«Nos
gusta la radio». Es el motivo que exhibe el consejero delegado de Alquiler
Seguro, David Caraballo, cuando se le pregunta por qué el grupo inmobiliario lleva
desde 2017 dedicado a gestionar emisoras de radio locales. En ese año creó La Radio
Que Viene SL, que gestiona cuatro: Onda Cero Madrid Sur y Onda Cero Jaén, así
como Europa FM Madrid Sur y Europa FM Jaén. Todas ellas pertenecen al grupo Atresmedia.
Según
publicó Dircomfidencial, en 2024 Alquiler
Seguro planeaba duplicar su línea de negocio radiofónica y gestionar una decena
de emisoras en cinco años. Pero, de momento, no ha logrado ampliar su red. La
Radio Que Viene se presentó a dos concursos autonómicos para conseguir
licencias de FM, en Asturias y en Murcia. Pero no le fue adjudicada ninguna. El
primero, de diciembre de 2023, concedió cinco licencias y fue recurrido ante el
Tribunal Superior de Justicia de Asturias por la COPE, que consideraba «arbitraria» la resolución de la Consejería de Ciencia del Principado que le dejó sin
emisoras. El segundo otorgó 51 licencias el pasado mes de abril, pero ninguna a
La Radio Que Viene, pese a que pujó por 20 de ellas. Todas fueron excluidas
porque no garantizaban ni la financiación e ingresos de la emisora, su viabilidad
económica, ni las condiciones económicas de los trabajadores.
Ésta es la octava entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
La
filial radiofónica de Alquiler Seguro es propiedad de Enacom, la matriz del
grupo, en un 75%. El otro 25% pertenece a Florencio Torres Arroba, un profesional
de larga experiencia en la radio local que, además de consejero delegado de La
Radio Que Viene, es director de Onda Cero Jaén y de Onda Cero Madrid Sur.
Una oficina de Alquiler Seguro en Madrid.
Creada
en 2017, la empresa cuenta con una plantilla de una decena de personas. En 2024, facturó 944.845 euros, triplicando sus ingresos de 2020. Pero no tuvo
beneficios hasta 2022, cuando ganó 148.957 euros. Sin embargo, sus números del
último ejercicio han sido muy modestos: sólo se apuntó 7.733 euros de ganancias, según
figura en las últimas cuentas que ha remitido al Registro Mercantil. La Radio
Que Viene fue una de las empresas que pidió uno de los préstamos ICO durante la
pandemia, 50.000 euros que ya ha devuelto.
Agustín Bravo también en la radio de Alquiler Seguro
En
Onda Cero Madrid Sur conduce y dirige el magacín matinal, llamado Más de Uno
Madrid Sur, Agustín Bravo, que ha sido el rostro de las campañas publicitarias
de Alquiler Seguro durante años. También es el coprotagonista de Se alquila,
una obra de teatro que financia la Fundación Alquiler Seguro y lleva más de un
año en cartel en Madrid y otras ciudades de España.
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Pero
La Radio Que Viene no es la única aventura de Alquiler Seguro en el sector de
la comunicación. También funcionó brevemente Berman Comunicación y Social Media,
que en los contratos de alquiler figuraba como la responsable de ejecutar «concursos
y sorteos» en las redes sociales «exclusivos» para los clientes del grupo. Fue
liquidada en mayo de 2022. Además, contó con Iniciativas Empresariales Una Más
SLU, dedicada a prestar servicios de marketing y publicidad a través de
internet, prensa, radio y televisión, que fue extinguida en noviembre de 2023.
Aquí puedes leer todos los artículos de la investigación de ‘Público’
Alquiler
Seguro es mucho más que una inmobiliaria. En 17 años de existencia se ha
convertido en un grupo de cuyo control
no escapa ninguna faceta del negocio del alquiler. Aunque también está probando
en territorios ajenos al ladrillo, como la radio y las clínicas veterinarias. La
sociedad dominante, Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), cerró
2023 con unos ingresos de 34,23 millones de euros, de los que la
parte del león corresponde a Alquiler Seguro SA. Ese año la insignia del
grupo facturó 22,17 millones, una cifra que en 2024 aumentó un 26,3%, hasta
alcanzar los 28,01 millones de euros. Desde 2007, han crecido a su alrededor una
docena de empresas e incluso ha puesto el pie en otros tres países: Portugal,
México y Estados Unidos. Además, sostiene una fundación
con su nombre, que ha creado un Observatorio
del Alquiler para el que elaboran estudios y análisis sobre el mercado del
arrendamiento profesores de la Universidad Complutense y la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid, ambas públicas.
Alquiler
Seguro fue una creación de cinco socios: Antonio Carroza, Eduardo
Fresno, Sergio Luisilla, Gustavo Rossi y su padre, Miguel Rossi, que en 2013,
cuando nació Enacom, se quedaron en tres: Antonio Carroza, Eduardo Fresno y
Gustavo Rossi. Todos ellos con experiencia previa en el mercado inmobiliario. En 2022
Fresno y Rossi abandonaron la empresa vendiendo sus participaciones al fondo de inversión Aurica. Dueño del 49%
de Enacom, el fondo tiene un puesto en el consejo de administración, donde
también se sientan Carroza –a través de su sociedad Tau Advisors United SL– y Sergi
Gargallo –a través de Active Growth Consulting SL–. Este último llegó a la
compañía en 2015.
El
grupo cuenta ahora con una plantilla de 565 empleados, de los que 452
pertenecen a Alquiler Seguro. Dan servicio, asegura la propia empresa, a más de 160.000 clientes. Y gestionan inmuebles por valor de 5.000 millones de euros.
A
los inversores reunidos en la última edición del Foro Medcap, organizado por Bolsas y Mercados
Españoles (BME) el pasado mayo, Alquiler Seguros les explicó que el grupo
trabaja en cinco áreas complementarias a la gestión inmobiliaria: consultoría
de calidad, área jurídica, tecnologías de la información, arquitectura y
reformas, y seguros.
Ésta es la séptima entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
8,5 millones de luz y gas
En
efecto, General de
Contratas y Energía,
creada en 2012, se encarga de las reparaciones y tareas de mantenimiento de los
pisos cuyo alquiler gestiona la empresa. Con una veintena de empleados, ingresó
3,5 millones de euros en 2024, un 12% por debajo de la facturación del año
anterior.
Alquiler Seguro Energía SA (AS Energy es su
marca) es la comercializadora de luz y gas del grupo desde 2021. Se publicita
como la comercializadora que «basa sus decisiones en el servicio a sus clientes
y no en los intereses de los grandes consejos de administración«. Ofrece una
tarifa llamada Mientras tanto para pagar el menor precio posible en el
recibo de la luz si el piso está vacío.
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Es
en un 90% propiedad de Alquiler Seguro. Su socio es Vita Capital Management SL,
donde figura como administrador Joaquín Corchado Quílez,
también al frente de Lasarte Gamma SL, que construye parques de energía solar y
fue adquirida por Alquiler Seguro Energía SA en julio de 2024 por 400.000 euros. Tiene tres parques
en marcha en Ciudad Real. El objetivo de la empresa es que Lasarte Gamma se
convierta en su suministrador de energía solar en el futuro, según hace constar
en sus últimas cuentas. En marzo de este año, Alquiler Seguro Energía le
concedió un préstamo de 89.000 euros: en el momento de la operación, Lasarte
Gamma acumulaba unas pérdidas de 92.043 euros.
Desde
enero de 2023, Corchado Quílez, Antonio Carroza y Sergi Gargallo comparten
consejo de administración en Branding de Energía de España, otra intermediaria
energética, que de momento se encuentra sin actividad. Además, Vita Energy Consulting, filial de Vita
Capital Management SL, ha prestado a Alquiler Seguro Energía SA servicios de asesoramiento en la compra de energía por los que le pagó 67.952 euros en 2024
y 56.276 euros en 2023.
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Alquiler
Seguro Energía SA se encuentra entre los negocios más rentables del grupo,
puesto que facturó 8,55 millones, cuadriplicando los ingresos de 2021: 6,35
millones por suministros de electricidad y 2,19 millones por los de gas. Sus
beneficios crecieron aún más: en 2024 multiplicó nada menos que por 20 los de tres
años atrás. Como curiosidad basta señalar que el ejercicio anterior ingresó
40.643 euros por comisiones pagadas por los clientes que devolvieron sus
recibos.
Seguros, asesoría jurídica, financiera
Generación Plus
es la correduría de seguros del grupo. Dice ser la «número uno en la
comercialización de seguros del hogar» en España, pero también ofrece seguros
de vida, de salud o decesos para particulares, así como seguros para empresas,
gracias a acuerdos con las principales aseguradoras del país. Con unos ingresos
de 1,5 millones en 2024, casi el triple que en 2021, multiplicó por seis sus
beneficios –367.604 euros–en esos cuatro años.
La
asesoría jurídica del grupo se llama Generación
Plus Legal e incluye abogados expertos en derecho inmobiliario y, en
especial, en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Facturó casi medio millón de
euros en 2023 con una plantilla de cinco personas. El 79% de la empresa pertenece
a Enacom, pero el 21% restante está en manos de la abogada Miriam Nasser
Mansilla y la procuradora María Ángeles López Santacruz. Su cifra de negocio está
en baja forma. Ingresó 365.918 euros en 2024, un 38,6% menos que dos años
antes.
La sede central del grupo Alquiler Seguro en Madrid.
Alquiler
Seguro también ha creado una financiera. Se llama Balquiler y concede
préstamos tanto a los caseros como a los inquilinos de los pisos que
gestiona. También promociona préstamos para pensionistas que sean dueños de
viviendas y necesiten ingresos extra para pagarse una residencia. Está
registrada como prestamista inmobiliario en el Banco de España, pero sus
adelantos de renta son considerados préstamos al consumo y no los declara en la
Central de Información de Riesgos del supervisor bancario. Los intereses que
cobra también son tan altos como los de un préstamo al consumo: del 9,75% al
16%.
Alquiler
Seguro dice que ha concedido tres millones de euros a sus caseros desde julio
de 2023, pero no facilita la cifra de los inquilinos a los que ha dado el
anticipo de un mes. Aunque asegura, preguntada por Público, que es un producto «muy
popular», que sirve para «aliviar la presión» sufrida por muchos arrendatarios
para pagar gastos. Por lo que se refiere a AS Pensión, asegura que el producto aún está «en
fase piloto».
AS Real Estate es su línea de
negocio de compraventa de inmuebles. Ayuda a propietarios y compradores a «maximizar
la rentabilidad de su inversión».
Morosos por 24,95 euros la consulta
El Fichero de Inquilinos Morosos se promociona
como el único registro nacional de morosidad de alquiler y como «la herramienta
más eficaz para evitar las incidencias de impago». Sus datos proceden de las
incidencias que trasladan profesionales inmobiliarios, propietarios
particulares y sentencias judiciales. Con ellos y usando un algoritmo
predictivo, ofrece una calificación de riesgo del candidato a inquilino. Pueden consultarlo particulares
y empresas a cambio de 24,95 euros. La entrada más reciente del blog que se
puede ver en su página web se titula Estrategias para
ayudar a propietarios a subir rentas sin perder inquilino.
Anexia Tecnologías es su filial informática.
Programación, páginas web y aplicaciones, hosting, software
personalizado… Cifra en 28.000 el número de sus clientes, porque no sólo trabaja para
Alquiler Seguro sino también para terceros. En 2023 facturó 2,31 millones
de euros, lo que más que dobló su cifra de negocio de 2019.
Mención
aparte merecen las tres
socimis creadas por el grupo: Quid Pro Quo –vendida en 2023–, Alquiler Seguro Asset Alquiler Seguro Asset
Market y Madrid Yield Rent Socimi. La primera está en fase de ampliación de
capital, con una cartera de 54 viviendas, valorada en 8,8 millones de euros, y
la segunda, aún durmiente, tendrá una especialización geográfica: se dedicará a
poner en alquiler viviendas en Madrid.
Una
socimi (Sociedad Anónima Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario) es
una sociedad anónima que se dedica a invertir en inmuebles –viviendas, locales,
centros comerciales– para su posterior alquiler. Debe tener un capital social
mínimo de cinco millones de euros y cotizar en bolsa. Al menos el 80% de sus
ingresos debe provenir del alquiler de inmuebles y el 80% de su patrimonio debe
estar invertido en bienes inmuebles. Creadas en España en 2009 a imitación de
las REIT (Real Estate Investment Trusts) extranjeras, los cambios introducidos
en 2012 y 2015 las pusieron de moda. Sobre todo, porque disfrutan de un régimen
fiscal favorable: no pagan impuesto de sociedades si reparten el 80% de sus
beneficios como dividendos.
La
incorporación más reciente al grupo se constituyó el pasado mes de julio. Se trata
de AS Strategic Finance, que se dedicará al alquiler y venta de locales y
viviendas, así como a la construcción de terrenos.
Expansión internacional
Además, en Portugal opera como Aluga Seguro, a través de la sociedad SWGP Proteção de
Arrendamiento e Mediação Imobiliária, Unip. Lda. Hasta 2022 estuvo en México,
donde explotó el Fichero de Inquilinos Morosos (FIM) bajo la marca Buró Rentas.
Y en Estados Unidos tuvo cinco sociedades, todas ellas en Miami, que terminó de
vender en 2024.
Por
el camino, Alquiler Seguro absorbió sus marcas catalana –Lloguer Seguro– y
vasca –Aloka Seguru–, también una firma publicitaria, Iniciativas Empresariales
Una Más, y liquidó otras dos sociedades: Invermax Propiedades Rentables, aunque
le sigue sirviendo de marca para ofrecer inversiones inmobiliarias a particulares,
y Berman Comunicación.
Finalmente,
el grupo también ha puesto el pie en sectores distintos al inmobiliario. Tiene
una sociedad llamada La Radio que Viene SL, a través de la cual gestiona
emisoras de radio locales, y Hospital General Veterinario
SA, una red de clínicas veterinarias en Madrid.
Aquí puedes leer todos los artículos de la investigación de ‘Público’
En 2021, la Audiencia Provincial de Madrid archivó una denuncia pionera: la que presentó Podemos contra el expresidente del Gobierno José María Aznar por presuntamente mentir en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del PP, en septiembre de 2018. Los ‘morados’ argumentaban que Aznar había incurrido en el artículo 502 del Código Penal, es decir, en un delito de falso testimonio en comisión parlamentaria, pero el tribunal no vio delito en sus declaraciones.
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Entre otras cuestiones, Podemos consideró que Aznar mintió cuando negó en varias ocasiones haber tenido relación o incluso conocer a Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, cuando este fue uno de los invitados a la boda de su hija. «Si usted quiere saber si yo tenía relación con el señor Correa la respuesta es no. Si usted me dice si yo tenía amistad con el señor Correa la respuesta es no. Si usted me dice si yo contraté al señor Correa la respuesta es no», aseveró Aznar en el trascurso de la comisión en el Congreso.
Hacía tres meses que la Audiencia Nacional había acreditado la existencia de una caja b en el PP, pero Aznar restó importancia a la que aún no era una sentencia firme, y que años después el Supremo confirmaría, provocando la moción de censura que echó a Rajoy del Gobierno. Los magistrados de la Audiencia de Madrid archivaron la denuncia de Podemos al considerar que lo que dijo Aznar en sede parlamentaria fueron «opiniones o interpretaciones» sobre una resolución judicial o un acontecimiento, «o bien carecen de relevancia para la investigación».
Causa contra Cerdán
Este lunes una jueza ha admitido a trámite la denuncia de la organización ultraderechista Hazte Oír contra Santos Cerdán por presunto falso testimonio en la comisión de investigación del Senado con el llamado caso Koldo. El que fuera hasta junio pasado secretario de Organización del PSOE negó vínculos con Koldo García, asesor del exministro Ábalos, en el presunto amaño de concursos públicos. Cerdán, que está en prisión provisional desde el pasado 30 de junio en el marco del caso Koldo, compareció el 30 de abril de 2024 y admitió que solo habría contactado con García en «dos o tres ocasiones».
Hazte Oír esperó hasta finales de junio, tras entregar el día 16 de ese mes Cerdán su acta de diputado, para presentar la denuncia por falso testimonio presuntamente cometido un año atrás, en la comisión del Senado por el caso Koldo. Y este lunes la titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid ha decidido admitirla a trámite, justo cuando quedan diez días para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga que comparecer en la misma comisión de investigación en el Senado, a petición del PP.
Para Hazte Oír, Cerdán mintió en base al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que indica que hubo «reuniones constantes» entre Cerdán y García entre 2018 y 2023. El mismo informe aportado al caso Koldo también señala respecto a Cerdán su «conocimiento de las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública».
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En el caso de Aznar, mencionado más arriba, se podían confrontar las declaraciones del ex líder del PP con una sentencia judicial, la primera del caso Gürtel, que incluye unos hechos probados, pero en el caso de Santos Cerdán no existe una sentencia judicial con la que comparar sus manifestaciones, sino un informe de la UCO, que en este momento de la instrucción judicial tiene el rango de indicio, no de prueba aportada a un juicio ni mucho menos de hecho probado, según indican a este diario fuentes jurídicas.
El artículo 502.3 del Código Penal establece que comete delito de falso testimonio «el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio», que será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
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Para la jueza, «un archivo en este momento procesal resultaría precipitado por los fundamentos expuestos. El compareciente ante la Comisión Parlamentaria en el Senado, Santos Cerdán León, habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente, y la realidad material por la que fue interrogado. Esa desviación resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil, faltando Santos Cerdán en su testimonio cuando declaró que no habría contactado con Koldo García de 2021 a 2023″, entre otras cuestiones.
La defensa de Cerdán indica que aún no ha recibido notificación respecto a esta causa.
El ‘caso Cospedal’
En el caso de que exista la sospecha de que algún compareciente haya mentido en una comisión de investigación del Congreso o del Senado, las Mesas de ambas cámaras pueden iniciar un procedimiento para poner en conocimiento de la Fiscalía el presunto delito de falso testimonio. Para ello siempre es necesario que la mayoría de la comisión de investigación vote a favor de activar el procedimiento. No siempre hay acuerdo.
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Pero en el caso de María Dolores de Cospedal, ex secretaria general del PP, podría haberlo; y sus presuntas mentiras en la comisión de investigación de la Operación Cataluña en el Congreso podrían llegar a la Fiscalía si finalmente cuando concluya esa comisión, que investiga diversos movimientos desde el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para neutralizar a los partidos independentistas catalanes, la mayoría de los grupos llegan a un acuerdo.
Tanto Cospedal como el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, negaron la existencia de la Operación Cataluña, pese a los audios del comisario Villarejo en los que se escucha a este planificando tanto con Cospedal como con Fernández Díaz diversos extremos relacionados con dicha operación parapolicial.
La comparecencia de Rajoy
También el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy compareció en marzo de este año en dicha comisión sobre la Operación Cataluña, negando haber dado órdenes para espiar a partidos independentistas y de izquierdas. Podemos fue objeto de ese espionaje sin orden judicial por parte de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) —la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía—, según investiga la Audiencia Nacional en estos momentos.
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Por su parte, Jorge Fernández Díaz, procesado por el caso Kitchen, que versa sobre el espionaje ilegal a Luis Bárcenas, extesorero del PP, llegó a apuntar a un hipotético grupo dentro de la cúpula policial, al subrayar que del Ministerio del Interior dependen «150.000 efectivos» y manifestando en su comparecencia que era imposible saber la actuación de cada uno de ellos. En cualquier caso, negó haber escuchado en el Ministerio del Interior las palabras «Operación Cataluña«.
Durante la comisión por el caso Kitchen, Fernández Díaz llegó a decir que en cinco años solo había cruzado «dos palabras» con el comisario Villarejo. «No oirán ustedes ninguna grabación mía con el señor Villarejo», dijo en la citada comisión. Sin embargo, meses después, fue aportado al sumario de la macrocausa Tándem un audio en el que Villarejo, el entonces DAO, Eugenio Pino, y el ministro Fernández Díaz despachaban sobre cómo hacer llegar a los juzgados varias denuncias por hechos falsos contra los expresidentes catalanes Artur Mas y Jordi Pujol.
Todo empezó en la provincia de León. En el kilómetro 8 de la carretera comarcal Ponferrada-Ourense. Bajo un viejo nogal que anuncia la entrada a Priaranza del Bierzo. Allí, fueron arrojados a una fosa los cuerpos de trece hombres. Trece hombres fusilados por su adscripción al régimen republicano. Por su defensa de los valores democráticos. Ocurrió la noche del 16 de agosto de 1936, a un mes escaso de que el golpe de Estado militar encabezado por el general Francisco Franco recorriera España de norte a sur. Trece hombres que permanecieron allí sepultados 40 años de dictadura. Y lo que es peor: 25 de democracia. Sin que se investigara su paradero. Sin que sus familias pudieran darles una sepultura digna. O tener la seguridad siquiera de qué les había ocurrido. Viviendo con miedo. Bajo la amenaza constante del olvido.
Uno de estos hombres se llamaba Emilio Silva Faba. Militante de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, y propietario de un pequeño almacén: La Preferida. El 15 de agosto, Emilio fue arrestado por las fuerzas sublevadas y conducido a los calabozos. No sobreviviría a esa noche. Tampoco volvería a ver a su familia. Ni a su mujer, Modesta, ni a ninguno de sus seis hijos. Desde entonces, su nombre y su historia parecían perdidos. Silenciados bajo el peso de la amnesia institucional que sancionó en toda España la Ley de Amnistía de 1977. El instrumento de la «reconciliación nacional» y de la «superación del pasado», se repetía incansablemente durante los años de la Transición. El instrumento de la impunidad, matizan sin miramientos las asociaciones memorialistas.
Iván Aparicio, Recuerdo y Dignidad: «La exhumación de Priaraza marcó el punto de partida del movimiento memorialista moderno»
Este martes se cumplen 25 años de una fecha que lo cambiaría todo. El 21 de octubre del año 2000, un nieto y un hijo de Emilio sacaban a la luz, por fin, los primeros restos de esa memoria enterrada. Inaugurando el camino de la reparación para las decenas de miles de desaparecidos de la dictadura. Y para sus familias. Hijos, sobrinos y nietos. Ese día empezaban los trabajos de exhumación de la fosa de los Trece de Priaranza. Unas labores de excavación e identificación en las que se implicaron familiares, arqueólogos, forenses y miembros del ayuntamiento berciano. Convirtiéndose en la primera exhumación científica de republicanos asesinados por la dictadura. Porque no solo se recuperaron los trece cuerpos. Nueve de ellos llegaron a identificarse por medio de pruebas de ADN. Y pudieron, casi 70 años después de su asesinato, descansar en paz. Al abrigo de sus familias.
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Imágenes de la exhumación de Priaranza del Bierzo (León), en la que fueron encontrados los cadáveres con signos de violencia de trece republicanos asesinados el 16 de octubre de 1936.
