Más y más pólizas. Desde la pandemia, la sanidad privada cuenta con 1,8 millones de personas más aseguradas —incluyendo el mutualismo administrativo— en España y ha pasado de cubrir al 23% de la población en 2020 al 26% en 2025, el último año del que hay datos. En apenas cinco años, el número de usuarios ha escalado de 11 a 12,8 millones, según los datos difundidos en los observatorios del sector sanitario privado elaborados por la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). Solo en el último ejercicio, el sistema privado sumó 200.000 nuevos clientes y creció un 1,7%.
La tendencia se mantiene al alza año tras año: 11 millones de asegurados en 2020; 11,5 millones en 2021; 12 millones en 2022; 12,4 millones en 2023; 12,6 millones en 2024 y, ya en 2025, 12,8 millones. Un crecimiento que se traduce en un mayor peso asistencial: actualmente, el sector privado asume entre el 30% y el 40% de la actividad sanitaria, concentra el 42% de las intervenciones quirúrgicas y gestiona más del 32,3% de las urgencias. ¿Qué factores explican este trasvase? ¿Se está consolidando un sistema en el que el acceso y la calidad dependen cada vez más de la capacidad de pago? ¿Qué hay detrás de estas cifras?
Para Sergio Fernández, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la lectura es clara. «Este crecimiento refleja el deterioro progresivo de la sanidad pública tras años de infrafinanciación y políticas de privatización encubierta», afirma tajante. Bajo su mirada, la proyección del seguro privado no responde a una elección libre, sino a una necesidad: «Quien quiere ser atendido con rapidez acaba pagando dos veces: vía impuestos y vía póliza». Fernández apunta a las administraciones como motor de esta expansión. «La privada crece porque se ha favorecido deliberadamente ese modelo, derivando recursos y actividad desde el sistema público. No es un crecimiento altruista: recibe grandes cantidades de dinero público a través de conciertos y externalizaciones», corrobora.
Sergio Fernández, FADSP: «Se deteriora lo público, crece el negocio privado y ese crecimiento se usa como argumento para seguir privatizando»
El último informe de la Fundación IDIS enfatiza también el peso asistencial del sector. Con los datos más recientes del Ministerio de Sanidad, correspondientes a 2023, la sanidad privada llevó a cabo más de 35,7 millones de consultas —casi el 30% del total—, atendió 10,7 millones de urgencias y realizó 2,28 millones de intervenciones quirúrgicas. En paralelo, el gasto sanitario privado ascendió a 37.048 millones de euros, lo que representa el 26,8% del gasto total y el 2,47% del PIB. A ello se suma que más de la mitad de los hospitales privados mantenían algún tipo de concierto con el Sistema Nacional de Salud (SNS)
Pese a su crecimiento, Fernández incide en una contradicción estructural: «Incluso quienes tienen seguro privado recurren a la sanidad pública para tratamientos complejos o de alto coste. La privada selecciona lo rentable, mientras el sistema público asume lo más caro y difícil«. ¿Las consecuencias? Dice que van más allá de los números: pérdida de profesionales en la red pública, fragmentación de la atención y una dependencia creciente del sector privado. «Se genera un círculo perverso: se deteriora lo público, crece el negocio privado y ese crecimiento se usa como argumento para seguir privatizando», ataja. Mientras tanto, la expansión avanza de forma silenciosa. «Se presenta como inevitable, cuando en realidad lo que falta es voluntad política para reforzar la sanidad pública».
De acuerdo con el análisis más reciente de la Fundación IDIS, por territorios, Madrid (37,3%), Catalunya (31%) e Illes Balears (30,9%) lideran la penetración del seguro privado, muy por encima de la media estatal (26,2%).
Guillén del Barrio, sanitario en la Comunidad de Madrid: «La sanidad privada funciona como un sistema de extracción de rentas»
Guillén del Barrio, enfermero de Urgencias en el Hospital Universitario La Paz y una de las voces más reconocibles del personal sanitario madrileño, lee estos datos desde la trinchera. «Los hospitales ya estaban al límite y ahora atendemos a pacientes más graves. Las listas de espera empeoran y también los tiempos en urgencias. Que más gente contrate un seguro privado responde, en gran medida, a que el sistema les está expulsando», dice al otro lado del teléfono.
Según el sanitario, el aumento de las pólizas oculta una realidad menos visible. «Nadie cuenta que cuando te jubilas, muchas veces ya no puedes asumir el coste del seguro», deja caer. Y apunta a la lógica económica del sector: «La sanidad privada funciona como un sistema de extracción de rentas. Una póliza puede costar 40 euros a los 30 años, pero a los 70 sube a 350. Hay casos de personas que, tras años pagando, ven cómo su cuota se dispara tras una enfermedad grave».
Desde su experiencia, el problema no es solo de acceso, sino de modelo. «Primero se debilita la sanidad pública y se empuja a las clases medias hacia lo privado. Pero cuando llegan los problemas serios, acaban volviendo al sistema público. Esa es la imagen que vemos a diario en los hospitales», describe. Del Barrio valora que el deterioro no es accidental. «La precariedad y la mala atención son el motor que alimenta la privatización. Para que alguien pague dos veces por la sanidad, la pública tiene que fallar. Si funcionara bien, nadie contrataría un seguro».
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En este escenario, el sanitario rechaza que se trate simplemente de una sanidad «a dos velocidades». «Vamos hacia algo peor: un sistema en el que solo una minoría muy acomodada puede sostener el acceso privado a largo plazo», dice. ¿Se puede revertir esta tendencia? Como salida, el enfermero apuesta por un giro en las políticas públicas. «Hay que reforzar la financiación y hacerlo con criterios redistributivos: que quienes más tienen aporten más. Eso no solo fortalece el sistema, también reduce desigualdades y amplía oportunidades para quienes tienen menos recursos».
Fundación IDIS: «La complementariedad entre lo público y lo privado es indispensable. Apostamos por un sistema integrado, con un marco estable»
Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, sostiene en declaraciones a Público que «las dificultades de acceso y las listas de espera en el SNS están favoreciendo el trasvase de pacientes hacia la sanidad privada», aunque matiza que este fenómeno también responde a una decisión individual. «En torno a 13 millones de personas pagan su seguro de forma voluntaria», dice. La patronal pone el acento en el papel que, a su juicio, juega el sector en el conjunto del sistema. «Que entre el 30% y el 40% de la actividad asistencial se realice en centros privados evidencia la liberación de recursos que supone para la sanidad pública», argumenta. En esa línea, defiende que la atención a millones de pacientes en la red privada «contribuye a reducir los tiempos de acceso a diagnósticos y tratamientos para el conjunto de la población».
Sobre la fiabilidad de los datos, la portavoz señala que su informe se apoya en fuentes oficiales como la OCDE, la Estadística de Gasto Sanitario Público (EGSP) o ICEA. No obstante, reconoce limitaciones metodológicas derivadas de las diferencias de cálculo entre organismos. «La EGSP no incluye partidas de atención sociosanitaria, como cuidados de larga duración, que sí contempla la OCDE, lo que dificulta la comparación», precisa. Con todo, desde la fundación reivindican un modelo basado en la colaboración. «La complementariedad entre lo público y lo privado es indispensable. Apostamos por un sistema integrado, con un marco estable y predecible que garantice seguridad jurídica y confianza», termina Villanueva.
La Xunta de Galicia ha multiplicado por cuatro en apenas cuatro años la cantidad de dinero que entrega mediante contratos registrados como menores y que fueron adjudicados a los grandes grupos de la sanidad privada española que gestionan hospitales, clínicas y laboratorios en la comunidad. En los últimos cuatro años, la cantidad se eleva a más de 6.400 euros de media al día.
Entre Quirón, Hospitales de Madrid (HM), Ribera Salud, Vithas y Recoletas, que administran más de una veintena de centros sanitarios en Galicia, facturaron a la Xunta entre 2022 y febrero de este año 9.748.361 euros, a través de más de 570 contratos suscritos por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) de la Consellería de Sanidade del Gobierno de Alfonso Rueda, frente a los 2.350.019 euros del período comprendido entre marzo de 2018 y el final de 2021. Así lo refleja la información a la que ha tenido acceso Público a través de la plataforma de adjudicaciones de la Xunta.
El procedimiento de la contratación menor establece un máximo de 15.000 euros (18.150 con IVA incluido) para que las administraciones públicas puedan eludir el concurso público y adjudicar directamente la prestación de servicios, entre ellos los relacionados con la sanidad. Por eso son conocidas como adjudicaciones a dedo. Además, cerca del 60% de la facturación mediante esa modalidad de los grandes grupos sanitarios a la Consellería de Sanidade, que dirige Antonio Gómez Caamaño, se tramitó mediante 39 adjudicaciones que superan ese tope. Suman 7,27 millones que se repartieron Quirón, HM, Ribera Salud y Recoletas.
Veinte contratos de más de 100.000 euros
En ocasiones, la cantidad licitada y finalmente adjudicada multiplica con creces el máximo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público para la contratación menor. Según la información a la que ha tenido acceso Público, al menos 22 contratos asignados entre 2022 y 2026 a esas compañías superan los 100.000 euros. Ocho de ellos sobrepasan los 250.000 y dos incluso exceden el medio millón de euros.
La Xunta se ha limitado a dar acceso en su portal de transparencia al importe, objeto genérico y fechas de anuncio de todos esos contratos, pero en ninguno de los de mayor importe figura la documentación relevante de los expedientes, como sus memorias justificativas, pliegos de condiciones y resoluciones de las mesas de contratación, ni tampoco las razones que, en su caso, justifican la elección de una modalidad de contratación no contemplada por la ley para esos importes.
Consultado al respecto por Público, el Sergas asegura que las citadas adjudicaciones no son en realidad contratos menores, sino que «responden, principalmente, a la prestación de servicios con medios ajenos mediante autorizaciones de uso», una figura, según el Sergas, «regulada en el artículo 74 de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de Salud de Galicia, prevista específicamente en la normativa sanitaria», añade el organismo, y que «se emplea, por lo tanto, con dicho amparo legal». Ese precepto no se refiere sin embargo a las autorizaciones de uso sino a los contratos de servicios sanitarios, y no establece excepción alguna para que puedan adoptar la forma de contratos menores cuando su importe supera el máximo legal.
El hospital Ribera Povisa, en Vigo.
El Sergas, con todo, se reafirma en que se trata de «facturaciones de autorizaciones de uso, no siendo contratos menores del artículo 118 de la ley de contratos«, y que si su plataforma de transparencia los recoge como tales es porque «en el programa de contabilidad aparecen codificados como gasto menor al no existir un contrato programa ni una tipificación propia para esta figura específica de la autorización de uso». «Al tener esa codificación de gasto menor, los pagos se transmiten con esa denominación al portal de transparencia y a la plataforma de contratación mediante un procedimiento automatizado desde el programa contable, no de manera manual. Constan pues con dicha cualificación de ‘contrato menor‘ por motivo del código que tienen asignado, aunque realmente no se corresponden a esta figura», concluyen las fuentes del Sergas.
El estudio de la información disponible sí permite deducir que el organismo responsable de la sanidad pública en Galicia ha incrementado notablemente la contratación menor con los hospitales privados desde que las multinacionales se hicieron con ellos.
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Ribera Salud
El grupo fundado en 1997 en València bajo la cobertura del Gobierno autonómico de Eduardo Zaplana (PP), propiedad hoy de la multinacional francesa Vivalto Santé, es el más beneficiado por los contratos que la Xunta registra como menores. Desde 2022 ha facturado al Sergas 4.928.423euros mediante 178 adjudicaciones de ese tipo, de las cuales 21, que suman 3,86 millones, sobrepasan los 15.000 euros del máximo legal. El incremento con respecto al período de marzo de 2018 a finales de 2021 (1,22 millones) supera el 300%.
Ribera administra tres hospitales en Galicia, entre ellos Povisa, en Vigo, que el grupo adquirió en octubre de 2019 a la sociedad Nosa Terra XXI, propiedad del naviero José Silveira Cañizares. Povisa mantiene desde hace décadas un concierto con la Xunta para hacerse cargo de más de 100.000 pacientes de la sanidad pública en el área sanitaria de Vigo, por un importe superior alos 195 millones de euros en el período 2025-2026. Al margen de esas cantidades concertadas, Povisa se ha llevado desde 2022 más de 1,03 millones en contratos que la Xunta registra como menores.
El Sergas asegura que tampoco son tales «aunque figuren codificados de este modo por el tipo de documento contable tramitado», y que «responden al pago de hemoderivados [elaborados a partir de componentes de la sangre humana] y a las regularizaciones previstas en los propios pliegos que rigen el contrato de servicios».
Ribera Salud ha facturado a la Xunta 4,9 millones de euros desde 2022 mediante 178 contratos sin concurso, de los cuales 21, por 3,86 millones, sobrepasan el máximo legal de los contratos menores
En noviembre de 2020, Ribera se hizo con otro hospital privado en Galicia, la clínica Polusa, en Lugo, hasta entonces propiedad de la familia Lence, dueña de uno de los más importantes grupos lácteos de la comunidad. Bajo propiedad de los Lence, el centro apenas obtenía contratos sin concurso de la Xunta –14.700 euros entre marzo de 2018 y noviembre de 2020, menos de 460 euros al mes de media–. Desde que Ribera lo compró esas adjudicaciones se dispararon: 3,72 millones, es decir, más de 50.000 euros mensuales. A partir de 2023 son al menos 15 por encima de los 15.000 euros del máximo legal. Las dos últimas, anunciadas por el departamento de Gómez Caamaño en octubre de 2024 y abril de 2025 bajo el epígrafe «Conciertos con entidades privadas», ascienden a 704.158 euros y a 846.677 euros, respectivamente.
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La última adquisición de Ribera en Galicia fue elhospital Juan Cardona de Ferrol, que compró en junio de 2021 a la Fundación Santo Hospital de Caridad, una organización benéfica que hasta entonces obtenía de la Xunta una media de unos 2.200 euros al mes en contratos menores. Desde esa fecha la facturación por ese concepto se elevo hasta los 4.200 euros mensuales, y suma 1,9 millones desde entonces hasta ahora.
Público se ha dirigido a Ribera para interesarse tanto por el incremento de su facturación a la Xunta como por el uso de la modalidad de la contratación menor en adjudicaciones por importes que superan el máximo legal. La empresa asegura que todos los contratos «se han tramitado en todo momento conforme a la normativa y a los procedimientos establecidos». «Se trata de actuaciones que responden a necesidades asistenciales concretas del Sergas dentro del marco de colaboración habitual entre la sanidad pública y los centros concertados, y siempre bajo los criterios y supervisión de la Administración sanitaria», afirman fuentes de la compañía, que añaden que «la evolución en el volumen de contratos responde precisamente a esa mayor actividad asistencial y a la capacidad» de sus centros «para dar respuesta a las necesidades del sistema en cada momento».
Quirón
La compañía propiedad de la multinacional alemana Fresenius es la segunda más beneficiada por los contratos menores de la Xunta, que han pasado de los 530.000 euros del periodo 2018-2021 a más de dos millones entre 2022 y la actualidad, con un incremento de casi el 280%. Las tres filiales de Quirón en Galicia que han disparado su facturación por ese concepto son IDCQ Hospitales y Sanidad SL, que la ha aumentado un 456% al pasar de menos de 260.000 euros a más de 1,44 millones; Instituto Policlínico Santa Teresa –de 100.000 euros a 353.000, un 252%– y Quirón Prevención Hospitales y Sanidad SL –un 27%, desde los 170.000 euros en contratos menores entre 2018 y 2021 a los 217.000 entre 2022 y enero de 2026–.
Uno de los hospitales de Quirón en A Coruña.
Diez de los 348 contratos que la Xunta ha adjudicado sin concurso desde 2018 a las empresas de Quirón superan el tope máximo legal de la contratación menor. Seis lo multiplican casi por diez y sobrepasan los 150.000 euros. Los más elevados ascienden a 321.893 y 306.111 euros.
Público se ha dirigido a Quirón para conocer su versión sobre estas cuestiones, pero no ha recibido respuesta.
Hospitales de Madrid
La empresa de la familia Abarca Cidón gestiona siete centros sanitarios en Galicia. El que más contratos calificados como menores en la plataforma de la Xunta ha obtenido es el hospital HM Modelo de A Coruña, que adquirió en 2014 y que ha pasado de los 98.600 euros por esa modalidad en el primer período a más de 383.000 en el segundo –un incremento cercano al 290%–. Dos de esas adjudicaciones, publicadas por la Consellería de Sanidade en febrero y marzo de 2025, superan de largo el tope legal para los contratos menores: 278.282 euros y 70.365 euros, respectivamente, con IVA incluido.
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La otra filial de HM en Galicia que ha obtenido contratos menores de la Xunta es el Instituto Policlínico La Rosaleda, de Santiago (A Coruña), que el grupo compró en octubre de 2016. Apenas ha facturado cantidades relevantes mediante esa modalidad: seis contratos por algo más de 5.300 euros entre 2018 y 2021 y ninguno desde entonces.
Público se ha puesto en contacto con la dirección de HM para pedir una valoración del aumento de esas cantidades: «No entramos a hacer valoraciones sobre el incremento o no de la actividad concertada por el Sergas, pero sí debemos aclarar que no es a través de contratos menores«, indican fuentes de la empresa.
Sus portavoces explican que el Hospital HM Modelo firmó en el 2020 «un contrato para la prestación de asistencia sanitaria especializada con una duración bianual más tres prórrogas anuales», pero aseguran que los importes citados «no guardan relación con contrato menor alguno, sino con el contrato firmado en 2020 con el Sergas».
Recoletas Salud
El Grupo Recoletas Salud es propiedad del empresario vallisoletano Amando Rodríguez, que a través de la sociedad Red Hospitalaria Recoletas SL adquirió a finales de 2022 y principios de 2023, los hospitales Cosaga y El Carmen, ambos en Ourense, para los que creó además una unión temporal de empresas (UTE). Desde entonces, las tres sociedades han incrementado su facturación a la Xunta un 689%, al pasar de 212.521 euros en contratos del Sergas entre 2018 y finales de 2021 a 1.678.504 millones entre 2022 y febrero de 2026.
Hospitales Cosaga SL, que entre 2018 y 2021, cuando era una cooperativa, no había obtenido un solo contrato registrado como menor por el Sergas, obtuvo 14 adjudicaciones por 456.184 euros en el período siguiente, cuando ya estaba en manos de la compañía de Rodríguez. En el caso de Centro Médico El Carmen SA, obtuvo 212.521 euros en el primer período. Después de que Recoletas la comprara, ha facturado 816.209 euros en los últimos cuatro años. La UTE Cosaga-El Carmen no había recibido adjudicaciones hasta este año, en el que solo entre enero y febrero lleva 406.110 euros.
El hospital Cosaga de Ourense, propiedad del grupo Recoletas.
De los 84 contratos suscritos desde 2018 por las filiales de Recoletas en Galicia y registrados en la modalidad de contratación menor por la Xunta, 19 superan los 18.150 euros con IVA del tope legal. Suman 1,4 millones de euros y siete superan los 50.000 euros.
Público se ha dirigido a Recoletas Salud para obtener una valoración sobre lo relatado en este artículo, pero no ha obtenido contestación. En cuanto al Sergas, sostiene que las facturas con Centro Médico El Carmen SA y Cogasa en 2026 son pagos que «fueron tramitados mediante ADOK [un documento contable único que se emplea para simplificar la gestión en operaciones donde se cumplen simultáneamente todas las fases de la adjudicación]» y que por ello «aparecen como [contratos] menores cuando se trata de pagos dentro de otro acuerdo marco».
En cuanto a los de 2024 y 2025, se corresponden, según el Sergas, «al período previo a la adjudicación del acuerdo marco» anterior, «tramitándose los correspondiente ADOKs para pago de las facturas de los servicios amparados por las autorizaciones de uso», una figura, según la Administración sanitaria, «prevista legalmente» y que «dejó de emplearse en el momento en el que se adjudicó el contrato licitado mediante acuerdo marco».
Vithas
Vithas es propiedad de la familia Gallardo a través del holding de inversiones Goodgrower, y ninguna de las adjudicaciones sin concurso que han obtenido de la Administración gallega sus filiales Vithas Hospitales SL y Vithas Lab Análisis Clínicos SL en los últimos ocho años supera los límites legales de la contratación menor. Pero ambas han visto incrementada notablemente su facturación con la Xunta mediante esa modalidad. En el primer caso, un 206% en los períodos analizados –de 206.000 a casi 630.000 euros–, y en el segundo, un 45% –de 77.000 a 112.000 euros–. La empresa tampoco ha querido valorar ese aumento.
En su respuesta a Público, y pese a que descarta que exista irregularidad alguna en el aumento de la contratación menor con los hospitales privados ni en el uso de esa modalidad para adjudicaciones que superan el límite legal, el Sergas afirma que «está trabajando en los últimos años para proceder a la licitación de estas prestaciones mediante procedimientos de la ley de contratos del sector público, existiendo diversos ejemplos de expedientes recién adjudicados y en ejecución».
La escena tiene algode déjà vu. En el pleno del Ayuntamiento de Lugo que se celebró este jueves el Partido Popular recuperó la Alcaldía gracias al voto decisivo de una concejala tránsfuga que se presentó en las listas socialistas y que ahora es la clave de la nueva mayoría. La imagen del alcalde saliente, Miguel Fernández, remite a una tradición política que Galicia conoce bien –el uso del transfuguismo como forma de alcanzar el poder local–, pero es el símbolo de algo más sustancial. No solo por el peso político de la capital provincial, sino porque encaja en una estrategia sostenida del PP gallego para recuperar poder allí donde ganó las elecciones locales de 2023 sin mayoría suficiente para gobernar.
En apenas unos meses, los populares han ido encadenando mociones o respaldando operaciones similares en distintos municipios, apoyándose en tránsfugas del PSOE, independientes o en fracturas internas de gobiernos locales progresistas. «Lo llaman estabilidad, pero es mercadeo institucional», denunció esta semana la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quien acusó al PP de «blanquear prácticas que degradan la democracia local y convierten las instituciones en piezas de intercambio».
En términos formales, la moción de Lugo cumple la legalidad. En términos políticos, reabre un debate tan viejo como tóxico. El pacto antitransfuguismo, invocado recurrentemente por todos los partidos cuando están en la oposición y reinterpretado con elasticidad cuando gobiernan, se muestra limitado como código moral más que como norma de prometido cumplimiento.
«Ésta es mi oportunidad»
En el PSOE gallego, su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, ha elevadosu tono, casi siempre contenido,para calificar la operación de «asalto», recordando que María Reigosa, la tránsfuga que ha entregado el Gobierno local de Lugo a la popularElena Candia, obtuvo su acta tras las muertes consecutivas de tres compañeros y compañeras de partido, incluida la alcaldesa Paula Alvarellos. «¿Qué ética hay en un político que mira a una familia en luto y piensa ‘ésta es mi oportunidad’?», le dijo Besteiro a Alfonso Rueda hace 15 días en el Parlamento de Galicia.
El PP rechaza frontalmente esa lectura. Su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, defiende que la moción responde a «una mayoría alternativa legítima» y niega cualquier contradicción ética. «Lo antidemocrático sería impedir que una mayoría de concejales cambie un Gobierno fallido», argumenta. El PP no dijo lo mismo cuando sucedió al revés: el pasado verano, fue precisamente el PSOE de Gómez Besteiro el que les arrebató la Alcaldía de Noia (A Coruña) gracias a un tránsfuga.
Cientos de personas se manifestaron este jueves frente a la sede del Ayuntamiento de Lugo para expresar su rechazo a la moción de censura.
Las mociones hacen ver que la política municipal ha entrado en Galicia en una fase de volatilidad. Tras las municipales de 2023, el mapa local dejó múltiples ayuntamientos en equilibrio inestable, con coaliciones frágiles y tensiones internas en los bloques progresistas que Rueda ha ido observando con paciencia. Bajo su imagen pública de presidente institucional, moderado y de perfil bajo, el líder del PPdeG conserva intacta la vieja cultura de aparato del partido: control territorial, alianzas tácticas y obsesión por el poder provincial y municipal como red de influencia y capilaridad política.
Lugo llega precedida por una larga secuencia. La primera moción de la legislatura fue la de O Irixo (Ourense) en enero, cuando el PP entregó la Alcaldía a una edil socialista que abandonó después su partido e incorporó a concejales populares al Ejecutivo local. En febrero le tocó el turno a Serra de Outes (A Coruña), donde otro tránsfuga socialista permitió al PP desbancar a un alcalde independiente de izquierdas. En marzo, el PP recuperó Viveiro (Lugo) con otra moción apoyada por un edil independiente contra la alcaldesa socialista.
Forcarei, Touro, Fisterra, Carral, Ribeira… y Santiago
El patrón se consolidó durante el verano. En julio, la alcaldesa de Forcarei (Lugo), del PSOE, perdió el cargo tras la ruptura protagonizada por un exconcejal socialista. Agosto concentró varias operaciones más: Touro y Fisterra, ambos en A Coruña, mediante mociones auspiciadas por los populares. En septiembre llegó Carral, y en octubre, Ribeira, las dos en la misma provincia, donde el PP logró desalojar al BNG de esas alcaldías con operaciones tan broncas como contestadas.
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A eso se suma la intentona de Santiago, donde el portavoz municipal popular, Borja Verea, ofreció la Alcaldía a una exconcejal socialista que había sido expulsada del partido en febrero junto a cuatro compañeros, para desbancar así a la alcaldesa nacionalista de la capital gallega, Goretti Sanmartín.
La oposición no cree que sean casos aislados sino una estrategia diseñada por la dirección del PPdeG para recuperar las diputaciones de Lugo y A Coruña.
La acumulación de casos ha alimentado la tesis de la oposición: no son respuestas puntuales a crisis locales tramadas desde los respectivos ámbitos municipales, sino de una estrategia territorial diseñada desde la dirección del PPdeG para teñir de azul el mapa municipal antes de las próximas autonómicas, previstas para 2027 y para reforzar sus opciones de recuperar las diputaciones de Lugo y A Coruña, hoy en manos socialistas y apoyo nacionalista.
El partido apenas se esfuerza en disimularlo y justifica esas operaciones como una forma de corregir pactos antinaturales y devolver gobiernos a la lista más votada allí donde, según su argumentario, se ha instalado la ingobernabilidad. La sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado junio anuló parcialmente el blindaje legal contra las mociones sustentadas por tránsfugas facilitó el acelerón en Galicia. Aunque el pacto antitransfuguismo sigue formalmente vigente, el PP hace de él una interpretación tan expansiva que, en la práctica, lo anula: si la operación es legal, sostienen, también es legítima. Sus adversarios responden que la legalidad no elimina el deterioro democrático.
Recuperar poder sin pasar por las urnas
No parece casual que el movimiento coincida con otras decisiones de alto contenido territorial. El apoyo del el PP al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a cambio de asegurar determinados equilibrios institucionales, otorgado por Feijóo y mantenido por Rueda, ya había sido leído como prueba de una lógica instrumental a la que parece responder la actual ofensiva. El BNG habla de una «segunda vuelta no oficial» tras las municipales, es decir, de una fase de reajuste en la que el PP explora oportunidades para recuperar poder sin necesidad de esperar a pasar por las urnas.
El escritor gallego Lois Pérez, lucense y portavoz de la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, ironizaba hace unos días sobre esa dinámica al afirmar que Galicia vive en una suerte de «realismo mágico administrativo», donde «las mayorías electorales duran lo que tarda alguien en cambiar de bancada». Su comentario circuló con rapidez en redes sociales y fue ampliamente compartido por cargos y simpatizantes de la izquierda gallega.
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El ya exalcalde de Lugo, Miguel Fernández (PSOE), saliendo del Ayuntamiento tras la moción de censura .
No es solo una cuestión simbólica. El control local tiene una dimensión material decisiva en Galicia: contratación pública, urbanismo, red clientelar, implantación territorial y presencia institucional en comarcas envejecidas y muy dependientes de la Administración autonómica… Recuperar una Alcaldía no es sólo sumar un bastón de mando; es reconstruir nodos de influencia.
En el entorno de Rueda se niega a reconocer que todo responda a una acción coordinada y centralizada. De hecho, el propio presidente dijo la semana pasada que la moción de censura de Lugo dependía exclusivamente de la decisión del grupo municipal y de su portavoz, Elena Candia, también presidenta provincial y vicepresidenta del Parlamento de Galicia. Una tesis que choca con la cultura política del partido en la comunidad, que se asienta sobre una relativa autonomía local siempre supervisada y bajo control orgánico.
Mecanismos clásicos de la política turbia
La moción de Lugo tiene además valor narrativo. Permite al PP presentar la recuperación de una capital simbólica como prueba de fortaleza política cuando Rueda está consolidando su liderazgo interno y su imagen exterior tras su victoria autonómica de febrero de 2024. Aunque enfrenta un elevado riesgo reputacional, dado que normalizar el recurso a los tránsfugas erosiona el discurso de moderación y estabilidad que cultiva el presidente gallego. La oposición trabaja sobre esa contradicción: él se proyecta como gestor bienintencionado y amable mientras su partido activa mecanismos clásicos de la política más turbia. «El problema no es solo quién gobierna Lugo mañana», resumía Pontón esta semana, «sino qué cultura democrática se está normalizando en Galicia».
En realidad, la moción del viernes trasciende Lugo. Es el síntoma de un ecosistema político donde el poder local sigue siendo un relevante campo de batalla y donde, pese a los cambios generacionales, sobreviven intactos algunos modos de otra época. No es solo una alcaldía, es el enésimo capítulo de una política de desgaste y reconquista institucional.
El escritor gallego Lois Pérez, presente el jueves en una multitudinaria manifestación en plaza Mayor de la ciudad frente a la sede del Concello mientras se gestaba la moción, también ironizaba estos días con que el país vive instalado en una «democracia reversible» donde las mayorías duran menos que los pactos que las sostienen. Es decir, que en Galicia ya no basta con ganar o perder: hay que sobrevivir al tiempo que separa unas elecciones del próximo pleno.
El material militar fabricado en España atraviesa fronteras y llega hasta distintos puntos del mundo, incluso a aquellos sitios que son señalados como autores de violaciones a los derechos humanos. Más allá del caso concreto de Israel, el Gobierno mantiene las exportaciones a varios destinos calientes. Los informes oficiales en los que figuran las razones esgrimidas para permitir esos negocios son, a día de hoy, de carácter secreto.
Según datos recogidos en el último informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los derechos humanos a nivel mundial, al menos 12 de los países que aparecen en el último reporte gubernamental de exportaciones de material de defensa o antidisturbios en 2025 son señalados por perseguir, encarcelar o torturar a civiles.
Entre ellos no está Israel, pero sí su principal aliado: en el primer semestre de 2025 se autorizaron 92 licencias de exportación de material de defensa a EEUU por un importe de 313.372.468 euros. El informe del Gobierno indica que sólo el 2,9% fue con destino a las Fuerzas Armadas estadounidenses, mientras que el resto tiene como destino a empresas privadas.
