Un espacio para radicalizarse. Un lugar virtual donde compartir ideas sobre cómo pasar a la acción. Un chat en el que más de 400 ultras, seguidores de Democracia Nacional (DN), agitan el odio xenófobo. El grupo en Telegram de este partido de extrema derecha está repleto de mensajes racistas y llamamientos a «defenderse» ante la presencia de inmigrantes, incluso con pistolas.
«Hace un par de días tuve el primer encontronazo con dos marroquíes«. Así empezaba la reflexión de «Jav», uno de los integrantes del foro de DN en un mensaje publicado este domingo. Seguido, alertó que «hay que estar preparados, desde clases de artes marciales, manejo de armas, y estudiar la posibilidad de tener armas de fuego, aunque España es muy limitada en esto último».
Otro usario, identificado como «Sarkastik», apoyó esa tesis e incluso sugirió cómo esquivar las dificultades legales. «Se pueden conseguir fácil desde Andorra comprando con prepago y tal sin registrar a tu nombre», afirmó en relación a cómo adquirir «pistolas nuevas». «Yo no soy agresivo, pero una defensa en casa voy a tener», agregó.
El intercambio de mensajes entre esos dos integrantes del grupo tuvo lugar en torno a las 20.00 del domingo. Dos horas después, el administrador del foro reenvió un mensaje de la delegación de ese partido ultra en Madrid sobre un buzoneo de panfletos contra el «gran reemplazo» –una de las teorías racistas que utilizan DN y otras formaciones ultras– en hogares de la localidad de Pinto. Según esas imágenes, los activistas también dejaron propaganda xenófoba en los buzones de la sede de Cruz Roja.
El espacio en Telegram donde circulan estos mensajes comenzó a funcionar el 21 de septiembre de 2024. «Habilitamos comentarios desde el nuevo FORO de DN. Animamos a consultar dudas sobre coordinación y desarrollo de las delegaciones», señalaron en el primer mensaje publicado.
«En este grupo se irá añadiendo a gente de toda España. Ponte en contacto con el delegado de tu zona para que te incluya en el grupo de Telegram correspondiente», indicaron sus responsables.
Desde entonces, el chat ultra –que aparece como grupo de «conversación» ligado al canal oficial de DN en Telegram– ha servido de escenario para la difusión de actividades ligadas al partido, indicaciones sobre cómo afiliarse o instrucciones a los afiliados. «Buscad zonas de conflicto y delincuencia y colocad nuestra propaganda allí», señala un mensaje publicado el pasado 28 de julio y dirigido a sus militantes.
Algunos días antes, DN había animado a sus activistas a «apoyar las patrullas existentes» en Torre Pacheco, donde se desataron cacerías contra inmigrantes tras la agresión sufrida por un vecino. Asimismo, el partido ultra que dirige Pedro Chaparro –uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna– instó entonces a «localizar centros de ayuda al inmigrante y dejar testimonio y visibilidad en las redes».
«Tic tac…»
Junto a ese tipo de indicaciones aparecen otras publicaciones realizadas por distintos activistas, normalmente bajo seudónimos. «Esto acabará por detonar algún día y nos tomaremos la justicia por nuestra mano de manera generalizada», escribió uno de los usuarios con identidad oculta. Seguido, otro que responde al seudónimo de «Alpaxino» escribió: «Tic tac… se viene la Justicia Social».
Según ha podido verificar Público, entre las publicaciones que aparecen reflejadas en el foro de DN en Telegram hay abundantes mensajes con insultos y señalamientos contra inmigrantes sudamericanos –a los que denominan despectivamente «panchos»–, africanos o de religión musulmana.
Captura de pantalla de mensajes publicados en el Foro de Democracia Nacional en Telegram.
«Queremos que reaccionen de una vez ante todos los atropellos que están sufriendo todos los días frente a la criminalidad extranjera, ya sean menas o tengan a sus padres; legales o ilegales; nacionalizados o no; moros, sudamericanos, africanos o de cualquier otro rincón del mundo; que vengan a trabajar o a parasitar», escribió el día 3 de este mes el administrador del foro.
«Siempre ir armados»
La «amenaza» inmigrante y los modos de responder ante ese supuesto peligro forman parte del argumentario habitual de los ultras. Un activista que se hace llamar «San Marcos 44» respondió el pasado 2 de septiembre un mensaje de respuesta a otro usuario que hablaba sobre el temor a una Europa «islámica y afroasiática» con una apelación a ejercer de «lobos solitarios», en alusión a la denominación que reciben los atacantes que actúan por su propia cuenta.
El chat también es utilizado por activistas que buscan conocer a otros militantes de ultraderecha con similares inquietudes. «Hola estoy en Madrid hay alguien por el centro… y hablar (sic). Es importante que nos conozcamos… el enemigo avanza», afirmó el pasado 24 de agosto un individuo identificado como «Santom».
Otros ultras aprovechan el espacio para señalar a sus compañeros cómo deben actuar. «Consejo para los que se vayan a enfrentar a un moro, negros o cualquier musulmán. Siempre hay que atacar en grupo (igual que ellos) y siempre ir armados (navaja, pistola, llaves, cadena, spray pimienta, etc) porque el moro nunca sale a la calle sin su navaja en el bolsillo. Es cultural, la llevan siempre con ellos», escribió una ultraderechista bajo el nombre de María D.
«No puedo olvidar lo que sufrí, siempre que escucho el nombre de Frontex siento una gran injusticia por todo lo que viví«. Jeancy Kimbenga tenía apenas 16 años y era un menor no acompañado cuando, el 8 de mayo de 2020, entró por primera vez en aguas territoriales griegas después de dejar atrás la República Democrática del Congo, su país de origen.
Su travesía comenzó en una lancha neumática hacia la isla de Lesbos, pero antes de llegar a la costa, la Guardia Costera helénica, en una operación conjunta con Frontex -la agencia encargada de controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea-, interceptó a la barca en la que viajaba junto a una veintena de personas. Los migrantes fueron remolcados hacia aguas turcas, forzados a subir a balsas salvavidas y abandonados en el mar, hasta que los guardias turcos los rescataron al día siguiente.
Jeancy Kimbenga, migrante congoleño, en una imagen cedida.
Ese fue solo el inicio. En total, Jeancy fue víctima de siete devoluciones forzosas en el mar Egeo. Estas devoluciones en caliente, realizadas sin considerar las circunstancias individuales de los migrantes y sin brindarles la posibilidad de solicitar asilo, son ilegales según el derecho internacional de los derechos humanos.
El 12 de junio de 2020, un mes después de su primera travesía, Jeancy volvió a intentar llegar a Grecia, de nuevo sin éxito y con un desenlace trágico. Vio a su mejor amigo, otro menor no acompañado solicitante de asilo, caer al mar y ahogarse, un recuerdo que lo persigue hasta hoy.
Tras varios intentos fallidos, en noviembre de 2020, el joven decidió tomar acciones legales. Se reunió en Turquía con los abogados de la ONG neerlandesa Front-LEX, que lleva años litigando contra las actuaciones de Frontex, y presentó una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea solicitando la suspensión de las operaciones conjuntas de la agencia en Grecia. Sin embargo, según apunta la organización, los jueces no examinaron ni las pruebas ni el fondo del asunto sino que desestimaron el caso basándose en las normas procesales del Tribunal sobre la admisibilidad. «Estas normas impiden prácticamente a las víctimas de las actividades de Frontex siquiera acceder al Tribunal», apuntan a Público.
Hoy, tras perder el caso, Frontex le reclama al joven 7.680 euros por costas legales. Este medio se ha puesto en contacto con el equipo de la agencia europea para conocer los motivos de la solicitud de dicha cantidad al migrante y su postura oficial tras las acusaciones de ser cómplices de devoluciones en caliente en el mar Egeo, pero no obtuvo respuesta.
Si bien, Frontex ha reiterado en múltiples ocasiones su «firme compromiso» con el respeto de los derechos fundamentales y la legalidad en todas sus operaciones. En 2022, tras acusaciones sobre la gestión de incidentes de devoluciones ilegales, su entonces director ejecutivo, Fabrice Leggeri, renunció. Desde entonces, la agencia dice haber tomado medidas para reforzar la «transparencia y la rendición de cuentas». Su sucesor, Hans Leijtens, se comprometió públicamente a garantizar que todas las operaciones de Frontex se lleven a cabo «respetando plenamente los derechos humanos». Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la situación que denuncia Jeancy.
Primera vez que Frontex apunta a una víctima individual
Frontex manejó un presupuesto cercano a 1.000 millones de euros en 2024 y planea desplegar 10.000 nuevos agentes en 2027. Frente a esa poderosa maquinaria, Jeancy, que aún lucha por superar el estrés postraumático provocado por sus múltiples travesías en el mar, debe enfrentarse a una deuda que no puede pagar. «Es todo tan injusto, y los traumas de todo aquello me persiguen hasta hoy. Así como no tenía dinero para pagar a mis abogados -que trabajaron gratuitamente-, tampoco tengo ahora el dinero que Frontex reclama», explica a Público.
Frontex manejó un presupuesto de 1.000 millones de euros en 2024
Esta es la primera vez que Frontex apunta directamente a una víctima individual de sus operaciones. En una carta enviada a Frontex en agosto de 2025, a la que este medio ha tenido acceso, la ONG Front-LEX subraya que la agencia nunca abordó el fondo del caso ni refutó las pruebas presentadas por Kimbenga, incluido un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y documentos de ACNUR que demostraban expulsiones sistemáticas en el Egeo. Según la organización, Frontex se limitó a copiar argumentos de procesos anteriores, alegando inadmisibilidad y acusando al joven de actuar «con fines políticos o publicitarios». Además, denunció que los 7.680 euros reclamados son «totalmente desproporcionados» respecto al trabajo real realizado, ya que, según explican, el caso no generó una carga compleja de pruebas ni audiencias.
«Cobrar estas cantidades infladas a una víctima directa de violaciones de derechos humanos no solo es inmoral: genera un efecto disuasorio que impide el acceso a la justicia«, advirtió Front-LEX en su réplica. La ONG recordó que el Parlamento Europeo ya había pedido en 2021 a Frontex que se abstuviera de perseguir costas legales en casos similares, por el «efecto amedrentador» que esto tiene sobre la sociedad civil y sobre las propias víctimas.
«Cobrar estas cantidades infladas genera un efecto disuasorio que impide el acceso a la justicia»
Para el joven, que ha podido comenzar una nueva vida en Francia tras concederle la protección subsidiaria, la reclamación es un golpe adicional tras el sufrimiento vivido años atrás. «Me parece una vergüenza que la agencia ni siquiera haya intentado refutar mis denuncias, y que ahora tenga la osadía de pedirme que pague sus facturas. No tengo dinero para eso», manifiesta. La organización Front-LEX será quien asumirá los gastos que la agencia reclama al migrante, si es necesario.
«Hans Leijtens, el director ejecutivo de Frontex, está, intencionalmente, robando al pobre el único cordero que posee. Mientras la Comisión Europea utiliza personal interno para el litigio, Frontex contrata abogados externos a costes ridículamente elevados, solo para alegar que una acción legal es inadmisible», apunta a Público, Iftach Cohen, responsable legal de Front-LEX.
Esfuerzos europeos por contener la migración
Las críticas hacia Frontex se multiplicaron tras salir a la luz una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en 2022. El informe concluyó que Frontex, bajo el mando del ex director ejecutivo Fabrice Leggeri, fue cómplice de los esfuerzos griegos para obligar a los migrantes que cruzaban el mar Egeo a regresar a Turquía en 2020 y 2021. La investigación desveló que al menos seis de estas devoluciones involucraban a barcos de la guardia costera griega cofinanciados por Frontex.
En paralelo, Turquía ha intensificado sus medidas para controlar los flujos migratorios. En marzo, el gobernador de la provincia turca de Edirne, en el noroeste del país, anunció la construcción de un muro en la frontera con Grecia para prevenir las entradas irregulares hacia la Unión Europea. Este movimiento se enmarca en los acuerdos bilaterales entre Ankara y Bruselas para contener la migración.
La historia de Jeancy ilustra claramente cómo estas políticas migratorias enfrentan a un David contra un Goliat institucional. Los migrantes no solo deben sortear los peligros del mar, sino también un sistema legal que, según expertos, les niega incluso la posibilidad de reclamar sus derechos. «Lo viví, lo sufrí y nadie fue investigado. Eso es lo más injusto de todo», concluye el joven.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes nueve medidas contra el «genocidio» de Israel contra la población palestina. Entre ellas destaca la aprobación, este martes en el Consejo de Ministros, de un real-decreto ley para garantizar jurídicamente el embargo de armas como adelantó Público.
También se establecerá la prohibición de importar productos procedentes de los territorios palestinos ocupados. El objetivo es «combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población civil palestina, y mantener viva la solución de los dos Estados».
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Comparecencia de Pedro Sánchez.
Sánchez ha hecho estos anuncios en una declaración institucional realizada en Moncloa. «No van a bastar para frenar la invasión y los crímenes
de guerra pero esperamos que sirvan para añadir presión contra Netanyahu y su Gobierno,
aliviar el sufrimiento de la población palestina y que para que la ciudadanía española sepa que su
país, ante este infame episodio, estuvo en el lado correcto de la historia», ha destacado Sánchez.
Entre las medidas «para detener el genocidio, perseguir a sus ejecutores y apoyar a la población palestina», según ha explicado Sánchez, también se encuentra la «prohibición del tránsito a todos los barcos que destinen combustible» a Israel, la «denegación de entrada a España a todas las aeronaves que transporten materia de Defensa israelí» o la «prohibición de acceso a todas las personas que participen de forma directa en el genocidio» contra la población de Gaza.
El paquete anunciado por Sánchez se completa con la limitación máxima de los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles que viven en los asentamientos ilegales de Israel en territorio palestino (se reducen «a la mínima asistencia legalmente obligatoria); el aumento del apoyo a la Autoridad Nacional Palestina para incrementar los efectivos en la Misión de Asistencia Fronteriza que la UE tiene en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, y la asistencia médica; la ampliación de la dotación económica a la UNRWA, agencia de refugiados palestinos, con 10 millones de euros adicionales, y un aumento de la ayuda humanitaria y de cooperación para Gaza hasta llegar a los 150 millones de euros.
Al comienzo de su intervención, el líder del Ejecutivo ha recordado que el «pueblo judío» ha sufrido innumerables persecuciones, siendo el Holocausto «la más atroz de todas». Por ello, ha dicho, «merecen tener un Estado propio y sentirse seguro en él». Sánchez ha reiterado en este punto su condena a los «ataques terroristas de Hamás» y el apoyo de España al «derecho de Israel a existir».
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«Pero con
la misma convicción el Gobierno cree queuna cosa es proteger tu país y otras
bombardear hospitales y matar a niños inocentes», ha destacado a continuación. El presidente ha incidido en que lo que está sucediendo contra la población palestina es un «genocidio» y que «los datos hablan por sí solos». «La comunidad internacional no lo está sabiendo detener», ha añadido, al tiempo que ha deslizado la «complicidad» con el Gobierno de Netanyahu para explicarlo.
«España
no tiene bombas nucleares. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva
israelí», ha añadido Sánchez. Pero ha puesto en valor que España haya adoptado «medidas valientes» como la presentación de varias resoluciones en la ONU, el apoyo a las causas judiciales internacionales abiertas, el envío de ayuda humanitaria a Gaza o el apoyo a la UNRWA. Todo esto más allá de «procesos políticos clave» como el reconocimiento del Estado de Palestina oficializado en 2024 o la suma de apoyos para la celebración de una conferencia internacional que ponga encima de la mesa la solución de los dos Estados.
Mientras el mundo mira horrorizado la masacre en la Franja de Gaza, Israel está llevando a cabo la anexión de facto de numerosos territorios palestinos en Cisjordania. El avance de los colonos, es decir, de civiles israelíes armados que hostigan a la población autóctona y se asientan en sus tierras, se ha acelerado desde los ataques de Hamás del 7 de octubre. Sin embargo, el fenómeno no es nuevo. Según los datos dePeace Now, entre 1998 y 2025, las declaraciones oficiales de tierras palestinas como israelíes han alcanzado los 54 kilómetros cuadrados. De facto, el territorio ocupado por colonos es mucho mayor.
A finales de agosto, el Gobierno israelí anunció que había aprobado la creación de unas 3.400 viviendas en los territorios palestinos próximos a Jerusalén Este. El nuevo asentamiento permitiría la continuidad territorial entre Jerusalén y Maale Adumim, una de las mayores colonias israelíes de Cisjordania. No satisfecho con ello, Bezalel Smotrich (Sionismo Religioso), ministro de Finanzas del Gobierno israelí, anunció en la primera semana de septiembre que propondría a Benjamín Netanyahu la anexión del 82% de Cisjordania. Tanto los nuevos como los antiguos asentamientos israelíes en este territorio incumplen varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Para que la usurpación de tierras palestinas sea posible, es precisa la eficaz colaboración de los colonos israelíes, quienes llevan años ampliando de facto las fronteras de Israel y expulsando a la población autóctona. La técnica tiene siempre sigue el mismo patrón: acosan y maltratan a los palestinos, además de quemar sus cultivos y asesinar su ganado, impidiendo su subsistencia. Esto es algo relativamente fácil de conseguir debido a la desprotección que enfrentan los palestinos que viven en estas regiones de Cisjordania. Muestra de ello es el hecho de que muchas de las viviendas de palestinos construidas ahí son ilegales a ojos de la administración israelí.
Es Tel Aviv quien debe otorgar los permisos de construcción en ciertas áreas de Cisjordania, lo cual es imposible de conseguir para la población árabe. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OCHA) lleva años denunciando esta práctica en sus sucesivos informes de situación. Cada tanto, bulldozers apoyados por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) llegan a las comunidades palestinas a arrasar lo construido. Escuelas, parques, granjas y viviendas quedan reducidos a escombros en minutos.
Paralelamente, las FDI llevan a cabo sus propias escaramuzas: irrumpen en los hogares palestinos por la noche, detienen a algunos de sus miembros –sobre los que, en muchas ocasiones, no pesan ningún cargo–, cortan carreteras e impiden el paso de vehículos dificultando la movilidad de la población. Como explicó el exsoldado israelí Yehuda Shaul a este periódico, el objetivo de las FDI es hacer notar su presencia. Es decir, «que cada palestino tenga el sentimiento de que estamos en su nuca y de que nunca va a saber cuándo vamos a llegar, qué vamos a hacer, cuándo va a empezar, cuándo va a acabar».
Este papel se complementa con el inmovilismo de las FDI cuando los colonos atacan a la población palestina. En su rol de observadores, las autoridades israelíes no intervienen ni impiden los pogromos. Tampoco llevan a cabo investigaciones sobre los asesinatos de la población palestina y obstaculizan la atención médica a aquellos que han sido heridos, tal y como explicó recientemente el periódico israelí Ynet en un artículo. En muchas ocasiones, cuando la expulsión de la población autóctona es un hecho consumado, el Knéset –Parlamento de Israel– aprueba leyes para anexionar dicho territorio a Israel.
La intervención de los colonos tiene así un papel crucial en la anexión de Cisjordania. Sus ataques físicos y sus discursos prenden la mecha de la violencia en estos territorios, donde entre el 1 de noviembre y el 31 de octubre ya habían sido asesinados unos 612 palestinos. Público pone cara a algunos de los líderes colonos que han facilitado la ampliación de las fronteras israelíes a costa de los territorios palestinos. Todos ellos han sido sancionados por algún país del norte global debido a la usurpación de tierras a los palestinos y/o por llamar a la limpieza étnica contra los árabes.
Daniella Weiss: la líder colona que promueve la anexión de Gaza
Daniella Weiss se niega a responder al famoso presentador estadounidense Piers Morgan, cuando este le pregunta qué opina sobre «el hecho de que 20.000 niños palestinos hayan sido asesinados en Gaza desde el 7 de octubre». «Creo que los palestinos deberían enseñar a sus hijos a no odiar y a no matar a los judíos» es la única respuesta que da. La pronuncia con una sonrisa amable en los labios. Su apariencia entrañable contrasta con sus ideas de extrema derecha y racistas, gracias a las cuáles se ha ganado el apodo de la «madrina» de los colonos israelíes.
Weiss nació dos años antes de que se fundara el Estado de Israel, en 1945, cerca de lo que posteriormente sería Tel Aviv. De su familia, emigrantes judíos de EEUU y Polonia, ha heredado buena parte de su ideología ultraortodoxa, sionista y contraria a la presencia de los árabes en la Palestina histórica. Durante toda su vida adulta ha vivido en Kedumim, un asentamiento ilegal erigido en 1975 cerca de Nablus –al norte de Cisjordania– y del que fue alcaldesa durante diez años. Anteriormente había militado en el grupo fundamentalista judío Gush Emunim, que contaba con un brazo armado y que promovía los asentamientos en los territorios palestinos conquistados por Israel tras las guerras de 1967 y 1974.
La promoción de nuevos asentamientos israelíes –únicamente judíos, según sus palabras– en la Palestina histórica, incluida la Franja de Gaza, ha sido siempre el objetivo vital de Weiss. En 2024 organizó un crucero frente a la costa de Gaza para que un grupo de colonos israelíes divisaran la tierra que deseaban conquistar. Debido a sus ideas y a las llamadas de violencia contra la población palestina, Canadá y Reino Unido han aprobado sanciones contra ella en los últimos años.
Yinon Levi: el colono acusado de asesinar a Odeh Hadalin
Fue el Gobierno del anterior presidente de EEUU, el demócrata Joe Biden, el que aprobó sanciones contra Yinon Levi por crear el puesto adelantado –como se conoce a las colonias ilegales de israelíes en territorios palestinos– de Meitarim Farm, al sur de Hebrón. La colonia se situaba cerca de los cultivos de las comunidades palestinas vecinas, algunos de los cuáles fueron quemados, presumiblemente por los colonos israelíes, según informó Associated Press.
La llegada de Donald Trump al poder y la retirada de las sanciones devolvió la impunidad a Levi. El 28 de julio de 2025, se hizo conocido en todo el mundo al viralizarse un vídeo en el que dispara aleatoriamente contra un grupo de palestinos que trataban de evitar que un bulldozer destruyera sus hogares en Umm al-Khair, al sur de la Cisjordania ocupada. Según Yuval Abraham, codirector de No Other Land, una de esas balas perforó el pulmón de Odeh Hadalin, un conocido activista palestino que también había participado en la grabación de la cinta. Así lo certificó el medio +975 Magazine, según las informaciones recogidas por Ara.
Días después, un tribunal israelí ordenó el arresto domiciliario de Levi mientras se investigaban los hechos. Se desconoce en qué punto se encuentra actualmente la instrucción del caso. Actualmente, Canadá mantiene las sanciones contra el colono.
Tziporah Piltz: 23 años en Jerusalén Este
Vive en el barrio árabe de Ras Al-Amud, en Jerusalén Este, y trabaja como guía turística. Sin embargo, los paseos de Tziporah Piltz por el Este de la ciudad santa -considerada por la ONU territorio palestino ocupado ilegalmente por Israel- no tienen objetivos meramente informativos. «Incentivamos a madres e hijas [judías] a que vengan a Israel y les hablamos de la construcción del Tercer Templo», explica al reportero de The Guardianque conversa con ella en un mirador de la disputada urbe. Según Piltz, el Tercer Templo sería el epicentro de la religiosidad judía, tal y como lo fueron los dos anteriores -Templo de Salomón y Templo de Herodes- destruidos hace más de 2.100 años.
Tziporah Piltz durante un tour por Jerusalén Este en un fotograma del canal de YouTube צפורה פילץ
Hasta su construcción, la misión de Piltz, es la de alentar la creación del lugar sagrado de los judíos en el lugar en el que actualmente se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa, lugar sagrado para los musulmanes. Su creación, cree la mujer, marcará la llegada del nuevo mesías. Para Tziporah Piltz, la presencia de mezquitas y árabes en Jerusalén es sólo «algo temporal». Pronto, explica, los judíos tendrán todo el territorio de la antigua Palestina.
Cuando el reportero le pregunta qué pasará con los palestinos que deseen continuar viviendo en su territorio, Piltz explica que «todo el mundo será bienvenido», pero que «tendrán sus obligaciones» como, por ejemplo, «aceptar que vamos a tener el Tercer Templo». Sin embargo, también sugiere que «existen muchos países árabes alrededor del mundo y nosotros sólo tenemos este territorio. Todo el mundo debe aceptar que este es nuestro territorio».