La exhumación de Priaranza abrió la caja de Pandora. «No fue la primera como tal. Se realizaron algunas exhumaciones clandestinas ya durante la Guerra Civil y, sobre todo, después de la Transición, a partir de los años 80», explica en conversación con PúblicoIván Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad de Soria. Pero no con los mismos medios técnicos. Con una simple azada, un pico y una pala. «Por eso, la repercusión de lo que se hizo en Priaranza fue inmensa. Muchas familias constataron, por primera vez, la posibilidad de identificar esos cuerpos. De rescatar la memoria de todos esos familiares desaparecidos durante décadas«, continúa.
Ávila, Burgos, Granada, Cádiz o Albacete. La exhumación de los Trece de Priaranza comenzó a reproducirse en diferentes puntos de España. «Supuso un poco el punto de partida del movimiento memorialista moderno», señala Aparicio. Así como el nacimiento de la conocida Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), presidida por el nieto y tocayo de ese primer identificado, Emilio Silva. Una asociación en torno a la que se aglutinan, hasta el día de hoy, las familias de muchos de los todavía más de 100.000 desaparecidos a manos de la dictadura.
Herederos de un trauma
Del asesinato de Priaranza hace ya 90 años. Una vida. De su exhumación, 25. Un cuarto de siglo. Mirando hacia atrás, asociaciones y familiares coinciden: hemos avanzado, pero no tanto como deberíamos. «En nuestras cunetas, debajo de nuestros huertos y en sitios de toda España, siguen los cuerpos de miles de personas que un día fueron arrancadas salvajemente de sus casas y de sus familias«, apunta el propio Silva. «Yo he tenido la suerte, entre comillas, de conseguir el dato para localizar el lugar donde estaba mi abuelo, pero hay muchísima gente que sigue sin saber nada», denuncia el presidente de la ARMH. O que intuye dónde pueden encontrarse sus familiares, pero no dispone del apoyo y de los recursos para hacer algo al respecto. «Es intolerable que esto ocurra en una democracia».
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Toca ofrecer soluciones. Empezando por un marco normativo más ambicioso, a la altura de las circunstancias. Cuando se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática del año 2022. «Algunas cosas se están haciendo bien», concede Aparicio. El reconocimiento de muchas víctimas y de lugares de memoria democrática; la retirada y resignificación de importantes símbolos de la dictadura, como el Valle de los Caídos; o el impulso en formas de subvenciones de las tareas de exhumación, enumera el activista.
Eso sí, se hacen despacio y a medias. «El tema de las exhumaciones es un caso evidente. El dinero que nos llega es algo mayor sí, pero insuficiente para financiar la excavación del enorme número de fosas -más de 6.000- que hay repartidas por España. Y sobre todo lo que viene después: la identificación genética de todas y cada una de las víctimas», desarrolla el presidente de Recuerdo y Dignidad. ¿El resultado? Las asociaciones compiten entre sí para obtener financiación. Obligadas a elegir, al mismo tiempo, en qué proyectos se comprometen y cuáles siguen posponiendo. «No hay víctimas de primera y de segunda. Deberíamos poder atender a todas por igual». Y hasta el final. Porque no se trata solo de averiguar sus nombres. «Trabajamos para saber quiénes eran y qué les ocurrió», asegura el activista soriano. Para, una vez localizadas sus familias, poder ofrecerles una historia. Saldando con ellas una deuda histórica.
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Para Aparicio, ese es otro de los problemas: se delega demasiada responsabilidad en las asociaciones. «El Estado debería encargarse en primera persona de las tareas de exhumación. No limitarse a conceder recursos para que las desarrollen terceros», critica el activista soriano. «Se podrían crear, por ejemplo, una serie de equipos arqueológicos dentro de la UME que colaboraran en la apertura de fosas. Este modelo no es nuevo. Se ha implementado ya en países como Bosnia», asegura el presidente de Recuerdo y Dignidad. Con buenos resultados: mayor eficacia y rapidez.
Memorial de las más de 300 víctimas de la fosa de Villanueva de la Serena, en Badajoz.
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Ahí está la principal amenaza: el paso del tiempo. «El duelo de las desapariciones de la dictadura es una herida que se ha heredado de generación en generación. Y que sigue abierta», cuenta a Público Tina Merino, presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Baix Llobregat, en la provincia de Barcelona, y de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA), en Badajoz. Aún así, advierte la también historiadora, cada vez quedan menos personas que presenciaran aquella época. Que puedan recordar la localización de las fosas o los nombres de los desaparecidos de cada localidad. «Se está empezando a morir ya la generación de los nietos, con miles de desaparecidos todavía a nuestras espaldas», insiste Merino. «O nos ponemos las pilas, o muy pronto la mayoría de identificaciones genéticas van resultar directamente imposibles», se lamenta la activista.
De los 8.900 cuerpos recuperados en el primer Plan Cuatrienal impulsado por Memoria, solo se han identificado 70.
De ahí la reivindicación central de las asociaciones: el prometido banco de ADN. Un proyecto que el Ministerio de Memoria Democrática tiene pendiente desde que adquiriera el software Bonaparte para desarrollarlo en septiembre de 2023. «Hay otras cosas que se pueden ir haciendo, pero el banco de muestras de familiares habría que concretarlo ya. Cuanto más esperemos, menos muestras vamos a poder recoger y menos desaparecidos vamos a ser capaces de identificar», subraya Merino. Un banco que, para el presidente de la asociación memorialista soriana, no solo debe actuar como reservorio de esas muestras: «Que realice además las comparaciones y pruebas genéticas pertinentes, en colaboración con el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses». Porque sí, el último Plan Cuatrienal de Exhumaciones impulsado por el ministerio se ha saldado con 300 actuaciones y la extracción de unos 8.900 desaparecidos. Pero con solo 70 identificados.
Los frentes de la lucha por la memoria no terminan ahí. La educación es otra de nuestras grandes carencias. «Debería incluirse la historia contemporánea de España en el currículo de los colegios como una asignatura específica. No como el capítulo final del temario», critica Merino. Un vacío que llenan desde hace años las escuelas de memoria, talleres impulsados por las propias asociaciones memorialistas. Con la colaboración de historiadores, investigadores y testigos de la época. Una última petición: la creación de una oficina de atención a las víctimas de la dictadura. «Cincuenta años de democracia y las víctimas y sus familiares siguen sin recibir el cuidado y la atención que merecerían del Estado», denuncia Silva. «Con una verdad recortada, sin justicia y sin reparación, las garantías de no repetición, que son el fundamento de la memoria histórica y de la construcción de la democracia, están inevitablemente en peligro».
Sus abuelos emigraron a Venezuela después de la Guerra Civil. «Los nativos sabemos lo que es la pobreza. De pequeña, mi madre tenía que bajar del pueblo en burro, aquí no había ni carreteras», relata el taxista mientras recorre la calzada que conecta Adeje (Tenerife) con la costa. No tuvo que ser fácil asfaltar los caminos abiertos sobre la roca volcánica. Pero en los años sesenta, la pujante industria turística del franquismo arribó con fuerza a la isla y la convirtió en el destino perfecto para las clases medias del norte de Europa. Esa carretera, razona el taxista, es una prueba más de cómo el turismo ha mejorado la vida de los adejeros.
El vehículo se abre paso entre hoteles, descampados con grúas y pequeños centros comerciales con indicaciones en inglés. Esa zona del pueblo es para los turistas. Los autóctonos y las personas migrantes, principalmente italianos, acuden a ella para transportarlos, servirles sangría y hacer sus camas. «No cabemos más, ni gente de fuera ni turistas. Esto es una isla, no puedes construirla entera y no crece más», masculla de pronto el taxista. ¿Dónde notan los vecinos de Adeje los efectos negativos de esta superpoblación? El taxista balbucea. Pide que le repitan la pregunta. Lo que sigue es una madeja de frases sueltas sobre la permisividad en las fronteras y la falta de integración de los migrantes. «Hay una saturación de los recursos», afirma sucintamente como conclusión.
Contrastar esta hipótesis, tantas veces repetida en barras de bar, platós de televisión y mítines políticos, ha sido el objetivo de la investigación periodística transnacional Landscape of change (Entorno cambiante), liderada por Amphora Media (Malta), financiada por Journalism Fundy en la que ha participado Público. Para ello, este periódico ha analizado la evolución de la población extranjera en los municipios españoles con más de 10.000 habitantes entre 2014 y 2023, así como la inversión municipal en servicios sociales entre ese mismo periodo. Además, se ha estudiado la ratio de pacientes por sanitarios y de alumnos por aulas en las zonas con mayor concentración de población extranjera. Público se ha desplazado hasta algunos de estos lugares para conocer su realidad de primera mano.
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El resultado de esta investigación ha ratificado que el incremento de población extranjera en algunos municipios no siempre ha venido acompañado de una mejora o aumento de los recursos y servicios públicos por parte de las administraciones competentes. Este fenómeno destaca en aquellos lugares donde la mayoría de los extranjeros provienen de países empobrecidos, lo que hace que los habitantes de dichos municipios –sean autóctonos o migrantes– se vean obligados a competir por dichos recursos.
Adeje, el pueblo del que tuvo que migrar la familia del taxista, es ejemplo de ello. El municipio tinerfeño es uno de los que tiene mayor porcentaje de población migrante de España. De los 50.523 habitantes que según el INE había censados en enero de 2023, prácticamente la mitad (un 48,4%), eran de nacionalidad extranjera. En su mayoría, italianos e ingleses. Esto supone un punto porcentual más que en 2014. Al igual que la población, en este periodo ha crecido la recaudación de impuestos, que pasó de 2.130 euros por persona a 2.185 en el mismo periodo, según los datos del Ministerio de Hacienda. Casi 300 euros por encima de la media nacional en 2023.
El Ayuntamiento de Adeje, en manos del PSOE desde 1987, ha invertido una parte de estas ganancias en su partida municipal de servicios sociales, destinada a la orientación de personas vulnerables, actividades socioeducativas, dependencia, acceso a recursos adaptados o gestión de ayudas económicas de emergencia. En 2023, el consistorio gastó una media de 116,5 euros por habitante en esta partida, 30 euros más que hace diez años si se tiene en cuenta la inflación. Adeje también cuenta con una ratio de alumnos por aula que, según los datos aportados por el Gobierno local -entre 24 y 26 en secundaria y 20 en infantil y primaria- se ajusta a las exigencias marcadas por el Gobierno autonómico, actualmente en manos de Coalición Canaria.
Entonces, ¿dónde nota el taxista la falta de recursos? El coche avanza despacio a lo largo de una carretera colapsada. «En el alquiler», explica tras unos segundos de silencio. Sus precios, asegura, están «por las nubes». Los movimientos por el derecho a la vivienda de la isla llevan años denunciando que este fenómeno es consecuencia de la presión turística que hay sobre la isla y del auge del alquiler vacacional. El concejal de Presidencia y Planificación de Adeje, Manuel Luis Méndez, en conversación con Público, asume que esto genera «indudablemente» problemas con la vivienda. «En los últimos 10 años hemos perdido un 18% de camas hoteleras», explica. «Sin embargo, el alquiler vacacional se ha disparado un 200%», apuntilla Ezequiel Borges, director de Comunicación del consistorio. Méndez señala como responsable de esta situación al Gobierno autonómico y al reglamento de vivienda vacacional actual.
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Si se tienen en cuenta los datos de Idealista de agosto de 2025, el precio del metro cuadrado en Adeje ha experimentado un importante incremento en los últimos dos años, elevándose un 15% en la venta y un 23% en el alquiler. El coste medio del metro cuadrado en el primer caso alcanzó este verano los 19,8 euros de media, mientras que el de venta rondó los 4.471 euros por metro cuadrado. Ambos superaron la media nacional en aquel momento, establecida en 14,5 y 2.498 euros respectivamente.
El taxista también se queja de que los servicios sanitarios están saturados. Cuenta a este periódico que hace unas semanas tuvo que acudir junto a su hijo al centro de salud y que tardaron en atenderlo. Tenerife cuenta con tres hospitales públicos, que se encuentran al norte de la isla, y siete privados o concertados. En el sur de la isla sólo hay dos hospitales. El Quirón Costa Adeje, privado, y el Hospital Sur, público, pero que aún no se encuentra a pleno rendimiento. Además, la zona sur de la isla cuenta con un centro de salud y «un pequeño dispensario», describe Ezequiel Borges. Esto hace que la presión poblacional sobre los sanitarios públicos sea mucho mayor que en otras zonas de España.
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Según los datos del Servicio de Información sobre Atención Primaria (SIAP) del Ministerio de Sanidad, la media de población asignada a cada médico de familia en Canarias en 2023 era de 1.438 personas. Sin embargo, en Adeje, la ratio se eleva a 1.923 personas por médico en el centro de salud y a 2.045 en lo que Borges denominaba «dispensario», de acuerdo a los datos del propio Ayuntamiento.
«Sanitariamente estamos deficitarios, pero no es una competencia nuestra», explica a este periódico Manuel Luis Méndez. El edil explica que llevan años esperando a que el Gobierno autonómico avance en la construcción de un nuevo centro de salud en la zona que «solventaría un poco la saturación que puede tener este». Por el momento, según ha podido comprobar este periódico, no existen avances en esta cuestión.
El intercambio de acusaciones entre las distintas capas de la administración pública es algo habitual en cualquier municipio de España, confirman a Público varias fuentes consultadas durante esta investigación. Justamente en los límites de este reparto burocrático de responsabilidades –en ocasiones en manos de partidos ideológicamente opuestos– es donde se producen los mayores desajustes entre el crecimiento de la población y los servicios públicos que se ponen a su disposición. Mientras en Adeje dichas limitaciones se evidencian especialmente en la sobrecarga del sistema público de salud, en El Ejido (Almería) se muestra en la desinversión en los servicios sociales del Ayuntamiento –especialmente en la escasez de trabajadores de este sector–, mientras que en otros, como Elche (Alicante), se percibe en los recortes en servicios adaptativos como aulas de aprendizaje del castellano para migrantes arabeparlantes.
Además, sobre todos los municipios, especialmente en los más turísticos como Adeje, también planea la sombra de la especulación inmobiliaria, que dificulta el acceso a una vivienda digna especialmente entre los más vulnerables. Landscape of change ha podido identificar que la dificultad de acceder a un recurso habitacional y, por tanto, para empadronarse, es una de las principales barreras que encuentran las personas extranjeras para acceder a los recursos públicos.
La escasez de recursos -generada por los recortes o por la falta de inversiones en lo público por parte de las administraciones competentes en cada caso- pone en jaque la convivencia de los vecinos de estos municipios. El taxista de Adeje, como nieto de quienes una vez tuvieron que emigrar para buscar un futuro mejor, dice entender las razones que llevan a otros a querer emigrar a Tenerife. Pero los recursos públicos, insiste, «deben ser para los de aquí en primer lugar». Su demanda parte de la premisa de que quienes provienen del extranjero aportan menos de lo que reciben. Sin embargo, como ha podido comprobar este periódico en base al análisis de la recaudación de impuestos municipales y a las consultas a expertos, esta afirmación no es cierta. O, al menos, no se puede extrapolar a toda España.
Menos manos donde más falta hacen
No existe una correlación proporcional entre el crecimiento de la población general o extranjera y el incremento de las partidas destinadas a servicios sociales. Así, mientras en algunos municipios, como Adeje, Teulada o l’Alfás del Pi (ambos en Alicante), aumentan la inversión municipal en servicios sociales por encima del crecimiento de la población extranjera censada, en otros municipios, como Rojales (Alicante) o Manilva (Málaga), la inversión disminuye. Que ocurra una cosa o la contraria depende de la formación política al frente del consistorio.
A la hora de estudiar las oscilaciones del gasto municipal en servicios sociales se debe tener en cuenta que una parte importante de ellas tienen como destino las prestaciones a la dependencia, tal y como ha indicado a este periódico Manuel Fuentes Jiménez, director de la Asociación Directivos y Gerentes en Servicios Sociales. «Si te fijas en los municipios de Andalucía verás que muchos de los que han incrementado las partidas en servicios sociales es porque han aumentado el gasto en dependencia», asegura el experto.
A día de hoy no es posible saber a través de los datos del Ministerio de Hacienda qué porcentaje de estas inversiones están destinadas a la población general o las personas migrantes en particular. Fuentes Jiménez explica que esto se debe a la reforma de la administración local de 2013 del entonces ministro de Economía, Cristóbal Montoro (PP), que entre otras medidas impidió identificar el objeto final de las partidas presupuestarias municipales.
Aún así, observar la fluctuación de estas inversiones en comparación con su población migrante permite observar cómo se comportan los gobiernos locales en relación al gasto social, que por lo general suele estar destinado a la población más vulnerable, entre la que se encuentran los extranjeros de clase trabajadora que provienen del sur global.
Una buena forma de medir el interés de un consistorio en procurar ayuda a su población es mediante el gasto que hace en trabajadores del sector social, como personal administrativo, orientadores o trabajadores sociales. Este gasto se recoge en los capítulos I y II de la partida en servicios sociales de un Ayuntamiento. El primero hace referencia, principalmente, a los salarios de los trabajadores públicos, mientras que el segundo aglutina el gasto en organizaciones privadas y sus empleados.
De media, la inversión de los municipios de más de 10.000 habitantes en el primer capítulo fue de 57,6 euros por persona en 2023, mientras que en lo privado alcanzó el doble, unos 103,2 euros. La comparación de gasto en estos dos capítulos también permite estudiar el grado de subcontratación –privatización– que un Ayuntamiento hace de sus servicios sociales.
Por lo general, la tendencia en el año 2023 era invertir menos en personal de servicios sociales conforme mayor era la población extranjera. Especialmente, en los casos en los que dicha población procedía de países empobrecidos, como Europa del este, Latinoamérica o el continente africano. Es decir, que allí donde más manos hacían falta, menos disposición municipal había para contratarla. De hecho, en cuatro de los cinco municipios con mayor porcentaje de vecinos de origen extranjero y pobre los gobiernos locales recortaron los salarios de profesionales de los servicios sociales.
De estos cinco, solo Moguer y Níjar –el único que incrementó este gasto– superaron la media de 57 euros de inversión en salarios públicos. Por el contrario, el municipio que menos gasto hizo en esta partida fue Salt (Girona), gobernado por ERC, que pasó de los 7,6 euros de 2014 a los 2,4 en 2023, según los datos de Hacienda.
Entre los lugares en los que la inversión local en servicios sociales es muy baja destacan aquellos en los que la crispación social ha sido explotada por formaciones xenófobas y nacionalistas. Ejemplo de ello es El Ejido (Almería), donde en 2019, y de la mano del PP, Vox entró por primera vez en un gobierno. El municipio agrícola es uno de los que más población extranjera tiene censada y que en 2023 suponía un 32% de sus vecinos. La mayoría de ellos eran africanos.
En Torre-Pacheco (Murcia), en cambio, la tensión social desembocó el pasado verano en disturbios xenófobos contra la población de origen extranjero. En 2023, esta suponía el 29,6% de todo el pueblo y, de nuevo, era mayoritariamente africana. Aquel año, el consistorio invirtió 42,3 euros por vecino en los salarios públicos de los servicios sociales y otros 26,90 euros en organizaciones privadas para que prestaran dichos servicios. Ambas cantidades están por debajo de la media del resto de municipios españoles.
En otros casos, como Elche (Alicante), pese a que la inversión municipal se incrementó en 2023 y se aproximó a la media nacional, aún estaba lejos de contar con los recursos suficientes para mejorar la calidad de vida de sus vecinos más recientes. María Antón, activista de la Plataforma de Ayuda a los Refugiados de Elche, afirma que la situación ha empeorado desde la vuelta del PP al Gobierno en junio de aquel mismo año, esta vez de la mano de Vox.
Desde el otro lado de la Plaza de la Iglesia de La Hoya (Elche), Antón señala con el dedo una antigua torre defensiva de color azul: «Allí está la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC)«. Antes, cuenta la activista, la oficina abría de lunes a viernes de 8.00 a 14.00 y contaba con varios trabajadores. Ahora, en cambio, sólo abre dos días a la semana. Esto ha puesto una piedra más en el camino de quienes inician la gincana burocrática que supone regularizar su situación una vez llegan a España.
El rechazo del Gobierno local hacia la población extranjera es manifiesta. El pasado mes de septiembre, la concejala de Familia e Infancia ilicitana, Aurora Rodil (Vox), aseguró que no había recursos para atender a los menores de edad extranjeros no acompañados que debían llegar a Elche, pero tampoco «vocación» de crearlos. Mirando hacia atrás, a María Antón le parece mentira que en 2017 Elche se declarara ciudad de acogida para los refugiados.
La otra cara de esta moneda es que en los pueblos donde la mayoría de los extranjeros vienen de países con PIB altos, la inversión en servicios sociales es, por lo general, mayor. Al contrario de la creencia común, este fenómeno no es el resultado de que los extranjeros africanos, latinoamericanos o eslavos aporten menos a la economía española. De hecho, según las fuentes consultadas por Público, ocurre todo lo contrario.
El gran bulo: «Reciben más de lo que dan»
Otro taxi, otra ciudad. Esta vez el vehículo atraviesa los enormes huertos de la Vega Baja del Segura, en Alicante. La enorme oferta laboral que generan esas explotaciones agrarias ha hecho de esta zona del Mediterráneo un importante reclamo para quienes vienen a España en busca de trabajo. El taxista lo reconoce: los jóvenes autóctonos ya no quieren hacer ese trabajo. Aún así, se queja de que los de fuera hagan uso de los servicios públicos, como los hospitales. «¿Quién paga la factura? ¿Eh?», se pregunta.
Actualmente, no es difícil escuchar en los bares de España una variante de esta frase: «Los migrantes tienen más ayudas que los de aquí». Suena a frase de dúo cómico de los ochenta, pero, según una encuesta de 2024 elaborada por 40dB para Grupo Prisa, tres de cada cuatro españoles consideran que la migración satura los servicios públicos. Además, dos de cada cuatro consideraba que los migrantes recibían demasiadas ayudas públicas.
«El sistema de bienestar español es contributivo y está muy segmentado por clase», explica a este periódico el economista Juan Iglesias, profesor de la Universidad de Comillas. Sus principales partidas son las pensiones y el desempleo, a la que se suman las inversiones en educación y la sanidad pública. Desde la crisis financiera de 2008, todas ellas han sufrido recortes. Aún así, el grueso del gasto social que hace cada año el Estado va destinado a estas cuatro partidas, especialmente a las dos primeras. «La población del sur global está infrarrepresentada en las pensiones y la prestación por desempleo», explica Iglesias.
Primero, porque es una población muy joven que todavía no se ha jubilado. En segundo lugar, porque en el caso del desempleo «tiene peor trabajo, sus contribuciones son peores y reciben menos». Por lo menos, apunta el experto, la mitad que los españoles. Aún así, esta población extranjera, menor numéricamente que la que proviene de países ricos, es la que tiene «la tasa de población activa más alta», detalla Iglesias, por lo que «la contribución al Estado de bienestar es claramente mayor». «Están aportando más de lo que reciben», asegura.
