas de las acusaciones y vuelven a cargar las tintas en el borrado de los mensajes de móvil que ejecutó García Ortiz «casualmente» el día 16 de octubre de 2024, «tan solo un día después de que esta Sala dictara auto acordando la apertura del procedimiento, eliminando registros que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación.
Tal como señaló la pericial, fue «un borrado concienzudo -doble borrado-«.
Con todo, la sentencia mayoritaria critica que «se eligiese ese día tan singular, el siguiente al de la incoación del proceso, para entretenerse en lo que se quiere presentar como una rutina periódica, es una coincidencia muy llamativa».
A pesar de que esta acción no «puede considerarse decisiva a efectos probatorios», sí tiene «relevancia probatoria». «La Sala concluye que la causa explicativa del borrado no puede ser otra que la estratégica destrucción de toda la información que pudiera comprometer la tesis exoneratoria que hace valer, con toda legitimidad, el señor García Ortiz”.
El siguiente paso del ex fiscal general del Estado será la presentación de un recurso de nulidad ante la misma Sala, que ya se da por hecho que será rechazado, dejando la vía libre para el recurso de amparo ante el Constitucional.
Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización del PSOE de Madrid: «En Madrid gobierna el PP de la ‘Gürtel’, de la ‘Púnica’, de la ‘Lezo’ y ahora de Quirón»
Comenzó su trayectoria política a finales de los años 90 en el Ayuntamiento de Alcobendas. Allí ejerció como concejala y teniente de Alcaldía hasta el año 2007, cuando dio el salto a la Asamblea de Madrid. En dicha cámara ha sido diputada autonómica en varias etapas. Gran conocedora del PSOE de Madrid, solo interrumpió su actividad regional durante el periodo entre enero de 2023 y septiembre de 2024. Durante esos meses acompañó en Moncloa como principal asesora a Óscar López, que ejercía de jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Su nombre saltó a los principales titulares cuando al anterior líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, llevó a una notaría varios mensajes cruzados con ella en relación al caso de Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Ese asunto desembocó precisamente en la salida de Lobato de la federación socialista madrileña. Su sustituto sería el propio López, que la eligió como secretaria de Organización. Pilar Sánchez Acera (Madrid, 1974) declaró hace unas semanas como testigo en el juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Allí negó que Moncloa estuviera detrás de la filtración de la confesión de la pareja de la presidenta madrileña. De este proceso y otros asuntos relacionados con la política madrileña habla en esta entrevista con Público.
Usted
declaró como testigo en el juicio contra el fiscal general del Estado Álvaro
García Ortiz. ¿Qué valoración hace del fallo y la condena impuesta por el
Tribunal Supremo?
Yo creo que hay dos cosas que han quedado bastante claras. Una que es sorprendente ese fallo después de las declaraciones de tantos periodistas sobre esa posible filtración que existió de aquel correo. Muchos periodistas ya dijeron claramente que no fue del fiscal. Entonces es un poco sorprendente que se haya seguido dando vueltas hasta llegar a ese fallo. Pero también que todo esto parte de una situación bastante insólita, sorprendente y sobre la que todavía no se ha arrojado luz.
«El caso del fiscal general nace de una mentira perpetrada por Ayuso»
Y que nace de una mentira que perpetrada y montada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y su gabinete en connivencia con la pareja de la señora Ayuso. Y no se ha dado todavía respuesta de por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid mintió diciendo que había una operación de Estado. Mintió diciendo que había una inspección salvaje contra su pareja cuando lo que a día de hoy todos sabemos es que se va a abrir ese juicio por presunto fraude fiscal y facturas falsas. Y también que sabemos perfectamente que hay otra pieza que se sigue investigando, la cual va sobre corrupción en los negocios.
¿Cómo
vivió desde dentro el juicio? El propio presidente del Gobierno apuntó durante
el transcurso del mismo que García Ortiz era inocente y
más viendo lo ocurrido ahí.
Mi figura era de testigo. Yo fui a aportar todo lo que podía aportar en ese juicio, que era bien poco porque ni conozco al fiscal general ni a nadie de la Fiscalía. Aquel documento que yo recibí vino de los medios, como también comenté.
Pero sí, es sorprendente saber que a veces se pueden retorcer las cosas para que la verdad no quede tan clara. Pero yo confío en la Justicia y estoy segura que todo saldrá como tiene que ser. España es un país garantista y además vivimos en Europa, que también da garantías en justicia.
“A Ignacio González se le pilló por un ático en Marbella. Pues a la señora Ayuso parece que también le van los áticos”
«La verdad se acabará imponiendo», ha dicho varias veces el presidente del Gobierno.
Yo estoy segura que será así. No soy de las que piensan que las injusticias salgan adelante. Al final la justicia se hace hueco en este país y en Europa.
«Ninguna
sentencia judicial, por injusta que sea, va a tapar la verdad de lo que está
pasando en la Comunidad de Madrid». Es una frase de Óscar López. ¿Qué es lo que está pasando?
Si lo relacionamos ya con la Comunidad de Madrid de una manera directa, aquí desde hace años gobierna el Partido Popular, el Partido Popular de la Gürtel, el Partido Popular de la Púnica, el Partido Popular de la Lezo y el Partido Popular ahora de Quirón y de la presidenta Díaz Ayuso que ha hecho en estos momentos de su apuesta por la sanidad privatizada la mayor de las fortalezas de su política. Hablamos de más de 5.000 millones de euros desde que es presidenta de la Comunidad de Madrid a Quirón, a un grupo empresarial concreto con el que además tiene relaciones de vinculación económica su pareja. En el PSOE de Madrid siempre decimos lo mismo, que a Ignacio González se le pilló por un ático en Marbella. Pues a la señora Ayuso parece que también le van los áticos.
«Si echamos la cuenta, la familia de la señora Ayuso nos sale cara»
Desde
el PSOE de Madrid, a través de su secretario general, se ha denunciado la
impunidad de Isabel Díaz Ayuso en cuanto a los negocios de su pareja. ¿Qué se puede hacer para revertirlo si realmente existe esta impunidad?
En la Comunidad de Madrid el PP lleva muchos años gobernando. Eso ha hecho que tengan una red importante. Yo no diría clientelar pero si una una red de influencia también en muchos medios de comunicación que son garantes o deberían ser garantes también de la verdad. Y eso hace que haya noticias que se silencien, lo voy a poner entre comillas. Y podemos hablar en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de aquel episodio sobre las mascarillas, con el contrato este que tenía el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid que acabó con el señor Casado. Era un contrato de mascarillas de la propia Consejería de Sanidad de la que ella era presidenta. O podemos hablar también de aquel extraño préstamo que nunca se devolvió por parte de su familia en Aval Madrid de más de 300.000 euros. La verdad es que si echamos la cuenta la familia de la señora Ayuso nos sale cara.
El préstamo de Aval Madrid de 300.000 euros, más 200 y pico mil que conozcamos de aquella comisión y luego todas las comisiones que tiene la pareja de la señora Ayuso, ese presunto fraude que también nos está costando a los madrileños. Pues sí, sale caro y parece que hay impunidad. Pero la impunidad se encuentra siempre con algo enfrente y es con que la mayor parte de los ciudadanos de esta comunidad no están en la película de aceptar que alguien la haga y no la pague. Así que no tengo ninguna duda de que la impunidad se va a acabar en las urnas a pesar de que hasta estos momentos el Partido Popular haya conseguido con esa red de influencia mediática que no traspase a mucha ciudadanía. Pero estoy segura de que va a traspasar.
«La impunidad de Ayuso se va a acabar en las urnas»
Una pregunta muy directa: ¿cree
que hay una persecución judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez?
Yo no voy a hablar de una persecución judicial. Creo que hay casos muy peculiares y que se inician todos con recortes de prensa que llevan a la Justicia organizaciones ultraderechistas.
Pero, insisto, en este país hay una cosa que se llama garantía judicial. Yo creo en las garantías, creo en la justicia, creo que que hay que ir pasando todas aquellas etapas por las que estamos pasando y que al final la verdad se impondrá.
Más
allá de esta cuestión en sí, ¿en qué situación se encuentran los servicios
públicos en la Comunidad de Madrid? Por ejemplo, hablemos de sanidad. Hace unos días se conocían unos audios del Hospital de Torrejón en los que el CEO del
grupo Ribera defendía aumentar el beneficio económico del centro.
La sanidad madrileña se encuentra en un punto bastante complicado. Quizás en un punto en el cual no sabemos si vamos a tener una posibilidad de retornar hacia lo que los madrileños pensábamos que era la mejor sanidad del mundo. En Madrid tenemos los mejores profesionales, tenemos hospitales de referencia nacional, que es donde se hace la mayor inversión. No solamente se invierte desde la Comunidad, también se invierte desde el Gobierno de España. Pero tenemos un modelo que empezó el PP hace ya muchos años y que a día de hoy lo que se demuestra es que está colapsando. Es ese modelo de colaboración público-privada.
«El modelo de colaboración público-privada de la Sanidad en Madrid está colapsando»
¿Por qué digo que está colapsando?
Porque cuando llega el momento de echar las cuentas y ver si la inversión de esos privados les está siendo rentable o no pues ahora se están dando cuenta de que no. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de la Comunidad de Madrid?
Pues mirar hacia otro lado cuando está bajando la calidad asistencial, como es en el caso del Hospital de Torrejón para sacar esos 4 o 5 millones de beneficios. Mientras que en el caso de Quirón, por ejemplo, lo que han hecho es abrir la caja y están pagando todo lo que les presenta Quirón. Y ya veremos si eso es posible o no es posible. Vamos a estar muy encima para que se fiscalicen todos esos pagos por encima de lo que estaba presupuestado que ha realizado el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
¿Barajan algún tipo de acción legal o judicial?
Vamos a ejercer todas las acciones legales y judiciales que podamos hacer en relación a estos contratos. No solamente del Hospital de Torrejón sino con los del grupo Quirón, que también ahí hay situaciones un poco complicadas de explicar por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
“A día de hoy en los presupuestos está contemplado el 0,4% del PIB para la universidad pública madrileña y deberíamos llegar al 1%”
También
hay un asunto en el que se ha incidido mucho, que es la infrafinanciación de las
universidades públicas. ¿Qué posición tiene el PSOE y qué se puede hacer para
revertirlo?
Lo que se puede hacer es invertir en la universidad pública madrileña. Tenemos que invertir en esa universidad.
A día de hoy en los presupuestos está contemplado el 0,4% del PIB para la universidad pública madrileña y deberíamos llegar al 1%. Es decir, hay más que duplicar el presupuesto que llevan las universidades públicas.
Y lo que hay que hacer es reestructurar los presupuestos de la Comunidad de Madrid y la fiscalidad y empezar a hacer políticas públicas que sean para toda la ciudadanía.
Y eso pasa pues por quitar esos beneficios fiscales y esos regalos fiscales que dan a los más ricos en la Comunidad de Madrid y empezar a invertir en cosas tan sencillas de decir y tan fáciles de poner en un presupuesto si se tiene voluntad como es en invertir en las universidades públicas de Madrid. O tener una ley de financiación adecuada, consensuada, participada por los rectores pero también por los estudiantes y también por el profesorado. Y poder tener también un sistema universitario de calidad.
Ya es un sistema universitario de calidad pero estamos hablando de un sistema universitario de calidad sostenible y de futuro.
Un
asunto de actualidad: ¿se ha gestionado mal el caso de las denuncias contra
Paco Salazar? ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha protegido de manera adecuada a las
mujeres que han denunciado?
Creo que tenemos que tener claro que lo primero es que cuando alguna compañera del PSOE se sienta agredida sexualmente o sienta que hay un abuso sobre su persona, o sienta que hay acoso sobre ella de cualquier compañero del partido, ya tiene un canal de denuncia anónimo. Yo sí que voy a pedir y sí que quiero pedir que las compañeras lo hagan, que denuncien en este canal y también que seamos responsables en el partido para aplicar ese protocolo del que nos hemos dotado. Porque no son situaciones fáciles para ellas pero sobre todo porque tenemos un compromiso con la ciudadanía y con este país. Cuando nosotros decimos que tenemos un protocolo que va a actuar para estos casos, tenemos que llegar hasta el final.
«Cuando alguna compañera del PSOE se sienta agredida sexualmente, tiene un canal de denuncia anónimo»
Y si pensamos en eso yo estoy segura de que no volveremos a tener ningún caso que no sepamos si ha ido rápido o ha ido lento porque estaremos cumpliendo con esos protocolos de los que nos hemos dotado, que necesitamos y que yo estoy segura que próximamente deberían estar en otros partidos políticos. Porque esto no solamente pasa en el PSOE.
¿Por
qué lleva el PSOE de Madrid más de 30 años sin gobernar la Comunidad? ¿Hay algún tipo de autocrítica?
Tuvimos el tamayazo aquel en 2003. Tras tener una mayoría de izquierdas no pudimos realizar ese cambio de Gobierno.
Segundo, en 2015 la suma de los votos de izquierda era superior a los de los votos de derecha. Tampoco pudimos gobernar porque en este caso la división a nuestra izquierda entre aquel Podemos e Izquierda Unida hizo que estos no llegaran al 5%. Se quedó a menos de un punto y provocó que entonces no se sacara ese diputado que faltaba para que la izquierda pudiera gobernar.
Y tercero, en 2019 el PSOE ganó las elecciones con el señor Gabilondo. Ahí estaba aquel partido que parecía que venía a regenerar en toda España, que era Ciudadanos, pero vimos que no venía a regenerar sino que era la muleta de la derecha y que consolidó una vez más al PP de los chanchullos, que es el de Madrid.
«En el PSOE de Madrid siempre que hemos estado a punto de gobernar luego nos echamos muy para atrás»
Pero sí hay autocrítica. La autocrítica es que siempre que no hemos gobernado y hemos estado a punto de gobernar luego nos echamos muy para atrás en vez de seguir diciendo: «Oye, ciudadanos y ciudadanas de Madrid, tenemos la oportunidad de cambiar esto y de cambiar el destino de nuestras vidas». Hacia un modelo mucho mejor, mucho más social, donde la igualdad de oportunidades la pongamos en el centro y donde haya crecimiento económico pero con reparto hacia todo el mundo.
Yo creo que eso es una de las grandes cosas que también ha hecho el Gobierno de España. Podemos crecer económicamente con un Gobierno de izquierdas y distribuir hacia a quienes más lo lo necesitan. Podemos crecer todos.
Usted
es secretaria de Organización. Una de las cuestiones que más se han visto en
las últimas décadas es la proliferación de familias en torno al partido. ¿Está
el PSOE de Madrid unido en estos momentos?
Yo veo al partido muy concienciado de que vamos a ganar en 2027. Y eso es lo que nos hace que ni hay familias, ni hay rencillas, ni hay desencuentros ni hay cosas que nos despisten. Tenemos claro que vamos a ganar más municipios en la Comunidad de Madrid y vamos a tener más alcaldes o alcaldesas. Tenemos claro que vamos a pelear por la ciudad de Madrid. La ciudad de Madrid en estos momentos es una de esas ciudades de las cuales el PP quiere echar a los jóvenes con estos precios que hay de la vivienda, está echando al comercio tradicional con estas apuestas por todas las franquicias y por los apartamentos turísticos. Está haciendo una ciudad absolutamente desconocida a lo que ha sido el Madrid de toda la vida.
«En 2027 va a haber una reacción contra ese abuso de poder que está llevando el PP en Madrid»
También estoy absolutamente segura de que va a pasar por el tema de las universidades públicas porque los jóvenes van a defender lo suyo. Y va a pasar por el tema de las residencias, de lo que pasó con aquellas 7.291 víctimas. Creo que hay bastantes elementos para que los madrileños y madrileñas en 2027 le digamos al PP que esté una temporadita en la oposición aquí en Madrid.
¿Cómo
es la relación con el resto de partidos de izquierda, especialmente Mas Madrid?
En los tiempos de bloques que vivimos parece inevitable contar con ellos para
hipotéticos gobiernos.
En muchos gobiernos municipales estamos gobernando con ellos. Unas veces con mejor relación y otras veces con algunos desencuentros. Por cierto, con la dirección autonómica de Más Madrid los vamos resolviendo. Hemos resuelto algunas tiranteces en algunos municipios. Pero tenemos buena relación con Más Madrid.
No competimos con Más Madrid ni competimos con ningún partido de izquierda. Nosotros competimos con el PP, a quien queremos desbancar del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no tenemos ningún problema en pactar con otro partido como puede ser en este caso Más Madrid, que es referente a la izquierda de nuestro partido.
«No competimos con Más Madrid ni competimos con ningún partido de izquierda»
Antes me comentaba lo que sucedió en 2015 con el voto de izquierdas. Hemos hablado sobre Más Madrid, pero también están IU o Podemos. ¿Les preocupa que haya división?
Creo que cuanto más claro tengan los ciudadanos que la izquierda quiere gobernar en Madrid más facilidad vamos a tener y les vamos a dar para que se realice ese cambio.
Así que yo espero que los partidos que están a nuestra izquierda puedan reorganizarse y puedan sumar. Y que por otro lado nosotros hagamos esa propuesta atractiva de renovación de proyecto y amplia para la mayor parte de la ciudadanía de Madrid.
«Yo espero que los partidos que están a nuestra izquierda puedan reorganizarse y puedan sumar»
El PP ha infectado casi todas las instituciones de la Comunidad de Madrid. No hay nada que toques y no tenga. Esa Telemadrid, por ejemplo. El Consejo de Transparencia o la Cámara de Cuentas, por no seguir hacia otros espacios como la Fundación (Fundación para el conocimiento Madri+d) esta que se dedica a decir si las universidades lo hacen bien o lo hacen mal. Aquí en ella hemos visto que tienen de gerente a un exdiputado del PP y que fue también alcalde de Getafe. No se cortan ni un pelo. Luego critican mucho. Pero la señora Ayuso no se corta ni un pelo en poner a sus peones a remar para la privatización y para los negocios.
La extrema derecha europea se disfraza de sensatez con nuevas caras y tono amable para romper su techo electoral
La extrema derecha cambia de vestuario para seducir a sus
votantes. Los candidatos usan americana, corbata y la venda del diálogo.
Leif-Erik Holm ha dado un paso al frente en Alemania. Alice Weidel sigue
llevando la batuta, representa ese «rupturismo» con los nazis del siglo pasado, pero sabe que para mejorar los datos de las últimas elecciones debe seguir renovando la imagen de AfD. Jordan
Bardella también ha tomado las riendas en Francia. Le Pen tiene un futuro judicial complicado y necesita un relevo. Bardella tiene treinta años recién cumplidos, ha conseguido vender una imagen de moderado, al menos, más moderado que sus predecesores. Y triunfa en las redes. Lo mismo ocurre con Thierry Baudet en Países Bajos. ¿Qué sucede en España? Vox tiene
una estructura diferente, marcada por el «liderazgo fuertemente personalista» de Santiago Abascal.