Yossi Dagan: jefe del Consejo Regional de Samaria
En una entrevista reciente en Haaretz, el politólogo israelí Gayil Talshir afirmaba que el líder israelí de extrema derecha, Yossi Dagal, era uno de los mayores reclutadores de votos para el Likud entre los colonos. Su influencia en el actual Gobierno de Israel se relaciona con el papel que desarrolla en el Consejo Regional de Samaria, autoridad que preside desde hace una década. Este organismo administra los recursos públicos que Tel Aviv destina a los 35 asentamientos israelíes que se encuentran dispersos por el norte de la Cisjordania palestina ocupada. Este vasto territorio es lo que los sionistas denominan Samaria.
Pero el rol de Dagal va más allá de la gestión de las infraestructuras en este territorio. Bajo su mandato, el Consejo ha promovido numerosos eventos para promocionar las visitas turísticas a las colonias y limpiar la imagen que las vincula a la usurpación de tierras palestinas. Dichas actividades van desde las visitas a yacimientos arqueológicos como el de Tel Shiloh, presentado como una prueba más de la veracidad del relato bíblico seguido por los judíos ultraortodoxos, a la financiación de tours para políticos europeos. A finales de 2024, Dagal invitó al líder de la extrema derecha en Países Bajos, Geert Wilders, a visitar el norte de Cisjordania. Poco después, el Parlamento holandés pidió al europeo establecer sanciones contra Dagal.
Bezalel Smotrich: un ministro israelí crecido en una colonia en Siria
Si hay un ministro del Gobierno de Israel que habla en nombre de los colonos ese es el titular de Finanzas, Bazalel Smotrich. Defendió a Yinon Levi y a otros colonos cuando la Administración Biden los sancionó y les prometió que intercerdería por ellos. La retirada de sanciones de EEUU evidencia su logro. La empatía de Smotrich con los colonos no sólo se debe a una cuestión ideológica. El líder de Sionismo Religioso nació en 1980 en Haspín, un asentamiento en los Altos del Golán que según la ONU Israel ocupa ilegalmente desde 1967.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, sostiene un mapa de una zona cercana al asentamiento de Maale Adumim, en la Cisjordania ocupada / 14.08.25
En su juventud se trasladó a Beit El, otra colonia de Israel situada en Cisjordania ocupada. Desde ahí, Smotrich comenzó a trazar su carrera política. Su fundamentalismo religioso le ha llevado a recibir sanciones por parte de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Reino Unido, Eslovenia y Países Bajos. La razón por la que estos países le han penalizado es porque consideran que el ministro de Netanyahu, como otros miembros de su Gabinete, incita a la violencia contra los palestinos.
Algunas de sus últimas declaraciones dan fe de ello. Recientemente, Smotrich expresó su voluntad de presentar a Netanyahu un plan para anexionarse el 82% de Cisjordania y en el que únicamente se respetaría la existencia de seis ciudades palestinas: Ramala, Nablus, Belén, Hebrón, Jenín y Tulkarem. El objetivo del plan, según las palabras del ministro, sería lograr «la máxima extensión de territorio con la mínima población árabe», aseguró durante la presentación del documento.
Con septiembre llega el regreso a las aulas en España. El pistoletazo de salida en la mayoría de regiones se produce el día 8. Este año, el arranque del nuevo curso escolar viene cargado: junto a libros y cuadernos, la comunidad pública educativa arrastra una mochila repleta de asignaturas pendientes
—muchas de ellas estructurales— que quedaron en el aire el curso pasado. Profesores, estudiantes, sindicatos y expertos coinciden en que la lista para este nuevo curso no solo es extensa, sino también «urgente» para salvar la educación pública.
Entre los temas por resolver figuran la precariedad laboral, el avance de la privatización, la persistente segregación escolar, los recortes que afectan a las lenguas cooficiales, la falta de recursos para atender la diversidad en las aulas, las becas insuficientes y el aumento de los gastos que deben asumir las familias. El mochilón tampoco distingue etapas: acompaña tanto a la Educación Infantil como a la Primaria, la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional e incluso a la Universidad.
El curso pasado, la comunidad educativa manifestó algunas de estas demandas con paros y movilizaciones, aunque denuncian que «no contaron con el respaldo de las instituciones«. Este año esperan ser escuchados, pero insisten en que muchas de las tareas pendientes «deberían haber sido resueltas antes del inicio del curso», algo que finalmente no ha ocurrido.
Mejorar las condiciones laborales del profesorado
La situación de los docentes es una de las principales asignaturas pendientes para el curso académico 2025-2026. Profesores y sindicatos comparten con Público las cuestiones que no pueden pasar inadvertidas este año. Erica Polo, profesora de Física y Química en Salamanca, señala como prioridad «reducir las ratios» de alumnado por clase. «Una ratio superior a 20 dificulta mucho llegar a todos los estudiantes, conocer sus problemas y ofrecerles ayuda personalizada», explica. Según la profesora, en materias como Biología, Geología y Física y Química, «es materialmente imposible trabajar con un nivel aceptable de seguridad en el laboratorio si un solo profesor tiene que atender a 25 o 30 alumnos a la vez».
Erica Polo, profesora en Castilla y León: «Exigimos reducir ratios, aliviar la burocracia, mejorar recursos y corregir la desigualdad salarial»
La salmantina también denuncia la «ingente burocracia» que, en su opinión, ha ido en aumento en los últimos años y que «ahoga al profesorado y reduce el tiempo para dedicarse a su principal labor: enseñar». Asimismo, incide en la falta de recursos materiales en los centros públicos: «En Castilla y León la mayoría de los docentes tenemos que aportar nuestros propios ordenadores para poder trabajar. Se nos restringe el acceso a materiales básicos como bolígrafos, rotuladores, lápices o papel. Pagamos estas herramientas de nuestro bolsillo». Critica que, en muchas ocasiones, se fomente cobrar a los alumnos por fotocopias de fichas que se usarán en clase. También ratifica que las infraestructuras de muchas escuelas están obsoletas, «con goteras o ventanas poco eficientes desde el punto de vista energético». Y confirma que existe «desigualdad salarial» entre comunidades: «Por ejemplo, el salario en Castilla y León es más bajo que en otras regiones, por lo que reivindicamos una equiparación salarial«.
Borja Llorente, CCOO Asturias: «La temporalidad del profesorado impide que los centros desarrollen proyectos a medio y largo plazo»
A 430 kilómetros por carretera de Salamanca, Borja Llorente, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO en Asturias,
enumera otras tareas pendientes que deben abordarse. La primera de ellas: las «políticas fallidas de estabilización» del profesorado. «Casi un 30% de la plantilla es interina, con contratos de máximo un año de duración, y cada año muchos cambian de centro al menos una vez. Algunas compañeras deben trasladarse incluso más veces porque no disponen de vacantes», cuenta a Público. Atestigua que un gran porcentaje de estos docentes trabaja con vacantes de media jornada. «En las zonas rurales más despobladas, la interinidad se concentra hasta el punto de que algunos centros cuentan con toda su plantilla formada por interinos». «Esto dificulta, e incluso imposibilita, que los centros educativos desarrollen proyectos a medio y largo plazo«, explica.
Imagen de archivo de una manifestación por los derechos de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
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Al sur del mapa, en Andalucía, Pedro González de Molina, profesor de Geografía e Historia, añade a la lista la necesidad de «reforzar la formación del profesorado, tanto para implementar la LOMLOE como para atender la creciente diversidad del alumnado en las aulas».
Los docentes madrileños ponen en el punto de mira la gestión de los 52 nuevos ‘Medios CEIPSOS’ que implementó Ayuso
En la capital, los docentes madrileños también piden para este nuevo curso académico revisar la gestión de los nuevos Medios CEIPSOS. La modalidad, implantada en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, incorpora 1º y 2º de ESO en 52 colegios públicos de Infantil y Primaria. Según denuncia el profesorado, estos puestos no estarán ocupados por funcionarios de carrera, sino por interinos, muchos de ellos a tiempo parcial o repartidos entre varios centros, y «en muchos casos impartiendo materias que no corresponden a su especialidad». Los profesionales reivindican que esta situación supone «una ruptura en la continuidad pedagógica del alumnado«.
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Para Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, el futuro del profesorado pasa por avanzar en compromisos pendientes de la LOMLOE: «El Ministerio debe acometer con urgencia la negociación del Estatuto Docente, incluyendo la incorporación de todos los docentes al grupo A1 con la revisión de los niveles retributivos, la reducción del horario lectivo, la disminución del número de alumnos por aula y un nuevo sistema de acceso e ingreso en la profesión docente, entre otros». García sostiene que «no se han revertido todos los recortes educativos de 2012 y, además, la situación no es homogénea en toda España». Desde el sindicato confían en la necesidad de iniciar un proceso negociador que permita mejoras reales para la profesión: «Nuestro profesorado está harto de promesas que no se cumplen«.
Beatriz García, secretaría de Enseñanza de UGT: «El Ministerio debe acometer con urgencia la negociación del Estatuto Docente»
Desde el Ministerio de Educación recalcan a Público que «las competencias en materia educativa son autonómicas«. «Los retos pendientes de cada comunidad deberán ser planteados y detectados por ellas mismas. Nosotros no vamos a pronunciarnos sobre eso». Aun así, se remiten a informes y estadísticas oficiales, como el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación y el anuario estadístico Las cifras de la educación en España, donde se recopilan datos sobre personal docente, rendimiento académico, infraestructuras y recursos educativos, entre otros.
Lo privado gana terreno a lo público
Otra de las cuestiones que atemorizan al personal docente de cara al nuevo curso es el avance de la privatización. Víctor Muñoz es profesor de un centro educativo público en la Comunidad de Madrid. Para él, una de las grandes tareas pendientes del sistema educativo es «desmontar el plan estructural basado en el desmantelamiento de lo público». Asegura a este medio ser testigo de cómo la educación pública se infrafinancia año tras año. «La estrategia es que la pública se perciba como algo de poca calidad, mientras que la privada y la concertada se presentan como el modelo ejemplar».
Víctor Muñoz, docente en la Comunidad de Madrid: «Se reducen plazas en la red pública para derivar alumnado hacia la concertada»
El profesor abre el melón del peso creciente de la educación concertada en España. Según precisa, se reducen plazas en la red pública para derivar alumnado hacia la concertada, o bien se limita tanto la oferta que las familias no tienen más opción que matricular allí a sus hijos. Aunque habla desde la realidad madrileña, subraya que el fenómeno de la privatización se extiende ya por todo el país. «Las escuelas infantiles son un buen ejemplo: quedan muy pocas porque muchas han sido privatizadas o cerradas con la excusa de la falta de niños». «Se está mercantilizando la educación pública«, concluye tajante.
Concentración para protestar contra los recortes en la educación pública y la «asfixia económica». Imagen de archivo.
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El avance de lo privado también salpica a la enseñanza universitaria. Este mismo año, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en marcha los trámites para que el Instituto de Empresa (IE) se convierta en la decimocuarta universidad privada de la región, después de que el Ejecutivo central anunciara nuevas regulaciones con mayores controles y exigencias para la creación de centros universitarios privados. Mientras, en la capital apenas resisten seis universidades públicas, que durante todo el curso pasado denunciaron la asfixia provocada por la falta de financiación.
En este nuevo curso se prevé la aprobación de la Ley de Enseñanzas Superiores de Universidad y Ciencia, impulsada por el Ejecutivo de Ayuso. La normativa, diseñada por la administración del Partido Popular, equipara a universidades y Formación Profesional, sin diferenciar entre centros públicos y privados. Además, la ley introduce nuevas fórmulas de inversión para la universidad pública y, según adelantó Público, contempla que esta pueda crear o participar en fondos de inversión.
Un modelo anclado en la segregación escolar
Otro de los grandes desafíos que enfrenta la escuela pública en España es «dejar atrás un modelo anclado en la segregación y la discapofobia«. Así lo denuncia Bernardo Cabañas, vocal de la Confederación de Asociaciones de Padres, Madres y Familias del Alumnado de la Comunidad de Madrid (CONFAPA), en una conversación con Público. Cabañas corrobora que la enseñanza pública es la que concentra a más estudiantes en situación de vulnerabilidad: alumnado con desventaja socioeconómica, con necesidades educativas especiales, con discapacidad o de origen extranjero. «Esta agrupación de perfiles que requieren apoyos específicos necesita de recursos sólidos y estables, pero la realidad es que la dotación actual es insuficiente. Como consecuencia, el alumnado más vulnerable no recibe la atención adecuada en los centros ordinarios».
Bernardo Cabañas (CONFAPA): «El alumnado más vulnerable no recibe la atención adecuada por falta de recursos y profesionales»
El miembro de CONFAPA recuerda que «las aulas son actualmente más diversas que hace años» y que «urge crear las condiciones para responder a esa pluralidad». Entre las medidas prioritarias plantea la reducción de las ratios —un máximo de 20 estudiantes por clase en Primaria y ESO, y de 15 en Infantil—, así como la apuesta por equipos docentes «estables y especializados». «Es imprescindible contar con maestros de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, técnicos de integración social y orientadores cualificados. No puede ser que en demasiados casos estas plazas las ocupen interinos sin la formación mínima necesaria«, dice.
Alejandro Tiana, profesor emérito de Historia de la Educación en la UNED, acredita que los métodos tradicionales «ya no sirven en aulas cada vez más heterogéneas». «Ante un alumnado diverso, la uniformidad no garantiza el aprendizaje«, explica a Público.
Para este experto, el reto exige replantear la organización escolar con mayor flexibilidad, incorporando nuevas figuras profesionales y recursos adaptados. «Es necesario aplicar fórmulas como las agrupaciones flexibles, la codocencia —dos o más docentes comparten la planificación, la enseñanza y la evaluación de un mismo grupo de estudiantes— o los espacios polivalentes, y al mismo tiempo apoyar al profesorado en esa transformación». Tiana apuesta por una adaptación progresiva, con una estrategia sostenida en el tiempo: «Hay que ir ajustando los centros a las nuevas realidades y, sobre todo, acompañar ese proceso con inversiones que permitan acometer las reformas necesarias».
Fran Curto, docente en Castilla y León: «Las leyes se hacen sin contar con el profesorado; necesitamos ser escuchados»
Fran Curto, profesor de secundaria y Bachillerato en Valladolid, avala desde las aulas la urgencia de atender la diversidad en la educación pública. «Nuestro sistema educativo debe ser capaz de ofrecer una atención más personalizada y adecuada para cada estudiante», afirma a Público. Para lograrlo, propone reducir las ratios de alumnos por clase y aumentar los recursos humanos: más profesorado de apoyo, logopedas, pedagogos terapéuticos y personal auxiliar especializado en atención a la diversidad, así como la implementación de metodologías inclusivas. Aun con todo, augura que si la educación se sigue gestionando al margen del profesorado, «será imposible alcanzar los objetivos». «Los docentes deben tener una participación real en la elaboración de nuevas leyes, que se nos escuche de verdad. Nosotros estamos en las aulas todos los días, y hay muy poca relación entre la realidad que vivimos y lo que reflejan las leyes y los políticos«, denuncia.
Aulas bajo control: recortes de derechos y represión
El estudiantado, sobre todo el de las enseñanzas universitarias, es el otro gran damnificado de la educación pública en la península. El curso pasado los alumnos denunciaron lo que consideran «un retroceso en sus derechos». Sabela Martínez, estudiante y portavoz de la Plataforma UCM por la Pública en la Universidad Complutense de Madrid, lo resume con dos asignaturas pendientes en la agenda educativa: la reforma de la ley de universidades y «la represión estudiantil». Lo dice con conocimiento de causa: presenció cómo sus compañeras, que acampaban en la universidad contra el genocidio en Gaza o protestaban contra Vox y por la vivienda, fueron represaliadas.
En el curso 2025-2026 se aprobará la ley de universidades de Ayuso, con mayor protagonismo de las empresas en la educación pública
Decenas de personas durante una manifestación por la educación pública, a 23 de febrero de 2025, en Madrid (España) Imagen de archivo.
El curso pasado dejó numerosos ejemplos relacionados con la falta de libertad de expresión en los campus: activistas represaliadas tras protestar por la presencia del exdiputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros en Somosaguas; intervenciones contra miembros de la Organització Juvenil Socialista (OJS) en Alacant; dos estudiantes de la Universidad de Granada sancionadas tras participar en una protesta contra la intervención de la exdiputada de Vox Macarena Olona en un coloquio sobre feminismo y derecho; o las pintadas aparecidas en el despacho del jurista y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, atribuidas a la Juventud Falangista Española.
La portavoz de UCM por la Pública critica la reacción política frente a estas movilizaciones estudiantiles: «Dos manifestaciones multitudinarias y una huelga no fueron suficientes para que tomen medidas».
Cuando la política silencia la lengua
Otra asignatura pendiente para este curso, según el profesorado, son los recortes en la enseñanza de lenguas cooficiales. «Cuando llegó Alberto Núñez Feijóo en 2009, el gallego, que ya estaba poco presente en los institutos, pasó a estar marginado directamente», explica a este medio Iago Martís, profesor de secundaria de gallego.
Iago Martís, profesor de gallego: «Desde 2009, la política lingüística en Galicia está en caída libre: los niños casi no escuchan ni leen gallego»
Según el profesor, antes de ese año, gallego y castellano se repartían aproximadamente el 50% de las asignaturas. «Hoy, el reparto es de un 30% para cada lengua más un 30% de inglés», informa. Martís denuncia que hoy está prohibido impartir materias como Matemáticas o Física y Química en gallego. «Tenemos casos de profesores que fueron perseguidos por reivindicar el uso del gallego en Matemáticas», revela. Y lamenta: «Desde 2009 y ahora con la presidencia del popular Alfonso Rueda, la política lingüística en Galicia está en caída libre: los niños casi no escuchan ni leen gallego».
Núria Gisbert es docente en el País Valencià, la comunidad que afronta el próximo curso con menos cimientos: ocho colegios públicos afectados por la DANA seguirán cerrados. En lo que atañe a la cuestión de las lenguas cooficiales, aclara en declaraciones a Público que «la nueva Ley de Libertad Educativa, promovida por el PP y Carlos Mazón, ha logrado excluir la lengua valenciana de las aulas. Este próximo curso habrá alumnos que no la tendrán como lengua vehicular, cuando era uno de los pocos contextos en los que realmente iban a usarla». La profesora informa que la normativa ha modificado la forma en que se organizan los grupos: «Ahora se prioriza la elección de los padres sobre la lengua vehicular, sin considerar primero las necesidades, dificultades y fortalezas del grupo, como se hacía antes».
Aumento de los gastos escolares
Este año, la vuelta al cole también atiza al bolsillo de las familias que optan por la escuela pública. Según el último estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) basado en una encuesta a 687 progenitores con 976 hijos de entre 3 y 18 años, el coste medio anual por alumno en centros públicos asciende a 1.221 euros, un 2% más que el curso pasado. El mayor gasto recae en el comedor, con un promedio de 107 euros al mes. Le siguen las actividades extraescolares, que cuestan 56 euros mensuales, y los libros de texto, que suman 157 euros al año. Otros gastos incluyen excursiones y visitas culturales, con un coste medio de 176 euros anuales, y material escolar, con 92 euros. Además, uno de cada cinco menores utiliza un dispositivo electrónico para fines escolares, lo que supone un gasto adicional de 297 euros al año. Esto se suma, según los profesionales consultados por este medio, a una «política de becas insuficiente, que no logra compensar las desigualdades socioculturales y económicas existentes».
Una manifestación organizada por los sindicatos de enseñanza, a 1 de junio de 2025, en Oviedo, Asturias (España). Imagen de archivo.
Cada año, la mochila que la comunidad educativa lleva a sus espaldas se vuelve más pesada. El desgaste físico y emocional de docentes, estudiantes y familias es cada vez más evidente: estrés, ansiedad, incertidumbre y miedo recorren las aulas. Aun así, el hartazgo no frenó su protesta en las calles. Las manifestaciones más recientes, multitudinarias y sonadas en la Comunidad de Madrid y Asturias, se convirtieron en un símbolo de la lucha educativa en todo el país.
El Sindicato de Estudiantes convoca huelga el 2 de octubre por Gaza y la Plataforma Menos Lectivas anuncia una movilización el 19 de octubre en Madrid
La comunidad educativa no se rinde. El colectivo confirma a este medio que se está preparando para volver a salir a la calle y alzar la voz en defensa de la educación pública. Lo anunció este jueves el Sindicato de Estudiantes convocando una huelga para el próximo 2 de octubre en protesta por el genocidio en Gaza. También la Plataforma Menos Lectivas adelantó a Público que planea una movilización el 19 de octubre en la región madrileña. ¿Se pondrán al día estas asignaturas el próximo curso o seguirán pendientes?
Corría el 3 de agosto de 1936. Un caluroso día de verano. Todavía de madrugada, el zumbido de un avión que sobrevolaba la ciudad a baja altura despertó a los zaragozanos. Al aproximarse a la zona de la Basílica del Pilar, dejó caer hasta cuatro proyectiles. Cuatro bombas que, sin embargo, nunca explotaron. Una cayó sobre el Ebro; otra en mitad de la plaza. Las dos últimas hicieron diana en la iglesia, provocando algunos daños menores. La anécdota -cuya veracidad continúa discutiéndose- no pasaría desapercibida. El bando sublevado, acantonado en la ciudad, la convirtió enseguida en su munición moral. La virgen del Pilar les había salvado. Dios estaba de su parte. Con los buenos, la España católica.
Las bombas se recogieron y se exhibieron en el interior de la basílica. Como trofeo de guerra y evidencia del milagro. «Por la virgen, por el Papa y por la Patria», reza la inscripción que las acompaña. Porque sí, casi 90 años después, ahí siguen. Expuestas a la vista de todos sus visitantes. Más de 4 millones a lo largo del año pasado, según las cifras oficiales de la diócesis de la capital aragonesa. ¿Son los únicos restos de la dictadura que quedan en edificios patrimonio de la Iglesia? ¿Se puede hablar de símbolos neutros, reflejo de una época, o se trata más bien de una forma de propaganda, de reforzar una narrativa muy concreta sobre la Guerra Civil y la dictadura?
Explosivos de la Guerra Civil expuestos en la Basílica del Pilar, en Zaragoza.
No es un tema menor. Los ejemplos de vestigios franquistas en iglesias y parroquias se cuentan por cientos. «Lo más habitual son las cruces. Siempre de piedra, con la idea de que perduraran en el tiempo», explica Miguel Ángel del Arco, director del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y autor de Cruces de memoria y olvido. Los monumentos a los caídos de la guerra civil española. «Además del escudo franquista y el de Falange, solían incluir la leyenda ‘Caídos por Dios y por España’ y una lista de los mártires de cada pueblo, a menudo encabezada por el caído por excelencia, José Antonio Primo de Rivera», desarrolla el historiador. La mayoría se han conservado. Retirando -si eso- la inscripción que las identificaba como homenaje a los caídos del bando golpista. O dándole la vuelta: A todos los caídos de España.
«De un día para otro no se les puede ni resignificar ni hacer pasar por símbolos meramente religiosos, como intenta muchas veces la Iglesia. Son homenajes levantados en un momento y con un propósito muy concretos», insiste Del Arco. En otras palabras, el patrimonio tiene su significado histórico. «Por detrás de estos elementos siempre subsistirá la lectura franquista de la historia«, incide el docente. Cruces, santos, festividades. La religión en sí misma funcionó como un pilar fundamental de la construcción simbólica de la dictadura. «La religión y la institución de la Iglesia jugaron un papel bastante relevante y no precisamente positivo durante todo el franquismo. En ningún momento se mantuvieron neutrales», apunta Ricardo Gayol, abogado y miembro de la Coordinadora Estatal de Redes Cristianas. «Desde la coartada de la santa cruzada contra los enemigos de España durante la guerra hasta la legitimación de la opresión de la dictadura por el bien de la paz y la concordia de las décadas posteriores», completa el letrado. «Mantener esos símbolos, que aluden directamente a la relación dictadura-Iglesia, es un tiro en su propio pie«.
«Son elementos que llevan ahí décadas. La gente ha vivido más con que sin ellos y muchas veces desconoce su significado», reflexiona el sociólogo Óscar Rodríguez
Más allá de las cruces
No solo son cruces. También placas, tumbas o hasta conjuntos escultóricos. Así lo corrobora el sociólogo Óscar Rodríguez, que ha recorrido España fotografiando huellas de la dictadura de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). «Algunas están incrustadas en las fachadas; otras en el interior de los edificios. En muros, pilares o incluso en los altares. También hay muchos ejemplos en los espacios próximos a las parroquias», enumera. En espacios o bien concurridos o que, por el contrario, permitieran un cierto recogimiento para honrar a los caídos. «Uno de los mayores desafíos es ser capaz de identificar estos símbolos», sigue contando el fotógrafo. «Son elementos que llevan ahí décadas. Que se han intentado blanquear con la retirada de las placas. La gente ha vivido más con que sin ellos y muchas veces desconoce su significado«, advierte Rodríguez. Con todos los peligros que supone la desmemoria. El olvido.