Por su parte, los extranjeros que provienen del norte global, por lo general, no contribuyen tanto a las arcas públicas, explica Iglesias. Pero tampoco hacen mucho uso de las prestaciones públicas. «En un barrio con británicos y españoles no existen tantas necesidades sociales», razona Iglesias. Para empezar, son núcleos familiares que, por su edad, no vienen con hijos menores a su cargo, por lo que no suelen hacer uso de escuelas públicas. Además, en el caso de que sus hijos necesiten acudir a un colegio, «van a escuelas concertadas o privadas». También acuden a colegios públicos, añade, siempre que estos cuenten con buenas referencias.
De nuevo, la cuestión de la clase social es fundamental para comprender la complejidad del fenómeno migratorio en España. «En Tarrasa (Barcelona) hay colegios donde encuentras 101 nacionalidades diferentes. No puedes hacer un proyecto educativo potente si no lo dotas de recursos públicos», evidencia Iglesias. «Es una cuestión de clase social». Las ayudas que reciben las personas extranjeras vulnerables en España son las mismas que recibe cualquier ciudadano en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, dice Juan Iglesias, «los migrantes se han incorporado a las clases sociales más bajas». Esta población joven, de clase trabajadora, autóctona o migrante, que demanda servicios sociales, cuyas partidas son mínimas en comparación con las que suponen las pensiones o las prestaciones por desempleo.
Los partidos conservadores agitan la migración frente a los ojos de sus potenciales votantes. Describen sus defectos con pasión, hacen promesas que violan el derecho humanitario internacional y esbozan políticas de control demográfico propias de principios del siglo XX. Para encender la chispa de la indignación social enarbolan estos prejuicios, que en los últimos años han dado lugar a linchamientos y persecuciones de la población migrante. Ocurrió en Torre-Pacheco (Murcia) el pasado verano y en El Ejido (Almería) a principios de siglo
Los sondeos publicados después del verano reflejan una tendencia clara respecto a la disputa entre PP y Vox. El partido que lidera Santiago Abascal no deja de crecer y se afianza de manera estable en la tercera posición de las encuestas. Vox le roba prácticamente tres puntos a la fuerza que lidera Alberto Núñez Feijóo. Los populares, en todo caso, continúan en la primera posición aunque con el peor resultado desde abril de 2023. Mientras tanto, el PSOE de Pedro Sánchez frena su caída y se encontraría a cinco puntos del PP.
Así lo reflejan los datos del último estudio de Key Data para Público, elaborado el 16 de octubre. Como primera fuerza se mantiene el PP, con un 32,3% en intención de voto, lo que supondría 139 escaños. Supone una pérdida relevante respecto al último estudio, publicado en junio. Concretamente el partido de Feijóo pierde 2,8 puntos y 14 escaños en los últimos meses.
Estos datos indican la tendencia a la baja de Feijóo, ya que ese 32,3% es el porcentaje más bajo del PP en los sondeos desde abril de 2023, justo antes de las últimas elecciones autonómicas y municipales. Ese mes la intención de voto de los populares era de un 31,1%. Hay que recordar que en las elecciones del 23 de julio de 2023 su resultado fue muy similar al que le otorgan los sondeos actuales. La candidatura de Feijóo consiguió un 33,1% y 137 escaños.
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«Los datos están por debajo de sus previsiones de antes del verano.
Parece que le cuesta transmitir un proyecto claro e ilusionante que impida la
fuga de votos hacia Vox, partido que no gobierna y que tiene un discurso más
radical en temas como la inmigración o el aborto», reflexiona Paz Álvarez, directora técnica de Key Data.
Intención de voto y proyección de escaños según el último estudio de Key Data.
En paralelo, Vox sube con fuerza y llega al 17,1% con una proyección de 59 escaños. Supone una subida respecto al mes de junio de 2,4 puntos y 13 escaños. Se trata del quinto mes consecutivo en los que la fuerza que lidera Abascal aumenta de manera progresiva sus porcentajes de intención de voto. En mayo los sondeos le otorgaban un 13,7%.
«Las
democracias occidentales viven un momento de auge del populismo y desafección con los partidos sistémicos. Nuestro sistema de partidos, con algo
de retraso, no es ajeno a esta tendencia.
Vox
crece de forma importante», señala Álvarez.
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Para la directora técnica de Key Data, «la
polarización política, otra tendencia actual, dificulta el trasvase de votos
entre bloques». Álvarez argumenta que las personas que se situaban en el centro del espectro político
y votaban PSOE o PP, dependiendo de la gestión y las propuestas, son cada vez
menos. «Por ello el ascenso de Vox complica las expectativas del PP,
especialmente entre los votantes más jóvenes y los más receptivos a mensajes
antisistema», afirma.
Vox, recuerda Álvarez, estuvo un año sin apenas asegurar sus escaños de
julio del 2023. «Pero tras la victoria de Donald Trump ha ido ganando espacio
favorecido por el éxito global de las opciones de extrema derecha, la falta de
acierto en las propuestas del PP y la conveniencia que para determinados
sectores tiene el crecimiento de los de Abascal», añade al respecto. En este contexto, la suma de PP y Vox en una hipotética investidura alcanzaría una cifra más que suficiente con 198 escaños (la mayoría absoluta está en 176).
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Reparto de escaños por comunidades autónomas según el último estudio de Key Data.
El PSOE resiste
En cuanto al PSOE, el partido que lidera Pedro Sánchez se recupera ligeramente respecto al anterior estudio. En julio, con las primeras encuestas publicadas tras el caso Cerdán, que desembocó en el encarcelamiento del ex secretario de Organización socialista, obtenían un 26,3% en estimación de voto y 108 escaños. Este mes de octubre suben un punto, hasta el 27,3%, lo que supondría 111 escaños.
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«El PSOE sigue haciendo gala de fortaleza«, destaca Álvarez. En todo caso mantiene una cifra insuficiente para formar gobierno con sus habituales aliados parlamentarios debido principalmente a la pujanza de Vox y al descenso de Sumar.
El espacio de Yolanda Díaz, socios de coalición de los socialistas, se queda en un 6,2% y tan solo 9 escaños. Unas cifras que reflejan un retroceso respecto al anterior estudio de Key Data. En julio las encuestas predecían un 6,6% y 10 diputados en el Congreso. En las elecciones de 2023, donde Podemos se presentó en la misma candidatura, Sumar llegó a 31 escaños gracias al 12,3% del voto.
La fuerza morada liderada por Ione Belarra, ya consolidada como ajena a Sumar, también muestra un ligero descenso. El estudio de Key Data señala que tendrían un 4,2% y 3 escaños. Son 0,4 puntos menos que en julio y un representante menos. En conjunto, la izquierda alternativa al PSOE se deja desde 2023 en estos momentos un total de 19 escaños pese a perder apenas dos puntos. Su división les penaliza en el reparto de escaños por el funcionamiento del sistema electoral.
Estimación de voto por fuerzas políticas según el último estudio de octubre.
Respecto al resto de partidos con representación parlamentaria, las encuestas apenas reflejan variaciones de relevancia. La sexta fuerza es ERC con 7 escaños, los mismos que tiene en la actualidad. El porcentaje de voto, 1,8, se mantiene estable desde el mes de julio.
El agitador y actual eurodiputado Alvise Pérez anunció hace unos días que se presentará a las próximas generales con su formación, Se Acabó La Fiesta (SALF). Pese a que experimenta una ligera subida en intención de voto, pasando del 1,4% al 1,6%, los sondeos no le otorgan representación parlamentaria.
Junts per Catalunya tendría un 1,5% y 6 escaños, uno menos que los obtenidos en 2023. EH Bildu mantiene sus resultados electorales de hace dos años, con un 1,4% y otros 6 diputados. Por su parte, el PNV podría subir un escaño y pasar de los 5 actuales a los 6. Una situación similar a la del BNG, que podría alcanzar los 2 diputados en el Congreso.
En cuanto a la transferencia de voto entre el 23J de 2023 y la situación actual, el estudio destaca que habría 496.888 antiguos votantes del PSOE que ahora optarían por el PP y más de
273.000 llegarían a los populares desde la abstención. Por su parte, habría más de 1.065.000 de antiguos votantes del PP que optarían ahora por Vox y solo alrededor de 203.000 que seguirían el camino inverso.
El estudio elaborado por Key Data para Público es un análisis desk research de toda la información disponible, tanto del comportamiento electoral del ámbito de la elección y su evolución como de todas las encuestas, publicadas o no, a las que se ha tenido acceso. Con toda esa información y aplicando las ponderaciones correspondientes, se llega a una estimación de voto sobre la que se aplica la ley electoral para asignar escaños.
El
déficit de viviendas –más de 500.000, según el Banco de España– y la cada vez
mayor demanda de pisos para arrendar, con la consiguiente subida histórica de
las rentas, hacen del alquiler un suculento negocio. Tanto como para que Alquiler
Seguro, un grupo dedicado, en principio, a la gestión de los arrendamientos, decida convertirse en propietario. Lo hizo ya en 2016, cuando creó su primera
socimi, Quid Pro Quo Alquiler Seguro, que comenzó a cotizar en el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB) dos años después. Pero la empresa que ahora preside
Antonio Carroza ha llegado a tener hasta tres de estos vehículos de inversión
colectiva inmobiliaria, un sector vigoroso en España, el país europeo con más
socimis: 156 cotizan en los diferentes mercados –continuo, BME Growth y BME
Scaleup, Euronext y Portfolio–.
Una socimi es un tipo de sociedad que invierte en inmuebles urbanos para alquilarlos. No paga impuesto de sociedades, aunque sí debe tributar –un 19%– por sus dividendos. Y está obligada a salir a Bolsa.
El
negocio está atomizado –en Reino Unido cotizan sólo 42 de estas sociedades,
llamadas REIT, aunque su tamaño es mucho mayor–, pero ofrece una rentabilidad
lo bastante tentadora como para atraer a Luka Modric y Luis Enrique –Telco
Building– o a Leo Messi –Edificio Rostower–. Además, el sector se ha probado
inmune al anuncio –no cumplido– del Gobierno de cambiar su ventajoso régimen fiscal: en lo que va de año han empezado
a cotizar en España nueve socimis más. Pero se prevé que superen la veintena. El
conjunto de las españolas suma una capitalización cercana a los 25.000 millones
de euros, según las últimas cifras publicadas por la European Public
Real Estate
(EPRA), la asociación europea de empresas cotizadas del sector inmobiliario.
Por dar una idea de cómo está configurado el mercado español, las 42 socimis
cotizadas británicas suman una capitalización de 60 millones de euros, casi
tres veces más que las 156 españolas.
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Además,
el margen de mejora es amplio, si se tiene en cuenta que sólo el 4% de las
viviendas residenciales está en manos de socimis, según el Banco de España.
Estas sociedades son parte activa en la profesionalización de un mercado que
aún acaparan los particulares, pero donde han irrumpido con fuerza las inmobiliarias.
Con Alquiler Seguro en una posición más que destacada.
Ésta es la sexta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
Quid Pro Quo,
una rentabilidad bruta del 34,3%
La
apuesta de Alquiler Seguro por convertirse en casero se sustanció en junio de 2023,
cuando vendió Quid Pro Quo a otra socimi más grande, Ktesios, por 13 millones
de euros. Consiguió una plusvalía de 636.448 euros, según apuntó en sus cuentas
del pasado ejercicio. La empresa se desprendió de la propiedad, pero retuvo la
gestión operativa –lo que en la jerga del sector se llama property management–
de la cartera de 144 viviendas que le había vendido a Ktesios y que esta
socimi, propiedad del ejecutivo colombiano Henry Noel Gallego Grajales a través
de la sociedad luxemburguesa RKS Real Estate, había traspasado a una
filial, RKS Asset Management SLU. Ese
contrato tenía inicialmente una duración de 10 años, pero fue resuelto
de forma anticipada en julio de 2024.
Quid
Pro Quo había sido todo un éxito, con una rentabilidad bruta del 34,3%, tal y
como se ocupó de destacar la empresa cuando hizo pública la venta. La
operación, además, estaba lejos de ser una retirada. Al mismo tiempo, Alquiler
Seguro anunció que lanzaba otra socimi, Alquiler Seguro Asset Management, en
principio con sólo 16 viviendas. En diciembre de 2024 empezó a cotizar en BME
Scaleup, un mercado pensado para empresas en desarrollo temprano y con un
modelo de negocio escalable.
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Para
entonces, ya se había rebautizado como Alquiler Seguro Asset Market y su
cartera había crecido hasta las 38 viviendas, valoradas en 7,2 millones de
euros. A día de hoy, es propietaria y alquila un total de 54 inmuebles, por
importe de 8,8 millones de euros, según explica la empresa a preguntas de Público.
Entre junio y agosto de este año, ha comprado 12 viviendas, por las que ha
pagado 1,02 millones de euros. La operación la ha financiado con un préstamo de
3,5 millones de euros que le ha concedido Deutsche Bank y para el que han
servido como garantía otros 37 inmuebles de la socimi.
La
tercera socimi del grupo inmobiliario se llama Madrid Yield Rent Socimi SAU, creada
en el mismo año 2024 con un capital de 60.000 euros y que aún no ha empezado a
operar. La empresa no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado
qué va a distinguir la operativa de esta socimi de la que ejecuta Alquiler
Seguro Asset Market.
Un anuncio de alquiler de viviendas en Barcelona, una de las ciudades donde más inmuebles arrienda Alquiler Seguro.
Pequeña y centrada en viviendas asequibles
Alquiler Seguro Asset Market es una socimi pequeña. Con sus 6,9 millones de euros de
capitalización está lejos de Ktesios, que cuenta con una cartera de 1.200
viviendas y cuyo valor de mercado asciende a 55 millones de euros. Mucho más lejos
aún está de los 694,6 millones de Helios Re Socimi, la antigua Lar España, que
encabeza la clasificación de BME Scaleup y se especializa en gestionar centros comerciales.
La distancia ya es sideral con GMP Property Socimi, dueño del Parque
Empresarial Castellana Norte, en Madrid, y líder de BME Growth con una
capitalización de 1.233,5 millones de euros. Pero la socimi número uno de
España es Merlin Properties, uno de los grandes del Ibex 35, que tiene un valor
de mercado de 7.633 millones de euros.
A
diferencia de las anteriores, la socimi de Alquiler Seguro se centra en «viviendas
de alquiler accesible» en zonas de gran demanda de Madrid, Barcelona, Asturias
o Murcia, así como en áreas metropolitanas como Sabadell, Hospitalet, Aranjuez,
Alcalá de Henares… Su precio medio no supera los 184.460 euros, aunque tras
revalorizarse un 38% sobre el precio de compra en dos años. De los inmuebles que
aparecen en sus cuentas de 2024, el más caro es uno situado en la calle de
Alberto Alcocer de Madrid, valorado en 591.216 euros, y el más barato, uno en
la calle Mare de Deu del Corredor, en Mataró (Barcelona), tasado en sólo 63.900
euros. Tienen una media de dos dormitorios y sus inquilinos pagan una renta media
de alquiler de 749 euros al mes, «un 32% por debajo del promedio nacional»,
asegura la empresa. Los contratos duran de media 2,9 años. Estos datos proceden
de la presentación que la inmobiliaria hizo en el Foro Medcap, organizado por
Bolsas y Mercados Españoles (BME) y que reunió a inversores europeos el pasado
mes de mayo. La socimi estaba interesada en promocionarse ante posibles
inversores porque, dos semanas antes, el consejo de administración de Alquiler
Seguro, su accionista único, había aprobado una ampliación de capital por
importe de 23,72 millones de euros. En julio, la socimi ejecutó un aumento de
capital adicional, de 1,35 millones, suscrito íntegramente por Alquiler Seguro mediante
la compensación de un crédito que le había concedido en 2023.
La
inmobiliaria no sólo es, de momento, el dueño al 100% de la socimi, sino que
también gestiona el alquiler de sus 54 viviendas, su especialidad. Alquiler
Seguro Asset Market tiene suscrito un contrato con Orange Town Asset Management
SL como gestora de su cartera, por el que le paga 33.198 euros más IVA. Y ésta,
a su vez, firmó otro contrato de property management con Alquiler
Seguro, para que le gestione «el día a día» de los inmuebles arrendados. Le
hace un descuento del 50% en sus honorarios hasta que la socimi cuente entre
sus accionistas con capital externo. Los administradores de la gestora Orange
Town Asset Management también son Antonio Carroza y Sergi Gargallo, presidente
y vicepresidente de Alquiler Seguro. Desde el pasado mes de junio, Carroza preside
la socimi, en sustitución de Gargallo, que igualmente era su consejero
delegado. En el consejo entraron entonces dos directivos del fondo de inversión
Aurica, propietario del 49% de la matriz de Alquiler Seguro, Enacom: Martín
Vargas Beato y Pablo Pérez Caldaya. Los cuatro consejeros han renunciado a sus 24.000
euros de remuneración anual hasta que la socimi reparta dividendos por primera
vez.
En
junio, además, dimitió como consejero Ramón Gayol Pintado, al que la socimi
pagó 34.000 euros para que su asesoría, AllOut Advisory, diseñara el plan
estratégico de crecimiento de la sociedad y buscara tanto nuevos socios
capitalistas como nuevas viviendas para poner en alquiler. A la firma del
contrato de asesoría, el consejo de administración había concedido a Ramón Gayol una «dispensa» de las prohibiciones que establece la Ley de Sociedades, porque de otro modo
esa transacción podía suponer un conflicto de interés.
Un algoritmo para poner precio a los alquileres
En
un informe anexo a las cuentas de 2024, la socimi explica que busca crecer comprando
viviendas en distritos y barrios considerados como prime yield, «ubicaciones
consolidadas y bien comunicadas, propias de un estrato social medio», que le
aseguren «una alta y constante generación de rentas». Y que no rechaza los inmuebles procedentes de la reestructuración bancaria ofertados por la Sareb, el banco
malo. También mira fuera de España. En concreto, ha puesto los ojos en Portugal.
Allí Alquiler Seguro funciona con la marca Aluga Seguro.
En
general, su objetivo declarado es comprar viviendas que le garanticen un 5% de
rentabilidad anual y venderlas sólo cuando la operación le reporte un mínimo
de 10.000 euros de beneficio. Para optimizar la rentabilidad, Orange Town, la
gestora de Alquiler Seguro, recurre a diversas herramientas informáticas. En su presentación a futuros inversores presume de utilizar un algoritmo
que, cruzando «de forma automática» oferta y demanda, «detecta lo que un potencial
inquilino estaría dispuesto a pagar».
La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid acaba de renovar este mismo mes el
convenio de colaboración que firmó hace un año con la Fundación Alquiler Seguro
para crear el Observatorio del
Alquiler, un centro de estudios sobre el mercado del arrendamiento de
viviendas. En virtud del acuerdo, tres profesores de la URJC han publicado a lo
largo de 2025 un Barómetro del
Alquiler trimestral, un informe anual detallado y análisis
basados en los datos que les proporciona la propia fundación, así como otras
instituciones y empresas que se han adherido al Observatorio, como la Sociedad de Tasación, la socimi social Tutechô o Residelia,
una empresa de software as a service que digitaliza procesos de gestión
inmobiliaria.
Para
el nuevo año, el equipo va a cambiar: se ha quedado sólo el investigador
principal de la URJC y profesor de Economía Aplicada Fernando Pinto Hernández, y
se ha añadido el profesor de Sociología de la Universidad Complutense Emilio
Martínez Gutiérrez. El resto del grupo de investigación lo integran tres
directivos de Alquiler Seguro: Alberto Alonso Sánchez, también patrono de la
fundación y director de Estrategia de la inmobiliaria; Gerardo Neistat, su director
de Comunicación, y Sergio Cardona, jefe de estudios de la empresa y director de
su filial tecnológica, Anexia.
Ésta es la quinta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos. [Aquí puedes consultar las entregas anteriores].
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La
colaboración con las dos universidades es del tipo estándar que permite el artículo 60 de la Ley Orgánica
del Sistema Universitario (LOSU): los profesores pueden firmar contratos
con empresas para hacer trabajos de carácter científico. La empresa paga a la
universidad a cambio de esa dedicación. Según consta en el contrato firmado por la URJC –remitido por su Portal de Transparencia–, la Fundación Alquiler Seguro se comprometió a pagar 3.000 euros y 1.500 euros más cada trimestre, más el IVA correspondiente. Es decir, un total de 10.890 euros, incluido el 21% de IVA. La universidad retiene un porcentaje de esa cuantía en concepto de gastos generales. En el presupuesto de 2024, la URJC tenía previstos unos ingresos procedentes de los contratos firmados al amparo del artículo 60 de
5,2 millones de euros. En el plan de actuación de la fundación para 2025, la cantidad consignada se ha elevado a 17.332
euros.
El Barómetro trimestral del Observatorio que muestra la presión del alquiler, el número de personas interesadas en una vivienda en un plazo de 10 días.
La Ley de Vivienda «sobreprotege» al inquilino
Alquiler
Seguro resalta que el Observatorio es un centro de estudios «independiente»,
que pertenece a la fundación, no a la empresa. Su finalidad es «ofrecer
información rigurosa», para la toma de decisiones «tanto para la fundación como para los responsables políticos y los profesionales del sector», establece el contrato con la URJC. De hecho, en la memoria de la fundación se puede leer que
la vivienda «no es sólo un bien económico, sino también un componente
fundamental del bienestar social y la estabilidad financiera de las personas y
las familias».
En
el anuario del Observatorio se han reunido algunos de los estudios publicados hasta
ahora. Desde una explicación de las políticas de vivienda de Viena –»Viena
triunfa mientras el intervencionismo del alquiler en Europa fracasa»– y un análisis
del sinhogarismo, hasta informes sobre el alquiler turístico y el esfuerzo
económico de los inquilinos –un 34,2% de sus ingresos, calcula– para pagar la
renta. El último informe, de este mismo mes, es un ranking autonómico en el que Cataluña y País Vasco figuran como los farolillos rojos con el mercado de
alquiler más desequilibrado. El Observatorio echa la culpa a la declaración
de zonas tensionadas, en la que ambas comunidades autónomas han sido «pioneras».
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En
el mismo anuario, el director de la fundación y coordinador del equipo investigador
del observatorio, Alberto Alonso, no escatima críticas a la Ley
de Vivienda. A su juicio, «ha desamparado a los inquilinos», al obligar a
las inmobiliarias a cobrar los honorarios de gestión del alquiler al casero. El
Ministerio de Consumo ha abierto expediente a Alquiler Seguro por obligar a los
arrendatarios a pagar un contrato de servicios que, en realidad, según
denuncian las organizaciones de consumidores, son los mismos honorarios que
antes les cobraba, pero camuflados. «La
nueva Ley de Vivienda«, destaca el coordinador del Observatorio, «ha venido
a perpetuar y acrecentar los miedos del propietario«, puesto que «impone una sobreprotección al inquilino«, definiendo «una relación marcadamente favorable
a este último». Para «compensar las amenazas percibidas a las que se exponen» si
quieren alquilar sus pisos, los propietarios están subiendo los precios, se
niegan a invertir en arreglarlos o los dejan vacíos, asegura Alberto Alonso.