Además, se efectuaron exportaciones a EEUU por 21,5 millones de euros, entre los que destacan 10 millones en barcos, 1,4 millones en munición o 1,2 millones en bombas, «todo ello material susceptible de ser utilizado en acciones contrarias al derecho internacional como las llevadas a cabo por EEUU en los últimos meses», afirma Amnistía Internacional en un análisis sobre los datos del Gobierno español.
El organismo de derechos humanos destaca que además de mantener su apoyo a Israel en el genocidio contra Gaza, el Gobierno de Donald Trump «puso fin al acceso al asilo en la frontera y se endureció drásticamente el control de la inmigración. Se violaron los derechos de quienes protestaban», indica AI.
La organización de derechos humanos resalta que «el uso de medios letales por la policía afectaba desproporcionadamente a la población negra». «El gobierno de Trump implementó una agenda racista y antiinmigrante mediante órdenes ejecutivas que deshumanizaban y criminalizaban a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Se recurrió a casi todos los organismos federales encargados de hacer cumplir la ley para desempeñar funciones de control civil de la inmigración», afirma.
Socios árabes
El régimen absolutista que ejerce el poder en Arabia Saudí es otro de los grandes clientes de la industria armamentística española. En el primer semestre de 2025 -último periodo sobre el que el Gobierno español ha ofrecido información al Congreso-, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), encargada de analizar las solicitudes de exportación, autorizó ocho licencias con destino a Arabia Saudí por un importe de 37.536.000 euros.
El informe de AI señala que en 2025 «Arabia Saudí ejecutó a cientos de personas por una amplia variedad delitos, relacionados en especial con las drogas y el ‘terrorismo’. La mayoría de las víctimas de ejecución por delitos de drogas eran nacionales de otros países, quienes se enfrentaban a obstáculos adicionales para obtener un juicio justo». El documento añade que «muchas de las ejecuciones se llevaron a cabo por ta’zir, delitos para los que la ley no especificaba ninguna pena concreta».
Emiratos Árabes Unidos es otro de los destinos polémicos. En los primeros seis meses de 2025 se autorizaron ocho licencias de material de defensa por importe desconocido y se exportaron vehículos blindados por 14,4 millones de euros, entre otras operaciones. Según destaca el informe de AI, el régimen absolutista que dirige Emiratos «mantuvo la pena de muerte y se llevaron a cabo ejecuciones».
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En esa misma región está otro de los clientes de la industria militar española: la monarquía absolutista de Qatar. Amnistía Internacional destacó en su estudio que el año pasado «ontinuaron imponiéndose estrictas restricciones a la libertad de expresión y de reunión pacífica», mientras que «las minorías religiosas, las mujeres, los niños y las niñas y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica».
Pese a ello, el Gobierno autorizó la exportación de material antidisturbios a ese país. El informe oficial no explica cuál es el tipo de armamento comercializado.
Persecución en Bangladesh
En el caso de Bangladesh, la JIMDDU dio su visto bueno a dos licencias de exportación de material de defensa por un valor de 2.024.732 euros. En ese país asiático, según AI, «la libertad de expresión, asociación y reunión continuó restringida innecesariamente bajo el gobierno provisional».
Entre otros aspectos, «se sometió a personas, entre las que había defensores y defensoras de los derechos humanos, a arrestos arbitrarios y hostigamiento por ejercer su derecho a expresarse libremente». Además, la crisis humanitaria de las personas refugiadas rohinyás «se agudizó debido a los recortes en la financiación humanitaria».
Juicios por «terrorismo» en Egipto
El Gobierno español autorizó también dos licencias de exportación de material de defensa a Egipto –bajo el control del régimen autoritario de Abdel Fattah el-Sisi– por importe desconcido. En este país, apunta AI, «las autoridades llevaron a juicio a miles de personas por delitos relacionados con el terrorismo, en muchos casos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos» y «se sometió a las ONG a restricciones indebidas que limitaban su acceso a financiación, lo que mermó sus actividades».
«Se impusieron condenas a muerte, incluso por delitos que no constituían homicidio intencional, tras juicios manifiestamente injustos. Se llevaron a cabo ejecuciones. Persistió la impunidad de violaciones graves de derechos humanos cometidas en 2025 y en años anteriores», añade el documento de la organización de derechos humanos.
Acuerdos con el Gobierno de Erdogan
Turquía es otro de los clientes de la industria armamentística española. En la primera mitad de 2025 se concretaron exportaciones de material de defensa al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan por 59.589.987 de euros, mientras que se autorizaron otras 32 licencias por un valor de 133.231.227 euros, lo que sitúa a este país entre los principales compradores.
Estas operaciones no se han visto afectadas por las violaciones de derechos humanos registradas en el país. Amnistía Internacional documentó que en 2025 «se intensificaron las investigaciones infundadas, los procesamientos y las sentencias condenatorias de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, miembros de la oposición política y otras personas, así como las injerencias del poder ejecutivo en el poder judicial».
El presidente turco, Tayyip Erdogan, en una foto de archivo.
«Las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas presuntas torturas y otros malos tratos a manos de autoridades del Estado, seguían enfrentándose a una cultura de impunidad», subraya.
Periodistas asesinados en Filipinas
Las vulneraciones de derechos humanos también agitan la vida diaria en Filipinas. En el informe de AI se señala que en 2025 continuaron los homicidios en el contexto de la denominada «guerra contra las drogas», mientras que «cuatro periodistas fueron asesinados y una periodista fue detenida por presuntas violaciones de la legislación antiterrorista, que también se utilizó contra activistas y trabajadores y trabajadoras del ámbito del desarrollo».
«Cientos de personas, entre las que había menores de edad, fueron arrestadas y quedaron detenidas tras las protestas contra la corrupción en los proyectos de control de las inundaciones. El acoso online de las autoridades creó un clima de temor entre jóvenes defensores y defensoras de los derechos humanos», apunta. Pese a estas cuestiones, el Gobierno español concedió tres licencias de exportación de material de defensa a Filipinas por un valor de 32.326.236 euros.
Juicios sin garantías en Argelia
En el caso de exportaciones de material militar a Argelia, donde en 2025 «se practicaron detenciones arbitrarias, se celebraron juicios sin garantías basados en cargos de terrorismo y otras acusaciones infundadas y se impusieron prohibiciones de viajar para castigar la disidencia pacífica», la Junta Interministerial que regula este comercio dio su visto bueno a tres licencias de exportación por 385.200.000 euros. El informe del Gobierno detalla que se trata de ocho aviones militares.
Represión en Azerbaiyán y Kazajistán
La Junta también autorizó dos licencias de exportación a Azerbaiyán por un importe de 6.400.000 euros. Al mismo tiempo, según AI, el gobierno de ese país «seguía reprimiendo toda forma de disidencia y cientos de personas continuaban en prisión por cargos falsos y de motivación política».
El informe señala que las ONG independientes y los grupos de base se enfrentaron a fuertes restricciones. Se reprimieron protestas pacíficas. La tortura y otros malos tratos, así como la impunidad de los perpetradores, seguían siendo generalizados. Las mujeres y las personas LGBTI continuaron sufriendo discriminación, violencia de género y acoso del Estado».
En el listado de exportaciones autorizadas en el primer semestre de 2025 figuran también Kazajistán. Este país, gobernado por Kasim-Yomart Tokáyev, recibirá exportaciones de material de defensa español por un importe de 81.460.149 euros en concepto de un avión militar y componentes para la fabricación de aeronaves militares.
Las autoridades de este país “siguieron silenciando las voces críticas y reprimiendo la disidencia utilizando para ello los cargos excesivamente amplios de difundir información falsa e incitar a la discordia étnica, social, racial y religiosa”, afirma AI. El organismo de derechos humanos denuncia que en 2025 “continuaron las detenciones y los procesamientos de activistas de la sociedad civil y personas corrientes que ejercían su derecho a la protesta pacífica”.
«Las autoridades presionaban cada vez más a las ONG y los grupos de oposición política, acusándolos de usar fondos extranjeros para socavar el país y sus ‘valores tradicionales’. Se formularon acusaciones parecidas contra personas LGBTI, que seguían sufriendo discriminación», subraya.
Material antidisturbios para Uzbekistán
En el vecino Uzbekistán también tienen interés por la industria militar española. El último informe del Gobierno señala que se autorizaron tres licencias de material de defensa con destino a ese país por 28.171.648 euros. Además, la Junta Interministerial permitió la venta de material antidisturbios para las fuerzas policiales uzbekas por un importe de 38.000 euros.
De acuerdo al estudio realizado por AI, en ese país se registran violaciones a los derechos humanos. «La libertad de expresión seguía estando amenazada, y activistas y periodistas se enfrentaban a enjuiciamientos por motivos políticos y a restricciones para viajar. Las autoridades continuaron paralizando las reformas para abordar la impunidad de la tortura y otros malos tratos», destaca el documento.
Actas secretas
Las solicitudes de exportación a estos países fueron tramitadas por la JIMDDU, entre cuyos integrantes se encuentran representantes de la Secretaría de Estado de Comercio, del Ministerio de Defensa o del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre otros. Las actas de sus reuniones son secretas, lo que impide conocer cuáles son los procedimientos seguidos en cada caso para permitir las operaciones.
A raíz de una consulta de Público, fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio señalaron que «la política española en materia de exportación de material de defensa y de seguridad se rige por uno de los marcos más exigentes y garantistas a nivel internacional» y destacaron que este país cuenta con la Ley 53/2007, que «establece un sistema especialmente riguroso en términos de control, transparencia y prevención de desvíos».
Sostienen además que «cada operación es analizada de forma individualizada» por la JIMDDU, que «evalúa de manera exhaustiva múltiples criterios antes de autorizar cualquier exportación» y aseguran que «entre ellos, ocupa un lugar central el respeto a los derechos humanos en el país de destino».
«Criterios objetivos»
La Secretaría de Estado de Comercio sostiene que se realiza «una evaluación detallada del uso final del material, con el objetivo de garantizar que no será empleado para la represión interna, la vulneración de derechos fundamentales o la violencia contra la población civil». «Este análisis se apoya en información procedente de organismos internacionales, informes sobre la situación política y valoraciones sobre el grado de cumplimiento de los derechos humanos en los países receptores», afirmaron las fuentes consultadas por este periódico.
Remarcaron además que España «aplica plenamente la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea, que establece criterios vinculantes para todos los Estados miembros, así como otros compromisos internacionales en la materia» y subrayaron que «este sistema permite precisamente lo que exige el derecho internacional: un examen caso por caso, basado en criterios objetivos y en un escrutinio técnico muy exigente». «No se trata de decisiones automáticas ni generalizadas por países, sino de evaluaciones individualizadas de cada operación», añadieron.
Público solicitó los informes sobre las exportaciones autorizadas a los países señalados por vulnerar los derechos humanos. La Secretaría de Estado de Comercio no remitió esos documentos, al tiempo que aseguró que «el Gobierno remite periódicamente al Parlamento informes públicos sobre las exportaciones autorizadas y realizadas, en los que se recoge de forma agregada toda la actividad en este ámbito, conforme a lo previsto en la legislación vigente».
«Mi objetivo en esta campaña es hacer famosos a Cesar y Josef, propietarios de más de 2.600 viviendas. Lo voy a decir cada día», promete José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía a las elecciones del próximo día 17 de mayo cuando se le pregunta por el programa de su partido, creado en 2021 por Teresa Rodríguez y el exalcalde de Cádiz, José María González, Kichi, y que se presenta como soberanista andaluz, ecosocialista e igualitario. Los precios inasequibles de la vivienda, en primera línea del debate público desde hace años, son, por tanto, terreno abonado para la disputa electoral. Pero Cesar y Josef no son propietarios de 2.600 viviendas como dijo José Ignacio García repitiendo el titular de un medio digital que además los hacía dueños de ese número de apartamentos turísticos.
Aunque sí son el rostro del penúltimo negociotecnológicamente montadoa caballo entreel mercado inmobiliario y el turismo. Cesar de Sousa Freitas y Josef Maximilian Vollmayr figuran como co-CEO de Limehome GmbH, una empresa alemana que presume de haber puesto en práctica un nuevo «concepto hotelero»: con ayuda de la tecnología digital, sin contacto físico alguno con el cliente y usando algoritmos para subir o bajar los precios, gestiona aparthoteles –apartamentos con servicios y totalmente equipados– en edificios de los que no son propietarios, sino que arriendan a sus dueños. Carece de activos inmobiliarios, todos sus aparthoteles son alquilados.
Fundada en 2017,Limehomeha tenido un crecimiento fulgurante. Creósufilial en España en abril de 2020, en pleno confinamientoporelcovid, yahora cuenta con más de 13.000 unidades –entre apartamentos y habitaciones– repartidas entre 13países europeos. España essusegundo mercado, tras Alemania: en 2025 gestionabaaquí1.000 apartamentosy habitaciones.Está presente en 18 ciudades españolas, desde Madrid y Barcelona hasta Ourense, Jerez de la Frontera, Granada, Benidorm o Vitoria.De 2021 a 2024 ha multiplicado nada menos que por 13 su facturación, pasando de 1,69 a 22,22 millones de euros en 2014, según consta en las cuentas que ha remitido al Registro Mercantil y ha consultado Público.En 2025 su facturación se acercó a los 30 millonesde euros, según indica Ricardo Fernández, director general de Limehome para España, Portugal y Francia.
Losingresosde su filial alemana,LimehomeGermanyGmbH,se elevaron a 40,3 millones en 2023, el último año en que ha enviado sus cuentas al Registro Mercantil de su país de nacimiento, tal y como ha podido comprobar este periódico.La subsidiaria gestiona 1.700 apartamentos en Alemania, Países Bajos y Austria.El mercadohispanogermanosuponeel 80% del volumen de negocio de la empresa,que tiene susede en Múnich.
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Fondos de capital riesgo
Josef Maximilian Vollmayr, exempleado de la consultora Mckinsey, fue uno de los fundadores de la startup, mientras que César de Sousa se incorporó en 2021. Son sus gestores. Pero la empresa es propiedad de 18 accionistas, la mayoría fondos de capital riesgo. Se trata de un perfil clásico en este tipo de compañías emergentes, que necesitan un gran volumen de fondos para financiar su expansión. El grupo Limehome, que integra una quincena de filiales –en Grecia, Portugal, Hungría, Bélgica, Francia, Italia, Chequia, Suiza… aunque también incluye una de servicios informáticos– presume de haber cerrado varias rondas de financiación por un total de 156 millones de euros, que han permitido la entrada en su capital de esos fondos de capital riesgo. La mayoría son alemanes, pero también los hay radicados en las islas de Jersey y Guernsey, dos paraísos fiscales situados en el Canal de la Mancha, así como en Irlanda y Luxemburgo, sedes habituales de este tipo de gestoras de inversión.
Así, el fondo alemánPicus CapitalGmbHes el primer accionista de Limehome, con un 20,64% del capital, seguido de HV Holtzbrinck Ventures Fund, con un 19,3%, y Lakestar III LP, con el 15%, registrada en Guernsey. Athenaeum Investments Limited, con domicilio en Jersey, posee el 5,1% de las acciones, y Waystone QIAIF Platform ICAV, un vehículo de inversión colectiva similar a las sicavs españolas, con sede en Dublín, tiene un 4,26%. Cheyne Capital, registrada en Luxemburgo pero con domicilio en el Reino Unido, invirtió 75 millones de euros en 2025, a cambio de un 7,4% del capital. Todos aparecen en la lista de accionistas que figura en el Registro Mercantil alemán.
Los co-CEOs de Limehome, Josef Maximilian Vollmayr (dcha.) y Cesar de Sousa Freitas.
En cualquier caso, los fundadores y gestores del grupo se han reservado una parte de las acciones, a través de varias sociedades limitadas simplificadas conocidas como Unternehmergesellschaften (UG) o mini-GmbH, una forma jurídica diseñada para emprendedores. Así, Jomavo UG es la sociedad de Josef Maximilian Vollmayr –el nombre de la empresa responde a su acrónimo– y tiene el 9,44% de Limehome. CF Ventures UG, la sociedad de Cesar de Sousa Freitas –sus siglas en el nombre–, es dueña del 2,11%. Sustainis Investment UG, que tiene el 4,84% del capital, es la sociedad de Lars Stäbe –que ha cambiado su apellido por Adrianowytsch–, fundador de Limehome junto con Vollmayr. Abandonó su puesto de consejero delegado en 2021, pero retuvo sus acciones. OH Holding UG tiene como administrador a Oliver H. Heinrich, que fue CEO de Limehome sólo hasta octubre de 2018 y es socio de Picus Capital, mantiene un 0,86% de la empresa. Antonius GmbH tiene como administrador a Jeremias A. Heinrich, uno de los creadores del fondo Picus Capital.
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De 200 a 700 euros la noche
En las cuentas enviadas al Registro Mercantil alemán, Limehome reconoce que está «sobreendeudada en el balance», debido a que es una empresa en crecimiento que financia sus operaciones y su expansión mediante los fondos proporcionados por los inversores. Sin embargo, esa saturación financiera no se traduce, aseguran, en un sobreendeudamiento que la conduzca a la insolvencia, porque sus «activos cubren los pasivos existentes». Aun así, el resultado de la matriz era de pérdidas, 15,5 millones de euros, en 2023. La empresa atribuye el aumento del 29% del resultado negativo a su expansión a nuevas ciudades y a la puesta en marcha de nuevos aparthoteles. En España, Limehome sólo consiguió salir de números rojos en 2023. Pero en 2024 sus beneficios ya rozaron el millón de euros –924.890 euros–.
Desde luego, no parece mal negocio: Limehome alquila a un propietario un edificio de uso terciario-comercial, lo reforma y amuebla según sus propios estándares de calidad y diseño, y los ofrece tanto en los principales portales de reservas como en su propia plataforma. ¿Los precios? En su edificio de la calle de la Madera, en pleno barrio madrileño de Malasaña, se ofertan apartamentos por 200 euros la noche. En la calle de Ramón de la Cruz, en el barrio de Salamanca, el más barato cuesta 522 euros la noche y el más caro, un ático con terraza, 716 euros.
«Cualquier forma de uso residencial o de alojamiento de corta duración que marca un precio más elevado del precio medio habitual en una zona tiene un impacto en el precio del suelo«, advierte Jaime Palomera, investigador del Instituto de Investigación Urbana (IDRA). Y cuanto más lucrativa es la actividad en ese suelo, más altas son las expectativas de revalorización, subraya. Así, la turistificación del centro de las ciudades produce un efecto indirecto en el mercado de la vivienda: el suelo para construir no sólo es escaso, sino también cada vez más caro. Donde más, en Baleares –387,7 euros el metro cuadrado, según las últimas estadísticas del Ministerio de Vivienda referidas a 2025–. En Madrid alcanza los 310,6 euros el metro cuadrado. En ambos lugares, dobla la media nacional, que asciende a 171 euros tras subir un 12,6% desde 2015.
Que este tipo de negocios contribuye a alimentar el ciclo especulativo también lo cree Javier Gil, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y doctor en Sociología por la UNED. «La inversión busca transformar edificios y locales hacia los usos que le den más rentabilidad«, explica, «y el uso turístico da mucho más dinero». Si a eso se le añade que la empresa no tiene que invertir en la compra del edificio, sólo lo alquila, e introduce «técnicas de gestión superautomatizadas», los costes se reducen al mínimo y la rentabilidad se dispara, resume el autor de Generación Inquilina. Un nuevo paradigma de la vivienda para acabar con la desigualdad.
Según aparece en sus cuentas, el edificio más rentable deLimehomeen España es precisamente el de la calle de la Madera, con el que ingresó 2,26 millones de euros en 2024.El de la Plaza de Santa Ana les brindó 1,2 millones. En Barcelona, los ingresos del edificio de la calle Fontcuberta ascendieron a 1,25 millones de euros. Por encima del millón en facturación tienen otro más en Madrid y Barcelona, y dos en València.
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Por cada uno de estos inmuebles la empresa ha suscrito un aval para cubrir las garantías de las propiedades. En total, 2,93 millones de euros firmados conAbanca, Santander, Sabadell y Bankinter. Y paga una factura anual en alquileres de 6,78 millones en 2024.
También hoteles, lejos de Airbnb
Pero Limehome también ha abierto una línea de negocio puramente hotelero. «Aplicamos nuestro modelo sin recepción física y con procesos totalmente automatizados a activos hoteleros tradicionales», explica Ricardo Fernández. Inauguró sus dos primeros hoteles en Barcelona en 2022ytiene anunciado otro en Madrid, en el barrio de San Blas, con 107 habitaciones. «Actualmente»,resume el director general deLimehome, «la mitad denuestros nuevos proyectos son hoteles, y el resto, apartamentos turísticos y aparthoteles».
De hecho, en noviembre de 2024, la empresa firmó un acuerdo con Impar Capital para transformar dos edificios de oficinas en 85 apartamentoscon licencia turística,en los barrios de Chamberí y Lavapiésde Madrid.Impar Capital es un fondo de inversión inmobiliaria de capital venezolano, especializadoen el sector residencial de lujo.
La alemana no es la única que está explotando el nuevo concepto de negocio hotelero digital. Compite con otra alemana como Numa, la finlandesa Bob W, la española Smart Rental o la estadounidense Sonder.
Limehomeresalta sus diferencias con Airbnb. «Operamos edificios enteros de entre 10 y 200 habitaciones, no apartamentos sueltos, y tampoco en edificios residenciales», aclara Ricardo Fernández, quien defiende una «regulación clara y coherente del alojamiento turístico».Tampoco se considera parte de la tensión que está haciendo inhabitables los centros urbanos. «No formamos parte del mercado residencial convencional y no competimos con los pisos de alquiler tradicionales«, zanja. Airbnb, proclama, es un conjunto de ofertas privadas y heterogéneas; Limehome, un concepto hotelero estandarizado y sometido a controles de calidad.
Las dos últimas semanas han sido unas de las más ocupadas en la agenda de Sofía de Grecia. El lunes 20 de abril tuvo cuatro audiencias en Zarzuela y el viernes 24 asistió a una jura de bandera en El Pardo. Con 87 años, la reina, que conserva ese tratamiento a título vitalicio por un decreto del Gobierno de Mariano Rajoy y que en 2014 también le fue asignado a Juan Carlos de Borbón, mantiene una actividad de representación de la Corona que parecería meramente testimonial si no se tuviera en cuenta su edad.
En los más de cuatro meses transcurridos desde que comenzó el año, Sofía sólo ha tenido tres actos en España fuera de Madrid: en Las Palmas, Palma de Mallorca y Burgos. Aunque también ha salido del país en varios viajes institucionales: a Miami (EEUU), a Lyon (Francia), a Suecia, a Londres y a Atenas (Grecia), este último para asistir al funeral por su hermana Irene de Grecia, fallecida el 15 de enero. Sumando los de la capital de España –incluido otro homenaje a Irene que no aparece en su agenda oficial–, son alrededor de una veintena de apariciones públicas en cuatro meses, es decir poco más de una a la semana, por eventos y recepciones de carácter familiar, protocolario, benéfico u honorífico.
Desde que Juan Carlos de Borbón abdicó en Felipe VI, Sofía de Grecia cobra un salario con cargo al presupuesto de la Casa Real que maneja y distribuye personalmente su hijo. Este año ascenderá a 131.000 euros, lo que la sitúa, según estimaciones basadas en datos de la Agencia Tributaria y el Instituto Nacional de Estadística, en el top de las personas con sueldos públicos mejor pagadas del Estado.
Sólo un 1,37% de los trabajadores cobra más que Sofía
Los que ingresan por encima de 130.000 euros anuales, un núcleo muy reducido de miembros de la cúpula judicial y de la alta dirección de empresas públicas, representan entre un 0,2% y un 0,4% de los cerca de 3,5 millones de trabajadores a sueldo del Estado que cobran por encima de esa cantidad. Si se añaden los asalariados y autónomos del sector privado, sólo el 1,37% ganan más que Sofía.
La actividad institucional de la exreina consorte, que como el resto de la familia real –el propio Felipe VI, su padre, su mujer y sus hijas– disfruta además de su sueldo del presupuesto dedicado a sufragar los medios técnicos y humanos que el aparato del Estado pone a su servicio, no está regulada en ninguna normativa específica. Deriva del marco general establecido para la Corona en la Constitución y en un real decreto de 1988 sobre el funcionamiento y estructura de la Casa del Rey.
Sofía de Grecia, en un concierto benéfico el pasado 30 de marzo en la catedral de Palma de Mallorca.
Esas normas no contemplan la figura de la madre del rey ni dedican una sola palabra a su papel en representación del Estado y de su jefatura. Ni durante su etapa de consorte entre 1977 y 2014 ni después ha habido tampoco ninguna iniciativa legislativa o debate público relevante sobre cómo regular ambas figuras. Sólo la Carta Magna se refiere a la pareja del monarca, en su artículo 58, para prohibir expresamente que la reina asuma funciones constitucionales.
Público se ha dirigido a la Casa del Rey para interesarse sobre cómo se diseña y decide la agenda de Sofía de Grecia y quién lo hace, pero a la hora en la que se terminó de redactar este artículo no había recibido respuesta. La web de la Casa Real tampoco ofrece información sobre esas cuestiones, pero sí asegura que Sofía de Grecia ha participado en «cerca de 2.000 actividades oficiales durante su reinado, 21 viajes de cooperación Internacional y 180 viajes de Estado» junto a Juan Carlos, tras cuya abdicación «ha llevado a cabo más de 300 actividades oficiales».
Fundación
La misma institución destaca la actividad de la Fundación Reina Sofía, que constituyó en 1977 con «un pequeño capital» y que gestiona y promueve «numerosos proyectos educativos y sanitarios, así como de ayuda social y humanitaria de los que se han beneficiado niños, mayores, inmigrantes, discapacitados y afectados por catástrofes naturales».
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La agenda institucional de Sofía empezó este año un mes después de la muerte de su hermana Irene con una visita a Las Palmas de Gran Canaria el 19 de febrero, para recibir el premio Gorila 2024 de Loro Parque –un zoológico propiedad del multimillonario alemán Wolfgang Kiessling–, en reconocimiento «a su compromiso con la conservación de la biodiversidad».
Sofía de Grecia, el pasado 6 de marzo con frailes capuchinos en la basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinacelli en Madrid.
Según su currículo oficial, su formación académica son un bachillerato internacional obtenido en Alemania y una especialización en puericultura, música y arqueología en Atenas. Desde que es reina le han concedido, por este orden, diez doctorados honoris causa por las universidades de Rosario (Colombia), Valladolid, Cambridge y Oxford (Reino Unido), Georgetown (EEUU), Évora (Portugal), Nueva York (Portugal) y Seisen (Japón), San Pablo-CEU de Madrid y Las Palmas, cuyo rector se lo entregó al día siguiente de visitar el Loro Parque.
Su siguiente acto oficial fue diez días después, el 2 de marzo, cuando inauguró la exposición Picasso. Raíces Bíblicas organizada en la catedral de Burgos por la Iglesia católica. Ella era ortodoxa, pero se convirtió a esa religión en 1962 justo antes de casarse con el entonces príncipe Juan Carlos. Siete años después, el dictador nombró a su esposo heredero de su régimen. Volviendo a su agenda, el 4 de marzo abrió otra exposición sobre los orígenes de la bandera española en el Museo Naval de Madrid, y dos días después, acudió al besapié –un acto devoto de la fe católica– de la imagen de Jesús Nazareno Cristo de Medinacelli en la basílica del mismo nombre en Madrid.
Viaje a Miami
A la semana siguiente, Sofía presidió en la capital de España la reunión del patronato de la escuela de música que también lleva su nombre, y una semana después emprendió viaje a Miami, donde presidió varios actos y entregas de premios en instituciones que también la honran en sus denominaciones o galardones. Fue muy poco después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitara por sexta vez esa ciudad en viaje oficial.
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El último día de ese mes, la Casa Real informó de su asistencia en Palma de Mallorca a un concierto a beneficio de Projecte Home Balears en la catedral de Mallorca, donde durante sus veraneos en Marivent acostumbra a oír misa en compañía de su hijo, su nuera y sus nietas.
Sofía de Grecia y su hija Elena, el pasado 24 de febrero en el homenaje de la Iglesia ortodoxa en Madrid a su hermana Irene.
No volvió a aparecer en público hasta el 7 de abril, cuando visitó la Casa de la Radio de Radio Nacional de España, y luego el 14 de ese mes, para participar en Lyon (Francia) en una conferencia sobre el alzhéimer. Pasó una semana hasta que el lunes 20 de abril recibió en audiencia en el palacio de la Zarzuela a representantes de las asociaciones Visión y Vida, de Familiares de Personas con Alzhéimer y Otras Demencias de Extremadura; de Proyecto Hombre Granada y de la Fundación del Lesionado Medular. El viernes, en el palacio del Pardo, presidió el acto de juramento o promesa ante la bandera de España de personal civil en el Acuartelamiento El Rey de la Guardia Real.
El 1 de enero de 2002 culminó la transferencia de la sanidad pública española a las comunidades autónomas, tras una durísima negociación del Ejecutivo de José María Aznar con 10 de ellas, la mitad gobernadas por el PSOE. Las otras siete –Catalunya, País Vasco, Navarra, Andalucía, Galicia, Canarias y País Valencià– habían empezado a asumir competencias sanitarias ya en 1981. Ese traspaso, que liquidó el Insalud, fue la mayor transferencia de recursos financieros –10.200 millones de euros– y materiales –139.564 empleados públicos– del Gobierno a las comunidades autónomas jamás ejecutada.
En el paquete se incluyeron también miles de inmuebles. Además de 83 hospitales, cientos de centros de salud y de especialidades, así como edificios administrativos, pasaron a manos de las comunidades autónomas. Un asunto en principio menor que, sin embargo, ha terminado convertido, 25 años después, en un auténtico absurdo entre administraciones. Porque los inmuebles no fueron ni regalados ni vendidos, sino «adscritos» a las comunidades autónomas: su dueño sigue siendo la Tesorería General de la Seguridad Social, aunque los usan las comunidades, pero a modo de inquilinos que no pagan alquiler. Sí deben hacerse cargo de su mantenimiento, sufragar las reformas necesarias y abonar los impuestos a los que estén obligados. El proceso tuvo una irregularidad añadida: los edificios, imitando al gato de Schrödinger, figuran al mismo tiempo en el balance de la Seguridad Social y en los de las respectivas comunidades autónomas.
Los reales decretos de traspaso delInsaludno dejan lugar a dudas de que los inmuebles transferidos siguen siendo patrimonio de la Seguridad Social,porque han sido financiados mediante cotizaciones de los trabajadores, y deben mantenerse en su balance.Así lo ha repetido el Tribunal de Cuentas a lo largo de los años. También la Intervención General del Estado. Y, por ejemplo, la Intervención de la Comunidad de Madrid, que reprochaba al Hospital Universitario Fundación Alcorcónen 2023 que incluyera en su propio balance el valor del inmueble donde se ubica el centro sanitario, 65,58 millones de euros.Lo tachaba de«sobrevaloración»y recordaba que llevaba años advirtiendo a los gestores del hospital sobre ella.También criticaba que, en todo ese tiempo, Alcorcón no hubiera sido capaz de aportar documento alguno que acreditara la «adscripción oficial» del edificio al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). En tanto el hospital y la Seguridad Social no firmen las «actas de entrega y recepción de mobiliario, equipo y material inventariable», explicaba, no quedará «debidamente acreditada la efectividad del traspaso y debe considerarse que el inmueble aún pertenece a la Tesorería General de la Seguridad Social».