«Quedan, por ejemplo, muchos homenajes al decreto de unificación de falangistas y requetés», señala el fotógrafo. Un caso llamativo: el Monasterio de Montserrat, en Barcelona. «Hace algunos años se retiró del entorno del monasterio la estatua del Terç, dedicada a esta segunda organización. No se ha hecho nada, en cambio, con el columbario», reprocha Rodríguez. Y es que la abadía benedictina alberga una cripta en la que reposan los restos de más de 300 soldados carlistas. «Para que entendamos lo que significa cuando la gente sale a la calle con la cruz de Borgoña», comenta el sociólogo. No es tampoco -corrige Del Arco- una forma de recordar a las víctimas de la guerra. «La Iglesia se olvida de la otra mitad de España. Es una forma consciente de exclusión«, subraya el historiador. «Que no deja de colocar como víctimas a los responsables del golpe de Estado, a los iniciadores de la guerra», matiza. Als nostres morts, anuncia la entrada del mausoleo. Poco más que decir.
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Entrada a la cripta de requetés del Monasterio de Montserrat, en Barcelona.
¿Y los colegios?
Cambiamos de comunidad. Pero seguimos en el norte, esta vez en Asturias. Concretamente el 19 de julio de 1936. En pleno estallido de la Guerra Civil. Por aquel entonces, lo que hoy es el Colegio de la Inmaculada de Gijón servía de acuartelamiento al 40º Regimiento de Infantería de Montaña ‘Simancas’. Tras el golpe de Estado, los mandos de la unidad, encabezados por el coronel Antonio Pinilla Barceló, instaron a las tropas a sublevarse contra la República. Como ya había ocurrido, con éxito, en la capital, Oviedo. Unos seiscientos oficiales, suboficiales y soldados respondieron a la llamada. Insuficientes, sin embargo, para tomar la ciudad. ¿Qué hicieron entonces? Acantonarse en el cuartel, a la espera de refuerzos.
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Acabaron cayendo. Pero la dictadura convirtió el episodio en toda una gesta de resistencia. Al estilo del Alcázar de Toledo. Llegando a dedicar a sus protagonistas un monumento: los Héroes del Simancas. Un conjunto escultórico que continúa adornando la fachada del ahora colegio jesuita. «Caídos por Dios y por la Patria, presentes», se puede leer en su inscripción. «En toda la cara exterior del edificio, afectando al espacio público. Es un símbolo que debería retirarse de inmediato», juzga Del Arco. La Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR) ha ido un paso más allá, presentando el pasado mes de julio una denuncia contra la inacción del ayuntamiento y del gobierno autonómico. «La memoria no se defiende con palabras huecas. Se defiende actuando contra los símbolos, los privilegios y las estructuras del franquismo todavía vigentes», reivindicaba entonces la asociación.
El monumento ‘Héroes del Simancas’, en la fachada del Colegio de la Inmaculada, en Gijón.
«La Iglesia tiene un patrimonio inmenso, de muy distinto tipo. Una parte considerable sustraído ilícitamente, gracias a la legislación franquista», recuerdo Gayol. Y al amparo, en 2006, de una modificación de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar. «Pero es que además disfruta de una serie de privilegios, sancionados por la propia Constitución. En un Estado que se declara aconfesional. Lo mínimo que puede hacer es estar a la altura de estos beneficios y apartarse de la promoción de cualquier tipo de referencias o loas a la dictadura», indica el letrado. Sobre todo en lo referente a su papel en el sistema educativo. «Hay una contradicción ética enorme en la conservación de homenajes franquistas en sus colegios. Primero porque va en contra de la propia enseñanza de la historia, más allá de ideologías«, apunta del Arco. «Segundo porque estamos hablando de colegios concertados, que reciben financiación pública», subraya el historiador. «Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado».
La pregunta se hace evidente: ¿qué hay que hacer con estos símbolos? «Los que están dentro de las parroquias, un espacio que no deja de ser privado, me parece que requieren de menos urgencia», valora del Arco. «Muchas veces son listas de curas asesinados en la guerra. Tiene su lectura, es evidente, pero no dejan de ser sus víctimas», continua el historiador. «Que también las hubo por el otro lado, los famosos curas obreros. Una parte de la historia que se ha silenciado completamente». «En cualquier caso, lo principal es retirar estos homenajes de cualquier lugar que afecte a la vida pública. Para lo que haría falta una legislación más valiente, que contemple plazos y un régimen sancionador«, concluye el escritor. Gayol, por su parte, baraja dos posibilidades. La primera, y la que debería priorizarse, su retirada. La segunda, para casos muy excepcionales, su traslado a algún tipo de museo o su contextualización histórica, «si se considera que disponen de algún tipo de valor artístico o cultural». Una decisión que -asegura- deberá quedar en manos de los historiadores.
La DANA del 29 de octubre afectó en mayor o menor medida a 115 centros educativos públicos, que contaban con 48.721 alumnos, según cifras de la Conselleria de Educación. El curso escolar quedó interrumpido prácticamente en toda la zona afectada y su reanudación fue muy desigual, de manera que, como norma general, se suele hablar de un curso perdido y se equipara la situación a la que se vivió durante la pandemia de Covid-19.
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La afectación estructural de los centros también fue muy variada. Los que quedaron mejor parados pudieron regresar a la actividad tras un mes de duro trabajo de limpieza, generalmente ejecutado por las familias y la comunidad educativa. Muchos otros, con menor suerte, tuvieron que ser reubicados en otros centros, a los que los alumnos se desplazaban con un servicio de autobuses.
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De entre toda la casuística de incidencias, hay ocho centros que son los que, sin duda, se llevaron aquel día la peor parte, ya que los edificios sufrieron tantos daños estructurales que fueron declarados en ruina y quedaron pendientes de derribo. Unos 4.000 alumnos están adscritos a estos centros.
Se trata del CEIP Carme Miquel, en El Raval de Algemesí, y el CEIP Blasco Ibáñez, en Alginet, ambos en la comarca de la Ribera Alta; el IES Alameda, en Utiel, comarca de Requena-Utiel; el CEIP Orba de Alfafar, el IES Berenguer Dalmau, en Catarroja; el CEIP Horta, en Paiporta, y la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives, en Massanassana, todos en la comarca de L’Horta Sud.
Promesas incumplidas
Fuentes de la comunidad educativa consultadas explican que desde la Conselleria de Educación se les aseguró que los alumnos desplazados de sus centros podrían volver a dar clases en ellos después de las vacaciones de Pascua, con la habilitación de aulas prefabricadas. No fue así. La gran mayoría, de hecho, acabó el curso en el centro donde habían sido reubicados.
En junio, Mazón volvió a repetir la promesa, pero ahora en público y con un tono solemne: todos los alumnos de los centros afectados comenzarían en septiembre el nuevo curso en sus centros, con la habilitación de aulas prefabricadas. Mazón dio una fecha concreta —el 8 de septiembre— y una cifra —el 100%—. A unos días de la vuelta al cole, José Antonio Rovira, el conseller de Educación, ha vuelto a matizar la promesa: unos 600 alumnos verán retrasado el inicio de curso mientras se acaban de acondicionar las aulas prefabricadas.
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Este anuncio no ha cogido por sorpresa a las familias de los centros afectados, antes al contrario. En junio, poco después del anuncio de Mazón, Rubén Pacheco, presidente de la federación de familias FAMPA València, aseguraba en declaraciones a Público que “nadie se cree” la promesa de Mazón sobre que todos los alumnos afectados por la DANA volverán a estudiar en sus municipios el próximo curso.
No se equivocó Rubén Pacheco. De hecho, la rectificación de facto de conselleria se producía como respuesta a una denuncia de STEPV-Intersindicat, el sindicato mayoritario en el sector, que describía la situación en los días previos al inicio de curso como de “abandono total” de las comunidades educativas por parte de la conselleria y, así mismo, planteaba dudas sobre el cumplimiento del calendario.
Sin protesta, no hay escuela
En general, las comunidades educativas tienen la sensación de que la conselleria actúa siempre como reacción a sus denuncias, pero no se sienten acompañados ni escuchados. Carlos Moreno, educador de la escuela infantil Rabisancho de Alfafar, ubicada en el barrio del Parc Alcosa y vinculada al CEIP Orba, explica todo un historial de tiras y aflojas que podría representar perfectamente el periplo vivido en otros centros.
Después de la DANA, la escuela infantil quedó muy tocada, pero, a diferencia del CEIP Orba, no haría falta derribarla para construir un nuevo edificio. Moreno explica que, de hecho, se les aseguró que, para final de año o después de Navidad, los niños podrían volver al centro a seguir el curso en aulas prefabricadas. Mientras tanto, serían reubicados en el CEIP Sant Ignasi de Picassent.
No fue así. El curso avanzaba y las promesas se incumplían. La comunidad educativa del Rabisancho protestaba. En una de estas movilizaciones, anunciaron una concentración frente al solar donde se preveía que se ubicaran las aulas prefabricadas, precisamente para denunciar que no se había colocado ninguna. En vísperas de la protesta, se colocó una aula. Pero así se quedó. Sin más.
En la escuela infantil Rabisancho, como en el CEIP Orba, tienen muchas dudas que el curso podrá empezar el día marcado. De hecho, aún no han podido entrar a su centro, ya que aún no se ha emitido el certificado de fin de obra. Una de las actuaciones que se debían de llevar a cabo era la retirada del techo de amianto. Moreno desconoce el estado en que se encuentra y alerta de la incertidumbre que esto provoca.
Estado de las obras de acondicionamiento en el CEIP Orba de Alfafar a menos de una semana del inicio de las clases.
Dos de tres en Massanassa
Massanassa es una de las localidades más afectadas. De los tres centros educativos que hay en el pueblo, dos tienen que ser derribados y construidos de nuevo: la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives. Según denuncia STEPV-Intersindical, la conselleria aún no ha comunicado ni la fecha de inicio del curso para estos centros. De hecho, desde el sindicato apuntan que “al ver el retraso con el que avanzan las obras, hay dudas de que el curso pueda empezar antes del final de mes o, incluso, en octubre. El ayuntamiento ha cedido un espacio de gimnasio a cada una de las escuelas, que no disponen de ordenadores, impresoras, conexión de wifi para ir avanzando faena y por ello el profesorado se tiene que reunir en el polideportivo”.
En este sentido, el AMPA de Lluís Vives y Ausiàs March denuncia que las obras de las aulas prefabricadas “siguen en una situación muy preocupante, con elementos indispensables aún sin finalizar” y que “no se ha recibido ninguna notificación oficial sobre la fecha real de inicio del curso ni alternativas para las familias”.
Es por ello que han convocado un acto de protesta para el día oficial del inicio de curso, es decir, el lunes, 8 de septiembre, a las 9.00 horas, en que se leerá un manifiesto y, más tarde, a las 10.00, FAMPA-València realizará una rueda de prensa para informar sobre el inicio del curso 2025-2026. Tras la rueda, las familias se dirigirán a la puerta del Ayuntamiento de Massanassa para leer nuevamente el manifiesto.
Siguiendo la misma tónica que explicaba Carlos Moreno para la escuela infantil Rabisancho de Alfafar,Alex Caraval, de la asociación de familias que agrupa la escuela infantil Ausiàs March y el CEIP Lluís Vives de Massanassa, también comparte la misma sensación de no solo no sentirse acompañados por conselleria, sino de que esta siempre actuaba, cuando lo hacía, a remolque de sus denuncias.
Caraval pone como ejemplo que la ubicación escogida inicialmente para las aulas prefabricadas donde se instalaría el centro provisional era un descampado donde se fueron depositando centenares de coches que la barrancada se había llevado por delante. Un solar de aquellos que se hicieron famosos por haberse convertido en un cementerio de vehículos, unos amontonados encima de otros. Con las correspondientes filtraciones de combustible, químicos, grasas, etc. ¿Era el lugar más adecuado para un centro de infantil y primaria?
La comunidad educativa se movilizó y consiguió que el ayuntamiento, como explicaba el comunicado del STEPV-Intersindical, cediera las instalaciones de un polideportivo, con lo que, además de poder disfrutar de una pista que no se utilizaba como patio, también disponen de otras instalaciones necesarias para una escuela de estas características.
Se da la circunstancia, además, que el CEIP Lluís Vives es donde murió el operario que la Conselleria de Educación había enviado a realizar trabajos en el centro, a pesar de que el ayuntamiento ya había alertado del peligro de derrumbe en se encontraba el edificio.
Instalación de barracones para el CEIP Lluís Vives de Massanassa a menos de una semana del inicio de curso.
Una escuela frente a un parque lleno de vidrios rotos
Las aulas prefabricadas en que se convertirá el CEIP Carme Miquel de El Raval de Algemesí se han comenzado recientemente a agrupar, pero ello no ha despejado las dudas en la comunidad educativa —antes al contrario— de que estén listas para empezar el curso en la fecha señalada. Además de falta de información, la sensación generalizada es de retraso respecto a lo previsto.
El edificio del colegio quedó en ruinas después de la DANA, pero su derribo aún está por ejecutar.El centro sufrió tal estado de abandono que se convirtió en un narcoedificio. Si bien se tapió, no se actuó en el parque y en el patio de la guardería, que justo queda enfrente de las aulas prefabricadas que se convertirán en el nuevo colegio. Esto supone un riesgo evidente, ya que,a tan solo un par de pasos de su escuela, los niños se pueden encontrar con una zona abierta con vidrios rotos y todo tipo de peligros.
Las aulas prefabricadas se ubican en una zona un poco más alejada del río y un poco elevada, respecto al edificio del colegio. ¿Pero es suficiente? Si se volviera a repetir una DANA como la del octubre pasado, ciertamente no. Es el mismo caso de las aulas prefabricadas para el Ausiàs March y Lluís Vives de Massanassa: la zona también se inundó. El hecho de que los barracones además estén construidos con rejas en las ventanas no ayuda a tranquilizar a las familias, que explican que desconocen si conselleria ha tomado prevenciones ante inundaciones. Los retrasos, las prisas de última hora y la falta de información generan incertidumbre al respecto.
Vuelta a los barracones
“¿Quién me iba a decir que un día me alegraría por ver que mis hijos irían a una escuela en barracones?”. Esta es una pregunta que, llena de perplejidad, es recurrente entre las familias de los centros afectados. Las aulas prefabricadas —barracones, en el lenguaje coloquial menos aséptico— fueron la imagen de la educación valenciana durante las dos primeras décadas de los años 2000. Se convirtieron en algo habitual, cotidiano.
Si los gobiernos conservadores no apostaron por la educación pública como prioridad, el déficit crónico de financiación de la autonomía y la corrupción, con el escándalo de CIEGSA, la empresa pública creada para la construcción de centros educativos, hicieron el resto. Cuando el PP perdió la Generalitat, en 2015, había 27 centros educativos que aún se componían íntegramente de barracones.
En 2023, cuando el PP volvió a recuperar el gobierno de la Generalitat, después de dos legislaturas de gobiernos progresistas, aún quedaban barracones, pero los 27 centros que se componían íntegramente de ellos ya se habían construido. Por el camino, un buen número de valencianos cursaron toda su escolarización en barracones, desde el colegio al instituto.
Este miedo vuelve a las familias. En muchos de los centros afectados, de hecho, los barracones no llegan ahora, después de la DANA, sino que vuelven. Otro problema común que reportan las familias es que no hay fecha para que se ponga en marcha la construcción del nuevo centro. No tienen noticias al respecto y el derribo del antiguo empezó ya acumulando retrasos o, incluso, no tiene fecha tampoco. Si se hacen los cálculos, muchos se temen que sus hijos, una vez entren en los barracones, no saldrán hasta que no lo hagan también del centro. Y la historia se volverá a repetir.
«Confieso que pertenezco a la manosfera, confieso que soy culpable (…) Y hoy me siento mujer, no me lo discutan, me llamo Francisca Javiera, que les llevo por delito de odio a un tribunal». Con estas y algunas otras burlas ha intervenido el exmagistrado del Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Javier Borrego,
en la jornada negacionista que ha organizado Vox en el Congreso. Sus palabras dan pista del tono que se ha mantenido a lo largo de las tres mesas de ponentes, donde se han desplegado todo tipo de mensajes que no solo ningunean los avances en derechos de las mujeres y las comunidades LGTBIQ+, sino que además culpan a los feminismos y a las políticas públicas que desde estos movimientos se han impulsado de ser las verdaderas responsables de la violencia y de una supuesta «destrucción de la sociedad».
En teoría, el epicentro de la jornada iban a ser las «denuncias falsas», si bien en toda la mañana apenas se ha aludido dos veces -y mucho menos se ha explicado- a la ínfima cifra de denuncias falsas registradas en nuestro país. Un dato que, como informan cada año desde el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, apenas ronda el 0,01%.
Jurídico-político. ¿Cómo se han configurado las leyes de Violencia de Género?, Sociedad. ¿Qué consecuencias ha tenido la LIVG (Ley Integral contra la Violencia de Género) en nuestra sociedad?, y Los perdedores. ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?, han sido los tres bloques que han mantenido ocupada la sala Ernest Lluch desde las 9.00 horas hasta las 14.00 horas, aproximadamente. Si bien no sería de extrañar que varias de las cosas que allí se han escuchado hubieran salido en una conversación de sobremesa o en la barra de un bar, lo cierto es que muchas de las premisas de las que partían suponen en sí mismo una conquista para el relato que los feminismos llevan mucho tiempo haciendo valer.
Rocío de Meer, diputada de Vox, ha comenzado su intervención arremetiendo contra los medios de comunicación que se han hecho eco de las críticas que ha recibido la jornada, asegurando que su partido quiere dirigirse a la ciudadanía «sin el filtro morado del feminismo hegemónico».
La diputada también se ha manifestado contraria a los actos de memoria y el reconocimiento a las víctimas de violencia machista: «¿Por qué solo tenemos que llorar por las mujeres asesinadas que a ellos les interesa? ¿Por qué no importan los hombres?», ha dicho. Al inicio, de hecho, toda la sala ha guardado un minuto de silencio por «todas las víctimas». Un ejercicio que poco tenía que ver con los vetos habituales de Vox a conmemoraciones por el 8M o 25N, y su oposición firme a participar en minutos de silencio institucionales.
Otro de los ponentes, Jesús Muñoz -de la asociación ANAVID- ha cargado directamente contra la LIVG y contra las feministas, a las que ha responsabilizado de buena parte de los «males» que adolecen nuestras sociedades. «Me habéis pedido ayuda cuando las tinieblas del feminismo han entrado por vuestra casa«, ha proclamado, antes de señalar a Argentina como ejemplo de lo que, según él, ocurre cuando el feminismo «arrasa la sociedad al completo». Con mención especial a la exministra de Igualdad, Irene Montero, y a la exsecretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Y no le falta razón. La lucha por la libertad y contra la violencia hacia las mujeres ha extendido sus raíces como nunca antes de un tiempo a esta parte.
Vista de una pantalla informativa en unas jornadas impulsadas por Vox.
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Algunas de las ideas sobre las cuales han discurrido en la jornada son, efectivamente, conquistas feministas. Una de las psicólogas que ha participado, por ejemplo, mencionaba nada más y nada menos que el hecho de que el feminismo quiere acabar con el arquetipo de familia y maternidad tradicional, a través del derecho al aborto y los anticonceptivos. La salud sexual y los derechos reproductivos costaron, como la hemeroteca constata, muchos años de lucha.
La abogada Patricia Anzoátegui, por su parte, ha llevado más lejos el discurso negacionista. Al igual que otros ponentes, ella no ve la existencia de la violencia de género, a pesar de las más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003, pero sí un negocio: «Es un instrumento para tener caja», ha dicho, señalando que la ley de 2004 se diseñó para «destruir la credibilidad judicial», y llenar todo de cursos y programas que generan ingresos a sus promotores.
Lo que ocurre es que su relato se corresponde poco con la realidad. Si acaso se invierte dinero en poner fin a la violencia de género y la violencia sexual es también por el impacto económico que supone, que en 2022 fue concretamente de 4.933 millones de euros. Esto es, el 0,37 % del PIB de España y 104 euros per cápita, según el estudio Impacto de la violencia de género y de la violencia sexual contra las mujeres en España: una valoración de sus costes en 2022. La mayor parte de ese coste lo soporta el sector público (2.562 millones, un 85%), en segundo lugar las víctimas (247 millones, un 8,2%), después las empresas (150 millones, un 5%), los familiares y amigos (1,6%) y, por último, el tercer sector (0,2%).
Anzoátegui ha pedido «proteger a los hombres» y se ha lanzado a proponer al resto de mujeres que estaban en la sala a participar de la que ha bautizado como la «quinta ola feminista», que según ella estaría formada por quienes defienden a los hombres porque «esos hombres fueron niños». Una defensa de la igualdad parcial, para variar, que también se ha contradicho en reiteradas ocasiones con la criminalización de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
Su compañero en el Observatorio de Falsas Denuncias, el abogado Rubén Melloni, ha intervenido en la misma línea para cuestionar la aplicación de medidas cautelares en casos de violencia machista, pidiendo que se prioricen los sentimientos y el bienestar familiar por encima todo… ¿Quizá incluso por encima de la protección inmediata a las víctimas? Lo que puede que Melloni no ha considerado es que, en 2025, solo el 20% de las mujeres asesinadas había presentado una denuncia previa. Es más, hay comunidades como Madrid donde ni siquiera cuando se atreven a denunciar son siempre protegidas. En esta región se denegaron algo más de la mitad de las solicitudes de órdenes de protección en 2024, con 3.532 denegaciones de un total de 6.330. Mientras, a nivel nacional la cifra ronda el 70%.
Samuel Vázquez, policía nacional, miembro de Vox en cuestiones de migración y seguridad y presidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, por su parte, ha creído apropiado establecer esta comparación: «Cuando yo era pequeñito un profesor le pegaba a cualquier compañero mío que hiciera una trastada. Un profesor le daba un bofetón a un niño y cuando llegaba a casa el padre le daba otro para remarcar la autoridad de profesor. Hoy en día un profesor le da un bofetón a un niño y acaba detenido. La forma en la que afrontamos la violencia se ha transformado en toda la sociedad, también en la familia«. Todos los ponentes estaban ahí para contar la «verdad», abrirnos los ojos frente al «relato único», al «socialismo» y sus leyes que solo buscan «destruir la familia» y la «nación»; pero nadie en esa sala exponía cifras oficiales. No ya del Ministerio de Igualdad, ese que consideran la materialización misma de todo lo que desprecian; sino de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a quienes reivindican muy a menudo.
La única información incontestable y a la que todo el mundo tiene acceso es que, desde la aplicación de la ley contra la violencia machista, la cifra anual de mujeres asesinadas ha pasado de 71 a 50, suponiendo un descenso del 32,4%. Aún así, desde el año 2013, 65 menores han sido asesinados por agresores machistas en España. Además, 485 niños y niñas han quedado huérfanos como consecuencia de la violencia machista tras el asesinato de sus madres.
Estas cifras reflejan el devastador impacto que la violencia de género tiene no solo sobre las mujeres, sino también sobre sus familias, especialmente los menores. Sobre el origen de los agresores sexuales, el 68,8% registrados durante este año tienen nacionalidad española, frente al 32% de otras nacionalidades.
Y, acerca de las denuncias falsas: en 2023 apenas se incoaron 12 causas por denuncias falsas en materia de violencia de género, una cifra ridícula en comparación con el volumen total de procedimientos abiertos. De esas causas, además, muchas acaban archivadas por falta de pruebas, lo que significa que las condenas efectivas son todavía menores. «El promedio entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084%. Si junto a las anteriores se computan las causas que están en trámite y que podrían terminar con un pronunciamiento condenatorio, el porcentaje total alcanzaría al 0,00945%», establece el portal de la Fiscalía.
En paralelo, los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en 2023 sentencias condenatorias en el 92% de los casos enjuiciados. Por lo que, lejos de apuntar a un abuso del sistema, los datos reflejan que, cuando los procedimientos llegan a juicio después de haber presentado una enorme cantidad pruebas, por otra parte, muy difíciles de demostrar -dado que la prueba principal es el testimonio de la propia víctima-, la constatación de la violencia es abrumadora, tal y como ya se explicó en este artículo.