«La empresa no nos pone ninguna presión»
El
profesor de la URJC Fernando Pinto defiende la independencia de su trabajo para
el Observatorio. «La empresa no nos pone ningún tipo de presión ni nos dice lo
que tenemos que decir», responde a Público. Los temas de los estudios, «concisos, de
cuatro o cinco páginas», se eligen entre todos los miembros del equipo. Algunos
se enfocan según los resultados del Barómetro Trimestral del Alquiler. La
inmobiliaria tampoco supervisa los informes una vez redactados. «Además», subraya, «tengo un prestigio como investigador, no hago caso a nadie, tengo mi criterio
y soy un investigador bastante estricto». «Digo lo que me dicen los datos»,
zanja.
Fernando
Pinto entiende que sus resultados puedan ser «criticables», porque los datos
con los que cuenta no son representativos del 100% del mercado –»es imposible»,
precisa–, «pero entre lo que hay, nuestro trabajo es de lo más solvente». En
concreto, cifra sus datos en un 85% de la cuota del mercado de alquiler, pero
promete «una mejora sustancial» para este año gracias a la incorporación de Residelia.
Esos datos sobre los que trabaja son los registros de Alquiler Seguro, “un track
record [historial] de más de 17 años”, explica Alberto Alonso en el
anuario, que va más allá del precio de la renta e incluye información sobre «toda
la vida del alquiler».
Pinto
resalta también que utiliza las ponderaciones de las encuestas del Instituto Nacional
de Estadística (INE) y que sus resultados no difieren de los datos y tendencias
revelados por la Encuesta
de Condiciones de Vida, por ejemplo. «Al Gobierno le sorprendían [los resultados]
al principio, pero ahora incluso utiliza nuestros datos». «También le hemos
explicado al Ministerio de Vivienda lo que hacemos», añade. «Todos los hacedores
de políticas públicas están en contacto con el Observatorio y tienen en cuenta
nuestros datos». El informe anual, establece el contrato con la URJC, añade al análisis exhaustivo del mercado del alquiler una serie de «recomendaciones estratégicas». La difusión de los estudios del Observatorio en la prensa suele ser amplia.
El
profesor de la URJC dice ser «consciente de la imagen» que tiene Alquiler
Seguro, pero recalca que el Observatorio no tiene «nada que ver» con la
empresa. «En definitiva, se trata de oferta, demanda y precios; para mí,
obviedades. Recabamos datos y hacemos análisis econométricos», resume.
Alquiler
Seguro redondeó su perfil de gran grupo inmobiliario creando en 2019 una fundación con su nombre. Apoyada en una dotación inicial de 30.000 euros, tiene
como fines no sólo «el fomento y la protección, a través del alquiler, del derecho
constitucional de disfrutar de una vivienda digna y adecuada». En concreto,
busca proteger a personas «con dificultadas de cumplir con sus obligaciones
para disponer de una vivienda digna» e incluso «sensibilizar y concienciar a la
ciudadanía sobre los problemas de este colectivo». «Nuestra misión principal es ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, ofreciendo viviendas y
medidas de apoyo que les permitan mejorar su calidad de vida», recalcan en su
última memoria. Es decir, a quienes la inmobiliaria nunca alquilaría uno de sus
pisos, ni jamás conseguirían la etiqueta de «inquilino perfecto» de cuya
búsqueda hace gala la empresa.
Del
alquiler como negocio, que ha convertido a la empresa en un caso de éxito, al
alquiler como «derecho fundamental para todos los ciudadanos sin importar su origen,
género, edad, orientación sexual, capacidad o cualquier otra característica que
los distinga».
Sus
patronos son el presidente y vicepresidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza
y Sergi Gargallo, y el director de Estrategia de la inmobiliaria, Alberto
Alonso Sánchez. Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de
Justicia, pero hasta el pasado septiembre no había depositado en su patronato ni
las cuentas anuales ni ningún plan de actuación, según informa el propio departamento
a preguntas de Público.
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Sí
que ha colgado en su página web la memoria de 2024 y el plan de actuación para
este año. El pasado mes de marzo aprobó un código ético y otro de buen gobierno,
donde precisa que sus líneas de actuación son dar acceso a una vivienda a personas
en riesgo de exclusión social y proporcionar «información de interés a la sociedad» a través del Observatorio del Alquiler, un centro de investigación que elabora
estudios sobre el mercado de los arrendamientos. Para cumplir con estos fines, cuenta
como fuentes de financiación, además de las subvenciones públicas y privadas,
las donaciones y aportaciones de particulares, y los ingresos derivados de «alianzas
con propietarios o entidades». De hecho, la fundación se compromete a «fomentar
la participación» de dueños de viviendas en «programas de alquiler solidario,
ofreciendo garantías y beneficios para facilitar su implicación».
Ésta es la cuarta entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar la primera entrega].
Colaboración con socimis solidarias
En
2024, tuvo unos ingresos de 85.346,15 euros, de los que el 93,7% eran fondos
propios y sólo 5.394 euros procedían de donaciones. Este año, según consta en
su plan de actuación, prevé unos ingresos de 179.000 euros, de los que 175.000 corresponden
a aportaciones privadas, y 3.000 euros están etiquetados como “otro tipo de
ingresos” –los 1.000 restantes provendrán de actividades mercantiles–. Alquiler
Seguro no ha contestado a este periódico cuando le ha preguntado cuál es el
origen de esas aportaciones privadas.
Según
la memoria, el año pasado empleó esos 85. 346,15 euros en tramitar 72 ayudas,
que beneficiaron a 186 familias a través de siete proyectos. Uno de ellos se
basa en la «alianza estratégica» que ha firmado con dos socimis solidarias, o
socimis con fines sociales, Tutechô y Primero H.
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Con
la primera, explica la empresa, tiene un acuerdo de colaboración para erradicar
el sinhogarismo en España. La fundación ofrece «soluciones habitacionales» y «acompaña» a personas sintecho. «La fundación se esfuerza, además, en denunciar la situación
de las personas afectadas por el sinhogarismo mediante la publicación de
informes que apuestan por una decidida política social«, añade Alquiler Seguro.
Con la segunda, firmó otro acuerdo en septiembre de 2022 para «financiar los servicios
de gestión de sus inmuebles, destinados a personas sin hogar o en riesgo de exclusión
social».
El cartel de la obra de teatro ‘Se alquila’, cofinanciada por la Fundación Alquiler Seguro.
En
2024, la fundación también colaboró con la Federación Española de Bancos de Alimentos
(Fesbal) en una recogida masiva de comida de la que se beneficiaron 63
personas. Otras 19 familias disfrutaron de un «espacio multiusos» creado junto con
la Fundación Tengo Hogar. También hizo donaciones de materiales y herramientas para
los damnificados de la DANA de Valencia. Voluntarios de la fundación viajaron hasta
la frontera con Ucrania cuando fue invadida por Rusia para trasladar a España a víctimas
de la guerra. Y 75 empleados de la inmobiliaria «se involucraron de manera activa» en la compra solidaria de regalos de Reyes Magos con Mensajeros de la Paz.
‘Se alquila’, una comedia financiada por una inmobiliaria
Además,
la fundación coprodujo una obra de teatro titulada Se
alquila, una comedia «delirante» –dice su promoción– sobre un actor en paro
que pone en alquiler una de las habitaciones de su vivienda y hace pasar por un
test de seis preguntas a un candidato a compañero de piso, un hombre en la sesentena
que quiere ser pintor. Uno de los protagonistas es Agustín Bravo, presentador
de televisión que fue durante años la cara visible de las campañas de publicidad
de Alquiler Seguro. Además de aparecer en sus anuncios, cada
mes buscaba el “inquilino perfecto” entre los miles de clientes de la
inmobiliaria, y al elegido se le regalaba un mes de renta. En mayo de 2022 ofició
el acto de presentación en sociedad de la fundación, adonde acudieron la
expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el diputado del PP Guillermo Mariscal.
Su
antagonista en el escenario es otro presentador de televisión Andoni
Ferreño, también director de la obra. El hijo de Ferreño, Gonzalo, ha escrito
el texto y su hermano Alberto se ha encargado de los decorados. Se alquila
se ha representado en el Teatro Bellas Artes de Madrid este mes de agosto, pero además ha pasado por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid durante todo
el año y el próximo 8 de noviembre se verá en Boadilla del Monte. También ha llegado
a Algeciras (Cádiz) y San Sebastián.
Además
de cofinanciar la obra de la productora Cabaret 42 Producciones, la fundación
recaudó fondos para fines sociales vendiendo entradas de fila cero –se compra
una entrada, pero no se asiste a la representación y el importe se destina a un
fin benéfico–.
Becas y viviendas compartidas
Este
año, la fundación tenía previsto dedicar 40.600 euros al Proyecto Hogar, con
el que quiere dar «ayuda económica y material» a 10 personas «con dificultades
para pagar el alquiler», además de proporcionarles «acompañamiento social
personalizado» a través de trabajadores sociales. El Proyecto Raíces incluye una beca de estudios y clases de apoyo a 10 menores para reducir el abandono
escolar. Mi Lugar Seguro tiene presupuestados 15.000 euros para proporcionar
una vivienda de dos dormitorios a familias que necesiten desplazarse para dar
tratamiento médico a sus hijos en un hospital. El Proyecto Genera Convivencia consiste
en gestionar 30 viviendas compartidas, haciendo de intermediaria entre una
persona mayor que disponga de una habitación y un joven que la necesite. Finalmente,
la fundación planeaba volver a firmar acuerdos de colaboración con las dos
socimis sociales, Tutechô y Primero H. por importe de 42.484 euros.
Alquiler
Seguro no ha contestado a la pregunta de Público sobre si la fundación
no es un intento por mejorar su imagen, enfocada en la protección de los
propietarios a expensas de los inquilinos.
Las kufiyas volvieron a llenar las calles mientras miles de pancartas y banderas palestinas ondearon este miércoles en diferentes puntos de España para exigir una paz con garantías en la Franja de Gaza. El alto el fuego no ha frenado las movilizaciones; al contrario, los sindicatos convocantes aseguran que «la protesta es más necesaria que nunca si queremos una paz real y duradera», especialmente después de que Israel haya incumplido el acuerdo y asesinado a al menos ocho gazatíes este martes.
Las protestas se han extendido a más de 40 ciudades españolas, desde Madrid y Barcelona hasta València, Bilbao o Pamplona, entre otras.
La jornada en Catalunya ha estado marcada por incidentes desde primera hora de la mañana, con cortes en la Zona Franca y la ronda Litoral. Los Mossos d’Esquadra intervinieron con cargas para dispersar a las 7.300 personas que intentaban avanzar hacia la estación de Sants. En paralelo, estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona bloquearon los accesos al campus con barricadas improvisadas de contenedores. Mientras que en Girona, más de 400 manifestantes interrumpieron durante varios minutos la circulación ferroviaria al ocupar las vías de un tren convencional.
Un contenedor quemado en el que han pintado ‘free gaza’, en Barcelona.
La convocatoria fue un éxito en Barcelona donde las movilizaciones tomaron las calles en dos grandes oleadas. Al mediodía, más de 7.000 personas -en su mayoría estudiantes- marcharon desde la plaza Universitat hasta la plaza de Sants. Horas más tarde, al menos 15.000 manifestantes, según el recuento de la Guàrdia Urbana, partieron del mismo punto en dirección al Consulado de Israel, donde se concentraron rodeando la zona.
Mientras que en Madrid alrededor de 11.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron a las 19.00 horas en un recorrido desde la Estación de Atocha hasta la plaza de Callao. Los cánticos de «¡Gaza aguanta, el mundo se levanta!» y «No es una guerra, es un genocidio» resonaban entre la multitud, mientras numerosas pancartas reclamaban el reconocimiento internacional del Estado palestino y el juicio a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
La manifestación en apoyo a Gaza en Madrid
«Es más importante que nunca que la movilización y la presión social continúe y que este tsunami de solidaridad que se ha levantado en todo el mundo en contra del genocidio continúe, especialmente ahora que nos están intentando vender de una forma vomitiva un acuerdo de paz que no va a traer ni paz, ni justicia, ni libertad para Palestina. Este plan de paz es una farsa, el único camino para la libertad del pueblo palestino es seguir presionando y movilizando«, denunció Coral Latorre, portavoz del Sindicato de Estudiantes, a Público durante la manifestación.
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La convocatoria también ha tenido un amplio seguimiento en Euskadi con cerca de 100.000 personas -52.000 manifestantes en Bilbao y en torno a 20.000 en Gasteiz y Donostia, según los sindicatos-. La huelga también ha sido un éxito en los tres campus de la Universidad del País Vasco (EHU) por parte del estudiantado, profesorado y personal administrativo con un seguimiento del 40%, según informa Cadena Ser.
En Pamplona, 10.000 personas según la Delegación del Gobierno, han participado en la manifestación convocada por los sindicatos UGT, CCOO, LAB, Steilas, CGT, Solidari, ESK e Hiru, bajo el lema «Stop genocidio. Langileok Palestinarekin» («Trabajadores con Palestina»).
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Unas 300 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, se han manifestado en València y cerca de un millar de personas, según fuentes policiales, han recorrido las principales calles de Valladolid para reclamar el «fin inmediato de la violencia».
Varias personas durante una manifestación a favor de Palestina, en València,
Además, este miércoles se registraron cuatro concentraciones en los alrededores del Roig Arena, donde el Valencia Basket se enfrentaba a las 20.30 horas al Hapoel Tel Aviv en la Euroliga. Las protestas derivaron en al menos dos personas detenidas y una manifestante herida en la cabeza, tras intentar un grupo cortar el tráfico en señal. De forma similar, varios colectivos propalestinos intentaron bloquear los accesos al Nou Congost para impedir la llegada del Hapoel Jerusalén, que se medía al Baxi Manresa en Catalunya. Ambos encuentros se disputaron finalmente sin público, siguiendo las recomendaciones de las fuerzas de seguridad y de la Delegación del Gobierno.
Jornada de huelga y paros
La jornada de huelga y movilizaciones, convocada por los sindicatos CCOO y UGT, se extendió a trabajadores, trabajadoras y estudiantes desde la ESO en adelante, estableciéndose los servicios mínimos en transporte, sanidad y educación. Los secretarios generales de las organizaciones, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han emplazado este miércoles a los trabajadores a mantener la presión para «acabar con el genocidio que ha pretendido exterminar al pueblo palestino» durante la concentración a las puertas del Hospital Niño Jesús de Madrid, acompañados por el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed.
«Si se ha paralizado la matanza tiene que ver con que se estaba empezando a aislar al Estado de Israel (…) No se puede ceder en la presión. Este acuerdo, que llamaría un alto al fuego y nada más, es poco más que dejar de asesinar. Ya se está incumpliendo la entrada acordada de ayuda humanitaria”, ha apuntado Sordo.
Estos sindicatos organizaron paros en los centros de trabajo en turnos de dos horas: de 2.00 a 4.00, de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00, que han transcurrido con normalidad. En la redacción de Público, la plantilla ha secundado la convocatoria, participando en los paros de la mañana y la tarde y concentrándose frente al edificio en señal de apoyo a la causa palestina.
Sobre el seguimiento de la huelga general, la secretaria general de CCOO en Madrid, Paloma López, ha detallado, según recoge Europa Press, que el sindicato tiene cifras «variadas» y «la gente ha hecho paros de media hora o de dos horas». Asegurando que «sí ha habido grandísimas movilizaciones y paros en miles y miles de centros de trabajo».
CCOO y UGT denunciaron en sus concentraciones «la ocupación ilegal de territorios palestinos en Gaza y Cisjordania» y «la usurpación de bienes palestinos». Reclaman que el alto el fuego anunciado sea permanente y verificable, que se garantice el acceso inmediato de ayuda humanitaria a la población palestina y que la reconstrucción de Gaza se oriente a los intereses y necesidades de su pueblo, evitando la especulación extranjera. También llaman a la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, la prohibición del comercio de armas y el enjuiciamiento de todos los responsables de violaciones de derechos humanos.
El papel del movimiento estudiantil
Por su parte, el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga de 24 horas en los institutos y universidades de 40 ciudades españolas con el objetivo de «pararlo todo para parar el genocidio» en Gaza. Según apuntan los organizadores, la huelga estudiantil ha tenido un seguimiento del 80% en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en toda España.
Los estudiantes salieron a las calles este miércoles a las 12.00 horas para protestar por el genocidio y «obligar al Gobierno a romper relaciones económicas, diplomáticas y militares con Israel». En el manifiesto leído en la protesta de Madrid -que albergó a más de 15.000 jóvenes, según los convocantes- la organización afirma que tanto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pretenden «hacerles tragar con un ‘acuerdo de paz’ que exculpa a los genocidas de sus crímenes, niega cualquier derecho a la justicia y arrebata Gaza a los palestinos». En esta línea, el Sindicato ha reivindicado que España debería seguir el ejemplo de Italia: «Que toda la actividad económica y educativa se paralice. Las acciones cosméticas y los paros de dos horas no sirven», añaden.
Concentración estudiantil por Palestina, frente al Ministerio de Exteriores, a 15 de octubre de 2025, en Madrid.
Durante la manifestación en Madrid, Alejandra Martínez Velasco, integrante de la Flotilla, ha defendido, en declaraciones a Europa Press, que sólo la solidaridad internacional, la organización obrera, la lucha de clases o la huelga general «es lo que va a parar el genocidio en Palestina».
Representantes políticos
En el ámbito político, los diputados de Sumar, EH Bildu y BNG han abandonado el pleno del Congreso para secundar los paros. Yolanda Díaz, Mónica García y Pablo Bustinduy, se manifestaron en las puertas del Congreso bajo el lema ‘Viva Palestina libre’. Asimismo, miembros del PSOE, liderados por Patxi López, se congregaron cerca del Congreso para apoyar la misma causa.
Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, junto con las diputadas Martina Velarde y Noemí Santana, participaron en la concentración en Puerta del Sol. Belarra puso en valor la importancia de estas protestas ya que, según enfatizó durante la concentración, «el alto al fuego y el intercambio de rehenes se ha producido por la fuerte movilización social y política, pero Netanyahu y Trump continúan sus planes de exterminio del pueblo de Palestina. Por eso hoy, ¡todas a la huelga! ¡Todas a la calle!».
La última propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reformar el sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos ha generado un importante malestar en el sector y ha generado el rechazo, no sólo de los partidos de la oposición, sino también de Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno de coalición.
El planteamiento del departamento dirigido por Elma Saiz no es nuevo, sino que emana de la reforma que pactaron en julio de 2022 las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA y UATAE), el Ejecutivo y los agentes sociales. En esa reforma se acordó que en 2032 estos trabajadores cotizarían en base a sus ingresos reales, con el objetivo, entre otros, de equiparar algunas prestaciones de las que ya disfrutan los trabajadores por cuenta ajena o asalariados (como por ejemplo acercar la prestación por cese de actividad al paro, o igualar las cuantías de las pensiones).
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En esa reforma se pactaron las cuotas previstas para el periodo 2023-2025, y se dejaron para una futura negociación las cuotas de los siguientes años (que, en teoría, se deben acercar de manera progresiva al sistema de cotización por ingresos reales que entrará en vigor, tal y como establece la reforma, en 2032).
Bajo esta premisa, el Ministerio de Seguridad Social ha diseñado una tabla de cotizaciones en la que se sube la contribución en todos los tramos, incluidos en los más bajos, lo que ha generado un importante malestar en el sector y sus organizaciones más representativas. En la actualidad, en el tramo de contribución más bajo (aquellos que tengan rendimientos netos de 670 euros), la cuota es de 200 euros (un 29,8% de los rendimientos, un porcentaje que sube en el caso de los trabajadores autónomos que tengan rendimientos menores).
Según la propuesta del Ejecutivo, el próximo año estas personas verían incrementada su cotización hasta los 217,34 euros (un 32,4% de los ingresos netos). Los cálculos ofrecidos por el Gobierno llegan hasta 2028, cuando las personas que ingresen 670 euros o menos deberían pagar una cuota de 252,10 euros, un 37,6% de sus rendimientos netos; pero si se hace el cálculo hasta el año 2031 (incrementando en 17,37 euros la cuota cada año, como plantea la propuesta), estos autónomos terminarían pagando 304,22 euros (un 45,4% de sus ingresos netos).
Las cuotas de autónomos son deducibles posteriormente en la declaración de la renta, aunque depende de cada comunidad autónoma. La modificación de las cuotas esbozada por el Gobierno cuenta con el rechazo frontal de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), que la califica de «propuesta escandalosa» y de «paso atrás».
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La ministra del ramo, Elma Saiz, ha defendido este miércoles que el objetivo es el de avanzar «gradualmente» hacia la cotización por ingresos reales de los autónomos para «no pasar de cero a cien», y desde el Gobierno se defiende que es necesario modificar los tramos y aumentar las cuotas para desplegar el modelo que busca equiparar las prestaciones de los autónomos con las de los trabajadores asalariados.
Sin embargo, esto no convence a UATAE, que, además, señala que perjudica a los trabajadores con menores ingresos y que no responde «ni al criterio de proporcionalidad ni al de progresividad». «No puede ser que la gente que está en el umbral del salario mínimo interprofesional en ingresos pague esto», advierten desde la organización.
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Según la propuesta de Seguridad Social, en el último tramo inferior al SMI (hasta los 1.166 euros, teniendo en cuenta que el salario mínimo en la actualidad está fijado en 1.184 euros), los autónomos pagarían una cuota en 2026 de 271,24 euros (un 23,2% de sus rendimientos netos), una cuota que se elevaría hasta los 293,71 euros en 2028 (un 25% de sus ingresos).
«La proporcionalidad no es que todos paguen más«, insisten desde UATAE, desde donde alertan de que esta reforma puede incentivar la economía sumergida y la precariedad. La propuesta también eleva las cuotas de los rendimientos más altos, que, en todo caso, siguen contribuyendo en menor proporción respecto a los más bajos (un trabajador que declare rendimientos netos de 6.000 euros en 2025 tendría una cuota de 796 euros, un 13,2% de sus ingresos; una cifra que se elevaría hasta los 1.208,73 euros en 2028, un 20% de sus ingresos netos, esto es, 17 puntos menos que una persona que tenga rendimientos por valor de 670 euros ese año).
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Esta «falta de progresividad» también ha sido señalada por la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y dirigente de Sumar, Yolanda Díaz, que, además, ha destacado que se enteró de la reforma propuesta por Saiz «por los medios»: «Lo que creemos es que hay que avanzar en una propuesta ligada a los
ingresos reales y la progresividad empiece por arriba, que aporten más los que más tienen. Esta propuesta, si es la que dicen los medios, penaliza a los que
menos ingresan», aseguró el pasado martes la vicepresidenta.
Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, recuerdan que la propuesta emana de la reforma pactada en 2022 para que en 2032 haya un sistema de cotización por ingresos reales. «La propuesta presentada por el Ministerio de Inclusión no supone una subida de cuotas, sino el cumplimiento del compromiso adquirido en 2022 y la obligación legal derivada del propio Real Decreto-ley. Lo que el Ministerio plantea son las nuevas aportaciones necesarias para completar la senda pactada, no un incremento de cotizaciones», defienden desde UGT.
Desde CCOO también consideran que hay «coherencia» entre lo pactado hace tres años y la propuesta del Gobierno, y recuerdan que «el Estado va a incrementar su esfuerzo en prestaciones para los trabajadores autónomos», pero también advierten de que lo esbozado por Seguridad Social «tiene margen de mejora, y es necesario encontrar fórmulas para proteger a las personas que tienen las rentas más bajas».
Saiz pidió este miércoles «tranquilidad y sosiego», y recordó que «todas las reformas del diálogo social requieren de un tiempo». También desde las organizaciones sindicales mayoritarias se apunta a que «esto no es el final de nada, es el principio de un proceso y, por lo tanto, hay mucho margen de mejora». De momento, el PP, Vox y Junts ya han anunciado que votarán en contra de esta propuesta si llega en estos términos al Congreso de los Diputados, y otros grupos (además de Sumar), la han criticado.
En el Congreso no solo se hacen leyes, se debaten políticas o se controla la actividad del Gobierno. No solo lo conforma el hemiciclo, que es lo que suele verse en la televisión. Ni lo frecuentan solo diputados, asesores, ujieres y periodistas. La Cámara Baja es un intrincado conjunto de pasillos laberínticos, despachos, salas y auditorios siempre ajetreado y continuamente sellado con la solemnidad de la institución. Es precisamente esa solemnidad la que suelen buscar las asociaciones, empresas, fundaciones, universidades y también oenegés que eligen la Cámara baja para celebrar en ella actos, jornadas temáticas o mesas redondas. De hecho, más de la mitad de los eventos celebrados en el Congreso esta legislatura han sido a solicitud de entidades que nada tienen que ver con el Parlamento.
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El número de jornadas extraparlamentarias celebradas en el Congreso de los Diputados que se han llevado a cabo en lo que llevamos de legislatura asciende a 337 hasta el 10 de octubre de 2025, según los datos oficiales que ha remitido la cámara a Público a través de una consulta al portal de Transparencia. De ellos, 174 han sido a solicitud de una o varias empresas, fundaciones, asociaciones, oenegés o entidades de la sociedad civil. Suman, en total, 184 organizaciones.
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De ellas, siete son empresas, algunas muy conocidas, y 177 son asociaciones, fundaciones, oenegés o entidades de la sociedad civil, aunque por lo menos una veintena de ellas son fundaciones derivadas de empresas que, por ende, defienden sus intereses, o colectivos empresariales que representan sectores como el turismo, el transporte, la industria o la energía.
Una de las compañías que han utilizado el Congreso de los Diputados para celebrar actos es la farmacéutica AstraZeneca, que, de acuerdo con los datos oficiales que ha podido consultar este periódico, ha realizado dos actos (diciembre de 2023 y de 2024) en conjunto con otras entidades. Además, en julio de 2024, The Lung Ambition Alliance, una iniciativa derivada de la misma farmacéutica, llevó a cabo otras jornadas en colaboración con la Asociación Española de
Afectados de Cáncer de Pulmón. Otra empresa del ámbito de la sanidad y la tecnología que ha usado la Cámara Baja para un evento ha sido la multinacional estadounidense Biogen.
También lo han hecho el Grupo Metalia, una compañía márketing y comunicación especializada en defensa; el operador de telefonía móvil MasOrange, que participó de un curso dentro de un programa organizado por el Círculo de Empresarios con el que se busca que los parlamentarios adquieran conocimiento empresarial; Ilunion, que solicitó una sala para presentar un libro; Too Good to Go, que se dedica a comercializar los excedentes de supermercados y comercios de hostelería y que presentó en el Congreso un estudio precisamente sobre esa cuestión; y Cariotipo, que se define como experta en lobby y comunicación estratégica especializada en el sector farmacéutico.
Hay que puntualizar que la actividad de los lobbies es delicada en el Congreso. De hecho, actualmente hay una ley en tramitación en la Cámara para aumentar la transparencia de los grupos de interés. Además, este mismo jueves se debate de totalidad la creación de un registro de lobbies en el Congreso para rastrear su eventual influencia sobre los diputados.
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Asociaciones de carácter empresarial
De entre las asociaciones y fundaciones que también han usado el Congreso en lo que llevamos de legislatura para celebrar actos, hay un buen número que están estrechamente vinculadas a alguna empresa, o que emanan directamente de ella; o bien otras que son colectivos de empresarios o uniones de empresas del mismo sector.
Entre ellas se encuentra la asociación Multinacionales de España, que tiene asociadas grandes compañías como Amazon, Huawei, Philip Morris, ING o Accenture y trabaja para «el conocimiento de la contribución social, económica y medioambiental de las multinacionales extranjeras en España», según su propia página web. En el Congreso, solicitó un espacio para unas jornadas sobre inteligencia artificial.
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De entre la veintena de asociaciones de carácter empresarial que se han servido del Congreso de los Diputados para llevar a cabo actos se encuentran también la Confederación Española de Transporte en Autobús, la Federación Española del Vino, la Asociación Cerveceros de España, Competur (que se dedica a impulsar el sector turístico), la Asociación Española de Economía Digital (que se define como «la mayor red española de empresas de la economía digital»), la Asociación Empresarial Eólica o el Círculo de Empresarios.
También la Fundación Instituto Roche, que emana directamente de la compañía farmacéutica Roche y que se dedica a «al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible utilizando la medicina personalizada de precisión«, ha echado mano de la sede parlamentaria. El acto que celebró en la Cámara Baja en mayo de 2025 llevaba por título justo el objeto cuyo desarrollo promociona: la «Medicina Personalizada de Precisión».
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Asociaciones de perfil político, sociedad civil y oenegés
Aunque lo cierto es que el grueso de las entidades ajenas al econsistema parlamentario que más eventos, actos y jornadas realizan en el Congreso pertenecen a la sociedad civil o bien son oenegés. Algunas tienen carácter político, como la Asociación Voces Libres o la Fundación Primero de Mayo.
Otras, muchas de ellas, son asociaciones de personas con enfermedades que tratan de visibilizar su situación con el altavoz del Congreso. Algunas son la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra Enfermedades del Riñón, la Federación Española de Diabetes, el Foro Español de Pacientes, la Alianza para la Detección Temprana del Cáncer, la Asociación Española de Afectados por el Cáncer de Pulmón o la Confederación Autismo de España.
Por otra parte, en el listado de entidades que han utilizado el Congreso de los Diputados para eventos también aparecen oenegés y organizaciones sin ánimo de lucro como Unicef, Ecologistas en Acción, Mamás en Acción o Cives Mundi. Entre ellas se encuentra también la Asociación Tierra y Culturas, que es la entidad que más ha utilizado la Cámara Baja en esta legislatura, con una casi decena de actos a sus espaldas.
Además, sindicatos como UGT y CCOO o universidades como la de Alcalá o la de Granada también han visitado el Congreso para celebrar jornadas y seminarios.
El pasado 6 de octubre, la jueza Silvia Plaza Ballesteros, titular del Juzgado de lo
Social 17 de Madrid, rubricaba una sentencia revolucionaria en el marco del derecho laboral y daba la razón a una profesora de la Universidad Complutense de Madrid que había demandado a la institución y al decano de la Facultad de Matemáticas por vulnerar su derecho fundamental a la integridad moral y a la salud física y psíquica por impedirle llevar a su puesto de trabajo a su perra enferma y en un contexto de depresión de la propia profesora.
La sentencia, a la que ha podido acceder Público y que es recurrible, condena al decano, Antonio Brú, y a la Complutense al pago solidario de 15.000 euros en concepto de daños morales a la profesora, que ha estado representada legalmente por Isaac Guijarro, cofundador del bufete Olympe Abogados. Desde el despacho, se celebra el éxito final de un procedimiento que «a priori pintaba mal, pero que la contundencia de las pruebas condujo a un vuelco final».
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La mujer prestaba sus servicios como profesora e investigadora del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología de la
Facultad de Matemáticas de la Complutense desde el 12 de julio de 2019, y desde el principio comenzó a llevar a su perra Grey a su puesto de trabajo, como apoyo emocional por la ansiedad producida por su actividad laboral y por motivos familiares y de pareja, consta en la demanda. La mujer siguió llevando de manera sistemática a la perrita, una schnauzer mini de ocho kilos, cuando fue diagnosticada de una cardiopatía respiratoria, enfermedad mitral degenerativa crónica en fase B2, con la función sistólica mantenida y disfunción diastólica moderada, que obligaba a la profesora a estar constantemente pendiente del animal, para evitar su asfixia y darle su correspondiente medicación.
Pero un día, en enero de 2024, al entrar en su centro de trabajo descubrió un cartel en la entrada con el símbolo de «prohibido animales». Perpleja, preguntó al decano y a la gerente de la facultad, recordándoles que llevaba cuatro años llevando a la perra al despacho. La respuesta recibida fue que en aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales se consideraba adecuado prohibir la entrada de animales en la facultad.
La profesora volvió a solicitar que pudiera acudir con su perra en virtud de su estado de salud, proponiendo en correos electrónicos aportados a la causa seguir protocolos similares a los implementados en Google o Metro de Madrid, es decir, que el animal lleve bozal, no usar el ascensor y preguntar a los alumnos por alergias o miedos antes de recibirlos en tutorías. Pero el 7 de febrero de 2024 las autoridades de la facultad y de la universidad le respondieron lo mismo: que no podía entrar con la perra, ya que no está considerada oficialmente como perro de asistencia, como en los casos de las personas invidentes.
Negativa de la facultad
La gerencia esgrimió la Ley 7/2023 de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, que indica que «salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior, se permitirá el acceso de animales de compañía a edificios y dependencias públicas». Pero le informó que los centros de la Universidad Complutense son los que tienen que determinar si permiten la entrada de animales de compañía y, si la prohíben, se deberá señalizar con un distintivo visible desde el exterior. Cosa que finalmente hizo el decano.
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La situación desembocó en una baja laboral por depresión por parte de la investigadora, entre el 12 de febrero y el 9 de mayo de 2024; y en un procedimiento sancionador contra ella por parte del decano. Este alegó que «se le impuso sanción de amonestación por introducir a su mascota en la facultad, al incumplir la orden decanal que devino firme ante la falta de impugnación», como consta en la sentencia, en referencia a la orden de 6 de febrero por la que prohibió la entrada de animales al centro.
Dos faltas graves
El 18 de julio, el decano solicitó la intervención de la inspección de servicios por dos faltas graves contra la profesora: «Dicha profesora ha intentado meter a su perra a la cual se la dejó estar por un
tiempo en las dependencias de la Facultad, debido a una serie de argumentos esgrimidos
por dicha profesora, todos ellos de dudosa veracidad. Posteriormente, al intentar continuar
haciéndolo como un derecho adquirido y ante una postura intransigente de (…) decidí aplicar la legislación y prohibir expresamente la entrada del perro de la
profesora (…) Así pues, creo que, a la vista de la Ley de la CAM [Comunidad de Madrid], la profesora (…) no
puede acceder con su mascota mientras no obtenga el reconocimiento oficial como perro de
asistencia por parte de la CAM, por mucho que cuente con recomendaciones o informes
favorables de distintos estamentos de la UCM [Universidad Complutense de Madrid]», expuso el decano, según consta en la sentencia.
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A continuación, el decano reconoció en su exposición ante la inspección de servicios la existencia de informes psicológicos que aconsejaban la entrada de la perrita como medida terapéutica. «La profesora (…) ha intentado obtener el permiso de entrada del
perro por medio de diversas instancias, y alegando diferentes argumentos en el tiempo,
como se puede verificar en el informe 1: desde que su trabajo sería más provechoso con la
perra aquí, hasta la salud de la perra, pasando por diversos argumentos como el de apoyo
psicológico de ella al tener el perro cerca o que los estudiantes se sienten más cómodos
para hablar con una profesora si hay un perro en su despacho…»
En el juicio, celebrado el 18 de septiembre pasado, testificaron diversos peritos y profesionales médicos que ratificaron lo expuesto en dichos informes, una documentación solvente que conocían las autoridades de la Complutense, como dio por probado la jueza.
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Dichas autoridades «conocieron la situación de riesgo psicosocial que sufría la actora y los informes médicos y psicológicos que así lo indicaban, consecuencia de la negativa a permitirle acudir a la facultad con su perra, así como la posibilidad de evitar o reducir el riesgo psicosocial permitiéndole como medida terapéutica acudir con su mascota, pero no sólo no hicieron nada en materia preventiva, sino que incluso terminaron por ponerle una sanción», dice la jueza.
Medida terapéutica
Especialmente destacable es el informe de uno de los doctores del Gabinete de Psicología de la Complutense, firmado el 5 de febrero de 2024, al que acabó acudiendo la profesora. Este profesional tiene potestad para hacer propuesta de medidas en prevención de riesgos laborales: «Teniendo en cuenta el mayor interés, desde una perspectiva
psicológica, tanto para la trabajadora como para la U.C.M., y considerando las
recomendaciones efectuadas desde Salud Mental de Salud Madrid se considera
que la medida preventiva más apropiada, dentro del ámbito laboral, sería
facilitar el desempeño de su docencia acompañada de su mascota personal dados
los efectos terapéuticos que tiene, en la medida en que la estructura educativa lo
permita».
«Del análisis de los informes presentados, así como de los datos obtenidos, en
las entrevistas y pruebas realizadas, estimamos que en la actualidad Dña. (…) presenta una amplia y acusada sintomatología psicopatológica de
elevada intensidad, con un alto grado de hipersensibilidad y psicorreactividad
que le supone un elevado sufrimiento psíquico, de carácter persistente y
cronificado en el tiempo», concluía el profesional.
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Más informes
Uno de los informes estudiados en la universidad fue el de la psicóloga que trata a la profesora desde 2022, que indica: «A nivel personal la preocupación por su perra crece, ya que el diagnóstico requiere mucha vigilancia. La consultante presenta pensamientos intrusivos con relación a la posibilidad de que su perro fallezca, lo que la lleva a vigilar mucho las conductas de la perra con la intención de prevenir su fallecimiento. Todo esto hace muy complejo que pueda concentrarse en trabajar en la elaboración de textos de investigación (…) Al ser su principal figura de apego y proporcionarle fuertes sentimientos positivos se espera que acudir con ella al centro de trabajo favorezca un contra condicionamiento del mismo».
Proteger al trabajador
La jueza recuerda que es competencia del empleador «la obligación de evaluar y evitar riesgos, de proteger a la persona que presta sus servicios, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias (artículo 15 LPRL, de prevención de riesgos laborales), es también suya».
«La Universidad y el decano, conociendo la situación de la trabajadora (necesidad de acudir con su perra como medida para controlar su salud mental), debió evaluar y adaptar las condiciones para minimizar ese riesgo psicosocial. No hacerlo supuso una omisión de su deber de prevención», dice la jueza.
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Y destaca la magistrada que «el decano como máxima autoridad académica, tiene potestad para proponer medidas preventivas si conoce una situación de riesgo o en todo caso para proponer, coordinar, instar, informar, colaborar con el Servicio de Prevención de la UCM, para que se adopten medidas».
Y en el caso de autos, «ha quedado probado que no sólo omitió hacer ninguna propuesta o comunicar al servicio de prevención la situación de riesgo psicosocial en la que se hallaba la actora, sino que en email de fecha 18 de julio de 2024 puso en duda la veracidad de los argumentos esgrimidos por la actora y hasta su baja médica, pese a reconocer que contaba con recomendaciones o informes favorables de distintos estamentos de la UCM«, reprocha la jueza.
Vertiente psicosocial
En definitiva, la sentencia subraya que el decano obvió «en todo momento que tener la compañía de su perra en la facultad era una medida terapéutica y no una posición intransigente de la demandante».
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La sentencia indica que el decano y la universidad incumplieron la ley de prevención de riesgos laborales en la vertiente psicosocial, con vulneración del derecho a la integridad psíquica y salud de la profesora demandante. «Se incumple con lo dispuesto en los artículos 15 (integridad física y salud), 40.2 (seguridad en el trabajo) y 43 (protección de la salud), de la Constitución Española, así como con los artículos 1,3,4,7,14,15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y los artículos 3,4 y 6 del Reglamento del Servicio de Prevención.
Indemnización
Accede la magistrada a imponer la indemnizada reclamada por la profesora: «ante la gravedad de los hechos (…) haciendo caso omisivo a toda medida preventiva que comporta una falta grave de diligencia preventiva, llegando incluso a imponerle una sanción y a la existencia de un proceso de incapacidad temporal desde el 12 de febrero al 9 de mayo de 2024 considero procedente la indemnización solicitada de 15.000 euros».
Evaluación de riesgos
Una de las consecuencias más innovadoras de esta sentencia es que condena a la Universidad Complutense de Madrid para que realice en la Facultad de Ciencias Matemáticas una evaluación de riesgos psicosociales en relación a la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras acudan con animales de compañía a los puestos de trabajo, «todo ello en aras a garantizar la protección (y la posibilidad de adaptación de sus puestos) de las personas trabajadoras frente a los riesgos laborales de tipo psicosocial». Abre así una puerta la jueza a que otras personas puedan beneficiarse de un protocolo laboral en una universidad madrileña que ahora no pone el foco en los cuidados de los animales y en el impacto en la salud mental.
Desgraciadamente, la perra Grey murió nueve meses después de que su propietaria solicitara permiso para poder seguir llevándola a la facultad. Su enfermedad de corazón no le permitió compartir la alegría de su dueña por el éxito judicial.
Alquiler
Seguro se ha construido como un negocio integral que engloba las múltiples facetas del alquiler: de las reparaciones del hogar y los seguros a los suministros de
luz y gas. Es más, incluso ha creado su propio índice para actualizar la renta
al inquilino cada año. Se llama ARCA (Actualizador de la Rentas de Contratos de
Alquiler) y hasta hace poco tenía su propia
página web. Basándose en la Ley
de Arrendamientos Urbanos, donde se establece que la renta se actualizará
cada año «en los términos pactados por las partes», y en la Ley
de Desindexación de la Economía, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en
2015 y desligó del IPC la revisión de los contratos públicos, Alquiler Seguro confeccionó
su propio índice para aplicarlo a las rentas que cobra a los arrendatarios. Dice
que sus autores son «técnicos y economistas» de la empresa, sin precisar más, y
que éstos contaron con la colaboración del portal inmobiliario Idealista.
En
su web, la agencia publica
la fórmula con la que elabora el ARCA, así como la evolución que ha tenido
en el tiempo. El índice se construye sumando el importe medio de las rentas
firmadas en el mes, el importe medio de todas las rentas en vigor y el importe medio
de las rentas de una «muestra representativa» de inmuebles facilitada por Idealista. Y de la que no explica cómo se diseña. La primera variable pesa un 10%, la segunda un 20% y la tercera, la muestra de
anuncios de Idealista, un 70%.
La fórmula matemática del índice ARCA.
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Así,
el índice ARCA era del 4,95% este septiembre, pero había escalado a su máximo
histórico en noviembre de 2024 y mayo de 2025, cuando alcanzó el 6,26% y el
6,25%, respectivamente. Por tanto, casi duplicó el IPC del mes pasado, que estaba
en el 2,9%, pero triplicó la inflación de noviembre de 2024 –2,4%– y mayo de
este año –2%–. Sólo se hundió durante el covid, incluso fue negativo en los
meses de la pandemia, de noviembre de 2020 a septiembre de 2021. Pero desde
julio de 2021 no ha dejado de subir. El único periodo en que el IPC fue
superior al ARCA coincidió con la crisis inflacionista provocada por la guerra
de Ucrania. Sin embargo, durante 2022 y 2023 el Gobierno limitó la subida de
las rentas del alquiler al 2%. Y durante 2024, al 3%. Así que el ARCA siempre estuvo
por encima de ambas cifras durante todo este tiempo, aunque no pudo aplicarse.
Ésta es la segunda entrega de la serie de investigación de Público sobre Alquiler Seguro, integrada por nueve artículos [Aquí puedes consultar la primera entrega].
Precios inflados en Idealista
Los
cambios introducidos por la Ley por el Derecho a la Vivienda han afectado especialmente
a la actualización de las rentas. Desde enero de 2025, deben revisarse
aplicando el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV),
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. De 2022 a 2024 se utilizó el Índice de Garantía de Competitividad (IGC), creado por la Ley de Desindexación
de la Economía, para actualizar los alquileres cuando los contratos no
especificaban qué índice debía usarse. El IRAV es el valor mínimo entre la tasa
de variación anual del IPC, la tasa de variación anual del IPC subyacente
–la que excluye alimentos y energía– y una
tasa de variación anual media ajustada.
Como
puede verse en el gráfico adyacente, el ARCA siempre ha superado ampliamente tanto
el IGV como el IRAV.
«No
es lo mismo los precios de oferta de los grandes portales inmobiliarios que los
de cierre del contrato», apunta Javier Burón Cuadrado, gerente de
Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de Navarra y antes de la de vivienda
del Ayuntamiento de Barcelona. «En nuestro estudio sobre
las empresas de alquileres comprobamos que los precios de los grandes
portales como Idealista o Fotocasa están hinchados un 30% sobre los precios
reales que pagan los inquilinos», abunda Jaime Palomera, investigador del Instituto
de Investigación Urbana (IDRA). Lo que, a su vez, termina inflando también el
ARCA, donde la mayor parte del peso de la fórmula –un 70%– recae precisamente en
la «muestra representativa» de los anuncios aportados por Idealista.
Una imagen del portal de anuncios inmobiliarios Idealista.
Palomera
dice que Alquiler Seguro no es la única inmobiliaria que ha creado su propio índice
de actualización, hay más, pero «no lo publicitan tanto». También las administraciones
públicas confeccionaron los suyos: el Gobierno central utilizó datos de Hacienda
y del catastro, mientras que el catalán recurrió a las fianzas para diseñar uno en 2017. Cree que ambos son «mejorables». Además, critica lo que considera un «evidente» conflicto de interés de los que gestionan la oferta, los portales inmobiliarios
–que Javier Burón describe como grandes «outlets de anuncios»–: son los
primeros beneficiarios de la subida de las rentas, porque sus comisiones se calculan
basándose en el precio final de los alquileres.