En sus alegaciones, el hospital contestóque esa documentación, «en caso de que exista», no está en su poder, «y dado el tiempo transcurrido, 20 años, es muy improbable que se pudiese localizar«.Además,como prueba de la adscripción,reproduceun justificante de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de Alcorcón, por importe de 610.587,36 euros, abonados por la Comunidad de Madrid. Concluye el hospital invitando a la Intervención a solicitar «al órgano correspondiente», que evita mencionar, los documentos que acrediten «plenamente» la adscripción del inmueble al Sermas. Según ha podido saber Público, esa misma falta de actas y documentos la han sufrido otras comunidades autónomas donde surgió la controversia. Es decir, con el traspaso de las competencias sanitarias se produjo una descentralización de facto que, sin embargo, nunca se escrituró. Casi como si la sanidad autonómica viviera de okupa en edificios de la Seguridad Social.
Por ejemplo, en parecida situación al Hospital de Alcorcón quedaron, tras las transferencias, otras fundaciones públicas creadas por el Insalud, como las de los hospitales de Manacor y Son Llátzer (Balears) y el Hospital de Calahorra (La Rioja).
Administraciones que se pasan la pelota
Públicoha preguntado a las administraciones implicadas por este conflicto burocrático-contable, pero todas desvían el tiro. «La Tesorería General de la Seguridad Social no tiene capacidad ni competencia para ello [solucionar el problema], ya que, aunque sea la propietaria, nunca ha hecho uso de los inmuebles», justifica el ministerio de Elma Saiz. El Hospital de Alcorcón se ha limitado a responder que su actividad «se desarrolla cumpliendo la normativa vigente». Y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), sucesor del Insalud y dependiente del Ministerio de Sanidad, explica que ya ha pedido que se dé de baja en su balance el inmueble del Hospital de Alcorcón, por lo que traslada la responsabilidad a la Seguridad Social. El Ingesa rechaza que los inmuebles del difunto Insalud figuren en su balance, ya que sus competencias se reducen ahora a gestionar la sanidad de Ceuta y Melilla. También el Inserso y el Instituto Social de la Marina (ISM) transfirieron inmuebles a las comunidades autónomas siguiendo el mismo modelo de adscripción.
De hecho, más del 30% del patrimonio inmobiliario de la Tesorería de la Seguridad Social se encuentra «transferido o adscrito» a favor de otras administraciones, como revelasumás reciente informe estadístico y de gestión.Esas administraciones deben devolver los inmuebles si no los utilizan o cambian su uso.Así que en 2024 la Tesorería abrió 15 expedientes de reversión de edificios transferidos a las comunidades autónomas y tramitó otros 13 de depuración de situaciones jurídicas irregulares, que en algunos casos también han terminado en la reversión de los edificios a la Seguridad Social. Siete de ellos eran «inmuebles ocupados sin título».
En cualquier caso, el balance delIngesaincluye ahora inmuebles con un valor histórico–tasado en su fecha de construcción–de2.316millonesde euros, según figura en las Cuentas Consolidadas de la Seguridad Social de 2024. Su cartera se compone de más de un millar de edificios. No obstante, su valor real, actualizado, puede más que triplicar ese importe.
El consejero de Sanidad cuando se firmó el traspaso del Insalud, Manuel Lamela, a la izda., con Aguirre colocando la primera piedra del Hospital Infanta Leonor ante Gallardón.
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¿Pagar una compensación?
La soluciónal embrollo legalno es sencilla, porque ni la Seguridad Social puede permitirse hacersemejanterecorte en su patrimonio–que es negativo desde 2017 por los déficits acumulados entre 2010 y 2023–regalandolos edificiosa las comunidades autónomas,niéstas se los van a comprar. Además, el Tribunal de Cuentasse ha pasado añospidiendoque el Estadoaboneunacompensación a la Seguridad Socialporesos inmuebles que posee,pero de los que no ha podidodisponer –para alquilarlos o venderlos, por ejemplo–. Enun informe de fiscalización sobre la evolución del patrimonio y presupuestode la Seguridad Social en 2018, el Tribunal de Cuentasadvierte de queesa compensación tiene un importe difícil de cuantificar,por la antigüedad de los datos necesarios para calcularlo y por la imposibilidad dedeterminar el coste de oportunidad, los recursos adicionales que la Seguridad Social dejó de percibir al no poder disponer de los edificios. Pero en eseaño, sólo el valor contable de los inmuebles transferidos ascendía a 3.781 millones de euros, asegura.
En 2011, la reforma de las pensiones impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue aprobada con el apoyo de CiU,que consiguió asíincluiren el textotodauna tanda de enmiendas. Una de ellas pedía el traspaso de la titularidad de los antiguos edificios del Insalud a las comunidades autónomas. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, hablaba entonces de unos 600 inmuebles, valorados en 9.300 millones de euros, cuya propiedad pasaría a aquellos gobiernos regionales que lo solicitaran. Antes, el Estado, cuyo patrimonio está separado del patrimonio de la Seguridad Social, debería haber recibido esos inmuebles como pago de la deuda que ésta arrastra por los préstamos que recibió entre 1992 y 1999. A continuación, el Estado debería traspasarlos definitivamente a las comunidades autónomas que así lo solicitaran. Según Granado, la Seguridad Social era propietaria entonces de una docena de hospitales vacíos.
Esa vía de solución no estuvo abierta mucho tiempo. En diciembre de 2013, el Gobierno del PP aprovechó la Ley de Presupuestos para derogar la disposición adicional con la que se había incluido la enmienda de CiU en la reforma de las pensiones de 2011. En ese corto espacio de tiempo ninguna comunidad autónoma solicitó la propiedad de los inmuebles de cuyo uso disfrutan. Tampoco se ha pagado ninguna compensación a la Seguridad Social.
Siete años después, el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria encargada de mejorar el sistema de las pensiones, pidió en una de sus últimas recomendaciones que se permitiera a las comunidades autónomas adquirir la «plena titularidad dominical» de estos inmuebles adscritos tras la transferencia del Insalud, pero «sin ocasionar menoscabo alguno en los derechos económico-patrimoniales de la Seguridad Social».
El ex secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado.
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Separar el suelo del vuelo
Pero, de momento, el único movimiento para intentar legalizar este absurdo administrativo ha sido añadir un párrafo en una de las normas de reconocimiento y valoración (NRV) de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades de la Seguridad Social. En él se establece expresamente que los inmuebles adscritos a las comunidades autónomas tras el traspaso del Insalud deberán figurar sólo en el balance de la Seguridad Social, que sigue siendo su propietario.
Pero la controversia dista de estar cerrada.El Tribunal de Cuentas afea ahora a la Seguridad Social queno registreel valor de los terrenosseparadamente del valor de las construcciones que constituyenparte deese patrimonio inmobiliario que se reparte con las comunidades autónomas.Se trata desuelos y edificios porunimportetotalde 403 millones de euros, de los que 208,6 millones corresponden alIngesay otros 153,5 millones alImserso. Ambas cifras están infravaloradas, advierte el tribunal, porque en algunos casos el terreno no está contabilizado y en otros lo está junto con el edificio. Yeso supone un problema: mientraslos terrenos tienen una vida útil ilimitada y no se amortizan, los edificios sí pierden valor y son amortizables; hay que separar el suelo del vuelo y la Seguridad Social no lo hahechoenmuchoscasos.A partir de 2019,el Hospitalde Puerta de Hierrosí incluyólos 18 millones de euros en que valoró los terrenos–185.645 metros cuadrados–donde se construyó el centro, cedidos por el Ayuntamiento de Majadahonda. El edificio se incorporóal balance con un importe de 180 millones.Otro tanto hizo el Hospital Infanta Leonor. Aunque inaugurado en 2008,incluye entre sus edificios el Hospital Virgen de la Torre, transferido a la Comunidad de Madrid en 2002. Los terrenos,valorados en 6,7 millones de euros,fueron una cesión municipal gratuita. La construcción setasó en110,58 millones.
El Hospital de Alcorcóntambiénha registrado ambos conceptosde forma independiente.Los terrenos donde se levanta el edificio pertenecen a la Comunidad de Madrid, que los cedió en su día a la Tesorería General de la Seguridad Social para construir el hospital.Su valor de tasación –el de mercado en 1998, fecha de inicio de su actividad– es de 17,73 millones de euros, según consta en las cuentas de 2024. En ellas, el Hospital de Alcorcón pone negro sobre blanco que no paga «importe alguno» a la Seguridad Social por el uso del edificio.
El Tribunal Supremo acaba de rechazar la suspensión del real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes que pidió con carácter urgente la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH), una agrupación que dice luchar contra el «expolio del patrimonio histórico español» y contra la «dañina y revanchista» Ley de Memoria Histórica. «Memoria democrática sin subvenciones, patrimonio histórico sin ideologías y verdad histórica sin censura» es el lema con que saluda a los lectores en su página web.
La asociaciónpresentóun recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo para que ésta anuleelrealdecreto, en vigordesdeel pasado 23 de abril.Con la medida cautelarísima solicitada al mismo tiempo, su intención era paralizar de forma inmediata el proceso por el que medio millón de inmigrantes irregulares, según las previsiones del Gobierno, adquirirán derechos y obligaciones –cotizar a la Seguridad Social, pagar impuestos, recibir ayudas sociales–.
Aunquelosfinesy actividadesdeclarados de laARVHse centranen la «conservación y defensa del patrimonio histórico y cultural español», la asociación es una más de lacuarentena de agrupaciones de la extrema derecha que en los últimos años han inundado de demandas los tribunales en una suerte de Brunete legalque Público describió enesta serie de reportajes.En un intento por trasladar la batalla política al campo judicial,estas asociaciones –desde Hazte Oír y Abogados Cristianos hastaLiberumo laAsociación para la Defensa del Valle de los Caídos–sehanquerelladocontra altos cargos, magistrados y dirigentes políticos por los más diversos motivos. En su momentofueron las medidas contra la covid, los independentistas catalanesylos líderes de Podemos.Pero también un programa de televisión, las banderas o el discurso de un diputado les empujabana los juzgados.
En el caso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica,la regularización de migrantes no ha sido su primer litigioextraurbanístico. En noviembre de 2023, ya había recurridoel anteproyecto de Ley de Amnistía, al tiempo que solicitaba como medidacautelarísima–al igual quehizocon la regularización de inmigrantes–que se suspendieracon carácter inmediatoel procedimiento de aprobación de lo que entonces era una proposición no de ley.También intentaba paralizarel nombramiento del letradomayordel Congreso,Fernando GalindoElola-Olaso, porhaber sido antes subsecretario del Ministerio de Política Territorial «y persona presuntamente muy cercana al presidente del Gobierno».
En una ampliación del recurso,pidióademásla recusación del magistrado ponente, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, apoyándose en la supuesta «enemistad ideológica»de éste y de su hermano Marcial, vocal progresista del CGPJ, con la asociación.Inclusoinstó al tribunal a suspender la sesión de investidura del presidente del Gobierno,celebradael 16 de noviembre de 2025.InclusosolicitóalSupremoque elevara una cuestión de legalidad al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque,a su juicio,la Ley de Amnistía vulnerabael Tratadode la UE y el principio del Estado de Derechode la UE.
La entrada de la basílica de Cuelgamuros.
Rechazo del Supremo y el Constitucional
ElAltoTribunalrechazó tanto la medida cautelar como el recurso porquelos tribunalescontencioso-administrativosno pueden «enjuiciar la iniciativa legislativa de las Cortes Generales»ni entra en su ámbito «imponer al Gobierno la presentaciónde proyectos de ley», razonaba la Sala en un auto de diciembre de 2023.También avaló el nombramiento del letrado mayor del Congreso en una decisión deenero de 2025.
Dos años despuésdel rechazo en el Supremo,laARVHpresentó un recurso de amparo contra la Ley de Amnistíaante el Tribunal Constitucional, al tiempo que recusaba a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y a cuatro de sus magistrados, Ramón Sáez, Juan Carlos Campo, María Luis Balaguer y Laura Díez, todos ellos considerados del bloque progresista.Se apoyaba, de nuevo, en la «enemistad ideológica» de los magistrados.ElTCrechazóeste segundo intento derecusación.
Público ha preguntado a la ARVH por estos litigiosy por qué ha recurrido la regularización de migrantes,pero no ha obtenido respuesta alguna. El pasado diciembre también presentó un recurso administrativo contra el real decreto que concedió la nacionalidad a 54 hijos y 117 nietos de brigadistas internacionales.
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Presidida por el procurador Antonio Javier Campal Crespo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica tiene como vicepresidente a Guillermo Rocafort, caballero legionario del Tercio Gran Capitán, abogado, historiador, profesor universitario y colaborador del programa de Iker Jiménez Cuarto Milenio. Rocafort fue condenado en 2025 por intromisión ilegítima en el derecho al honor de la periodista Ana Pastor, tras rechazar el Supremo un recurso del abogado e historiador y confirmar una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid. Rocafort había acusado, sin pruebas, a la periodista de LaSexta de tener una sicav –una sociedad de inversión colectiva que sólo paga un 1% en el impuesto de sociedades– y de «incumplir sus obligaciones fiscales y contables».
De Cuelgamuros a la Cadena Ser
Pero la asociaciónsehabía estrenado, poco después de fundarse en 2021,conun recurso contra Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial,que buscaba la suspensión dela licencia urbanísticaotorgada poreste municipio madrileñoal organismo estatalpara rehabilitar los accesos a las criptas de la basílica del Valle deCuelgamuros, el Valledelos Caídosfranquista.Fue uno más de laquincena de recursoscon los que organizacionescomo la Fundación Francisco Franco, laAsociación para la Defensa del Valle de los Caídos y otros gruposfilofranquistasintentaronimpedir la exhumación de los restos de dos víctimas,los hermanosManuel y Antonio RamiroLapeña.Ambos, fusilados y enterrados en agosto de 1936 en Calatayud (Zaragoza), fueron trasladados a Cuelgamuros en 1959 sin el consentimiento de la familia, la primera que consiguió una sentencia judicial firme, en 2016, para recuperar sus restos.
Imagen de archivo del exterior de la Pirámide de los Italianos, en Burgos.
«Esto supone llevar la guerra a los cementerios. Con ello se genera discordia», declaró entonces Guillermo Rocafortal medio especializadoConfilegal.
Trasacumularse los recursos, el Tribunal Superior de Justicia de Madridlos desestimó en marzo de 2025:determinóque las obras eran efectivamente de rehabilitación y estaban «justificadas por la necesidad de lograr el acceso a las criptas»para acometer lasexhumacionesy dar así cumplimiento a una sentencia judicial. En su recurso, la ARVH invocaba «el derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y sus familias, y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno, que se verá vulnerado si se accede a ejecutar las obras, manifiestamente ilegales». En cuanto a los argumentos puramente urbanísticos, la asociación alegaba que, al estar incluida la basílica en el catálogo de bienes protegidos de San Lorenzo de El Escorial, sólo se pueden hacer en ella obras de rehabilitación y mantenimiento. Por el contrario, los trabajos en los accesos a las criptas –con un presupuesto de 674.682 euros y una duración de tres meses– eran, a su juicio, «obras de consolidación, demolición y obra nueva» que sólo podían ser autorizadas previa elaboración de un Plan Especial.
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En 2022,la ARVHtuvo una segunda actuación: escribir una carta al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López,donde le pedía al Gobierno que declarara a la Cadena Ser «emisora de radio colaboracionista con el franquismo» y la dividiera en «múltiples lotes» para entregárselos a las asociaciones memorialistas. Según argumentaba la asociación, la Ser es una cadena «fascista» que se benefició de su posición de «casi monopolio» en el franquismo. En una cáustica vuelta de tuerca a Ley de Memoria Histórica, la ARVH denunciaba que la cadena de Prisa la vulnera y, por tanto, debe ser «resignificada» y su sede central, «declarada lugar de Memoria». Tras ridiculizar el contenido de la ley –pide que la emisora cambie de nombre comercial para alejarla de su pasado fascista y que pida perdón por él–, la asociación regresa al presente y exige la eliminación del programa Hora 25 y el despido de Héctor de Miguel, Quequé, el humorista a quien denunció Abogados Cristianos por una broma sobre dinamitar el Valle de Cuelgamuros.
Gestiona un monumento a soldados de Mussolini
Su mayor éxito lo obtuvo la ARVH en marzo de 2025, cuando consiguió la cesión de las seis hectáreas donde se levanta la Pirámide de los Italianos, un monumento construido en 1939 por orden de Franco en honor de los soldados de Mussolini muertos en la batalla de Santander dos años antes. El túmulo funerario, situado en Valle de Valdebezana (Burgos), fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Castilla y León en febrero de 2024, cuando Vox aún formaba parte del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. La decisión la firmó el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, nombrado por el partido ultra pero aún en el cargo tras la ruptura del pacto de gobierno con el PP.
A cambio de un canon de 500 euros al año, laHermandadde Ganaderosde la Rivera de Herbosa, propietaria de los terrenos, ha cedido los terrenos a la ARVH para que ésta rehabilite y conserve el monumento fascista. Incluso, según publicó La Razón, su intención no sólo es recuperar la pirámide, sino también construir allí «un centro de interpretación». Para ejecutar ese proyecto, la asociación necesita un presupuesto de medio millón de euros, que prevé obtener mediante una campaña de crowdfunding, ayudas de la Junta de Castilla y León e incluso de Roberto Menia, senador de Fratelli d’Italia, el partido de Giorgia Meloni.
El Arco de la Victoria, en la salida noroeste de Madrid.
El monumento ya no alberga restos, que fueron trasladados en 1975 a Italia y al Mausoleo Militar Italiano de la iglesia de San Antonio de Padua en Zaragoza. Está vallado, pero sigue abandonado.
La asociación también promueve la declaración como Bienes de Interés Cultural de otros dos monumentos franquistas situados en la provincia de Burgos: el Monumento al general Mola en Alcocero de Mola y el Monumento a la columna de Sagardía en Alfoz de Bricia.
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Otro de sus objetivos, el Arco de la Victoria, levantado en una de las salidas de Madrid, ya tiene la categoría de Bien de Interés Cultural, pero la asociación denuncia su «lamentable estado» y ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Madrid para instarle a protegerlo. El consistorio de José Luis Martínez-Almeida, por su parte, dice tener listo un proyecto de restauración que aún no ha licitado, pero cuyas obras deberían comenzar en 2027.
Aunque la asociación se define como«independiente y apolítica», casi todos los monumentoscuya protección exige son franquistas.Sólo hay dos excepciones, el Templo deDebod,en Madrid, y los cuarteles de Loyola, en San Sebastián.El motivo: son los que están en peligro de ser destruidos, según la ARVH. También quiere blindar el Monumento a los Caídos, en Pamplona, que considera el «más importante vestigio de la segunda mitad del siglo XX en Navarra», tal y como defendió en La Razón. «Su desaparición [que exigen las asociaciones de Memoria Histórica] supondría un menosprecio a aquellos que murieron en el frente«, sostiene.
«Sólo uno de los bandos tenía razón y es el que ganó»
Ayuda igualmente a definir el perfil de la ARVH su presentación en sociedad, en marzo de 2022, en el Casino Militar de Madrid. Al actoasistieron, además de Antonio Javier Campal, los historiadoresAntonio Nadaly Fernando Paz, miembrodel patronato de honor de laFundación Denaes,que presidió Santiago Abascal durante ocho años. Actuó como moderador Javier García Isac, hoy director general de EDATV, la televisión del agitador ultra Javier Negre. «Los que perdieron la Guerra Civil nos están diciendo cómo fue. Hubo dos bandos en nuestra Guerra Civil y hubo gente buena en los dos bandos, pero sólo uno tenía razón y, nos guste o no, es el que ganó. Lo demás es autoengañarnos», fue la introducción de este antiguo militante de Fuerza Nueva, habitual en tertulias como El gato al agua, de IntereconomíaTV, y candidato a las elecciones autonómicas y europeas por el Partido Demócrata (PADE) –una escisión a la derecha del PP– en 2003 y 2004.
También forman parte de la directiva de la asociaciónFrancisco Javier Zaragoza Ivars, hijo de un alcalde franquista de Benidorm (Alacant)y el abogado que interpuso la mayor parte de los recursoscontra la licencia de obras enCuelgamuros, así comoJosé Ismael de la Barba Palacio, arquitecto quefirmóno sólo uninformeque avala el valor patrimonial dela Pirámide de los Italianos,sinotambiénotrossobre larelevancia arquitectónica de labasílica de la sierra madrileña odel Monumento a los Caídos de Pamplona.
El programa de La Sexta Equipo de Investigación contactó con la ARVH cuando preparabaun reportaje sobreEl rastro de Franco,que emitió el 20 de noviembre de 2025. Su presidente, Antonio Javier Campal, respondió por escrito a las preguntas que le formularon los redactores del programa y después las colgó con las respuestas en su página web, denunciando que la asociación estaba siendo «objeto de un montaje televisivo». «El Valle de Cuelgamuros es, sin duda, la mejor obra y con más valor arquitectónico del siglo XX en España y es un monumento de reconciliación nacional a los dos bandos de nuestra contienda civil«, concluyó Campal cuando se le preguntó por su independencia ideológica.
Las preguntas que no contesta la ARVH
Público envió una serie de preguntas a la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica (ARVH) sobre su actividad, recursos judiciales y fuentes de financiación. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. Su asociación fue registrada en el Ministerio del Interior en septiembre de 2021 pero, según aparece en su página web, ustedes dicen que sus miembros «llevan coordinándose de manera altruista desde hace más de 10 años en defensa del patrimonio histórico español». ¿Nos puede explicar a qué tipo de coordinación se refieren, cuál fue su actividad durante esos años?
2. ¿Cuántos miembros tiene su asociación? ¿Siguen siendo Javier Campal su presidente y Guillermo Rocafort su vicepresidente?
3. ¿Cuál es su presupuesto anual? ¿De dónde proceden sus fondos?
4. Según han explicado a los medios de comunicación, ustedes cifran en unos 500.000 euros el presupuesto para gestionar la Pirámide de los Italianos, cuya cesión disfrutan desde marzo de 2025. ¿Han conseguido esa cifra? ¿Cómo? ¿Han pedido/recibido alguna subvención de la Junta de Castilla y León, tal y como decían en la prensa que era una de las posibilidades que estudiaban para conseguir fondos? ¿Han recibido alguna ayuda de Italia, otra de las fuentes de financiación que mencionaban? ¿Han acometido ya algún trabajo de restauración o mantenimiento de la Pirámide?
5. Según puede leerse en su web, el objetivo de la asociación es defender el patrimonio histórico español, así como combatir la Ley de Memoria Histórica. No obstante, también han recurrido en los tribunales la Ley de Amnistía y el real decreto para la regularización de inmigrantes, que quedan fuera de ambos objetivos. ¿Por qué?
6. ¿Siguen adelante con el recurso contra la regularización de inmigrantes, pese a haber rechazado el Supremo la medida cautelarísima que habían solicitado para paralizar la entrada en vigor del real decreto?
7. ¿Qué acciones judiciales/administrativas tiene la asociación en marcha en estos momentos? En su web citan el Arco de la Victoria y el Monumento a los Caídos de Pamplona, pero quizás tienen alguna más activa en estos momentos.
8. ¿Qué respuesta les dio el secretario de Estado de Memoria Democrática a la carta en la que le pidieron que declarara a la Cadena Ser «emisora de radio colaboracionista con el franquismo» y la dividiera en lotes para entregárselos a asociaciones memorialistas?
Mariano de Paco Serrano consiguió un sobresaliente cum laude por parte del tribunal que evaluó su tesis doctoral. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid indagó en la obra de Adolfo Marsillach y puso el foco en sus montajes con la compañía nacional de Teatro Clásico. Lo llamativo es quién fue el director de la tesis: Mariano de Paco Moya, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Murcia (UMA) y padre del político del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los vacíos legales de la normativa estatal permitieron una actuación que todas las fuentes académicas consultadas por Público califican de «moralmente indefendible» e «indecoroso». Pero que en el caso de la familia De Paco es la norma, no la excepción.
Mariano de Paco Moyatambién dirigió la tesis de su propia esposa y madre del consejero, Virtudes Serrano. La filóloga defendió la compilación de sus investigaciones académicas en 1990, bajo el título: La obra dramática de Domingo Miras. El resultado se puede consultar en Teseo, repositorio público y oficial de todas las tesis doctorales presentadas en España. Lo que no viene especificado en esta plataforma es el nombre del director del doctorado, una información que sí comparte la Academia de Bellas Artes de Murcia en su perfil de Mariano de Paco Moya. «El [hecho de] no figurar el nombre del director en la ficha de la tesis en la base de datos de Teseo debe responder a algún error de época o [tal vez] porque entonces era un campo no exigido u opcional», señalan a Público desde la Universidad de Murcia. Virtudes Serrano obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio Miguel Hernández de Investigación.
‘Público’ contactó con los diversos miembros de la familia De Paco para conocer su versión, pero ninguno respondió a las preguntas planteadas
La investigadora y dramaturga codirigió a su vez la tesis de Diana Marta de Paco Serrano, hija del matrimonio y hermana del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid. El trabajo lo registró en la Universidad de Murcia en el año 2000. Y también está disponible en Teseo, bajo el siguiente enunciado: La saga de los Atridas en el teatro español contemporáneo.
En resumen: en la familia nuclear de los De Paco son cuatro miembros, todos son doctores, y tres de las tesis se las dirigieron unos a otros. Todo ello con el consentimiento de la Universidad de Murcia.
Público se ha puesto en contacto con los diversos miembros de la familia De Paco para conocer su versión, sin que ninguno de ellos haya respondido a las preguntas planteadas por este periódico.
El sistema universitario y los «vicios endogámicos»
Las fuentes consultadas por Público coinciden al denunciar que este tipo de «vicios endogámicos» son «absolutamente reprobables«, pero hasta hace unos años eran «perfectamente posibles» en todas las universidades españolas. El primer real decreto que reguló los estudios de doctorado en nuestro país data de 1985, un texto que se limita a precisar que «para ser director de tesis será necesario estar en posesión del título de doctor y pertenecer a uno de los cuerpos docentes universitarios». La norma solo dedica un subapartado a enumerar los requisitos que se necesitan para desarrollar las tareas de dirección, sin hacer referencia a las incompatibilidades o prohibiciones.
Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
Esta es una máxima que se repite en el real decreto 778/1998, donde se incorpora un matiz a la anterior disposición y se exige «tener vinculación permanente o temporal con el departamento o instituto universitario que coordine el programa de doctorado». Virtudes Serrano, Diana Marta de Paco Serrano y Mariano de Paco Serrano presentaron sus respectivas tesis al amparo de esta normativa. «[Los trabajos] se regulaban por normativas nacionales de estudios de doctorado que designaban su gestión a los departamentos y facultades y que no establecían nada sobre el grado de parentesco en la dirección de tesis doctorales«, defienden en una conversación con Público desde la Universidad de Murcia. Las mismas fuentes califican sin embargo lo sucedido de «aparentemente impropio». Las escuelas de doctorado -tal y como las conocemos ahora mismo- no echaron a andar hasta el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, todo ello a raíz de una transposición de la Unión Europea.
«Las incompatibilidades no estaban específicamente reguladas, pero ni eran -ni son- demasiado éticas. Lo que sí había era unas comisiones de doctorado que se estructuraban en base a las cuatro grandes áreas de conocimiento y donde se podían presentar alegaciones», recalcan los profesores de distintas universidades españolas que han hablado con Público. Las propuestas de tesis tenían que pasar varios filtros antes de materializarse y por supuesto llegar a un tribunal. La Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia ha confirmado a este medio que las tres tesis que implican a la familia del consejero popular tuvieron el «visto bueno» de sus respectivos departamentos, toda vez que no recibieron ningún tipo de «alegación».
La Universidad de Murcia afirma que tiene una «propuesta en trámite» para que nadie pueda dirigir la tesis de un pariente
El real decreto 99/2011 vino a actualizar la normativa vigente, pero no afectó a los doctorados de Mariano y Diana Marta de Paco Serrano -iniciados antes de su entrada en vigor-. Y tampoco regía cuando defendió su tesis la madre de ambos, Virtudes Serrano. Esta reforma puso en marcha las Escuelas de Doctorado, pero no entró a limitar nada de lo relativo a las incompatibilidades por vínculos matrimoniales o relaciones de parentesco: «Las universidades (…) podrán establecer requisitos adicionales para ser director o directora de tesis». Las cincuenta universidades públicas españolas mantuvieron intactas sus propias directrices con respecto a esta cuestión.
La última actualización de la norma -a nivel estatal- data del verano de 2023, pero tampoco especifica nada sobre los eventuales conflictos de intereses. «Estas designaciones eran perfectamente posibles en la universidad española, pese a lo aparentemente impropio. (…) La Universidad de Murcia (UMU) ahora procura evitar estas situaciones a través de los filtros colegiados de los que tiene control», indican desde el centro. Las mismas fuentes aseguran también que la universidad tiene «una propuesta en trámite» para impedir que un profesor pueda dirigir las tesis de doctorandos con los que tenga algún tipo de «parentesco». Esta es una prohibición que solo contemplan en sus reglamentos internos o mediante acuerdos específicos seis de las cincuenta universidades públicas españolas: la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), la Universitat de Barcelona (UB), la Universidad de Córdoba (UCO), la Universidad de Málaga (UMA), la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la Universidad de Valladolid (UVa).
La Universidad de Málaga fue la primera en introducirlo en su reglamento, antes incluso de la publicación del real decreto 576/2023. «No se admitirán propuestas en las que las personas directoras o tutoras tengan con el doctorando o la doctoranda un vínculo matrimonial, o situación de hecho asimilable, o parentesco de consanguinidad hasta un cuarto grado o segundo de afinidad», reza el artículo dedicado a la «asignación de tutores y directores de tesis» del reglamento 4/2022 de la UMA. Los planteamientos son similares en las normativas de las universidades de Córdoba, Santiago de Compostela y Valladolid. La Univesidad de Alcalá y la Universitat de Barcelona, por su parte, recogen esta incompatibilidad en el «compromiso documental» que tienen que firmar tanto quien dirige la tesis como quien la realiza, declarando que «no concurren en las situaciones de abstención por parentesco recogidas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público».
La Ley 40/2015 es la que regula el funcionamiento del sector público en España. El artículo 23 establece que «las autoridades y el personal al servicio de las administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», como una situación de «parentesco de consanguinidad», tendrán que abstenerse «de intervenir en el procedimiento». Las fuentes académicas consultadas por este diario, no obstante, matizan: «Este punto se refiere más bien a los procedimientos para la selección o evaluación del personal, pero no alude a la dirección de trabajos o tesis que luego son evaluadas por otras personas expertas tras superar los filtros colegiados y sus correspondientes periodos de exposición pública».