Nada de esto parece importarle a la ultraderecha que, como ha explicado muy detalladamente Samuel Vázquez, lo tiene claro: las políticas migratorias, las luchas feministas y para frenar la crisis climática con todas las incertidumbres y cambios que conllevan son las tres grandes «claves» de «la política» de nuestro siglo. Y con política también quieren decir votos.
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
Banderas, pancartas, kufiyas. Bilbao se vistió este miércoles de los colores de la bandera palestina para albergar la undécima etapa de La Vuelta. Una etapa con un final inesperado. No hubo un ganador. De hecho, solo uno de los ciclistas, el británico Tom Pidcock –tercero en la clasificación general– llegó a cruzar la línea de meta. Sin perder la oportunidad para lanzar un mensaje a los medios: «El ciclismo no tiene nada que ver con lo que está pasando». ¿Pero qué está pasando? Desde que empezara la competición deportiva, el pasado 23 de agosto, La Vuelta se ha convertido en el escenario de movilizaciones multitudinarias en favor de la causa palestina. En contra del genocidio de Israel. Con un objetivo claro: forzar la expulsión del equipo del Estado sionista, el Israel-Premier Tech.
«La cita de Bilbao ha sido todo un éxito», valoran los convocantes. La presión ejercida por los manifestantes forzó que la etapa finalizara a tres kilómetros de la meta, sin ganador oficial y tirando de los cronos de la montaña y el esprint intermedio. Pero hay algo más importante. Han conseguido colarse en los titulares de la prensa internacional. Y en una de sus secciones más populares, el universo deportivo. Dando voz a la resistencia palestina. «Llamando a las cosas por su nombre», matiza Lidón Soriano, activista de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. «Se acabó la complicidad con las políticas de apartheid, limpieza étnica y colonización que está desplegando el Estado de Israel en Palestina», incide la activista. «El deporte no puede servir de escenario para blanquear un genocidio«, denuncia.
«Es un caso de ‘sportswashing’ de manual. Deporte y política van de la mano», traslada Lidón Soriano
Desde la ciudad italiana de Turín hasta el municipio cántabro de Los Corrales de Buelna, los manifestantes, organizados en torno a la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, han protagonizado pitadas, cortes de carreteras y todo tipo de acciones reivindicativas. «El boicot deportivo lo llevamos moviendo muchos años, pero nunca habíamos conseguido este nivel de coordinación, de seguimiento y, sobre todo, de impacto», refiere Soriano. ¿Cómo? ¿Por qué ahora? «Han coincidido una serie de elementos. Especialmente el nivel de brutalidad de la agresión que está cometiendo Israel sobre Palestina, utilizando el hambre como arma, lo que ha disparado la indignación de la gente«, apunta la activista. No es para menos. Según las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, de las casi 70.000 víctimas oficiales, al menos 370 han fallecido de inanición, 131 de ellas niños. También han tenido mucho que ver las posibilidades que ofrece el propio ciclismo. «Es un deporte que pasa directamente por las carreteras de los pueblos. La gente se ha ido sumando, a través de asociaciones locales o incluso por su cuenta», asegura la portavoz de la plataforma.
La acogida de las protestas ha sido desigual. Para unos, un ejemplo de solidaridad para la comunidad internacional; para otros, una forma de violencia injustificada. «Ayer la vuelta de España volvió a convertirse en el chivo expiatorio de un fanatismo de otro tipo, infinitamente menos peligroso que el etarra, pero incapaz igualmente de respetar las libertades públicas. Boicotear La Vuelta no es un acto democrático, es una manifestación más de radicalismo», defendía Jorge Bustos, subdirector de El Mundo, en el espacio radiofónico de la COPE. En la misma línea -y la misma cadena- se había pronunciado el comentarista deportivo Juanma Castaño: «Estoy convencido de que había algunos de los que llevaban banderas palestinas que estaban celebrando el asesinato de guardias civiles, de concejales, de policías o de militares». Una postura antagónica a la defendida por el periodista Manu Carreño en el programa El Larguero, de la Ser. «La gente se ha atrevido a hacer lo que no se atreven a hacer los organismos internacionales del deporte«, señalaba el presentador.
Protestas en Los Corrales de Buelna, en Cantabria.
Pero el debate ha trascendido más allá de los medios de comunicación. Alcanzado a los propios corredores. «La sensación es un poco de incertidumbre. Pero hay que dejar una cosa clara: ninguno de los otros 22 equipos ha pedido por el momento -como parecen insinuar algunas informaciones- que se excluya al equipo de Israel. Tampoco han dado señales de barajar la posibilidades de retirarse», afirma Juan Clavijo, comentarista de Eurosport. Donde sí han emergido las dudas sobre la participación del conjunto israelí ha sido en el núcleo mismo de la organización de La Vuelta. Este miércoles, Kiko García, director técnico de la carrera, ponía sobre la mesa una posible retirada voluntaria del equipo hebreo. «Solo hay una solución ahora mismo. Que el equipo asuma que estando no facilita la seguridad de todos los demás», dejaba caer en declaraciones a la Ser.
No tiene pinta de que vaya a pasar. «Si abandonamos aquí, sabemos que en cada carrera a partir de ahora seríamos el objetivo. Sería el cierre del equipo», ha declarado ante los medios el director del conjunto israelí. «¿Qué hacemos con las 180 familias que trabajamos para hacer este deporte?», ha lanzado al aire. Desde la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel responden tajantes. «Cuando un profesional ficha por un equipo deportivo cuya insignia es el nombre del Estado que perpetra un genocidio y cuya bandera lleva en el maillot, sabe lo que hace. Está aportando su cuerpo y esfuerzo para representar a ese país«, indica su portavoz. «Y más con todas las noticias que están saliendo sobre el dueño del equipo, un multimillonario amigo de Netanyahu que ha declarado públicamente que su objetivo es blanquear las políticas de Israel», añade Soriano con indignación.
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Las protestas –insisten desde la plataforma- se encuadran en el marco de la resistencia pacífica. «Quitando algún momento puntual de gente presa de la indignación, todas las movilizaciones han seguido un protocolo. Para cortar las carreteras la gente va con chalecos, para que se les distinga bien. Y permanece inmóvil, sin actitud agresiva y nunca con la intención de tirar a los ciclistas«, asegura la activista. No se ponen en riesgo en ningún momento –insiste una vez más– ni la integridad física ni la seguridad de los deportistas. Los sindicatos de corredores no están tan seguros. «Lo que demandan los ciclistas, algunos de los que pueden estar incluso de acuerdo con el motivo de fondo de las movilizaciones, es prudencia y respeto», señala Clavijo. «Más que nada para evitar cualquier accidente que ponga en peligro, ya no a la caravana de La Vuelta, también a los propios aficionados», completa el comentarista deportivo.
«Los corredores no tienen responsabilidad en nada de lo que está pasando. Ni siquiera La Vuelta, Unipublic, tenía mucho margen de actuación. La exclusión de Israel es una decisión que depende de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, que no destaca precisamente por su determinación», continúa el locutor. Un comentario al que Soriano añade algunos matices: «El propio reglamento de la Federación Española de Ciclismo, en su punto 6.a, incluye una cláusula por la que se puede echar a un equipo cuando se considere que daña la imagen de una carrera o del deporte en general. Y están ocurriendo las dos cosas». «Basta de echar balones fuera. Es un caso de sportswashing de manual. Deporte y política van de la mano», sentencia la activista. Que se lo digan al equipo de ciclismo ruso, el Gazprom-RusVelo, apartado de las competiciones internacionales poco después de la invasión de Ucrania.
Movilizaciones convocadas en la etapa decimotercera etapa de La Vuelta, en Asturias, para el viernes 5 de septiembre.
No van a parar. «Seguiremos hasta que consigamos que Israel quede fuera de la carrera», aseguran desde la plataforma organizadora. Ya son públicas las convocatorias para las próximas seis etapas: tres en Asturias y tres más en Galicia. A través de las provincias de Lugo, Pontevedra y Orense. «Israel tendrá que pagar por sus crímenes de guerra y resarcir a sus víctimas. Seguiremos exigiendo que se cumpla íntegramente el derecho internacional«, concluyen los convocantes.
El borrador del proyecto se llama Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation –Fondo para la Reconstitución, Aceleración Económica y Transformación de Gaza- y en 38 páginas sienta las bases de la fantasía colonizadora que el presidente estadounidense, Donald Trump, proyectó hace unos meses sobre la Franja de Gaza. Entonces la llamó la «Riviera de Medio Oriente». Las siglas del proyecto en inglés,GREAT Trust, evocan el eslogan de la campaña electoral –Make America Great Again-, con la que el republicano reconquistó la Casa Blanca en 2024.
La presentación del proyecto ha sido publicada en exclusiva por el diario The Washington Post el pasado 1 de septiembre. En ella se detallan los pormenores de uno de los proyectos que baraja EEUU para el futuro de Gaza. El GREAT Trust se presenta como una oportunidad económica para inversores arriesgados. El coste de su construcción oscilaría entre los 70.000 y los 100.000 millones de dólares, que se lograrían gracias a la creación del Fideicomiso de Tierras de Gaza. Este arrendaría, aproximadamente, el 30% de las tierras públicas de Gaza.
El proyecto plantea que los gazatíes coloquen sus tierras en el mecanismo financiero, a cambio de las cuáles recibirían tokens. Estas propiedades, a su vez, se pondrían a disposición de inversores que ayudarían a reconstruir Gaza.
El proyecto promete a sus posibles interesados cuadruplicar su inversión inicial, a la par que se dispara el valor económico del enclave. Este progreso económico se presenta como algo relativamente fácil de lograr debido a que el borrador explica el colapso de la economía gazatí como un mero fracaso de Hamás. Ignora así que el empobrecimiento de la Franja se debe, sobre todo, al bloqueo al que fue sometida por parte de Israel y Egipto tras la llegada del grupo islámico al poder por la vía democrática.
La información publicada por el medio estadounidense viene a confirmar lo adelantado por el Financial Timesa principios de julio, cuando se tuvo conocimiento por primera vez de este plan. Desde entonces hasta ahora se ha debatido mucho en torno a la autoría del borrador. Según el medio económico, en su desarrollo participó el Instituto Tony Blair para el Cambio Global (TBI), un think tank creado por el expresidente británico con la mirada puesta en «acabar con el extremismo» en Oriente Medio. El TBI negó tajantemente tener nada que ver con dicho plan, si bien posteriormente confirmó que lo conocía y que su papel había sido el de «escuchar» las opciones que distintos grupos planteaban para el futuro de Gaza.
A su vez, el TBI señaló que parte del plan GREAT Trust llevaba la firma de miembros del Boston Consulting Group (BCG), una consultora estratégica global vinculada a la Fundación Humanitaria de Gaza, encargada del reparto de ayuda en el enclave palestino. También la BCG negó tener ningún papel en el desarrollo del GREAT Trust. Al ser preguntados por The Washington Post a raíz de la publicación del borrador del plan, la consultora ha explicado que «el trabajo sobre el plan del fondo no fue aprobado expresamente y que dos sociosprincipales que dirigieron el modelo financiero fueron posteriormente despedidos».
El 27 de julio, Donald Trump se reunió con el mismísimo Tony Blair, con su yerno, Jarden Kushner y con el enviado de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff en la Casa Blanca para discutir sobre el futuro de la Franja. Sea cuál sea este, Witkoff aseguró en Fox que el plan que están trazando «es muy exhaustivo» y que «mucha gente va a ver lo sólido y lo bienintencionado que es, y cómo refleja los motivos humanitarios del presidente Trump». Dado que no han transcendido detalles sobre el contenido de dicho encuentro no es posible saber si el GREAT Trust fue una de las opciones barajadas.
La salida a la luz del borrador permite conocer los pormenores del proyecto, con el que sus impulsores buscan rentabilizar el genocidio construyendo una suerte de hub tecnológico con plantas de vehículos eléctricos, centros de datos, complejos turísticos de lujo y rascacielos. La visión que el plan proyecta sobre Oriente Medio engarza con la prioridades comerciales y geopolíticas de la Administración Trump.
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Captura de pantalla de la presentación del ‘GREAT Trust’, uno de los planes que baraja Trump para el futuro de la Franja de Gaza.
En el documento se nombra específicamente la importancia que el GREAT Trust tendría para el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC). Esta idea se maquinó en reuniones informales celebradas durante la cumbre del G20 en Delhi (India) en 2023. El objetivo, crear rutas alternativas al Canal de Suezque conectaran occidente y oriente, contaba con el pleno respaldo de EEUU. Recientemente, la relación entre India y EEUU se ha enfriado debido a la apuesta del país asiático de estrechar lazos con Rusia y China. En cualquier caso, el borrador del GREAT Trust, se redactó meses antes de la reunión que mantuvieron la semana pasada los líderes euroasiáticos.
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Un ‘hub’ sobre las ruinas del genocidio
El plan del GREAT Trust enumera diez megaproyectos. El primero de ellos es el desminado de artefactos explosivos aún sin detonar y que actualmente están repartidos a lo largo y ancho de la Franja de Gaza. Israel ha vertido sobre la Franja el equivalente a siete bombas atómicas como la que arrasó Hiroshima en 1945. Así lo afirmó la relatora de la ONU para la defensa de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, durante su visita a España el pasado mes de junio para la recogida del Premio Público 2025.
Su desescombrado «podría tardar años», explicó a este periódico Haizam Amirah. El fundador del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos (CEARC) afirmó entonces que quienes hablaban de la colaboración público-privada con otros países árabes para la tarea de desescombrado «saben que Israel no quiere hacerlo ni lo va a permitir», entre otras cosas, «porque no desea que vea ni verifique sus acciones» en la Franja.
Diapositiva del borrador del proyecto ‘GREAT Trust’.
En él también se recoge la creación de un centro logístico regional en Rafah con conexión a un aeropuerto y varios puertos que se crearían en Gaza. La ciudad, rebautizada como el Portal de Abraham también permitiría la conexión con infraestructuras de países vecinos gracias a la construcción de varias circunvalaciones, carreteras y tranvías alrededor de la Franja. Todo ello compondría el Corredor de Infraestructura Abrahámica, que aspira a ser una de las paradas obligatorias del IMEC.
Además, el proyecto contaría con: un Centro Regional de Agua con plantas solares y desalinizadoras en la Península del Sinaí, entre seis y ocho «ciudades inteligentes» impulsadas por la IA, resorts turísticos frente al mar e islas artificiales similares a las Islas Palmeras de Dubái, un Refugio Americano de Datos Seguros regulado por una IA estadounidense y una Zona de Fabricación Inteligente Elon Musk. Es decir, zonas industriales en las que se desarrollaría material de defensa, entre otras opciones.
El GREAT Trust no ignora una cuestión fundamental y es que, para erigir estos macroproyectos, primero tienen que apartar del territorio, al menos temporalmente, a los dos millones de palestinos que malviven en el enclave.
Dos fórmulas para desplazar a los palestinos
El desplazamiento forzado de una población de su territorio está tipificado por el Estatuto de Roma como un crimen de guerra y de lesa humanidad. Los impulsores de GREAT Trust, en cambio, ven este delito como una mera transacción económica. Así, según el documento, el fideicomiso pagaría a cada palestino 5.000 dólares por marcharse de sus tierras. Además, le serían concedidos subsidios para cubrir los cuatro primeros años de alquiler en otro país así como un año de alimentos. El borrador del plan estima que aproximadamente medio millón de personas salgan de la Franja gracias a esta fórmula. Es decir, en torno a un 25% de su población. Según las estimaciones reflejadas en el borrador, sacar a los palestinos de Gaza tendría un precio de unos 5.000 millones de dólares.
Sin embargo, parece poco probable que los países vecinos acepten acoger a cientos de miles de palestinos. Especialmente, teniendo en cuenta que Egipto lleva desde el 7 de octubre limitando la entrada de ayuda humanitaria al sur de la Franja de Gaza y muchos más años restringiendo el acceso al enclave, siguiendo la estrategia inaugurada por Israel en 2007, cuando Hamás se hizo democráticamente con el poder en la Franja de Gaza.
Tampoco parece que Jordania vaya a aceptar el traslado de la población a su territorio de manera tan abierta, donde actualmente existen diez campos de refugiados palestinos. No han sido pocas las tensiones que han mantenido a lo largo del siglo XX las autoridades jordanas y los grupos nacionalistas palestinos que se consolidaron en su territorio, como la Organización para la Liberación de Palestina.
La expulsión de los árabes de sus tierras se combinaría con una segunda opción: la reubicación de los gazatíes dentro de la Franja de Gaza. El borrador espera a que a este plan se acoja el 75% restante de los gazatíes. De ellos, estiman que el 90% necesitaría alojamiento temporal que, según el borrador contaría con infraestructuras de educación, agua y saneamiento. Dicho proyecto podría costar unos 6.000 millones de dólares. Este plan se parece peligrosamente a los barajados recientemente por el Gobierno de Benjamín Netanyahu (Likud), y que muchos expertos no dudan en calificar de «campo de concentración».
Es importante subrayar el evidente rechazo de la población palestina a abandonar sus tierras. Pese a los reiterados esfuerzos de Israel para expulsar a la población autóctona -se estima que un millón y medio palestinos han sido obligados a salir de sus tierras desde 1948-, esta continúa luchando por permanecer en sus tierras. Es de esta resistencia de donde surgieron, a finales del siglo pasado, grupos nacionalistas armados como los seculares como Fatah -ahora desmilitarizado- o los islámicos Hamás o la Yihad Islámica, responsables del 7-O.
Esta amenaza es bien conocida por los diseñadores de GREAT, que reconocen en el documento que la seguridad es su principal riesgo: «Gaza es un puesto avanzado iraní en una parte moderada de la región que amenazará la arquitectura IMEC/abrahamica y socavará cualquier futuro autogobierno palestino». Para combatir dicha amenaza, el documento evidencia que únicamente mediante la aniquilación de Hamás, el proyecto será posible. Esta idea casa con la dirección tomada por Netanyahu de ocupar militarmente toda la ciudad de Gaza-. Contra ella se han posicionado miles de israelíes debido al riesgo que supone para la veintena de rehenes que siguen vivos en el enclave.
Los incendios forestales han arrasado 362.473 hectáreas en todo el país durante estas semanas se agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus, a 30 de este mes. 138.689 hectáreas han ardido en Galicia. El Gobierno de Alfonso Rueda, sin embargo, habla de momento de 95.000, es decir, en torno a 45.000 hectáreas menos de las que contabilizan los satélites europeos. «No es una diferencia discutible. La brecha es enorme, hablamos de que se oculta casi una tercera parte de la estimación de Copernicus. La Xunta tiene los datos reales, pero prefiere maquillar la realidad para que parezca que el daño medioambiental y patrimonial es menor», señala Francisco Lueiro, portavoz del colectivo ecologista Arco Iris.
Es cierto que las estadísticas que publica el satélite europeo, prácticamente en tiempo real, son provisionales y tienen en cuenta toda la superficie calcinada que van captando las camáras a decenas de kilómetros de distancia. Lo que suelen hacer luego las comunidades es descontar todas aquellas zonas que han sobrevivido a las llamas, conocidas como islas, así como las carreteras, los pastizales y los terrenos agrícolas o urbanos. «La Xunta, al mismo tiempo, suele ir aumentando su propia cifra hasta que ambas se aproximan. No hablamos tanto de una cuestión técnica, como de una estrategia de comunicación», apuntan distintos brigadistas consultados por Público, que prefieren, eso sí, no hacer pública su identidad. La Consellería de Medio Rural confirma a este medio que el dato que han revelado esta semana puede sufrir variaciones porque, «mientras no se controlan o extinguen» los focos, «no se pueden conocer las superficies exactas» que ha arrasado el fuego.
La administración autonómica recuerda además que en sus cálculos «no se contabilizan las hectáreas de índole agrícola» y trata de minimizar la polémica generada por el evidente desfase que existe por ahora entre ambos datos. «Dentro del perímetro de los incendios sigue habiendo áreas sin quemar. La diferencia con Copernicus puede responder a esta cuestión. (…) El satélite no distingue bien y preferimos ir sobre seguro», responden desde la cartera. La Xunta no solo rechaza las acusaciones de falta de transparencia, sino que recalca: «Todos los años, con la actualización del Pladiga [plan de prevención y defensa contra los incendios forestales], queda registrada con total claridad la información técnica (…) de todos los incendios forestales del año anterior». El problema es que el citado plan suele presentarse en la primavera del año siguiente, es decir, casi diez meses después del periodo de alto riesgo, cuando prácticamente nadie acude ya a cotejar información del número de hectáreas arrasadas por los incendios de la temporada anterior.
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Copernicus también ha publicado sus estimaciones para el resto de las comunidades afectadas por los fuegos de las cuatro últimas semanas. El satélite europeo cifra en 150.000 el número de hectáreas quemadas este agosto en Castilla y León. Extremadura, por su parte, habría visto dañada una superficie de 45.000 hectáreas. Público ha contactado con las dos administraciones. La primera no ha respondido a las preguntas de este medio, pero hasta dos miembros de distintas brigadas autonómicas han podido confirmar que no se dan datos diarios de las hectáreas calcinadas y que, una vez concluida la época de incendios, «hacen la medición y suelen rebajar lo que llega desde el satélite», excluyendo de nuevo los terrenos no forestales y «las superficies que no han ardido por completo, en las que ha quedado un poco de verde, por poco que sea». El objetivo, según estos profesionales, sería «hacer creer que han ardido menos montes y espacios de los que realmente han ardido, aparentar menos gravedad».
El Gobierno de María Guardiola sí ofrece resultados cuantitativos a medida que avanza en la extinción de los focos, tanto en el portal INFOEX como en los canales del 112 Extremadura. La Dirección General de Incendios explica así a Público cómo funciona su operativo: «Tenemos un helicóptero de coordinacion que realiza ortofotografías y nos permite conocer la superficie afectada por cada incendio casi en tiempo real». Los populares, aquí sí, ponen en valor tanto su propio sistema como el trabajo de los satélites del EFFIS. «Lo solemos comparar y las dos mediciones son similares, muy fiables y muy parejas«, insisten desde el departamento.
Asturias, donde se han quemado según Copernicus 2.405 hectáreas, realizó una primera estimación a partir de los cálculos del EFFIS, «basada en imágenes satelitales y análisis espectral, lo que garantiza la fiabilidad de los datos», tal y como confirman a este periódico fuentes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión Forestal. Los agentes medioambientales del Principado revisarán ahora los informes provisionales del satélite para hacer los oportunos ajustes antes de trasladar la suma definitiva al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta cartera no ha conseguido explicar a Público antes de la publicación de este artículo cómo realiza el cómputo total de las estadísticas de todas las comunidades y si tiene pensado establecer de aquí en adelante un criterio unificado para medir las superficies calcinadas en el conjunto del Estado.
El uso de medios del siglo pasado para cuantificar las cenizas
Este es, de hecho, otro de los grandes dilemas para los representantes políticos y los profesionales del sector. Galicia, por ejemplo, utiliza fotografías aéreas y herramientas manuales para medir la extensión de lo arrasado por las llamas. Así lo explica a Público la propia Consellería de Medio Rural: «Los sistemas de medición, mientras los focos no se han extinguido, toman como base la información que ofrecen los medios aéreos [fotografías desde helicópteros o aviones que luego se digitalizan] y también el personal que opera desde tierra. (…) Una vez controlados los incendios, se utiliza el GPS para determinar las superficies afectadas«. La Xunta, de hecho, insiste: «Estos sistemas tienen una amplia acreditación internacional en el sector». Los expertos forestales, sin embargo, consideran que la medición vía satélite es mucho más rápida, precisa y efectiva, sobre todo ante incendios tan grandes y virulentos como los de este verano.
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«La perimetración manual te puede servir para clasificar un incendio pequeñito, pero no uno de 15.000 o 20.000 hectáreas. Los satélites son en estos casos la herramienta más fina. El GPS o las fotos aéreas pueden dar lugar a errores, principalmente humanos. El satélite es matemática pura: tienes cinco hectáreas, le restas dos [no calcinadas] y te quedan tres. Es como un tablero de ajedrez, no tiene truco», compara Carlos Madrigal, decano territorial de la Comunidad de Madrid del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Galicia también tiene «180 cámaras de vigilancia fija» desplegadas en sus montes. No es, eso sí, la única comunidad que utiliza fórmulas «convencionales» pese a los avances tecnológicos cosechados en los últimos diez años. Castilla-La Mancha y Asturias, de hecho, son dos de las pocas que recurren al satélite para la realización de estas tareas. «La diferencia es evidente», subraya el ingeniero.