El ascenso de Carlos Hernández Quero, no obstante, puede enmarcarse en esta estrategia
de rebranding a nivel mundial. El fondo es el mismo, cambian las caras.
«La
extrema derecha ha crecido gracias a una normalización perfectamente calculada. [Los líderes] han moderado sus formas, han ampliado la agenda y han explotado los miedos sobre
seguridad, identidad e incertidumbre económica. No se presentan como herederos del fascismo, sino
como defensores de la gente corriente«, señala Anna López Ortega, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa (Tirant). La también profesora recalca además que los pactos con las fuerzas conservadoras, «tanto a nivel local como autonómico y nacional», terminan de diluir el estigma antifascista y hacen que sus programas se cuelen en el debate público.
Esta tendencia es prácticamente generalizada en Europa, también en otros países como Estados Unidos o India. ¿El resultado? La extrema derecha lidera las encuestas en Alemania, Francia y Reino Unido. Vox tampoco deja de crecer en España. Y sus homólogos han tocado poder en Italia, Finlandia o República Checa. «La clave está en adoptar discursos más pseudoizquierdistas para dirigirse a las clases trabajadoras. Es lo que conocemos como secuestro semántico. Los candidatos intentan presentarse como algo distinto de lo que los votantes asocian con el neofascismo y ponen en un segundo plano sus puntos más extremistas. Lo hacen para captar votos, sobre todo votos nuevos», advierte Steven Forti, profesor de Historia Contemporánea y autor de Democracias en extinción: el espectro de las autocracias electorales (Akal). Las voces consultadas por este diario, no obstante, recuerdan que son muchos los partidos y países en los que conviven la vía de la «desdiabolización» y las intervenciones crudas, excluyentes y reaccionarias.
Los planes para desvincularse del fascismo de entreguerras empezaron a coger fuerza a finales de los ochenta y durante los noventa. Lo que pasa es que en la última década se han ido perfeccionando. Marine Le Pen, Giorgia Meloni y Alice Weidel son algunas de las figuras que mejor lo representan. «Las caras visibles han cambiado primero con los liderazgos femeninos. Y ahora están volviendo a reclamar atención con la entrada de perfiles nuevos, hombres jóvenes y elegantes, mucho más fáciles de presentar [en sociedad] que los dirigentes vinculados a la extrema derecha del siglo pasado«, desliza Arsenio Cuenca, sociólogo e investigador en l’École Pratique des Hautes Études de París. Los ultras quieren más. Y el margen de mejora tiene mucho que ver con la intensificación de ese rebranding.
La ¿modernación? de los ultras
El Diccionario de Cambridge define el rebranding como la estrategia comercial que se utiliza para «cambiar la forma en la que una organización o empresa es vista por el público». La extrema derecha es aquí el producto. Lo son las siglas. Y lo son los líderes. «El ascenso de nuevos perfiles evidencia este deseo por desradicalizar la
apariencia, no necesariamente los discursos, un deseo que funciona como hoja de ruta: actualizar las caras, mejorar la comunicación y presentar un envoltorio más normal para conectar con electores que rehúyen de los vínculos históricos«, insiste la politóloga Anna López Ortega.
Alice Weidel ha sido una de las últimas en entenderlo. La extrema derecha alemana está capitaneada por una mujer
relativamente joven para el partido AfD, lesbiana, con formación
académica y una ligera sensación de moderación con respecto a la generación anterior. «Las posiciones de la formación son más bien antifeministas y anti LGTBIQ+, pero saben mezclar los conceptos semánticos y consiguen parecer más aceptables. Esto explica el crecimiento de los partidos ultraconservadores en términos electorales. La llegada de candidatas mujeres ha reducido mucho el gap de género en Italia, Francia o Alemania», continúa Steven Forti. Merz ganó las últimas elecciones alemanas con Weidel rozándole los talones. Lo hizo además en un país en el que el recuerdo del nazismo sigue cuando menos presente.
¿El objetivo de la extrema derecha? No perder votos, penetrar en nuevos sectores. Y para eso no basta con una sola cara. Weidel tiene que alejarse –al menos, físicamente– de sus compañeros más extremistas, los que siguen evocando un pasado sangriento. Leif-Erik Holm asoma la cabeza desde el otro lado del tablero. El economista y hasta hace no mucho locutor de radio tiene cincuenta años, cara de muchos amigos. Holm viste en americana y camisa, se define como «un buen tipo»; podría ser el padre de tu mejor amiga, tu profesor enrollado de secundaria, tu vecino el del quinto, pero es la nueva promesa de la extrema derecha alemana. AfD quiere dar la batalla entre el electorado conservador, ponérselo difícil al actual gobierno de centroderecha. Y Holm es una pieza clave en esta partida de ajedrez. Las encuestas le dan de momento a la formación ultra la primera posición.
Marine Le Pen ha presentado a Jordan Bardella como su relevo natural, un hombre joven, «cuidadoso con sus discursos» y con una imagen más actual, vinculada sobre todo a las redes sociales. El patrón es prácticamente el mismo que en el escenario alemán. La patronal francesa y «algunos medios» están colaborando de manera activa con esta normalización. «La sensación de ruptura con la extrema derecha de hace veinte años resulta evidente, pero también vemos ligeras continuidades. Marine Le Pen llevaba tiempo trabajando en este rebranding del partido, hace no mucho votó a favor de blindar el derecho al aborto en la Constitución. Y los sondeos apenas muestran diferencias entre ella y Bardella, lo que demuestra que muchas veces pesan más las siglas y los discursos que las caras», sostiene Arsenio Cuenca.
La Finns Party llegó al poder como parte de una coalición en Finlandia. Lo hizo gracias al liderazgo de una mujer, «relativamente joven» y con «formación superior». Las fuentes consultadas por este medio destacan además su estilo «más institucional», menos bronco y conflictivo. Países Bajos, donde la extrema derecha también se disputa el Gobierno, tiene una situación similar. «La extrema derecha no necesita ir acompañada del
estereotipo clásico fascista para prosperar: basta con reconfigurar su
marketing y su imagen pública, mantener sus mensajes clave adaptados a
preocupaciones reales», matiza Anna López Ortega. La seguridad y la migración son aquí dos elementos vertebrales.
Hernández Quero y el nuevo votante de Vox
Vox también se ha dado cuenta de que tiene que pescar votos más allá de los barrios ricos y los vecinos de apellido compuesto. Abascal sigue controlándolo todo en el partido, pero ha ido dando paso –sutilmente– a nuevos perfiles, entre ellos, Carlos Hernández Quero. Este historiador de poco más de treinta años trabajó antes como investigador en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), entre 2016 y 2020. ¿Cómo puede contribuir al rebranding de Vox? Quero tiene la mirada puesta en el votante de izquierdas desencantado, lleva semanas haciendo refencias a problemas de cualquier familia humilde, como la vivienda. Lo que falta por ver es el impacto que puede tener su irrupción en encuestas y urnas.
«Vox ha intentado algo parecido a lo que han estado haciendo sus homólogos europeos, pero con un liderazgo tan personalista como el de Abascal, resulta más complicado. Hernández Quero puede venir a renovar los cuadros de la extrema derecha española, hablamos de una figura joven y mediática que encaja en la lógica del rebranding, sobre todo a la hora de competir en un entorno [Bruselas] en el que los ultras avanzan con envoltorios más profesionales y menos estridentes», añade Anna López Ortega. Vox quiere «hegemonizar todo el espacio de la derecha, cada vez más radical«, y por eso prefiere de momento moverse en una suerte de puzle que fusiona las dos estrategias. La antigua y la nueva; ni máscaras, ni disfraces. Steven Forti, de hecho, lo resume así: «Vox apuesta por la estrategia del rebranding en términos generales, porque utiliza un discurso más amable en según qué temas, pero no cambia en absoluto su marco ideológico. El rebranding que utiliza no trasciende como sí ocurre en otros países, por eso podemos definirlo como un rebranding de pacotilla».
El PP torpedea en Ferrol la reposición de una placa que recuerda a Pablo Iglesias destruida por el fascismo
A pocos días de que se cumplan cien años de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y del sindicato UGT, la agrupación local socialista de su villa natal, Ferrol, y la dirección de la formación en Galicia, han acusado al Partido Popular de boicotear la reposición de una placa de homenaje cuyo original fue destruido por los fascistas tras el golpe de estado de 1936.
Los
socialistas afirman que el Ayuntamiento, en manos del popular José Manuel Rey Varela, exconselleiro de Política Social en la Xunta con Alberto Núñez Feijóo, quiere ahora poner la placa en un lugar demasiado
apartado y escasamente visible, junto a un árbol seco, en una
ubicación alejada de las zonas transitadas y donde otra mención en
honor de Iglesias ya fue vandalizada hace años sin que los servicios municipales la hayan reparado.
«Vamos
a pedir el apoyo de todas las agrupaciones de UGT y del PSOE de
España, proponiéndoles que envíen al Ayuntamiento de Ferrol una
reclamación oficial para que se coloque la placa en el lugar que
merece«, explica Ángel Mato, alcalde de la ciudad entre 2019 y
2023. «Es una cuestión de dignidad», añade.
A pie a Madrid huyendo del hambre
Pablo
Iglesias Posse, de cuya muerte se cumplen cien años el próximo
miércoles, fue un modesto tipógrafo nacido en 1850 Ferrol, que
emigró a pie con su madre de Galicia a Madrid huyendo del hambre y
la miseria tras la muerte de su padre. Criado en un hospicio de la
capital del Estado desde que tenía diez años, inició su carrera
política como columnista en los diarios donde empezó a trabajar
como aprendiz de impresor, hasta convertirse en el ideólogo y la
referencia clave del movimiento obrero en España a finales del siglo
XIX y principios del XX por su compromiso con la defensa de los
derechos laborales, el socialismo democrático, la organización
sindical, la educación pública y la lucha por la justicia social.
Tras
su fallecimiento en 1925, los
militantes del PSOE de Ferrol hicieron una colecta entre los vecinos
y encargaron
una placa conmemorativa al escultor Agustín López Miras que fue
colocada
en
la
sede del antiguo consistorio. Representaba
su efigie, coronada de laurel junto a un joven con un martillo
encadenado a un yunque, como símbolo del trabajo y de los trabajadores. Querían rendir homenaje, según rezaba el texto grabado en el bronce, “a su
vida austera, al temple heroico de su voluntad y a la honradez en su
conducta”.
El
golpe de Estado del 36 triunfó en Ferrol en pocas horas y los
franquistas,
que se hicieron enseguida con la ciudad, iniciaron una represión
sanguinaria con centenares de asesinatos, que sumaría decenas de miles en toda Galicia y centenares de miles en toda España. La placa de Iglesias fue
retirada y destruida. Pasaron 64 años hasta que en
el 2000,
bajo el mando del regidor nacionalista Xaime Bello, el
fundador del PSOE y de UGT
recibió el título de hijo predilecto de la ciudad. Años después también se bautizaría con su nombre un pequeño parque a la
entrada de su barrio natal, Esteiro.
«Esto no debería ser objeto de debate político, porque de lo que se trata es de un acto de respeto democrático a la historia de Ferrol, de reparación y justicia»
Pasado el tiempo, durante unos trabajos de digitalización en los
astilleros públicos de Navantia, varios militantes descubrieron una
fotografía antigua en la que se veía la placa que había sido destruida por los franquistas. Decidieron de nuevo
hacer una colecta y, a partir de ella, encargar una réplica, que pensaron podía
situarse en la plaza que albergó el antiguo Concello, porque el edificio de la casa donde nació Pablo Iglesias ya no existe, o algún lugar emblemático. «Hablamos con el alcalde, le explicamos nuestra intención de restituirla y aunque en principio dijo que sí, luego fue poniéndonos dificultades, hasta que nos informó de que la ubicación sería en el parque, pero no en su entrada, sino en una zona alejada y oculta donde apenas se vería», lamenta.
Dictadura y represión
Ferrol
es una de las ciudades más icónicas de lo que representaron no sólo
la dictadura –allí también nació Franco, que la rebautizó
pomposamente como El Ferrol del Caudillo–, la
represión y el horror fascistas, sino también la lucha obrera
antifranquista. La memoria histórica y democrática está presente casi en
cada esquina y en cada familia. El propio Mato recuerda que su padre
fue trabajador de Bazán, que su abuelo paterno, secretario de
organización del PSOE, fue asesinado en 1934 durante el levantamiento de Asturias; y que su otro abuelo, oficial de la
Armada, falleció en prisión tras recibir tres sentencias de muerte
de un tribunal militar franquista por su lealtad a la República.
El exalcalde también recuerda que la importancia de la figura de
Pablo Iglesias es anterior al franquismo, y que además trasciende la
rivalidad partidista y el combate de siglas. «Esto no debería ser objeto de debate
político, porque de lo que se trata es de un acto de respeto democrático a la
historia de Ferrol, de reparación y de justicia para con uno de los
mayores defensores de la libertad, la igualdad y la equidad social de
este país», añade Mato.
El
PSOE celebró el pasado octubre el acto de descubrimiento de la
placa, al que asistieron, entre otros, la presidenta del Congreso,
Francina Armengol; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la
secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, y el
secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Pero la
agrupación local se ha negado a ubicar el monumento en el emplazamiento ordenado por el
Concello, y, tras guardarla en su sede, ha decidido exponerla en las
instalaciones del Ateneo Ferrolán, creado en 1879, el mismo año en que Iglesias fundó el PSOE. Hasta su clausura por el
franquismo, al tiempo en el que el partido era ilegalizado, el Ateneo fue uno de los principales motores de la vida social y
cultural de la ciudad.
El pasado 20 de noviembre, los socialistas denunciaron en la comisión institucional del Parlamento de Galicia la «censura política» del alcalde Rey Varela. «Lo que hizo hace años la dictadura, el PP pretende repetirlo simbólicamente hoy: apartar, ocultar y desnaturalizar un homenaje a una de las figuras fundamentales de la historia de la clase trabajadora», advirtió el diputado Aitor Bouza.
Público se ha dirigido al Ayuntamiento de Ferrol para obtener su versión de los hechos y ofrecer al consistorio y a su alcalde la posibilidad de responder a la acusación del PSOE de querer invisibilizar por «voluntad política» el recuerdo a Pablo Iglesias. A la hora en la que se terminó de redactar esta pieza, este diario no había obtenido respuesta a las llamadas y correos enviados a su gabinete de comunicación.
Qué es un éxito y qué un fracaso para los principales partidos en las elecciones de Extremadura
El arranque de la campaña electoral para las elecciones extremeñas amerita un minuto de reflexión para conocer las expectativas que tienen las formaciones en los comicios del próximo 21 de diciembre. Cada partido tiene previsiones muy distintas y fracasar tiene diferente acepción según la formación política. Las inminentes elecciones, adelantadas por María Guardiola, son un experimento del PP para poner distancia con el PSOE e intentar contener a Vox, pero las encuestas auguran que la extrema derecha puede arruinar los planes populares y convertirse en una fuerza con más poder que nunca en Extremadura.
Los programas electorales ya han sido publicados, a falta de Unidas por Extremadura, que promete hacerlo en unos días. La presidenta decidió dar por terminada la legislatura al comprobar que no tendría apoyos para aprobar los presupuestos autonómicos, que ya venían prorrogados desde 2024. Ante el bloqueo, Guardiola vio en las elecciones una jugada para ganar terreno electoral, una idea que suena cada vez más peregrina. Estas son las previsiones de los partidos políticos que actualmente tienen representación parlamentaria en la Asamblea de Extremadura.
PP: o mayoría absoluta o alas a la extrema derecha
Los planes de María Guardiola al convocar elecciones confiaban en rematar el año con una mayoría absoluta desde la que gobernar en solitario y sin presiones de la extrema derecha. Sin embargo, ese escenario cada vez parece más una utopía. El CIS apuntaba, en sus predicciones más optimistas con el PP, que Guardiola mejoraría tan solo un escaño respecto a 2023, alcanzando así los 29 diputados y muy lejos de la absoluta, para la que se necesitan 33 escaños. Por eso, Guardiola se ha lanzado a por el votante socialista que ahora rechaza al PSOE: «Aquí tienen una opción seria y responsable y pido la confianza», aseguraba en su último mitin, este jueves, antes de arrancar la campaña.
Para el PP, y en consecuencia para Alberto Núñez Feijóo, instigador del plan de convocar elecciones, sería un fracaso estratégico no conseguir una mayoría absoluta, aunque ser la formación más votada y revalidar el Gobierno sería un hito para el PP en Extremadura. Guardiola es la segunda presidenta popular tras José Antonio Monago, que gobernó cuatro años la región y rompió el monopolio del PSOE en la región entre 2011 y 2015.
PSOE: riesgo de un nuevo mínimo histórico
El PSOE es el partido más susceptible a encontrarse un resultado duro el próximo 21D. Los socialistas ya marcaron un mínimo histórico en 2023 con 28 escaños y el 39,9% de los votos, su dato más bajo en unas autonómicas extremeñas. En la formación consideran que si los resultados electorales se mantuvieran en porcentajes similares, pese al mal resultado, no sería considerado un fracaso. La mejor de las versiones que baraja el PSOE, liderado en estas elecciones por Miguel Ángel Gallardo, es pelear por reconquistar Extremadura, aunque son aspiraciones que no se sostienen, según lo publicado en las últimas encuestas. La presencia de Gallardo en el caso de David Sánchez, donde ambos están imputados por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y su posterior entrada como diputado en la Asamblea para estar aforado, ha condicionado la imagen del partido en estas elecciones.
Un fracaso indudable para los socialistas sería empeorar aún más sus resultados, ya de por sí malos. Y ese escenario parece muy probable. Por ahora, el CIS estima su porcentaje de voto en el 31%, un resultado que supondría su mínimo histórico casi 8 puntos por debajo de sus datos actuales, que actualmente marcan el peor resultado de la historia del PSOE en Extremadura. En su mitin de este jueves desde Plasencia, Gallardo pasaba por alto su imputación, presumía de sus hitos personales y centraba su mensaje en sus adversarios: «Pese a los obstáculos, no van a engañar a los extremeños», apuntaba el candidato en la única frase que podía entenderse como una referencia a su imputación, de la que siempre ha defendido ser un caso de lawfare.
Los socialistas están lanzados hacia el votante indeciso, que según el último CIS oscila en el 55%, que respondieron que votarán «lo que más les convenza» en el momento. Además, en la formación son conscientes de que será la primera vez en la que las elecciones municipales se separen de las municipales. Separar las papeletas puede pasar factura al PSOE, con una gran presencia en la región y una marca muy consolidada que podría compensar la mala acogida de Gallardo.