La composición de los tribunales, también sospechosa
Los tribunales encargados de evaluar las investigaciones de los doctorandos tendrán que estar compuestos por «una mayoría de miembros externos al programa» y al centro «donde se defienda la tesis». Además, tampoco podrán integrar estos equipos «la persona o personas directoras de la tesis doctoral y la tutora o tutor» de la misma, tal y como recoge el real decreto 576/2023. Lo que no aclara el texto es qué ocurre cuando quien integra el tribunal ha firmado previamente artículos o investigaciones con quien dirige la tesis, una máxima que queda en manos de cada universidad y que también se cumple en el caso del consejero de Cultura de Isabel Díaz Ayuso.
Francisco Javier Diez de Revenga Torres presidió el tribunal que se encargó de evaluar y otorgarle un sobresaliente cum laude al hijo de su compañero Mariano de Paco Moya, catedrático con el que había publicado previamente el ensayo Historia de la literatura murciana. Diez de Revenga dirigió además la tesis de su propia esposa, Elisa Albacete López Ferrer. Los dos son padres del también senador popular por la Región de Murcia,José Ramón Diez de Revenga Albacete. La Universidad de Murcia, preguntada por la adopción de posibles medidas tras destaparse esta trama de tesis familiares, sentencia: «No tenemos instrumentos legales para tomar ningún tipo de medida (…) y las que tenemos pendientes de desarrollar no podrían ser retroactivas».
De los 350 diputados que comparten hemiciclo en el Congreso, al menos 297 tienen alguna vivienda total o parcialmente en propiedad. Es el 84,85% del total. Son 10,98 puntos porcentuales más que la cantidad de ciudadanos españoles que viven en casas de su propiedad, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Si el arco parlamentario debería ser algo así como una maqueta a pequeña escala de la sociedad a la que representa, al menos en el caso español esa instantánea queda algo distorsionada. Además, dos de cada diez parlamentarios del Congreso tiene en su poder —de nuevo, total o parcialmente— tres o más viviendas.
Público ha realizado un análisis de todas las declaraciones de bienes que los diputados están obligados a presentar en la Cámara Baja al inicio de la legislatura. Hay una de ellas que no ha podido consultarse porque no figura en la base de datos del Congreso. Es la de la diputada del Partido Popular (PP) Ainhoa Molina. Según explican fuentes de Comunicación del grupo, la diputada presentó la documentación, pero se habría extraviado. Desde el Congreso aseguran que no cuentan con ella.
Hay que partir también de la base de que el término «multipropietario» no está recogido en la legislación. Este medio ha situado en tres el número de viviendas en posesión de los diputados para considerarlos como tales, siempre dejando al margen otras posesiones —fincas, solares, locales, naves, garajes o trasteros— que puedan tener también en su haber.
Los números a nivel general son los siguientes. Hay 52 diputados que no declaran tener una vivienda en propiedad (14,85% del total); 145 cuentan con una casa (41,42%); 81 disponen de dos inmuebles (23,13%); 32 poseen tres viviendas (9,14%); 22 son dueños de cuatro (6,28%); 7 tienen cinco (2,0%), y hay 10 que acumulan seis o más viviendas (3,1%). Dos de ellos son lo que laley de vivienda considera grandes tenedores, es decir, que tienen diez o más viviendas. Son las diputadas María de las Mercedes Cantalapiedra, del PP, que figura como propietaria de 19, y la socialista María Mercè Perea, que cuenta con 13.
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Es cierto que hay diferencias importantes entre los grupos parlamentarios. PP y Vox tienen ambos más de un 24% de diputados multipropietarios (con tres o más viviendas), mientras que el porcentaje cae a un 19% en el caso del PSOE. En cuanto al Grupo Plurinacional Sumar, tres de sus 26 parlamentarios son propietarios de tres o más viviendas. Y, en el caso de los grupos más pequeños, solo dos diputados de Junts per Catalunya; Néstor Rego, del BNG; y Alberto Catalán, de UPN, tienen tres o más inmuebles.
Hay que partir de la base, con todo, de que no existe un control preciso de las declaraciones de bienes ni un reglamento que especifique cómo han de realizarse. En algunos casos, los diputados tienen algunas de sus propiedades vinculadas a sociedades, que también figuran en la documentación que aportan a la cámara. No obstante, es imposible saber, a través de la mera declaración de bienes, si algunas de las sociedades que declaran los diputados tiene a su nombre inmuebles, salvo que ellos mismos lo especifiquen.
El decreto de alquileres
Este martes 28 de abril será un día en el que se hablará mucho en el Congreso de propietarios y de inquilinos. El Gobierno lleva a convalidación el Real Decreto-Ley para la congelación de alquileres que aprobó el Consejo de Ministros el 20 de marzo, una medida que puede favorecer potencialmente a 2,7 millones de personas y que lleva en vigor desde que lo aprobó el Ejecutivo. No obstante, para continuar activa tiene que ser convalidada por una mayoría de los diputados del hemiciclo. PP y Junts per Catalunya ya han confirmado que tumbarán el decreto, pese a la presión que ya ha ejercido —y ejercerá en las próximas horas— especialmente el ala de Sumar del Gobierno.
Es un tema sensible en un mercado de la vivienda tensionado como lo es el español. Tensionado y con las viviendas acaparadas en pocas manos. Tal y como reflejan unos datos de la Agencia Tributaria que ha recopilado y analizado el Ministerio de Vivienda —a los que ha tenido acceso Público—, el 50,15% de los inmuebles en alquiler pertenecen a pequeños propietarios, es decir, que tienen una o dos viviendas. Son 1.163.504 inmuebles. Pero el 39,8% (913.484 inmuebles) está en manos de propietarios que tienen de tres a cinco viviendas. Y ya en un porcentaje menor, pero ni mucho menos desdeñable, el 8,81% (204.476) es de propietarios que poseen de 6 a 10 inmuebles, mientras que el 1,66% (38.454) son grandes tenedores con diez o más viviendas. Son datos de 2023.
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PP: el grupo con más multipropietarios
Hasta 35 diputados del PP tienen tres o más casas o pisos. Es un 25,54% de los diputados del PP. Además del caso de la diputada Cantalapiedra, destaca José Javier Folch, que tiene, según su declaración de bienes, ocho viviendas. También se sitúan entre los congresistas con más cartera inmobiliaria Manuel Cobo y Rosa María Quintana, que tienen seis viviendas cada uno.
Sin embargo, el PP comparte con el resto de grupos parlamentarios una misma dinámica: la mayoría de sus diputados (56) tienen declarada solo una vivienda total o parcialmente en propiedad, 34 tienen dos y 16, tres. En esos tres perfiles está el grueso del grupo: 106 de 137 parlamentarios del PP tienen una, dos o tres viviendas. Hay 13, en la otra cara de la moneda, que no declaran vivienda en propiedad. Los 18 restantes se distribuyen así: 9 tienen cuatro, 4 tienen cinco, 2 tienen seis, 1 dispone de ocho y la mencionada María de las Mercedes Cantalapiedra es dueña de 19. No hay datos de Ainhoa Molina.
PSOE: 19% de diputados multipropietarios
El porcentaje baja en el caso del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene 23 diputados multipropietarios (19% del total). Destaca muy por encima del resto Maria Mercè Perea, con 13. Otros diputados con una nutrida lista de propiedades son Vicent Sarrià (cinco viviendas y participaciones en una portería), María Luz Martínez (cinco viviendas y un pequeño porcentaje de otra en herencia) o Rafael Simancas (cuatro viviendas).
Entre los parlamentarios del PSOE, la gran mayoría tiene una o dos viviendas. 50 y 29, respectivamente. Once tienen tres, mientras ocho poseen cuatro. Como en el caso de los populares, también hay un grupo —19— que no declara ninguna.
Vox: ocho de sus diputados son multipropietarios
Vox tiene en sus filas a ocho parlamentarios con tres o más viviendas, aunque el que destaca por encima del resto es José María Sánchez García, el diputado que ha sido noticia en los últimos días por encararse con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis en el Congreso. El ultraderechista tiene siete inmuebles, la gran mayoría al 50%. Al margen de su caso, el grueso de los diputados de Vox (17) tiene una o dos viviendas y hasta ocho no poseen ninguna. Tres tienen cuatro.
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Sumar: dos diputados destacan sobre el resto
Sumar tiene 26 diputados en el Congreso. De ellos, 18 tienen una vivienda; cuatro tienen dos; uno, Manuel Lago, tiene tres; otro, Agustín Santos Maraver, el que fuera embajador de España en Naciones Unidas, cuatro, y otro, el diputado gallego Rafael Cofiño, cinco, aunque varias en un porcentaje reducido. Además, ocho diputados del grupo no tienen ninguna propiedad de este tipo. Por lo tanto, el porcentaje de propietarios baja en el grupo de Sumar, siempre según las declaraciones de bienes presentadas a principio de legislatura, hasta el 69,23%.
Las diferencias entre ERC y Junts
En el caso de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), hay pleno de propietarios. Seis tienen una vivienda y uno, Jordi Salvador, dos, una de ellas en nuda propiedad. En el grupo de Junts per Catalunya hay más variedad. De los siete diputados, dos no adjuntan propiedad de inmuebles en su declaración de bienes; otros dos tienen una vivienda; uno posee una, y dos cuentan con tres. Son Josep Pagès y Marta Madrenas. La exalcaldesa de Girona tiene en su haber una vivienda habitual y, además, dos pisos vinculados a una sociedad.
EH Bildu y PNV, muy parecidos
Los dos partidos vascos se mueven en unos parámetros parecidos. Tres diputados de EH Bildu tienen una vivienda y otros tres poseen dos. En el caso del Partido Nacionalista Vasco (PNV) los números son casi idénticos. Dos diputados tienen una y los tres restantes son dueños de tres inmuebles.
El variopinto Grupo Mixto
El partido con más representación de los que integran el Grupo Mixto es Podemos. De entre los cuatro diputados morados, solo Javier Sánchez Serna no tiene propiedades declaradas. Las otras tres parlamentarias poseen una. Cristina Valido, de Coalición Canaria, no tiene ninguna propiedad; Àgueda Micó, de Compromís, una. El salto se produce con los diputados Alberto Catalán (UPN) y Néstor Rego (BNG). Ambos cuentan total o parcialmente con cuatro viviendas.
Los primeros meses del año 2026 no han dejado grandes novedades a nivel demoscópico. El bloque formado por PP y Vox seguiría con capacidad suficiente para formar gobierno con una amplia mayoría absoluta. Las posiciones en la clasificación de los partidos más votados tampoco varía, siendo la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo la más votada. Le sigue el PSOE, que reduce su desventaja con los populares. El partido de Santiago Abascal sigue claramente consolidado en la tercera posición aunque se vislumbra un freno en su crecimiento.
Los datos recogidos en el estudio de Key Data para Público, elaborado el 23 de abril, destacan que el PP tendría un 32,4% de los votos y 139 escaños. Es un dato muy parecido al del último estudio publicado por este medio a finales del pasado mes de enero. Entonces los populares obtenían un 32,2% y 137 diputados en el Congreso. En las elecciones de 2023, la fuerza que lidera Feijóo tuvo 137 representantes en la Cámara Baja gracias a un 33,1% de los votos, por lo que sus expectativas se mantienen en unas cifras muy parecidas a las de la última cita con las urnas.
Los de Feijóo, en todo caso, frenan la tendencia descendente que venían manteniendo en las encuestas desde 2023. En el mes de enero el PP tuvo el porcentaje más bajo, ese 32,2%, en los sondeos según los estudios de Key Data desde abril de 2023, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales.
Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez tendría según este estudio 111 escaños gracias a un 27,5% de los votos. Los socialistas ganan un punto respecto al estudio de enero y suben 5 escaños, ya que el último Key Data les adjudicó 106 diputados y un 26,5% del total de los votos. Ese era además su peor dato en las encuestas desde los comicios de julio de 2023. En esas elecciones los de Sánchez tuvieron 121 diputados y un 31,7% de los votos. «El PSOE muestra una gran fortaleza», analiza Paz Álvarez, directora técnica de Key Data, respecto a los datos obtenidos pese a «siete años duros de Gobierno».
Para Álvarez, el sistema de partidos en España «sigue siendo un bipartidismo muy imperfecto». La directora técnica de Key Data apunta a que los dos grandes partidos que han liderado los Gobiernos del sistema democrático nacido de la Constitución de 1978 siguen siendo las opciones preferidas por los electores. Siete de cada diez optan por el PP o el PSOE aunque para formar gobierno suelen necesitar del apoyo de otros partidos de ámbito estatal o nacionalistas.
Intención de voto y proyección de escaños según el último estudio de Key Data.
Mientras tanto, Vox tendría un total de 60 escaños gracias a un 17,7% de los votos. Es una cifra inferior a la obtenida el pasado mes de enero. El partido que lidera Santiago Abascal tenía entonces 63 escaños y un 17,9%. «Vox parece haber detenido su crecimiento, que parecía imparable tras las elecciones extremeñas y aragonesas pero que se ralentizó en las autonómicas de Castilla y León y en las encuestas publicadas recientemente», destaca Álvarez.
En 2023 el partido de extrema derecha obtuvo 33 escaños y un 12,4%, por lo que ahora estaría cerca de duplicar su representación parlamentaria. Su mejor resultado lo obtuvo en las segundas elecciones de noviembre de 2019, cuando superó el 15% de los votos y consiguió 52 escaños. «Actualmente sus resultados en elecciones autonómicas y en las previsiones de elecciones generales suelen estar entre el 17 y el 18% de los votos, lo que les otorga la llave para formar gobierno», apunta Álvarez.
PP y Vox sumarían mayoría absoluta de forma holgada, con 199 escaños que podrían dar la presidencia del Gobierno a Feijóo. Los dos partidos han sellado en las últimas semanas diferentes pactos autonómicos de coalición en Extremadura y Aragón.
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Tabla de evolución de voto por partidos según los estudios de Key Data.
Sumar y Podemos pierden más de medio punto
En cuarta posición continúa la coalición Sumar. En este estudio se quedan en los 10 escaños y un 6,5%. Los datos indican un ligero retroceso de los socios de coalición del PSOE, que en enero alcanzaron los 11 diputados y un 7,2% de los votos. Por su parte, Podemos tendría 2 escaños gracias a un 3,5%. La fuerza que lidera Ione Belarra retrocede también respecto a enero. En ese estudio las encuestas le daban 3 escaños y un 4,2%.
Son unos resultados muy alejados de lo obtenido en las elecciones generales de 2023. En esos comicios ambas formaciones se presentaron juntas y tuvieron un 12,3% y 31 diputados. «A pesar de perder poco más del 2% de los votos entre los dos, si concurren separados perderán dos tercios de los representantes que consiguieron en julio de 2023″, destaca Álvarez.
Estimación de voto por fuerzas políticas según el último estudio de enero
Respecto al resto de partidos, ERC mantendría los 7 diputados que obtuvo en 2023 y su mismo porcentaje, un 1,9%. La fuerza que lidera en el Congreso Gabriel Rufián pierde un diputado respecto al anterior estudio elaborado en enero.
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En Catalunya los sondeos reflejan un retroceso en Junts. El estudio de Key Data indica que el partido que lidera Carles Puigdemont perdería hasta dos escaños respecto a las elecciones de 2023. Se quedarían en 5 representantes en el Congreso y un 1,2%. En enero tenían 6 diputados y este descenso coincide con el alejamiento cada vez mayor del Gobierno de Sánchez.
Las fuerzas vascas, EH Bildu y PNV, mantendrían los mismos 6 diputados que obtuvieron cada uno en el anterior estudio de Key Data. En el caso del partido que ahora lidera Aitor Esteban supondría una subida respecto a los 5 escaños conseguidos en 2023. El BNG, como llevan señalando muchas encuestas en los últimos tiempos, llegaría a los 2 escaños, uno más de los que tiene actualmente en el Congreso. Se Acabó la Fiesta, la candidatura del agitador ultra Alvise Pérez, se quedaría fuera del Congreso con su 1,9%, aunque mejora en casi medio punto los pronósticos del anterior estudio, en el que tenía un 1,5%.
Reparto de escaños por comunidades autónomas según el último estudio de Key Data
En cuanto a la transferencia de voto entre el 23J de 2023 y la situación actual, el estudio destaca que habría más de 426.000 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP. El trasvase entre socialistas y extrema derecha es mucho menor, con apenas 182.000 votos. El trasvase más importante, sin embargo, se sigue produciendo entre PP y Vox. Habría más de 817.000 antiguos votantes del PP que optarían ahora por la ultraderecha. Solo alrededor de 199.000 seguirían el camino inverso.
El estudio elaborado por Key Data para Público es un análisis desk research de toda la información disponible, tanto del comportamiento electoral del ámbito de la elección y su evolución como de todas las encuestas, publicadas o no, a las que se ha tenido acceso. Con toda esa información y aplicando las ponderaciones correspondientes, se llega a una estimación de voto sobre la que se aplica la ley electoral para asignar escaños.
El presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento tras haber disparado su arma.
Los centenares de asistentes a la cita, que incluían a la plana mayor del gobierno, la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y políticos, también tuvieron que ser evacuados.
La fiscal general de Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, indicó en una rueda de prensa posterior que el atacante ingresó en el perímetro de seguridad armado con una escopeta y se encuentra «vivo» y hospitalizado y bajo vigilancia tras se neutralizado en los mismos pasillos del Hotel Washington Hilton donde se celebraba la cena de la Asociación de Corresponsables de la Casa Blanca.
El detenido: Cole Allen, un profesor californiano de 31 años
El atacante fue identificado como Cole Allen, un profesor californiano de 31 años. El director del FBI, Kash Patel, indicó que el tirador irrumpió en el hotel cargado con un arma larga cuando fue detenido por el Servicio Secreto presidencial. Trump aseguró después en una rueda de prensa que el hombre llevaba «varias armas».
Tras lo ocurrido, Trump ha publicado en su red social Truth Social una serie de imágenes y un vídeo que muestran el momento de la detención y la persecución de Allen. En las imágenes se ve al detenido tendido en el suelo, boca abajo y sin ropa, mientras es custodiado por agentes de las fuerzas de seguridad tras ser reducido.
Cole Allen, detenido como sospechoso del tiroteo, este sábado.
Además, el vídeo capta al hombre corriendo por los pasillos del hotel donde se celebraba el evento y se observa a un agente de seguridad abrir fuego en dirección al sospechoso.
Los agentes han afirmado que el detenido reside en Torrance, una ciudad costera en el estado estadounidense de California, que forma parte de la zona de South Bay, cercana a Los Ángeles.
Allen será procesado el lunes en la capital estadounidense, según informó la fiscalía federal. El sospechoso, que intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto, comparecerá el lunes ante un juez del tribunal de distrito de Estados Unidos.
Según la fiscal Jeanine Pirro, el sospechoso será acusado de utilizar un arma de fuego durante un delito violento y de agredir a un agente federal utilizando un arma peligrosa.
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Trump asegura que era un «lobo solitario»
Trump explicó minutos después en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un «loco» y un «lobo solitario» que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que el mandatario se encontraba. «No cambia el hecho de que esto me pase a mí, es impactante. Estaba sentado con la primera dama y escuché un ruido y pensé que era una bandeja, pensé que se había caído. El ruido venía de lejos y no se alcanzó mi área de ningún modo», dijo el presidente.
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Evacuación de Donald Trump de la cena en la Casa Blanca, este sábado.
Trump aseguró que el Servicio Secreto actuó de manera «muy rápida» y mejor, según aseguró, que en el caso de mitin de Butler (Pensilvania) en julio de 2024 en el que fue herido de bala por un francotirador. Además, aseguro que el atacante «estaba muy lejos» de acercarse a él.
«Estaba muy lejos, él no estaba de ningún modo cerca de traspasar las puertas del salón. El salón estaba sellado», aseguró el presidente, quien dijo que este posible intento de asesinato fue manejado de manera profesional por el Servicio Secreto, mientras que el FBI está investigando a testigos.
«Nunca me dijeron que esta era un profesión tan peligrosa. Si Marco (Rubio) me lo hubiese dicho a lo mejor habría pasado de esto», bromeó el mandatario.
Trump y los miembros del Gobierno fueron rápidamente evacuados por el Servicio Secreto, mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas. Tras unos minutos de incertidumbre, el Servicio Secreto informó a los asistentes que era seguro abandonar el lugar.
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Un agente resultó herido durante la operación
Un miembro del Servicio Secreto, responsable de la seguridad del presidente, fue alcanzado en el chaleco antibalas pero se encuentra bien, ha asegurado el mandatario.
Donald Trump en la Casa Blanca tras el tiroteo, este sábado.
«Un agente resultó herido de bala, pero se salvó gracias a que llevaba un chaleco antibalas de excelente calidad. Le dispararon a quemarropa con un arma muy potente, y el chaleco cumplió su función. Acabo de hablar con el agente y se encuentra muy bien», añadió Trump.
El Servicio Secreto detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo. Trump y los miembros del Gobierno fueron rápidamente evacuados por, mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas. Tras unos minutos de incertidumbre, los agentes informaron a los asistentes que era seguro abandonar el lugar.
Esta era la primera vez que Trump asistía como presidente a la cena de corresponsales, un evento anual que organizan los periodistas que cubren la Casa Blanca para celebrar la libertad de prensa.
Trump, objeto de tres atentados en dos años
El presidente Donald Trump ha sido objeto de tres atentados en los últimos dos años, una cifra sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. El ataque ocurrido este sábado se suma a lo sucedido en julio de 2024 en Pensilvania y dos meses después en su club de West Palm Beach (Florida).
El 13 de julio de 2024 Trump sufrió un atentado mientras pronunciaba un discurso en un mitin de su candidatura en Butler (Pensilvania). Tan solo sufrió una herida por bala en su oreja derecha, si bien un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido. El autor del disparo, Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años, fue abatido.
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Dos meses después -el 15 de septiembre- sobrevivió a otro intento mientras jugaba al golf en su club de West Palm Beach (Florida). El Servicio Secreto detectó a un hombre armado con un rifle apostado entre la maleza junto al campo. El sospechoso, Ryan Routh, de 58 años, huyó antes de abrir fuego y fue detenido posteriormente.
Además, el 12 de octubre de ese mismo año, un hombre armado, Vem Miller, de 49 años, fue detenido en el control de seguridad de un mitin de Trump en Coachella, en California. Fue puesto en libertad el mismo día bajo fianza y negó cualquier intención de matar al expresidente.
Numerosas reacciones políticas en apoyo a Trump
Tras lo ocurrido en Washington, rivales políticos como el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, o la veterana congresista demócrata, Nancy Pelosi, mostraron su apoyo a Trump y condenaron la violencia en sus redes sociales.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condenó este domingo el intento de ataque sufrido por Trump y ha señalado en su cuenta de X que «la violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz».
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su «más absoluta condena» y la de su partido ante «el ataque sufrido» y ha indicado en X que «la discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas».
Además, otros líderes también mostraron su solidaridad. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, celebró este domingo que Donald Trump, así como el resto de asistentes, esté «a salvo» y condenó lo sucedido: «La violencia política no tiene cabida en una democracia».
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeció además «la rápida intervención de la Policía y los servicios de emergencia por garantizar la seguridad de los huéspedes».
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo estar «impactado» por «el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump» y envió sus «mejores deseos para una pronta y completa recuperación al policía herido», así como felicitó al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su «rápida y decisiva actuación».
El lema de la Global Progressive Mobilisation —la cumbre internacional socialista que se celebra esta semana en Barcelona— es inequívoco: el progresismo se moviliza para unirse en bloque frente al avance de la extrema derecha. Más de 3.000 personas participan entre viernes y sábado en este encuentro, que reúne a perfiles muy diversos —políticos de todos los continentes, sindicalistas, activistas e influencers— para reflexionar sobre el papel de las izquierdas en el mundo actual, el estado de la democracia y el impacto de las redes sociales en la política, entre otros asuntos.
La organización del evento, que recae principalmente en la Internacional Socialista, presidida por Pedro Sánchez, y el Partido de los Socialistas Europeos (PES), liderado por el sueco Stefan Löfven, no ha escatimado en recursos: una decena de espacios acogen el centenar de actividades programadas, junto a una gran sala alargada que albergará el sábado el acto principal del encuentro. Entre las 13:30 y las 18:00 horas, Sánchez dialogará con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos líderes ya se han encontrado este viernes en el Palau Reial de Pedralbes, y han mostrado una «gran sintonía política«, según fuentes del ejecutivo español a los medios.
Debate en el Ágora de la Global Progressive Mobilisation.
La Fira de Barcelona ha abierto sus puertas unos minutos antes de las nueve de la mañana y, a lo largo del día, el recinto se ha ido llenando. En el epicentro del espacio se ha habilitado una zona de restauración y networking para los participantes llegados de todo el mundo, así como una tienda de merchandising del PSOE y estands de partidos socialistas de otros países y fundaciones vinculadas a ellos. Con un lugar destacado, la Fundación Pablo Iglesias ha montado una exposición titulada Vigències con el objetivo de mostrar que el «legado» y la «lucha» del fundador del PSOE «están más vigentes que nunca».
El impacto de las redes en la agenda pública
Uno de los hechos más destacados del evento es la clara voluntad de conectar con las generaciones más jóvenes. Buena parte de las charlas han girado en torno al universo digital y se ha contado con la participación de creadores de contenido y comunicadores mediáticos de izquierdas como Alán Barroso (494k seguidores en Instagram), Sarah Santaolalla (251k), Carla Galeote (159k), Mikel Herrán (225k), Júlia Salander (434k) y Adriana Hest (159k), entre otros.
En unas declaraciones a Público, Galeote, abogada y activista feminista, ha señalado que esta cumbre es «muy necesaria», dado el «avance de la extrema derecha» y el riesgo de retroceder en derechos, especialmente los de las mujeres. «La izquierda no se puede permitir más disputas», ha sentenciado. En este sentido, la también activista feminista, politóloga y analista de datos Júlia Salander, ha calificado de «superpositiva» la «unión de las izquierdas», después de presenciar constantemente alianzas entre personajes «fuertes de la extrema derecha», como Javier Milei, Santiago Abascal o Giorgia Meloni.
Preguntadas por la influencia de las redes sociales en la agenda pública y la política, Galeote ha reconocido que un vídeo suyo o de otro comunicador digital «puede llegar a más gente que una comparecencia del presidente«: «Esto es una realidad que debe reconocerse. No se puede menospreciar el trabajo de los jóvenes en redes sociales. No es menor, estamos haciendo política también». Salander, por su parte, ha admitido que los influencers tienen un «rol muy concreto». «Las personas de menos de 35 años ya no miran la televisión y no leen la prensa. Los partidos e instituciones deben darse cuenta de que llegamos a un público distinto», ha añadido.
Precisamente una de las personas atraídas por las redes sociales a la Global Progressive Mobilisation este viernes ha sido Matías, un joven de 15 años que milita en las Juventudes Socialistas de L’Hospitalet de Llobregat. «Vimos que participarían líderes progresistas de todo el mundo y nos pareció muy interesante. Es importante que las izquierdas se unan porque muchos partidos están ignorando algo tan básico como los derechos humanos«, ha explicado el joven en una conversación con Público. L’Hospitalet de Llobregat ha sido un feudo socialista durante décadas, pero también figura entre las ciudadades catalanes donde Vox obtuvo un mayor apoyo en las elecciones municipales de 2023.
Multilateralismo, paz y democracia
El tablero geopolítico echa humo desde el inicio de 2026. El secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, el ataque de Donald Trump y Benjamin Netanyahu a Irán y la posterior escalada de la guerra en Oriente Medio, todo ello en paralelo a la guerra en curso en Ucrania y al genocidio en Gaza, han contribuido a un escenario internacional extremadamente volátil. Pero no todo es violencia y extremismo: uno de los máximos representantes de la extrema derecha europea, Viktor Orbán, perdió el fin de semana pasado las elecciones en Hungría tras 16 años de gobierno muy conservador.
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La eurodiputada socialista Leire Pajín, en una atención a los medios de comunicación, ha reconocido que, tras la derrota de Orbán, «uno de los principales obstáculos para las mayorías contundentes en la Unión Europea», se respira «más tranquilidad, más democracia y más Europa». Preguntada por Trump, la política ha asegurado que «deben ser contundentes» con el presidente estadounidense, puesto que «no respeta a nadie». «Nuestra alternativa es el multilateralismo, la paz, la democracia y las reglas del juego internacional, que son los pilares de Europa», ha concluido.
Habrá que esperar para ver qué resultados se extraen de esta gran cumbre socialista, que ha logrado convocar a líderes como el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el presidente de Colombia, Gustavo Petro, o la presidenta honoraria de la Internacional Socialista, Isabel Allende. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, también han dado su apoyo a esta iniciativa de espíritu progresista e internacional.
Ferrovial Servicios comenzó en 2020 a encargarse de hacer las reparaciones en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Ese año se le adjudicaron 40 contratos menores por un importe que rozó los 60.000 euros. Cuando en 2022, la gestora de fondos de capital riesgo española Portobello Capital adquirió el 75% de Ferrovial Servicios, ésta se convirtió en Serveo, y siguió al cargo las reparaciones del hospital madrileño, también con contratos menores, aquellos que, siendo de servicios o suministros, tienen un importe inferior a 15.000 euros sin IVA, no necesitan licitación –se adjudican a dedo– y sus requisitos de publicidad son menores que los de un procedimiento ordinario abierto. De forma que, entre 2020 y 2025, el centro sanitario público le adjudicó a la empresa ahora presidida por Ignacio Mataix 201 contratos de este tipo, por un importe total de 522.117 euros, según el análisis que ha realizado Público a partir de la información obtenida en la Plataforma de Contratación de la Comunidad de Madrid y extraída por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ferrovial mantuvo un 25% del capital de Serveo hasta junio de 2024, cuando vendió esa participación a Portobello Capital, que desde entonces es su único accionista.
Este reportaje es el tercero de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público. Los dos anteriores puedes consultarlos aquí y aquí.
En esos seis años sólo aparecen catalogados como contratos de obra 20 expedientes, uno en 2021–en el que no se especifica qué obra se realizó– por importe de 30.232 euros,y otro en 2022–unos trabajos en los despachos de farmacia– adjudicado en 30.365 euros, además de 18 en 2025. Los contratos menores de obra tienen un umbral mayor que los de suministros y servicios, 40.000 euros sin IVA.La mayoría de los contratos menoresde «reparación, conservación y otras»conseguidos porServeo-Ferrovial están etiquetados como de servicios, pese a que, al menos en un caso, el objeto declarado es una «obra de adaptación del aseo en el hall para pacientes» en 2023, por importe de 4.151 euros.
Por contra, dos de los contratos de obra de 2025 son para recargar extintores, mientras que de los 11 de suministros adjudicados a Serveo ese año otros dos tienen por objeto la «ejecución de obra para reforma de centro de salud mental». Su catalogación es dudosa.
AServeotambién le encargó el hospital los trabajos de remodelación del centro sanitario Sandoval Suren 2024. En ese año Serveofacturó a Alcorcón 101.060 euros, aunque con el menor número de contratos desde 2020, sólo 18, cuandoen 2025 llegó a 55. En 2024, además, tres de los menoresfueron adjudicados por 14.999 euros cada uno, una manera poco sutil de eludir el procedimiento abierto recortando en un euro el importeestablecido como tope legal para el contrato menor. Dos de esos contratos al límitefueron para trabajos en laconsulta de enfermería y en la «consulta de técnicas», sin más precisión, del centro Sandoval Sur. En este tipo de contratos, el adjudicador no está obligado a publicar los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, y a menudo la identificación del objeto es tan genérica que apenas informa de la naturaleza del servicio prestado.