Lo que sí hacen todas las autonomías es cubrir antes de final de año un parte de incendios normalizado a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esto también tiene sus matices. Los agentes medioambientales de cada comunidad recogen en este formulario los datos definitivos de superficies quemadas e incorporan otros aspectos técnicos como el tipo de vegetación o el volumen de madera incendiada. El parte es el mismo para todos los territorios, pero cada uno, eso sí, mide a su manera el número de hectáreas afectadas. «El cálculo tendría que hacerse de la misma manera en todas las comunidades, sobre todo en lo referido a los grandes incendios forestales. Las competencias es cierto que son autonómicas, pero muchas cosas deberían estar unificadas a nivel nacional y una es, sin duda, la medición de superficies», continúa Madrigal.
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Imagen de la superficie calcinada en Larouco (Ourense) por el peor incendio de la historia de Galicia.
Galicia solo informa de las quemas de más de 20 hectáreas
La manera que tiene cada comunidad de informar de los incendios también da para un capítulo aparte. Galicia vuelve a ser aquí una de las más polémicas, habida cuenta, eso sí, de que es la única que dispone de una cuenta oficial y específica para realizar las comunicaciones que tienen que ver con las emergencias forestales: @incendios085. Castilla y León, por su parte, tiene la plataforma INFORCYL, donde se informa del avance de los fuegos «en tiempo real», sin incluir, como se venía advirtiendo, el número de hectáreas calcinadas. El Gobierno de Mañueco también envía durante la época de alto riesgo dos partes de prensa diarios, uno a las 10.00 y otro a las 19.00. «Y todos los incendios de los que los que se va teniendo conocimiento, siempre que estén por encima de una hectárea, se van metiendo en la base de datos con la que trabajamos, de donde sale luego ese parte de prensa», explica Agustín Argulo, técnico de incendios en el operativo autonómico y delegado nacional de medioambiente de CSIF. Extremadura utiliza las cuentas de INFOEX. Y Barbón se sirve de las redes del 112 Asturias y saca notas de prensa diarias «en función de la evolución de los incendios», pero informando de todos ellos, «desde uno pequeño hasta uno de cientos de hectáreas».
¿Cuál es entonces la polémica con Galicia? El PP llegó al Gobierno de la Xunta en 2009. Feijóo desbancó al bipartito y se hizo con el control del Parlamento gallego. Los populares pusieron en marcha ese mismo año una «instrucción interna» para notificar únicamente por los canales públicos los incendios de más de 20 hectáreas, tal y como advierten fuentes jurídicas y sectoriales consultadas por Público y confirman desde la Consellería de Medio Rural. La administración alerta también de aquellos focos que afectan a parques naturales y de los que están en situación operativa 2. «El criterio de informar proactivamente de los incendios de más de 20 hectáreas se estableció en 2009, atendiendo a criterios técnicos y de responsabilidad», argumentan desde Medio Rural. El motivo sería, dicen, evitar un posible efecto llamada. «Informar de todos y cada uno de los registros que se producen podría generar alarma social y tener un efecto no deseado de incentivar la acción incendiaria«, precisan desde la Consellería.
La Xunta sostiene, eso sí, que ofrece «información detallada y puntual de cualquier foco por el que consulten los profesionales de los medios de información, independientemente de su superficie». La medida se tomó tres años después de otra de las grandes olas de incendios que amenazó Galicia, la emergencia de 2006. La comunidad estaba entonces gobernada por PSdG y BNG. «No es normal que se apueste desde un organismo público por esconder todos los incendios de menos de 20 hectáreas, porque tenemos muchos y afectan igualmente a nuestro patrimonio», critican desde el colectivo Arco Iris. Los brigadistas consultados por Público recalcan, no obstante, que esto es una «cuestión meramente informativa», porque tanto ellos como la Xunta «saben realmente lo que arde», y piden abandonar «por una vez» la batalla electoral: «No sirve de nada maquillar los resultados. Hacerlo es una decisión política y el fuego no entiende de colores políticos«.
La parálisis del partido demócrata ante la derrota de las pasadas elecciones parece que llega a su fin. El gobernador de California, Gavin Newsom, y su equipo de comunicación han movido ficha: combatir el fuego con fuego. Literalmente.
Newsom ha empezado a publicar tuits en mayúsculas y la cuenta de su equipo de comunicación ha compartido imágenes estilo IA del gobernador: la cara de Newsom en el Monte Rushmore; Newsom santificado y rodeado por los iconos trumpistas Kid Rock, Tucker Carlson, y un Hulk Hogan angélico. Newsom ha puesto un espejo delante de las bases MAGA y no les ha gustado.
El resultado no solo ha sido incomodaralas basestrumpistas, sino también engañaralalgoritmo de Xycolarse en todas partes. De repente,losposts en mayúsculas de la Oficina de Comunicación del gobernador californiano tienen mucha más visibilidad. Incluso dentro de la burbujaMAGA. El estilo delosposts es calcadoal del presidente Trump: mayúsculas, tono ofensivo e incluso una firma final con las siglas.
Cualquier oportunidad es buena para meterse con los posts de Trump, a quien ahora llama «DONALD MANOS PEQUEÑAS«, en un claro guiño al «CROOKED JOE» (Joe el corrupto) y el «NEWSCUM» (una combinación entre el apellido del gobernador y la «palabra escoria»). Tampoco faltan las fotos de Newsom en estilo patriótico y comparando publicaciones de la cuenta oficial de la Casa Blanca con algunas suyas. «LOS VOTOS ESTÁN DENTRO: Los patriotas tienen mejores fines de semana que los MAGA!». Porque sí, también ha empezado a usar la palabra «patriota» para resignificarla.
El gobernador de California, Gavin Newsom.
Al inicio muchos perfilestrumpistas en X se burlaron deNewsomysu oficina por postear de esta manera: «ridículo», escribían.Ahora las basestrumpistas si que veían como estrafalaria la conducta que han estado idolatrando en su presidente. Incluso en Fox News, la cadenaamiga deTrump, criticóal gobernador poractuar de esta forma en redes. «Si fuera su esposa, le diríaque se está retratando como un estúpido», decíala comentarista de la Fox Dana Perino. «Tiene un gran cargo como gobernador de California, pero si quiere un cargo mayor, tiene que ser un poco más serio».
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Sin saberlo, la Fox habíacentrado el gol en su propia portería. La respuesta del equipo de comunicación deNewsom, no se hizo esperar. «CASI UNA SEMANAYSIGUEN SIN PILLARLO», escribíala cuenta. «FOX ESTÁ PERDIENDO CUANDOYO TECLEO,AMÉRICAAHORA GANA!!!».
Finalmente, Perino intentó reconducir la situaciónyrespondióal post en otro episodio del programa The Five en la Fox: «Creíaque odiabanaTrump, pero están intentando parecerse másaélytienen que pagarala gente para hacerlo. La cuestión es que, lo que decíaayer, es que creo que todo el mundo necesita encontrar su propio camino». Según Perinoytodas las basesMAGA, las mayúsculasylas imágenes ficticias deNewsomson ridículas porque no gozan de la supuestaautenticidad deTrump.
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Tomar el peloalas basesMAGA,alalgoritmo de Xyala mismísima Fox no solo hizoaún enfadar másalas voces conservadoras, sino que ha dadoalasauna oleada de memes que siguen la parodia iniciada porNewsom. Hay imágenes generadas con IA deNewsomdescamisadoymontadoalomos de un tiburóncon una bandera estadounidense, o bien con una camiseta que diceHAGO LLORAR A LOS MAGA.
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«Está intentando imitaral presidenteTrump», decíaSteve Bannon, una de las voces más influyentes del mundoMAGA,aPOLITICO. «No esTrump, pero si mirasal Partido Demócrata,al menos está escalando posiciones,yestá intentando imitar una visióntrumpista de lucha, ¿no? Parece la única persona en el Partido Demócrata que está organizando una pelea que sienten que pueden ganar.
Mesesantes de la campañadeNewsom, en una entrevista en elFinancial TimesBannon vaticinaba que el «populismo es el futuro de la política». El equipo de comunicación deNewsomha tomadoal pie de la letra la predicciónyha hechoalgo quelosdemócratas habían rehuido hasta el momento: bajarseal barro. Hasta entonces, las campañas del partido progresista habían sido mucho más contenidas por miedoagolpear en el lugar equivocado. Ese encorsetamiento que se le criticóala candidata electoral Kamala Harris parece estar rompiéndose.Newsomes una de las puntas de lanza, pero el candidatoalaalcaldíade NuevaYork, Zohran Mamdani, es otra.
Pero por si los memes y los tuits no fueran suficientes, el gobernador de California también ha sacado toda una línea de merchandising que imita las gorras rojas MAGA y rehace los lemas. La semana pasada, Trump aparecía en el Despacho Oval con la característica gorra roja y el lema Trump tenía razón en todo. Ahora existe esa versión con Newsom tenía razón en todo. También hay camisetas con Trump no es hot (un término que ha usado mucho el presidente para atacar, por ejemplo, a Taylor Swift) y tazas con Newsom 2026.
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Apoco más de unaño para las elecciones legislativas, que prometen ser cruciales paralosdemócratas, el gobernador de California calienta motores mientras también se enzarza en la batalla por el rediseño delosdistritos electorales.Aunque tampoco se puede descartar queNewsom, quienya sonó como posible presidenciable después de que Joe Biden renunciaraala candidatura en julio del 2024, también tantee el terreno para 2028.
El gobierno de Donald Trump tiene en el punto de mira al salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien se ha convertido el rostro de la lucha contra la campaña de deportaciones masivas del presidente. Ábrego García fue deportado «por error» el pasado mes de marzo a la CECOT de El Salvador. A finales de junio, el gobierno permitió su retorno a Estados Unidos para juzgarlo por cargos penales. Después de que los activistas por los derechos de los migrantes celebraron su regreso como una victoria frente a la campaña de deportaciones de Trump, este lunes Ábrego García ha vuelto a ser arrestado bajo la amenaza de ser expulsado a Uganda.
La semana pasada, Ábrego García había sido puesto en libertad a la espera del juicio que el gobierno estadounidense ha iniciado contra él. “Mi nombre es Kilmar Ábrego García, y quiero que recordéis esto: recordad que soy libre y he podido volver a reunirme con mi familia”, dijo a través de un traductor. “Esto ha sido un milagro… Quiero agradecer a cada uno de los que han marchado, que han levantado su voz, que no han dejado de rezar y que continúan luchando en mi nombre”.
A su alrededor, los activistas que han hecho campaña para el retorno de Ábrego coreaban “Sí se puede” y “Somos Kilmar”. Lograr forzar a la administración Trump a devolver al salvadoreño a Estados Unidos (quien desde 2019 está protegido judicialmente de la deportación) era una clara victoria para los activistas de los derechos de los migrantes. Algo que Trump no puede tolerar de ningún modo. Tan solo tres días después de la escena, este lunes, los agentes de inmigración (ICE, en sus siglas en inglés) lo han arrestado este lunes en Baltimore.
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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado en un comunicado que ICE está “procesando” al hombre para ser deportado. No concretó el lugar. Previamente a la detención, la defensa de Ábrego García había apuntado que la administración Trump lo deportaría a Uganda si no aceptaba el acuerdo de ser expulsado a Costa Rica bajo el estatus de refugiado.
Por el momento, sus abogados ya han presentado una moción ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland para frenar la expulsión a Uganda. La petición argumenta que la administración Trump lo ha vuelto a arrestar sin darle previamente la oportunidad de expresar su temor a ser perseguido y torturado en ese país.
«Le castigan por ejercer sus derechos constitucionales»
«La única razón por la que fue detenido es para castigarlo. Para castigarlo por ejercer sus derechos constitucionales«, ha dicho Simon Sandoval-Moshenberg, uno de los abogados que representa a Ábrego, este lunes frente a una oficina de ICE en Baltimore. Sandoval considera que la administración está usando la amenaza de Uganda para presionar a su cliente después de que rechazara la oferta de ser deportado en a Costa Rica a cambio de permanecer allí en prisión y aceptar los cargos de tráfico de personas que el gobierno estadounidense le imputó en junio.
“El hecho de que estén usando a Costa Rica como una zanahoria y a Uganda como un garrote para tratar de obligarlo a declararse culpable de un delito es una prueba tan clara de que están convirtiendo el sistema de inmigración en un arma de una manera completamente inconstitucional”, ha expuesto Sandoval a la prensa.
El presidente de EEUU, Donald Trump, con el director del Servicio de Marshals, Gadyaces Serralta, que le entrega una placa de agente durante la firma de órdenes ejecutivas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington DC.
La administración Trump, dispuesta a no ceder ante el caso de Ábrego García después de reconocer que lo deportó «por un error administrativo«, decidió retornarlo a Estados Unidos solo para juzgarlo por unos nuevos cargos que le imputaron: el de ayudar a entrar ilegalmente a otras personas al país. “Cargos federales que son completamente inventados», denunció en su momento Sandoval. Desde entonces había estado encerrado en un centro de detención de Tennessee.
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El caso de Ábrego García empezó cuando el 15 de marzo fue deportado junto con más de 200 migrantes, venezolanos y salvadoreños, a El Salvador bajo la aplicación de la ley de enemigos extranjeros. El hombre había llegado a Estados Unidos en 2011 huyendo de las maras salvadoreñas para pedir asilo. Es residente legal de EEUU y desde 2019 está protegido judicialmente contra la deportación. Tal y como explicaron sus abogados en el momento de la detención en marzo, no había ninguna razón creíble para acusar a su cliente de formar parte de la banda criminal MS-13.
A raíz de la campaña legal y de presión para devolver a Ábrego García, el departamento de Justicia emitió una respuesta kafkiana: reconocía que le había deportado «por un error administrativo» y no tenía «poder» para devolverlo. Esos mismos días, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, era recibido en el Despacho Oval y hacía gala de su buena sintonía con Trump. Ambos mandatarios se lavaron las manos sobre la capacidad real para retornar a Ábrego García.
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Poco a poco, el caso del salvadoreño se convirtió en una prueba de la falta de revisión judicial que sufrieron las personas a las que se les aplicó la ley de enemigos extranjeros del 1789, bajo la acusación de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y El Tren de Aragua. La pugna legal escaló hasta el Supremo que, en una orden no firmada, dijo al gobierno que facilitara el regreso del hombre. Durante meses, la administración Trump retrasó el cumplimiento de dicha orden.
Una jueza suspende temporalmente la deportación
La jueza federal del Distrito de Maryland Paula Xinis detuvo la deportación a Uganda del salvadoreño Kilmar Abrego García y ordenó al Gobierno del presidente Donald Trump mantenerlo en Estados Unidos mientras evalúa una nueva impugnación legal contra los planes de enviarlo a África.
Xinis, la misma jueza que en abril ordenó al Gobierno estadounidense que facilitara el regreso de Abrego desde El Salvador tras ser deportado allí por error, preguntó si la Casa Blanca entendía que tenía prohibido expulsar a Abrego García del territorio continental estadounidense, a lo que el abogado del Gobierno Trump contestó que sí.
Según una orden judicial anterior de Xinis, Abrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una posible orden de deportación.
La jueza afirmó que existen «varios motivos» por los cuales podría tener jurisdicción para solicitar la exención deportación, incluyendo que Uganda no ha accedido a ofrecerle a Abrego protecciones como la libertad de tránsito, la obtención del estatus de refugiado y la prohibición de ser enviado a El Salvador.
El viernes 22 de agosto, con apenas unos minutos de diferencia, Naciones Unidas declaró oficialmente la «situación de hambruna en la Franja de Gaza», mientras en Barcelona se anunciaba la partida de la “mayor misión humanitaria rumbo a Gaza” con la partida de decenas de barcos que buscan romper el bloqueo que sufre la Franja. Una iniciativa que Israel ya ha anunciado que «va a detener», tal y como ha hecho con todos los navíos que han intentado llegar a las costas palestinas en los últimos 17 años.
Desde 2008,cada pocos meses,parten barcos repletos de voluntarios y ayuda humanitaria rumbo a Gaza. En casi dos décadas, de medio centenar de expediciones que han partido, solo las cinco primeras consiguieron llegar a las costas palestinas; el resto fue interceptado por Israel. ¿Sirve de algo seguir enviando barcos que Israel secuestrará? Para el movimiento solidario «merece la penasin ninguna duda».
Para Santiago González Vallejo, voluntario español detenido en el último barco que partió a Gaza este mes de julio, cada intento «es una gota que está llenando el vaso de la paciencia de la sociedad civil». Es una forma de «decirle a los palestinos que no están solos y de exigirle a nuestros gobiernos que cumplan con la legalidad internacional», asegura.
Manu Pineda, histórico activista de la causa palestina, vivió tres años en Gaza y antes trató de llegar a la Franja en la Flotilla de la Libertad del año 2011. «Sirve para poner en la agenda el bloqueo que sufren nuestros hermanos palestinos», afirma. Estas iniciativas «merecen la pena si uno se cree lo que hace, y nosotros creemos que desde 2008 ya era fundamental y ahora lo es más en pleno genocidio», sentencia.
Historia de la Flotilla de la Libertad
En el año 2006, en plena ofensiva israelí contra el Líbano, un grupo de cooperantes internacionales decidió organizar el envío de barcos cargados de ayuda humanitaria a la castigada Franja de Gaza. Ese mismo año Hamás venció en las elecciones legislativas, lo que derivaría en la ruptura entre facciones palestinas y en la imposición de un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo sobre la Franja.
Nada de esto frenó a los voluntarios que, tras dos años de preparativos, consiguieron recaudar cerca de 700.000 dólares que hicieron posible fletar dos barcos –el Freedom y elFree Gaza– con 44 voluntarios a bordo. El 23 de agosto de 2008, los dos navíos llegaron a las costas de Gaza con toda la ayuda humanitaria que podían transportar aquellos destartalados barcos pesqueros.
Cuatro barcos más conseguirían llegar a Gaza entre el 23 de agosto y el 27 de diciembre de 2008. Ese día Israel lanzó una gran ofensiva contra Gaza, y desde entonces el ejército israelí frenó, a través de la fuerza, cualquier intento de llegada de nuevos barcos humanitarios.Pese a todo, en 2010 nació la coalición internacional Flotilla de la Libertad, una red de organizaciones solidarias que intentó profesionalizar y perfeccionar esta iniciativa. Desde entonces, cada año parten nuevos barcos rumbo a Gaza, aunque ninguno consigue alcanzar su destino.
En el mismo 2010, el ejército israelí asaltó el barco principal de la Flotilla de la Libertad, el MaviMarmara, matando a diez voluntarios turcos. «¿Merece la pena? Esos diez compañeros entregaron su vida para denunciar el criminal e ilegal bloqueo que sufre Gaza», recuerda Pineda, que se embarcó en la Flotilla en la siguiente expedición que la coalición organizó. «Matando a nuestros compañeros pensaban que iban a frenarnos, pero no lo consiguieron».
Desde que el genocidio israelí contra la Franja se recrudeció, a partir de octubre de 2023, la Flotilla de la Libertad ha incrementado sus esfuerzos por burlar el bloqueo israelí. Con la iniciativa que partirá el día 31 de agosto desde Barcelona, serán cuatro las expediciones que han zarpado este 2025.
Santiago González se embarcó en el Handala en julio de este año. «Estamos haciendo lo que deberían hacer los gobiernos, que es exigir que se cumpla el derecho internacional». Pese a no conseguir el objetivo de alcanzar Gaza, considera que una de las virtudes de la Flotilla es «la constancia, porque ayuda a que haya memoria en la ciudadanía y es una llamada de atención constante a la incoherencia de la comunidad internacional».
Foto de archivo del último barco de la Flotilla que partió a Gaza.
«Munición moral para los palestinos»
Según Pineda, la Flotilla cumple un triple objetivo: «Poner el genocidio en la agenda, señalar la complicidad de los gobiernos occidentales y dar munición moral a nuestros hermanos palestinos».
«Yo he vivido la flotilla desde dentro, como voluntario a bordo, y desde fuera, estando en Gaza y esperando su llegada. Y te aseguro que estas iniciativas dan mucha energía a los gazatíes». Pineda recuerda cómo, durante su estancia en la Franja, la población se juntaba en la playa y miraba al horizonte confiando que en algún momento apareciese un barco.
«Cuando decimos que esto sirve para que no estén solos no es un eslogan, yo puedo dar fe de quea la gente de Gaza, aun siendo conscientes internamente de que no van a llegar, les da esperanza. Es muy importante, les da munición moral y política a los palestinos para echar a andar en un mundo que es totalmente hostil», afirma el exeurodiputado de Izquierda Unida y actual responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España (PCE).
No obstante, pese al valor simbólico y moral de la flotilla, ambos voluntarios coinciden en señalar que sigue siendo fundamental que España corte todos los vínculos económicos y políticos con Israel. «Igual que se hizo con la Sudáfrica del apartheid, hay que boicotear deportiva y comercialmente para que la sociedad reaccione», considera González.
«La mayor misión internacional de solidaridad» con Gaza partirá de Barcelona
El próximo domingo 31 de agosto zarpará desde Barcelona la Global Sumud Flotilla, presentada como la “mayor misión humanitaria” para romper el bloqueo en Gaza. La iniciativa, que reúne a activistas de 44 países, pretende abrir un corredor marítimo de ayuda a la población palestina, sometida a 22 meses de asedio. Los portavoces, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, adelantaron que centenares de personas participarán en una travesía de una semana, aunque evitaron precisar detalles logísticos por razones de seguridad, tras denunciar «brutales intentos de sabotaje».
Independientemente de que esta iniciativa logre su objetivo o no, para Pineda «merece la pena intentarlo para que cuando pasen los años y nos pregunten qué ocurrió en Gaza no agachemos la cabeza, hicimos lo que teníamos que hacer y lo que pudimos hacer, y si no hicimos más es porque no nos dejaron». «Estuvimos en el lado correcto de la historia», concluye.
Galicia es la
comunidad española más afectada desde hace años por los incendios
forestales, también por la oleada de este agosto que está arrasando
los montes de varias comunidades. Pero, paradójicamente, se trata
del territorio con menos superficie incluida en la Red Natura 2000,
el catálogo de la Unión Europea de áreas de conservación de la
biodiversidad que obliga al Estado, a través de las comunidades
autónomas, a declarar figuras de protección legal destinadas a
cuidar los ecosistemas animales y vegetales.
Aunque la directiva
europea que las regula no establece medidas específicas contra los
incendios, sí estipula que las administraciones de cada país
miembro competentes en sus respectivos territorios deben legislar
otras fundamentales para combatirlos: la gestión forestal preventiva
–clareos, cortafuegos y eliminación de biomasa en los bosques–;
las restricciones de usos del fuego en épocas de riesgo; el
mantenimiento y fomento de usos agrícolas y ganaderos tradicionales
que ayuden a reducir la carga de combustible, programas de
reconstrucción tras las catástrofes…
La directiva hábitat
de la UE, aprobada en el año 1992 y que España traspuso a su
legislación interna en 1995, obliga a los estados miembros a identificar y designar, bajo criterios científicos objetivos, zonas
especiales de conservación (ZEC) de especies animales y vegetales y a proponer lugares de interés comunitario (LIC) –que pueden posteriormente
ser declarados ZEC–, así como zonas de especial protección de las
aves (ZEPA). Esos espacios componen la Red Natura europea, que ya ocupa
alrededor del 18% de todo la superficie de la Unión y más del 28%
de la de España. Según el último listado del Ministerio para la
Transición Ecológica, todas las comunidades autónomas tienen más
del 20% de su extensión bajo ese paraguas, con
Canarias (49%); Madrid (40%) y País Valencià (39%) a la cabeza.
Todas, menos una: Galicia no llega al 13%.
«Hay una absoluta desprotección del territorio porque la Xunta no
lo entiende como un hábitat o un ecosistema, sino como un recurso
que explotar para obtener dinero», sostiene Manoel Santos, zoólogo
y coordinador de movilización de Greenpece Galicia. «No es que la
Red Natura no pueda arder, de hecho arde porque, además, aquí está
mal gestionada y la declaración es más un título nobiliario que
otra cosa. Pero el hecho de que seamos la comunidad del Estado con
menos superficie en ella sí demuestra la relevancia que le da la
Xunta a la protección de la naturaleza», añade.