Vox: el fracaso les queda lejos
La extrema derecha es la única formación sobre la que no sobrevuela el miedo al fracaso. Óscar Fernández, candidato de Vox en la región, prevé duplicar las fuerzas de su partido en la Asamblea de la Junta de Extremadura. Los de Santiago Abascal quieren ganar presencia en la región y confirmarse como un aliado imprescindible para la gobernabilidad del PP.
Un fracaso para Vox estaría relacionado con su pérdida de protagonismo, y eso solo podría ocurrir con una mayoría absoluta del PP, aunque si mantuviesen sus actuales resultados, cinco diputados, también se vería como una mala noticia después de muchos meses con previsiones muy optimistas.
Unidas por Extremadura: aprovechar la crisis del PSOE
La formación progresista, coalición entre Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, tiene actualmente cuatro diputados y han recibido con mucho optimismo el último CIS, que les mejora hasta los seis escaños su resultado del 21D.
La lista encabezada por Irene de Miguel vería como un fracaso inapelable no llegar al 5% de los votos, mínimo exigido para obtener representación parlamentaria, aunque no parece un escenario probable. En cuanto a las expectativas favorables, alcanzar los seis escaños supondría igualar el máximo histórico de la izquierda alternativa en la Asamblea extremeña, logrado por Podemos en 2015. Los más cautos, conscientes del aumento ultra y de la crisis de la izquierda alternativa, celebrarían mantener los cuatro diputados que tienen actualmente, aunque esperan verse beneficiados de la crisis que atraviesa el PSOE.
«Dos disparos rápidos y certeros»: el manual para matar de la red terrorista neonazi que planeaba atentar en España
El grupo neonazi The Base prepara a sus militantes en distintos países para cometer actos terroristas. Los responsables internacionales de esta organización, cuyos activistas en España fueron detenidos el pasado 24 de noviembre por la Policía Nacional, cuenta con un manual en el que se instruye a sus miembros sobre cómo actuar a la hora de cometer asesinatos.
Público ha tenido acceso a un documento de 55 páginas que fue distribuido por The Base el 27 de septiembre de 2024 a través de su cuenta en la red social rusa VK. El líder internacional de esta organización, Rinaldo Nazzaro, es un ciudadano estadounidense que colaboró con el Departamento de Seguridad de EEUU entre 2004 y 2006 y que desde 2018 vive en San Petersburgo. Desde allí coordina y radicaliza a los miembros de la red, que contaba con una célula en Castellón.
La Policía Nacional detuvo el día 28 a tres integrantes del grupo e incautó dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas y un completo equipamiento táctico militar, además de material de apología nazi. El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña decretó este martes el ingreso en prisión provisional y sin fianza del presunto líder de la célula terrorista en España.
El manual en inglés distribuido por los responsables internacionales de este grupo al que accedió Público está repleto de instrucciones sobre cómo actuar en enfrenteamientos contra los «enemigos», e incluso incorpora gráficos sobre las posiciones que los terroristas deben ocupar en los ataques para lograr sus objetivos criminales.
Las células que forman parte de este grupo reivindican la defensa de los ciudadanos «blancos» de sus respectivos países y plantea formar un «etnoestado» racista. Para ello optan por el aceleracionismo, una teoría que propugna la violencia xenófoba y el terrorismo de ultraderecha.
«El fuego inesperado lo desconcertará»
Según ha verificado Público, el documento con instrucciones para sus militantes está basado en los contenidos de un manual táctico elaborado por Max Velocity Tactical, una empresa de entrenamiento militar ubicada en Virgina Occidental (EEUU).
El grupo terrorista The Base señaló el 27 de septiembre en su perfil en la red social VK que este documento «contiene varios capítulos importantes del libro de Max Velocity sobre tácticas para unidades pequeñas». «Es una lectura imprescindible para cualquiera que esté interesado en unirse a The Base«, añadió. El documento cuenta con varios apartados subrayados en azul por los neonazis para destacar su importancia.
«Tu
respuesta inmediata y disciplinada tiene como objetivo confundir al enemigo y
desequilibrarlo, con la esperanza de que entre en pánico, lo que te permitirá
recuperar y mantener la iniciativa. El fuego inesperado procedente de una
dirección inesperada lo desconcertará», señala el documento.
Las células de The Base distribuidas por varias zonas de EEUU y por distintos países europeos –entre los que figuraba España– cuentan con armamento y realizan prácticas de tiro, según consta en varios videos visualizados por Público.
El auto dictado por la Audiencia Nacional establece que el líder de la célula española de este grupo » ha realizado labores de adiestramiento a terceras
personas, mediante entrenamientos tácticos con diversas clases
de armas en los alrededores de su localidad» en la provincia de Castellón, «en los cuales se han observado a varias personas en sus
prácticas».
El manual militar distribuido por el grupo incide precisamente en la necesidad de efectuar ejercicios que permitan coordinar «tácticas» para» derrotar al enemigo». Entre los consejos sobre cómo perpetrar sus crímenes figura la recomendación de efectuar «dos disparos rápidos y certeros: apuntar, disparar,
disparar».
El documento incluye además instrucciones sobre la forma de actuar ante casos de «enfrentamientos», previsiblemente con fuerzas policiales. «Si te
disparan y hay alguna duda, o no puedes ver al enemigo, la prioridad es ponerse
a cubierto«, explica. Seguido, insta a responder «con fuego adecuado».
Por otro lado, el manual aporta recomendaciones sobre cómo actuar en caso de un enfrentamiento desde una «barricada», lo que incluye utilizar como barrera de protección el capó de un vehículo. «Cuando se utiliza una cobertura, es importante ocultar la mayor parte posible del cuerpo detrás de ella. Esto suele significar que, para un tirador con el lado fuerte a la derecha,
disparará alrededor del lado derecho de la cobertura», afirma.
Destaca además que «en un entorno boscoso» los árboles «se utilizan para proporcionar cobertura adicional frente a la vista y el fuego, a una distancia prudencial
de ellos». «Si te acercas o te alejas del enemigo,
utilizarías los árboles para situarte detrás de la oscuridad de
sus troncos, de modo que, mientras te mueves, el enemigo no
pueda dispararte y, por lo tanto, estés cubierto mientras te desplazas. Esto
no solo se aplica a los árboles, sino a cualquier objeto sustitutivo», afirma.
«Los fusiles estarán listos»
En otro apartado, el manual de obligada lectura para los militantes del grupo neonazi señala cómo actuar bajo una lluvia de balas: «Mientras
te concentras en el fuego enemigo, estarás respondiendo agresivamente con fuego
reflejo y, al mismo tiempo, disparando en movimiento mientras te pones a
cubierto. Por lo tanto, el debate sobre disparar o ponerse a cubierto es
irrelevante: harás ambas cosas y, así, protegerás a tus compañeros y, con
suerte, evitarás ser alcanzado, lo que te permitirá seguir luchando».
También hay instrucciones sobre los pasos a seguir en caso de una operación de asalto. «El enemigo puede estar muerto, herido, escondido o
haberse desplazado a otra posición. Durante el asalto, el elemento asaltante
avanzará a un ritmo constante, pudiendo disparar con precisión desde la
posición de marcha. Los fusiles estarán listos y los fusileros estarán atentos
a cualquier enemigo oculto», subraya.
El documento obtenido por este periódico incide en las características de esos ataques: «Utilizando información sobre la ubicación, el terreno, el
número de efectivos, las capacidades y el estilo de vida/rutinas del enemigo,
junto con las capacidades de las fuerzas amigas, se creará un plan».
«En una incursión, sabes dónde está el enemigo, te diriges a él y lanzas un ataque sorpresa», subraya. Explica a continuación que «este ataque comenzará inicialmente con una descarga de fuego de apoyo, antes de que los elementos de asalto avancen».
Granadas como «dispositivo de choque»
El manual ofrece indicaciones sobre la utilización de granadas de fragmentación. «Se
recomiendan para espacios cerrados, como habitaciones, búnkeres o trincheras.
Usarlas en exteriores o en zonas boscosas aumenta el riesgo de accidentes
amistosos. No intentes lanzarlas a través de ventanas; en su lugar, coloca la
granada por la abertura y déjala caer», indica.
Destaca además que «las granadas de fragmentación no son tan peligrosas como se suele creer y no se puede confiar en ellas para despejar un espacio; se utilizan mejor como dispositivo de choque, seguido de una acción decisiva».
El sistema sanitario acaba en urgencias con la llegada de la gripe: «Tenemos una Atención Primaria bajo mínimos»
La imagen de pacientes hacinados en los pasillos ha dejado de ser noticia. Se ha normalizado que falten camas en los hospitales y que el personal sanitario denuncie el desbordamiento del sistema público. A casi nadie le sorprende ya que su centro de salud dé cita para dentro de un mes o que acudir a Urgencias se convierta en una odisea interminable. ¿Por qué esto ya no impresiona? ¿Era previsible que se llegara a este punto? Quizá sí. Tal vez ha podido influir que sanitarios y pacientes lleven años advirtiendo de las grietas de un sistema que se cae a pedazos.
Se vio este verano, con el cierre de camas, las plantillas bajo mínimos y unos refuerzos «insuficientes». También se sufrió el otoño pasado, cuando las infecciones respiratorias estacionales arrasaron unos centros ya debilitados. Y también el año anterior, y el otro, y el de antes. ¿Y este? El cuento de nunca acabar. Aunque ahora con un «pequeño» matiz: la gripe se ha adelantado varias semanas respecto a lo habitual. ¿La consecuencia? Ya se conoce. Más colapso, más desgaste y un sistema público que vuelve a quedarse sin aire.
Así lo corrobora Antonio Blanco. Es médico de Urgencias en el hospital madrileño 12 de Octubre. Reconoce a Público que la hospitalización está desbordada: «La planta no da abasto y muchos ingresos se quedan atascados en Urgencias. Eso dispara el sobreaforo y complica la atención». El resultado es inmediato. «Pacientes graves acaban esperando en un sillón o en una camilla improvisada, cuando deberían estar ingresados en una cama, monitorizados y con una vigilancia adecuada. Aumenta el riesgo y disminuye la seguridad«. Los sanitarios sufren. «Sientes frustración y miedo. Sabes que el sistema, sin esta presión asistencial, podría ofrecer mucho más«, se desahoga. Pese a todo, Blanco reconoce que en su hospital se han incorporado refuerzos y se han activado algunas medidas para intentar descomprimir la presión asistencial.
Gloria Hernanz, trabajadora en el hospital La Paz: «Hacinados unos encima de otros… perfecto para que una epidemia se propague»
Gloria Hernanz trabaja en el Servicio de Urgencias del Hospital La Paz. «A las 13.00 horas de este miércoles había 80 pacientes pendientes de ingreso. La ocupación es tremenda, hacinados unos encima de otros… perfecto para que una epidemia se propague», dice en conversación con este diario. Achaca que la falta de personal es estructural: «Esto lleva todo el año así. La gestión del hospital deja mucho que desear frente a los problemas diarios con pacientes y trabajadores». Según Hernanz, el plan de ajuste económico vigente desde el año pasado en Madrid ha recortado aún más la cobertura de personal. No se limita al servicio de Urgencias: «En la planta de Cardiología estamos en mínimos. Llevamos una semana pidiendo cobertura por dos enfermeras de baja y hasta el día 21 de diciembre no las sustituyen. El próximo fin de semana, en turno de noche, habrá una sola enfermera para 28 pacientes. Si ocurre algo grave, no habrá quién lo atienda».
Este medio también ha recogido denuncias similares en distintos puntos del país. En A Coruña, una paciente presentó una reclamación —a la que ha tenido acceso Público— tras pasar 31 horas en una camilla en el pasillo de Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) antes de ser ingresada. Desde el propio centro aseguraron a Público que el servicio no está colapsado, sino que «afronta un incremento de la demanda propio de estas fechas». En Santiago de Compostela, Fernando Abraldes, presidente de la Asociación de Pacientes y Usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), confirma a este diario que los pasillos vuelven a estar llenos de pacientes. Según explica, en las últimas 24 horas se registraron 517 atenciones y una ocupación del 89%, «lo que implica que habría hasta 166 camas físicas susceptibles de ser utilizadas si se asignara personal médico y de enfermería».
Antonio Macías, UGT Andalucía:
«El sistema está tan cogido con pinzas que cualquier aumento de presión hace saltar todo por los aires»
La situación se repite en Andalucía. Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT Servicios Públicos, sostiene que el colapso es generalizado. «El sistema está tan cogido con pinzas que cualquier aumento de presión —esta vez, la gripe— hace saltar todo por los aires. El desbordamiento empieza en Urgencias, se traslada a los quirófanos, después a las plantas… y al final se desviste un santo para vestir a otro. Es un despropósito propio de un sistema con una gestión muy mejorable», resume en conversación con Público.
Un ingrediente más se suma a la situación de colapso. Los niveles de incidencia de gripe en España son tres veces superiores a los del año pasado. En Catalunya, la situación tampoco mejora: según los datos del Sistema de Vigilancia de las Infecciones en Catalunya (SIVIC), la incidencia sigue en ascenso y con un aumento más pronunciado que en temporadas anteriores. Entre el 17 y el 23 de noviembre, se registraron 81 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque todavía se considera un nivel bajo, las previsiones apuntan a que podría superar el umbral moderado en apenas dos semanas. Además, se observa un repunte del virus respiratorio sincitial (VRS), aunque su circulación por ahora sigue en niveles basales.
Los niveles de incidencia de gripe en España son tres veces superiores a los del año pasado
La consellera Olga Pané advirtió este miércoles en Catalunya Ràdio de que la comunidad está a punto de entrar en nivel alto de circulación —218 casos por cada 100.000 habitantes— y que el pico epidémico coincidirá de lleno con las fiestas navideñas. Según aclaró, la presión actual ya «ocupa» buena parte del sistema sanitario, y varios hospitales catalanes empiezan a notar signos claros de saturación. Público enumera en un artículo las comunidades autónomas y los centros donde es posible vacunarse contra la gripe sin necesidad de pedir cita previa.
¿Qué está fallando?
¿Por qué se repite el colapso año tras año? ¿Qué está fallando en la gestión sanitaria? Para Miguel Barrueco, portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la respuesta es clara: si no se actúa sobre las causas, el problema se reproduce una y otra vez. «No solo no se han incrementado las camas ni las plantillas, sino que en algunos casos incluso se han reducido. Y seguimos con plantas cerradas que deberían estar operativas«, denuncia en declaraciones a Público. El resultado, dice, es inevitable: «Mismas causas y mismas decisiones conducen a las mismas situaciones, con una población cada vez más envejecida».
Barrueco subraya que esta falta de recursos obliga a gestionar camas y personal «al límite», lo que dispara el burnout y, en consecuencia, las bajas entre los profesionales. «El sistema no se hunde gracias a la entrega de quienes trabajan en él. Pero no se puede sostener así», insiste. «La asistencia sanitaria cuesta dinero. No hay soluciones mágicas. Lo sensato, casi siempre, es aplicar criterios de sentido común».
Para Xosé María Dios, médico de familia jubilado que ejerció en el municipio rural y costero de Outes (A Coruña), el origen del problema está en una Atención Primaria «languidecida». En Galicia, recuerda, la situación es especialmente grave: «De los 313 ayuntamientos de la comunidad, unos 200 carecen de pediatra». «Los centros de salud funcionan con menos personal y menos recursos, así que las consultas se desbordan con 50 o 60 pacientes al día», explica. En ese escenario, completa, muchas personas optan por buscar alternativas: «La ciudadanía termina acudiendo a los PAC o directamente a las Urgencias hospitalarias por problemas que, en condiciones normales, deberían resolverse en Primaria«.
Desde el sindicato SATSE Madrid alertan de que el Plan de Invierno no puede implementarse eficazmente cuando los centros asistenciales ya muestran signos de saturación por la gripe. «Tememos que vuelva a fracasar, como ocurrió el año pasado; las urgencias ya están desbordadas, con más pacientes que camas disponibles». El sindicato pone ejemplos sobre la mesa: «La Urgencia de La Paz amaneció el miércoles con 128 pacientes ingresados, pese a contar solo con 116 camas. Todo el servicio estaba atendido por apenas 16 enfermeras por turno». Reprochan que «harían falta, al menos, 2.000 enfermeras adicionales Servicio Madrileño de Salud para garantizar condiciones laborales mínimas y poder atender con seguridad a la población».
Lo último que se sabe es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han logrado, por fin, cerrar un acuerdo en la Comisión de Salud Pública para aplicar un plan común frente a la gripe y otros virus respiratorios. El documento recupera entre sus medidas el uso de mascarilla en centros sanitarios, junto a otras actuaciones destinadas a mitigar el impacto de la ola vírica.
La gripe irrumpe antes de tiempo en una España con pocos vacunados y hospitales al límite
Las mascarillas vuelven a verse en el espacio público. Esta vez no es por un déjà vu de la pandemia, sino por un repunte gripal que ha pillado a España con el pie cambiado. La circulación del virus se ha adelantado varias semanas respecto al calendario habitual y ya ha superado el umbral epidémico. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) ha puesto el foco en una variante «más contagiosa». La cepa A(H3N2) está circulando de forma «inusualmente temprana» en la península.
Los datos confirman también la tendencia. El sistema de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III, SiVIRA, que mide la incidencia mediante el indicador conocido como «proxy de gripe» —tasa de infecciones respiratorias agudas en primaria × porcentaje de muestras positivas a gripe—, dibuja una curva muy pronunciada. En la semana 44 de 2024, la incidencia estimada era de 12,9 casos por cada 100.000 habitantes; un año después, en esa misma semana, la cifra se ha disparado a 43,4. Es decir, 3,4 veces más. Lo mismo ocurre en la semana 45: 19,7 casos en 2024 frente a 62 en 2025. España entró en nivel epidémico en la semana 39 de este año.
A este escenario se suma otro ingrediente: las coberturas de vacunación. El último balance del Ministerio de Sanidad, con datos provisionales de 2024, señaló un retroceso en la inmunización de adultos y mayores de 60 años respecto al año anterior. Entre el personal sanitario y sociosanitario, la tendencia descendente también se mantuvo. Solo las embarazadas registraron una mejora notable, acercándose a los niveles alcanzados en plena pandemia. En la población infantil, pese a una subida de más de diez puntos, la cobertura siguió por debajo del 50%.
El último balance de Sanidad, con datos provisionales de 2024, señaló un retroceso en la inmunización de adultos y mayores de 60 años
En el ámbito estatal, la cartera de Mónica García aún no ha hecho públicas las coberturas de vacunación de esta temporada. Por ende, Público ha revisado los sistemas de seguimiento autonómicos. Algunas comunidades han actualizado sus cifras de vacunación. El Observatorio de Salud Pública de Galicia informa de 720.501 personas vacunadas hasta la fecha, con un 67,41% de cobertura en mayores de 65 años, un 59,59% entre el personal sanitario y un 46,83% en menores de 12. En la Comunidad de Madrid, el último informe semanal contabiliza 747.416 vacunaciones, de las cuales cerca de medio millón corresponden a personas de 65 años o más. Castilla y León, por su parte, actualiza semanalmente sus datos y gráficos de evolución a través de su portal de datos abiertos. Sanidad insiste en reforzar las recomendaciones de vacunación para la campaña 2025–2026.