El presidente ejecutivo de Serveo, Ignacio Mataix.
La fecha de los cinco contratos de Sandoval Sur
Para acondicionar el centro Sandoval Sur,de 155 metros cuadrados yubicado dentro del recinto del Hospital de Alcorcón, pero en un edificio independiente,le fueron adjudicados cinco contratos menores aServeo. Además de los dos mencionados, otros tres por importes menores, uno para trabajos de «adecuación», otro paratrabajos en la consulta médica y uno más etiquetado como «pavimento». En total, 24.963 euros que, añadidos a los dos contratos anteriores, suman54.961 euros. Según las instruccionesde la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratación pública, y los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos, hay fraccionamiento de contratos si se separa en varios expedientes una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Si los contratos, como es el caso de los referidos al centro Sandoval Sur, son «del mismo tipo, ejecutados en una misma ubicación, de prestaciones dirigidas a un mismo fin y cuya causa sea una misma necesidad pública«, no pueden ser troceados. Es un fraude de ley que vulnera los principios de publicidad, concurrencia y transparencia.
Además, los cinco contratos de Sandoval Sur tienen la misma fecha, el 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, el centro sanitario, especializado en la detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, comenzó a funcionar en octubre de 2024, según consta en la memoria del hospital de ese año, y fue inaugurado por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, el 26 de noviembre de 2024. Es decir, los contratos fueron suscritos casi dos meses después de abrir sus puertas el centro y dos semanas después de haber sido inaugurado oficialmente. En su momento la Consejería de Sanidad publicitó que la puesta en marcha de Sandoval Sur había supuesto una inversión de 600.000 euros.
Público ha preguntado tanto a la gerencia del Hospital de Alcorcón como aServeoy Ferrovial por estos contratos, pero ninguno de los interpelados ha respondido.Serveose ha limitado a contestar que la empresa «actúa en todo momento conforme a la normativa vigente aplicable en materia de contratación pública, según la tramitación efectuada por el órgano de contratación competente». Ferrovial, por su parte,asegura que no tiene nada que ver con la gestión deServeodesde que vendió el 75% de su filial. Y el hospital repite que su actividad «se desarrolla cumpliendo la normativa vigente».
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Mala planificación, fraccionamiento de contratos
Laley configurael contrato menorcomo una figura excepcional, por cuanto carece de licitación, es una adjudicación directa, quedebe reducirse a situaciones extraordinarias, según explica laOIReScon. De ahí que no puedan utilizarse contratos menores sucesivos para cubrirnecesidades recurrentes y periódicas. Sin embargo, es lo que ocurre, por ejemplo,con las reparacionesque necesita el Hospital de Alcorcón: una necesidad recurrente que lleva años cubriendo un mismo contratista, Ferrovial-Serveo, sin haberse presentado a un concurso público. Muchos de esos contratos son por importes muy pequeños,27, 77, 167 euros… muchos otros tienen la misma fecha. Público ha preguntado a la empresa por la naturaleza de esas reparaciones, sin obtener respuesta. También le ha preguntado, sin éxito, cómo fue elegida para prestar esos servicios si en los contratos menores no hay concurso previo.
En 2020, Ferrovial Servicios se hizo con 37 contratos de reparación y conservación y tres más de «repuestos», por un total de 59.121 euros.En 2021, fueron menos, 32 contratos menores, pero por un importe mayor, 76.268 euros; la mayoría era para reparaciones, pero también obtuvotres para suministros electrónicos e «inmovilizados». En 2022, los contratos menores obtenidos por la nueva marca,Serveo,se elevan a 50, por valor de 77.924 euros, que a veces se firman en tandas –cinco o seis el mismo día–. En 2023, Serveo sólo se lleva 24 contratos menores, a cambio de 25.883 euros. En 2024, con apenas 18 contratos, factura al hospital 101.060 euros. Y en 2025 alcanza su récord, 55 contratos menores por valor de 206.457 euros.
Pero en ese último año se produce un cambio sustancial. Los contratos ya no tienen como objeto el genérico «reparaciones, conservación y otras», sino que especifican qué se repara: desde desperfectos en el autoservicio del personal y en las habitaciones de los médicos de guardia hasta todo tipo de instrumental médico. Todos ellos son etiquetados como contratos menores de servicios, aunque se trate de obras. Pero los de mayor importe son los de 11 contratos de suministros, de los que cinco tienen exactamente el mismo precio de adjudicación, 14.999 euros, apenas un euro por debajo del límite legal: uno es para suministrar bombines, otro para instalar el sistema de climatización en el área de hospitalización, uno más para instalar sistemas técnicos de soporte vital en la UCI y dos más para un sistema de «refrigeración CECAD».
Además, hay dos contratos troceados: tienen el mismo objeto, suministrar «tuberíasconválvulasdealivio enfriadoras»; el mismo importe, 9.329,6 euros cada uno, y la misma fecha, 24 de noviembre de 2025. Sumados, los importes superan los 15.000 euros.
Lo mismo ocurre con los dos contratos para ejecutar las obras dereforma del centro de salud mental. Cada uno corresponde a una fase delmismoproyecto. La primera se firmó por 14.000 euros y la segunda, por 8.895,95 euros. El total, una vez más, supera el umbral del contrato menor de suministro, que es como se catalogaron ambos expedientes pese a tratarse de obras de reforma.Tienen la misma fecha, el 25 de noviembre de 2025.
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Y otro tanto puede decirse de los tres contratos de «refrigeración CECAD» que también llevan la misma fecha: dos fueron adjudicados por 14.999 euros, para eludir el tope legal, y un tercero por2.826 euros, por lo que sumados exceden el tope del contrato menor.
Como mínimo, una gestión contractual de este tipo es síntoma de una mala planificación de una necesidad permanente. La OIReScon y las juntas consultivas de contratación, tanto la estatal como las autonómicas, recuerdan constantemente a las administraciones en sus informes que existe todo un abanico de modalidades para sustituir los contratos a dedo: el procedimiento abierto simplificado, la compra centralizada, los acuerdos marco o la división de los contratos en lotes. Cualquiera de ellas gana en transparencia, publicidad y concurrencia al contrato menor.
En transición hacia un nuevo modelo de gestión
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona con un convenio singular por el que elSermasle paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado su transformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas); hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores, que atienden 400 camas. A diferencia del resto de los centros sanitarios delSermas, se rige por sus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta con un patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales delSermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente es ModoaldoGarrido Martín.
El Hospital Universitario Fundación Alcorcón adjudicó en 2022 y 2023 un volumen de contratos menores que rozó los 13.000 expedientes cada ejercicio. Pero en 2024 su número se redujo a casi una cuarta parte: 3.798, según el análisis que ha llevado a cabo Público de los contratos menores suscritos por el centro sanitario y extraídos del Portal de Transparencia por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, esa brusca caída no se tradujo en un recorte similar del dinero pagado a sus suministradores mediante este tipo de contratos. El hospital desembolsó 10,34 millones de euros, apenas un millón de euros menos que los dos años anteriores.
El motivo de esa merma en el número de expedientes fue el cambio que experimentó la gestión contractual del hospital a partir del 1 de julio de 2024.Durante los tres primeros meses de ese año el centro siguió suscribiendo contratos menores como en los ejercicios precedentes, fraccionándolos en algunos casos del mismo modo que ya le habíaafeadoen 2023 la Intervención General de la Comunidad de Madrid,y que Público ha desvelado aquí.
Este reportaje es el segundo de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público.
Porejemplo,entre enero y marzoadjudicó cuatro contratos deun mediode cultivo utilizado para congelar ovocitos y embriones,KitazatoVitrificationSolution,aBiomedicalSupply SL por un importe total de 15.720 euros.Es decir, superaban los 15.000 euros sin IVA, el umbral marcado por la ley para considerar que un contrato es menor y, por tanto, se puede adjudicar sin concurso –a dedo– y tiene menores requisitos de publicidad que uno licitado en un procedimiento abierto normal. Con Garric Médica SL suscribió ocho contratos de equipos estériles universales por valor de 22.512 euros en sólo tres meses. La factura con Nacatur 2 España SL ascendió a 18.360 euros por nueve contratos para comprar guantes de cirugía de poliisopreno estériles de diferentes tallas.
Pero,de abril a junio,el hospital no adjudicó ni un solo contrato menor. Oal menosdejó de publicarlos en la Plataforma de la Contratación. Público ha preguntado a su gerenciael motivo de este vacío trimestral, pero no ha conseguido una respuesta.
En cualquier caso, el 1 de julio de 2024, el Hospital de Alcorcón volvió a firmar contratos menores –o empezó a publicarlos de nuevo enla plataforma–. Con un cambio sustancial. Desde entonces y hasta final de año, adjudicó 79 contratos de 14.999,99 euros cada uno, y 330 de 14.999.Evitandoasí, de forma muy poco sutil, el umbral de 15.000 euros que marca la ley. Antes de esa fecha, sólo había adjudicadoun contrato de 14.990 euros y otro de 14.900 en 2023; en 2022 fueron cinco los que concedió con importes de 14.984 a 14.900 euros. En 2021 tan sólo suscribió uno de 14.990 euros.
En total, el hospital de Alcorcón adjudicó contratospor un céntimo menos del umbralquesumaban1,18 millones, y otros 4,95 millones en contratos por un euro menos del límite. Una factura de 6,13 millones en seis meses.
Este periódico también ha preguntado a la gerencia del hospital de Alcorcón por el motivo de este cambio en la gestión de los contratos menores.Sin éxito.Sólo señala que«la actividad del hospital se desarrolla cumpliendo la normativa vigente y con los objetivos de asistencia, formación e investigación que le han sido encomendados«.Perolosapretadísimosimportes de adjudicación dejan pocas dudas sobre la intención de los responsables del centro sanitario de ajustar los precios al céntimo para eludir los requisitosmás exigentesde un procedimiento abierto.
El director gerente del Hospital de Alcorcón, Modoaldo Garrido Martín.
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Nueve para Pfizer por 14.999,99 euros
A partir del 1 de julio, la mayoría de estos contratos al borde del umbral de precio pasan a tener etiquetas genéricas: «medicamentos varios», «material sanitario», «material quirúrgico», sustituyendo a las que en el primer trimestre del año designaban objetos específicos. Como las pruebas de mutación de EGFR, en cajas de seis unidades, que el hospital compró en marzo a Biocartis NV, la misma empresa con la que firmó en octubre un contrato de 14.999 euros de «material de anatomía patológica», que es para lo que se utilizan esos tests. A Dispomedis SL le adjudicó tres contratos de empapadores de celulosa y bragas pañal en febrero y marzo; en noviembre suscribió otro genérico de «material sanitario» por importe de 14.999 euros. Con Disinfor SL MCB Informática fueron siete los contratos de ratones, discos duros y cables firmados en febrero y marzo; el 1 de octubre se le dio otro de «material informático» por 14.999 euros.
Según puede verse en la plataforma, todos los contratos de 14.999,99 euros son con farmacéuticas para el suministro de medicamentos. ConPfizerel hospital firmónueve por ese importe. Y dos de 14.999 euros, que compartenobjeto: el suministro deanticuerposbiespecíficos–se utilizan para tratar cánceres de la sangre–.Y tienen la misma fecha, el 13 de septiembre.Por tanto, están troceados.Octapharmafirmó tres contratos ensólomes y medio,cada uno de ellos por 14.999,99 euros,a cambio de suministrar inmunoglobulinas al hospital. Y Sandoz consiguió otros tres con la misma etiqueta, «inmunomediadas» –un grupo de enfermedades inflamatorias, desde la artritis y la soriasis hasta el lupus–, pero en agosto y en octubre los fármacos le salieron al hospital 99 céntimos más caros que los que le vendieron en noviembre. Algo parecido le ocurrió con Santhera Pharmaceuticals, a la que Alcorcón adjudicó cinco contratos entre el 12 de julio y el 26 de agosto. Cuatro de ellos eran para que le proveyera de Vamorolone, un fármaco para la distrofia muscular de Duchenne, y uno con la etiqueta «Huérfano». El Vamorolone es un medicamento huérfano; es decir, está destinado a tratar enfermedades raras, como lo es la distrofia muscula de Duchenne. Pero, mientras los tres últimos suministros que firmó le costaron al hospital 11.000 euros, los dos primeros le salieron por 14.999 y 14.999,99 euros. Un indicio de que los precios se fijan en función del umbral que define el contrato menor.
A tenor de la intensidad con que utilizan el truco, los responsables de contratación del Hospital de Alcorcón no parecen muy preocupados por disimular que están burlando la ley.Los expertos consultados advierten de que un importe de 14.999,99 eurosdebería ser una «bandera roja» para cualquier interventor o para la Cámara de Cuentas de Madrid a la hora de fiscalizar la gestión contractual del hospital.Sostienen que alosresponsables del hospitalles resultará complicado justificar que ése es el precio de mercado de los suministros o servicios que han adjudicado por tal importe.
Diez contratos con el mismo objeto el mismo día
Además, las adjudicaciones que rozan el umbral se hicieron en serie, de forma que la suma total de los contratos menores para un mismo proveedor superaba con creces, en sólo seis meses, los 15.000 euros del límite anual. Por ejemplo, con Biospine SL suscribieron los gestores de Alcorcón, en un solo mes, un total de 14 contratos, todos de 14.999 euros, todos de implantes de columna. Y los numeraron. Diez de ellos llevan la misma fecha: 24 de octubre. Uno más el 12 de noviembre, otro el 13 de ese mes y el último, el 29 de noviembre. Con Cardiva 2 SL fueron seis los contratos de implantes de columna por importe de 14.999 euros que llevan idéntica fecha, el 24 de octubre de 2024. Otros cinco, también con ese mismo precio, se repartieron en dos de material de crioablación, dos de material sanitario y uno de prótesis vasculares.
Más ejemplos. A Zimmer Biomet Spain SLU se le adjudicaron 14 contratos de 14.999 euros entre julio y septiembre de 2024: cinco de prótesis de cadera, otros cinco de prótesis de rodilla, dos de «osteosíntesis» –técnica quirúrgica que utiliza implantes para estabilizar fracturas–, uno de implantes de traumatología y otro de material fungible. Junto con los contratos menores, por importes mucho más pequeños, concedidos de enero a marzo, la factura asciende a 242.689 euros. Seis llevan fecha de 31 de agosto –los cinco de prótesis de rodilla y el de implantes de traumatología– y otros tres –los de prótesis de cadera– fueron suscritos el 1 de octubre. Todos estos contratos suministran material ortoprotésico. Y tanto las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratatación pública, como los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos establecen que hay fraccionamiento si se separa en varios contratos una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Es decir, cuando el objeto de los contratos es «similar o complementario» y éstos dan cobertura a una única necesidad.
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Mención aparte merecen los contratosde 14.999 euros enlos que se omitió el objeto cuando sepublicósu ficha en la Plataforma de la Comunidad de Madrid. En su lugar, sólo figurarepetidoel nombre del adjudicatario. Es el caso de tres contratos de Medtronic, KCI Clinic Spain y Sebia Hispania. La Ley de Contratos del Sector Público obliga a las administraciones a publicar cada trimestre los contratos menores que adjudiquen. En concreto, deben hacer constar el objeto, la duración, el importe de adjudicación –incluido el IVA– y el adjudicatario. Sólo están eximidos de publicidad los anticipos de caja fija –pagos periódicos y repetitivos de escaso importe, como dietas o gastos de transporte– inferiores a 5.000 euros. Preguntado por Público, el Hospital de Alcorcón tampoco ha querido explicar si se ha omitido la información de esos tres contratos por error u otros motivos.
Un hospital en pleno cambio de modelo
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona conun convenio singular por el que elSermas le paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado su transformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas); hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores, que atienden 400 camas. A diferencia del resto de los centros sanitarios del Sermas, se rige por sus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta con un patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales del Sermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente es Modoaldo Garrido Martín.
Las preguntas que no contesta el Hospital de Alcorcón
Público envió a la gerencia del Hospital Fundación Alcorcón una serie de preguntas sobre el cambio que sufrió en 2024 la gestión de los contratos menores. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. Hemos visto que en 2024 se produce un cambio en la forma de ofertar los contratos menores. Entre enero y marzo la contratación se desarrolla más o menos como en años anteriores, con algunos casos de posible fraccionamiento por superar en esos tres meses ya los 15.000 euros varios contratos con el mismo objeto. Pero entre abril y junio el hospital deja de adjudicar contratos menores, o al menos en la Plataforma de la Contratación no aparece ni un solo contrato menor en ese trimestre. Hasta el 1 de julio, en que empiezan a figurar contratos menores de nuevo. Y muchos de ellos, 409, son por importes de 14.999,99 euros (79) y de 14.999 euros (330), en lo que puede interpretarse como un intento de eludir el límite legal en el que un contrato deja de ser menor y, por tanto, está sujeto a licitación pública y mayores requisitos de publicidad.
Muchos de ellos incluso tienen la misma fecha. Es decir, tienen el mismo objeto, el mismo adjudicatario, la misma fecha y el mismo importe, por lo que, sumados, superan ampliamente los 15.000 euros del límite legal. Por ejemplo: a Biospine SL se le adjudicaron 14 contratos de 14.999 euros cada uno, todos ellos de implantes de columna, de los cuales 10 tienen fecha de 24 de octubre de 2024. Uno más es del 12 de noviembre, otro del 13 de noviembre y dos más del 29 de noviembre. Sumados, el importe total es de 209.986 euros.
A Pfizer se le adjudicaron nueve contratos de 14.999,99 euros entre julio y diciembre de 2024.
¿Por qué se produce este cambio? ¿No es una burla descarada de la ley adjudicar como menores contratos de 14.999,99 euros?
Según nuestros cálculos, con esta nueva «política» el hospital redujo a una tercera parte el número de contratos en 2024 respecto del año anterior, pero apenas se notó en el volumen adjudicado, que pasó de 11,48 millones de euros a 10,34 millones. ¿Fue un intento fallido de reducir el volumen de la contratación menor?
2. También hay otros contratos en la Plataforma que carecen de objeto. En su lugar, sólo aparece el nombre del adjudicatario repetido. Ocurre al menos con cuatro contratos de Medtronic, uno de KCI Clinic Spain SL y otro de Sebia Hispania. Todos ellos tienen como importe 14.999 euros. ¿Es un error o una vulneración de los requisitos de publicidad de los contratos menores?
El partido conservador de oposición Tisza ha ganado de manera incontestable las elecciones en Hungría y acaba con 16 años de Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán. Peter Magyar, líder del partido, logra 138 diputados por los 55 de Fidesz. Magyar no solo gana las elecciones sino que consigue la mayoría de dos tercios en el Parlamento (situada en 133 escaños) que le permite revertir gran parte de las políticas de Orbán.
Orbán ha reconocido su derrota: «Para nosotros el resultado es doloroso pero ha dejado claro que no nos han otorgado la responsabilidad de gobernar».
El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, supera por la mínima el umbral del 5%, que le da 6 escaños. La participación ha alcanzado cifras récord: a las 18.30 de la tarde del domingo había votado el 78,8% de los electores, cuando la cifra más alta de participación, registrada en 2002, fue del 73,5%.
La derrota de Orbán priva a Rusia de su aliado más cercano en la UE, mientras que para Ucrania podría significar la liberación de un préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares), vital para su esfuerzo bélico, que el líder húngaro ha estado bloqueando.
También podría allanar el camino para unas reformas que, según Tisza, tendrían como objetivo frenar la corrupción y poner fin al retroceso democrático del que la UE lleva tiempo acusando al primer ministro.
Peter Magyar, este domingo 12 de abril en Budapest.
Orbán, nacionalista euroescéptico, ha creado un modelo que el movimiento MAGA de Donald Trump y sus admiradores en Europa consideran un modelo a seguir. Pero muchos húngaros estaban cada vez más cansados de Orbán, de 62 años, tras tres años de estancamiento económico y un aumento vertiginoso del costo de la vida, así como por los informes que indican que los oligarcas cercanos al Gobierno están amasando cada vez más riqueza.
Péter Magyar es un insider que creció a la sombra del Partido-Estado en que se ha convertido el Fidesz. Nacido en Budapest en 1981, Magyar se afilió al partido de Orbán en 2002, a los veintiún años. No era un militante cualquiera: su tío abuelo, Ferenc Mádl, fue presidente de la República. Magyar hizo carrera dentro del aparato: Ministerio de Asuntos Exteriores, Representación Permanente ante la UE, Oficina del Primer Ministro y, entre 2019 y 2022, dirección del Centro de Préstamos Estudiantiles. Su exmujer, Judit Varga, fue ministra de Justicia de Orbán. A Magyar no le son ajenos ni los círculos del poder ni los entresijos del Fidesz.
La posición europeísta de Magyar
Tras confirmarse su victoria en las elecciones, Magyar lanzó un mensaje europeísta. «El lugar de nuestra patria estuvo, está y estará en la UE», dijo ante decenas de miles de sus seguidores, concentrados a orillas del río Danubio, enfrente del Parlamento de Hungría.
«Arreglaremos todas nuestras disputas con los países vecinos», agregó Magyar, sin nombrar explícitamente a Ucrania, con la que Orbán estuvo enfrentado en los últimos meses por la interrupción del tránsito de petróleo ruso hasta Hungría.
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El líder de Tisza, de 45 años, anunció además que sus primeros viajes al exterior los llevará a Bruselas y Polonia, cuyo primer ministro, el liberal conservador Donald Tusk, era uno de los principales críticos de Orbán dentro de la UE.
Decenas de votantes de Magyar celebran su victoria en Budapest este domingo 12 de abril.
Celebración en la UE
Varios líderes europeos felicitaron este domingo a Magyar por su victoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró este domingo que Hungría retome «su camino hacia Europa». «Hungría ha elegido a Europa. Europa siempre ha elegido a Hungría. Un país retoma su camino hacia Europa. La Unión se fortalece», afirmó la jefa del Ejecutivo europeo a través de un mensaje en redes sociales, escrito también en húngaro.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también felicitó a Magyar, quien además es eurodiputado por el Partido Popular Europeo, y añadió que «el lugar de Hungría está en el corazón de Europa».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el triunfo de Magyar y ha manifestado que «hoy ganan Europa y los valores europeos».
Sánchez en su cuenta de X ha felicitado «a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas». «Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos», ha referido en su perfil de esa red social.
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El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo: «¡Acabo de hablar con Peter Magyar para felicitarlo por su victoria en Hungría! Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa».
«Hungría ha decidido. Felicitaciones por ganar las elecciones, querido Péter Magyar. Espero con ilusión la cooperación en pos de una Europa, fuerte, segura y sobre todo unida», escribió canciller alemán, Friedrich Merz, por su parte.
El Hospital Fundación Alcorcón adjudicó 46 contratos menores a la empresa Garric Médica SL en 2023 para que le suministrara «equipos estériles universales». Son sólo una parte de los 117 que consiguió aquel año esta empresa española para proveer al centro sanitario público del sur de Madrid con material fungible estéril, clínico y quirúrgico, su especialidad: agujas, jeringas, guantes, apósitos… Algunos de los contratos ascienden apenas a 300 o 500 euros entre los etiquetados genéricamente como «equipos estériles universales», pero también los hay de hojas de bisturí por importe de sólo 27 euros. Garric Médica es un suministrador habitual, al que en 2022 el Hospital de Alcorcón adjudicó 80 contratos –20 de ellos para que le vendiera «equipos estériles universales»– y en 2024 otros 46 –ocho de «equipos estériles universales»–.
Semejante frenesí contractual delata un doble vicio habitual del sistema sanitario español: el abuso de una figura que debería ser excepcional y el fraccionamiento de los contratos, que la ley considera fraudulento, además de reflejo de falta de planificación y de mala praxis.
Público ha analizado los 29.492 contratos menores que el Hospital de Alcorcón adjudicó entre los años 2022 y 2024, extraídos del Portal de Transparencia por la entidad Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), que lucha contra la privatización sanitaria impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. El importe total de dichos contratos ascendió a 33,27 millones de euros, repartidos entre 786 empresas.
Este reportaje es el primero de una serie en la que este periódico analizará en detalle los abusos cometidos por el hospital madrileño con los contratos menores y otras prácticas que muestran el descontrol en la gestión del dinero público.
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Una de las vías que facilita la corrupción
Los contratos menores son aquellos con un importe inferior a 15.000 euros (sin IVA) si son de suministro o de servicios, o inferior a 40.000 euros (sin IVA) si son de obra. Por debajo de esos umbrales, los contratos no necesitan salir a licitación; es decir, se adjudican a dedo. Y se reducen significativamente los requisitos de publicidad que la ley les exige. Aunque la Administración pierde en transparencia, concurrencia y control del gasto, gana en agilidad.
El de Alcorcón es un hospital de tamaño medio –400 camas–, si se compara con los gigantes madrileños, como La Paz –1.187 camas–, el Gregorio Marañón –1.239– o el Doce de Octubre –1.161–, que multiplican la asiduidad con que acuden a los contratos menores. Pero la política de contratación del centro sanitario de Alcorcón es un buen ejemplo de cómo los hospitales públicos se saltan la ley año tras año sin que los responsables de la gestión sanitaria actúen para corregir esta mala práctica. Que, además, genera sobrecostes –difícilmente cuantificables– desde el momento en que no existe concurrencia que rebaje el precio de adjudicación, y éste puede fijarse de forma arbitraria para eludir el tope legal –hay contratos de 14.999,99 euros– e incluso puede superar el precio de mercado.
De ahíquelos contratos menoresse conviertan enuna tentación irresistible para quien quiererecortar trámites yacelerarlos procedimientos.Los hospitales los utilizan de forma especialmente intensa, apoyándose en las particulares características de los servicios que prestan y en la inmediatez que éstos requieren. A su vez, son reprendidos por ello puntualmente cada año por los interventores que fiscalizan sus cuentas. Siempre que firmen varios contratos cuyo objeto sea una prestación o suministro únicos o cuando utilizan sucesivos contratos menores para cubrir necesidades recurrentes y periódicas, a fin de evitar las normas de publicidad y los procedimientos legales de adjudicación, incurren en fraccionamiento, les recuerdan.
Se trata de mucho más que una mera cuestión administrativa.El Tribunal de Justicia de la UE advierte de que la «celebración ilegal de contratos de adjudicación directa» es la «más grave» infracción del Derecho comunitario en materia de contratos públicos. En concreto,ya ha señaladoqueel «elevado umbral» existente enEspaña para contratos de obras y servicios de menor cuantíaesuna de las vías que facilitan la corrupción. Por lo que recomiendaque se reduzca «significativamente» este tipo de contratación directa.
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La Intervención reprocha el fraccionamiento
También es ése el consejo que da la Intervención General de la Comunidad de Madrid a los gestores del Hospital de Alcorcón en su más reciente informe de cumplimiento, referido al ejercicio de 2023 y al que ha tenido acceso Público a través del Portal de Transparencia.
Público envió una serie de preguntas a la gerencia del hospital sobre su gestión de los contratos menores y sobre las advertencias que al respecto les hacen los interventores de la Comunidad de Madrid, pero no ha respondido a ninguna. Se ha limitado a contestar que «la actividad del hospital se desarrolla cumpliendo la normativa vigente y con los objetivos de asistencia, formación e investigación que le han sido encomendados«.
De izda. a dcha., el gerente del Hospital de Alcorcón, Modoaldo Garrido Martín, con el exalcalde de Alcorcón David Pérez y el director médico de Hospital Quirónsalud Sur, Alfredo Entrala.
El año en que másdinero gastó el Hospital de Alcorcón en contratos menores fue 2023, un total de 11,49millones de euros repartidos en 12.776expedientes. Más o menos la misma cantidad de contratos suscritos ydedinero desembolsado que en 2022 –12.918 expedientes, 11,43 millones de euros –. También ha sido 2023 el último ejercicio que ha supervisado la Intervención General para elaborar su informe de cumplimiento. El fraccionamiento de contratos es precisamente una de las «limitaciones al alcance» señaladas por los interventores en la gestión contractual del centro sanitario. No sólo se quejan de que no se les han facilitado todos los contratos adjudicados. También advierten de que el hospital fraccionó 421 por importe de 1,16 millones de euros. Y eso que sólo consideran los contratos que tienen exactamente el mismo objeto.
Por ejemplo, además de los 46 deGarricMédica antes mencionados, el hospital adjudicó 49 a Biomerieux España SA, para comprarcon cada uno20 placas deun medio de cultivo biológico llamadoSaboraudcongentamicina ycloranfenicol. Sumaron 29.055euros ese año, por lo que superaron los 15.000 euros del límite legal.También suscribió36 contratos más para otros tantos lotes de 20 placas de otro medio de cultivo, denominado Schaedler, por 27.205 euros.
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Hasta aquí el examen estricto de la Intervención. Pero las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), el órgano regulador del mercado de la contratación pública, y los dictámenes de los órganos consultivos estatal y autonómicos establecen que hay fraccionamiento si se separa en varios contratos una misma prestación o suministro que constituya una «unidad funcional y material». Es decir, cuando el objeto de los contratos es «similar o complementario» y éstos dan cobertura a una única necesidad. Es lo que ocurre con Biomerieux España, a la que el hospital de Alcorcón adjudicó en 2023 un total de 126 contratos de todo tipo de medios de cultivo, no sólo los dos mencionados por la Intervención, que ascendían a 81.481 euros.
Trucos para trocear contratos
Además, tampoco se pueden cubrir con contratos menores sucesivas necesidades recurrentes o continuadas que se repitan año tras año. Sin embargo, en 2022 el hospital de Alcorcón ya había adjudicado a Biomerieux España otros 112 contratos sólo para medios de cultivo de todas clases, por importe de 60.136 euros. Y en 2024 le pagó 17.658 euros repartidos en 28 contratos con el mismo objeto. Por tanto, la necesidad recurrente, año tras año, de determinados medios de cultivo, el hospital de Alcorcón la cubre con contratos menores, cuya suma anual supera siempre el límite legal de 15.000 euros. Lo mismo puede decirse de los suministros de Garric Médica. O de las suturas adquiridas a Johnson & Johnson: la Intervención considera fraccionados los siete contratos de un tipo de sutura quirúrgica –Ethilon 4/0TC19 G667G–, pero hay otros ocho más de la misma sutura cuya única diferencia es el calibre –40.267 euros en total–, y 55 de la sutura Vicryl, 22 de la sutura Prolene y 13 de la sutura Monocryl. En 2022 los contratos para comprar suturas Vicryl ascendieron a 57, a 17 los de Prolene y a 14 los de Monocryl.
Más evidentes son los 18 contratos firmados en 2023 con Bastos Medical SL para suministrar al hospital bandas elásticas Thera, que se utilizan en ejercicios de rehabilitación, por valor de 15.175 euros: hay distintos contratos según los colores, amarillo, rojo, azul, verde y gris. O los guantes de examen estériles de nitrilo sin polvo adquiridos ese mismo año a Izasa Hospital SLU por 20.550 euros, que el hospital dividió en 14 contratos según su talla: pequeña, mediana y grande.