Carlos
Castillo, abogado del Sindicato de Inquilinas, dirige sus críticas al posible carácter
abusivo de estos índices hechos a la carta. «Habría que ver si ha existido una negociación real entre las partes» se pregunta. Alquiler Seguro responde a Público
que el ARCA «ofrece una medida real de la variación del mercado del alquiler», con el objetivo de «facilitar las negociaciones desvinculando el precio de las
rentas del IPC». A su juicio, el ARCA «es mucho más preciso», al estar
relacionado «de forma directa» con el mercado del alquiler, mientras que el IPC
es un índice «general» construido usando una serie de «productos que no tienen
nada que ver entre sí».
Cumplimiento escrupuloso de la ley
En
un contrato de 2019 de Alquiler Seguro al que ha tenido acceso este periódico, se
establece que la renta será revisada de acuerdo con el ARCA. Y no hubo negociación
previa de ningún tipo ni con la agencia ni con el arrendador, según el
inquilino que lo firmó. Se le dijo que era el índice que utilizaba la empresa,
sin más alternativa. En un contrato de 2023, también se fija el ARCA como
actualizador de la renta, pero se precisa a continuación que la variación no
podrá superar el IPC, en cumplimiento del real decreto de 2022 que limitaba los
precios por la espiral inflacionista provocada por la guerra de Ucrania.
Alquiler
Seguro tampoco ha respondido cuando Público le ha preguntado si tiene
algún contrato –y en ese caso, cuántos– en el que casero e inquilino hayan
pactado, en uso de la libertad que les concede la ley, utilizar el IPC para
actualizar la renta. Se ha limitado a reseñar que cumple «de forma escrupulosa» la Ley de Arrendamientos Urbanos. También dice que cumple «a rajatabla» la Ley
por el Derecho a la Vivienda en lo que respecta a la revisión anual de la renta,
que obliga sólo a los nuevos contratos. Así que mantiene y sigue actualizando
el ARCA en su página web. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones
Inmobiliarias (FAI), se sorprende de la existencia de este índice. «Ni sabía que existiera, no lo he utilizado
en 30 años de profesión, sólo el IPC», resalta, «y ahora la ley obliga a
utilizar el IRAV para la vivienda habitual, no se permite otra cosa. Incluso
podría ser denunciable».
«Trabajan
para los propietarios. Si eres inquilin@ estás perdid@». Cuando en marzo de
2025 el Ministerio de Consumo abrió expediente a Alquiler Seguro por prácticas
abusivas contra los arrendatarios, tres demandas del Sindicato de Inquilinas
llevaban ya un año en los juzgados y dos años las denuncias de Facua y OCU ante
organismos de defensa del consumidor autonómicos y nacionales. La web Trustpilot, donde los consumidores alaban o critican productos y servicios de
empresas, bullía esta primavera con reseñas negativas; a día de hoy acumula cerca
de 700, el 85% de ellas desfavorables. Como la que encabeza este párrafo. Y no
sólo de inquilinos insatisfechos, sino también, sorprendentemente, de caseros
descontentos.
Una
reacción inesperada, en principio, teniendo en cuenta que Alquiler Seguro se
creó para dar «protección y seguridad a los propietarios». Y, después, proclama
su web, para facilitar «soporte integral a inquilinos». Ésa fue la marca
que la convirtió en referente para quien quería poner en alquiler una vivienda
sin correr ningún riesgo: garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes,
presumen de una tasa de morosidad del 0% y se encargan de la gestión integral
para que el casero pueda mantener el anonimato, olvidándose del inquilino y de
cualquier avería o incidencia.
Público inicia, con este artículo, la publicación de una serie de investigación sobre Alquiler Seguro, que estará integrada por nueve artículos.
El origen
Alquiler Seguro fue creada en 2007 por cinco socios: Antonio Carroza, Eduardo Fresno, Sergio Luisilla, Gustavo Rossi y Miguel Rossi. Desde 2013 pertenece a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), en ese momento
propiedad de Antonio Carroza, Eduardo Fresno y Gustavo Rossi. Desde 2023, el fondo
de inversión Auricaposee
el 49% de Enacom y tiene un puesto en el consejo de administración, donde también se sientan Carroza –a través de su sociedad Tau Advisors United SL– y Sergi Gargallo –a través de Active Growth Consulting SL–. Este último llegó a la compañía en
2015.
Pero
Alquiler Seguro es mucho más que una agencia inmobiliaria al uso. Y no sólo
porque se dedique exclusivamente a los alquileres. O porque lo suyo sea el
alquiler garantizado. Enacom es la sociedad dominante de un grupo en el que,
además de Alquiler Seguro SA, han llegado a funcionar una decena larga de
empresas. Anexia Tecnologías SL, que le da soporte informático; la correduría
de seguros Generación Plus; Generación
Pluslegal SL, que proporciona asesoramiento jurídico a sus clientes; General de
Contratas y Energías SLU, encargada de las reparaciones en las viviendas
alquiladas; la comercializadora de luz y gas Alquiler
Seguro Energía,
e incluso La Radio que Viene SL, que pidió –sin éxito– una licencia de FM al
Principado de Asturias en 2023. También posee Hospital General Veterinario SA, una
red de clínicas veterinarias en Madrid. Y una filial
en Portugal, SWGP – Proteção de Arrendamento e Mediação Imobiliária, UNIP LDA. Allí opera como Aluga Seguro.
Hasta
2022, además, el grupo incluía a Fichero de Inquilinos Morosos SL, ya extinguida
y que tuvo una filial en México; Invermax
Propiedades Rentables SL, liquidada en 2023 pero que sigue sirviendo de marca
para ofrecer inversiones inmobiliarias a particulares, y la publicitaria Iniciativas Empresariales Una Más SL, absorbida ese mismo año. Finalmente,
Alquiler Seguro ha tenido tres socimi (sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria)
en los últimos años, de las que vendió una en julio de 2024, al tiempo que
creaba otras dos, una de ellas sin actividad aún.
De un país de propietarios a otro de inquilinos
Alquiler
Seguro nació justo cuando estaba a punto de pinchar la burbuja inmobiliaria y la
crisis económica posterior empujó a los españoles al alquiler. Los despidos, la
caída de los salarios de quienes conservaban sus empleos y el cierre del grifo
antes tan generoso del crédito hipotecario acabaron con un país de propietarios
y dispararon la demanda de pisos para arrendar. Hoy nueve millones de personas residen
en una vivienda alquilada, 3,3 millones más que en 2007, según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE). El final de la historia es conocido:
los precios del alquiler se sitúan ahora en niveles de récord. En los últimos
10 años han subido un 94%, según los datos de Fotocasa. Si se mide el precio por
metro cuadrado, el Banco de España, con datos de la Agencia Tributaria, revela un crecimiento que entre 2015 y 2022 supera el 50% en València y alcanza el 44%
en Málaga, el 33% en Barcelona y el 30% en Madrid. Este año los alquileres aumentarán
un 15%, según los cálculos de la Asociación de Agencias y Agentes Inmobiliarios
de Madrid (AIM). El volumen de operaciones, calcula la AIM, se acercará a los
900 millones de euros.
Semejante
pujanza atrajo al alquiler a las inmobiliarias que con la burbuja tenían todo
su negocio en la compraventa. De modo que en un mercado hasta entonces pequeño
y donde los únicos protagonistas eran particulares, un casero y un inquilino, irrumpieron
las agencias, los profesionales de la intermediación: en Barcelona, las
inmobiliarias gestionan tres de cada cuatro contratos; en Madrid, el grado de
penetración es menor, un 34,1%, según un estudio del Instituto de Investigación
Urbana de Barcelona.
Una de las más de 60 oficinas que Alquiler Seguro tiene por toda España.
Y
allí estaba ya Alquiler Seguro. Aunque no es la única que ofrece blindaje a los
propietarios de las viviendas en alquiler. Hay otras similares, como la Agencia
Negociadora del Alquiler –que vende el Tranquiler como producto estrella–, Renta Garantizada –del grupo inmobiliario Neinor Homes–, la Sociedad Española
de Alquiler Garantizado o incluso dos proptech –inmobiliarias del mundo
digital– como Housfy y Rentuos.
Un caso de éxito: quintuplica beneficios en cinco años
Pero,
de todas ellas, Alquiler Seguro es la que cuenta con una cartera mayor: 30.000
viviendas, según los datos facilitados por la inmobiliaria a preguntas de Público.
Rentuos dice que gestiona 1.200 alquileres. La Agencia Negociadora del Alquiler
cifra en 76.000 los contratos que ha firmado en 13 años. Alquiler Seguro también
es la que más dinero gana. Según las cuentas que ha depositado en el Registro
Mercantil, cerró 2024 con unos beneficios de casi 2,6 millones de euros, lo que
casi quintuplica sus ganancias de 2019. El año pasado su volumen de negocio
ascendió a 28,01 millones de euros, más que doblando la cifra de cinco años
atrás –12,07 millones–. En su informe de gestión, atribuye la mejora al aumento
de los honorarios cobrados a los inquilinos –13,12 millones– en un 20,5%
respecto al ejercicio anterior, y al crecimiento en un 25% de los ingresos por
cuotas mensuales de propietarios –11,65 millones–. Además, 2024 fue un buen año
gracias al alza de «los honorarios de la gestión integral y la monitorización
de rentas», que sumaron 1,67 millones, un 42,5% más, así como al de los «ingresos por certificados, estudios de inquilinos y garantías por
desistimiento», 954.344 euros, nada menos que un 217,5% por encima de 2023, según
revela la propia empresa. Alquiler Seguro se gasta dos millones de euros en
publicidad. Cuenta con una plantilla de 570 trabajadores.
Las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil por la sociedad dominante Enacom son las correspondientes a 2023. El grupo consolidado facturó ese año 34,23 millones, un 11%
más que el ejercicio anterior.
«Es
mejor que el sector esté profesionalizado, porque el alquiler es una actividad
económica. La foto del casero que sólo tiene una vivienda, la alquila y luego
ni se preocupa de ella ni le presta servicios es una imagen bucólica del
pasado. La realidad ahora es que el mercado del alquiler está muy intermediado
y la empresa que te busca el mejor inquilino y garantiza el cobro de la renta
no es una cosa maligna per se… El problema es quienes utilizan la
dificultad de encontrar vivienda para ser superagresivos y ofrecer servicios
muy atractivos para el casero que se basan en exprimir al máximo al inquilino».
Quien así se expresa, sin referirse específicamente a Alquiler Seguro, es
Javier Burón Cuadrado, gerente de Nasuvinsa, la empresa pública de vivienda de
Navarra, y antes gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Experto en
temas inmobiliarios, acaba de publicar El problema de la vivienda. Cómo
desactivar la bomba de relojería que amenaza con colapsar España.
El casero paga 1.536 euros; el inquilino,
4.326
Según
ha podido comprobar Público y corrobora la propia empresa, al propietario
de un piso se le cobra
en el momento de la firma un 10% de la renta anual más el 21% de IVA por los
gastos de formalización del contrato, y cada mes se
le descuenta un 5% de la renta más el 21% del IVA por la gestión del alquiler.
Si, además, el casero contrata la gestión integral, se le cobra otro 2% de la
renta mensual. Es decir, para un alquiler de 1.000 euros al mes, el propietario
paga en el momento de firmar un total de 1.536,7 euros, contando con la gestión
integral (1.452 + 60,5 + 24,2 euros).
En
2019 los contratos que firmaban los inquilinos de Alquiler Seguro incluían los
siguientes pagos: la fianza –que debe ser depositada por el propietario en el
organismo de vivienda de cada comunidad autónoma y equivale a una mensualidad–, un depósito de la misma cuantía que se queda la inmobiliaria –y funciona como la fianza: se devuelve al finalizar el contrato y del que se puede
descontar cualquier desperfecto de la vivienda–, la propia mensualidad, un
seguro del hogar y unos honorarios –a cambio del acceso al área privada de
cliente, la redacción de los «documentos para el desarrollo de la relación
arrendaticia» y la gestión del pago de las rentas– también equivalentes a un mes
de renta. Además, cobraba el certificado de solvencia –ocho euros en el
contrato al que ha tenido acceso este periódico– y el 21% de IVA.
En
otro contrato con fecha de 2023, se repiten la fianza, el depósito y la
mensualidad, pero desaparecen los honorarios. También exige una póliza de
seguro del hogar, que puede aportar el inquilino o bien dejar que Generación
Plus, la correduría de Alquiler Seguro, se la proporcione a cambio de 129
euros. «El cliente reconoce expresamente, de conformidad con la legislación
vigente, que los honorarios de gestión inmobiliaria y de formalización del
contrato serán a cargo del arrendador», se lee en el punto 7 (con el epígrafe «Información
previa») del contrato de condiciones particulares. En su lugar, el inquilino firma
un «contrato de servicio de atención al inquilino (SAI)», en el que se repite esa
misma frase sobre los honorarios. El precio de este servicio es ahora fijo, 990
euros más el 21% de IVA. La empresa tambiéncobra ahora 20 euros más IVA de cuota de mantenimiento
del SAI a partir del primer año de contrato.
Es
decir, para un alquiler de 1.000 euros al mes, el inquilino debe pagar en el
momento de firmar el contrato un total de 4.326,9 euros. Casi tres veces más que lo
tiene que abonar el casero, por tanto.
«La
lógica de nuestra profesión es cobrar el servicio al que se le presta y te lo
ha encargado», explica José María Alfaro, presidente de la Federación de
Asociaciones Inmobiliarias (FAI), que cuenta con unos 8.000 asociados. A su juicio, el coste para el inquilino debe
ser «limitado y por servicios de valor añadido, ya que no han sido elegidos
voluntariamente por él», mientras que «la mayor parte de la carga» debe recaer en
el arrendador, que es quien contrata a la inmobiliaria.
Jaime
Palomera, antropólogo, investigador y cofundador del Instituto de Investigación
Urbana de Barcelona y del Sindicat de Llogateres, va mucho más allá. «Ofrecer un
servicio premium que paga el inquilino contra sus propios intereses es una manipulación de mercado de manual», critica. En otros países, abunda, sería «impensable» cobrar honorarios «a la demanda por un servicio que se presta a la
oferta».
Teléfono de atención en horario comercial
Es
precisamente en los honorarios que cobra Alquiler Seguro a los inquilinos donde
ha puesto la lupa el Ministerio de Consumo, que no ha querido revelar a Público en qué fase se encuentra el expediente abierto a la empresa esta primavera. La firma ya ha presentado sus alegaciones, según ha indicado a este periódico. El
departamento de Pablo Bustinduy investiga las denuncias presentadas por el Sindicato
de Inquilinas-CECU, Facua, Consumidores en Acción y la OCU, según las cuales
Alquiler Seguro y otras agencias cobran a los inquilinos por la gestión del
arrendamiento, imponen la suscripción de un seguro o les obligan a contratar
servicios no solicitados. Esos abusos pueden suponer multas de hasta un millón
de euros. La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en 2023, prohíbe «trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y
de formalización del contrato».
El
Sindicato de Inquilinas ya había presentado ese año demandas judiciales en
nombre de tres clientes de Alquiler Seguro, por toda una serie de ilegalidades.
Están en fase de instrucción, pendientes de las audiencias previas
que se celebrarán en marzo y octubre de 2026. Según aducían los arrendatarios, la inmobiliaria
les cobró 200 euros por visitar un piso. No atendió las incidencias y
averías durante la vigencia del contrato y les exigió datos bancarios
excesivos para probar su solvencia. En noviembre de 2023, Facua había
denunciado a Alquiler Seguro por imponer el pago de honorarios a los inquilinos.
A
cambio de 990 euros más IVA, Alquiler Seguro presenta ahora al inquilino una
oferta un poco más elaborada que en 2019: la misma «área privada de acceso» desde su página web, donde puede avisar y hacer seguimiento de cualquier
incidencia en el piso y recibir «asesoramiento técnico», además de tener «la
posibilidad de certificación fehaciente de la notificación de la incidencia al
propietario [sic]». También se le ofrece un correo electrónico y un teléfono de
atención en horario comercial, así como los «documentos contractuales» del
alquiler en formato digital. Finalmente, dice que se le proporciona «asesoramiento jurídico» sobre problemas legales en materia de arrendamientos
urbanos, a cargo de «abogados expertos», y «asesoramiento de suministros
energéticos», que es como llaman al cambio de titularidad de los recibos de la
luz y el gas.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
Igualmente
deja claro en otra cláusula del contrato que el arrendatario no puede acogerse
al derecho de desistimiento –por el cual a un consumidor se le permite anular
un contrato sin tener que justificar su decisión y sin que se le penalice–
porque «el servicio ha sido ejecutado y disfrutado/consumido por el cliente». Sin embargo, en la última carta de servicios del SAI, aprobada en abril de 2024 y que está en vigor hasta abril de 2026, Alquiler Seguro sí reconoce al arrendatario el derecho de desistimiento, que debe comunicar a la empresa en un plazo de 14 días a partir de la fecha de formalización del contrato.
¿Servicio de asistencia u honorarios camuflados?
Sin
embargo, los inquilinos se quejan en Trustpilot de que ese «servicio» por el
que les cobran 990 euros más IVA y una cuota anual de mantenimiento es poco
menos que «inexistente». «Brilla por su ausencia: si tienes algún problema,
reza por que puedas contactar con la propiedad y sea medianamente competente,
porque ellos no van a solucionar nada». «Su área de cliente lleva más de un mes
sin funcionar y dicen que lo están solucionando». «Llevo tres semanas sin aire
acondicionado con una incidencia abierta y me indican que hable con la casera,
que no pueden hacer nada. ¿Entonces en qué consiste el servicio cuyo valor
corresponde a una mensualidad del alquiler?». «Nunca hicieron caso a ninguna de
las incidencias que hemos reportado». «El día 2 de mayo de 2025 alquilamos un
piso en Mataró con ellos, con una visita online, ya que, según el
comercial. no se podía de otra manera. Al abrir el piso el primer día estaba
destrozado (inhabitable). Hoy estamos a día 28 y se siguen lavando las manos,
pasando la pelota de unos a otros y sin dar solución. Me llama el comercial y
me dice que el dueño no piensa arreglar nada (alucino, después de que vinieran dos
personas a dar presupuesto) y ahora pido la rescisión del contrato por
incumplimiento por parte del arrendador y me dicen que pierdo la fianza y el depósito
(increíble). Me parece de juzgado de guardia».
Al menos desde abril de 2024, Alquiler Seguro incluye en su carta de servicios del SAI el compromiso de responder a las incidencias abiertas por los inquilinos en un plazo inferior a 10 días laborables.
Consumo
investiga además si, como denuncian Facua y el Sindicato de Inquilinas,
Alquiler Seguro obliga a los arrendatarios a firmar ese contrato de asistencia
que, en realidad, es una forma de camuflar lo que antes les cobraban como honorarios y ahora prohíbe la ley. Los testimonios recogidos en Trustpilot
reproducen un patrón: los comerciales advierten a los posibles clientes de que,
si no firman el contrato SAI, el propietario «podría dar marcha atrás en su
decisión de alquilarle el piso». «Nos dijeron que, si no lo pagamos, el arrendador
tiene entonces que hablar directamente con el inquilino para todo, y la mayoría
se niega«. De hecho, una de las ventajas que la empresa publicita para atraer a
los caseros es que podrán «mantener el anonimato con sus inquilinos».
Según el estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, cerca del
20% de los inquilinos que tratan con una inmobiliaria desconocen quién es el
propietario de la vivienda: uno de cada cuatro en Barcelona y uno de cada cinco
en Madrid. «Si no lo cogemos [el SAI], tenemos que formalizar nosotros mismos con el
propietario«, se quejaba otro usuario.
Por
el contrario, Alquiler Seguro asegura que ese contrato de asistencia al
inquilino es «totalmente voluntario». «Cumplimos escrupulosamente con la ley
desde hace más de 18 años», resalta la empresa a este periódico. «Los gastos de
gestión y formalización del contrato recaen exclusivamente en el arrendador,
como viene recogido en el contrato de prestación de servicios. Los propietarios
e inquilinos con los que trabaja la empresa tan sólo pagan por los servicios
que desean contratar«, explican.
Alquiler
Seguro también utiliza Trustpilot para contestar a los clientes descontentos,
aunque su última respuesta data del pasado 23 de mayo. En sus réplicas, la
inmobiliaria repite una y otra vez que el SAI «no es obligatorio», pero que lo «recomienda» a los futuros inquilinos por las «ventajas que ofrece durante todo el contrato
de alquiler:acompañamiento, gestión,
asesoramiento y resolución de incidencias». Lo llama «plataforma digital
personalizada».
José
María Alfaro sostiene que la Ley de Derecho a la Vivienda ha sido «contraproducente»: hay
agencias que han abandonado la gestión del alquiler. «Ahora los arrendadores
saben que tienen el poder negociador al haber más demanda que oferta y no están
dispuestos a pagar por un servicio que antes les salía gratis», detalla. También reconoce
que «no todas» las agencias cobran al casero. «En ocasiones siguen cobrando al
inquilino y FAI lo ha denunciado», destaca, «porque hay que cumplir la ley, no
valen atajos, sino adaptarse, dando mayor cobertura de servicios al propietario
y al inquilino». Al sacar de la ecuación al profesional, en un
mercado «fuertemente desequilibrado«, se ha dejado «al
pie de los caballos al arrendatario, que carece de poder negociador frente al
propietario. Por eso se han disparado las rentas y se le imponen condiciones
leoninas e incluso abusivas al inquilino».
El investigador Jaime Palomera.
A cambio de un 5% de la renta mensual, la cartera de servicios que ofrece Alquiler Seguro al casero incluye un «exhaustivo estudio de solvencia» de los candidatos a inquilino, acceso a los ficheros de morosos y un contrato redactado por abogados expertos. Si contrata la gestión integral por un 2% más de la renta, les proporciona un asesor personal, gestionar las incidencias y coordinar las averías y reparaciones, además de financiarlas sin interés. Todo a través de una «plataforma integral de comunicación».
Condenas judiciales
En
cualquier caso, la operativa de Alquiler Seguro con los arrendatarios ya ha
merecido el reproche de la Justicia. La Audiencia Provincial de Madrid dictó
dos sentencias, en 2020 y 2024, que declaraban abusivos los intereses con los que
Alquiler Seguro penalizaba a los inquilinos cuyos recibos eran devueltos por el
banco: se les aumentaba en 20 puntos el interés legal. Tras las condenas
judiciales, los incrementa en dos puntos. «Siempre estamos en proceso de
mejora», responde la empresa cuando Público le pregunta por ambas sentencias.
Los
jueces también obligaron a mejorar a Alquiler Seguro cuando establecieron que la relación con dos de sus comerciales senior era laboral. La empresa los
contrataba cuando son junior para tratar con los inquilinos, pero al ascenderlos
para que traten con los caseros, los convertía en trades (autónomos que facturan
en un 75% a un mismo cliente). Ahora Alquiler Seguro tiene a sus 570 empleados «dados de alta en la Seguridad Social», responde a este periódico.