El colapso que todos veían venir
La gripe ha encontrado un sistema sanitario agotado, que lleva años avisando de que no da más de sí. ¿El resultado? Previsible: los pasillos de los hospitales vuelven a ser salas de espera improvisadas, las listas de espera se eternizan y las plantillas trabajan al límite. El 25 de noviembre, Marta González acompañó a su madre —paciente oncológica— a Urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Tras pasar por boxes, ambas quedaron varadas en un pasillo durante 31 horas. «31 horas en una camilla, sin intimidad y sin dignidad», denuncia Marta en conversación con Público. La única explicación que recibió fue que no quedaban camas disponibles. El ingreso no llegó hasta la tarde del día siguiente.
Marta, acompañante de una paciente oncológica: «Mi madre estuvo 31 horas en una camilla en el pasillo, sin intimidad ni dignidad»
En Santiago de Compostela, el periodista Juan Oliver recogió el 28 de noviembre la denuncia de decenas de pacientes que soportaron esperas superiores a cinco horas en camillas o sillas de ruedas en los pasillos del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS). Todo ello pese a que, según la dirección del centro, había más de 200 camas libres. Los afectados apuntaron directamente a la falta de personal como origen del colapso. La gerencia del CHUS y el Servizo Galego de Saúde (Sergas), sin embargo, negaron a Oliver que la situación consiguiera desbordar el sistema y aseguraron que existe un «plan de contingencia activado para responder a picos puntuales de demanda».
Carla (nombre ficticio para preservar su anonimato) acudió la semana pasada a las Urgencias del Hospital La Paz, en Madrid, acompañando a su madre por un problema cardiaco. «Vimos el hospital completamente colapsado por la falta de recursos, y a los sanitarios sacando su trabajo adelante como buenamente podían. Los distintos boxes de Urgencias estaban saturados; había personas mayores siendo atendidas en sillones destrozados por la falta de camas, y médicos y enfermeras intentando localizar a los pacientes entre todo el caos…», relata a este diario. La orden de ingreso para su madre se emitió el martes por la noche. «El jueves seguía aún en Urgencias. Fuimos varias veces a reclamar a Atención al Paciente y la respuesta siempre fue la misma: no hay camas«.
En el Hospital 12 de Octubre, trabajadores de Urgencias llevan semanas trasladando a este medio cifras que evidencian el desbordamiento del servicio. El 27 de noviembre, por ejemplo, 54 pacientes esperaban cama a primera hora; la sala P2, con capacidad para 42 personas, albergaba 68, y en P3 aguardaban otras 72.
Fuentes del CHUAC aseguran que el hospital no está colapsado y que se encuentran en fase 1 de su plan de contingencia
Público ha contactado con los distintos centros sanitarios mencionados en este artículo para conocer la situación del servicio de salud. Desde el CHUAC aseguran que el hospital no está colapsado, que la única reclamación registrada es la citada en este texto y que se encuentran en fase 1 del plan de contingencia, «activado habitualmente durante los periodos de mayor demanda». Reconocen, eso sí, un aumento en las urgencias «como ocurre todos los años por estas fechas». Por su parte, La Paz no respondió a las llamadas de este medio, mientras que desde el 12 de Octubre indicaron que facilitarían información, aunque hasta el momento de la publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta.
La respuesta que España aún no consigue cerrar
Más gripe y menos vacunación, ¿y ahora qué? Este miércoles está previsto que la Comisión de Salud Pública vuelva a someter a aprobación el plan contra la gripe. El año pasado, el documento naufragó en el Consejo Interterritorial: las comunidades gobernadas por el Partido Popular lo vetaron y optaron por aplicar sus propios planes para enfrentar la ola de gripe. La misma situación se repitió el pasado 13 de noviembre. Los gobiernos autonómicos populares rechazaron de nuevo el texto. Aun así, tras semanas de negociación, el equipo de García asegura que esta vez confía en sacarlo adelante.
El proyecto plantea una respuesta escalonada según los indicadores de transmisibilidad del sistema de vigilancia SiVIRA, que distingue cinco escenarios: basal, bajo, medio, alto y muy alto. En cada nivel se establecen recomendaciones adaptadas, desde el uso de mascarilla —especialmente en interacciones cara a cara, centros sanitarios o contextos de alta circulación viral— hasta la mejora de la ventilación, la limpieza refuerzo en interiores, la reducción de aglomeraciones y la activación de planes de contingencia en hospitales y residencias para asegurar la continuidad asistencial.
Vacunación sin cita previa
Algunas comunidades autónomas están reforzando la campaña de inmunización frente a la gripe —y, en algunos casos, también contra la covid-19— con dispositivos que permiten vacunarse sin necesidad de cita previa. En Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal atiende a la población adulta de lunes a viernes, entre las 8.30 y las 20.30 horas, mientras que los menores de 18 años deben seguir acudiendo a sus centros de salud. Aragón fue de las primeras en abrir la vacunación libre en centros sanitarios, con varios puntos operativos en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza desde las 9 hasta las 19 horas.
Andalucía organiza desde noviembre jornadas semanales sin cita dirigidas a los grupos diana, repartidas por distintos puntos de la comunidad. En el Principado de Asturias, el SESPA ha habilitado 34 puntos de vacunación vespertinos para facilitar el acceso. Castilla y León ofrece inoculaciones sin cita los fines de semana en numerosos Puntos de Atención Continuada de provincias como Palencia y Zamora. País Valencià mantiene la vacunación sin cita en la campaña actual, aunque sin reabrir los vacunódromos utilizados el año pasado. En Catalunya, los CAP cuentan con instrucciones para vacunar a personas de riesgo tanto con cita como sin ella. Euskadi, por su parte, ha reforzado el operativo e incluye acceso libre al vacunódromo de Bilbao,
abierto durante unos 15 días de 8.00 a 20.00 horas.
La Rioja ha programado jornadas puntuales sin cita en el Hospital San Pedro de Logroño, y Navarra ha abierto puntos especiales en centros de salud como los de Estella-Lizarra y Buztintxuri, además de dispositivos temporales en el Área de Tudela. En la Región de Murcia, municipios como Caravaca de la Cruz han reforzado sus centros de salud para ofrecer vacunación accesible sin cita previa.
El grupo nazi desarticulado en Castellón buscaba «jóvenes nacionalistas blancos» para «pasar a la ofensiva»
Los activistas de la célula neonazi desarticulada por la Policía Nacional en Castellón en los últimos días querían dar un salto en sus campañas en defensa de la «raza». Según consta en un texto elaborado por uno de los responsables locales de The Base, el grupo pretendía distanciarse de otras organizaciones de ultraderecha y ofrecerse como espacio clandestino para quienes estuviesen dispuestos a combatir contra la «sustitución» de españoles por migrantes.
«¡Hermanos,
despertad! Hay una causa crucial que os necesita y es la supervivencia de
nuestra raza. Manteneos alejados de los sectores reaccionarios y de los falsos
nacionalistas blancos que os hacen creer que una revolución nacional aún es
posible», afirma M. M., miembro de The Base en España, en una nota publicada por la dirección del grupo en la red social rusa VK en abril de 2025 y a la que ha tenido acceso Público.
Tras plantear «cómo
podrían los jóvenes nacionalistas blancos de mentalidad revolucionaria
contribuir realmente a la causa», el autor del texto insta a promover la «secesión blanca» mediante «un alto nivel de implicación y compromiso, pasando a la ofensiva y participando en
organizaciones como The Base» o sumándose a iniciativas de formación de «etno-villas», en alusión a la formación de poblados por parte de grupos xenófobos.
El activista se mostraba crítico con aquellos que «ni siquiera están dispuestos
a derramar una sola gota de sangre por su nación (que ya está rota, ocupada y
desprovista de soberanía) o por nuestra raza».
La publicación de aquella carta estuvo precedida de imágenes en las que aparecían miembros de la célula española neonazi enseñando sus armas o portando la bandera negra de este grupo.
Según ha verificado Público, The Base difundió durante los últimos meses una serie de fotos de activistas de esta organización en España, Italia, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Bulgaria, Ucrania o Rusia. También cuenta con militantes en distintas zonas de EEUU. En varias de esas imágenes los ultras aparecen portando armamento.
En julio pasado, la rama ucraniana de este grupo se atribuyó el asesinato del coronel Ivan Voronych, miembro del Servicio de Seguridad de ese país.
«Defender a la población blanca»
En el operativo efectuado el pasado martes en Castellón –y que no trascendió hasta este lunes–, la Policía Nacional incautó dos armas de fuego y nueve de entrenamiento, más de una veintena de armas blancas y un completo equipamiento táctico militar, además de material de apología nazi. Uno de los ultras detenidos ha ingresado en prisión.
«Promocionar públicamente The Base es un riesgo calculado necesario para fines de reclutamiento y para obtener apoyo financiero que nos ayude a financiar nuestra formación», explicaron sus responsables en una publicación en VK del 26 de febrero de 2025.
En otro mensaje en esa red social, el grupo explicaba que «cada
célula local de The Base» tiene asignada la «misión» de «proteger» a la «población blanca local». «Queremos establecer células en tantos lugares como
sea posible para poder defender al mayor número posible de comunidades blancas»,
explicaban en una declaración publicada en febrero pasado.
«Para ser una fuerza de defensa eficaz se necesita
entrenamiento, y un entrenamiento eficaz requiere dinero para cubrir los gastos
de viaje de nuestro equipo de entrenamiento móvil», añadían en esa publicación, destinada a encontrar nuevos donantes. «Cuanto más
apoyo financiero recibamos, más células podremos crear en distintos lugares.
Quizás uno de esos lugares sea incluso donde tú vives», subrayaban.
«Violencia racial y terrorismo»
La dirección de esta red de células neonazis está a cargo de
Rinaldo Nazzaro, un estadounidense que dirigió una empresa de seguridad y que hoy vive en San Petersburgo. Según distintos informes recopilados por Público, este activista de ultraderecha ejerció como colaborador del Departamento de Seguridad de EEUU entre 2004 y 2006.
El centro de investigación Counter Extremism Project, con sede en EEUU y Alemania, afirma además que Nazzaro «presuntamente colaboró en 2014 con las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio en medidas antiterroristas».
El ultraderechista, que también actúa bajo el seudónimo de Norman Wolf, publicó en junio pasado una carta del Cuerpo de Marines de EEUU en la que se reconocía su colaboración en operaciones especiales.
Nazzaro asegura que se involucró en actividades de ultraderecha tras abandonar su colaboración con el Gobierno de EEUU y explica que fundó la red supremacista blanca The Base en 2018.
«Aproximadamente al mismo tiempo, me mudé a Rusia estrictamente por motivos familiares: tuve mi primera hija y no quería que creciera en Estados Unidos porque me parecía un país demasiado degenerado. Mi esposa y yo consideramos mudarnos a varios países diferentes, pero Rusia era la opción más realista porque ella tiene la ciudadanía rusa», relata.
La red a la que pertenecía la célula desarticulada por la Policía Nacional se ubica en el ámbito del aceleracionismo de extrema derecha. Según destaca un informe del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington (EEUU), el aceleracionismo «incita a sus seguidores a cometer actos de violencia racial y terrorismo, incluyendo ataques a infraestructuras críticas, para explotar las divisiones raciales y acelerar el colapso de la sociedad occidental, permitiendo así la formación de etnoestados blancos dirigidos por supremacistas».
El Constitucional se prepara para otro bloqueo ante la renovación en un Senado controlado por el PP
El próximo 17 de diciembre se cumplirá el mandato de un tercio de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Ricardo Enríquez, José María Macías, María Luisa Balaguer y Cándido Conde-Pumpido, que es el actual presidente. Los dos primeros pertenecen al bloque conservador y los dos últimos, al progresista. Fueron nombrados por el Senado en 2017 y corresponde ahora a la Cámara Alta proponer cuatro nuevos nombramientos, tal y como obliga la Constitución.
Para conseguir la mayoría de tres quintos de la Cámara Alta necesaria para que queden ratificados los cuatro candidatos, el PP y el PSOE deben pactar los nombres. Pese a la amplia mayoría de los populares en el Senado, con 145 asientos de 266 senadores, no tendrían la capacidad para sacar adelante por sí mismos a cuatro candidatos conservadores, ni con el apoyo de Vox, UPN y Junts podrían lograr los 160 votos necesarios para ello.
En estos momentos, el Tribunal Constitucional tiene una mayoría progresista de siete a cinco, que se conformó en diciembre de 2022 a raíz de la última renovación en el tribunal, la que correspondía a dos magistrados nombrados por el Gobierno y otros dos, a cargo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esa renovación, a la que se llegó tras un bloqueo auspiciado por el PP, dio un giro a la mayoría conservadora que imperó en el TC una larga década, con seis a cinco. El cambio se produjo después de un episodio inédito como fue la suspensión cautelar por parte de aquel TC controlado por la mayoría conservadora de una reforma legislativa del Parlamento para precisamente moficiar la forma de renovar el tribunal, impidiendo este tipo de bloqueos.
Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer y Ricardo Enríquez llevan nueve años en el TC, que es el mandato de cada uno de los doce magistrados que conforman el más alto tribunal que interpreta la Constitución. Por su parte, José María Macías entró en septiembre de 2024, por la cuota del Senado, en sustitución del magistrado
Alfredo Montoya, que renunció por motivos de salud en julio de 2022, y falleció en marzo pasado.
Lo más probable es que Macías repita al no haber estado en el TC más de tres años, una posibilidad que permite la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Él formó parte del acuerdo entre PP y PSOE para renovar el CGPJ en junio de 2024 tras más de cinco años bloqueada su renovación por la actitud obstrucionista de Feijóo y sus antecesores al frente del PP.
Fuentes del TC indican a Público que dan por sentado que habrá bloqueo y que Conde-Pumpido, que ya ha cumplido los 76 años, seguirá siendo el presidente en funciones hasta que haya pacto entre los dos principales partidos.
El mecanismo en el Senado
El propio presidente del TC envió hace cuatro meses al presidente del Senado, Pedro Rollán, una misiva recordándole el próximo vencimiento del mandato del tercio designado por la Cámara Alta. Y Rollán, del PP, dio traslado de la misiva a la Mesa, primer paso para activar el protocolo. Sin embargo, a día de hoy no existe una propuesta de diálogo con los socialistas ni lista de nombres que negociar, indica Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado.
«No se ha activado el mecanismo para pedir a los parlamentos autonómicos que designen candidatos –dice Espadas– y es algo que se hace meses antes de que acabe el mandato en el TC. En alguno territorios, como en València, veremos candidatos con el aval del Vox», advierte.
El senador socialista asegura que «no hay ningún movimiento para proceder a la renovación preceptiva del TC por parte del presidente del Senado, al que solo le preocupan los conflictos de atribuciones», dice Espadas en relación al registro de una decena de estos conflictos con el Gobierno en lo que va de legislatura por parte de una Cámara Alta con una holgada mayoría del PP.
Posible prórroga
En el Constitucional, fuentes del sector progresista coinciden en considerar que de nuevo habrá bloqueo en este órgano. El propio Conde-Pumpido, al ser preguntado a finales del pasado mes de octubre, por la posibilidad de un nuevo bloqueo, indicó que el mandato caducado de una alta institución «puede afectar al buen funcionamiento del conjunto del sistema jurídico» y expresó su deseo de que «no hubiese demora alguna», pero evitó pronunciarse directamente por no «interferir» en «la labor política de búsqueda de consenso», dijo Cándido Conde-Pumpido durante la presentación de la Cumbre de Justicia Constitucional que se celebró en Madrid.
La caja negra de la vivienda en España: en busca del algoritmo de Idealista y Fotocasa que nadie conoce
Transparencia, competencia leal y protección de los consumidores. Son las tres exigencias que ha puesto este martes sobre la mesa del Congreso el Grupo Plurinacional Sumar a dos de los gigantes del sector inmobiliario: Idealista y Fotocasa. Lo ha hecho presentando una solicitud de comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital de la Cámara Baja de un responsable de cada plataforma. En concreto, María Matos, directora de Estudios y portavoz del portal Fotocasa, y Pablo Álvarez-Cascos, director de Tecnología de Idealista Contexto. La solicitud, interpuesta por las diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas, subraya la opacidad de estas plataformas sobre sus entresijos, sus engranajes invisibles: los algoritmos.
Unos algoritmos a los que señalan por influir de forma decisiva en la evolución de los precios de la vivienda, en la competencia desigual entre pequeños propietarios y grandes tenedores y, en definitiva, en las posibilidades de acceso al mercado de miles de familias. Incumpliendo, por el camino, la normativa europea y española en materia de transparencia. El debate está servido. ¿Afectan los algoritmos de las grandes plataformas a la configuración de los precios y tendencias del mercado? ¿Son estas compañías, por lo general, transparentes sobre el funcionamiento de estos algoritmos y de su impacto?
«Condicionan la mirada sobre el mercado»
Esther Paniagua, experta en IA y gobernanza digital, además de autora del Manual de defensa algorítmica (Prodigioso Volcán), se muestra tajante: sí a la primera pregunta; no a la segunda. «Lo más obvio de cómo pueden influir estas plataformas y sus algoritmos en el mercado de la vivienda es el hecho de que se pueda pagar para que tu anuncio aparezca más arriba en los resultados de búsqueda», comienza explicando la investigadora. En otras palabras: quien tiene mayor capacidad económica, tiene preferencia a la hora de mostrar su vivienda, sus condiciones y sus precios. Lo que -razona Paniagua- es ya de por sí una forma de modular el acceso y la percepción de los usuarios sobre el estado del mercado.
Las plataformas inmobiliarias discriminan por medio de la «segmentación de usuarios»
«Cuando no es un filtro según tus intereses, sino los intereses del dueño de la plataforma, ya no estamos hablando de una recomendación, sino de una manipulación que condiciona una decisión del consumidor», incide, por su parte, Borja Adsuara, doctor en Derecho y experto en estrategia y comunicación digital. Y eso, continúa el docente, está expresamente prohibido. «Ya lo estaba en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley General de Publicidad. Pues lo mismo ahora con algoritmos», completa el investigador. Una prohibición establecida en la DSA, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, aprobada a principios del año pasado.
Hay más vías para conseguir que te favorezca el algoritmo. «También se puede pagar para mejorar tus fotos o hacerte algunas nuevas, lo que puede mejorar igualmente el posicionamiento de tu anuncio en la web», continúa la experta. Otra posibilidad es contratar alguno de los servicios de tasación de viviendas o de contratación de inmobiliarias que ofrece el propio portal. Con el mismo objetivo: conseguir más visitas. Unos sistemas de tasación informáticos -advierte Paniagua- que se han revelado «problemáticos, con sesgos y, en muchas ocasiones, erróneos». «Entre otras cosas por el alto dinamismo del mercado, que estos sistemas no pueden incorporar», completa la escritora.