Por no mencionar los miles de contratos que tienen como objeto el genérico «medicamentos diversos», un cajón de sastre en el que obviamente cabe cualquier fármaco: 52 suscribió el hospital con Boehringer Ingelheim –50.272 euros– en 2023, 60 en 2022 –39.302 euros– y 19 en 2024 –30.231 euros–. Son muchos los contratos con etiquetas genéricas similares, del tipo «material de laboratorio», «material sanitario», «material fungible», «material quirúrgico» o «material RX [rayos X]», lo que menoscaba la transparencia de los expedientes. En otros casos, se disimula el troceamiento etiquetando algunos contratos con el producto –implantes de columna– y otros con el procedimiento quirúrgico en el que se emplea –osteosíntesis–.
En 2023 el hospitalsólofirmó un contrato menor de obrasy lo adjudicó al borde del tope legal permitido: 39.099 euros. La beneficiaria fue Riggersa Construcciones SL, a cambio deunos trabajos en el área de Urgencias y deTriajePediátrico.En 2022 adjudicó dos contratos de obras, uno de ellos también al límite de la cantidad en que dejan de ser considerados menores: 38.896 euros.Burcons SL realizó unas obras de adecuación dela sala destinada a Tomografías Axiales Computarizadas (TAC).
Fresenius y Medtronic, los reyes del contrato menor
La regulación del contrato menor no ha dejado de ser controvertida desde que se perfiló en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en 2017. Hizo falta una instrucción de la OIReScon en 2019 para concretar aún más sus requisitos. Y un año después se modificó el artículo 118 de la citada ley. En estos años las juntas consultivas de contratación, tanto la estatal como las autonómicas, han publicado sus propios dictámenes. Reclaman a los adjudicadores no sólo que planifiquen la contratación, sino que además reconduzcan los menores a otras modalidades con licitación abierta: acuerdos marco, centrales de contratación, sistemas dinámicos de adquisición, procedimientos simplificados y supersimplificados…
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Por su parte, laOIReSconinsta alos adjudicadoresa pedir tres ofertas a los posibles proveedores, a fin de garantizar la concurrencia. Peroes una exigencia que rige sólo en la Administración General del Estado y en algunas comunidades autónomas como Castilla y León, Castilla-Mancha y Aragón.
El Hospital de Alcorcón tiene 400 camas y una plantilla de 2.548 trabajadores.
También los tribunales han contribuido a modelar el contrato menor. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de sentenciar que el contrato menor no es «un mecanismo flexible para gestionar actuaciones sobrevenidas o situaciones urgentes», sino que está «estrictamente vinculado a un criterio cuantitativo»: que no supere los 15.000 o 40.000 euros sin IVA. Es precisamente la urgencia uno de los argumentos esgrimidos por los hospitales para justificar su adicción a los contratos menores.
Las juntas consultivas recomiendan además a los adjudicadores que fomenten la rotación de los proveedores, para no acudir sistemáticamente a los mismos. Sin embargo, a la luz de los contratos menores analizados, no es en absoluto una cautela que practiquen los hospitales. En el caso del de Alcorcón, entre 2022 y 2024, los adjudicatarios preferidos fueron Fresenius Kabi España SA, perteneciente al grupo alemán del mismo nombre dueño de Quirónsalud y que consiguió 606 contratos menores de medicamentos, la también alemana B. Braun Medical –567 contratos–, Palex Medical, asimismo filial de una compañía germana, y las estadounidenses Medtronic y Johnson & Johnson. Todos rozan los 500 contratos en el trienio. Pero por volumen de adjudicación es Medtronic la que más dinero ha recibido del hospital de Alcorcón, 1,23 millones de euros, seguida de Johnson & Johnson, con 786.073 euros, no lejos de Palex Medical, con 758.992 euros.
Un modelo de gestión hospitalaria a extinguir
Creado en 1997, el Hospital de Alcorcón fue –con el de Manacor (Mallorca)– uno de los primeros experimentos del Gobierno de José María Aznar para implantar nuevos modelos de gestión en la sanidad pública. En 2001 fue traspasado a la Comunidad de Madrid. Desde entonces, funciona con un convenio singular por el que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) le paga una cantidad anual a cambio de prestar asistencia sanitaria a la zona sur de Madrid. Este año, tal y como aprobó el consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso el pasado 19 de diciembre, le abonará 217,54 millones de euros. En 2024, le pagó 227,85 millones, según figura en las cuentas de ese ejercicio del hospital. Lo que no impidió que cerrara con un fondo de maniobra negativo de 18,23 millones de euros, un 31% más que el año anterior. Y casi el triple que en 2022. Por ese motivo, lleva años sufriendo tensiones de tesorería, tal y como reconoce el hospital en las cuentas.
El Ejecutivo madrileño también aprobó a finales del año pasado sutransformación en fundación pública sanitaria y la integración de su personal en el Sermas; hasta ahora era una fundación del sector público empresarial. Pero aún se desconoce cómo va a llevarse a cabo esa transición. También se incorporará al Sermas el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que será el primero en abrir las negociaciones con la plantilla. Después lo hará Alcorcón.
El hospital tiene en nómina a 2.548 trabajadores. A diferencia del resto de los centros sanitarios delSermas, se rige porsus propios estatutos y tiene su propio convenio colectivo. Como todas las fundaciones, cuenta conun patronato, donde se sientan la consejera y viceconsejera de Sanidad, así como cuatro directores generales delSermas, una asesora de la Consejería de Economía, el concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón y un coordinador docente de la Universidad Rey Juan Carlos. Desde 2011, su gerente esModoaldoGarrido Martín.
Las preguntas que no contesta el Hospital de Alcorcón
Público envió a la gerencia del Hospital Fundación Alcorcón una serie de preguntas sobre su gestión con los contratos menores y el informe de la Intervención de la Comunidad de Madrid que le advertía sobre el fraccionamiento de cientos de ellos. Pero no respondió a ninguna de ellas. Son las siguientes:
1. El informe de cumplimiento de la normativa elaborado por la Intervención General de la Comunidad de Madrid referido al ejercicio de 2023 ha hallado 421 contratos, por importe de 1.166.509,54 euros, en los que existe fraccionamiento.
El hospital no presentó alegaciones a este punto del informe. ¿Por qué? ¿Ha tomado alguna medida para solventar esta irregularidad?
2. La Intervención ha hecho el cálculo ateniéndose a los contratos que tienen exactamente el mismo título y se adjudicaron al mismo proveedor en el plazo de un año. Pero si se observan con detenimiento, hay muchos expedientes más que tienen el mismo objeto (con diferencias mínimas en el título) aunque dividido en distintos contratos, como los 13 de medias de compresión pantorril de diferentes medidas (43-58-71 cm) adquiridas a Arjo Iberia SL en 13 contratos distintos, por importe total de 19.520 euros sin IVA (supera por tanto los 15.900 euros que marca la ley) o las bandas elásticas Thera que se reparten en contratos distintos según los colores: amarillo, azul, rojo, verde, gris (18 contratos por importe total de 15.175 euros). Hay muchos más, fraccionados según el calibre, la talla, la longitud, etcétera del objeto.
En cambio, el informe no ha incluido como fraccionados los cientos de contratos que se han etiquetado como «medicamentos diversos». Un título tan genérico, ¿no supone una vulneración de los requisitos de publicidad de los contratos menores, una manera de ocultar el objeto concreto real del contrato?
3. ¿Podrían explicar por qué recurre el hospital de forma tan intensa a esta forma irregular de contratación, pese a las reconvenciones de la Intervención y de las juntas consultivas de contratación?
¿No utilizan acuerdos marco, licitaciones simplificadas y supersimplificadas, centrales de contratación, etcétera, toda la gama de procedimientos abiertos disponibles? ¿No hacen una «planificación» adecuada, tal y como recomiendan la Intervención y las juntas consultivas de contratación, para conseguir que el contrato menor sea «excepcional»? Según la doctrina, «el fraccionamiento fraudulento del objeto de un contrato se puede producir tanto mediante la suscripción de diversos contratos menores destinados a la obtención de un resultado único […] como también llevando a cabo contrataciones menores sucesivas para cubrir necesidades recurrentes».
7. En 2024 hemos encontrado algunos contratos con importes ínfimos. Por ejemplo, dos con PTC Therapeutics International de 0,17 euros y 0,06 euros. El objeto de ambos es «medicamentos diversos» y tienen la misma fecha: 5 de marzo. ¿Es un error de la Plataforma de la Contratación? En caso contrario, ¿pueden explicar qué tipo de contrato es éste?
El español es mayoritariamente obediente, acomodaticio, elástico, transigente… Peor. Es maleable. Así nos llevan adiestrando desde hace dos siglos para que traguemos carros y carretas con los borbones. ¿Este? Nos vale. No, mejor este otro… y también nos vale. Le tocaba a ese, pero vamos a poner a esta… y nos vale también.
Ese español medio de mente sencilla, como alumno aventajado que es de un país con una educación secuestrada desde 1851 por una secta religiosa, acepta comerse los mocos mientras aplaude el desfile de plutócratas sin recibir explicaciones y, como quien va a misa, sin hacerse preguntas ni buscar respuestas.
Carlismo malo. Carlistas casposos. Carlos María Isidro traidor. Guerras carlistas… carlismo, carlismo, carlismo… los tenemos interiorizado como los malos de la película, pero son los mismos perros que habitan en La Zarzuela, solo que con distinto collar. Son borbones con sus mismos vicios, iguales corrupciones y la misma inmoralidad. Son el mismo tronco familiar, pero nos han aleccionado para que aceptemos la diferencia y demos por legítimos a los de Felipe. Y no, los legítimos son los otros borbones. Felipe VI procede de la rama corrupta y usurpadora, que pasa ahora por ser la liberal porque, piénsenlo, se ha tenido que adaptar para mantener el negocio del trono. De haber llegado hasta aquí la rama legítima de los borbones, sus miembros se habrían adaptado igualmente y los carlistas serían los liberales y los felipistas los rancios.
Felipe VI procede de la rama corrupta y usurpadora, que pasa ahora por ser la liberal porque se ha tenido que adaptar para mantener el negocio del trono
Poco se habla de Carlos María Isidro, el hermano del mastuerzo Fernando VII. Y aunque hemos oído hablar mucho en el cole de carlismo, de sus orígenes y de las guerras que provocó su lucha por el poder, no tanto de los personajes en cuestión; así que, hagamos primero un breve recordatorio por si alguien no tiene situados a los llamados carlistas.
Fernando VII se murió, pero se saltó la legislación vigente e hizo un apaño para que lo sucediera su hija Isabelita. La ley dinástica de los borbones decía que al rey no le puede suceder una mujer, por muy hija que sea, mientras haya un hermano, un tío, un primo o un sobrino. Como el mastuerzo no quería que el trono de España pasara a su hermano Carlos María Isidro, que era el legítimo Príncipe de Asturias, y por tanto heredero al trono, cambió la ley para que el Principado pasara a su hija. Desde entonces, los descendientes del tal Carlosmari se consideran los herederos legítimos al trono de España y entienden que Felipe VI es un usurpador. Y tienen razón. A los republicanos nos traen al pairo las disputas intestinas borbonas, pero hay que reconocer que lo que es, es.
Fernando VII, firmando la derogación de la Constitución de 1812.
Dejando al margen la endémica bronca de esta familia, a estas alturas ya es difícil deducir cuál de las dos ramas habría sido la menos perjudicial para España, aunque, objetiva y matemáticamente, sin duda, la carlista. De entrada, nos habríamos ahorrado tres guerras civiles que desangraron el país, varias insurrecciones, golpes militares y miles de muertos. Por lo demás, la misma repulsa se merecen tanto unos como otros puesto que en lo único que estuvieron de acuerdo los borbones legítimos y usurpadores ha sido en el apoyo a la dictadura franquista.
En lo único que estuvieron de acuerdo los borbones legítimos y usurpadores ha sido en el apoyo a la dictadura franquista
Los carlistas pasan por ser unos pirados tradicionalistas, ultraconservadores, católicos patológicos, rabiosos antiliberales… menos una escisión carlista que ahora dice ser chupi-progre. No pierdan nunca de vista que los borbones son borbones y su naturaleza los lleva a fragmentarse como amebas. Todos. Echen una ojeada a la desestructurada familia de Felipe y la ciudadana Ortiz, pues en el mismo plan están sus primos de la rama legítima carlista. Desestructurados.
El principio de todo esto estuvo en el desencuentro entre hermanos en 1833, cuando Fernando le dijo a Carlosmari que tenía que jurar a su hija Isabel como Princesa de Asturias, y Carlos María respondió cariñosa y formalmente con una carta encabezada por «Mi muy querido hermano de mi corazón, Fernando de mi vida…», para decir a continuación que ni de coña juraba a la mocosa; que ni su conciencia ni su honor le permitían jurar otros derechos que no fueran los que marcaban la ley, y esa ley decía que el heredero de la corona tenía que seguir llevando pantalones. Y tenía razón. La ley es la ley.
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Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII y origen de la escisión carlista.
El mastuerzo, a vuelta de correo, derramó el mismo cariño en la carta que encabezó diciendo: «Mi muy querido hermano mío de mi vida, Carlos de mi corazón…», para continuar diciéndole que se largara del país y no volviera. Y por cierto, te he confiscado todos tus bienes, hermano de mi vida.
A la vista está que los hermanos, más que quererse, se adoraban, pero las consecuencias de tanto corazón mío y tanto cariño de mis entretelas fueron las tres guerras carlistas que dejaron en el campo de batalla a miles de españoles.
Tras la expulsión del país del legítimo Príncipe de Asturias aún faltaba por llegar lo peor, porque cuando por fin se produjo el óbito del mastuerzo, Carlos María Isidro fue proclamado en Bilbao como el rey Carlos V. Ahí empezó la guerra, y ahí empezaron las distintas cuentas de los borbones con sus respectivos reyes.
Pero son sus cuentas; no se dejen contaminar por los trileros borbones ni permitan que les intoxiquen con insostenibles argumentos feministas en favor de la niña isabelita; forman parte de la misma dinastía, con idéntica ausencia de valores e iguales intereses, y tan machistas unos como otros, pero los usurpadores que fueron ganando las guerras y aplastando las insurrecciones familiares necesitaron el apoyo de los liberales y no les quedó otra que ir adaptándose en el siglo XIX a las exigencias políticas del momento si querían seguir reinando. De haber cambiado las tornas, los carlistas legítimos se habrían adaptado igualmente para retener el trono.
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Carlos María Isidro se hubiera adaptado como se adaptó Isabel II y luego la hubiera cagado igual que la cagó Isabel II
A estas alturas de curso, con todas las pruebas en la mano, se puede afirmar con total seguridad que la regencia de María Cristina fue nefasta y el reinado de Isabel II un desastre, pero los españoles no tenían opción de elegir y, de haber podido hacerlo, sería como decidir si era menos pernicioso saltar desde la Torre Eiffel o desde el Empire State. Te tires de donde te tires el resultado sería igual de trágico. La regencia de los cristinos y el reinado de los isabelinos fueron dos absolutas calamidades. Corrupción, mal gobierno, involución… No sabemos qué habría pasado de haberse proclamado el legítimo; probablemente lo mismo, y Carlosmari se habría adaptado igualmente a las políticas del siglo XIX porque los reyes se acomodan a quienes les protegen el trono. Carlos María Isidro se hubiera adaptado como se adaptó Isabel II y luego la hubiera cagado igual que la cagó Isabel II.
Como los partidarios de Carlosmari han seguido siendo borbones sin tapujos, sin necesidad de disfrazarse de supuesta progresía y sin tener que adaptarse a nada, continúan instalados en su tradicional ranciedad borbona. Tanto los actuales borbones usurpadores como sus denostados parientes legítimos han dado en los últimos ciento y pico años muchos bandazos ideológicos con tal de mantener o intentar conseguir el trono. Cristinos, isabelinos, carlistas, alfonsinos, juancarlistas y felipistas se sitúan donde más les conviene según vengan dadas porque cuentan con la ventaja del citado español acomodaticio y la protección del gobierno de turno.
Tan extravagante es asistir a las hostias entre Felipe, la ciudadana Ortiz, el delincuente Juan Carlos, Elena, Cristina, Sofía y el resto de fauna y flora contemporánea, como comprobar la bronca de la rama legitimista, donde también se produjo una escisión muy simpática que ha llevado a que parte de sus miembros se declarasen socialistas autogestionarios y que firmaron pactos con los comunistas al final del franquismo. Madre del amor hermoso.
A partir de la expulsión de Isabel II en 1868, cuando se reactivó la ilusión de los legítimos herederos de Carlosmari por retomar el paso del trono, los borbones volvieron a confraternizar sin pudor pese a que los españoles tenían que seguir respondiendo a alzamientos y guerras cada vez que a los carlistas les salía de la boina roja. Se dieron una tregua entre ellos durante el paréntesis que se impuso con la llegada del Saboya porque ahora tenían un enemigo común al que batir: Amadeo I y su consorte la reina María Victoria. Ahora ya no eran carlistas contra alfonsinos (doña Isabelona había abdicado en el chavalín en 1870), sino borbones, todos, contra amadeístas. Ya llegaría el momento de dividir fuerzas y reanudar la disputa, pero, mientras, no había razón para desaprovechar los privilegios de la villa y corte, las fiestas, los banquetes…
Alegoría de ‘Revolución Gloriosa’ de 1868 que obligó al exilio a Isabel II
Hasta los boicots contra los nuevos monarcas los organizaban a pachas (recuérdenme que les cuente la estrafalaria “Rebelión de las Mantillas” de la primavera de 1871, con las partidarias alfonsinas luciendo un broche con la flor de lis y las adeptas carlistas prendidos los suyos con una margarita como reivindicación de la reina titular en aquellos momentos, Margarita de Borbón y Parma, esposa del autoproclamado Carlos VII).
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Los carlistas se han ido poniendo desde hace 193 años nombres con su numerito al lado, como si fueran reyes de verdad, para poder mantener la bufonada
Si ya resulta complicado a algunos ordenar la lista de los reyes usurpadores borbones oficiales, ni les cuento la de los borbones legitimistas. Ni yo me la sé, que vivo en un estado de fascinación permanente con esta loca familia. Los carlistas se han ido poniendo desde hace 193 años nombres con su numerito al lado, como si fueran reyes de verdad, para poder mantener la bufonada. Repasen conmigo: Carlos María Isidro se proclamó Carlos V, luego llegó su hijo Carlos VI, Juan III, Carlos VII, Jaime III, Alfonso Carlos I, Javier I, Carlos Hugo I, Carlos VIII, Enrique V y Carlos Javier I. Está claro que a los carlistas les gusta llamarse Carlos. Y hago notar que se inventaron un Juan III igual que los juancarlistas y los felipistas se han inventado su propio Juan III, el padre de Juan Carlos, y ese es el nombre que han grabado en el sarcófago de la cripta real de El Escorial. Así que se da la bonita paradoja de que hay dos borbones con el nombre de Juan III, uno carlista y el otro franquista. Y los dos, como reyes, dos farsantes.
Actualmente, mientras la niña Leonor se pasea por los cuarteles para aprender a toda hostia a conducir tanques, pilotar cazas y manejar portaaviones, hay otros borbones legítimos que también tienen herederos aspirantes al trono de España. Los homólogos de Felipe son uno que se hace llamar su alteza real Enrique V, que vive en París, que es súper-mega-ultra-todo siempre al servicio de la cristiandad, la hispanidad y la ranciedad y que anda el hombre senil perdido… y luego está otro, sobrino del senil y de la rama de los pretendidos progres, que es neerlandés y actual reclamante del trono que usurpa Felipe, Carlos Javier I. Este hombre se ha nacionalizado español, y en 2016, con ocasión del nacimiento de su primer hijo machote y legítimo (también tiene uno de extranjis porque, no lo olvidemos, es un borbón), el príncipe Carlos Enrique de Borbón y contrincante actual de la del moño, organizaron una misa y un tedeum en la catedral de Barcelona y convocaron a los carlistas para presentar al nuevo heredero al trono de “Las Españas”. No me digan que no son graciosos…
También tenemos otra alteza real borbona en París, encima senil, y otra real alteza en Países Bajos.
Ya… ya sé que no, porque no tenemos bastante con la turra de un rey borbón cabreado en La Zarzuela que quiere hacer más de lo que hace porque se cree que sabe más de lo que sabe, y con otro rey borbón delincuente entre Abu Dabi, Suiza y Sanxenso, que también tenemos otra alteza real borbona en París, encima senil, y otra real alteza en Países Bajos. España no da para tanto rey, señoras y señores. No queremos ni uno y andamos con cuatro al retortero.
Y esto no acaba aquí, porque este disparate de familia borbónica ha seguido provocando disturbios y muertes en este país ya metidos en el siglo XX. Aquí dejamos pendiente hablar de la escandalosa boda real entre dos borbones de las ramas usurpadora y legítima, y de los sucesos de Montejurra.
Las cartas están sobre la mesa. Ya no es una sugerencia ni una idea lanzada al vacío. Irene Montero y Gabriel Rufián han diferido en algunas posiciones en el acto celebrado la tarde de este jueves, 9 de abril, en Barcelona, pero no en la esencial. El evento llevaba por título ¿Qué hay que hacer? Y lo que hay que hacer, de acuerdo con lo defendido por ambas figuras políticas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), es «inventar algo electoral» para frenar el avance del fascismo. «Cuando digo que quiero hacer equipo con Gabriel es porque soy consciente de que hay que hacer algo». Así lo ha repetido hasta la saciedad Montero tanto en el acto como en las entrevistas ofrecidas durante el día.
Antes de que diera comienzo el intercambio, el ambiente estaba cargado. Tanto es así que la dirigente morada ha apuntado, en su primera intervención, que reinaba una cierta «contención» entre el patio de butacas. Era la expectación por si se lanzaba una propuesta en firme. Sin embargo, se ha hablado más de intenciones y necesidades que de una idea concreta y cristalina. Ya avisaba Xavier Domènech, exdiputado en el Congreso y en el Parlament de Catalunya, en conversación con Público, de que el debate no tenía por qué ser «concluyente», sino algo así como una base sobre la que empezar a construir.
Los primeros compases han sido los esperados. Rufián ha defendido la potestad —y la oportunidad— que tiene ERC de «inspirar» a las izquierdas españolas y ha sido muy claro en una convicción: «Me niego a avergonzarme por decir que quiero que a las izquierdas españolas les vaya bien«. Y ha abrochado: «Yo quiero un gobierno del PSOE sometido a EH Bildu, ERC, Compromís o Adelante Andalucía».
Montero, recuperando una arenga tantas veces reproducida en las filas de Podemos, ha llamado al cambio. «No todo es ganar votos, sino la convicción profunda de que las cosas pueden cambiar«. La eurodiputada, en ese punto, ha interpelado a todos aquellos que «están hartos de agachar la cabeza» porque «ahora lo que mola es decir que la violencia no tiene género o que los migrantes son delincuentes». A esa gente es a la que las izquierdas tienen que dar esperanza. Sacarla de sus casas y permitirle mirar, de nuevo, al frente. Y para ello hace falta, en palabras de la política morada, «hacer equipo» con tal de evitar que las derechas —con todos sus resortes mediáticos, políticos o judiciales— «nos arrasen«.
La premisa se ha ido esclareciendo a medida que han pasado los minutos. No hay que hablar solo de lo electoral, pero también hay que hablar de lo electoral. Se respiraba entre la pareja la sintonía necesaria para probar algo nuevo. Domènech, que ha moderado la conversación, ha condensado en una cita su tesis sobre la reconfiguración del espacio: «La única forma de parar al fascismo es la alianza de las izquierdas«. Ni Rufián ni Montero han ahondado en el cómo, pero el republicano sí que ha dicho sin tapujos que hay que «inventar algo». Y ha apostillado: «Sí, electoral«. Tras el acto que compartió Rufián con Emilio Delgado en febrero, el político independentista ya habló de una fórmula para concurrir a unas elecciones: que por cada provincia se presentara solo la izquierda con más capacidad aglutinadora.
Al encuentro, han asistido figuras como Ione Belarra, secretaria general de Podemos; Joan Tardà, exdiputado de ERC en el Congreso o Gerardo Pisarello, diputado de Comuns.
En Barcelona, Rufián consolida la idea de generar una alianza electoral y, además, suma a Podemos a la causa. Eso sí, el catalán ha deslizado, en un dardo —no demasiado venenoso— a las fuerzas políticas que, cuanto más se entre en el «cómo«, más fácil lo tienen para poner pegas. Por lo tanto, la conclusión es clara: generar ilusión y fomentar la idea del frente amplio, pero dejar tiempo «a las cúpulas de los partidos» para que dialoguen.
Ensanchar el marco de la izquierda
Si algo ha conseguido el acto es despejar varias dudas, amplificadas en los últimos días por el altavoz de los medios de comunicación. Primera: ¿Aspira Rufián a postularse como candidato a las próximas generales?. «Yo no quiero gobernar España, yo quiero que se gobierne bien España», ha atajado, a modo de respuesta, el portavoz republicano. Segunda: ¿Están dibujando Rufián y Montero una suerte de tándem electoral? «Hacer equipo para movilizar a la izquierda merece la pena», planteaba, en un primer momento, Montero. Una mano tendida que, a lo largo del acto, se ha ido diluyendo.
«No hay una única vía», razonaba, cerca del final, Rufián, animando, eso sí, a la construcción de un «bloque de las izquierdas«. «¿Por qué no formamos un grupo interparlamentario en el Congreso?», exhortaba a los partidos que integran la cámara. Bildu, BNG, IU o Sumar. Un grupo que defienda, ha seguido explicando, una causa común. «Cada uno en su casa y el antifascismo, el derecho a la autodeterminación y la dignificación de las condiciones de vida —pasando por la vivienda—, en casa de todos», terminaba de dar forma a la idea.
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Tercera: ¿Es la unidad la llave para cerrarle a las derechas las puertas de La Moncloa? Domènech ha hablado de «la alianza de las izquierdas» como única vía, un guante que han recogido los dos ponentes, aunque con matices. «No hay una fórmula mágica«, reconocía, por su lado, Rufián, que no ha dejado, por ello, de lanzar algunas pistas. «Evitemos faltarle al votante de Vox y de Aliança Catalana. No todos son unos fachas», criticaba, para empezar, el diputado de ERC, recordando que el problema no son solo los fascistas, «también los neutrales«. Una clave más: la izquierda tiene que disputar la batalla por el poder digital. «Yo prefiero llenar TikToks que bibliotecas«, aseguraba, consciente de que hay que hablarle a la gente «de tú a tú».
En cualquier caso, para Rufián, la principal tarea de la izquierda sigue siendo material: «Llenar la nevera«. «¿Por qué un currela de Mercadona —puteado, precario y que está pagando por una habitación lo que sus padres por una casa decente— vota lo mismo que Juan Roig?», ha sembrado el debate el dirigente de ERC, proponiendo un nuevo lema para el espacio de la izquierda: Una familia, una casa. La vivienda es precisamente, para Rufián, el ejemplo claro de que la izquierda «ha decepcionado». Dentro y fuera del gobierno, en Catalunya y en España y cediendo, para colmo, demasiados marcos a la derecha. «No podemos regalar discursos y temas. Tenemos que hablar de orden, de seguridad, de inmigración… De los temas que, tradicionalmente, incomodan a la izquierda«, se ha posicionado, sin ambages, el político independentista.
Un extremo en el que ha chocado con la oposición de Montero. «¿En qué momento la izquierda no ha hablado de seguridad«, se ha preguntado en voz alta la eurodiputada de Podemos. Seguridad es, para Montero, no ir a trabajar cuando se tiene un dolor, poder llevar a los hijos a escuelas públicas de calidad o que una víctima de violencia de género pueda tener una vivienda de emergencia pagada con dinero público. «En lugar de comprar los marcos de la derecha, ¿por qué no les contestamos desde nuestros propios valores? ¿por qué no les decimos que son unos hipócritas?», ha dado la vuelta a la conversación la dirigente morada. Desmontando, a la vez, el desgastado mantra del patriotismo: «Luchar para que las mujeres estemos vivas y no nos asesinen, luchar para que tengamos tiempo libre, luchar por no currar hasta la extenuación y por tener salarios y alquileres dignos, eso es decir Viva España«.
Que la izquierda soberanista lidere a la estatal
Tanto Domènech como Rufián han puesto el acento en algo que sería un cambio de dinámica histórico en el tablero izquierdo de la política española: que sean las izquierdas soberanistas las que lideren la reformulación e impulsen algo parecido a un frente común.
Domènech considera que es una «inmensa oportunidad» que en ningún caso supone «perder las siglas». «Por primera vez, podemos poner nuestros programas en el centro y construir para el conjunto de las izquierdas«, reivindica el exdirigente de Comuns. Rufián ha apuntalado el argumento y ha hablado de una aventura a la izquierda del PSOE que «no ponga en duda la autodeterminación». Para culminar el acto, y desde esa concepción más territorializada de las izquierdas, Rufián ha puesto en valor el trabajo y el futuro de figuras como Mónica Oltra (Compromís), Ana Pontón (BNG) o Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía).
El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de reforma constitucional para incorporar al artículo 43 un nuevo apartado que diga: «Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios para dicho ejercicio». La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Igualdad, se tramitaría por la vía del artículo 167. Es decir, la reforma ordinaria, que exige mayorías de tres quintos en Congreso y Senado.
Según ha explicado Ana Redondo tras el Consejo de Ministros, la propuesta busca «constitucionalizar» la dimensión «prestacional» del derecho al aborto. Ese es el punto de partida de la propuesta. El ministerio ha subrayado que la libertad de decisión de las mujeres ya queda protegida por los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De modo que ahora lo que se añade, lo que a su juicio hace falta explicitar en la Carta Magna, es su prestación.
Redondo ha defendido la medida en base a tres argumentos principales. El primero es de contexto político internacional: la extrema derecha —ha señalado— ha puesto en riesgo derechos de las mujeres en distintos países, de modo que conviene blindarlos antes de que ese ciclo reaccionario pueda traducirse aquí en retrocesos. El segundo es una cuestión de legitimidad democrática: la ministra ha apelado al amplio apoyo social al derecho al aborto y ha presentado la reforma como un modo de acompasar el texto constitucional con una realidad social ya asentada. El tercero es de coherencia normativa: según Redondo, la propuesta conecta a España con la senda emprendida por otros países europeos que han elevado esta garantía en su marco constitucional o cuasi constitucional.
Leído así, el planteamiento del Gobierno no parte de la idea de que el aborto sea hoy ilegal o de que la libertad de decidir carezca de cobertura, sino de que sigue existiendo una distancia considerable entre lo que es el derecho reconocido y el derecho ejercido. Esa es, de hecho, la palabra clave de toda la argumentación ministerial, su «ejercicio». Uno que, tal y como apunta Noelia Adánez —jefa de la sección de feminismos en Público—, depende en muchas ocasiones más de una cuestión moral que de la consideración de la Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE) como un derecho.