Expedientes de infracción
Santos recuerda que
la Comisión Europea le ha abierto a España dos expedientes de
infracción no sólo por el reducido porcentaje de territorio que la
Xunta ha incluido en Red Natura, sino porque considera que su plan
director –único para todos los espacios protegidos, con
independencia de sus características particulares– es insuficiente
para garantizar el cumplimiento de los objetivos de protección para
los que supuestamente fueron creados.
Con datos
provisionales, y con la ola de incendios todavía en plena actividad, de
las más de 350.000 hectáreas que según el sistema Copernicus –el
programa europeo de observación espacial de la Tierra– han ardido
hasta ahora en los fuegos de las dos últimas semanas en España, Galicia acumularía cerca de 68.000 hectáreas. Eso la sitúa a la
cabeza de las comunidades más afectadas en relación al total de su
territorio, una posición que ocupa desde hace decenios. Según un
estudio del portal Civio, históricamente ha sido la más dañada por
el fuego: desde 1983 hasta 2016 concentró uno de cada cinco
grandes siniestros ocurridos en el Estado –fueron más de medio
millón en ese período– y cerca de 1,8 millones de hectáreas calcinadas. La
superficie total de Galicia no llega a los 30.000 kilómetros cuadrados. La siguiente en la lista, con 1,3 millones de hectáreas
afectadas por el fuego entre 1983 y 2016 es Castilla y León, que tiene más de 94.000 kilómetros cuadrados de superficie.
Mapa de zonas del territorio de Galicia incluidas en la Red Natura.
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Xabier Vázquez Pumariño, biólogo y ornitólogo y experto en Red Natura, también advierte
de que ésta no está pensada para combatir los incendios ni, en la práctica, impide el desarrollo normal de actividades económicas que ya
se estuvieran llevando a cabo en las zonas que ampara. Pero alerta de
que la pasividad de la Xunta para incluir en ella espacios que
objetiva y científicamente merecerían esa declaración, así como
la protección que conlleva, revela «el escaso interés»
del Ejecutivo gallego actual y de los que lo han precedido «por una política de protección ambiental garantista«.
«Cubrir el expediente»
Vázquez Pumariño
sostiene que la primera configuración previa de la Red Natura en
Galicia estuvo «mal diseñada», y que, durante finales de la
década de los 90 y principios de los años 2000, los gobiernos de Manuel Fraga se limitaron «a cubrir el expediente para decir que
habían cumplido con la Unión Europea», sin que existiera un interés real en proteger efectivamente el territorio y sus ecosistemas. El científico
asegura que la estrategia de no reconocer con figuras legales
protectoras el patrimonio ecológico de Galicia, incluso de
denostarlas para que la ciudadanía del medio rural las haya acabo por entender como
un obstáculo a su actividad, no sólo no ha variado desde entonces,
sino que se ha agravado como instrumento para allanar el terreno a
proyectos industriales como la explotación del eucalipto o los parque eólicos.
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Según los últimos
datos oficiales de la Xunta a los que ha tenido acceso Público,
Galicia cuenta con 537.416
hectáreas en
Red Natura a través de
59 ZEC y 16 ZEPA. País Valencià, con más de 6.000 kilómetros
cuadrados menos de superficie, tiene, respectivamente 97
y 40 zonas de protección, que suman casi un millón de hectáreas.
Este diario ha pedido a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio
Climático de la Xunta una valoración sobre la comparativa de la
superficie en Red Natura de Galicia con respecto al resto de
comunidades autónomas del Estado y el conjunto de la UE. También sobre si considera o no que la ausencia de las medidas de protección y
conservación que acompañan a esa declaración pueden ser un factor desencadenante o agravante de los incendios forestales en espacios que deberían haber sido protegidos. A la hora en la que se terminó de escribir
este artículo, el departamento que dirige la conselleira Ángeles
Vázquez no había ofrecido respuesta.
Los incendios continúan arrasando España. Siete comunidades autónomas continuaban este jueves bajo el asedio de las llamas: Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Andalucía, Asturias y el País Valencià. También este jueves murió en Zamora un voluntario, cuyo cuerpo fue abrasado en un 85%. Son ya siete las víctimas mortales de los incendios forestales en lo que va de año. De acuerdo con la información disponible en el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), creado por la Comisión Europea, este 2025 han ardido ya 157.501 hectáreas (ha) en el Estado, lo que lo convierte ya en el tercer peor año en dos décadas, tan solo superado por 2012 y 2022.
De acuerdo con las estimaciones satelitales de EFFIS –que utiliza los sensores MODIS y VIIRS de la NASA–, disponibles desde el año 2006, el fuego calcinó 189.376 hectáreas en el año 2012, una cifra que hasta ahora solo ha superado el 2022, con 306.555 hectáreas arrasadas, el peor dato con diferencia de toda la serie histórica. Continúa en la memoria colectiva el incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, como una de las mayores catástrofes de aquel virulento verano.
Mónica Parrilla, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace: «Llevamos tiempo alertando, pero vemos que se ha aprendido muy poco»
«Años como 2012, 2017 [que hasta ahora ocupaba el tercer puesto como peor año en cuanto a incendios] o 2022 tienen cifras dramáticas», valora a PúblicoMónica Parrilla, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace. «Llevamos tiempo alertando, no solo desde Greenpeace, sino desde el operativo y desde la ciencia, pero vemos que se ha aprendido muy poco», lamenta. La especialista recuerda que 54 entidades con diferentes sensibilidades lograron ponerse de acuerdo en el 2023 para sacar adelante un documento con las medidas que se deberían llevar a cabo contra los fuegos.
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El documento salió tras los trágicos hechos que asolaron el año anterior. El MITECO sacó en agosto del mismo 2022 el Real Decreto-Ley 15/2022 con carácter urgente y, en septiembre, el Real Decreto-Ley 17/2022. Estas normas venían a modificar la legislación para mejorar la prevención,
extinción y restauración de los terrenos
afectados por incendios. En el año 2024 salió adelante la Ley 5/2024 de bomberos
forestales, que regulaba la profesión a nivel estatal en materia de formación, derechos laborales y coordinación
entre administraciones.
La cartera de Aagesen tiene pendiente aprobar el Real Decreto con el que se pretende establecer un marco común y
directrices para la elaboración de los planes
anuales para la prevención de incendios. Parrilla considera que esta norma es «urgente» para cohesionar todas las comunidades autónomas. El texto se encuentra actualmente en tramitación, pero fuentes ministeriales no han sabido concretar a este diario la fase en la que está ni cuándo se espera que salga adelante.
Un escenario de cero incendios, un escenario indeseable
En realidad, cabe destacar que ninguna medida plantea en términos realistas un futuro sin incendios en España. El fuego forma parte del ecosistema mediterráneo, por lo que su presencia es «natural» y no se puede pensar en «un escenario de cero incendios», explica a Público Cristina Santín, investigadora del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad (IMIB), dependiente del CSIC. Sin embargo, las tendencias actuales rebasan lo que sería propio del clima ibérico. «La severidad y la extensión de los incendios forestales en los últimos años son ciertamente preocupantes», declara Fernando Ojeda, catedrático en el departamento de Biología de la Universidad de Cádiz.
De hecho, el problema se encuentra en la cantidad de Grandes Incendios Forestales (GIF), como se denomina a aquellos que superan las 500 hectáreas. Tanto Fernando Prieto, director del Observatorio de Sostenibilidad, como Mónica Colmena, técnica del programa de Bosques de WWF España, hacen hincapié en el peso cada vez mayor de esta clase de focos. Según los datos de EFFIS, que recoge los incendios superiores a aproximadamente 30 hectáreas, el número registrado hasta ahora en el 2025 es de 202, el más bajo desde 2018 –que tuvo un total de 91 focos–, pero ocupa ya el segundo lugar en cuanto a extensión en este período.
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Colmena remarca que las tendencias actuales muestran cada vez un menor número de incendios y también de hectáreas quemadas, pero advierte: «La tendencia se está frenando«, y la misma podría revertirse. Prieto enfatiza que los datos actuales no son los peores de la serie histórica con la que cuenta el MITECO, y recuerda que en la segunda mitad del siglo XX estas cifras llegaron a ser sustancialmente mayores. No obstante, el director del Observatorio de Sostenibilidad subraya que, si no se hace nada al respecto, la orientación decreciente puede llegar a un punto de inflexión.
Menos incendios, pero cada vez más grandes
Según el informe oficial relativo al año 1985, el fuego arrasó 486.327 hectáreas. Se trata del peor año desde que existen registros, iniciados en 1961. Los años 1978, 1989 y 1994 son los únicos –junto a 1985– que superan las 400.000 hectáreas quemadas. El informe del MITECO disponible para 2022 solo cuenta la superficie forestal afectada, sin dar cuenta de otros tipos de suelo, e indica 267.946 hectáreas. Por su parte, EFFIS recuenta una superficie total afectada de 306.555 hectáreas ese mismo año.
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Esta diferencia en la cifra no solo se debe a que pueda contar más tipos de suelo, sino también por la metodología –mientras que el sistema europeo utiliza sensores MODIS y VIIRS, el Gobierno de España elabora sus informes a partir de los partes de incendio recogidos–. En cualquier caso, tanto EFFIS como el MITECO destacan cómo los incendios son cada vez más grandes.
Con estos datos en mano, Parrilla se suma a las preocupaciones de Prieto y Colmena: «Efectivamente, la tendencia que tenemos se debe a los operativos de extinción, que son muy exitosos». La ingeniera forestal recuerda que la gran mayoría de focos en España se apagan cuando apenas están en fase de conato, es decir, cuando no llegan a una hectárea de extensión. La portavoz de Greenpeace señala que son pocos los incendios responsables de la mayor parte de la superficie quemada porque el fuego también ha evolucionado.
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Un nuevo comportamiento del fuego
Los operativos de extinción hablan de «comportamientos erráticos», menciona Parrilla. «Se generan situaciones nuevas a las que no estamos acostumbrados». Diferentes voces han popularizado diferentes términos para dar cuenta de esta nueva realidad: se habla de megaincendios, incendios extremos o incendios de sexta generación. Según los define WWF en su informe Incendios fuera de control, estos últimos serían focos «de alta intensidad que alteran la estabilidad
atmosférica, generando pirocúmulos que pueden derivar en tormentas
de fuego». Además, pueden ser «explosivos, impredecibles e imposibles de
extinguir» llegados a ese punto.
También Mónica Colmena advierte de que «los incendios son cada vez más incontrolables y desbordan la capacidad de extinción«. Por su parte, el director de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, Fernando Valladares destaca que, frente a estos fuegos, «los técnicos solo pueden poner en cierta seguridad a las personas e infraestructuras sensibles y esperar a que las condiciones se vuelvan más favorables».
Otras voces como Fernando Prieto recuerdan que el término «incendio de sexta generación» no es un concepto «que se haya mencionado en ninguna revista científica». No obstante, coincide con el resto de expertos al identificar que el comportamiento del fuego se está transformando. Y aunque reitera que en el siglo pasado las catástrofes llegaron a alcanzar cotas peores, advierte de la necesidad de hacer frente a una nueva realidad que amenaza con extender cada vez más las dimensiones de las llamas.
Mónica Parrilla, ingeniera forestal y portavoz de Greenpeace: «Tenemos un paisaje sin gestionar que es un auténtico polvorín»
Las razones por las que proliferan esta clase de incendios son multifactoriales. Cristina Santín explica que ha habido cambios en los usos del suelo, a razón de la despoblación rural. Este abandono ha traído cambios en el paisaje, que ahora cuenta con una masa forestal más continua, en contraposición al diseño de mosaico que otrora servía como cortafuegos. Además, si bien la crisis climática no origina como tal los incendios –en su mayoría de causa humana–, Parrilla subraya que sí los agrava: «Hay un aumento de superficie forestal que no está tratada, que encima sufre los impactos del cambio climático con olas de calor y con sequías. Tenemos un paisaje sin gestionar que es un auténtico polvorín».
Con este nuevo panorama, «no se pueden gestionar los incendios como se gestionaban hace 50 años, porque los incendios han evolucionado», insiste la portavoz de Greenpeace. Las expertas y los expertos coinciden en la necesidad de hacerse cargo del paisaje, pero matizan que la península ibérica es muy diversa, por lo que medidas que son útiles en una zona pueden no serlo en otra. Por esta razón, Parrilla llama a las comunidades autónomas, «que son las que tienen las competencias», a llevar a cabo políticas adaptadas a las características de cada territorio para evitar que catástrofes de semejante envergadura vuelvan a pasar.
El
presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, señaló
este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez por los incendios de
Andalucía, Castilla y León, Galicia y Madrid, y le acusó de no haber activado a tiempo «la vigilancia en los bosques y en los
montes españoles» antes de que empezara la temporada de riesgo. El Gobierno ha respondido que sí adoptó medidas al respecto y que las competencias en materia de
prevención y lucha contra el fuego, además, son autonómicas, por lo que es a los respectivos gobiernos regionales de esas comunidades, todas en manos del PP, a quienes por ley corresponde ejercerlas.
En
una entrevista concedida a Europa Press y difundida este miércoles por la mañana, Feijóo criticó la «ausencia de políticas contra incendios» forestales y lamentó que, ante ellos, «el Gobierno central
sigue de vacaciones«. Por la tarde, desde el centro de mando en Chandrexa da Queixa (Ourense) del operativo contra el fuego en Galicia, donde compareció junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el jefe de la oposición reclamó la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado para combatir «el terrorismo incendiario«.
Feijóo retoma así la idea que lanzó en octubre de 2017, cuando era presidente de la Xunta y, tras otra oleada de incendios que asolaron Galicia y llegaron a cercar varias ciudades, se defendió de las críticas a su gestión atribuyendo la dificultad para combatirlos a que eran obra de «terroristas incendiarios». El entonces fiscal de delitos medioambientales de Galicia, Álvaro García Ortiz, hoy fiscal general del Estado, negó entonces la existencia de esa «trama imaginaria«, como la definió, y recordó que, tras lustros de investigaciones, no se habían encontrado indicios de su existencia ni se había procesado a nadie por pertenecer a ella.
Ahora, retomando aquella idea justo cuando se critica la gestión de los presidentes autonómicos del PP ante sucesos de gravedad similar a los que él enfrentó en 2017, Feijóo aseguró en Chandreza da Queixa que «el 80% de los incendios son intencionados», aunque sin explicar dónde había obtenido ese dato.
Los datos reales
El Colegio Oficial de Ingeniería Forestal asegura que si bien más del 80% de los fuegos forestales que se producen en España se deben a la ación humana, ese porcentaje incluye tanto a los intencionados como a los provocados por negligencias involuntarias. Según la organización ecologista WWF, la intencionalidad estaría detrás del 53% de los fuegos, no del 80%. El último anuario estadístico de la Guardia Civil, referido a incendios de 2023 investigados y cuyas causas pudieron ser esclarecidas, sólo el 23% fueron intencionados. Ese mismo año, según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, se investigó, procesó y/o detuvo por provocar incendios a 402 personas, de las cuales el 19% lo fueron por iniciarlos adrede y el 68%, por negligencias.
En su intento de apuntar también hacia la supuesta ausencia del Gobierno, en lo que calificó como «crisis» de carácter nacional ante la que el Ejecutivo de Sánchez estaría «de vacaciones», el líder del PP no se refirió, sin embargo,
a que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí está
efectivamente pasando su retiro estival en Miami (Florida, Estados
Unidos) después de que las llamas hayan causado una muerte y calcinado 1.500 hectáreas en la localidad de Tres Cantos. Tampoco a que el de Andalucía, Juan Manuel
Moreno Bonilla, permanece en un paradero que la Junta sigue sin desvelar
más de dos días después de que se declarara otro grave incendio en
Tarifa (Cádiz), que obligó a evacuar a más de 2.000 personas.
Alfonso Pérez Mañueco, en una reunión del mando del operativo contra los incendios..
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En sus dos apariciones públicas, Feijóo tampoco mencionó la tardanza de Alfonso Fernández Mañueco en
asumir el liderazgo de los trabajos de extinción de los siniestros que se
declararon entre el sábado y el domingo pasados en Castilla y León,
que provocaron otra muerte y llevaron a desalojar de sus lugares de
residencia a unos 8.200 vecinos de una decena de villas de Zamora,
León y Palencia.
Mañueco, que se encontraba de vacaciones en Cádiz cuando se tuvo noticia esos siniestros, y que presidió la primera reunión de su Cecopi el lunes a las 21.30 horas, cuando ya se había evacuado a la población de las zonas afectadas, negó que le correspondiese asumir responsabilidad alguna por la demora en ponerse al frente del operativo. Según aseguró este miércoles, estuvo «pendiente desde el minuto uno» de la situación y se incorporó «físicamente a las 36 horas desde el incendio de León» y «a las 24 horas físicamente en la provincia de Zamora».
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«Guardia Civil Forestal»
En
la entrevista difundida por la mañana, Feijóo dijo que el
Gobierno debería haber previsto hace meses que la situación de los
montes era de riesgo extremo y, por lo tanto, activado para su vigilancia a la «Guardia Civil Forestal», en referencia al Servicio de Protección
de la Naturaleza (Seprona). El Seprona, entre otras tareas, tiene encomendada la prevención, extinción e investigación de
incendios en coordinación con otras administraciones, pero la máxima
autoridad en materia de gestión forestal recae en los gobiernos
autonómicos, tal y como recoge la legislación en vigor.
Así,
la ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León, dice en
su artículo 86: “Corresponderá a la consejería competente en
materia de montes, en coordinación con la Administración General
del Estado, la organización de la defensa contra los incendios
forestales, que incluirá la prevención, detección y extinción”.
En Andalucía,
la ley
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios
Forestales, establece en
su artículo 7 a) que
“corresponde
al Gobierno y Administración de la Junta de Andalucía establecer
la política general de prevención y lucha contra los incendios
forestales”.
Feijóo asegura que «el 80% de los incendios son intencionados», aunque, según la Guardia Civil, sólo fueron provocados adrede el 23% de los ocurridos en 2023 y cuyas causas pudieron ser esclarecidas
Lo
mismo sucede en Madrid con el artículo 47.1 de la Ley 16/1995, de 4
de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza: «Corresponde
a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio de las competencias del resto
de las Administraciones públicas y de la colaboración con las
mismas, la adopción de las medidas precisas para la prevención,
detección y extinción de los incendios forestales». Y en
Galicia, en el artículo 5.1 de la ley 3/2007, de 9 de abril, de
prevención y defensa contra los incendios forestales –»Corresponde
a la Xunta de Galicia la gestión y dirección del sistema de
prevención y defensa contra incendios forestales».
El
ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix
Bolaños, desmontó las críticas de Feijóo sobre la supuesta falta de previsión del Gobierno recordando, precisamente, que
antes del verano, el pasado 10 de junio, el Consejo de Ministros
aprobó el plan estatal de actuaciones de
prevención y lucha contra los incendios forestales de 2025, con presupuesto y medidas concretas para enfrentar la temporada alta de siniestros.
Medios a disposición de las comunidades autónomas
Entre ellas, partidas de 115 millones para la limpieza de márgenes de carreteras y de la red ferroviaria; una orden a la Agencia Estatal de Meteorología para que emita predicciones diarias sobre el riesgo de incendios y para que monitorice con drones las zonas de mayor peligro; la movilización de 77 aeronaves y de 1.400 soldados y mandos de la Unidad Militar de Emergencias –que están combatiendo el fuego en Andalucía, Castilla y León, Madrid, Galicia y también Extremadura, donde el martes también se declararon varios fuegos graves–, así como la puesta a disposición de las comunidades autónomas de dispositivos de las brigadas de incendios forestales, las unidades de análisis y planificación y de los equipos estatales de prevención integral de incendios forestales.
Los ministros Óscar Puente (izquierda) y Félix Bolaños, en Almería.
«El
Gobierno no
elige las emergencias, no elige las crisis, no elige las tragedias a
las que tiene que hacer frente», dijo
el ministro de Presidencia. Pero
si puede elegir «cómo hacer frente y cómo estar al pie del cañón
desde el primer día», añadió,
en una rueda de prensa conjunta en Almería con el ministro de
Transportes, Óscar Puente, quien a su vez rechazó los ataques del
PP –el vicesecretario de Política Autonómica de Feijóo, Elías
Bendodo, le llamó «hooligan«– por los mensajes en redes sociales en los que ha criticado tanto la ausencia de Díaz Ayuso y Moreno Bonilla como el retraso de Fernández Mañueco a la hora de hacerse cargo de los operativos de lucha contra el fuego.
En ese sentido, Puente negó haberse burlado o «cachondeado» de la tragedia y explicó que sus tuits pretendían poner de manifiesto su «indignación» por la pasividad con la que, en su opinión, los presidentes del PP han afrontado la oleada de incendios. Volvió a preguntarse dónde estaba Moreno Bonilla y subrayó que si él no hubiera denunciado en X el pasado domingo que Fernández Mañueco no estaba al frente del dispositivo, el presidente de Castilla y León seguiría de vacaciones.
Los presidentes de tres de las comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular –Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Juan Manuel Moreno
Bonilla (Andalucía)– están empezando a verse cercados por las
críticas que denuncian su tardía respuesta ante los graves
incendios en varios puntos de sus respectivos territorios.
El más cuestionado
es Fernández Mañueco, quien no asumió el liderazgo de la
emergencia provocada por los fuegos, declarados durante el fin de
semana en los montes de varias localidades de León, Palencia y
Zamora, hasta días después de que miles de personas hubieran sido
evacuadas de sus casas por la amenaza del humo y la proximidad de las
llamas. A eso se unen las peticiones de dimisión de su consejero de
Medio Ambiente, Juan Carlos García-Quiñones, quien ha respondido de forma desabrida a quienes cuestionan que el pasado domingo se ausentara en plena crisis para viajar a una
feria en Asturias, y a quien la oposición responsabiliza de haber desmantelado las estrategias preventivas de su departamento para enfrentar este tipo de
siniestros. Un voluntario que trabaja en la extinción de uno de ellos murió el martes por la tarde a causa de las quemaduras que le provocó una lengua de fuego que causó heridas graves a otra persona.
Mañueco ha sido
criticado con dureza por el Gobierno, con cuyo ministro de
Transportes, Óscar Puente, está manteniendo un sonado
enfrentamiento dialéctico en las redes sociales al que se ha sumado,
además, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Puente
también ha arremetido contra Juan Manuel Moreno Bonilla, cuyo
Gobierno enfrenta, en su ausencia por vacaciones en un lugar que la Junta no ha desvelado, otro incendio de enormes
proporciones en Tarifa (Cádiz), que también ha obligado a desalojar
a miles de personas en viviendas, hoteles, playas y urbanizaciones de
varias villas.
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Mientras tanto, la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gestiona
vía X sus comunicaciones a la ciudadanía sobre el fuego declarado
el pasado lunes en la ciudad dormitorio de Tres Cantos, a causa del cual ha fallecido un
hombre víctima de graves quemaduras y que ha obligado a vaciar varios edificios y viviendas. Ayuso, de vacaciones en Florida
(Estados Unidos) desde hace varios días, ha lamentado el deceso a
través de sus redes. Sólo unas horas antes, había criticado en
ellas a Pedro Sánchez por haber dejado «abandonada» a España.
Mañueco llega a su Cecopi dos días después
En Castilla y León, la oposición ha criticado a Fernández Mañueco por mantener su retiro vacacional en Cádiz hasta el pasado lunes, cuando miles de sus conciudadanos se habían visto obligados a abandonar sus casas, algunos hacía casi dos días y por dos veces, a causa de los fuegos que se habían declarado el sábado por la tarde en Yeres y Las Médulas (León), y el domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) y en las localidades palentinas de Cervera de Pisuerga y La Pernía.
El lunes por la tarde, la Junta de Fernández Mañueco anunció que el presidente tenía previsto comparecer en el lugar de los hechos a las 21.30 horas, y envió fotografías suyas presidiendo las reuniones del centro de coordinación operativo integrado (Cecopi) ese mismo día en Zamora y al siguiente en León. Tras esos encuentros, el presidente anunció que su Gobierno iniciaría de inmediato «la reconstrucción» de las zonas quemadas y prometió que actuaría de manera «rápida y generosa».
Dos días antes, Fernández Mañueco había colgado en su cuenta de X un texto en el que aseguraba que estaba «centrado» en la lucha contra el fuego, al que el ministro socialista de Transportes, Óscar Puente, respondió recordándole que no estaba en el centro sino, en realidad, «un poco al sur», en referencia a la localidad gaditana donde seguía de vacaciones. Ahí se inició un hilo de mensajes en los que el ministro llegó a llamar «sinvergüenzas» a
Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por «estar de farra» mientras se evacuaban poblaciones de su comunidad. Feijóo se unió a la guerra de tuits acusando a Puente de «bromear con el sufrimiento» de los afectados, un relato al que se apuntó el presidente autonómico acusando al socialista de «frivolizar con el sufrimiento».