Las plataformas inmobiliarias también discriminan. ¿Cómo? Por medio de la «segmentación de usuarios». En base a criterios geográficas, demográficas o de comportamiento online. «Bien porque el propio anunciante haya pedido una segmentación específica, bien porque sea una discriminación inherente al propio algoritmo», aclara Paniagua. Barrio, capacidad económica, origen nacional… Las posibilidades son múltiples, difíciles de monitorizar y dependen -insiste la investigadora- de lo que cada plataforma decida calibrar. «Al final los algoritmos son programas informáticos con su propio sistema de pesos, a los que se atribuyen diferentes puntuaciones», explica la experta en gobernanza digital. «Se puede decidir valorar cualquier cosa: desde que la foto tenga mejor calidad hasta que el precio esté por encima de x cantidad o que el anunciante haya pagado una comisión», sentencia Paniagua.
¿Se puede hablar de una burbuja en los anuncios inmobiliarios?
Un piso no cuesta lo que dicen los anuncios ni de Idealista ni de Fotocasa. Al menos esa es la conclusión de un informe reciente de UVE Valoraciones. Según esta sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, en los últimos cinco años, la brecha entre los precios de oferta que marcan estas dos plataformas y los que se registran en las compraventas ante notario ha crecido hasta 32 puntos porcentuales. ¿Traducción? Los precios que ofrecen las inmobiliarias son, de media, un 44% más altos que «los reales». Una diferencia, que, en 2021, se situaba en el 12%. Tiene su base metodológica. Para llegar a esta conclusión, la compañía ha comparado la evolución de los precios de ambas plataformas con los datos del Ministerio de Transportes, las notarías, los registradores o el propio INE.
«La hipótesis de que estas plataformas hayan podido tirar de los precios de oferta hacia arriba puede ser razonable», valora Adsuara. Ahora, matiza el experto, las causas pueden ser múltiples y la implicación en esta subida de los algoritmos no deja de ser elucubración «mientras no haya un auditor independiente que lo certifique». «Ya la mera existencia de estas plataformas, que no es algo que se pueda prohibir o penar, afecta irremediablemente a los precios», continúa el docente. Los conocidos como riesgos sistémicos. Tiene su explicación. «Hoy en día cualquiera puede saber a cuánto alquila su casa su vecino. Cuáles son los precios de su zona, de su ciudad. Y, con todo ello en mente, ajustar el de su propia vivienda al alza, claro», opina el doctor en Derecho. Considerando, además, que los precios tienden a bajar en medio de las negociaciones con el futuro comprador.
Borja Adsuara: «En vez de multar a estas plataformas, a la que van a multar es a España por no aplicar la legislación comunitaria»
Paniagua coincide con esta valoración, aunque con matices. «El acceso a estos datos, de los que es verdad que antes no se disponían, no es del todo democrático», apunta la investigadora. «Las empresas de inversión cuentan muchas veces con sistemas automatizados que les permiten detectar la publicación de nuevas ofertas o incluso de ofertas ventajosas», prosigue. Cosa que un ciudadano de a pie no puede permitirse.
Toca buscar soluciones. «Nadie sabe cómo funcionan sus algoritmos más que ellos mismos y ese es el principal problema», se muestra tajante Adsuara. Una cuestión de transparencia que tendría fácil solución, sugiere el docente. «Esa información la podría -y debería- reclamar la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por medio de una auditoría», continúa explicando. Para ver si realmente están manipulando el mercado, si incurren en prácticas colusorias de la competencia, si hay algún tipo de concertación de precios… Entonces, si el organismo competente ya existe, ¿cuál es el problema? «Que la DSA, el reglamento europeo, se tenía que haber aplicado en España desde febrero del 2024 y el gobierno, sin embargo, todavía no se ha molestado en modificar el estatuto referente a esta comisión», advierte Adsuara. Una torpeza por la que el Tribunal Europeo de Justicia podría terminar imponiendo a España algún tipo de penalización. «Es un escándalo del que no se habla suficiente», valora. «Al final, en vez de multar a estas plataformas por posibles prácticas fraudulentas, a la que van a multar es a España, a todos nosotros, por no haber aplicado todavía la legislación comunitaria», sentencia el investigador.
Público se ha puesto en contacto con Idealista y Fotocasa para preguntarlas si algún responsable de la entidad comparecerá en el Congreso, como ha solicitado Sumar, para dar las explicaciones pertinentes en materia de transparencia. También les ha preguntado por las conclusiones del informe de UVE Valoraciones. ¿Han realizado algún estudio propio sobre su impacto en el mercado? ¿En caso afirmativo, han tomado medidas al respecto? Por último, este diario ha querido saber si alguna de las plataformas considera que sus algoritmos podrían fomentar la competencia desleal, favoreciendo a entramados empresariales y grandes tenedores frente a pequeños particulares. Hasta el momento de la publicación de este artículo, ninguna de las dos entidades ha ofrecido respuestas.
¿Cómo afecta la condena del fiscal general a las dos causas judiciales del novio de Ayuso?
Es la ‘pregunta del millón’ estos días: «¿Afectará la sentencia de Álvaro García Ortiz a las dos causas judiciales abiertas al novio de Isabel Díaz Ayuso?» Todo un país pendiente de una sentencia, después de que el Supremo adelantara hace cinco días el veredicto de culpabilidad y las penas contra el fiscal general del Estado, que puede tener un reflejo directo en la situación procesal del querellante, es decir, el empresario Alberto González Amador.
Una de las personas más interesadas en leer la sentencia íntegra es precisamente la pareja de Ayuso, a la espera de conocer si los cinco magistrados de la Sala Segunda que han propugnado la condena al fiscal general consideran que la revelación de datos reservados vulneró su derecho a la defensa. Y si, en consecuencia, su procesamiento por fraude fiscal, falsedad documental, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal pudiera verse aminorado de alguna manera o incluso anulado.
Esta ha sido una de las principales pretensiones del novio de Ayuso, acorralado por la justicia por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros y una maraña de facturas falsas; además de otra causa abierta por un presunto soborno en beneficio de un directivo del grupo sanitario Quirón. González Amador y sus abogados han invocado la vulneración del derecho a la defensa que provocó presuntamente la filtración del correo con la confesión de dos delitos fiscales hecha por uno de sus letrados, Carlos Neira, en su nombre.
También argumentó el «perjuicio» de la nota de prensa que elaboró la Fiscalía, de la que se responsabilizó García Ortiz, para desmentir el bulo de que era el Ministerio Público el que proponía un pacto de conformidad al novio de Ayuso, cuando era al revés.
Juristas conocedores del caso consultados por Público apuntan a una previsible utilización de la sentencia del fiscal general para intentar anular las causas judiciales contra González Amador, aunque algunas fuentes creen que la sentencia del Supremo no contendrá un pronunciamiento expreso sobre este asunto.
Estos juristas consideran que el correo de la confesión se envió a la Fiscalía de Delitos Económicos antes de que la causa estuviera judicializada y que todas las diligencias de investigación se practicaron con posterioridad a la aparición en los medios de comunicación y a la nota de prensa, por lo que estiman «poco probable» que el Supremo ordene anular una parte de la causa contra González Amador.
No obstante, el novio de Ayuso puede presentar cuestiones de nulidad con la condena en la mano ante el juzgado de instrucción que investiga la pieza separada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, y ante el juzgado de lo penal que lo juzgará por la pieza principal relativa al fraude fiscal de 350.000 euros, a las 15 facturas falsas por gastos irreales, por un montante de 1,7 millones de euros, además de por un delito contable continuado y otro de pertenencia a organización criminal.
El pasado 7 de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid tumbó el recurso del novio de Ayuso, donde pedía la reapertura de la fase de instrucción para practicar nuevas pruebas en la pieza principal de la defraudación fiscal, por lo que solo queda fijar fecha para el inicio de la vista oral.
Segunda causa judicial
La pieza separada, que investiga el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, trata de averiguar si Alberto González Amador utilizó la mercantil Masterman SL como sociedad pantalla para esconder presuntamente una comisión de 500.000 euros a Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Continúa la instrucción de dicha causa.
El abogado del novio de Ayuso en el juicio del fiscal general, Gabriel Rodríguez Ramos, hizo contundentes referencias a la vulneración de la presunción de inocencia y del derecho de defensa que habría sufrido González Amador por el hecho de que trascendiera públicamente la confesión de dos delitos fiscales y la petición de pacto a la Fiscalía que realizó su letrado Carlos Neira el 2 de febrero de 2024. De hecho, la querella de los abogados del novio de Ayuso contra el fiscal general aludía a la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad, a la protección de datos, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa.
Según la defensa de González Amador, no era necesaria la nota de prensa para desmentir el bulo «ni para saber de dónde había salido o dejado de salir la propuesta de conformidad». Hay que recordar que el periodista de El Mundo que publicó la noticia tergiversada afirmando que la Fiscalía propuso el acuerdo al novio de Ayuso y que luego lo tumbó por «órdenes de arriba» sostuvo que «era más noticia» que la Fiscalía ofreciera un pacto a un particular que si fuera al revés.
Daños sociales y económicos
Además de estas presuntas vulneraciones, la acusación popular ejercida por el Colegio de la Abogacía de Madrid invocaba «perjuicios reputacionales de índole social y económica» para González Amador, quien pedía 300.000 euros al fiscal general por daños morales y el Supremo ha concedido solo 10.000 euros, que debe pagar como indemnización Álvaro García Ortiz.
El propio Alberto González Amador clamó con teatralidad en el juicio que el fiscal general «le había matado socialmente» por la filtración de su correo, y que desde entonces era «el «delincuente confeso del reino de España».
El otro escenario posible
El otro escenario posible es que la sentencia de la Sala Segunda, firmada por Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamena; y que cuenta con los dos votos discrepantes de las magistradas Susana Polo y Ana Ferrer, considere acreditado que ha habido indefensión para el novio de Ayuso por haberse publicitado la confesión, y, en consecuencia, ordene anular las dos causas mencionadas anteriormente íntegramente o en parte.
De hecho, el fallo adelantado por el Supremo indica que el fiscal general ha sido condenado por el artículo 417.1 del Código Penal, que dice: «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años«. En el caso concreto, se le ha impuesto una multa de 7.200 euros y la pena de inhabilitación intermedia, de dos años exclusivamente para el cargo de fiscal general del Estado, por lo que previsiblemente García Ortiz podrá retormar su carrera como fiscal de Sala.
El artículo en cuestión indica en su segundo párrafo: «Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».
De la lectura del artículo anterior, se infiere que el tribunal no ha considerado un «grave daño» el sufrido por el novio de Ayuso, por no haber condenado al fiscal general del Estado, que este lunes ha renunciado al cargo, a pena alguna privativa de libertad.
Las fuentes jurídicas consultadas indican que al no aplicar este párrafo concreto del apartado primero del artículo 417 del Código Penal, lo más probable es que la sentencia del Supremo no haga un pronunciamiento expreso sobre la extensión de efectos jurídicos a los procedimientos que afectan al novio de Ayuso.
Prohibido preguntar sobre los reyes: así ‘esquiva’ el Gobierno responder a los diputados acerca de la Casa Real
Cuando un diputado pregunta en el Congreso, por escrito, sobre la Casa Real, las probabilidades de éxito son escasas. El Ejecutivo suele abstenerse cuando se le reclama su posición acerca de alguna cuestión que tenga que ver con la monarquía y acostumbra a echar mano de la Ley de Secretos Oficiales o las excepciones que contempla la Ley de Transparencia cuando se le pregunta sobre datos concretos, en especial los económicos. «No entiendo que el Gobierno sea incapaz y tan timorato al calificar las acciones del monarca anterior y del actual», critica Alberto Ibáñez, de Compromís, uno de los diputados más insistentes.
Los grupos que suelen interrogar más frecuentemente al Ejecutivo sobre la actividad de la monarquía en España y sobre el dinero que le cuesta a los españoles son Esquerra Republicana (ERC), Podemos, Bloque Nacionalista Galego (BNG) o Compromís. Según el análisis que ha hecho Público, durante esta legislatura, se ha remitido de forma escrita al Gobierno una cincuentena de preguntas (normalmente agrupadas en documentos donde figuran baterías de interrogantes), de las cuales el Gobierno ha respondido solo a tres de forma concisa y otorgando la información que se demandaba el solicitante.
Una de ellas la formuló el ya ex diputado del PNV Aitor Esteban, actualmente presidente del partido. El jeltzale preguntó en septiembre de 2023 si la Armada iba a gastar 1,8 millones de euros para la «construcción y compra» de un nuevo barco de regatas para Felipe VI. El Gobierno respondió que «no existe, ni está
previsto, proyecto ni créditos destinados a la adquisición de embarcación alguna
destinada a la sustitución del AIFOS500″.
Meses más tarde, en junio de 2024, Alberto Ibáñez preguntó por el coste de la conmemoración de la década de la coronación del monarca que se celebró en 2024. También en aquel caso se remitió una respuesta clara. Alquiler de la tribuna de invitados para el acto: 13.019,60 euros. Asistencia técnica: 309,76 euros. Traducción al inglés del texto que se subió a la web del Congreso con motivo de la «exposición conmemorativa»: 45,98 euros. La misma respuesta se ofreció a Gabriel Rufián y Teresa Jordà (ERC) cuando se interesaron por esa cuestión.
Con respecto al resto de las preguntas, o bien son inadmitidas a trámite por parte de la Mesa del Congreso; o el Gobierno evita responderlas; esgrime leyes como la de Secretos Oficiales o Transparencia para esquivar responder con datos o contesta de una forma genérica y sin información precisa. «Cada vez que preguntamos por la monarquía, el Gobierno responde con evasivas, silencios y excusas, evidenciando que existe un pacto tácito para blindar a una institución que no está sometida a los mismos mecanismos de control que afectan a cualquier otra institución del Estado», aseveran fuentes del BNG.
Pero ¿por qué algunas preguntas han sido inadmitidas a trámite? Es el caso, por ejemplo, de una del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sobre las «investigaciones relacionadas con las comisiones presuntamente ilegales cobradas por el rey emérito su majestad don Juan Carlos I, como en el caso de la construcción del AVE a La Meca». Fuentes de la presidencia del Congreso explican a este medio que cuando la Mesa falla en ese sentido suele tener que ver con que considera las preguntas inconstitucionales o porque tienen defectos de forma.
En ese caso, como cuando Ione Belarra solicitó una valoración del Gobierno sobre «la creación de una fundación por el rey emérito su majestad don Juan Carlos junto a sus hijas en Abu Dabi para facilitar el traspaso de su herencia a las infantas Elena y Cristina», se hace un «requerimiento de aclaración».
No obstante, la mayoría de las veces las preguntas pasan el corte de la Mesa, pero después reciben respuestas incompletas y difusas por parte del Ejecutivo. Aitor Esteban, Gabriel Rufián, Néstor Rego, Alberto Ibáñez, Ione Belarra o el diputado también de Esquerra Francesc-Marc Álvaro han preguntado, de distintas formas y vinculándolo con diferentes acontecimientos, por los fondos del Estado destinados o bien al actual rey o al emérito.
En esos casos, salvo en la ya citada respuesta acerca de la conmemoración del décimo aniversario de la coronación de Felipe VI, o no hay respuesta o, si la hay, es críptica. Por poner un ejemplo, la propia Belarra preguntó si se ha utilizado dinero público para «ocultar» la «supuesta relación» del rey emérito con Bárbara Rey. El Gobierno despachó el asunto de la siguiente manera: «Se informa, en relación con las preguntas formuladas, que los presuntos hechos
a los que se hace referencia en la iniciativa, corresponderían a legislaturas anteriores«.
Por poner otro ejemplo, Aitor Esteban preguntó, en relación con las regatas en las que participa Felipe VI, si el Gobierno consideraba que debe «emplearse dinero público para costear una actividad privada del Jefe del Estado». En aquella ocasión, como en otras muchas, el Ejecutivo ni contestó.
Lo cierto es que el Gobierno casi nunca se moja cuando se le pregunta por una opinión, intención o posición en cuanto a la Casa Real, al menos a la luz de sus respuestas a las preguntas parlamentarias objeto de este análisis. En septiembre de 2024, Gabriel Rufián preguntó si el Ejecutivo está «dispuesto a impulsar reformas para eliminar el privilegio de la inviolabilidad del monarca en ejercicio y garantizar que Juan Carlos I pueda ser investigado por los presuntos delitos cometidos tras su abdicación». La respuesta —escueta e incompleta— es la siguiente: «El rey emérito es un ciudadano de pleno derecho sujeto al ordenamiento
jurídico como el resto de los españoles«.
Tampoco ha respondido el Gobierno si considera que el CIS debería preguntar sobre la monarquía. Como mucho, en una respuesta a Alberto Ibáñez en junio de 2024, ha dicho que en el último barómetro de aquel entonces la monarquía solo representaba el principal problema para el 0,3% de la ciudadanía, «situándose en la posición 50».
Ibáñez, en conversación con este medio, carga contra el Gobierno porque, subraya, «los ciudadanos tenemos el derecho de saber sus opiniones sobre el actor político que es el rey Felipe VI». Es una postura, la del Ejecutivo, que no extraña a Podemos. «El bipartidismo siempre ha protegido a la monarquía, encubriendo su corrupción e impidiendo que rinda cuentas ante la ciudadanía», explican fuentes de los morados a Público.
«Y esa protección del PP y del PSOE a una institución corrupta y heredera directa del franquismo se manifiesta en la negativa del Gobierno a responder a preguntas que afectan a la casa del rey», completan, «pero también en el bloqueo del PP y el PSOE a todos los intentos de Podemos por poner en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre la corrupción de la monarquía o en el empeño del bipartidismo y de este Gobierno por mantener clasificados los papeles del 23F«. Y se remontan, incluso, al momento en el que el «PP y el PSOE pactaron a toda prisa la sucesión monárquica».
Secretos Oficiales y Transparencia
En otras muchas preguntas, el Gobierno recurre a las leyes de Secretos Oficiales y de Transparencia, que incluyen al rey entre los agentes a los que se les hace una «aplicación subjetiva» de la norma. Sobre todo, en lo que tiene que ver con los recursos económicos destinados a la actividad internacional de Felipe VI o con las regatas de Juan Carlos I en Sanxenxo. Ambas cosas, a pesar de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que más de una vez ha instado al Ejecutivo a responder sobre esas cuestiones.