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Ahora bien, ¿serviría realmente esa reforma para mejorar la situación de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo? José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI (Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo), se muestra algo más escéptico. Bosch no discute que la inclusión del aborto en la Constitución pueda tener un valor simbólico o político. Pero cuestiona que, tal como está diseñada, aumente la protección jurídica real de las mujeres. Su objeción principal es que la propuesta coloca el nuevo precepto en el artículo 43, dentro del capítulo III del título I, el de los principios rectores, y no en la sección primera del capítulo II, donde se ubican los derechos fundamentales.
En el sistema constitucional de nuestro país, los derechos fundamentales de la sección primera cuentan con «reserva de ley orgánica, tutela reforzada y acceso al recurso de amparo». Los principios rectores, en cambio, tienen otra naturaleza y «dependen en gran medida de su desarrollo legal». Bosch parte precisamente de esa arquitectura para sostener que, si el aborto se consagra expresamente en el artículo 43, puede darse la situación de que su reubicación lo convierta en un derecho con «menos capacidad de protección».
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, tras el Consejo de Ministros.
Lo que ha establecido el Tribunal Constitucional
En la sentencia 44/2023, dictada al resolver el recurso contra la ley del aborto de 2010, el Tribunal Constitucional afirmó que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo debe interpretarse del modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de las mujeres. Y precisó que la ley configura una prestación pública de la IVE como un «derecho público subjetivo de carácter prestacional». Además, la resolución vinculaba esa garantía con los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas y con la obligación de las administraciones de asegurar el acceso efectivo a la prestación.
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La sentencia 78/2023 fue todavía más lejos. Al resolver el caso de una mujer murciana derivada a una clínica privada de Madrid para abortar fuera de su comunidad, el Constitucional sostuvo que la interrupción voluntaria del embarazo «forma parte del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la integridad física y moral (art. 15 CE) en conexión con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad (art. 10.1 CE)». Y reconoció expresamente que el Servicio Murciano de Salud vulneró el derecho fundamental de la recurrente al dificultar de forma relevante su acceso a la prestación.
Eso es lo que permite entender todas las reservas por parte de Bosch. Si hoy el Tribunal Constitucional ya está leyendo la IVE como parte del contenido protegido por los artículos 10.1 y 15, y si además ya ha otorgado amparo por vulneraciones concretas del acceso al aborto, la pregunta es si una reforma en el artículo 43 suma realmente protección o introduce una ambigüedad innecesaria. Dicho de otra forma, la cuestión no es si la Constitución puede mencionar el aborto, sino dónde y para qué.
Una ley que se cumple a medias
Si se deja a un lado la dimensión simbólica, el problema central no parece ser tanto la inexistencia de un derecho como su cumplimiento desigual. Los datos del Ministerio de Sanidad sobre 2024 son muy elocuentes: en España se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, y el 78,74% se realizaron en centros y clínicas privadas con financiación pública (las usuarias no tuvieron que pagar de su bolsillo las intervenciones), frente al 21,25% en centros públicos. Donde cuatro comunidades superan el 75% de IVE realizadas en la sanidad pública, mientras que en 11 regiones y ciudades autónomas ese porcentaje no alcanza el 10%.
Esos datos invitan a una primera conclusión y tiene que ver con que el principal cuello de botella hoy es organizativo, territorial y asistencial. Hay más obstáculos ligados a cómo se organiza el servicio, a la estigmatización profesional y a la falta de circuitos eficaces que a una objeción individual estrictamente entendida.
La universalización de la sanidad, la gran condición
La reforma constitucional no abriría automáticamente más consultas, no formaría equipos, no resolvería los problemas de derivación, no eliminaría la desigualdad entre comunidades, no activaría de la nada registros de objetores ni corregiría la precariedad administrativa que expulsa del sistema a muchas mujeres. A lo sumo, podría reforzar un marco político general y ofrecer un argumento adicional para exigir a los poderes públicos que actúen. Pero el terreno en el que hoy se juega de verdad la efectividad del derecho es otro.
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Y ahí cobra una particular importancia el Real Decreto 180/2026, sobre la cobertura sanitaria de las personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal, aprobado por el Ministerio de Sanidad el pasado mes de marzo. A diferencia de la reforma constitucional, esta norma sí interviene sobre un problema muy concreto y muy material, como es el acceso al sistema sanitario por parte de personas migrantes en situación administrativa irregular.
Esta norma influye de lleno en el ejercicio del derecho al aborto, sobre todo en lo relativo a su artículo 4. Entre los colectivos de especial protección, el decreto menciona expresamente a las mujeres extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España que soliciten acceder a la interrupción voluntaria del embarazo.
Esto importa especialmente si se lee a la luz de los obstáculos descritos por las propias mujeres migrantes y por las organizaciones que las acompañan. Hace unos meses, una mujer senegalesa relataba en un reportaje de Público que cuando quiso abortar en el centro de salud le dijeron que sin tarjeta sanitaria no podían hacer nada.
Frente a eso, el real decreto (siempre que se aplique) introduce mejoras muy concretas. Permite acreditar la residencia habitual no solo con el empadronamiento, sino también con otros documentos, entre ellos certificados de servicios sociales, de ONG de utilidad pública, facturas de suministros, inscripción consular o certificación de centros de la red pública de migraciones. Además, al obligar a los servicios sanitarios y sociales a facilitar la tramitación desde la primera atención y al reconocer un acceso provisional mientras se resuelve el expediente, reduce el riesgo de que una mujer pueda perder buena parte de unas semanas que son decisivas en esta intervención atrapada entre ventanillas.
Cierto es que el decreto no eliminará por sí solo el racismo institucional, ni garantizará que todo el personal administrativo conozca y aplique bien el procedimiento. Tampoco corregirá automáticamente la desigualdad territorial en la prestación de la IVE, ni la escasez de recursos públicos en determinadas comunidades. Pero sí hace más exigible y operativa la entrada al sistema sanitario de mujeres a las que, en la práctica, se les cerraba la puerta.
Hoy la mejora de las condiciones de vida y de acceso de las mujeres que deciden abortar depende menos de una nueva cláusula constitucional que de decisiones administrativas, sanitarias y presupuestarias. Está supeditada, en todo caso, a que la prestación pueda realizarse realmente en la red pública donde hoy no se ofrece, existan equipos preparados, la objeción de conciencia no se convierta en objeción estructural, no haya que desplazarse cientos de kilómetros, las mujeres migrantes no queden atrapadas fuera del sistema por no tener padrón o tarjeta, y los laberintos burocráticos no vacíen el derecho de contenido.
En la agenda de la Casa de Su Majestad el Rey debería estar señalada el próximo 2 de abril, jueves santo, la siguiente actividad: «Lavatorio de pies de SS.MM los Reyes en el Salón de Columnas del Palacio Real».
He entrado abuscarloy no está.Mal.
Les da asco o les da vergüenza. Mal igualmente.
Felipe y la ciudadana Ortiz, igual que antes hicieron Juan Carlos y Sofía, han roto una tradición de siete siglos sin dar explicaciones. No puede ser que las monarquías seleccionen lo que les viene bien o mal para continuarlo o no. Su única utilidad es mantener los teatrillos tradicionales para salir en el ABC, soportar tediosas audiencias, ofrecer almuerzos o cenas de gala a mandatarios extranjeros, firmar donde les dicen, ir a ver al papa, entregar galardones, inaugurar Fitur y el Salón de la Alimentación, presidir honoríficamente una cantidad ingente de patronatos y fundaciones que no tienen ni idea de para qué sirven, leer discursos, posar, acudir a desfiles patrios, recibir a deportistas con medallas, imponer condecoraciones a casposas órdenes de caballería… ¿Me dejo algo? Sí, me dejo mucho, pero nada de lo que me dejo ni menciono contribuye de forma activa y efectiva a que este país progrese.
Toda la agenda es absolutamente prescindible porque sus majestades son prescindibles. Cumplen con protocolos y compromisos que podrían gestionar de forma más efectiva y provechosa un buen equipo de relaciones públicas que adjudicaría cada evento al departamento o a las instituciones gubernamentales interesadas y entendidas en el contenido, y que ya de paso, seguro, limpiaría de polvo y paja más de la mitad de las actividades que ahora pueblan la agenda de Felipe, Letizia, Leonor, Sofía y la otra Sofía. Unas son absurdas; otras, medievales; otras, carentes de interés, y todas innecesarias.
Sería impagable poder ver en la prensa a la ciudadana Letizia lavando y secando los pinreles de doce mujeres mendigas, y a Felipe los de otros doce mendigos. ¿Por qué nos hurtan este centenario acto del lavatorio de pies?
Decía que en la agenda de sus majestades debería estar previsto el jueves 2 de abrilde 2026el lavatorio de piesen el Palacio Real,porqueesaviene siendo suobligación,como católicasmajestades que son,desdehace 784años. Y,además,sería impagablepoderver en la prensaa la ciudadana Letizia lavandoy secandolos pinreles de doce mujeresmendigas, y a Felipelos deotros doce mendigos.¿Por qué nos hurtaneste centenario acto del lavatoriode pies?Pues por lo mencionado anteriormente, porque les da ascoy, disimuladamente, se lo han cepillado de susobligacionesa ver si no nos damos cuenta.
El saltarse lastradiciones es un derecho reservado a la plebe. Si la permanencia de la monarquía solo se basa en la tradición,aquí ni dios debe saltarse una de las más ancestrales. Si el pasado 20 de marzo Felipe acudióal hipócrita acto de su toma de posesión comoprotocanónicode la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma,tal y como se viene haciendo desdehace siglos, que lave también los pies de losmendigos.
Si la pecadora Letizia cumplió con la tradición de acompañar de mala gana a su marido a ese solemne acto en Roma que concluyó con rezo de padrenuestro y bendición, y si utiliza en sus audiencias con el papa el privilegio del blanco reservado a las católicas reinas de España, pues que lave también los pies de las mendigas. Y por cierto, ¿mantuvo la señora Ortiz durante el rezo en la basílica dirigido por el arcipreste cardenal Rolandas Makrickas esa chulería de no santiguarse cuando toca y que practica deliberadamente en España para dejarse ver y recuperar su imagen ateísta? No lo sé. Se han cuidado muy mucho de que no haya más imágenes que las oficiales, pero ya les aseguro yo, sin pruebas pero también sin dudas, que Letizia dobló la cerviz ante la alta representación de la multinacional, genuflexionó y hasta besó anillos.
Los reyes de España y León XIV en un encuentro en el Vaticano, el 20 de marzo de 2026.
Y otro por cierto… dado que ha venido servido por la actualidad: dejen de indignarse los ateos (¡no piquen, por el amor de dios!) con situaciones como la de la cofradía de machirulos de Sagunto que no permite procesionar a las mujeres. ¡Pues por supuesto que no deben procesionar! Son las normas de una secta destructiva que deben acatar todas y todos los miembros que voluntariamente pertenecen a esa banda. ¿Qué demonios hacen los ateos y los agnósticos defendiendo absurdos derechos de unas mujeres pertenecientes a una pandilla religiosa machista, homófoba, pedófila y déspota? No me sean flojos… no caigan en la trampa… que los de la secta quieren estar en misa y repicando y solo entonces reclaman la solidaridad de los mismos a los que desprecian por herejes. Mi apoyo a los machirulos de Sagunto.
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Si el pasado 20 de marzo Felipe acudió al hipócrita acto de su toma de posesión como protocanónico de la basílica papal de Santa María la Mayor de Roma, tal y como se viene haciendo desde hace siglos, que lave también los pies de los mendigos
Si han llegado hasta aquí con la incredulidad lógicaque suscita esto del lavatorio de pies,llega el momento de aclarar que esto no es producto demimala baba republicananide mi absoluta repulsa hacia los miembros pasados, presentes y futuros de esta arcaica institución.Lavar los pies adoce mendigoses una obligación de los reyes deEspañacada jueves santoque se rompió sin justificación alguna en 1976aprovechando la desinformación endémica de los españoles.
Por remitirme a los últimos reyes que cumplieron a rajatabla con esta obligación católica e hispana, Alfonso XIII y su consorte británica, permítanme que imagine cómo fue el momento en el que el responsable de protocolo de la casa real cumplió con la complicada tarea de explicarle a la señora majestad Victoria Eugenia el rito con el que tuvo que cumplir el jueves santo de 1907, la primera semana santa que le tocó chuparse en este país y que la escandalizaría como escandaliza todavía hoy a todo cristiano anglicano convencido.
Los anglicanos ven con muy malos ojos las juergas católicas procesionales porque les produce enorme rechazo el boato y el despiporre de estatuas, todas lujosamente vestidas y enjoyadas hasta las cejas. A ellos no les encaja el derroche de la semana santa católica porque ese lujo atenta contra las enseñanzas básicas del cristianismo. Tampoco les gusta que se celebre tan ostentosamente la muerte, ni la exhibición de tanto cristo sangriento, tanta estatua de señoras llorosas, tanto dolor… porque ellos vuelcan la celebración en la supuesta resurrección, que es más guay. Mucho mejor resucitar que morirse… donde va a parar.
El obispo de los anglicanos en Madrid se preguntaba hace unos años «¿Qué diría Jesús si se viera paseando por las calles encima de un trono, con vestimentas bordadas en oro?». Pues qué va a decir, señor obispo remilgado… que el negocio es el negocio.
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Entre los cristianos, además, ni siquiera coinciden las cuentas. Los ortodoxos y anglicanos celebran el sábado de resurrección, no el domingo, pero porque tienen poco ojo para ver la rentabilidad de tanto muñeco de acá para allá. Además, si Jesucristo no existió y no murió… igual da el día que lo resuciten. El obispo de los anglicanos en Madrid se preguntaba hace unos años «¿Qué diría Jesús si se viera paseando por las calles encima de un trono, con vestimentas bordadas en oro?». Pues qué va a decir, señor obispo remilgado… que el negocio es el negocio.
A lo que iba es a que la primera semana santaa la que se enfrentóla jovencitareina de EspañaVictoria Eugenia,con solo 19 años,debió sera finales de marzo de 1907, y con su embarazo muy avanzadopuesto que el príncipe de Asturias Alfonso nació en mayo. No puedo asegurar que aquel jueves santoVictoria Eugenia pudiera cumplir con el rito del lavatorio de pies con un bombo de ocho meses, pero si no fue ese año fue al siguiente, y aunque se librara en su primera semana santa, en la segunda ya no la salvó ni dios.
Elencuentro entre el responsable de protocolo de casa real intentando explicarleen inglésa la británica la que se le venía encimadebió de ser más o menos así:
-Majestad… el jueves santo, siguiendo la tradición centenariacon la quelos reyesy reinasde la monarquía hispánicacumplen cada año desde hace más de sietesiglos, debe lavarleslos pies a doce mujeres pobres.
–¡¿What?!
-Como lo oye…
-¡¿Why?!
-Porque eso hizo nuestro señor Jesucristoconsus doceapóstolesen el cenáculo, ypara demostrarque además de su reyy maestrotambién era su servidor,tomó aguaylavólos piesa todos.En total 24pinreles.
-¡¿Where?!
–En el MonteSión, señora majestad. Lo pone en lanovela.
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-¡No!¡Quedigo que dóndetengo que hacer esa guarrería!
-Ah… no se preocupe, no tiene que acudir a los suburbios.Se las traemos aquí,al palacio.
–¿Ysolo porque lanoveladigaque Jesucristo hizo eso tengo que hacerlo yo?
–Así se hace desdequeFernando III El Santoinició la tradición… que,por cierto, majestad, no lo difunda mucho, pero no fuesanto. Nuncafue canonizado. Fue una trampade esta sacra monarquía hispánica porque era la única nación sin un rey en el santoraly consiguieron hacer un apaño.
–OK… no digo nada de lo del tal Fernando, pero…¿lo de los piesno lo puede hacer mihusband?
–No…porqueél también tiene que lavar otros 24 pies de docemendigos.
–Idon’tunderstand…Si Jesucristonuestro señorse supone que lavó los pies alos doce apóstoles,¿por qué nosotros tenemos que hacerlocon el doble y lavárselos a24 pobres? En total son48 pies… soyguiripero sé contar.
-Es la tradición, señora majestad… ¿Es que cuando usted era anglicana, yle recuerdo asu majestad queesto fuehasta el año pasado, novio la ceremonia del lavatoriode piesdel jueves santoenel castillo de Windsor?
-¡¿EnWindsor?!¡¿La abuelita Victoria o mi tíoel reyEduardo VIIlavando los pies de los pobres?! ¡Ohmygod!
-Se trata de una ceremonia litúrgica cristiana, señora majestad…
–Pero es que solo aquí os lo creéis todo…Hacelongtimeque lo de los pies se sustituyó por dar unas limosnas…
-Puessorry, peroeso no es todo…A los pobres también hay que darles de comer.
–Pues que les den.
–Es queson sus majestades los que tienen que servirles…
-¡¿What?!¡¿Why?! ¡¿Where?!
-Es la tradición.Lo pone en la novela. También aquí, en palacio.
-Pero… ¿dónde demonios diceen la Biblia que tenemos que servirles?
–En el mismo párrafo de lo de los pies.Ya sabe… repartió el pan, sirvió el vino…
-¡Ohmygod!
Teatrillos al margen, pero con la seguridad de la absoluta sorpresa de Victoria Eugenia cuando le comunicaron el rito que estaba obligada a cumplir, quien haya leído la novela relacionará esto de lavar los pies con uno de los cuentitos que la integran. En concreto el titulado Lavatorio de los pies, capítulo 13, versículos 1 al 15, que dicen que escribió un tal Juan y que recoge cuando el tal Jesús, durante la última cena antes de que lo trincaran, agarró una jofaina con agua y una toalla y lavó y secó los pies de sus doce discípulos.
La ‘performance’ del lavatorio fue adornándose a lo largo de setecientos y pico años hasta llegar al siglo XX, en el que la ‘performance’ pasó a ser una bufonada tradicional con la que han venido cumpliendo, como tiene que ser, todos los reyes, reinas, consortes y regentes.
Fue el rey castellano Fernando III, el conquistador de Sevilla, el que en el año 1242 tuvo la genial idea de reproducir la escena. La performance del lavatorio fue adornándose a lo largo de setecientos y pico años hasta llegar al siglo XX, en el que la performance pasó a ser una bufonada tradicional con la que han venido cumpliendo, como tiene que ser, todos los reyes, reinas, consortes y regentes. Como no había apóstoles a mano, los responsables de casa real se encargaban de buscar 24 pobres, doce hombres y doce mujeres, para que el rey y la reina hicieran su teatrillo con presencia de Grandes de España, la prensa y toda la plebe que entrara en la tribuna que se instalaba en el Salón de Columnas del Palacio Real. Ante las lógicas dudas de algunos lectores sobre este asunto, les remito a la hemeroteca del portavoz oficial de los borbones, el ABC, que informaba con todo lujo de detalles y numerosas imágenes la majadera ceremonia del lavado.
Felipe VI y Letizia asisten a una ceremonia para asumir el título histórico de protocanónigo honorario de la Basílica Papal de Santa María la Mayor, en Roma, el 20 de marzo de 2026.
Durante el periodo de Isabel II, la reina lavaba los pies de las mujeres, mientras el consorte Francisco se ocupaba de los de los hombres bajo la atenta y tierna mirada de su novio Antonio Ramos. Con la restauración de los borbones en la figura de Alfonso XII recuperaron la ranciedad católica, y luego su viuda, la austriaca María Cristina, cumplió con el lavado de pies exclusivamente a mujeres. A ella tuvieron también que explicárselo, pero en alemán, cuando la facturaron a España para casarla. Durante la regencia cumplió sola con el lavatorio, sin que participara ningún hombre, pero en cuanto llegó a la mayoría de edad Alfonso XIII su madre se desentendió de semejante asquerosidad y empezó a cumplir con el rito él solo y solo con hombres (¿se entiende o ponemos tilde?). Cuatro años después se casó con la british Victoria Eugenia, y desde entonces compartieron la gansada cada jueves santo de cada año.
Hasta cuándo duró esto, puede que se pregunte algún lector con voz entrecortada. Hasta 1931. Probablemente la última sandez de Alfonso XIII y Victoria Eugenia antes de partir expulsados aquel 14 de abril fue cumplir doce días antes, el 2 de abril, con el que sería definitivamente el último lavatorio de pies de los borbones. Estoy segura de que, solo por eso, y por dejar de lavar pies de pobres, les mereció la pena el exilio. No consideraron necesario mantener la payasada ni hubo que buscar mendigos franceses, suizos, británicos o italianos por las distintas residencias que recorrieron, ya por separado, en su peregrinaje europeo. ¿Se imaginan a Alfonso XIII en su suite de 300 metros cuadrados del Gran Hotel de Roma recibiendo a doce mendigos romanos para lavarles los pies en jueves santo? Lo que recibía eran novias.
Los pobres seleccionados tenían que ser ancianos, y antes del día de la ceremonia los 24 eran minuciosamente reconocidos por los médicos de palacio. Sarnosos, piojosos, tuberculosos y demás osos quedaban excluidos, no fueran a pegarles algo a sus majestades
Existendatos muy precisos y detallados de la ceremonia del lavatorio de piesdurante todo el primer tercio del siglo XXen el Palacio Real, así que borren ya de una vez por todasese ceño arrugado que denota incredulidady sigan empapándose: los pobresseleccionados tenían queser ancianos, y antes del día de la ceremonia los 24 eran minuciosamentereconocidospor los médicos depalacio, encargado dedeclararlos o no aptos para participardel evento. Sarnosos, piojosos, tuberculosos y demás osos quedaban excluidos, no fueran a pegarles algo a sus majestades.Una vez pasado el examen a todos y todas se les facilitaba una indumentaria adecuada, que una cosa es sermendigo yotramuy distintaparecerlo.
Tanto a mujeres como a hombres, a los que vestían con traje, capa y chistera que podían quedarse luego, les obligaban previamente a bañarse y rascar bien la mugre con estropajo y jabón, especialmente los pies porque eran los que tenían que tocar y besar los reyes. No duden que hasta les harían la pedicura porque alguno llevaría las uñas como gavilanes.
El rito continuaba con los doce mendigos sentados en una fila y las doce mendigas en otra, cada uno con su par de pies metidos en una jofaina. El rey y la reina, cada uno en la fila de sus correspondientes pobres, se agachaban, les pasaban la manita con agua por los pies, sin tocar mucho, y los secaban. Avanzaban entonces hasta el siguiente mendigo mientras un grande de España se encargaba de ponerle al pobre anterior los calcetines y los zapatos. Una vez terminado el suplicio real, los reyes tenían aguamaniles de oro que sujetaban un duque y una duquesa, también grandes de España, donde lavarse ellos mismos las manos después de haber tocado doce pares de pies de pobres.
Y llegaba entonces el segundo acto: la comilona. Cada uno de los grandes de España tenía asignado un indigente al que acompañar hasta la gran mesa del Salón de Columnas de palacio. Cada duquesa o marquesa acompañaba a la mesa a su mendiga, y cada marqués o duque a su pobre asignado. Hombres pobres, a un lado de la mesa. Mujeres pobres, al otro. Algunos años, en mesas separadas. Los mayordomos les daban los platos a los reyes, que los ponían en la mesa delante de los pobres. Y ahí finalizaba la puesta en escena, porque los comensales no podían disfrutar allí del banquete. Los ocho o nueve platos bien abundantes (tortilla de patata con cebolla, merluza frita, congrio con arroz, lenguados fritos, empanadilla de sardinas -la carne ni olerla, que era vigilia-, coliflor, alcachofas rellenas, salmonetes asados, torta de hojaldre, queso de bola, arroz con leche, aceitunas, frutos secos, ciruelas, melocotones confitados y naranjas… con ligeras variaciones cada año) se guardaban en tarteras, y a cada uno de los pobres, además de la ropa, los zapatos y demás complementos del atuendo les regalaban un gran canasto donde guardaban, no solo la comida sobrante que permitía comer a una familia varios días, sino las jarras del vino, los saleros, los vasos, las cestas del pan, las fuentes… porque todo eso les permitían llevarse de recuerdo de aquel caritativo y humilde acto borbónico. Lo cierto es que, nada más salir de palacio, los pobres solían vender toda la vajilla porque les importaba un pito tener de recuerdo un salero de palacio. Y así fue hasta 1931.
Exigimos recuperar las tradiciones patrióticas. Exigimos a sus católicas majestades, la ciudadana Ortiz y el borbón Felipe, que reanuden el lavatorio de pies a doce mendigos y a doce mendigas el jueves santo.
Todo se rompió con Juan Carlos y la griega, que cuando (¡estoy segura!) algún alto cargo de la multinacional fue a recordarles la necesidad de reanudar la ceremonia del lavatorio de pies en jueves santo, Juan Carlos debió decir: «¡De eso nada! A nosotros el jueves santo nos pilla en Marivent, y yo ya he quedado con Marta». Felipe y Letizia, los muy hipócritas, se sumaron al disimulo.
Exigimos recuperar las tradiciones patrióticas. Exigimos a sus católicas majestades, la ciudadana Ortiz y el borbón Felipe, que reanudenel lavatorio de pies a docemendigos y a doce mendigas el jueves santo.El¡Hola!lo necesita, elABClo necesita, los españoles lo necesitamospara saber que Felipe y Letizia sirven para algo.
Recogida de firmas ¡ya! para que vuelva el lavatorio de pies del jueves santo en el Palacio Real.
Un mes después de ordenar la ofensiva bélica contra Irán, Donald Trump no ha doblegado a Teherán a pesar de sus más de 10.000 objetivos alcanzados por sus bombas y de acabar con buena parte de su cúpula dirigente. El presidente de Estados Unidos, entre continuas contradicciones, busca a la desesperada una salida a una de las mayores crisis mundiales en lo que va de siglo. Una crisis a la que Washington ha sido instigado por Israel y su supremacismo en Oriente Medio, y en la que Irán está mostrando una sorprendente resistencia y una temible habilidad para golpear a la economía internacional con sus contraataques en el Golfo Pérsico y el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, arteria vital para gran parte de los hidrocarburos que consume el planeta.
La guerra de Irán ha puesto contra el muro a las economías más fuertes y a las más débiles, con los vaticinios más oscuros si se alarga siquiera un mes más el conflicto. De momento, ha terminado de descoser las costuras de la OTAN, con insultos desaforados de Trump a sus aliados por no acompañarle en una aventura bélica desorganizada y complaciente con los intereses del hegemonismo israelí, las petroleras estadounidenses y los fabricantes de armas.
La guerra de Irán ha puesto contra el muro a las economías más fuertes y a las más débiles
En Irán, las acciones militares de EEUU e Israel decapitaron al régimen islámico, con el asesinato el primer día de su líder supremo, Alí Jameneí, y con la matanza en las jornadas siguientes de los más destacados miembros dela jerarquía iraní. Sin embargo, el resultado ha sido una mayor radicalización del sistema, con el hijo de Jameneí, Mojtaba, como su sucesor y con un mayor poder para los Guardianes de la Revolución islámica. Al tiempo, la guerra ha propiciado el cierre de filas con los nuevos dirigentes del país de buena parte de la población que hace dos meses clamaba en las calles por el fin de la teocracia iraní.
El resultado ha sido una mayor radicalización del sistema, con el hijo de Jameneí, Mojtaba, como su sucesor
La guerra ha disparado la ira y el odio a estadounidenses e israelíes, y la destrucción por los misiles, bombas y drones del Pentágono y el ejército judío dejará una cicatriz que marcará a Irán y a Oriente Medio durante décadas.
Otra vez, las guerras de las mentiras
De nuevo, Washington cometió el mismo error que en 2001,cuando atacó Afganistán, y en 2003, cuando invadió Irak por la presunta amenaza de que Bagdad tenía armas de destrucción masiva. Trump se valió, como hizo entonces su colega republicano George W. Bush, de la mentira de que Irán estaba a punto de obtener armas nucleares para justificar esta ofensiva masiva, que comenzó el pasado 28 de febrero sin ser consultada al Congreso de EEUU.
Dos días antes habían tenido lugar en Ginebra unas negociaciones clave de EEUU con Irán, para controlar y desmantelar buena parte de su programa nuclear con cierta aquiescencia de Teherána cambio del levantamiento de sanciones que pesan sobre el régimen islámico. Lo que no sabían los iraníes es que a principios de esa semana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había convencido ya a Trump para lanzar un ataque a gran escala contra Irán y asesinar en las primeras horas de la ofensiva a Jameneí y su Estado mayor militar y político, reunidos en un fatídico encuentro que conocía Israel.
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EEUU difunde en su red social X operaciones militares dirigidas contra objetivos del régimen de Irán, como parte de la operación denominada Epic Fury.
Los bombarderos de israelíes y estadounidenses destrozaron en los días siguientes las fuerzas navales de Irán, gran parte de los silos de misiles del ejército persa, los cuarteles principales de los Guardianes de la Revolución –el ejército paralelo y más temible del régimen islámico–, atacaron las instalaciones nucleares con bombas capaces de penetrar cualquier blindaje de acero u hormigón, y arrasaron aeródromos y puertos por todo el país persa.
La población, la primera víctima de esta guerra ilegal
Los misiles estadounidenses e israelíes también han matado a unos 3.300 iraníes, de ellos 1.400 civiles, una cifra que seguramente sea mucho mayor, pues el Gobierno de Teherán se guarda mucho de alarmar más si cabe a la población. Esta ocultación es, sin embargo, difícil de mantener, como sucedió en Minab, en el sur de Irán. En esta localidad de la provincia de Hormozgán, un doble bombardeo estadounidense con misiles contra una escuela de primaria asesinó el 5 de marzo a al menos 168 personas, la mayor parte niñas de entre siete y 12 años, despedazadas por las bombas o enterradas vivas entre los cascotes del colegio.
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Trump llegó a acusar a los propios iraníes de haber lanzado el ataque, pero las primeras investigaciones pronto dejaron claro quién era al auténtico autor de la masacre, una repetición calcada de los bombardeos de civiles en el genocidio cometido por Israel en Gaza e igual que aquí denunciada por la ONU como crimen de guerra.
Tumbas para víctimas de un ataque contra una escuela en Minab, Irán.
A pesar de que ya en las primeras jornadas de la guerra, Trump afirmó una y otra vez que la capacidad militar de Irán había sido destruida, sin embargo, el Ejército iraní no ha cesado de responder. Ni es verdad que Israel y EEUU han destruido toda la potencia misilística de Irán, ni las alabadas defensas israelíes o los sistemas antimisiles desplegados por el Pentágono en el Golfo han sido capaces de interceptar todos los proyectiles lanzados por los iraníes.
Oficialmente las armas iraníes han causado en Israel unas 15 víctimas mortales. En el caso de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio son 13 los soldados muertos y 300 los heridos. También han sido asesinados por los misiles y drones iraníes una docena de civiles en los países árabes de la región.
La batalla de Ormuz
El terror causado por esta capacidad de represalia iraní continúa en el Golfo Pérsico, a pesar de que Trump y Netanyahu insisten en que ya no deberían quedar misiles ni lanzaderas ni apenas drones iraníes. Este pánico, provocado con ataques iraníes muy seleccionados a objetivos civiles, incluidos los depósitos y refinerías de crudo y gas en esos países del Golfo Pérsico, así como las amenazas lanzadas contra la navegación en el estrecho de Ormuz y otras zonas de ese mar, está siendo suficiente como para paralizar buena parte del tráfico marítimo en la región y golpear con fuerza la economía mundial. En las últimas horas, Emiratos Árabes Unidos, uno de los países más atacados por Irán, ha propuesto formar una coalición en el Golfo para entrar también en la guerra y abrir Ormuz.