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El PSOE de Castilla y León ha mantenido una postura más contenida que el ministro –que también es secretario local socialista en Valladolid–, y la vicesecretaria general autonómica, Nuria Rubio, ha
advertido en rueda de prensa que «ahora es momento de estar al lado
de quienes gestionan» aunque una vez superada la emergencia, advirtió, «habrá
que pedir responsabilidades al más alto nivel».
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Por su parte, Podemos, el Partido Comunista de España, la Confederación General del Trabajo y Alantre –un partido autonómico de izquierdas– exigieron este martes la dimisión del consejero de Medio Ambiente de
Fernández Mañueco, tanto por viajar a Gijón en plena oleada de incendios como
por unas declaraciones del año 2018 en las que aseguraba que cuidar los montes todo el
año para evitar incendios «es absurdo y un despilfarro», y que el «ecologismo extremo» no sólo no contribuye a prevenirlos sino que «dificulta» esa tarea.
En ese sentido, la oposición ha recordado que PP y Vox, que entonces gobernaban en coalición en Castilla y León, rechazaron en 2022 una propuesta del PSOE en la Asamblea regional que pretendía dotar al operativo contra incendios de carácter permanente y coordinado y de los medios necesarios para desarrollar su labor. Fue poco después del incendio más grave ocurrido hasta ahora en esa comunidad autónoma, que en julio de ese año había quemado más de 31.000 hectáreas en el entorno de la localidad zamorana de Losacio, que ahora vuelve a estar cercada por las llamas
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Andalucía: «¿Dónde está Juanma?»
La guerra de posts entre Óscar Puente y los líderes del PP también ha llegado a Andalucía, a cuyo presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, el ministro acusa de dejación de funciones por no liderar a su Gobierno en plena crisis por el incendio de Tarifa, que ha obligado a evacuar a miles de ciudadanos: «Tarifa arde. 2 veces. Miles de personas desalojadas. La Mezquita de Córdoba arde dañando uno de los mayores tesoros de nuestro patrimonio cultural e histórico. ¿Y Juanma? ¿Dónde está? ¿Qué tiene que pasar para que Moreno Bonilla vuelva de sus vacaciones y de la cara?», decía un mensaje retuiteado por el ministro.
Moreno Bonilla no ha entrado al trapo –a la hora en la que se terminó de redactar esta pieza, su último mensaje en X era del lunes por la tarde pidiendo precaución a la población de las zonas afectadas–, pero también se enfrenta a las críticas de la oposición por su ausencia –la Junta no ha desvelado dónde se encuentra– y por la de una política autonómica eficaz para la prevención y la lucha contra los incendios forestales.
Varios voluntarios disponen alimentos para los desalojados del incendio de Tarifa (Cádiz), este martes en una instalación de la localidad vecina de Zahara de los Atunes (Cádiz)
En ese sentido, Izquierda Unida recordó este martes que el pasado mes de junio ya había denunciado la falta de medios y la precariedad laboral del personal de la agencia de emergencias, y que al mes siguiente había advertido de que el Gobierno andaluz había dejado en sus casas a alrededor de tres centenares de agentes forestales en plena temporada de alerta por riesgo por fuego en el monte.
Ayuso, en Miami, acusa a Sánchez de abandonar a España
Mientras tanto, en Madrid, el incendio de Tres Cantos ha abonado el terreno para las críticas a Isabel Díaz Ayuso, quien voló a Miami hace unos días para pasar sus vacaciones en esa ciudad estadounidense y quien pocas horas antes de que se declarara el siniestro había acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar a España
«abandonada» entre «apagones, averías, fracaso escolar,
inseguridad, hundimiento de las empresas y las clases medias». En su particular guerrilla en redes, el ministro Puente respondió con este texto: «Natividad es como Mañueco. Está centrada en Madrid desde Miami».
A las seis de la tarde del martes –las dos de ese día en Florida–, el último tuit de Ayuso en su cuenta de X anunciaba que las consejerías de su Gobierno implicadas en la lucha contra las llamas ya se habían reunido, y que la Comunidad que preside «evaluará los daños y ofrecerá apoyo a los afectados de Tres Cantos, así como medidas para la recuperación forestal y de fauna salvaje de la zona quemada del Soto de Viñuelas»
El letrado que busca convertirse en el «azote» del Gobierno en los tribunales es un viejo conocido en los círculos carlistas de ultraderecha. Javier María Pérez-Roldán, el abogado que representa a Hazte Oír en distintas acciones judiciales con amplia repercusión mediática, compaginó su actividad en ese lobby junto a sus responsabilidades en un partido político que sueña con organizar una «contrarrevolución» católica.
Este abogado, responsable de un bufete que se presenta como «referente nacional en custodia compartida, violencia de género, sustracción internacional de menores y denuncias falsas en el ámbito de derecho de familia», fue designado en junio de 2019 como secretario de la junta directiva del lobby de extrema derecha.
Ocho meses antes, este letrado había resultado elegido como secretario general de Comunión Tradicionalista Carlista, un partido ultra que alude al golpe de Estado franquista de 1936 bajo las denominaciones de «alzamiento» o «Santa Cruzada».
«La Cruzada de 1936 significó un sorprendente resurgir de la causa carlista. Ganamos la guerra, pero perdimos la paz«, afirma la formación de extrema derecha en su página web, donde cita también la «represión del régimen» con el «cierre de círculos y prensa carlista».
Según ha podido verificar Público, Pérez-Roldán compaginó sus actividades en Hazte Oír y en Comunión Tradicionalista
Carlista hasta marzo de 2024, cuando renunció al cargo en el partido ultra por «motivos
personales».
Sin embargo, Hazte Oír –en el apartado de su página web dedicado a presentar a los miembros de la junta directiva– omite cualquier dato sobre la militancia carlista de su abogado y secretario general.
El pasado 7 de junio, el abogado del lobby de extrema derecha que dirige Ignacio Arsuaga participó en un acto
en Madrid sobre la aportación de vascos y catalanes a la “grandeza de España”. En la convocatoria del evento aparecía identificado como vicepresidente de Tradición Viva, una asociación
carlista de extrema derecha.
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«Apostolado patriótico»
Público ha revisado distintos vídeos con intervenciones de Pérez-Roldán en su calidad de responsable de Comunión Tradicionalista Carlista en la misma etapa en la que también ejercía como secretario general de Hazte Oír.
«Nuestra labor está en hacer apostolado patriótico», afirmó en un acto carlista celebrado en noviembre de 2023 en Madrid y en el que llamó a sus seguidores a actuar como «vasallos» de Cristo Rey.
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Javier María Pérez-Roldán, frente al Congreso.
En ese mitin, el abogado criticó a aquellos españoles que «actualmente están perdidos porque ven que España se deshace» y que «no han visto que la sociedad se deshacía cuando se acordaba el divorcio» o cuando «se permitía la transexualidad».
«Son injustas las leyes trans, las leyes del matrimonio homosexual, las leyes del divorcio, porque no son las leyes de Dios«, proclamó en otro encuentro carlista en noviembre de 2022. «Nuestra función no es pensar en la victoria o en la derrota, nuestra función es luchar por las órdenes que nos dé nuestro rey», dijo en alusión a Cristo.
«Venció al comunismo»
En otro acto celebrado en Madrid en abril de 2021, afirmó que «España fue el único país» que «militarmente venció y derrotó al comunismo«. Siete meses después, Pérez-Roldán volvió a utilizar su boina roja –uno de los símbolos característicos del carlismo– e intervino en un encuentro carlista en Madrid, donde aludió al golpe de Estado franquista como la «Cruzada del 36».
Criticó además a aquellos «católicos de buena fe» que «van admitiendo cosas como los preservativos, como la fecundación in vitro». «Todo esto no lo discuten; al final están admitiendo el mal», remarcó.
Lucía lleva un mes comiendo de pie durante su turno. Tiene 20 años, es universitaria y cada verano desde que tenía 16 trabaja para poder ahorrar. Actualmente es camarera en un beachclub en Puerto Banús, una zona de turismo de lujo ubicada en Marbella (Málaga). En muchas ocasiones, ni siquiera le permiten tener ningún tipo de descanso en su jornada de ocho horas.
«Mi encargada ha llegado a decirme que me secase las lágrimas para que los jefes no me vean llorar por las cámaras», cuenta tras relatar diversas irregularidades que se suman al agotamiento físico y mental. «Estoy aprendiendo mucho. Si esto me vuelve a ocurrir, sabré poner límites y priorizarme como persona», explica.
La historia de Lucía es una de las realidades que esconden las estadísticas. A pesar de la precariedad de la hostelería, siendo la actividad económica con el salario medio anual más bajo de España según los datos más recientes del INE ─16.985 euros en 2023─, sus trabajadores son de los que menos participan en huelgas por mejoras laborales, como recoge el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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Los datos de sindicalización también los sitúan como uno de los menos presentes. Trabajo ofrecía datos anuales de la afiliación hasta 2010, cuando decidió eliminar la encuesta. Según esta, hace 15 años un 16% de las personas empleadas estaba afiliado a un sindicato. Dividido por sectores, la hostelería contaba con el segundo dato más bajo tras el empleo del hogar: un 8,3%.
Actualmente no existen datos actualizados de la afiliación sindical de los españoles. La cifra más reciente es de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que la situó en 2019 en un 12,5%. La suma de los datos individuales proporcionados por los propios sindicatos permiten tener una perspectiva de la situación actual. Al cierre de 2023, CCOO, UGT, CSIF, USO y CGT acumulaban 2,4 millones de afiliados, alrededor de un 11,3% de los trabajadores.
El miedo, paralizador de la sindicalización
«El problema es el miedo de la gente a irse de un trabajo que necesitan en ese momento». Jesús Soriano (38 años, València) tiene claro por qué la hostelería presenta datos tan bajos de sindicalización. Él mismo ha estado más de 20 años trabajando en el sector y en la actualidad cuenta con más de 800.000 seguidores en redes sociales con su cuenta Soy Camarero.
Comenzó hace unos ocho años publicando contenido de humor relacionado con su trabajo, hasta acabar siendo un altavoz para denunciar las irregularidades de la hostelería y «dar voz a los que no la tenían», cuenta.
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A diario, Soy Camarero recibe preguntas sobre situaciones que sufren sus seguidores. Por ello, hace unos meses Soriano creó junto con CCOO un proyecto dedicado exclusivamente al sector hostelero: «Los sindicatos tienen las herramientas que yo no tengo para poder ayudar a los trabajadores».
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Además de ofrecer asesoramiento gratuito en suweb, las cuentas del sindicato y Soy Camarero publican videos de divulgación en redes sociales sobre las dudas laborales que más se repiten entre los mensajes que reciben. Desde el sindicato estatal denuncian la existencia de un «excesivo fraude laboral» en el sector y la necesidad de acabar con él.
A menor tamaño de la empresa, menos sindicalización
Según CCOO, de sus más de un millón de afiliados a junio de 2025, 40.802 trabajan en hostelería, turismo y juego. Marcos Gutiérrez, secretario de Política Institucional y Políticas Públicas de su Federación de Servicios, asocia la baja sindicalización del sector al tamaño de sus negocios. El INE indica que, en 2024, el 84,33% de las empresas hosteleras contaban con menos de seis asalariados. Esta realidad dificulta la actividad al ser este el mínimo necesario para tener representación colectiva mediante un delegado de personal, como recoge el Estatuto de Trabajadores.
«Esto repercute en las condiciones laborales, en las empresas grandes son claramente mejores», explica el responsable de CCOO. Tener claras las divisiones del sector de la hostelería a nivel interno también es algo esencial para Rosa Marrero, profesora del área de Sociología en la Universidad de La Laguna que ha realizado varias investigaciones sobre la hostelería y el turismo. «La restauración también tiene peores indicadores de estabilidad y tipo de jornada que el sector del alojamiento ─hoteles y apartamentos─», detalla la docente.
La restauración tiene peores indicadores de estabilidad, condiciones y tipo de jornada que el sector del alojamiento
Para Marrero, otros factores influyentes son la baja calidad laboral —la Seguridad Social recogió en junio de 2025 que solo cuatro de cada diez empleados del sector contaban con un contrato indefinido a tiempo completo— y las altas tasas de rotación con horarios en ocasiones difíciles de compaginar con la vida privada.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y el INE, en 2024 un 0,05% de los camareros participó en una huelga. Solo tuvieron peores datos el sector primario ─agricultura, ganadería, silvicultura y pesca─ y los empleados del hogar. Esta baja participación es un constante a lo largo de los años, chocando con otros sectores con mucha mayor presencia como educación, sanidad o industria.
«La gente no se sindicaliza porque piensa que no tiene incidencia en su día a día», explica Omar Rodríguez, secretario federal de Hostelería y Turismo en UGT. Trabajadores a tiempo parcial o que solo están de paso cuentan, según Rodríguez, con una baja percepción de la importancia y la labor de estas organizaciones. En España, los convenios obtenidos por negociación colectiva —normalmente con representación sindical— cubren a todos las personas empleadas, estén afiliadas o no.
Además, los bajos sueldos propios del sector también alejan el pago de la cuota. «En muchos casos los afiliados son trabajadores que han tenido en algún momento un problema que le hemos resuelto», concluye. Para el responsable de UGT, es necesario adaptarse a la realidad de la población y aprender a divulgar de manera más efectiva las labores del sindicato, tanto en redes sociales como fuera de ellas.
Desconocimiento y necesidad económica
«Yo me dejaba manipular por tener un sueldo a final de mes». Noelia Quirós (30 años, Málaga) comenzó en la hostelería siendo muy joven y sin tener claro a lo que quería dedicarse en el futuro. Frente a las irregularidades vividas ─trabajos en negro, horas extra sin pagar o jornadas de más de 12 horas─, agachaba la cabeza y seguía trabajando. «No tenía idea de mis derechos ni de cómo actuar». Como ella, el 59% de los trabajadores de la hostelería en 2010 no tenía «nada» o «casi nada» de conocimiento sobre la actividad sindical, según datos de una encuesta de Trabajo.
Jesús Soriano también desconocía muchos de sus derechos cuando empezó. Ahora ofrece a través de su cuenta en redes la voz que él no tuvo mientras vivía situaciones de explotación. Para él, el proyecto Hostelería CCOO ofrece a los camareros un lugar donde informarse y conocer las garantías que la propia empresa en ocasiones no les cuenta. «Muchas veces el personal precarizado es gente necesitada, es o ese trabajo o te vas bajo un puente, tú y tu familia. Estos empresarios se nutren de ese miedo a ser despedido», cuenta. «Hay colectivos para los que la hostelería es su única opción, asumen esas condiciones laborales porque no les queda otra», añade Rosa Marrero.
Canarias, un ejemplo de éxito
El comienzo de año ha dado un vuelco a las estadísticas. Si en todo 2024 solo 863 camareros participaron en una huelga, en los primeros seis meses de 2025 la cifra superó las 4.700 personas. Este aumento en comparación con años anteriores se debe en gran parte a las Islas Canarias.
El 17 y el 18 de abril varios sindicatos llamaron a una huelga en el sector hostelero de Santa Cruz de Tenerife bajo el lema «Por el reparto de la riqueza. Más derechos y mejores salarios». Inicialmente, el paro iba a extenderse a Las Palmas de Gran Canaria, pero un acuerdo in extremis provocó su cancelación.
Uno de sus participantes fue Javier Fernández, camarero que llegó a la isla a finales de los 80: «En esos años Canarias empezaba a despegar, el sector era muy duro y prácticamente sin convenio». Para él, la afiliación fue imprescindible. «Tuvimos que pelear mucho, la sindicalización es la única manera de estar organizados y mejorar las condiciones laborales», cuenta.
Cuatro décadas después, Fernández es el secretario general de Sindicalistas de Base de Canarias, un sindicato que comenzó en 2013 como una escisión de la sección canaria de CCOO Servicios. Para esta nueva organización, el éxito del paro fue evidente. «Había gente que pensaba que la huelga no solucionaba nada, pero tras ella logramos llegar a un acuerdo que cumple el objetivo de recuperar el poder adquisitivo del sector», cuenta su secretario.
Según Sindicalistas de Base, este ejemplo de movilización de la hostelería se debe a la baja estacionalidad de las Islas Canarias. «Que el turismo funcione todo el año al 100% hace que estemos siempre quemados, en otros lugares el trabajador va a ganar dinero durante unos meses y a no dar mucho ruido«, detalla Fernández.
Un cambio de mentalidad
Para el secretario general de Sindicalistas de Base en Canarias, el cambio generacional viene acompañado de una nueva mentalidad. «La gente joven está menos dispuesta a aguantar ciertas condiciones», explica. Según él, es más fácil que la juventud «se rebele» y entienda que la sindicalización es importante.
«Creo que en la pandemia la gente hizo un click«, cuenta Jesús Soriano. Para el creador de Soy Camarero, ese momento fue clave para que los trabajadores del sector en condiciones fuera de la ley valoraran más su calidad de vida. «Se dieron cuenta de que no vale la pena darlo todo por un trabajo donde ni cotizaban ni cobraban lo que toca», afirma.
La pandemia fue clave para que los trabajadores comenzaran a valorar más su calidad de vida
Soriano cree que el sector de la hostelería, a pesar de ser esencial para la economía española, no suele verse como algo colectivo. Fortalecer y normalizar la sindicalización es para él la única manera de acabar de forma unida con las irregularidades. «Ahora dicen que no hay camareros, se ha dado un golpe en la mesa y la gente está exigiendo sus derechos básicos«, concluye.
Tras más de una década en ella, Noelia Quirós vive por y para la hostelería. Ha estudiado la carrera de Ciencias Gastronómicas y varios ciclos formativos que solo han aumentado su pasión por este sector. Ahora, está en una empresa que realmente la valora como persona. Echando la vista atrás, se pregunta cómo ella y sus compañeros pudieron «venderse» a la precariedad sin luchar por lo que les pertenece.
Vox pide y el PP da.
Los de Feijóo gobiernan pero son los de Abascal los que marcan el paso, señalan las líneas rojas y deciden la ruta por la que deben transitar los acuerdos entre los dos partidos. Al tiempo, por ese camino que diseña el discurso de odio la ultraderecha se van quedando las libertades civiles de miles de ciudadanos
y ciudadanas.
Así ha sucedido en Jumilla (Murcia), donde ambas formaciones han
aprobado una moción «sobre la defensa de los usos y costumbres
del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas»,
que insta al Ayuntamiento de la alcaldesa popular Seve González a
vetar los espacios deportivos públicos a las celebraciones
religiosas del calendario musulmán.
Para las asociaciones de migrantes vinculadas a la comunidad islámica, la medida constituye una violación del artículo 16 de la
Constitución Española, que garantiza «la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la
ley». Ante
la avalancha de críticas, incluidas
las de los obispos católicos, el
PP ha intentado desvincularse
de la
iniciativa, y
su vicesecretario
de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, intentó este
jueves
alejarse de lo que denominó «bravuconadas» de Vox.
Pero no es la primera vez que sucede. A cambio de alcanzar poder local, provincial y autonómico, y/o para no perderlo cuando ya lo ejerce, el Partido Popular se ha prestado en numerosas ocasiones a aplicar medidas del programa ultra que atentan contra los derechos y libertades esenciales de la misma Constitución de la que los populares se declaran como únicos abanderados. Pese a que Vox rompió todos sus acuerdos regionales con el PP hace poco más de un año, existen numerosos ejemplos recientes de esa estrategia con la que el partido de Feijóo está llevando a la práctica el argumentario ultraderechista.
Región de Murcia, xenofobia a cambio de presupuestos
El
pasado 27 de julio, aún en plena resaca por las cacerías en Torre
Pacheco de ciudadanos nacidos fuera de España o de ascendencia extranjera, que
Vox no ha condenado, Fernando
López Miras (PP)
logró sacar adelante los presupuestos
para la Región de Murcia gracias al partido de Abascal. Acordó
con él su
abstención a cambio aceptar varias medidas xenófobas: cerrar un
centro de acogida de menores, revocar
la compra de viviendas para niños y niñas migrantes, eliminar de
los currículos escolares las menciones a la cultura marroquí,
suprimir ayudas a las ONG que ayudan a los extranjeros que llegan a
la comunidad… López Miras firmó ese acuerdo con el presidente regional de Vox, José Ángel Antelo, a quien la Fiscalía abrió diligencias por sus mensajes públicos de odio equiparando migración con delincuencia.
Illes Balears, sin memoria
En
mayo pasado, el Gobierno de Marga Prohens, también del PP, se ganó
el apoyo de Vox a su proyecto de presupuestos a cambio de prometer la
derogación de la ley autonómica de memoria democrática, priorizar el castellano
en la educación pública y concertada y negarse a participar en la
acogida de menores migrantes llegados a Canarias. Prohens también ha
levantado el veto a la entrada de menores en las corridas de toros, y
este jueves estaba previsto que se celebrara
en Palma, por
primera vez desde 2017, un espectáculo de lidia con acceso permitido a niños y niñas.
Sevilla, recortes en cooperación y discurso antiabortista
El
alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sáenz, firmó en enero de
este año otro acuerdo presupuestario con Vox que recorta en más de
380.000 euros la inversión en cooperación y ayuda a los migrantes,
y que, por contra, destina un gasto de 165.000 euros a una nueva oficina –la oposición lo denomina «chiringuito»–destinada
a difundir el ideario antiabortista.
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València, con acento a la derecha
El
pleno del Ayuntamiento de València, gobernado por el PP –la
alcaldesa es María José Catalá– en coalición con Vox, ha
aprobado este jueves, con los votos de ambas formaciones y la
oposición de PSOE y Compromís, iniciar el expediente de cambio de
la denominación del municipio por la versión «Valéncia», es
decir con acento cerrado a la derecha. El cambio no responde sólo a
razones filológicas sino a un posicionamiento político en el debate
identitario, que sigue los argumentos de quienes consideran que la
forma oficial actual del topónimo, con el acento a la izquierda, lo
subordina al estándar catalán.
Alicante, «zona castellanohablante»
El pasado 26 de junio, también en País Valencià, el pleno
municipal de Alicante, donde Luis Barcala (PP) gobierna gracias a la ultraderecha de Vox, aprobó con los votos de los dos partidos una propuesta de los de Abascal para pedir a las
Corts Valencianes –la asamblea autonómica– que declare
oficialmente el municipio como «zona castellanohablante». La pretensión de que dejen de regir en ella las normas de defensa y
promoción del valenciano.
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Feijóo y Abascal, en una imagen tomada en 2023 en el Congreso de los Diputados.
PP
y Vox
tienen
pactos de gobierno o
se apoyan mutuamente en los
ayuntamientos de más de 130
municipios de
España,
de los
que gobiernan en coalición alrededor de un centenar. Los de Abascal tienen 33 alcaldes,
26 de
ellos con
mayoría absoluta y
siete, gracias al PP.
El último
en el que ha situado un regidores la localidad albaceteña de Caudete, de 10.000 habitantes, donde las elecciones de 2023 las ganó el PSOE sin mayoría absoluta y donde
el portavoz
local de Vox, José Miguel Mollá, acaba de tomar posesión de
la Alcaldía en
virtud del pacto de alternancia que firmó con los de Feijóo.
Entre
las ciudades y capitales más relevantes del
Estado donde también hay acuerdos PP-Vox están Elche, Valladolid, Toledo, Guadalajara y Huelva. También Castellón,
donde a
principios del pasado junio el concejal de Cultura, el ultra Alberto
Vidal, protagonizó una sonada polémica por unas declaraciones
homófobas en
las que calificaba de «rebaño de colorines» al movimiento LGTBIQ+, tras
pedir a los padres de los alumnos de colegios públicos que no
llevaran a sus hijos al colegio durante los actos del Día del
Orgullo.
Vidal
acusó entonces al PP de «financiar el adoctrinamiento»de
escolares, pero su socia, la regidora Begoña Carrasco, lo mantuvo en
su cargo para salvar el pacto y mantener la Alcaldía. Por polémicas
similares sí se han roto los acuerdos
en Burgos –en noviembre
de 2024, por la salida de Vox porque el proyecto de presupuestos del PP incluía ayudas a ONG de acogida de inmigrantes– y Ciudad Real –en febrero
pasado, por la negativa de alcalde popular a retirar unos cuadernillos para
escolares que contenían referencias a la diversidad de tipos de
familias–.