La de Secretos Oficiales es una ley franquista todavía en vigor que el Ejecutivo se ha propuesto reformar. Sin embargo, las formaciones a su izquierda dudan y mucho. Esquerra considera la Ley de Información Clasificada (la que sustituirá la de Secretos Oficiales) una norma «muy limitada que no resolverá todo el problema» y además lamenta que, hoy por hoy, se encuentre «estancada». Para los republicanos, igual que trasladan Podemos o BNG, tanto PP como PSOE protegen a la monarquía.
Alberto Ibáñez observa una «clara tendencia borbónica a la corrupción» y considera que profundizar en la transparencia de la Casa Real es necesario para evitar el riesgo de que «dentro de unos años» podemos volver «a tener noticias de presunta corrupción«. Por lo pronto, todas las fuentes consultadas de entre las formaciones a la izquierda del PSOE lamentan que el Gobierno no colabore en esa tarea tanto como les gustaría.
Más allá de Netanyahu: ¿qué otros altos cargos israelíes han sido señalados como responsables del genocidio?
Quien no los conocía antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 aprendió sus nombres después de dos años de genocidio en la Franja de Gaza. Son Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, ex ministro de Defensa. Ambos están siendo investigados desde mayo de 2024 por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) por haber cometido presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Junto a ellos, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que estaba investigando por los mismos delitos a Yahya Sinwar, Mohamed Diab Ibrahim Al Masri e Ismail Haniyeh.
Los tres eran altos cargos políticos y militares de Hamás y los tres fueron ejecutados por las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF por sus siglas en inglés) o la inteligencia israelí en 2024. En noviembre de 2024, la Fiscalía de la CPI emitió una orden de busca y captura de Netanyahu y Gallant. Pese a ello, Netanyahu viajó el pasado mes de abril a Hungría, país que en 2001 ratificó el Estatuto de Roma. Con esta firma, Budapest se comprometió, entre otras cuestiones, a acatar el mandato del fiscal del tribunal internacional.
Sin embargo, el pasado mes de abril el actual Gobierno de Hungría, en manos del ultranacionalista Víktor Orbán, eludió esta responsabilidad. Actualmente, tanto Netanyahu como Gallant se encuentran en libertad y ningún país ha tomado represalias serias contra ellos por su posible implicación en los crímenes cometidos en Gaza. En cualquier caso, varias organizaciones que defienden los derechos humanos han señalado repetidamente que no son los únicos responsables de las atrocidades cometidas en la Franja de Gaza y Cisjordania en los dos últimos años.
Tras cada bomba que cae, cada desalojo forzoso y cada bloqueo de entrada de la ayuda humanitaria, hay personas que toman decisiones y que acatan órdenes. Varias organizaciones no gubernamentales, como Human Rights Watch (HRW) o la Fundación Hind Rajab (HRF por sus siglas en inglés), llevan meses rastreando las decisiones tomadas a lo largo de la cadena de mando del político-militar, y recopilando pruebas sobre los presuntos crímenes cometidos por miembros de ambos estamentos.
Según explicó a este periódico Milena Ansaria, investigadora de Human Rights Watch para los Territorios Palestinos Ocupados, el objetivo último de estas pesquisas es que dichas pruebas sean estudiadas por la Fiscalía de la CPI y por los tribunales nacionales con jurisdicción penal internacional. Estas son algunas de las personas a las que HRW, HRF y otras organizaciones han acusado de haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Israel Katz, ministro de Defensa de Israel
En noviembre de 2024, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, relevó en el cargo de Defensa a Yoav Gallant. Quien fuera mano derecha de Netanyahu durante el primer año del genocidio en Gaza, tristemente célebre por haber calificado a los palestinos como «animales humanos», fue destituido debido a la disparidad de opiniones entre él y el primer ministro. Entre otras cuestiones, Gallant era partidario de iniciar una investigación sobre los errores de seguridad cometidos durante el 7-O, algo a lo que Netanyahu se oponía frontalmente.
Bajo la dirección de Katz, el genocidio en Gaza no solo ha continuado -pasando de los casi 40.000 palestinos asesinados durante el mandato de Gallant hasta los 70.000 aproximadament-, sino que las hostilidades se han intensificado en Cisjordania. A principios de 2025, reforzado por la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, el Gobierno de Israel llegó a un precario alto el fuego con Hamás. Durante el mes y medio en el que cesaron los enfrentamientos, el Gobierno israelí inició una campaña de militar en Cisjordania llamada Operación Muro de Hierro.
Esta incursión consistió en el desplazamiento forzoso de la población palestina que residía en los campamentos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams, con el objetivo de localizar a «elementos terroristas» en ellos. Según las estimaciones de Human Rights Watch, unas 32.000 personas fueron expulsadas de sus hogares violentamente entre los días 21 y 27 de enero y 9 de febrero. No recibieron alimento, agua o una alternativa habitacional segura. Según las informaciones recabadas por HRW, tampoco se les indicó a dónde tenían que ir ni cuándo podrían volver a sus hogares. De hecho, la organización cree que es posible que les impidan volver.
Todo ello constituye una violación del derecho internacional, tal y como se recoge en varios artículos de la Cuarta Convención de Ginebra, que trata la protección de los civiles en tiempo de guerra. HRW considera también que dichos actos se cometieron con intención criminal dirigida contra la población palestina, en lo que consideran que es parte de la política estatal de Israel. Todo ello elevaría estos delitos a la categoría de crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.
El actual ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, encargado de aprobar y supervisar las operaciones de las IDF y miembro del Gabinete de Seguridad del Gobierno, es considerado por HRW como uno de los presuntos responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos, según la organización, durante la Operación Muro de Hierro.
Herzi Halevi, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel
Entre principios de enero de 2023 y principios de marzo de 2025, el puesto de jefe del Estado Mayor de las IDF fue ocupado por Herzi Halevi. Como máximo responsable del ejército de Israel, el teniente coronel ocupaba un asiento en el Gabinete de Seguridad del Gobierno, donde se tomaron todas las decisiones militares llevadas a cabo en la Franja de Gaza y en Cisjordania durante el genocidio.
Durante todo este tiempo, Halevi ha tenido capacidad para proponer estrategias militares y supervisar todas las operaciones. Incluidas, claro está, aquellas en las que se hayan podido cometer crímenes de guerra y de lesa humanidad. HRW señala directamente a Halevi por su posible responsabilidad penal individual, en virtud de su responsabilidad de mando, en el desplazamiento forzoso de la población palestina de los campamentos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams, en Cisjordania.
Eyal Zamir, jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel
Eyal Zamir, sustituto de Halevi en la jefatura de las IDF, ha perpetuado el desplazamiento de los 32.000 palestinos de los campamentos de refugiados cisjordanos en condiciones inhumanas y sin un objetivo claro. Bajo su mando, además, las demoliciones de infraestructuras y viviendas palestinas han seguido produciéndose. Zamir, y antes Halevi, tenían la autoridad de supervisar y, en el caso de que lo consideraran necesario, detener las órdenes de demolición que reducían a escombros los barrios de refugiados palestinos.
Pero Zamir no solo continuó con el legado de Halevi, sino que ignoró las demoliciones que se estaban cometiendo en los territorios palestinos ocupados sin órdenes oficiales. En su informe sobre esta operación, HRW explica que uno de los objetivos ocultos de esta destrucción (fuera autorizada o no) era modificar permanentemente la estructura de los campamentos de refugiados para hacer inviable la vuelta de quienes los habitaban.
Abraham ‘Avi’ Bluth, general de división
Su firma consta en las órdenes de demolición de las viviendas y otras infraestructuras palestinas destruidas durante la Operación Muro de Hierro, según ha podido comprobar la organización HRW. Abraham -alias Avi– Bluth es, desde julio de 2024, comandante del Mando Central de las IDF. Esta división se encarga de las operaciones militares que se llevan a cabo en la mayoría de la Cisjordania palestina, ocupada ilegalmente por Israel.
Por ello, su papel en la Operación Muro de Hierro y en otras llevadas a cabo en este territorio, es directo. Esto quiere decir que si bajo su mando se comete algún crimen o delito, él es uno de los principales responsables. En tanto que general de división, debe rendir cuentas ante el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir y quienes se encuentren por encima de este. Si destruyen viviendas de civiles palestinos sin que exista una orden de demolición, él es uno de los principales responsables.
Pero que dicha orden exista, explica en su informe HRW, tampoco significa que sea legal. Es importante recordar aquí que tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad de la ONU, en varias de sus resoluciones, han indicado que la ocupación de Cisjordania por parte de Israel es ilegal. Esto fue recogido una vez más en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de julio de 2024.
Beni Aharon, comandante de las IDF
La nota de prensa de HRF tenía el siguiente titular: «En su séptimo cumpleaños, sabemos quién mató a Hind Rajab. Y lo llevamos a la Corte Penal Internacional». Fue publicada el 3 de mayo de 2025 por la Fundación Hind Rajab, una organización belga que investiga posibles crímenes cometidos por militares israelíes en la Franja de Gaza. Nació a mediados de 2024 y su nombre trata de honrar a la niña palestina asesinada a principios de ese año por un batallón israelí mientras trataba de huir con su familia en coche de una zona convertida en un campo de batalla.
La fundación asegura que el tanque Itay Cukierkopf que atacó el vehículo pertenecía a la 401ª Brigada Blindada de las IDF, que a su vez actuaba bajo el mando del teniente coronel Beni Aharon. Los juristas de la organización creen que por los actos cometidos aquel día, Aharon y su batallón podrían haber incurrido en crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. El pasado mes de octubre sumaron a esta querella otros 24 nombres, entre los que constaba el teniente coronel Daniel Ella, comandante de la 52º Batallón Blindado y el mayor Sean Glass, comandante de la «Compañía Imperio Vampiro» del 52º Batallón.
La HRF anunció también haber enviado todas las evidencias -«120 páginas»- a la Fiscalía de la CPI. En ellas se incluyen «pruebas digitales, satelitales y forenses exhaustivas que confirman que los tanques Merkava IV de la compañía Vampire Empire dispararon repetidamente contra el Kia Picanto negro en el que Hind y su familia estaban atrapados, y que posteriormente dispararon contra la ambulancia enviada para rescatarla».
La organización asegura además que «los ataques se llevaron a cabo con pleno conocimiento del estatus civil y protegido de las víctimas» debido a «una coordinación previa entre la Media Luna Roja Palestina y las autoridades israelíes«. De momento, se desconoce si la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan, ha incorporado o no estas pruebas a la investigación que tiene abierta sobre la situación del Estado palestino
Daniel G, francotirador de la Unidad Fantasma de las IDF
El pasado mes de septiembre, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos
(ECCHR), el Centro Al-Mezan de Derechos Humanos, la organización Al-Haq y el Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR) presentaron una denuncia ante la Fiscalía Federal Alemana contra un ciudadano alemán e israelí que podría haber participado en el asesinato de civiles palestinos en la Franja de Gaza entre noviembre y marzo de 2024. De su identidad sólo ha trascendido el nombre y una sigla: Daniel G.
De acuerdo a la una comunicación del ECCHR, los primeros indicios sobre la actividad de Daniel G. provienen de un mini documental publicado por el periodista palestino Younis Tirawi en sus redes, en octubre de 2024. En él se describe a la Unidad Fantasma y se recopilan testimonios y vídeos sobre ejecuciones de civiles alrededor del Hospital Al-Quds, en Gaza, y del Hospital Nasser, en Jan Younis. En uno de los vídeos, un soldado israelí explica que su compañero, «Daniel G.», había disparado a personas desarmadas que se encontraban en los alrededores de los hospitales.
A raíz de esta publicación, el periódico alemán Der Spiegel inició una investigación en la que comprobó y amplió los testimonios publicados por Tirawi. En paralelo, el ECCHR y el resto de organizaciones palestinas de derechos humanos recabaron pruebas y presentaron una querella contra Daniel G. en la Fiscalía Federal de Alemania. Otras organizaciones hicieron lo propio con otros miembros de la Unidad Fantasma en Francia, Italia y Bélgica
Quiénes avivan el odio
Muchos investigadores y organizaciones que se dedican a estudiar los genocidios perpetrados en el pasado y en el presente consideran que este fenómeno es un proceso. Para llegar al extermino de un grupo poblacional, considerado por Genocide Watch como la última fase del genocidio, es necesario dar anteriormente otros pasos, como la deshumanización y discriminación de la población oprimida.
Azuzar el odio contra determinados grupos poblacionales es considerado un delito en algunos países. Sólo en ocasiones muy específicas, también puede ser tipificado como un delito de participación en genocidio, debido a la instigación directa y pública a cometer genocidio, tal y como se recoge en el artículo 25 del Estatuto de Roma. Únicamente ha habido condenas por este delito en el caso del genocidio de Ruanda. También la persecución está considerada un crimen de lesa humanidad, y también hubo condenados por estos hechos en el caso de Ruanda y en el de Yugoslavia.
Pese a que no constituye un crimen de guerra, preparan el terreno para que otros delitos sean posibles. En el caso del genocidio palestino, han sido muchas las voces que han promovido la repulsa contra la población árabe. Dos de las más destacadas por su posicionamiento en el Gobierno de Benjamín Netanyahu son Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, e Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Interior. Ambos forman parte de Poder Judío, una la coalición de partidos etnonacionalistas con la que el Likud se alió tras las elecciones de 2022 para permanecer en el poder.
Varios países, como España, Reino Unido, Canadá y Países Bajos, han sancionado y prohibido la entrada a sus territorios de ambos mandatarios por sus declaraciones racistas y sus políticas dirigidas a expulsar o exterminar a la población árabe que vive en la Cisjordania ocupada o en la Franja de Gaza. Otras figuras de influencia en Israel que han alentado discursos antiárabes y han promovido su expulsión de toda la Palestina histórica han sido colonos y colonas como Daniella Weiss, Yossi Dagan o Tziporah Plitz.
Los nombres ocultos del gasto farmacéutico: Janssen, Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer acaparan el 21% de la financiación pública de los medicamentos
Unas pocas multinacionales farmacéuticas coparon casi una cuarta parte de la financiación
pública de medicamentos en España durante los años 2020, 2021 y 2022. La belga Janssen
Cilag, las suizas Novartis y Roche, las estadounidenses Pfizer y Merck, y la
francesa Sanofi Aventis fueron las compañías que más fármacos vendieron al
Sistema Nacional de Salud (SNS), tanto con receta como en los hospitales, en
esos tres años, marcados por la epidemia del coronavirus.
La preeminencia de los grandes del sector se refleja en las memorias que publica el SNS: según sus cifras, los cinco mayores suministradores de medicamentos se llevan aproximadamente el 23% de la financiación pública cada año. Pero el Ministerio de Sanidad ha mantenido hasta ahora en secreto la identidad de esos gigantes farmacéuticos.
Público desvela por primera vez esos nombres. Sanidad se negó inicialmente a facilitar los datos al periodista que solicitó la información. Este recurrió entonces al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que en una resolución con fecha del pasado 24 de octubre ordenó que se le entregaran los datos. Sanidad evitó entonces ir a los tribunales y decidió ejecutar la resolución del CTBG.
Multinacionales líderes
De acuerdo con esa nueva información, las cuatro farmacéuticas con un puesto fijo en la parte superior del
ranking esos tres años son Janssen, Novartis, Pfizer y Roche. Merck se aupó al
tercer puesto en 2020 y Sanofi –la creadora del Bisolvón– la sustituyó los dos años siguientes. Pero los
líderes indiscutibles son las dos primeras citadas, con ventas al SNS que
superan los 1.000 millones de euros cada una. En 2022, la belga Janssen –que pertenece a la estadounidense Johnson & Johnson– facturó a
la sanidad pública española 1.315 millones de euros, un 23,6% más que en 2020.
Janssen comercializa una de las vacunas contra el covid, aunque el grueso de
sus ventas son fármacos hospitalarios: 1.089 millones de euros en 2022, casi el
83% de su factura.
Novartis, por su parte, proveyó al SNS en 2022 por un total de 1.045 millones, un 7,8% más que dos años antes. Su cartera incluye medicamentos tan populares como Simtron, Voltarén, Ritalin o Termalgin.
La brecha de Janssen y Novartis con los tres siguientes de la lista es amplia: sus ventas equivalen a poco más de la mitad de los dos campeones. Por ejemplo, la facturación de Roche ascendió a 640,7 millones de euros en 2022.
Si el foco se pone sobre los pagos realizados en 2022, el año más reciente del que Sanidad facilita datos, la financiación
pública que recibieron los cinco líderes de la clasificación –Janssen,
Novartis, Roche, Sanofi y Pfizer– ascendió a 4.117 millones de euros, lo que equivale exactamente al 21,3% de los pagos realizados.
Los 50 principales concentran el 83,3% de la prestación
El
peso de las grandes farmacéuticas extranjeras en el reparto del dinero público
dibuja un paisaje donde la concentración es la nota más relevante. Como explica
la memoria del SNS que facilita los datos de 2022, los 10 mayores suministradores de medicamentos financiados por
el Estado sumaron el 36,1% de las ventas en 2020, el 35,6% en 2021 y el 34,5%
en 2022. Ese último año la cifra exacta ascendió a 6.713 millones de euros.
El Top-10 lo integran, además de las seis multinacionales ya mencionados, la suiza Sandoz, que hasta 2023 formó parte del grupo Novartis y se especializa en genéricos; la alemana Boehringer
Ingelheim –explota el Nolotil–; la española Cinfa, también centrada en genéricos, y la
estadounidense Gilead Sciences, que comercializa el Tamiflu.
Si se suman las ventas de Sandoz en 2022 a las de Novartis Farmacéutica y el resto de las filiales del grupo que han obtenido financiación pública en España para sus medicamentos –Novartis Gene Therapies EU Limited, Novartis Vaccines and Diagnostics SL y Novartis Consumer Health SA–, la factura con el grupo suizo se eleva a 1.603 millones de euros en 2022, por lo que supera a Janssen en el ranking. En cualquier caso, los 10 mayores suministradores superaron todos los 500 millones de financiación pública ese año.
Ampliando el foco a los 50 principales vendedores de medicamentos es como se aprecia con
claridad quién se lleva la parte del león de la financiación pública, porque suman nada menos que el 83,3% de la factura en 2022. Ese año, la cifra que financió
el SNS ascendió a un total de 19.340,5 millones de euros, según los datos facilitados por
Transparencia. Son 461.277 euros por encima del dato publicado en la memoria del
ministerio, una vez incluidas las «correcciones» aportadas por las comunidades
autónomas. El 16,7% restante se lo repartieron ese año 403 empresas. La oferta
total de farmacéuticas con medicamentos autorizados que han solicitado y
obtenido financiación pública se compuso en 2022, por tanto, de 453 compañías. Es
un número cambiante: en 2020 fueron 444 y en 2021, 458.
La primera española, Cinfa
Entre
esas más de 400 farmacéuticas, la primera española que aparece entre los principales
suministradores de la sanidad pública es Cinfa, especializada en genéricos.