Desnudando al inquilino
Otras
prácticas, aunque legales, no dejan de suscitar inquietud en quienes se acercan
a Alquiler Seguro para alquilar una vivienda. Por ejemplo, una fuente usual de
críticas es la investigación a que someten al posible arrendatario para
dilucidar si es el “inquilino perfecto”
que prometen al casero. La empresa pide a cada candidato las tres últimas
nóminas, el contrato laboral, así como el saldo y los movimientos de su cuenta
bancaria durante los tres últimos meses. La información financiera puede pedirla a su
banco el futuro inquilino… o puede solicitarla Alquiler Seguro. Un servicio que
también cobra. En 2019 eran ocho euros y lo gestionaba a través de una de sus filiales, Fichero
de Inqulinos Morosos (FIM). Ahora utiliza a Unnax, una firma tecnológica
española que se dedica al banking as a service. Cuenta con licencia del Banco de España como proveedor de
servicios de información de cuentas (AISP), proveedor de servicios de
iniciación de pagos (PISP) y entidad de dinero electrónico. Permite conectar
cuentas bancarias, por ejemplo, pero también proporciona «una imagen completa
de las finanzas» de los clientes de una empresa «con indicadores que muestran ingresos, gastos, riesgo, endeudamiento y muchos otros factores», según
publicita en su página web. Alquiler Seguro dice que es «una plataforma de
verificación segura y encriptada», que protege los datos del inquilino y ofrece «una evaluación objetiva de la solvencia».
A
algunos arrendatarios, no obstante, les suscita una gran desconfianza –»Te
piden el usuario y contraseña de tu banco», protestan algunos en Trustpilot–.
Los expertos en ciberseguridad consultados por Público niegan que deba
facilitarse el usuario y contraseña de la cuenta bancaria para que Unnax
verifique la solvencia del usuario. Y mantienen que sus procedimientos están
homologados y testados, y son seguros. Lo utilizan también Cofidis o la
consultora holandesa Wolters Kluwer. Pero muchos inquilinos sienten que deben
desnudarse ante Alquiler Seguro, mientras se protege el anonimato de los
caseros. «Te piden hasta el color de tus calzoncillos», protesta uno.
«Algunos
procesos de selección parecen castings», corrobora Carlos Castillo,
abogado del Sindicato de Inquilinas, quien critica los «bombardeos publicitarios» que casi «criminalizan» y «demonizan» a los arrendatarios, presentándolos como «posibles
deudores». Así, al 76% de los propietarios les preocupan los impagos, de
acuerdo con una encuesta publicada por el Ministerio de Consumo y la OCU. La
cifra contrasta con el hecho de que sólo el 8% de los arrendadores preguntados contestó
que habían sufrido retrasos en el pago de la renta mensual y un 14%, impagos. Otra encuesta de
Housfy Alquiler ofrece un dato aún más bajo de morosidad: un 7% de los inquilinos
se demora en el pago un mes, pero sólo un 1% mantiene el retraso más allá de 30
días. «El alquiler es lo último que se deja de pagar», subraya Jaime Palomera.
Casi 33 millones en efectivo
En
las cuentas de Alquiler Seguro llama la atención el gran volumen de efectivo
que manejan. Los inquilinos ingresan la renta en las cuentas de Alquiler
Seguro, no en las del casero. En el contrato de 2019 la exigían el último día
hábil del mes anterior; en el de 2023, entre el 1 y el 3 del mes en curso. El
día 5, Alquiler Seguro se la ingresa al propietario.
Pero, además, a la firma del contrato, la inmobiliaria también cobra un depósito al arrendatario, equivalente a un mes de renta, que no devuelve hasta su finalización. Incluso la fianza: si se contrata la gestión integral, Alquiler Seguro se encarga de ingresarla en el organismo autonómico designado; en caso contrario, se la cobra igualmente al inquilino, pero luego se la traslada al casero para que sea él quien la ingrese. En 2024, los depósitos y fianzas recibidos de los inquilinos ascendían a 24,4 millones de euros. De esa cantidad, la empresa se quedó con 269.336 euros por los desperfectos o incumplimientos de los arrendatarios que se les descontaron a la hora de devolverles el depósito.
También circulan por sus cuentas bancarias las rentas mensuales que le pagan los inquilinos y luego Alquiler Seguro envía a los caseros el mes siguiente. A 31 de diciembre de 2024, tenía 21 millones de euros con este origen, correspondientes a las rentas de enero de 2025.
En
total, sus cuentas acumulaban 32,8 millones de euros al cierre del año pasado,
sobre los que «no existen restricciones a su disponibilidad» y que devengan
intereses. Alquiler Seguro no ha contestado cuando Público le ha preguntado en
qué emplea esa gran cantidad de efectivo. Se ha limitado a responder que «la
tesorería responde a la operativa habitual de la empresa» y que ésta «cumple
unos exigentes estándares de solvencia».
En pocos días llegará al Tribunal Constitucional un recurso de amparo poco usual, el de Luis Acayro Sánchez (Tenerife, 1976), juez condenado por prevaricación a diez años de inhabilitación, lo que conlleva la expulsión de la carrera judicial. Analizando la documentación del procedimiento judicial, a la que ha podido acceder Público, llaman la atención varios hitos que convierten el caso en un paradigma con anclajes en la cúpula judicial y consecuencias de alcance, según se desprende del voto discrepante de dos de los magistrados del tribunal que votaron en contra de la sentencia mayoritaria.
Luis Acayro Sánchez, juez de la promoción de 2002, destinado en 2007 a Cantabria, al juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad de Castro Urdiales, en plena vorágine del ladrillo, instruyó una veintena de causas de corrupción urbanística, lo que le dio fama en la provincia de juez serio y puntilloso.
Pero con la fama de azote contra la corrupción, y decenas de investigados en complejos sumarios, a Acayro le llegaron también las denuncias en su contra; muchas de las cuales fueron interpuestas por los abogados que formaban parte de las propias causas abiertas por corrupción. Este juez tramitó unos 24.000 asuntos en cuatro años, según él mismo explicó en una comparecencia sobre corrupción organizada por una universidad madrileña. «En el 99,9% no tuve ningún problema, pero las 20 causas de corrupción me supusieron que perdí la cuenta cuando llegaron a 30 expedientes disciplinarios y diligencias informativas, y cinco querellas», dijo. «Todas las denuncias y quejas fueron archivadas», indican a ese diario fuentes cercanas al juez, que apuntan a que fueron en torno a 35 quejas en el ámbito disciplinario, en las que se denunciaba «en falso» cuestiones con relevancia penal, como que había acordado detenciones ilegales y coacciones a testigos.
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«Pueblo pequeño, infierno grande», dice el refrán y en el caso de Acayro Sánchez se cumplió con creces, señalan las mismas fuentes. En Castro Urdiales, considerada en aquella época del boom inmobiliario como la Marbella del norte, instruyó causas por delitos de prevaricación, cohecho y malversación, como fueron los casos La Loma, Sobresueldos o Proconor, por los que llegaron a ser condenados en primera instancia dos exalcaldes, un interventor y varios promotores por recalificaciones irregulares. Una década después, la Audiencia Provincial de Cantabria absolvió a varios de ellos.
En 2015 el juez obtuvo el traslado al Juzgado de lo
Contencioso- Administrativo 2 de Santander. Tres años después, durante la tramitación de un asunto relacionado con la impugnación de una licencia de derribo, el juez solicitó, en diciembre de 2018, documentación al Ayuntamiento de Castañeda (Cantabria) sobre unos contratos menores con asesores y abogados externos al consistorio, porque no constaba esa información en el expediente urbanístico en cuestión. Uno de los abogados aludidos interpuso una queja en el CGPJ alegando «abuso en la actuación del juez»; queja que se archivó.
Pero en abril de 2021, es decir, más de dos años después, el mismo letrado, en colaboración con el Colegio de Abogados de Cantabria, denunció al juez por considerar que la medida ordenada por el magistrado buscaba perjudicarle. Y la querella prosperó.
Pedir documentación
Un informe de la Intervención General del Estado, al que ha podido acceder este diario, avaló como legal la petición que cursó el juez al consistorio para conocer los contratos y cómo se habían gestado; en el sentido de indicar que esa documentación debía formar parte del expediente administrativo en cuestión.
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Auto firmado por el juez Acayro donde solicita información al consistorio y por lo que fue denunciado y ha acabado fuera de la Carrera Judicial.
Una plaza en liza
A finales de julio de 2020 se había convocado la plaza para la presidencia del TSJ de Cantabria, que ostentaba desde 2015 el magistrado José Luis López del Moral y que volvió a presentarse, resultando finalmente reelegido, en octubre de aquel año. Acayro, que se había postulado a la plaza, recurrió el nombramiento porque consideró que su programa incluía medidas en materia de transformación digital, a las que el CGPJ concedía especial importancia, que no habían sido suficientemente valoradas, teniendo en cuenta que su juzgado fue pionero en los juicios telemáticos por la pandemia, desarrollando el primer protocolo en España en esa materia; noticia que salió en TheNew York Times.
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El juez Acayro Sánchez formalizó en marzo de 2021 el recurso contra el nombramiento de López del Moral, que había sido director general de Justicia en el Gobierno de Rajoy. Un mes después llegó la querella del letrado y del Colegio de la Abogacía de Cantabria por el asunto del Ayuntamiento de Castañeda. López del Moral admitió a trámite la querella. Acayro lo recusó considerando que tuvo que abstenerse al mantener un litigio con él y tener interés directo, pero la recusación no prosperó. Más tarde, el Supremo diría que López del Moral era «un demandado formal» y no tenía en ese caso el deber de abstenerse.
Juicio y condena
El juez Acayro fue juzgado por prevaricación en la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC). El informe de la Intervención General del Estado, que avalaba la actuación del magistrado encausado, fue considerado como una mera «opinión» de una funcionaria. La sentencia, de 31 de octubre de 2022, lo consideró culpable, imponiéndole cinco años de inhabilitación y una indemnización al abogado querellante de 5.000 euros.
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Como hechos probados, la sentencia estimaba que «no hacía falta, ni procedía, requerir a la Administración a los efectos de completar el expediente administrativo», pero consideraba que Acayro «creía erróneamente actuar en el cumplimiento de su obligación profesional» cuando solicitó la documentación; «actuó en el convencimiento de que su obligación profesional era la de investigar posibles irregularidades, tanto en la propia decisión de contratar la Administración a técnicos externos, como en el modo en que dicha contratación se llevó a cabo».
Error, sin dolo ‘a sabiendas’
Es decir, el TSJC descartó que el juez hubiera pedido los referidos contratos a sabiendas de que no lo podía hacer, con el afán de perjudicar al abogado.
El recurso de casación de Acayro Sánchez llegó al Supremo en marzo de 2023, pero no se resolvió hasta abril de 2025. La sentencia
STS 535/2025, de 11 de junio, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ponencia de Vicente Magro, con los votos a favor de Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta, ha supuesto un hito que los juristas analizan para determinar su alcance. La resolución hace una reinterpretación de los hechos probados, algo vetado en los recursos de casación, y concluye que el juez condenado «actuó a sabiendas de su injusticia», por lo que establece dolo, en vez de error, y por lo tanto aumenta la pena hasta diez años de inhabilitación y expulsión de la Carrera Judicial.
La sentencia no fue por unanimidad, sino por una ajustadísima mayoría, de tres a dos. Los dos magistrados discrepantes, Leopoldo Puente y Antonio del Moral, advirtieron de las implicaciones: «A nuestro juicio estamos ante valoraciones probatorias propias del factum [hechos probados] que un tribunal de casación no está habilitado para imponer».
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El voto particular firmado por ambos magistrados recuerda que en el ejercicio de la casación no se puede introducir elementos que no existían en la sentencia de instancia, porque hacerlo «equivale a introducir un nuevo hecho, aunque se presente como interpretación jurídica».
«Si en los hechos probados consta que el Ilmo. Sr. Magistrado querellado actuó con la errónea convicción de que su conducta quedaba amparada (…) al obrar en cumplimiento de un deber, resulta imposible sostener la condena por el delito de prevaricación dolosa del artículo 446 del Código Penal», indica la abogada Mercedes Nieto Fajardo en un artículo doctrinal en la Editorial Jurídica Sepín, en el que analiza las implicaciones de la sentencia del Supremo.
Qué es la casación
El recurso de casación es un recurso extraordinario que lleva a cabo el más alto estamento judicial, el Tribunal Supremo. El Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda de 9 de junio de 2016 estableció que «los recursos deberán respetar los hechos probados, debiendo ser inadmitidos los que no los respeten, o efectúen alegaciones en notoria contradicción con ellos pretendiendo reproducir el debate probatorio». Para la jurista Mercedes Nieto, «esta autolimitación no era un mero formalismo: respondía a la necesidad de preservar el principio acusatorio, de garantizar la igualdad de armas y de blindar la seguridad jurídica«.
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Como hechos probados en la sentencia del TSJC, consta que Acayro actuó bajo la convicción de que su proceder era correcto. Pero el Supremo, al revisar el caso en casación, realizó una relectura de los hechos probados para concluir que sus actuaciones lo fueron «a sabiendas» de su injusticia.
Contra el reo
Esa es la argumentación de los magistrados discrepantes, que prevén un impacto en la seguridad jurídica a tenor del pronunciamiento de sus compañeros; y argumentan que el acusado no pudo defenderse de la acusación de «dolo» a sabiendas porque nunca fue juzgado por ello. «Forzar en casación la condena por una calificación alternativa no solo excede los límites del recurso, sino que vulnera
directamente el principio acusatorio y el derecho de defensa», considera en su artículo la referida letrada.
«Más allá de la figura concreta de la prevaricación judicial, late
un debate más profundo sobre la naturaleza del recurso de casación y sobre los límites del control jurisdiccional en la cúspide
del sistema. Lo singular de esta resolución no reside solo en su desenlace», indica Mercedes Nieto, que añade que también es crucial cómo llega a él, a través de «una reinterpretación casacional (…) que desplaza la frontera entre el error sobre la legalidad o no
de la resolución y el dolo a sabiendas«.
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Los argumentos de Vicente Magro
El ponente de la sentencia, Vicente Magro, ha tenido ocasión de pronunciarse en otra reciente resolución de la Sala Segunda, sobre el incidente de nulidad planteado por Acayro, como antesala de la presentación del recurso de amparo en el Constitucional. Magro, que fue senador del PP entre 1996 y 1997, sostiene que «no se trata, como apunta el voto particular, de que para ello se hayan modificado los hechos probados y se haya revalorado la prueba. No es así, sencillamente porque no es cierto que este haya sido el proceder de esta Sala consciente de que ello no se puede llevar a cabo en esta sede», indica en el auto del pasado 22 de septiembre, en el que desestima el incidente de Acayro. «No es
correcto decir que la sentencia revalora la prueba», asevera el ponente.
Mientras Luis Acayro Sánchez ultima su recurso de amparo, el magistrado José Luis López del Moral se ha postulado recientemente para una plaza de magistrado de la Sala Quinta del Supremo, la Militar, ante el próximo final de su mandato en el TSJ de Cantabria.
En cuestión de meses, Donald Trump ha transformado la Guardia Nacional en su brazo represor con el que castiga aquellas ciudades que considera rebeldes y persigue lo que él llama «el enemigo interno». En cuestión de meses, el presidente ha estrechado el cerco: ahora ya no solo hay que dar caza a las personas sin papeles –el eslabón más débil– sino todo aquel que no encaje en determinados estándares (se han autorizado a los agentes de inmigración practicar detenciones basándose en el perfil racial) o que no se alinee con el gobierno, es decir, antifascista. El mismo mandatario ha sido el que ha catalogado el movimiento antifascista y “la extrema izquierda” como “organizaciones terroristas”.
Antes de que el presidente llegara al poder e instrumentalizara el cuerpo de reservistas para sus fines políticos, la principal función de la Guardia Nacional dentro del país era actuar en caso de catástrofes naturales. Su tarea como militares se relegaba solo a operaciones exteriores. En cuestión de meses, en Los Ángeles los vecinos pasaron de ver a los soldados como los salvadores que los ayudaron durante los dramáticos incendios de enero, a mirarlos con recelo y resentimiento ante la ocupación de la ciudad en junio.
Cada estado tiene su propio contingente de la Guardia Nacional, que responde primeramente ante el gobernador. Solo el cuerpo de Washington DC está directamente a órdenes del presidente. En estos últimos cuatro meses, Trump ha estado usando cinco ciudades del país –todas ellas demócratas– como laboratorio donde probar hasta donde puede extender su control sobre los militares y cómo usarlos para acelerar las redadas de inmigración e intimidar la disidencia.
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Chicago (Illinois)
Después de reiteradas amenazas, el fin de semana pasado Trump ordenó el envío de la Guardia Nacional a Chicago en contra de la voluntad del gobernador de Illinois, el demócrata JB Pritzker. El mandatario federalizó a 200 miembros del contingente de Illinois y movilizó otros 300 del cuerpo tejano. Los cerca de 500 soldados llegaron la tarde del martes a las puertas de Chicago y actualmente están desplegados por el área. El operativo ha quedado en suspenso después de que la noche del jueves una juez de distrito bloqueara la movilizaciónal considerar que permitir la presencia de tropas en el estado “solo echaría más leña al fuego” en las protestas que han ocurrido los últimos días.
En su resolución, la magistrada ha señalado cómo las protestas en la ciudad han sido provocadas por el comportamiento de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El 9 de septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional activó la operación Midway Blitz, e intensificó las redadas contra las personas migrantes y latinas en la ciudad. El operativo ha dejado escenas insólitas, como una incursión en plena noche dentro de un bloque de pisos con helicópteros Black Hawk que acabó con 130 personas, incluidos niños, esposadas y sacadas en la calle. Anteriormente, también hubo el episodio de que un agente de ICE mató a una persona de un disparo cuando intentó huir con el coche de un control.
«Lo hacen porque quieren crear un pretexto para hacer venir a las tropas a la ciudad. Son ellos los que crean esta zona de guerra», denunciaba Pritzker, en una entrevista en televisión. Durante todos estos días, Trump ha estado asegurando que Chicago es una “zona de guerra”, cuando realmente muchas de las protestas son mínimas. Por ejemplo, apenas un grupo de una docena de personas ha estado manifestándose ante las puertas de un centro de detención de Inmigración.
Trump despliega la Guardia Nacional en Chicago.
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Hasta ahora la mayoría de las detenciones que ha habido en la ciudad son más fruto de las redadas de inmigración que de los altercados. En la última semana, la policía ha detenido a una veintena de personas por las protestas. En cambio, desde que empezó la operaciónMidway Blitzhay más de 1000 personas arrestadas por los agentes de inmigración.
Portland (Oregón)
El 28 de septiembre, Trump federalizó a 200 miembros de la Guardia Nacional de Oregón para enviarlos a Portland en medio de las protestas cerca de una instalación de ICE. El presidente tachaba las protestas de agresivas y aseguraba que la ciudad estaba “bajo un ataque de Antifa”. La realidad es que las imágenes muestran apenas una veintena de personas congregadas ante el centro de detención, algunas de las cuales disfrazadas con trajes de unicornio o rana y bailando al son de la música.
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Las únicas escenas de violencia que han salido de las protestas son las de los agentes de ICE lanzando gas lacrimógeno a las personas. Hay un vídeo en el que se vecómo uno de los agentes gasea directamente el filtro de ventilación del disfraz de ranaque lleva uno de los manifestantes. Desde que empezaron las movilizaciones en junio – como respuesta solidaria a la militarización de Los Ángeles y las redadas llevadas a cabo- ha habido unos 60 arrestos.
Los agentes lanzan gas lacrimógeno en las protestas delante de las oficinas del ICE en Portland.
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Más allá de presionar a otra ciudad demócrata, lo cierto es que Portland es la cuna de Rose City Antifa, una de las organizaciones antifascistas más grandes del país.
Aunque Trump ordenó enviar la Guardia Nacional, una jueza federal bloqueó temporalmente la movilización el fin de semana pasado. La magistrada tuvo que emitir dos órdenes porque el republicano trató de hacer una peineta administrativa, ya que cuando le denegó federalizar los reservistas de Illinois, intentó movilizar los 300 guardias nacionales de California, que aún sigue controlando.
Washington (Distrito de Columbia)
En la capital del país ya se cumplen dos meses con los soldados de la Guardia Nacional patrullando armados las calles de Washington y no hay fecha aún para su retirada. Cuando Trump activó a los reservistas el pasado mes de agosto, también federalizó el Departamento de Policía Metropolitana de la ciudad durante 30 días.
Para poder hacerlo, Trump declaró que había una emergencia criminal en la ciudad, a pesar de que los datos del departamento de policía mostraban cómo las tasas de crímenes han descendido el último año. El crimen violento ha disminuido un 26% en la ciudad en comparación con agosto de 2024, según datos de la policía de Washington. En cuanto a los homicidios, han descendido un 12%. El presidente usó la seguridad como pretexto para militarizar la ciudad, porque en la capital apenas hay protestas y las pocas que ha habido han sido completamente pacíficas.
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La Guardia Nacional patrulla por la ciudad de Washington.
Hasta el 29 de septiembre, los agentes federales y locales habían llevado a cabo más de 3.550 arrestos. Casi 1.400 de esos arrestos se contabilizaron como arrestos administrativos por parte de ICE con la finalidad de encontrar personas sin papeles para deportarlas. No está claro cuántos de los arrestados por ICE tenían antecedentes penales, además de sus supuestas violaciones civiles de inmigración.
Los demás arrestos, según los datos, tenían un vínculo criminal. Hubo 13 arrestos por sospecha de homicidio, casi 500 arrestos relacionados con narcóticos y alrededor de 300 arrestos relacionados con armas de fuego. Más de dos docenas de los arrestos involucraron a individuos acusados de delitos sexuales.
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Memphis (Tennessee)
El pasado 15 de septiembre Trump movilizaba tanto soldados de la Guardia Federal como otros agentes federales en Memphis bajo el mismo pretexto que Washington: restaurar el orden público en medio de las supuestas altas tasas de criminalidad y que según el presidente, habían alcanzado “niveles tremendos” que habían “sobrecargado la capacidad del gobierno local para responder de manera efectiva”. El alcalde de Memphis, Paul Young, demócrata, ha sostenido que la ciudad ha estado avanzando en la reducción del crimen después de un aumento en 2023.
Igual que en el resto de ciudades, los efectivos de la Guardia Nacional no tienen capacidad de practicar detenciones. Solo pueden retener individuos temporalmente en casos muy claros de amenaza hasta que llegue la policía para practicar el arresto. A diferencia de Chicago, Portland y Los Ángeles, la movilización de los reservistas sí se ha hecho con el consentimiento del gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee.