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Por el estrecho de Ormuz circulaba el 20% del crudo y el gas mundiales
Por el estrecho de Ormuz circulaba el 20% del crudo y el gas mundiales, y un tercio de los fertilizantes, por citar solo dos ejemplos. En estos momentos solo pasan los contados buques que permite Irán, especialmente los chinos; el miedo y los precios impuestos por las navieras y las aseguradoras han hecho el resto.
En el plan de paz de 15 puntos brindado por Trump a los iraníes esta semana se exigía la apertura total del estrecho de Ormuz, so pena de arrasar las centrales eléctricas de Irán. La respuesta de Teherán fue rechazarlo, exigir el fin de los ataques para comenzar a negociar y reclamar para sí el control total de esa vía de comunicación vital entre el Golfo Pérsico y el océano Índico, proponiendo en contrapartida la imposición por Irán de tarifas al paso de barcos por la zona.
Israel a la conquista del Líbano
La otra cara de esta guerra quizá no sea tan dolosa económicamente, pero está reconfigurando también el mapa de Oriente Medio. Al empezar la contienda, las milicias de Hizbulá, estacionadas en el Líbano, lanzaron una andanada de misiles contra Israel, sin que causaran víctimas mortales en un primer momento. El Ejército israelí respondió con una ofensiva total contra el sur del Líbano y los barrios chiíes de Beirut, donde podría haber milicianos de Hizbulá.
Los bombardeos israelíes han dejado incomunicada esa parte meridional del Líbano, con la voladura de los puentes del río Litani. La intención de Netanyahu es invadir ese zona, casi un 10% del Líbano, y asimilarlo a Israel como una zona de contención, aunque la idea de los radicales judíos en su Gobierno es que pueda ser ocupado poco a poco por colonos ilegales israelíes.
La intención de Netanyahu es invadir casi un 10% del Líbano
De momento, la guerra de Irán llevada al Líbano por Israel ha acabado con la vida de más de un millar de personas y ha obligado a desplazarse desde el sur a un millón de libaneses. Netanyahu ha ordenado la llamada a filas de 400.000 reservistas israelíes, un paso que permite adivinar qué es lo que va a pasar en los próximos meses en el Líbano.
Lo adelantó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz: se aplicará en el Líbano la misma estrategia de tierra quemada que en Gaza, con aldeas arrasadas, demolición de viviendas, destrucción de infraestructuras y limpieza étnica de su población, empujándola hacia el norte.
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La apuesta de Israel para aniquilar al régimen iraní e invadir el Líbano se ha convertido en un obstáculo casi infranqueable para que EEUU e Irán acuerden un alto el fuego. En última instancia, Netanyahu podríafrenar sus ataques aéreos en Irán, pero será a cambio de tener las manos totalmente libres en el Líbano.
Una trampa para Trump
No parece que Trump lo tenga nada fácil para detener la guerra.Aunque hay negociaciones en la sombra, no parece probable una capitulación de Irán,pese a los planes de EEUU de lanzar una ofensiva terrestre, a pesar del altísimo riesgo que supone tal paso.
El Pentágono prepara nuevos refuerzos importantes a los cerca de 50.000 soldados que tiene en Oriente Medio. Esta semana se habló de hasta 10.000 nuevos efectivos, entre ellos tropas de élite de la 82 división aerotransportada. Estas unidades son normalmente enviadas a zona de guerra como paso previo a una invasión.
El carguero con bandera de Tailandia Mayuree Naree envuelto en humo negro en el Estrecho de Ormuz , 11 de marzo de 2026.
El 6 de abril se cumple el postrer ultimátum dado por Trump para que Irán despeje el paso de Ormuz. Una opción es el ataque a algunas de sus islas del Golfo Pérsico, entre ellas la de Jarg, que gestiona el 90% de las exportaciones petrolíferas de Irán. Su captura pondría en manos del ejército estadounidense mucho, muchísimo petróleo.
Según la web estadounidense Axios, que cita fuentes oficiales, además de Jarg, el Pentágono estaría considerando tomar otras islas iraníes, como Larak y Abu Musa, claves para el control del estrecho de Ormuz. Igualmente se evalúa el abordaje e incautación de los petroleros y mercantes que transporten crudo iraní hacia el Índico. Esta acción no le gustaría nada a China, el mayor cliente del petróleo iraní.
Los partidarios de tales acciones consideran que un éxito militar así podría impulsar a Trump a declarar el fin de la guerra y apuntarse un tanto que le permita salvar algo la cara en medio del desastre.
Desafección creciente en EEUU
Estas amenazas, que no parecen alterar mucho a los iraníes, están siendo cuestionadas en los propios EEUU, donde aumenta la desafección a la política exterior de Trump y al empantanamiento en una guerra que se podría haber evitado.
La subida de los precios de los combustibles y el fantasma de la inflación enervan cada vez más a una población que rechaza la estrategia errática de Trump. Todo ello, con las elecciones de medio término a la vista, en noviembre, cuando los estadounidenses votan la renovación de buena parte del Congreso.
En este sentido, son ya unos cuantos los miembros destacados del Partido Republicano que están manifestando su desacuerdo con su jefe. Un ejemplo lo dio esta semana la representante republicana Nancy Maceal rechazar una ofensiva terrestre:«No sacrificaremos vidas estadounidenses por las mismas políticas exteriores fallidas», dijo tajante Mace, en una bofetada directa a esta guerra y a sus artífices.
En las primeras horas posteriores al ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, Donald Trump rompió un tabú para muchos presidentes: no descartaba poner botas estadounidenses en el terreno si fuera necesario. Un mes después de hacer esa afirmación, la posibilidad ya no es retórica, sino real: el Pentágono ha movilizado a la región dos unidades de marines MEU, con unos 2.200 efectivos cada una, y los paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada. No es lo mismo enviar a Oriente Medio portaaviones y buques destructores, que enviar tropas especializadas en ataques terrestres.
Mike Prysner, veterano de la guerra de Irak y activista por la objeción de conciencia, es más directo: «Sinceramente, esto me recuerda mucho a la invasión de Irak». Según explica aPúblico, los últimos movimientos de tropas buscan preparar un despliegue. «No significa que una invasión terrestre sea inevitable, sino que es una contingencia real. El presidente ha dicho que quiere tener la opción de invadir, y el Pentágono lo ha preparado todo. Si él toma la decisión, pueden ejecutar una invasión de inmediato, con planificación y fuerzas ya posicionadas. No quiere decir que vaya a pasar; solo que han hecho enormes preparativos para que sea una opción disponible en cualquier momento», señala.
El movimiento de tropas se produce a la par que el presidente estadounidense asegura que está negociando con Irán. Este jueves por la tarde, Trump volvía a ampliar el plazo de su ultimátum energético: los ataques a las infraestructuras eléctricas del régimen quedaban postergados hasta el próximo 6 de abril a las ocho de la tarde. La situación actual amenaza con convertirse en un déjà vu cínico. Hace un mes, el yerno del presidente, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff, estaban en Suiza negociando con los iraníes sobre el programa nuclear, mientras los portaaviones Abraham Lincoln y Gerald Ford terminaban de tomar posiciones en el mar Arábigo.
Los ataques a las infraestructuras eléctricas del régimen quedaban postergados hasta el próximo 6 de abril
El presidente estuvo un mes y medio lanzando mensajes contradictorios contra el régimen, mientras aprovechaba para ir construyendo el despliegue militar que después usaría para atacar a Irán el 28 de febrero. Los ayatolás tienen pocos incentivos para creer en Washington como interlocutor fiable. Teherán ha estado negando cualquier tipo de negociación, aunque rechazó el plan de paz presentado a través de Pakistán.
El enrocamiento de Irán en su posición vuelve a reflejar la asimetría del tablero: para los ayatolás, no perder es ya una victoria. En cambio, para Trump, todo lo que no sea una victoria explícita podrá ser ya leído como una derrota. Paradójicamente, Teherán ha visto cómo la guerra le ha reportado algunos beneficios estratégicos que de otro modo serían impensables. El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y los ataques a las refinerías del Golfo han generado tal estrés económico que Estados Unidos ha levantado temporalmente algunas sanciones al petróleo iraní.
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Por qué el estrecho de Ormuz es tan importante.
Con este patrón, lo que están viendo los ayatolás es que escalar la guerra puede conducir a Trump a adoptar medidas extremas que les beneficien. El régimen mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y no solo daña a su enemigo, sino que además capitaliza la situación. El bloqueo de este paso marítimo ha disparado el barril de Brent hasta máximos de 115 dólares, cifras que no se veían desde 2022, cuando empezó la guerra de Ucrania. Y estos números ya han sido suavizados por la liberación de reservas de petróleo, por lo que podrían ser mucho peores.
La reserva estratégica de barriles de EEUU alcanzará su nivel más bajo desde 1982
Estados Unidos ha liberado 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. La liberación de petróleo, que ya se inició la semana pasada y se alargará durante 120 días, dejará las reservas del país en unos 243 millones de barriles, un 41% menos que los 415 millones actuales. Esto hará que la reserva estratégica alcance su nivel más bajo desde 1982, según los datos del departamento de Energía. Si la Casa Blanca contemplaba este hecho antes del inicio del conflicto, no se sabe. Aunque el aviso del Pentágono sobre cómo una guerra con Iránconsumirá aún más el mermado arsenal de munición del ejército de EEUU, no achantó a Trump.
La campaña ya ha obligado a movilizar a la región el sistema de defensa antiaéreo THAAD que había en Corea del Sur, y la factura militar no hace más que subir. Tan solo en los dos primeros días de guerra, el Ejército ha gastado 5.600 millones de dólares en munición.
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A pesar de esto, y de que atacar Teherán ha supuesto romper con su promesa electoral de no involucrar el país en conflictos exteriores, las bases MAGA siguen apoyando al presidente. Unnuevo sondeo realizado por Ipsos entre el 12 y el 14 de marzodestaca que un 76% de los votantes de Trump en 2024 apoya la guerra. Además, un 71% dice que su apoyo sigue siendo el mismo que en el primer día a pesar de la dilatación del conflicto. La única cuestión que parece ser un punto de inflexión es la cuestión de enviar tropas. Un 58% está en contra. Ahora, el presidente acaricia esta posibilidad mientras los soldados van llegando a Oriente Medio. Este viernes se esperaba que llegaran los 2.200 marines del USS Tripoli, y los que van a bordo del USS Boxer aún tardarán unas semanas. La división de paracaidistas de élite está lista para actuar en un lapso de 18 horas desde que se les activa.
Hace un año el sonido de las llaves de millones de inquilinos se escuchó por toda España. Fue la primera gran manifestación por una vivienda digna que se vivía en el país. Solamente en Madrid, alrededor de 100.000 personas salieron a las calles para exigir el fin del rentismo. El grito era unánime: «¿Qué pasa? Que queremos casa» y el mensaje claro: las huelgas de alquiler habían llegado para quedarse.
Estos días, coincidiendo con los Housing Action Days, hay marchas y eventos en varios puntos de España, que se suman a las acciones coordinadas que se están organizando en toda Europa. El año pasado más de sesenta países hicieron seguimiento de esta convocatoria, a la que están asociadas tanto la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. «Mientras los ricos se enriquecen, las democracias de todo el mundo se debilitan y millones de personas luchan por satisfacer necesidades básicas como la vivienda», alertan los organizadores. Este año las reivindicaciones se centran en la turistificación, los efectos de la crisis climática y la escalada bélica.
Tras la Asamblea Estatal de la PAH celebrada este fin de semana, los activistas se han unido formalmente a estas jornadas y están anunciando actos desde sus diferentes nodos. En un comunicado difundido a los medios han tachado el nuevo decreto de vivienda de «insuficiente» y «limitado» y denuncian «el abandono deliberado por parte del Gobierno del intento de mantener en pie la moratoria antidesahucios», una medida que ha quedado fuera de este último paquete anticrisis.
Frente a esta situación, hacen un llamamiento a todos los movimientos sociales y ciudadanos a salir a la calle: «Ante estos decretos de mínimos, respondemos con movilizaciones de máximos». En paralelo, con la esperanza de que pueda servir para cambiar la postura de Junts en el último momento, hasta los socios del Gobierno se han aventurado a pedir apoyo. «Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que, cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación, se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa», decía Pablo Bustinduy este lunes, en una entrevista en RTVE.
Andalucía contra los desahucios y la gentrificación
A lo largo del mes de marzo se han organizado varias acciones contra la gentrificación y la especulación en diferentes puntos del país, que buscan presionar a las instituciones, pero también concienciar a la ciudadanía de la importancia de organizarse y participar en las asambleas.
Córdoba ha sido una de las primeras ciudades en sumarse oficialmente a los días globales por la vivienda. Stop Desahucios y otros colectivos han organizado este martes una protesta que ha recorrido el casco urbano. La plataforma denuncia el «reiteradamente nefasto efecto de los llamados fondos buitre», a los que señalan como «los nuevos agentes que desahucian a familias trabajadores sin alternativa habitacional» y denuncia las consecuencias de la caída de la moratoria antidesahucios: «En nuestra ciudad, los desahucios ocurren a diario, y esta acción es nuestro momento para alzar la voz».
Aunque en fechas algo más alejadas de estas jornadas, en Málaga, más de mil personas recorriendo la ciudad el 14 de marzo para apoyar a los vecinos del bloque de Avenida de Europa 15, que se enfrentan a un futuro desalojo masivo. A esa concentración acudieron también los 62 afectados por un desahucio en Manilva, que este martes 24 de marzo se han quedado en la calle sin alternativa habitacional.
«Desgraciadamente se ha ejecutado el desahucio, pero el apoyo vecinal ha derivado en una manifestación por la ciudad y esta noche parece que dormirán las familias en un polideportivo», explica un portavoz de Málaga para Vivir, que denuncia que han dejado a las familias «tiradas a su propia suerte». Este jueves pretenden acudir al pleno de la ciudad para intentar que los vecinos de Avenida Europa no corran la misma suerte.
Semana de movilizaciones: València, Mallorca o Madrid
Este fin de semana hay previstas otras dos concentraciones, una en Mallorca y otra en Madrid. El Sindicato de Inquilinas de Tetuán sale a la calle este sábado 28 de marzo contra «las distintas formas de acoso inmobiliario». Como acción previa, la semana pasada empapelaron varias sedes socialistas, con carteles bajo el lema «Gobierno cómplice de matones y rentistas», exigiendo la desarticulación de las empresas de ocupación.
En la capital de les Illes Balears también se ha hecho un llamamiento a los vecinos para que acudan el domingo 29 a la Plaza de España. El archipiélago registra los mayores porcentajes de descontento ciudadano, relacionados con el acceso a la vivienda. Ángela Pons, portavoz de la PAH en la isla, denunciaba hace hace unos días, en conversaciones con este medio, la situación asfixiante que viven los mallorquines, con cientos de trabajadores del turismo viviendo en asentamientos y caravanas, ante la imposibilidad de acceder a unos alquileres que «en los barrios obreros, ya rozan los 2.000 euros y por una habitación pueden pedirte fácilmente 700 euros».
«Aquí todo es para el turista, pero los mallorquines no tenemos dónde vivir. Y todas las semanas nos enfrentamos a desahucios de gente que se queda en la calle, porque no tenemos narices de encontrarles una alternativa habitacional», cuenta. Este mismo lunes ha atendido un último intento de desalojo de una pareja de 75 años.
También en otras ciudades hay previstos distintos tipos de acciones coordinadas. Segovia se ha unido a los Housing Global Days, con dos actividades, este martes y este miércoles, «para reivindicar y celebrar la semana de acción global por el derecho a la vivienda en un mundo habitable», que serán familiares y participativas. Barcelona o Donostia han anunciado diferentes acciones de lucha que darán a conocer en los próximos días.
Por su parte, en el País Valencià, el sábado, en el barrio de Russafa, se organizará una cadena humana «contra la especulación inmobiliaria», con la que quieren exigir la paralización de un proyecto que pretende construir 34 bajos turísticos y dos sótanos de estacionamiento. Un acto organizado desde València no está en venta, y que enmarcan dentro de esta semana de la lucha internacional por la vivienda.
En Toledo, aprovechando estas jornadas, la recién creada Unión Popular de Inquilinos se está dando a conocer barrio a barrio. Se trata de un grupo de jóvenes «indignados» por la subida de las rentas, las condiciones abusivas de los contratos y la gentrificación turística. Están vinculados a la Unión Popular de Estudiantes de Toledo y, en un comunicado, inciden en que hasta la fecha no había un colectivo en la ciudad al que recurrir en caso de conflicto con el casero o del que exigir el cumplimiento de los derechos de los inquilinos.
Además, el fin de semana pasado dos marchas reunieron a cientos de inquilinos y afectados por la subida de los precios de la vivienda en dos extremos del país: Vigo y Alacant. Unas 800 personas organizadas por Alianza Pola Vivenda exigieron en Vigo medidas contra la «emergencia habitacional», que deja ya contratos que superan los 700 euros, según denunció Juan Medela, portavoz de la Alianza. El colectivo exige que se adopten cinco medidas «inmediatas», entre las que incluía la declaración de la ciudad como zona tensionada –el Ayuntamiento aún no lo ha solicitado– o el establecimiento de un plan plurianual para la ampliación del parque público de vivienda y la creación de un censo de personas sin hogar.
Decenas de personas durante una manifestación para exigir medidas por una vivienda digna, a 21 de marzo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).
En cambio, en Alacant, gran parte de las reivindicaciones y el descontento vecinal giró en torno al escándalo de las VPO que salpica a la provincia tras el estallido del caso de Les Naus. Desde el Sindicato de Vivienda de la Zona Norte han criticado duramente a los gobiernos local y autonómico, a los que acusan de modificar la legislación para facilitar estas concesiones. Piden la expropiación de las VPO adjudicadas a «personas que no las necesitan», la creación de un órgano de gestión en el que participen las asociaciones vecinales y que las personas implicadas en el escándalo sean apartadas de la administración pública.
Acciones coordinadas por toda Europa
«Los ricos se enriquecen cada vez más mientras las democracias de todo el mundo se vacían y millones de personas luchan por garantizar sus necesidades básicas y una casa donde vivir. A medida que se multiplican las crisis, la gente se ve obligada a emigrar, solo para encontrarse con fronteras cerradas, represión y políticas cada vez más racistas», denuncia en un comunicado la Coalición Europea de Acción por el Derecho a la Vivienda y a la Ciudad.
La coalición de activistas se describe como «inquilinos que resisten a los desalojos, trabajadores que luchan por salarios justos y por llegar a fin de mes, personas sin hogar que luchan por una vivienda digna para todes y comunidades que reclaman tierras y espacios para la vida colectiva». Bajo esta bandera se agrupan organizaciones de Irlanda, Alemania, Grecia, India o hasta Ucrania.
Sin ir más lejos, Portugal ha vivido el pasado fin de semana una ola de movilizaciones por la vivienda que ha recorrido unas 16 ciudades. Mientras que los salarios más bajos no llegan a los 1.000 euros, en las urbes el precio de la vivienda no para de subir, con alquileres que ya ascienden hasta los 2.000 euros mensuales. «Madres solteras desalojadas, familias que viven hacinadas, otras que regresan a chabolas sin agua o luz y algunas vuelven del trabajo para dormir en tiendas de campaña», así describen la situación del país en un comunicado los más de 80 convocantes.
En estos días son Francia y Alemania los países que concentran la mayor cantidad de acciones. En Berlín todos los días de la semana habrá diferentes actos, desde marchas a concentraciones o ‘performance’. Este miércoles saldrán con las maletas a la calle para denunciar la turistificación del centro de la ciudad. El jueves hay prevista una vigilia contra la falta de alojamientos y el aumento de los desalojos. También han organizado una «ruta» tras las huellas de los pubs y locales de barrio desaparecidos.
En Francia, entre otros actos, este sábado, en Lion, se organiza un evento en apoyo a 27 familias, incluidos 72 niños, que actualmente ocupan una escuela abandonada, tras haberse quedado sin otra alternativa. «Tras una tregua invernal, vuelven a enfrentarse a la amenaza del desalojo», advierte Jamais Sans Toit, un colectivo en apoyo a la infancia. En gran parte del país galo se suceden actos contra el fin de la «tregua invernal» que protege a las familias de los desalojos. París, Lille, Mulhouse o Marsella tomarán las calles este fin de semana.
A diferencia de otros años, en el comunicado conjunto de los organizadores de estos Housing Action Days se ha hecho un llamamiento claro a la paz: «El año comenzó con alarmas ensordecedoras: presenciamos genocidios y guerras impulsadas por los intereses de los poderosos, alimentando una nueva ola de militarización». Los conflictos, defienden, acaparan recursos que no se destinan a políticas sociales, como la vivienda, y provocan el desplazamiento forzado de miles de personas cada año.
Dos inquilinas han conseguido que un juzgado reconozca que obligar a resolver los conflictos derivados de un contrato de alquiler a través de arbitrajes privados es abusivo. La demandante había firmado un contrato de arrendamiento con la mediación de la Agencia Negociadora del Alquiler SL (ANA). En una de las cláusulas de ese contrato se especificaba que la contratante descartaba la vía judicial para resolver conflictos y que las negociaciones se realizarían a través de un arbitraje. El servicio estrella de la ANA es un producto denominado El Tranquiler.
«Lo que hemos conseguido es que se considere como una cláusula abusiva«, explica Víctor Palomo, abogado de la afectada y miembro del despacho CAES, que describe la desestimación como «novedosa» y espera que sea una vía para que más inquilinos denuncien estas prácticas. Sus clientas habían intentado por todos los medios que le devolvieran la fianza. Sin embargo, la casera se negaba a negociar con ellas y las remitía a la agencia, que, como única solución, pretendía iniciar uno de estos arbitrajes.
Finalmente, las inquilinas acudieron a los tribunales y presentaron una denuncia contra la propietaria y la empresa gestora. En el auto se estima dicha cláusula como nula: «El arbitraje resulta nulo, al ostentar la parte actora la condición de consumidor, al no estar en presencia de un arbitraje de consumo y al no constar que se trate de un órgano de arbitraje institucional, creado por normas legales».
Captura del auto judicial que declara «abusiva» la cláusula del contrato de alquiler firmado por las inquilinas.
Palomo describe este sistema de mediación como «especialmente intimidatorio», ya que lo realiza una empresa privada de abogados, que eligen desde la ANA y que trabaja habitualmente con ellos, por lo que «mucha gente se echa para atrás con sus demandas y no reclama. De hecho, ellos venden este sistema como el mejor para tener al inquilino controlado». En ese mismo punto del contrato, asegura, se incluye que los firmantes renuncian a la vía judicial.
En respuesta a las preguntas de este medio, Sergio Zurdo, director de estudios de la agencia, puntualiza que, «si bien en algún procedimiento se ha podido desestimar la declinatoria de arbitraje presentada, eso no significa que el sometimiento a arbitraje se pueda considerar abusivo». Además, defiende que el arbitraje es un mecanismo legal para resolver conflictos y que la propia Comunidad de Madrid recomienda acudir a estos procedimientos.
Zurdo insiste en que «en la mayoría de contratos de arrendamiento en que interviene la ANA, las dos partes del contrato son particulares y la agencia solo actúa como representante» y que «son consensuados por las partes, porque antes de la firma se les acompaña un modelo para cualquier modificación que quieran plantear, incluida la del sometimiento a arbitraje».
Petición de sanciones a la empresa
A finales de 2025, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros. Entre las infracciones que constató la investigación de este departamento, la empresa inmobiliaria establecía cláusulas ilegales en los contratos que obligaban al inquilino a contratar un seguro de hogar, un servicio de atención al inquilino o a presentar un estudio de solvencia.
La decisión partió de una queja presentada por la OCU, FACUA y el Sindicato de Inquilinas, que ponía el foco en varias empresas, la mayoría de ámbito autonómico. Parte de ellas tenían actividad en la Comunidad de Madrid y fuentes de la Dirección General de Consumo de esta comunidad aseguran que «nueve ya están siendo investigadas y, en su caso, siendo sancionadas».
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Documento del traslado del caso ejercido desde Consumo hacia la Comunidad de Madrid.
Tanto Facua como el Sindicato de Inquilinas solicitaron por las mismas fechas que se abriera un expediente sancionador contra la Agencia Negociadora del Alquiler, conocida por promocionar Tranquiler, «un método infalible para asegurar el cobro de rentas y el cumplimiento del contrato». En el caso del sindicato, en un primer momento se trató de continuar por la vía del Ministerio de Consumo, pero desde este organismo se derivó el caso a Madrid, según confirma un documento oficial al que ha podido acceder este medio.
Desde la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios madrileña afirman haber recibido una denuncia de Facua, de la cual no han dado detalles, pero niegan haber recibido la de los sindicalistas. Sin embargo, además del documento del Ministerio de Consumo que lo confirma, esta asociación ha recibido al menos un informe de denuncia de la Subdirección General de Inspección de Consumo y Control del Mercado de la Comunidad de Madrid, del pasado mes de noviembre, en el que dicen haber identificado «elementos que podrían ser constitutivos de una infracción en materia de consumo» y que esta documentación ha sido remitida al «Servicio de Procedimiento Sancionador».
Documento de la respuesta de la Comunidad de Madrid al Sindicato de Inquilinas.
Para el Sindicato de Inquilinas, el modus operandi de esta empresa es muy similar al de Alquiler Seguro. En el primer texto enviado al Gobierno detallan varias cláusulas que incumplirían la legislación y que han podido comprobar que se incluyen en contratos redactados por esta compañía. El primero de ellos es el cobro de honorarios camuflados en «servicios de los que no se puede desistir» y que «no responden a las necesidades de un inquilino».
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Zurdo explica que la ANA ofrece «de forma opcional» la contracción de una serie de servicios que constan en todos los anuncios, webs o contratos de arras y que «no es obligado contratar». «Tenemos en gestión arrendamientos donde los inquilinos no los contratan», puntualiza. Por contratarlos, como norma general, se abona un 7,75% de la anualidad más el 21% del IVA, con un un tope máximo de 1.100 euros (más IVA). «Hay que tener en cuenta que en la actualidad el precio de muchísimos arrendamientos supera los 1.100 euros, con lo cual este porcentaje en muchas ocasiones no llega ni al 4%», añade.
Los servicios son: limpieza de la vivienda al terminar el contrato, un seguro de responsabilidad civil, servicio de manitas, redacción de anexos cuando se alteren las condiciones del contrato, asesoría jurídica en materia civil, asistencia a la finalización de los arrendamientos para recoger en un acta el estado de las viviendas, gestión del cambio de titularidad de los suministros, domiciliación del pago de suministros, ingresos de fianzas en la Agencia de vivienda social de la Comunidad de Madrid, mediación, wifi, descuentos en suministros o servicio de alarmas.
En la web Trustpilot se pueden leer varias experiencias negativas que denuncian penalizaciones por negarse a contratar estos «extras». «Después de validarme para un alquiler me dicen que uno de los gastos iniciales es el servicio opcional que ofrecen. Digo que no estoy interesado (…) Al final cogieron otro candidato», cuenta un usuario que habla de un servicio de 900 euros. Otro dice que «te hacen pasar por el aro para pagar un servicio adicional de 990 euros más IVA y si no los pagas no te tienen en cuenta«. «Me obligan a coger un servicio adicional (manitas, alarma y limpieza cuando termine el contrato) que ellos ofrecen y me indican que si no lo cojo prefieren a otros postulantes al piso«, añade un cliente.
Otras de las cláusulas que consideran abusivas tienen que ver con el supuesto cobro de estudios de viabilidad o el uso de la fianza como «cláusula penal utilizada a modo de coacción». En este caso, explican que no se estarían devolviendo las fianzas por finalizar el contrato antes del plazo marcado o a raíz de desperfectos en la vivienda que «son valorados unilateralmente» por ANA.
Desde el Sindicato, además, denuncian que los contratos «están prerredactados» y que, por tanto, «los arrendatarios no tienen capacidad de negociación». En el escrito remitido a Consumo aseguran también que, de facto, el papel que asume la ANA implica «la cesión del contrato del arrendador a la empresa». «La descripción que hacen de sus funciones son, de facto, una sustitución de la posición del arrendador«, aseguran fuentes del sindicato que explican que se trata de un apunte importante, porque implica que el contrato sería entre un particular y una empresa (en vez de entre particulares). Estas actividades, puntualizan, van desde la comunicación, la revisión del cumplimiento del contrato o el recibo de los cobros.
A este respecto el director de estudios de la compañía afirma que la responsabilidad de entregar o no las fianzas es decisión de los propietarios y que, cuando no se hace, suele deberse a deudas pendientes por impagos de rentas, de suministros o por deficiencias en las viviendas imputables a los inquilinos. «Todo esto se detalla en el acta de finalización de los arrendamientos», puntualiza. En cuanto a los estudios de viabilidad, «siempre son necesarios y los abonan los propietarios». Además, insiste en que el papel de la agencia en los contratos es de «representación de las dos partes, para gestionar los arrendamientos».
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El Tranquiler
En su página web, la ANA se describe como una empresa líder en seguridad de alquileres, que «transforma un simple contrato en bienestar y serenidad para propietarios e inquilinos». Además, dicen ser la empresa privada que mayor número de contratos de alquiler de protección oficial y pública gestiona de todo Madrid. Según datos aportados por la compañía, actualmente tienen un centenar de viviendas en oferta.
Sin embargo, el abogado de CAES asegura que estos contratos generan de todo menos «tranquilidad en el inquilino». «Actúan como un fondo buitre», subraya, «se dedican a acumular paquetes de inmuebles y sacar el máximo de rentabilidad a los alquileres», además, generando miedo entre los propietarios a «impagos» o «inquiokupas».
Desde el Sindicato de Inquilinas llevan tiempo denunciando que las inmobiliarias son una parte esencial de la dinámica de subida de precios de los alquileres y que su papel va más allá del de «meras intermediarias». Un informe elaborado en 2024 por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona analizó el impacto de estas empresas en el mercado del alquiler y llevó a la conclusión de que su mediación «repercutía negativamente» en la mediación entre casero e inquilino, además de aumentar «la discriminación en el acceso, la insatisfacción y las subidas de precios».
Investigación a Alquiler Seguro
Este periódico publicó la serie Alquiler Seguro, atrapados por contrato , formada por nueve artículos en octubre de 2025, cuando aún Consumo estaba investigando las prácticas abusivas de la compañía. Dos meses después se dio a conocer la multa.
La investigación sobre el gigante inmobiliario desgranó los orígenes de la compañía, que nació poco antes del estallido de la crisis económica de 2008, y desveló muchas de sus prácticas abusivas en el pago de honorarios: pagos de fianzas, un depósito, un seguro de hogar, certificado de solvencia…
Entre otras cosas, el trabajo de Público dio a conocer el negocio «integral» de la compañía, que también actúa como una financiera, prestando dinero a caseros e inquilinos e, incluso, cuenta con su propio índice para actualizar la renta al inquilino cada año.