Entre 2020 y 2022 figura siempre en el Top-10. Su facturación con la sanidad pública ha crecido un 29,6% en
esos tres años, hasta alcanzar los 513,38 millones de euros. De hecho, es la
número uno en suministro de medicamentos en farmacia, con 519,4 millones.
En
la lista de las grandes compañías incluidas en el mecanismo de precios
intervenidos figuran las principales estadounidenses –Bristol-Myers, Lilly
(Prozac), Abbvie (bótox)–, la danesa Novo Nordisk –Ozempic– y la alemana
Bayer. Pero también la israelí Teva, otra empresa de genéricos, que aparece en
el ranking del SNS con 391,72 millones, si se le añade la factura de su filial
Ratiopharm. Accord Healthcare es india y vendió por valor de 200,84 millones de
euros en 2022.
Entre
las alemanas también destaca Fresenius, la compañía propietaria del
grupo Quirón desde 2016. Con sus tres filiales, Fresenius Kabi, Vifor Fresenius
Medical Care Renal Pharma y Fresenius Medical Care, ingresó 186,3 millones en
2022.
Además,
yendo al detalle, los líderes del ranking deben su abultada facturación a
que el grueso se destina a medicamentos de dispensación hospitalaria. Por
ejemplo, Janssen recibió 1.089 millones de financiación pública por este tipo
de fármacos en 2022, casi cinco veces lo que vendió en farmacias. Otro tanto
ocurre con Novartis, que facturó 708 millones por dispensación hospitalaria, el
doble que con receta. Roche llegó a los 620,76 millones en hospitales, por sólo 19,97
millones en farmacias. O Gilead Sciences, con una prestación pública
hospitalaria de 503,68 millones, y ni un solo euro vendido en botica.
Así funciona el sistema de precios fijados por el Estado
Gracias
a esta generosa financiación pública, los pacientes pagan de media un 9,5% del
precio del fármaco, según los cálculos del Observatorio del Medicamento,
una iniciativa de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE).
A fecha de diciembre de 2022, la prestación farmacéutica del SNS incluía 22.438
fármacos, el 64,8% de los autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMP). La mayoría son analgésicos y psicolépticos –ansiolíticos,
hipnóticos y antipsicóticos–. Los genéricos suponen el 59% de los medicamentos financiados.
El precio medio de venta de laboratorio de los medicamentos que se dispensan en
farmacia –y que Sanidad utiliza para hacer sus cuentas, no se trata del precio de venta al
público– es de 21,4 euros, mientras que los que se administran en los
hospitales son mucho más caros, una media de 8.184,6 euros. Los fármacos que no financia
el Estado ascienden a unos 10.366, de acuerdo con los cálculos del
Observatorio.
Si
una farmacéutica quiere entrar en este sistema de precios fijados por el
Estado, debe conseguir primero la autorización de la Agencia Española de
Medicamentos y después pasar por una fase de evaluación, tanto terapéutica como
económica, basada en la información presentada por el propio laboratorio.
También se compara el valor añadido que aporta el nuevo fármaco con las
terapias existentes. Tras analizar su beneficio clínico y su impacto
presupuestario, el Ministerio de Sanidad incluye el medicamento, o no, en la
financiación pública. Así, en 2021 el ministerio resolvió 2.891 expedientes de
medicamentos, con un aumento del 21% respecto al año anterior.
Gasto farmacéutico en ascenso
El
gasto farmacéutico representa una cuarta parte del gasto sanitario, según el
Ministerio de Sanidad. En 2024, superó los 32.000 millones de euros, incluido
el gasto en medicamentos sin receta. Aumentó un 7,9% respecto al ejercicio
anterior.
Separando
el gasto farmacéutico en hospitales –10.685,6 millones de euros– y en farmacias
–14.235 millones–, el año pasado el gasto devengado –aún no pagado– ascendió a
24.921 millones de euros.
Los
datos más actualizados que publica Sanidad se refieren al periodo de enero a
agosto de este año. El gasto total, incluidos los fármacos sin receta, se eleva
ya a 22.021 millones de euros, un 5,1% por encima de lo devengado en el mismo
periodo de 2024.
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Mañana se publica la segunda parte de esta investigación, centrada en las empresas españolas.
La violencia de la Transición en el banquillo: la familia de Teófilo del Valle busca justicia medio siglo después
23 de febrero del año 1976. El escenario es Elda, una localidad alicantina del valle del Vinalopó. Una ciudad industrial, en pleno apogeo económico. Y con una larga tradición zapatera desde finales del siglo XIX. El punto de encuentro es la Plaza de Castelar. Qué mejor símbolo que el que fuera cuarto y último presidente de la Primera República. Allí se reúnen hasta 3.000 trabajadores de diferentes sectores. El metal, el textil, la piel. Todos en apoyo a la lucha de los compañeros del sector del calzado. La lucha por un convenio justo. Una negociación de la que el sindicato vertical ha dejado fuera a los representantes obreros y, con ellos, sus reivindicaciones. «¡Arriba los salarios y abajo los precios! ¡No al despido libre! ¡No más horas extra!». La comitiva avanza y pone rumbo a la ciudad vecina: Petrer. Otra ciudad zapatera. Pero la Guardia Civil y la Policía Municipal les cortan el paso. Llegan los golpes. Se suceden las cargas. Finalmente, la concentración se dispersa. Pero en el ambiente sigue resonando un lema: «¡El pueblo unido jamás será vencido!».
Al día siguiente vuelven las asambleas. Y, a la caída de la noche, se celebra una nueva manifestación. Algo más modesta. Eso sí, esta vez, el gobernador civil de Alacant, Benito Sáez González-Elipe, ha mandado refuerzos. Hay que meter en cintura a la ciudad. A eso de las 11 de la noche, las calles empiezan a recuperar la calma y los furgones policiales se retiran. El último autobús recibe el adiós de un grupo de trabajadores, que lanzan piedras contra los bajos del vehículo. A la orden del sargento Ballesteros, el autobús se detiene y los policías descienden, pistola en mano. Comienzan las persecuciones.
Ocurrió en la calle San Roque, en el casco viejo de Elda. Eran ya cerca de las 11 y media. Teófilo, un joven trabajador del sector de la piel, se ha quedado solo. Le persigue un policía armado. Está a punto de girar la calle, de lograr escabullirse. De repente, seis disparos. El joven se desploma. Dos impactos le han alcanzado: uno en el tobillo derecho y otro en la nuca. Fallece a los pocos minutos. «Recuerdo que se presentó la Policía en mi puerta. Serían ya la 1 de la mañana. Me lo soltaron tal cual: mi hermano había muerto», hace memoria José Antonio, hermano del fallecido. Por aquel entonces él tenía 28 años; Teófilo, apenas 20. «Nos llevaron al cementerio, donde se hacían las autopsias. Mi padre no se sintió con fuerzas para identificarle, así que me lo pidió a mi», sigue contando en conversación con Público. Allí estaba. Pálido y amoratado. Sin vida.
Al día siguiente se celebró un funeral multitudinario en Elda, en la iglesia de San Francisco de Sales. Se decretó un día de luto y un paro general del sector zapatero en toda la comarca. Todo ello acompañado de una nueva manifestación. Unas 25.000 personas de todos los pueblos de la zona marcharon por las calles de la ciudad. «Las muestras de apoyo fueron enormes. La gente se volcó con nosotros. Con él», valora José Antonio. La respuesta institucional, sin embargo, no estuvo a la altura. El día 26, el gobernador civil emitió un comunicado sobre el suceso. «Al sonar algunos disparos, [los policías] hubieron de hacer uso de las armas», rezaba el documento. No se asumía ninguna responsabilidad. Todo lo contrario. Empezaba la campaña de criminalización mediática del manifestante.
Tras su asesinato, los medios se volcaron difundiendo la versión oficial
Las tres muertes de Teófilo del Valle
«A Teófilo lo mataron tres veces», sostiene el director alicantino de cine Manuel de Juan. Lo recuerda bien. Por aquel entonces trabajaba en el sector del metal y estaba afiliado a Comisiones Obreras. La muerte de Teófilo se le quedó clavada como una espinita. «Quería saber la verdad», confiesa a Público el también guionista. «La versión oficial era que el policía había hecho una serie de disparos de advertencia, al aire, y que algún rebote había tenido la mala suerte de impactar sobre Teófilo», refiere De Juan, que nunca llegó a creérselo. Por eso, empezó a investigar el caso, acompañado de su hijo. Contactando con familiares, antiguos compañeros y responsables de la investigación del asesinato. Lo terminó llevando a la gran pantalla, a través de un documental: Las tres muertes de Teófilo del Valle.
¿Por qué tres? El asesinato, la difamación mediática y la impunidad judicial. «Tras su asesinato, los medios se volcaron difundiendo la versión oficial«, critica De Juan. «El fallecido, de vida irregular, había sido detenido con otros en junio de 1975 en Madrid como componentes, al parecer, de una banda de traficantes de droga, habiéndoseles intervenido siete kilos, trescientos cincuenta gramos de hachís que tenían escondido en un piso franco del barrio de Canillejas», publicó la Jefatura de la Policía en una nota de prensa autoexculpatoria en los días siguientes al asesinato. Una información que corrió como la pólvora. Teófilo era un hippy. Un antisistema. Un criminal.
«Le desdibujaron completamente», denuncia su hermano. Teo era un joven trabajador, insiste. Por aquel entonces, estaba empleado en una fábrica de bolsos del barrio de la Tafalera. «Era de los pequeños de la familia, teníamos otros siete hermanos», cuenta José Antonio. Maruja, Victoria, Eugenia, Angélica, Guadalupe, Fernando y Tino. «A Teófilo le recuerdo como un joven afable, muy cariñoso. Y no estaba afiliado a ningún partido o sindicato. Simplemente tenía sus convicciones», asegura tajante. «Le tocó a él como le podía haber tocado a cualquier otro».
Fue todo una farsa. Le juzgó un tribunal militar, nada de un organismo independiente
Después del juicio mediático, llegó el juicio en los tribunales. «Nos enteramos de que habían detenido a un policía por los medios. No se nos comunicó nada oficialmente a los familiares, ni se nos permitió personarnos como acusación particular en el juicio», reprocha José Antonio. «De la misma forma nos enteramos del resultado», prosigue. Le habían absuelto. Daniel Aroca del Rey, el policía detenido, había asesinado a Teófilo en pleno cumplimiento de su deber. «Así funcionaba la maquinaria de la impunidad de la dictadura», valora el hermano del fallecido.
No sería hasta mucho más tarde, en medio de la investigación liderada por De Juan, cuando los detalles del caso saldrían a la luz. «Con un poder notarial que me firmó José Antonio, conseguí, por fin, acceder al expediente judicial», relata el director. «Ahí encontramos todas las pruebas del asesinato», señala. Y un nombre, el del juez instructor del caso: Agustín Ferrer. «Se atrevió, a pesar de recibir presiones de la Fiscalía de Alacant, a llamar a las cosas por su nombre: homicidio», concede De Juan. Un veredicto que se matizaría después durante el Consejo de Guerra, aprovechando la eximente de cumplimiento del deber. «Le juzgó un tribunal militar, nada de un organismo independiente. Sus propios compañeros. Yo me lo guiso, yo me lo como», ironiza José Antonio. Una farsa en toda regla. ¿Su resultado? Ni cárcel, ni multa. El asesinato de Teófilo quedó impune.
«No es venganza, es justicia y reparación»
La justicia llega tarde, pero llega. En abril de 2024, José Antonio presentó -con el respaldo de CEAQUA- una querella ante los juzgados de Elda contra los responsables de la muerte de su hermano. Entre los denunciados se incluían el policía Daniel Aroca del Rey, el sargento Laureano Ballesteros Carbajo, el capitán Carlos Holgado Marín, el exgobernador civil Benito Sáez González-Elipe y el entonces ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa. De los cinco, solo dos siguen con vida casi medio siglo después: Aroca del Rey y Martín Villa. Pues bien, el juzgado de Elda, que admitió la querella en noviembre de 2024, les ha citado a declarar este mes de noviembre. El primero lo hará el día 17; el segundo, dos días después, el 19. Los dos acudirán telemáticamente al juicio. Desde Albacete y Madrid.
«Es un primer paso para derribar el muro de la impunidad», reivindica De Juan. Un primer paso para limpiar -por fin- la memoria de Teófilo. Para reconocerlo como lo que fue: una víctima de la dictadura. «Mis padres se fueron a la tumba desconsolados, sin llegar a conocer nunca la verdad», se lamenta José Antonio. «Este reconocimiento les habría dado la paz que nunca consiguieron encontrar», añade emocionado. Pero no solo eso. El juicio por el asesinato de Teófilo se ha convertido ya en todo un hito. «Por primera vez en España, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar la categoría de crímenes contra la humanidad a dos responsables de la dictadura, como son un exministro y un miembro de sus fuerzas represivas», apunta De Juan.
«La aplicación de esta categoría es esencial para que el caso prospere», continúa el director. Por dos motivos fundamentales. Primero, porque los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben. Segundo, porque son inamnistiables y conseguirían, por tanto, burlar el filtro de la Ley de Amnistía del 77. Tampoco se podría lastrar el procedimiento conforme al principio jurídico de non bis in idem. Traducción: no puede juzgarse dos veces un mismo hecho. «La Ley de Memoria Democrática declara todo juicio y sentencia franquista nulo e ilegal, incluido el del asesinato de Teófilo», explica De Juan. Por todo ello, el caso tiene sustento y visos de prosperar. De cualquier manera, si la querella quedase finalmente archivada -han explicado a Público fuentes de la coordinadora- procederían a interponer un recurso de apelación. Y si el recurso fuera desestimado en la Audiencia Provincial, presentarían una demanda de amparo frente al Constitucional. Hasta recurrir, si fuera necesario, a instancias internacionales.
¡Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas de la dictadura!
«Esto ya no lo para nada», coinciden José Antonio y Manuel. Aprovechando para movilizar tres manifestaciones en torno a la celebración de las vistas del juicio. Dos frente al juzgado de Elda los propios días 17 y 19 de noviembre, a las 12. Otra frente a los juzgados de la plaza de Castilla, en Madrid. Allí se reunirán el día 19 también a mediodía, coincidiendo con la comparecencia de Martín Villa. «Es el principio del fin de la impunidad franquista. ¡Verdad, Justicia y Reparación para sus víctimas!», exigen los convocantes.
El caso de Teófilo se suma a tres causas ya abiertas en los tribunales españoles por los crímenes de la dictadura. La primera, por la desaparición forzosa del jornalero Juan Canet, fusilado el 13 de octubre de 1941 y enterrado -junto con otras 2.237 personas- en las fosas comunes del cementerio de Paterna. La segunda -tramitada a finales de junio en A Coruña- investiga las torturas que sufrió el militante de Unión do Povo Galego (UPG) Manolo Reboiras. La tercera y última, por torturas en la DGS de Madrid, la interpuso el pasado mes de enero el activista antifranquista Carlos Serrano.
La sentencia más difícil del Supremo: condena o absolución para el fiscal general tras un juicio sin pruebas
La sentencia del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que concluyó este jueves, tras seis sesiones intensas, podría conocerse antes de que finalice el año, estiman fuentes del Tribunal Supremo. No habrá opción de recurso más que ante el Tribunal Constitucional, en el caso de una condena.
Después de las 40 testificales escuchadas en el juicio y de las exposiciones definitivas de las acusaciones, de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que ha defendido a García Ortiz, ahora el foco pasa a los siete magistrados que han juzgado al fiscal general del Estado, cinco de los cuales ya se habían pronunciado con anterioridad en el mismo asunto, al decidir abrir causa por primera vez en la historia contra el máximo representante del Ministerio Fiscal, en el ya célebre auto de 15 de octubre de 2024.
El fiscal general llegó a juicio pese a los nulos indicios de que él hubiera filtrado a un periodista de la Cadena Ser el correo electrónico de 2 de febrero de 2024 que contenía la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador, como autor de dos delitos fiscales. La filtración y su consiguiente publicación en prensa convirtió al novio de Ayuso en «defraudador confeso», lo que le habría ocasionado unos perjuicios que él mismo calificó como «muerte social».
Para contrarrestar políticamente el impacto de los hechos, es decir, que González Amador había sido denunciado por la Fiscalía en base a la defraudación constatada por Hacienda de 350.000 euros a través de facturas falsas, el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), planteó una estrategia consistente en darle la vuelta a la realidad: filtrando otro correo a El Mundo, de 12 de marzo de 2024, en el que el fiscal de delitos económicos le decía al letrado del novio de Ayuso que aún no era tarde, una vez presentada la denuncia, para llegar a un acuerdo, en respuesta a la petición de pacto de González Amador.
El periódico publicó una noticia tergiversada afirmando que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad al novio de Ayuso pero que había sido retirado por «órdenes de arriba», cuando era al revés. Horas después, aquella misma noche del 13 de marzo de 2024, La Ser desmintió el bulo, informando de que el novio de Ayuso había reconocido dos delitos fiscales y pedía una conformidad con Fiscalía.
El fiscal general pidió a sus subalternos los correos, quería llegar a la verdad, «cerrar el círculo», llegó a decir. Una vez obtenidos y siendo consciente de que la noticia de El Mundo era un bulo y que la campaña de MÁR y Ayuso estaba cuestionando a la Fiscalía como si hubiera orquestado una trampa para perjudicar a la presidenta de Madrid, García Ortiz decidió que había que redactar y difundir una nota de prensa para desmentir ese bulo.
El propio fiscal general defendió en el juicio su decisión de difundir una nota de prensa a los medios. «Cuando los correos generan esa confusión es cuando nos disponemos a hablar de esos correos en la nota, teníamos que ser rigurosos». Su letrado en el juicio lo reiteró: «Es imposible desmentir el bulo sin la introducción de los correos», dijo José Ignacio Ocio, para quien «la nota informativa está justificada» y todos los elementos que la contienen estaban ya publicados con antelación, por lo que no constituyó revelación de ningún secreto, según su criterio.
Lo que decía la nota
¿Qué decía la nota de prensa? En su punto segundo recogía lo siguiente: «Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del Sr. González Amador de la comisión de «dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto de Sociedades, 2020 y 2021».
La nota, difundida la mañana del 14 de marzo, después de que el digital El plural publicara la imagen del correo de la confesión, motivó la denuncia por revelación de secretos del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), abriéndose en el TSJ de Madrid una investigación judicial contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, y la fiscal jefa provincial, Pilar Rodríguez, y más tarde contra el propio fiscal general del Estado, por lo que el Supremo asumió la causa.
Antes de estar investigado, Álvaro García Ortiz, asumió la responsabilidad de la nota de prensa. En efecto, él recabó los datos y la confeccionó junto con sus colaboradores, como aseguró en el juicio.