Presupuestos a cambio de recortes
En
otras localidades más pequeñas, el PP sí se ha plegado al
discurso de Vox, como en Arganda del Rey (Madrid), donde
el alcalde, Alberto Escribano, se ha garantizado la aprobación de
los presupuestos municipales a cambio de incluir
recortes fiscales y de gasto público.
En
cambio, se han roto los pactos de gobierno en Arenas de Rey (Granada, 600
habitantes), donde Vox
se ha negado
a cederle la Alcaldía al
PP,
como había prometido, y en Bolaños de Calatrava (Ciudad
Real, 12.000
almas), cuya
situación afecta también a
la Diputación Provincial porque los
dos partidos también la gobiernan
en coalición. En Tineo (Asturias), Vox se desmarcó del acuerdo después de que Montserrat Fernández, la
alcaldesa del PP, rechazara destituir a una de sus concejalas con
competencias de gobierno, y que
había abandonado el partido de
Abascal por discrepancias con la dirección.
Cualquier ciudadano que haya intentado defraudar a Hacienda mas de cuatro millones de euros y que luego diga que ha logrado reunir esa cantidad fuera de España, en apenas cuatro años, para devolver los préstamos que pidió entonces a sus amigos para saldar la deuda, se expondría con seguridad a nuevas inspecciones fiscales. Pero en el caso de Juan Carlos de Borbón no parece que vaya a ser así, por mucho que haya expertos que consideren que existen indicios más que suficientes para sospechar que el exjefe del Estado aún mantiene oculta al fisco, desde hace años, una fortuna que guardaría en el extranjero y que habría engordado sin declararla durante todo su reinado.
Según una información publicada el miércoles 6 de agosto en El Mundo, el padre de Felipe VI ha devuelto ya a varios aristócratas y empresarios afines los 4,3 millones de euros que dijo haberles pedido para poder saldar parte de las dos regularizaciones de sus declaraciones de impuestos de los ejercicios de 2015 y 2017 y de 2021. Las fuentes próximas al exmonarca citadas en el artículo aseguran que habría obtenido ese dinero mediante la venta de los derechos sobre su vida para la producción de documentales, y por su actividad como comisionista en Emiratos Árabes, país al que se fugó en agosto de 2020 tras conocerse que tenía cuentas corrientes millonarias en otros países.
«Tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria deberían investigar de dónde viene el dinero, porque si fueran ingresos ocultos correspondientes a ejercicios en los que era residente fiscal en España [y lo fue hasta 2021], eso significaría la nulidad de las regularizaciones anteriores», indica Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Cruzado explica que, en esa hipótesis, Juan Carlos de Borbón podría haber incurrido en la comisión de varios «delitos fiscales agravadosque sí serían perseguibles»: por la Fiscalía en el caso de los ejercicios de 2015 y 2017, cuando regularizó cantidades superiores a 600.000 euros, lo que convierte el delito en «agravado» y hace que la prescripción sea de diez años; y en el de 2021, tanto por la Fiscalía como por la Agencia Tributaria, puesto que la prescripción administrativa de esas infracciones está establecida en cuatro años.
Ingresos que no tributan en España
«Pero lo más probable es que no se vaya a hacer nada», apunta el presidente de Gestha, recordando que el Tribunal Supremo acaba de desestimar el recurso de súplica presentado por una docena de juristas –entre ellos exmagistrados y exfiscales–, filósofos y periodistas, contra el archivo de la querella en la que acusaban a Juan Carlos de Borbón de cinco delitos fiscales.
Público se puso en contacto con el Ministerio de Hacienda para preguntarle si la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT), que tiene potestad para abrir inspección a cualquier contribuyente sin necesidad de motivar esa decisión, va a comprobar la procedencia del dinero con el que el exmonarca ha saldado sus supuestas deudas con las trece personas físicas y jurídicas que habrían sufragado aquel préstamo. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero se han limitado a señalar que «la AEAT no habla nunca de casos concretos ni contribuyentes».
Juan Carlos I y Felipe VI, en una imagen tomada en Londres en febrero de 2024.
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Este diario también requirió a la Fiscalía del Estado su posición sobre la posibilidad de investigar el origen de los 4,3 millones de euros que Juan Carlos de Borbón ha aflorado ahora, y se dirigió a la Casa Real para saber si Felipe VI tiene o tuvo conocimiento de la liquidación de la deuda de su padre y de los supuestos ingresos en Emiratos Árabes con los que la habría afrontado, así como para obtener una valoración de los hechos. A la hora en la que se terminó de redactar este artículo, ni la Fiscalía ni la Casa Real habían ofrecido respuesta.
Carlos Cruzado, el presidente de Gestha, recuerda que si el exjefe del Estado español tributara en España, «buena parte» de los 4,3 millones que dice haber obtenido en Emiratos Árabes como comisionista y por la venta de sus derechos de imagen, deberían haber nutrido las arcas públicas de su país, a las que el resto de sus conciudadanos sí destinan solidariamente un porcentaje de sus ingresos –si es a través del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el tipo impositivo cuando superan los 300.000 euros es del 47%–.
¿Préstamo o donación?
Además, aunque el exmonarca asegura que lo que recibió de sus amigos no fue una donación, que ellos habrían tenido que declarar a Hacienda, sino un préstamo sin intereses, averiguar el origen del dinero con el que Juan Carlos de Borbón liquidó la deuda no sería difícil, y bastaría comprobar la procedencia de las transferencias en las cuentas bancarias en las que los supuestos prestamistas debieron de haber recibido el pago.
En ese sentido, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo y quien ejerció la dirección letrada de la querella que ese organismo ha desestimado, considera inaudita la pasividad que mantienen tanto la Fiscalía como el propio tribunal y la Agencia Tributaria ante los indicios de irregularidades en las regularizaciones del anterior rey de España. «Han tenido unas tragaderas infinitas y ni siquiera han preguntado quiénes eran los supuestos prestamistas, cuando era sencillísimo comprobarlo. Pero han preferido mirar para otro lado», añade.
«Han tenido unas tragaderas infinitas y ni siquiera han preguntado quiénes eran los supuestos prestamistas, cuando era sencillísimo comprobarlo»
Martín Pallín explica que la querella se basaba en que las regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos de Borbón deberían considerarse nulas, ya que el exmonarca habría sido avisado previamente por la propia Fiscalía de que estaba siendo investigado y el Código Penal español establece que no se pueden admitir regularizaciones una vez que el juez o el fiscal hayan iniciado «actuaciones que le permitan [al afectado] tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias».
«Si alguien se toma la molestia de leer el escrito de la Fiscalía [en respuesta a la querella], verá que dice literalmente que gracias a ella se pudieron recuperar cinco millones de euros para el erario público. Si fue gracias a la Fiscalía que presentó las regularizaciones, no hay que ser doctor en Derecho para deducir que lo hizo porque la Fiscalía le avisó. Y por tanto, que son nulas», subraya Martín Pallín, quien resume con una frase su «profunda decepción» por la actuación de las instituciones: «Más que ciudadanos de un Estado de Derecho parecemos súbditos de Fernando VII«, concluye el magistrado en referencia al tatarabuelo de Juan Carlos, quien, en su día, también huyó del país.
Tarjetas de crédito y vuelos en avión privado
En el caso de su tataranieto, a finales del año 2020, apenas cuatro meses después de escaparse a Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes, por la concatenación de escándalos sobre su fortuna, presentó ante la AEAT una primera regularización de sus declaraciones a Hacienda, reconociendo que no había pagado impuestos por valor de 678.393,73 euros por las rentas que obtuvo a través de varias tarjetas de crédito que se cargaban en cuentas del empresario mexicano Allen Sanginés‑Krause.
Tres meses después, en febrero de 2021, presentó una segunda regularización por 4. 395. 901,96 euros, correspondiente a los viajes en avión privado por valor de más de ocho millones con los que le obsequió una fundación controlada por su primo Álvaro de Orleans, y que tampoco había declarado. En 2021, la Fiscalía decidió archivar otra causa contra Juan Carlos de Borbón que investigaba el supuesto cobro de 80 millones de euros en comisiones por la construcción del AVE a La Meca en Arabia Saudí.
«Renuncio al servicio por acoso laboral. Os doy 15 días». Con este mensaje de WhatsApp a las 9.23 horas, Teresa de Jesús notificó a la empresa Aralia Servicios Sociosanitarios S.A. —concesionaria del Servicio de Ayuda a Domicilio del municipio gallego O Porriño—su intención de abandonar el puesto. Fue su último aviso. Pocos minutos después, en torno a las 9.30 horas de la mañana del martes, la trabajadora fue asesinada. Según relatan compañeras del sector a Público, el marido de la usuaria a la que Teresa asistía le propinó un golpe mortal con un hacha. Este medio ha tenido acceso al informe que Aralia elaboró tras el crimen y que, según ha confirmado a Público una portavoz de la empresa, «ya se ha entregado a la Policía Judicial y al Juzgado correspondiente».
El informe de Aralia recoge con detalle los acontecimientos ocurridos entre el lunes 28 y el martes 29 de julio. El primer registro aparece a las 11.36 horas del lunes, cuando la Trabajadora Social (TS) del Concello de O Porriño contacta con la empresa tras mantener una reunión con la hija de la usuaria. Según consta, la hija expresó su malestar porque Teresa no estaría realizando algunas de las tareas asignadas, concretamente la preparación de las comidas. Minutos después, a las 11.53 horas, Aralia solicita por WhatsApp una llamada con Teresa, que finalmente se produce a las 13.07 horas. En esa conversación, la trabajadora explica que no prepara la comida ni la cena porque así lo ha pedido el marido de la usuaria, «quien se encarga personalmente de esas tareas». Desde la empresa, se le indica que debe corroborar que la usuaria coma. Durante esa misma llamada, Teresa traslada también otras dificultades del servicio: asegura que no puede realizar duchas completas a la usuaria debido a su resistencia e incluso «actitudes agresivas, llegando en ocasiones a levantarle la mano«. Además, manifiesta que el marido de la usuaria «le exige mucha atención, lo que le dificulta el desempeño de su labor».
Según el escrito de Aralia, a las 13.15 horas del lunes, la TS vuelve a contactar con la empresa para trasladar nuevas peticiones por parte de la familia de la usuaria. En la reunión mantenida ese mismo día, los familiares solicitaron ampliar el servicio de 67 a 70 horas mensuales, con el objetivo de que «Teresa dispusiera de más tiempo para encargarse de la preparación de las comidas». Además, pidieron que la cuidadora asumiera también la supervisión del cepillado dental de la usuaria. La empresa confirma que la penúltima conversación con Teresa tuvo lugar a las 13.27 horas, momento en el que le comunican esta nueva tarea relacionada con la higiene bucodental. Teresa, según consta en el informe, respondió con un «ok».
Un día antes de ser asesinada, Teresa alertó a su empresa de las «actitudes agresivas» de la usuaria
Concentración por el crimen de una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio en O Porriño (Pontevedra), a 30 de julio de 2025.
El martes por la mañana, día del asesinato, Teresa contactó con la empresa a las 8.25 horas para comunicar su decisión de abandonar el servicio. Durante la conversación con el equipo de coordinación de Aralia, la trabajadora explicó que el día anterior había vivido una situación de acoso por parte del marido de la usuaria y afirmó que «no iba a permitirlo«. Cuando desde la empresa le pidieron más detalles, aseguran que «Teresa fue esquiva y no llegó a explicar con claridad lo sucedido». Según el relato recogido por Aralia, la trabajadora expresó que no toleraría que nadie la tocara, «aunque sea un brazo, ni una mano». También señaló que su decisión de renunciar respondía al comportamiento del marido de la usuaria, que describió como «cada vez más agresivo, lo que dificultaba su labor diaria». La empresa afirma que, tras recibir esta información, comunicaron «de inmediato» a la familia de la usuaria tanto la situación denunciada como la decisión de Teresa de abandonar el servicio.
Una hora antes de ser asesinada, Teresa informó a Aralia del comportamiento «cada vez más agresivo» del marido de la usuaria
De acuerdo con el informe de Aralia, tras la llamada de Teresa para comunicar su renuncia, la empresa actuó. A las 8.32 horas del martes, apenas siete minutos después, contactaron con la familia de la usuaria para informarles de la situación. Sin embargo, según relatan desde la empresa, la reacción de los familiares fue centrarse únicamente en si el servicio quedaba cubierto, sin mostrar preocupación por los motivos expuestos por la trabajadora. «No dieron mayor importancia a lo sucedido«, asegura el documento. En esa llamada, Aralia les comunicó que Teresa no acudiría al domicilio, «pensando que, efectivamente, no prestaría ya más servicio». A continuación, a las 8.34 horas, la empresa se puso en contacto con los Servicios Sociales del Concello de O Porriño para notificar la situación. En paralelo, una de las coordinadoras envió también un correo electrónico interno a la responsable de la empresa informando formalmente de la renuncia de Teresa. A las 8.58 horas, menos de media hora después, recibieron respuesta con las instrucciones para tramitar la baja del servicio.
En la captura de la conversación se muestra que la empresa borra un mensaje enviado a la víctima en el que, según la versión de Aralia, se le consulta «si ha acudido al servicio». «Desde coordinación se le escribe un WhatsApp a Teresa a las 9.22 horas para consultarle si ha acudido al servicio, el cual es eliminado, ya que se comprueba que Teresa ha realizado el fichaje a las 9.01 horas. Teresa responde a dicho WhatsApp, pese a ser eliminado, a las 9.23 horas», indica el escrito de la entidad.
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A continuación, se reproduce el fragmento de la conversación por WhatsApp al que ha tenido acceso Público entre Teresa de Jesús y la empresa Aralia, en la que la trabajadora comunicó su decisión de abandonar el servicio:
9.22 Aralia: Eliminaste este mensaje. 9.23 Teresa de Jesús: Que yo renuncio al servicio por acoso sexual. Os doy 15 días. 9.24 Aralia: Muy bien Teresa, pero para ello hay un procedimiento. Tendrías que venir a la oficina, entregar la renuncia por escrito donde expongas los motivos. 12.24 Aralia: Teresa estás bien?
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El escrito de Aralia añade que a las 9.43 horas, un familiar de la usuaria llamó para interesarse por lo sucedido. Durante esa conversación, desde la empresa le trasladaron lo que Teresa había comunicado horas antes: el episodio del presunto acoso por parte del marido de la usuaria y su decisión de abandonar el servicio. Según recoge el documento, el familiar reconoció que el hombre «no está bien psicológicamente» y que estaban esperando una cita con el servicio de Neurología. Fue entonces cuando Aralia le informó de que, pese a haber anunciado su renuncia, Teresa había decidido dar un margen de 15 días para facilitar el relevo, y que «en ese tiempo habría que organizar bien las jornadas para que pudiera trabajar sin obstáculos». El familiar respondió, según el informe, que hablarían esa misma tarde con el marido para pedirle que no estuviera en casa durante las horas de atención domiciliaria, como ya habían hecho en otras ocasiones, ya que «Teresa le ponía muy nervioso y a él le viene bien» y le recomendaban salir a pasear cuando ella estaba presente. La empresa asegura a este medio que hasta ese momento desconocía esa dinámica.
A las 12.21 del mediodía, Aralia recibió una llamada de otra de las usuarias a las que atendía Teresa, correspondiente al tramo horario de 10.11 a 12.15. La mujer alertaba de que la cuidadora no se había presentado a su cita. Desde la empresa le respondieron que desconocían la situación y que intentarían localizarla de inmediato. Entre las 12.23 y las 12.36, realizaron varias llamadas sin éxito. Ante la falta de respuesta, le enviaron dos mensajes por WhatsApp preguntando si estaba bien y qué había ocurrido. A las 12.42, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, la llamada procedía de un número desconocido. «Quien estaba al otro lado se identificó como un agente de la Guardia Civil del cuartel de O Porriño. Solicitó los datos personales de Teresa», explican. Desde Aralia, una trabajadora le pidió poder hablar con ella directamente, pero el agente respondió, con la voz entrecortada, que no era posible. «No podrá hacerlo porque ha sido asesinada«, comunicó. Un minuto después, a las 12.43, la trabajadora social del Concello llamó a otro número de la oficina para confirmar con otras palabras: «La mató. La mató él«. A las 12.45, desde Aralia contactaron con los servicios de emergencias, quienes ratificaron el asesinato de la trabajadora.
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La portavoz de Aralia asegura a Público que continúan colaborando con la justicia «en todo cuanto les requiera», y que ya ha entregado la documentación solicitada. «Estos hechos terribles han sido comunicados, lógicamente, a las autoridades competentes», subrayan desde la entidad. Además, indican que han trasladado toda la información al Ayuntamiento de O Porriño y solicitado la intervención de la Xunta, «dado que el contrato del servicio es de carácter público». La empresa critica que en momentos «tan delicados como estos», en los que «todas estamos conmocionadas», algunos traten «de mezclar un asesinato con demandas laborales que no son ni el momento ni el cauce para abordar».
La forense determina que el hombre detenido «no está en condiciones de declarar»
La forense ha concluido este jueves que el hombre detenido por el asesinato de Teresa «no está en condiciones de declarar, ya que permanece ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo». Ante esta situación, la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de O Porriño ha decretado su puesta en libertad, aunque ha ordenado que el centro hospitalario le notifique cualquier posible alta médica antes de que se produzca, «con el fin de poder valorar una detención inmediata antes de que abandone la planta psiquiátrica».
Fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han confirmado que esta decisión «busca garantizar que el hombre no quede en libertad sin control judicial«, teniendo en cuenta que los detenidos deben ser presentados ante la justicia en un plazo máximo de 72 horas, según establece la Constitución. «Una vez los médicos valoren que puede ser dado de alta, se evaluará de nuevo si está en condiciones de declarar ante la jueza», concluyen.
Un terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas del sur de la península rusa de Kamchatka desató este miércoles alertas de tsunami en varios países bañados por el océano Pacífico, entre ellos Japón, los territorios estadounidenses de Hawái y Alaska, Canadá y varios países de Latinoamérica.
El seísmo se registró a las 8:25 hora local japonesa, las 23:25 hora española, según informó la Agencia Meteorológica de Japón, que estimó una magnitud preliminar de 8 que revisó después a 8,7 y posteriormente a 8,8.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) también detectó el temblor, cuyo epicentro estimó a unos 18,2 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.
Tras el terremoto, los servicios de emergencia rusos registraron olas de entre tres y cuatro metros de altura en las costas del sureste de Kamchatka. Al menos cuatro grandes olas alcanzaron e inundaron la costa de una de las islas Kuriles del norte, Paramushir, sin causar víctimas, según informaron las autoridades locales.
Puedes seguir la última hora de las alertas por terremoto y tsunami en este directo, en Público.
Doscientos metros tierra adentro
La primera ola avanzó unos doscientos metros tierra adentro y las siguientes dañaron la infraestructura del puerto de Sévero-Kurilsk. En total, han sido evacuadas unas 2.700 personas en el archipiélago.
Pese a su gran magnitud, el terremoto apenas se notó en Japón, donde alcanzó el nivel dos de la escala sísmica nipona –de siete niveles y centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo– en las ciudades de Kushiro, Akkeshi, Shibetsu y Betsukai, en el extremo sureste de la isla de Hokkaido. En ella, las autortidades constataron la llegada de un tsunami de 40 centímetros.
Imagen del Servicio Meteorológico Nacional (NOAA) de EEUU que muestra el punto origen del terremoto en la península rusa de Kamchatka y las posibles zonas de impacto.
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Las primeras olas llegaron a la ciudad de Hanasaki, en Nemuro, a las 10:30 hora local –la 1:30 hora española–, mientras que en las localidades de Hamanaka, el puerto de Kushiro y Ako se observaron tsunamis semejantes, según detalló la cadena japonesa NHK. Se cree que la altura de las olas podría elevarse, dado que pueden transcurrir varias horas desde la llegada de las primeras hasta que se registra la altura máxima de este fenómeno.
Las autoridades japonesas ordenaron la evacuación de las zonas costeras desde el este y sur de Hokkaido, y las prefecturas de Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Kanagawa, Shizuoka, Mie y Wakayama, en las costas del Pacífico que abarcan toda la mitad este y parte del centro del archipiélago, ante la previsión de que las olas puedan alcanzar hasta tres metros.
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Aviso de tsunami en la bahía de Tokio
Además, la bahía de Tokio se encuentra sujeta a aviso de tsunami de hasta un metro, así como la de Osaka, donde se celebra la Exposición Universal, y las islas de Shikoku, al oeste, y Kyushu y Okinawa, al sudoeste.
También se esperan tsunamis de hasta 20 centímetros en las costas del mar de Japón.
Por su parte, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos elevó al máximo la alerta por riesgo de tsunami en todo el estado de Hawái, ubicado en medio del océano Pacífico, así como en el extremo más occidental de Alaska. Además, emitió una alarma de precaución para toda la costa oeste de Estados Unidos y Canadá.
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Las bahías de Tokio y de Osaka, donde se celebra la Exposición Universal, se encuentran sujetas a avisos de tsunami con olas de hasta un metro
El gobernador de Hawái, Josh Green, decretó el estado de emergencia en el archipiélago y llamó a la población a evacuar las zonas costeras.
Las autoridades canadienses también pidieron a los habitantes de gran parte de la costa del Pacífico que eviten las playas y las zonas litorales.
Filipinas
En Filipinas se alertó de la llegada de olas de menos de un metro en varios puntos costeros del archipiélago. Estaba previsto que las primeras llegaran entre las 13:20 y las 14:40 hora local, es decir entre las 5:20 y las 6:40 hora española, según señaló el Departamento de Sismología de ese país.
Según los resultados del análisis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el terremoto tiene el potencial de causar en el litoral del país un tsunami con altura inferior a medio metro.
En México, el Centro de Alertas de Tsunamis de la Secretaría de Marina de México emitió una alerta para las costas del Pacífico mexicano, donde se espera que las olas alcancen alturas de menos de veinte centímetros a partir de las dos de la madrugada –las ocho de la mañana en España– y hasta cinco horas después en Ensenada, Punta Abreojos (Baja California), Cabo San Lucas (Baja California Sur), Mazatlán (Sinaloa), Puerto Vallarta (Jalisco), Manzanillo (Colima), San Blas (Nayarit), Lázaro Cárdenas (Michoacán), Acapulco (Guerrero), Salina Cruz (Oaxaca) y Puerto Madero (Chiapas).
Dos personas se bañan en la costa de Cavite, en Filipinas, donde las autoridades han activado este miércoles la alerta por tsunami
El presidente chileno, Gabriel Boric, informó de una «alerta de tsunami para toda la costa de Chile para mañana [por el miércoles]» y que, siguiendo el protocolo para estos casos, se evacuarán las poblaciones afectadas «tres horas antes de la estimación de la llegada de la ola».
La alerta se refiere a las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, además del estado de precaución declarado en Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.
Alta probabilidad en Ecuador
El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Ecuador lanzó otra advertencia ante la «alta probabilidad» de un tsunami que puede afectar a las Islas Galápagos, y mantiene la observación sobre el suceso en las costas del territorio continental. En caso de llegar a las costas ecuatorianas, el tsunami lo haría sobre las diez de la mañana hora local en Galápagos –las tres de la tarde en España– y una hora después al litoral continental.
Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú lanzó una alerta de tsunami para toda la costa del país.
La Dirección General Marítima de Colombia, sin embargo, informó que «no existe amenaza de tsunami» para la costa del pacífico colombiano.
Poco después del terremoto comenzaron a circular imágenes en redes sociales de daños estructurales en localidades de la península de Kamchatka, entre ellas el derrumbe parcial de una guardería en el Krai de Kamchatka, mientras que el gobernador de la región de Sajalín, publicó fotos de daños en la isla de Paramushir.
Isabella de Dinamarca, segunda hija de los reyes Federico y Mary, ha acompañado a sus padres.
La falta de austeridad de los reyes, que han aumentado notablemente su presupuesto desde que están en el trono (enero de 2024) y su afán de descansar fuera del país se han convertido en temas controvertidos para la imagen de Federico, que de joven, tenía fama de juerguista y de estar poco implicado con lo que hoy sus deberes como rey.
La anécdota ha sido que a su llegada a Jutlandia, donde se supone tendrán vacaciones públicas, con sus hijos Vicente e Isabella, la reina Mary ha sufrido la picadura de una avispa, aunque sin consecuencias.
La localidad danesa de Gråsten, a unas tres horas en coche de Copenhague y a orillas del fiordo de Flensburg, es el destino vacacional de los reyes de Dinamarca, en cuyo palacio Federico y Mary van a pasar su segundo verano como reyes.