En el anteriormente mencionado auto de 15 de octubre de 2024, ponencia de la magistrada Susana Polo, la nota de prensa se descartó como ilícito penal: «De lo anterior se desprende que, aparentemente, no hay
información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los
hechos». Ese «aparentemente» que aparecía en el primer auto del Supremo en la causa contra el fiscal general se convertía después en una suerte de comodín, en una ambigüedad, que ha acabado por coger fuerza en el juicio, hasta el punto de que el abogado que representa a González Amador como acusación particular, Gabriel Rodríguez Ramos, dijo en su turno de conclusiones que la decisión del fiscal general de lanzar la nota «sellaba institucionalmente» la revelación de un dato confidencial, como era la confesión de un delito en el marco de una negociación con Hacienda.
Sin pruebas de la filtración
Cuando es indiscutible que del juicio no ha surgido ni una sola prueba de que el fiscal general hubiera filtrado a la prensa o hubiera ordenado hacerlo el correo de la confesión, si no más bien todo lo contrario, pues los periodistas han declarado que no fue García Ortiz su fuente, la nota de prensa se erige como un elemento que tener en cuenta para la sentencia, opinan varios juristas consultados por Público, que apuntan precisamente a las palabras del abogado del novio de Ayuso y su detenimiento en exponer las consecuencias de dicho comunicado de prensa.
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, sostuvieron en el juicio que la nota de prensa no se estaba enjuiciando e incluso el letrado llegó a protestar: «Señorías, no sabemos de lo que nos estamos defendiendo; no sé a estas alturas si tengo que defenderme solo de la filtración del correo o si también de la nota».
Los siete magistrados
El tribunal está formado por cinco magistrados del ala conservadora, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Carmen Lamela y Andrés Martínez Arrieta (presidente de la Sala); y dos considerados algo más progresistas, Ana Ferrer y Susana Polo. La sentencia necesita de una mayoría de al menos cuatro magistrados. Los discrepantes, si los hubiera, pueden razonar su posición en un voto particular.
Las acusaciones solicitan penas de hasta seis años de cárcel por un delito de revelación de secretos, así como hasta 12 años de inhabilitación y más de 400.000 euros entre la multa y la indemnización al novio de Ayuso. Los delitos son la presunta revelación de secretos, prevaricación e infidelidad en la custodia de documentos.
La defensa del fiscal general tumba «los siete indicios manoseados» por las acusaciones
El juicio contra el fiscal general queda visto para sentencia. Tras seis sesiones intensas, la vista oral ha concluido este jueves con una brillante exposición por parte del abogado del Estado José Ignacio Ocio, que ha defendido, junto a la abogada Consuelo Castro, al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Esta última sesión, destinada a la exposición de los informes finales de las partes, ha dejado algunos alegatos insustanciales, pero, sin duda, el de Ocio no lo es. «A estas alturas no sabemos de lo que nos estamos defendiendo», ha clamado el letrado en relación a si se ha enjuiciado, además de la filtración del correo de la confesión del novio de Ayuso, la nota de prensa de la Fiscalía para desmentir el bulo orquestado por el jefe del gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (MÁR).
El abogado ha expuesto que el caso estuvo rodeado desde el principio de «un contexto mediático excepcional que, en ocasiones, ha desbordado el debate jurídico«. Y ha tumbado, uno a uno, los «siete indicios manoseados por las acusaciones», con los que el juez instructor Ángel Hurtado y la Sala de Apelaciones del Supremo llevaron a juicio a Álvaro García Ortiz. No ha identificado los siete indicios, pero estas son las claves con las que ha desmoronado los argumentos de las acusaciones.
1. Las declaraciones de la fiscal Lastra
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, dijo en fase de instrucción que le había recriminado al fiscal general haber «filtrado el correo» y él no lo desmintió, sino que le replicó: «Eso ahora no importa». Estas manifestaciones por sí solas constituyeron para el juez instructor, Ángel Hurtado, un indicio contra García Ortiz. El letrado José Ignacio Ocio, ha puesto el foco en la «evidente» «mala relación de Lastra con la cúpula de la Fiscalía General del Estado». Y ha evidenciado que Lastra, que no quiso difundir a los medios la nota de prensa para desmentir el bulo que beneficiaba al novio de Ayuso, ha dado varias versiones de su supuesta frase, como una en la que indicaba que se refería a la nota de prensa: «La has filtrado».
El fiscal general ha negado haber escuchado esa frase pero el juez Hurtado la dio por veraz.
2. El borrado de los mensajes
El borrado de los mensajes del móvil por parte de García Ortiz ha sido considerado uno de los indicios más fuertes por parte del instructor. Él ha argumentado que borra el contenido de los mensajes al menos una vez al mes por motivos de seguridad, debido al tipo de datos que maneja.
Los correos del 8 al 14 de marzo, el marco temporal en el que sucedieron los hechos, «estaban borrados con toda seguridad a finales de abril», ha explicado el letrado, y ha afirmado que García Ortiz conocía desde 12 de octubre de 2024 su imputación [sería imputado por el Supremo el 16 de octubre]. «Si hubiera tenido voluntad de eliminar pruebas, hubiera podido borrarlos antes», ha incidido.
3. La cuenta de ‘Gmail’
La cuenta de Gmail del fiscal general del Estado, que albergaba el correo investigado, estuvo a disposición de la UCO cuando los agentes entraron en el despacho del fiscal general, el 30 de octubre de 2024. Pero se ha querido «manipular», incidiendo en que fue eliminada coincidiendo con su imputación, ha sostenido el letrado defensor.
La cuenta se eliminó, como ha demostrado el abogado del Estado, a finales de diciembre de 2024, porque le estaban entrando correos hostiles, debido a que el atestado de la UCO se filtró sin tapar los datos personales del fiscal general, como esa dirección de Gmail y su teléfono y le estaban llegando a esa cuenta ‘emails’ «desagradables». «Se ha manipulado el cierre de su cuenta de Gmail como si fuera un indicio de cargo», ha dicho el letrado.
El fiscal general ha dicho que se manejaba mejor desde el móvil con el correo de Gmail que con el corporativo de la Fiscalía y que por eso pidió que le mandaran a dicha cuenta los correos que intercambiaron el fiscal de delitos económicos y el abogado del novio de Ayuso.
4. La conexión con Moncloa
«Mi representado no conoce a la señora Sánchez Acera [Pilar], ni al señor Lobato [Juan] ni al señor Vallés [Francesc]», ha dicho el defensor, en referencia a la asesora de Moncloa, el líder del PSOE de Madrid y el secretario de Estado de Comunicación en marzo de 2024. Rechaza por falta de pruebas que el fiscal tuviera contacto con dichos cargos y niega órdenes de Moncloa. «Mi patrocinado no ha recibido ni una sola instrucción de Presidencia del Gobierno, hasta ahí podíamos llegar», ha clamado.
Esta vía, la conexión de la filtración con Moncloa, se desechó por el Supremo como parte de la investigación, pero las acusaciones no lo han tenido en cuenta y han seguido señalando un hipotético vínculo, debido a que se permitió la testifical en el juicio de Lobato, Sánchez Acera y Vallés.
5. La llamada del periodista
Otro de los indicios sobre los que ha pivotado la causa contra el fiscal general es su posible relación con los periodistas que publicaron las primeras noticias sobre el correo de la confesión del novio de Ayuso, el del día 2 de febrero. En este sentido, las acusaciones se han centrado en Miguel Ángel Campos, periodista de La Ser, que fue el primero en mencionar el correo de la confesión, aunque sin dar la imagen de dicho email. Campos llamó al fiscal general a raíz de la publicación del bulo por El Mundo. El fiscal general no cogió la llamada y ni siquiera fue consciente de ella, ha asegurado. Por su parte, el informador indicó que hacía mucho que no le llamaba porque desde que fue nombrado fiscal general no cogía las llamadas. La de aquel día, el 13 de marzo, obedecía a la necesidad del periodista en que el fiscal general le confirmase si era cierta la noticia.
Este fue uno de los indicios que manejó el instructor para atribuirle a García Ortiz el papel de filtrador. Las acusaciones y la UCO dicen que no es posible comprobar si el periodista contactó posteriormente con el fiscal general a través de llamada de ‘whatsapp’.
6. La nota de prensa
Respecto a la nota de prensa con la que el fiscal general quiso desmentir el bulo, se ha convertido en un elemento central en el juicio, pese a que había quedado excluida del enjuiciamiento, según señaló la Sala de Apelaciones del Supremo. «Señorías, no sabemos de lo que nos estamos defendiendo; no sé a estas alturas si tengo que defenderme solo de la filtración del correo o si también de la nota», ha clamado el letrado, después de la que la teniente fiscal del Supremo haya dejado claro que no era objeto del enjuiciamiento la nota, pues el tribunal afirmó que su contenido ya había sido publicado por los medios, por lo que no había secreto alguno. Sin embargo, la acusación ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha defendido lo contrario y acusa por ello al fiscal general, que admitió que la nota de prensa fue responsabilidad única de él.
La nota de prensa hace alusión a datos concretos extraídos del correo de la confesión y de otro posterior que le envió el fiscal Julián Salto al letrado del novio de Ayuso. Es imposible desmentir el bulo sin la introducción de los correos, ha dicho José Ignacio Ocio, para quien «la nota informativa está justificada», y todos los elementos que la contienen estaban ya publicados con antelación, ha argumentado, tras señalar que desde el entorno de Ayuso se estaba cuestionando a la Fiscalía como responsable de tender una trampa a la pareja de la presidenta madrileña. «Lo que insinuaba era de una gravedad inusual», ha clamado el letrado.
7. El juez instructor no investigó los cabos sueltos
La Abogacía del Estado ha razonado que «no existe base probatoria» y, en efecto, no ha quedado probado que el fiscal general del Estado sea el responsable de la filtración. Su defensor ha puesto de relieve que el magistrado instructor no investigó los cabos sueltos y que «existió voluntad de no investigar». Se ha referido por ejemplo al resto de vías de acceso al correo filtrado, como fue la carpeta electrónica de los juzgados de instrucción madrileños que albergaba el expediente de Hacienda contra el novio de Ayuso; o la cuenta de correo genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid, a donde llegó el correo de la confesión. Tanto el abogado del fiscal general como la teniente fiscal del Supremo han explicado que más de 500 personas pudieron tener acceso al correo, pero solo se investigó al fiscal general y su entorno, como la fiscal jefa provincial de Madrid.
Respecto a la ausencia de pruebas, el letrado de la APIF ha dicho que no es óbice para una condena, como sucedió con el caso Bretón, sobre el padre que asesinó a sus dos hijos. «Nunca aparecieron los cuerpos de los niños pero se condenó a Bretón», ha argumentado el abogado José Antonio Frago.
Una paciente de cáncer de mama en Murcia: «Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería no estaría viva»
«¿De verdad mi vida vale tan poco?», se pregunta Elena Olmos al otro lado del teléfono. El 18 de febrero de 2024, se sometió a una mamografía dentro del Programa de Prevención de Cáncer de Mama del Servicio Murciano de Salud (SMS). La prueba, concertada con un hospital privado del grupo Quirónsalud, terminó con un diagnóstico tranquilizador: una carta oficial de la Consejería de Salud —a la que ha tenido acceso Público— le comunicó un «resultado negativo de cáncer de mama» y le recomendó una nueva revisión «dentro de 24 meses».
Dos meses después, una neumonía cambió su vida. Estando en casa, apoyó la mano sobre su pecho derecho y notó un bulto «muy grande» junto al pezón. «Al principio no me alarmé», recuerda en una conversación con Público. Pero cuando acudió a su médica de cabecera, esta le recomendó hacerse una ecografía. El 7 de mayo, el radiólogo decidió repetir también una mamografía. «Me preguntó cuándo había sido la última y le dije que hacía unos meses. Se sorprendió. Vi su cara, y entonces me lo soltó: ‘Yo veo cáncer‘». El 24 de mayo, llegó la confirmación: cáncer de mama triple negativo en estadio 2, uno de los subtipos más agresivos. «Si hubiera hecho caso a la carta de la Consejería y esperado dos años, no estaría viva», lamenta con voz entrecortada.
A través de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), consiguió contactar con la Consejería de Salud de Murcia. «Me hablaron con un tono frío, poco empático. Me dijeron que a veces pasa, que cuando los tumores son pequeños pueden no verse. Pero el mío no era pequeño», denuncia. «Sentí que me culpaban a mí del error». También le aconsejaron que, si no estaba conforme, presentara una queja formal. Elena ha pasado por 16 sesiones de quimioterapia —»12 semanales y cuatro del conocido como diablo rojo»—, una cirugía el 2 de enero, en la que le retiraron el tumor y el ganglio centinela, radioterapia durante 15 días consecutivos y nueve sesiones de inmunoterapia. «Me han quedado muchas secuelas. Tengo las plantas de los pies y las palmas de las manos quemadas. He tenido que moverme en silla de ruedas. Mi vida se ha quedado limitada«.
Ahora, con el tratamiento finalizado, empieza a asimilar lo que ha vivido. «Durante meses estuve centrada en sobrevivir, pero cuando todo paró, llegó el golpe. No podía dormir, tenía ansiedad, me sentía incomprendida. Incluso, me han dado el alta en la Inspección de Trabajo, pero me he tenido que pedir vacaciones porque no estoy preparada para volver. La Elena de hace dos años ya no existe, y me está costando conocer a la que soy ahora«. Además del dolor físico y emocional, recrimina la falta de acompañamiento legal y psicológico en estos casos. «No puedo permitirme una abogada, y debería haber un servicio que nos ampare. No soy un caso aislado: ya se han puesto en contacto conmigo al menos seis mujeres que han pasado por lo mismo en Murcia. Necesitamos que estén más pendientes de nosotras. Esto tiene que cambiar».
Elena Olmos, paciente de cáncer de mama: «No soy un caso aislado, otras seis mujeres más de Murcia me han confesado que han pasado por lo mismo»
Más allá de los números
El caso de Elena es solo la punta del iceberg. Según los datos oficiales publicados por el Servicio Murciano de Salud, 1.223 personas siguen sin fecha asignada para realizarse una mamografía en la región. A ellas se suman 145 mujeres que aguardan entre 0 y 30 días para hacerse la prueba y otras 111 que acumulan más de un mes de espera. En total, la espera media para someterse a una mamografía en Murcia asciende a 19,07 días.
La cosa no termina aquí. La oposición ha puesto el foco en lo que considera un «incumplimiento sistemático del plazo legal de 30 días» para la realización de mamografías. Además, acusan al Ejecutivo autonómico de «manipular los datos oficiales». «Es rotundamente falso que la espera media para una mamografía en la Región de Murcia sea de 19 días, como asegura la Consejería de Salud, cuando casi el 83% de las mujeres en lista de espera ni siquiera tienen cita asignada«, reprochó la diputada socialista Marisol Sánchez en la Asamblea Regional. La parlamentaria criticó también la «falta de transparencia» de los populares y exigió al consejero de Salud, Juan José Pedreño, explicaciones sobre la paralización del plan de ampliación del programa de cribado de cáncer de mama, que no alcanzará a todas las mujeres de entre 45 y 74 años hasta, al menos, 2027.
1.223 personas siguen sin fecha asignada para realizarse una mamografía en Murcia, según los últimos datos oficiales
El sindicato CSIF ya había advertido de esto último. Además, atribuyó los retrasos a una «falta estructural de personal sanitario, un déficit que también afecta a la realización de pruebas diagnósticas, incluso en los casos prioritarios». Alertaron sobre el «aumento de derivaciones a clínicas privadas, cuyos resultados, en muchas ocasiones, deben repetirse en la sanidad pública al no ser válidos o no poder compararse con estudios anteriores». «Esta duplicidad de pruebas genera un gasto innecesario de recursos públicos, agrava la sobrecarga del sistema y obliga a las pacientes a pasar dos veces por el mismo proceso», corroboraron. Con todo, la oposición anunció hace no mucho que pedirá al Defensor del Pueblo la apertura de una comisión de investigación para esclarecer la gestión de las listas de espera en las mamografías.
Para más inri, el diario La Opinión de Murcia reveló que, tras ser preguntada por el caso de Elena Olmos, «la Consejería de Salud respondió que el pasado año se realizaron unas 70.000 mamografías dentro del programa regional de cribado, por lo que consideran que la situación vivida por esta paciente es un caso aislado».
El portavoz del Gobierno de Murcia asegura que el programa de cribado de cáncer de mama «funciona con normalidad»
Por su parte, el portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, defendió a mediados del mes pasado que el programa de cribado de cáncer de mama «funciona con normalidad» y aseguró que «no se ha detectado ningún caso similar a los ocurridos en Andalucía». Insistió en que la administración actúa «con total transparencia, haciendo públicos todos los informes disponibles», y agregó que se trata de un «trabajo serio, riguroso y exhaustivo». Aun así, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad: «Es importante que las murcianas y los murcianos sepan que están respaldados y seguros dentro del sistema».
Fuentes de la Consejería de Salud de Murcia han desmentido a Público que existan más de 1.200 mujeres esperando para realizarse una mamografía. Según el departamento, «estas pruebas no corresponden al programa de cribado y todas se realizan en un plazo medio de 19 días, por debajo de los 30 establecidos en la normativa, tal y como refleja el informe de Listas de Espera del Servicio Murciano de Salud«. Respecto al programa de cribado de cáncer de mama correspondiente al bienio 2023-2024, la Consejería sostiene que se enviaron 237.227 invitaciones, de las cuales participó el 64,75% de las mujeres convocadas, con un total de 153.607 estudios mamográficos realizados.
El departamento también defiende que Murcia fue «la primera comunidad del país en anunciar la ampliación del rango poblacional del cribado de cáncer de mama, de 45 a 74 años». Recuerdan que la Cartera de Servicios del Ministerio de Sanidad «solo contempla actualmente la franja de 50 a 69 años», y que esta extensión es «un extra de calidad que Murcia quiere ofrecer a sus pacientes, costeado con fondos propios». Según la Consejería, la ampliación del programa se está llevando a cabo de forma gradual y por fases, con el objetivo de «garantizar la equidad y la seguridad de las pacientes». Añaden que, en verano de 2024, el sistema público asumió directamente los cribados que hasta entonces se realizaban en colaboración con la AECC. «Estamos trabajando para acortar este cronograma y lograr la ampliación total lo antes posible, siempre garantizando el control y seguimiento de las pruebas», concluyen.
El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado compartir los datos del programa de cribado poblacional
En el ámbito nacional, lo último sobre los cribados de cáncer de mama es que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado compartir los datos del programa de cribado poblacional. La información, según lo negociado, se centrará en tres indicadores: cuántas personas han sido invitadas a realizarse la prueba, qué porcentaje ha acudido y qué proporción ha dado positivo. Sin embargo, queda por ver si se incluirán detalles más completos, como el número de pacientes que han iniciado tratamiento y los tiempos transcurridos hasta su inicio.