Los Ángeles
La ciudad californiana de Los Ángeles fue la que sufrió el castigo ejemplar para el resto de bastiones demócratas y que supuso el inicio de la creciente militarización. Trump siguió el mismo patrón que ha aplicado en Chicago: desembarcó cientos de agentes federales en las calles de Los Ángeles, uno de los núcleos del país con mayor concentración de población latina, hasta que una violenta redada en un parking de un Home Depot – una cadena de tiendas de bricolaje- desató la furia en las calles con cientos de manifestantes concentrándose en el centro de la ciudad frente a uno de los centros de detención de ICE.
Trump escaló la retórica y cuando tuvo las primeras imágenes de violencia no perdió el tiempo: desplegó más de 4000 efectivos de la Guardia Nacional y envió 700 marinespara proteger los edificios federales y acompañar los agentes de ICE en las redadas. Todo en contra del consentimiento del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien se ha erigido como uno de los principales rivales políticos del presidente. Más tarde, un juez de San Francisco declaró ilegal el despliegue de soldados ejecutado por Trump.
Durante las protestas, la alcaldesa de la ciudad también aplicó un toque de queda al centro de Los Ángeles. En los primeros cuatro días de protestas, que duraron cerca de una semana, la policía practicó más de 338 arrestos, muchos de los cuales estaban relacionados con el incumplimiento del toque de queda. A pesar de que las manifestaciones duraron poco, los soldados estuvieron desplegados en la ciudad por dos meses. Actualmente, Trump sigue teniendo el control sobre 300 efectivos de la Guardia Nacional californiana.
Exaltos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia ya están imputados en ocho procedimientos judiciales distintos por la discriminación sufrida por las personas mayores que vivían en residencias. Así lo ha anunciado este viernes una de las abogadas de las familias de las víctimas, Alejandra Jacinto, en una rueda de prensa.
Jacinto ha recordado que la primera causa se abrió, en mayo de este año, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, cuya titular citó a declarar como investigados a los exdirectores de Coordinación Sanitaria y firmantes de los conocidos como protocolos de la vergüenza, Carlos Mur de Víu y Francisco Javier Martínez Peromingo. Sus declaraciones se suspendieron después de que sus abogados alegaran no haber recibido las actuaciones y necesitar más tiempo para analizarlas.
Un mes después, en junio, ambos estaban citados en el Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, pero la comparecencia volvió a aplazarse, ya que este juzgado se inhibió en favor del Juzgado 3 de Madrid.
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Estos dos eran los procedimientos conocidos hasta ahora. A ellos se suman causas abiertas en otros dos juzgados en Madrid capital y uno en Alcobendas, Collado Villalba, Getafe y Valdemoro. Mur figura como imputado en los ocho procedimientos, Peromingo en siete y el exdirector del Summa 112, Pablo Busca, en seis.
De izquierda a derecha, Carlos Mur de Víu, Francisco Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca.
Un año de la macrodenuncia
«Basta ya de impunidad», «Ayuso, escucha, seguimos en la lucha», «No eran números, eran personas». A las 10.45 horas de un 10 de octubre como hoy, hace justo un año, se escuchaban estas frases a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las portavoces de las asociaciones de familiares Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, Carmen López y María Jesús Valero, acababan de presentar la primera macrodenuncia contra antiguos altos cargos del Gobierno de Ayuso por haber negado atención sanitaria a miles de mayores durante la pandemia.
En la rueda de prensa ofrecida este viernes, precisamente para hacer balance de la situación de la denuncia un año después, participaron los otros dos miembros del equipo jurídico –Carlos Castillo y Eduardo Ranz–, además de las portavoces López y Valero. Hubo coincidencia a la hora de calificar como «esperanzadora» la noticia de que los ex altos cargos están ya imputados en ocho procedimientos.
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La «desidia» de algunos juzgados
Junto a esa «satisfacción» por la investigación en ocho juzgados, los abogados «lamentaron» que todavía no haya sido posible tomarle declaración a los ex altos cargos en ninguno de ellos, por motivos que van desde la falta de acceso previo a la causa alegada por sus defensas hasta «el problema de competencias» surgido.
Esa disputa competencial se refiere al hecho de que en más de una decena de juzgados se hayan inhibido en favor del número 3 de Madrid, que fue el primero en abrir una investigación, pero este haya rechazado acumular todos los procedimientos. Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial de Madrid quien decida si todas las causas deben acumularse en ese juzgado de Madrid, como defienden los denunciantes, el Ministerio Fiscal y Peromingo, o si deben investigarse por separado, como sostiene la jueza de Madrid 3 y la defensa de Mur.
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El equipo jurídico: «Estudiaremos todas las vías legales para evitar que esta actuación quede impune»
Los letrados confesaron que uno de los aspectos que más les preocupa «es que algunos procedimientos puedan prescribir debido a la desidia de los juzgados. Si finalmente se produce la prescripción en algunos casos, evaluaremos si la inactividad judicial fue irregular y estudiaremos todas las vías legales para evitar que esta actuación quede impune», señalaron.
Además, pusieron otros ejemplos concretos de desidia judicial. En los Juzgados de Instrucción número 6 de Móstoles y 5 de Navalcarnero aún no han adjudicado ni número de diligencias previas a sendas querellas interpuestas a principios de abril. Y el Juzgado 39 de Madrid ha tardado medio año en notificarles un auto de inadmisión de la denuncia.
El equipo jurídico y las asociaciones de las familias de las víctimas, Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia, en una rueda de prensa, a 10 de octubre de 2025.
La situación de los procedimientos
Detrás de esa denuncia colectiva hay 109 familias que representan a 115 mayores, de los cuales 111 murieron entre marzo y abril de 2020 sin recibir atención hospitalaria. El escrito acusa a los responsables de cometer delitos tipificados en el artículo 511 del Código Penal, que castiga la «denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios». En la denuncia se señala a 29 personas: Mur, Peromingo, Busca, el exresponsable del Plan de Choque que debía «medicalizar» las residencias, Antonio Burgueño, y los geriatras de enlace de 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Burgueño está imputado en al menos una causa, la del Juzgado 3 de Madrid.
La macrodenuncia reunía un conjunto de pruebas y documentos oficiales, buena parte de ellos inéditos. Según los denunciantes, dichos documentos confirman el veto que se produjo a las derivaciones a hospitales públicos, la falta de medicalización de las residencias y que no se utilizaran recursos como el hospital de campaña creado en Ifema, los hospitales privados (salvo para los residentes que tenían seguro privado) y los hoteles medicalizados. El dosier incorporaba también actas de inspección elaboradas por la Policía Municipal, así como informes internos del Gobierno de Ayuso que detallaban el día a día en los 475 geriátricos madrileños durante los meses más trágicos de 2020. También se adjuntaban siete informes de la Consejería de Políticas Sociales y un documento de la Consejería de Sanidad sobre la «medicalización de las residencias», que confirmaba que esta se tradujo únicamente en la presencia de 24 médicos y 25 enfermeras entre marzo y abril de aquel año.
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El Ministerio Fiscal decidió fragmentar la denuncia colectiva, abriendo diligencias separadas para cada uno de los 109 denunciantes. Algunas de estas investigaciones derivaron en la presentación de denuncias ante los juzgados por parte de la Fiscalía. En el caso de 48 denunciantes, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó la reapertura de procedimientos previamente archivados, relacionados con querellas por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, presentados en su día por Marea de Residencias.
Además de la denuncia colectiva, otros familiares presentaron durante el último año directamente querellas en algunos Juzgados. En conjunto, la combinación de la denuncia colectiva y las querellas individuales, dio lugar a 92 procedimientos judiciales distintos. De ellos, 73 continúan en fase de instrucción, diez están pendientes de resolución de recursos ante la Audiencia Provincial y en cinco casos los denunciantes desistieron.
En los cuatro casos restantes, los juzgados de instrucción se negaron a reabrir causas archivadas provisionalmente, una decisión que ha sido confirmada por la Audiencia Provincial. Dos denunciantes ya han presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y otros dos estudian presentarlo durante los próximos días.
El asalto a la Flotilla por parte del Ejército israelí ha despertado manifestaciones multitudinarias en todo el mundo durante la tarde de este jueves.
En España, varias ciudades se han abarrotado de manifestantes que han mostrado su apoyo a la Global Sumud Flotilla. Las concentraciones en Madrid, Barcelona, Bilbao o Palma suponen la previa a las grandes manifestaciones que se han convocado para el próximo sábado 4 de octubre.
A lo largo de la tarde, cientos de personas se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Exteriores en Madrid. Los manifestantes han coreado «la Flotilla no se toca», en apoyo a los tripulantes detenidos por el Ejercito israelí este miércoles.
Miles de personas se han concentrado también esta tarde en Barcelona, en la plaza de las Drassanes, con cánticos contra el «genocidio de Israel». Entre los participantes -ataviados con banderas y pañuelos palestinos-, familias, vecinos de la ciudad, activistas y estudiantes, muchos de los cuales este mediodía ya habían tomado las calles contra el genocidio de Israel y en protesta a la detención de los navegantes de la Flotilla.
En la concentración han participado igualmente representantes políticos de ERC, CUP, Comuns y PSC, entre otros. En atención a los medios, la eurodiputada Diana Riba (ERC) ha reclamado la liberación inmediata de los detenidos por Israel, además de acciones más contundentes del Gobierno español.
Concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla en Barcelona.
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Sin embargo, en la cabecera de la marcha en Barcelona, se han vivido momentos tensos entre los manifestantes y las autoridades, cuando los participantes han intentado bajar por una de las vías hacia la ronda Litoral para cortar el tráfico.
Dos personas fueron detenidas en Barcelona y cuatro menores en Girona por diversos incidentes durante las manifestaciones. Las dos personas arrestadas en la Ciudad Condal han acusadas de desórdenes públicos, daños, posesión de artefactos incendiarios y atentado a agentes de la autoridad, mientras un tercer manifestante ha quedado en situación de investigado por los mismos hechos.
En Logroño, una multitudinaria concentración se ha solidarizado con el pueblo palestino. La protesta se ha desarrollado a las 19.30 horas en la plaza del Mercado de la capital riojana, convocada de forma urgente por Acampada La Rioja por Palestina.
Antes de la concentración, Fares Khader, que ha actuado como portavoz, ha señalado que es un día de «rabia» en el que la gente ya salió este miércoles a la calle, y también ahora para «parar esta barbaridad que está sufriendo no solo el pueblo palestino, sino también los activistas humanitarios que llevan la Flotilla».
Otra manifestación multitudinaria ha tomado las calles de Palma. Bajo la convocatoria de Marxes per a Palestina a Mallorca y el Moviment Global a Gaza Mallorca, aproximadamente un millar de personas han salido a la calle para pedir el «fin del genocidio y la liberación de la Flotilla tras el secuestro».
Con pancartas de «Palestina libre» y «Viva la lucha del pueblo palestino», bajo gritos de «No es una guerra, es un genocidio» y «La solidaridad no es un crimen», las personas se han manifestado cerca de una hora en la plaza de Cort.
En Salamanca, la Policía ha impedido que la manifestación multitudinaria siguiera su curso ya que estaba solicitada como una concentración.
Las calles de Euskadi también se ha llenado de miles de personas que coreaban «Palestina, askatu» (Palestina, libre) y «No es una guerra, es un genocidio».
Tras las movilizaciones multitudinarias de esta mañana, secundadas sobre todo por estudiantes, por la tarde, a las 19.00 horas, miles de personas de todas las edades se han sumado a las manifestaciones en las tres capitales vascas.
En Vitoria la marcha ha salido de la plaza de Bilbao, encabezada por una pancarta con el lema «Gora Palestina. Israel estatu terroristarekin harreman oro eten» (Viva Palestina. Romper toda relación con el Estado terrorista de Israel).
En Bilbao ha partido de la plaza del Sagrado Corazón, hacia el Ayuntamiento. Los manifestantes, muchos con pañuelos y banderas palestinas, han exhibido fotos de niños y adultos muertos por la invasión israelí.
Manifestación en apoyo a Palestina celebrada en Alacant.
Las manifestaciones se extienden por el mundo
Las protestas también se han extendido por toda Europa. Italia, Alemania y Francia han acogido algunas de las manifestaciones más multitudinarias.
En Berlín, cinco personas han sido detenidas por arrojar pintura roja al Ministerio de Exterior alemán. Más de un centenar de manifestantes propalestinos también han sido arrestados en Marsella este jueves, acusados de bloquear la fábrica de armamento Eurolinks. La empresa ha sido señalada por haber proporcionado componentes militares a Israel para su ofensiva en la Franja de Gaza.
Una persona muestra las manos manchadas de rojo en la manifestación de Berlín.
«Más de 100 personas fueron detenidas y puestas bajo custodia policial durante una concentración no autorizada», ha indicado la Prefectura de la Policía de Bocas del Ródano (a la que pertenece Marsella), en un comunicado.
En Italia, más de 10.000 personas, según la Policía, convocadas por el colectivo Global movement to Gaza Italia,se han manifestado en las inmediaciones del Coliseo de Roma por el asalto a la Global Sumud Flotilla.
El objetivo es protestar contra el asalto y caldear la atmósfera de cara a este viernes, cuando el mayor sindicato del país, la CGIL, junto con otros menores como USB, ha convocado una huelga en todos los sectores y protestas en un centenar de ciudades y localidades. Las manifestaciones se han sucedido a lo largo y ancho de Italia, desde Turín, Milán o Bolonia (norte) hasta Nápoles (sur).
En Bruselas se han congregado unas cuatro mil personas, según varios medios de comunicación belgas, tras una primera protesta espontánea, que tuvo lugar este miércoles en la capital comunitaria.
Los manifestantes han comenzado la marcha frente al ministerio de Asuntos Exteriores en Bruselas y se han dirigido hacía la Plaza de Luxemburgo, al lado de la sede de la Eurocámara y cerca del resto de las instituciones europeas.
Los participantes no solo han denunciado la intervención del ejército israelí en el asalto a la Flotilla Global Sumud, sino que también han exigido el fin inmediato del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza.
En Brasil, un grupo de estudiantes se ha manifestado para apoyar a los activistas de la Flotilla Global Sumud y pedir al presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que rompa relaciones con el Estado judío.
La protesta, promovida por la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) y otros movimientos sociales, se ha celebrado frente al Palacio de Itamaraty, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil.
Manifestación en apoyo a la Global Sumud Flotilla en Brasilia.
«Queremos que el Gobierno brasileño actúe con altura de miras para proteger a los brasileños y a todos los que fueron detenidos de forma ilegal y que rompa relaciones con el Estado terrorista de Israel», ha exigido un joven.
Este jueves también se esperan otras concentraciones en centros universitarios de las ciudades de São Paulo y Río de Janeiro.
La historia de la pequeña Hidn Rajab es dolorosa hasta casi lo insoportable. Una niña de cinco años, dentro de un coche acribillado por las balas de los soldados israelíes y rodeada de los cadáveres de su familia, suplicando aterrorizada que la ayudaran… y finalmente asesinada junto a los paramédicos que fueron a rescatarla. Su pánico, sus lágrimas, su tristeza infinita han acompañado a las miles de personas que se han manifestado denunciando el genocidio en Gaza, al finalizar la proyección de La voz de Hidn en el Festival de San Sebastián.
Saja Kilani y Motaz Malhees, la pareja protagonista, se unió a la marcha al lado del director del festival, José Luis Rebordinos; del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de muchos nombres propios del cine presentes en el certamen. Los cineastas Isaki Lacuesta y Julio Medem fueron a la cabeza portando la pancarta.
La película de Kaouther Ben Hania, que muestra este aterrador episodio,recibió el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia. Lástima que el jurado que presidió Alexander Payne fuera tan cobarde y tan tibio. Un León de Oro hubiera sido un altavozcontundente, una vozsolidaria, yhumanapara señalar a los asesinos del genocidio.En Italia el público la aplaudió durante veinte minutos. En San Sebastián hoy se ha reunido a miles de personas, cineastas y trabajadores del cine y del festival, además de ciudadanos, que abandonaron sus apretadísimas agendas para gritar al mundo: ¡No al genocidio!
Cinema with Palestine
El cine salió a las calles donostiarras en esta marcha de protesta, organizada por la comunidad palestina del País Vasco y por personalidades y colectivos del sector cinematográfico,reunidos en la plataforma Cinema with Palestine, con nombres como los de Montxo Armendáriz, Isaki Lacuesta, Puy Oria, Antonio de la Torre, Itziar Atienza, Loreto Mauleón, Paul Urkijo, Klara Badiola, Mikel Losada, o Urko Olazabal.
El palestino afincado en Euskadi Mohammed Farahjallah y RahafShamani, cantante del grupo de Gaza Sol Band, que estuvo ocho meses bajo elgenocidio, salió y hoy está como refugiado en Donosti, leyeron un manifiesto. «Cada voz importa, cada palabra hace ladiferencia. En mi nombre y en el de todo el pueblopalestino decimos: vosotros sois nuestra esperanza y nuestra luz en medio de tanta oscuridad.No paren, no se cansen, no se rindan. Los necesitamos”.
El director, Motaz Malhees, y la actriz, Saja Kilani, en la concentración en San Sebastián.
Al final, también hubo unas palabras del colectivo del cine. Itziar Atienza, Mikel Laskurain, Mireia Gabilondo y Jon Olivares leyeron el comunicado en euskera, mientras que Alberto San Juan, IsakiLacuesta, Daniela Fejerman y Dolores Fonzi lo hicieron en castellano.
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«Ante lo que Israel está haciendo las palabras son insuficientes y lo que se necesitan sonhechos. Aquí y ahora, exigimos el fin de la pasividad y complicidad de todos los gobiernos e instituciones y les llamamos a romper todo tipo de relaciones con Israel para aislarlo internacionalmente y poner fin al genocidio, al apartheid y a la ilegitima ocupación en la nación palestina», dijeron. «Que no pase ni un día más para que actúen y tomen decisiones, así como cada una de nosotras actuemos en el ámbito que podamos, porque a Gaza y a Palestina ya no le queda más tiempo. ¡Actúen ya, actuemos ya!»
A todo ellos se unieron más de quinientos artistas, como Pedro y Agustín Almodóvar, Aitana Sánchez-Gijón, Aitor Arregi, Alauda Ruíz de Azúa, Alberto San Juan, Álex de la Iglesia, Arantxa Etxebarria, Borja Cobeaga, Carmen Machi, Cesc Gay, Icíar Bollaín, Inma Cuesta, Itziar Ituño, Javier Bardem, Javier Cámara, Jon Garaño, Juan Diego Botto, Luis Tosar, Malena Alterio, Pepe Viyuela o Raúl Arévalo, por mencionar solo a algunos de ellos.
El cine reclama una Palestina libre
“Es insoportable tanta atrocidad, tanto terror”.Un par de semanas antes de su inauguración, el 73 Festival de Cine de San Sebastián publicó un comunicado condenando el genocidio de Israel en Gaza.Hoy, en el ecuador del certamen, el negro, rojo, blanco y verde de la bandera Palestina, prohibida en Gaza y Cisjornadiatras la guerra árabe-israelí de 1967, inunda el festival.Periodistas, cineastas, intérpretes, miembros del equipo del certamen, distribuidores, productores, técnicos… muestran un Genozidioa Stop sobre una sandía en las solapas.
Por las calles donostiarras se han visto banderas palestinas en un par de manifestaciones. No hay rueda de prensa o entrevista en la que no se hagan preguntas o alusiones a la barbarie que está cometiendo Israel y a la complicidad de Trump y los trumpistas en ella… El cine reclama una ¡Palestina libre!
Y, sin embargo, una hora antes de que se celebrara el pasado viernes la ceremonia de inauguración de esta edición se vivió un espectáculo grotesco, desolador y tristísimo, lamentable reflejo de la realidad del mundo hoy. Mientras cientos de ciudadanos aprovechaban las cámaras de televisión que cubrían la entrada a la gala, en la misma calle, al otro lado de la alfombra roja, a escasos metros de la denuncia de tanto asesinato brutal, otros cientos de personas gritaban excitadísimas y se empujaban para hacer fotos a los equipos de las películas que iban entrando… Un mundo preocupado, desesperado por el genocidio, angustiado por el horror, conviviendo con otro entregado a la banalidad de los focos.
«Paren ya»
La desolación de ese momento se compensó un poco dentro del cine, con el discurso que pronunció la productora Esther García al recoger su más que merecido Premios Donosti, en el que defendió el poder de la unidad “para defender los derechos y luchar para detener situaciones tan injustas y aberrantescomo las que viven cientos de miles de personas en Ucrania o el genocidio en la Franja de Gaza».
«Paren ya. Ante esta corriente generalizada de la ley del más fuerte, luchemos con uñas y dientes para defender al frágil. Todos somos frágiles. Confío en el poder de la cultura. El cine es, sin duda, un hogar para soñar y también un altavoz para reivindicar. Las películas son nuestras herramientas para hacer un mundo más bonito y, sobre todo, mejor», sentenció.
La actriz Juliette Binoche, un poco antes resaltó lo necesario que son los sueños hoy, «sueños fuertes y sinceros, sueños de transformación», dijo y señaló que ella estaba del lado de “quienes sueñan conponer fin a las masacres en Palestina, sueñan con terminar con el dolor y la crueldad». Terminó deseando también que se liberara a los israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023.
«Los quieren matar a todos»
De todos, y han sido hasta ahora muchos, los que han confesado su espanto ante la atrocidad que está cometiendo Israel, el más contundente ha sido el actor Eduard Fernández, que conmovió profundamente al recoger el Premio Nacional de Cine. Lo hizo con la kufiya palestina. «Los quiere matar a todos de la manera más cruel y más bestia (…) Quien no se conmocione con las atrocidades que vemos cada día en televisión tiene un profundo problema con su humanidad».
«Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no», afirmó y leyó los nombres de varios niños de menos de dos años que han sido asesinadosen Gaza. «Y así hasta no sabemos cuántos, no sabemos si nos lo dirán. Son cientos de miles, está ocurriendo ahora y va a seguir ocurriendo, y algunos están pensando qué espejo ponen en el baño del edificio que van a construir. Con permiso de EEUU, es la debacle de nuestro siglo, de nuestro pensamiento, de nuestra época».
Prácticamente todos los asistentes al festival, de industria, prensa y cine, muestran pegatinas con banderas palestinas o sandías con el lema Stop Genocidio. Y, prácticamente todos, nada más llegar a San Sebastián,lo primero que preguntan es dónde pueden encontrar una de estas insignias. mucho más preocupados por intentar aportar algo contra esta masacre, aunque solo sea su gesto, que por defender sus propios trabajos.
Así se suman y apoyan la declaración que hizo el festival: «Hemos creído necesario mostrar públicamente nuestro rechazo al genocidio, a las masacres inimaginables a las que el Gobierno de Benjamin Netanyahu está sometiendo al pueblo palestino […]. Matan a población civil palestina. Matan a niñas y niños. Matan a periodistas y a personal en tareas humanitarias. Utilizan la hambruna como arma. Impiden y obstaculizan el acceso a ayuda humanitaria. Se fuerzan traslados masivos de población palestina. Arrasan edificios. Bombardean hospitales también. Humillan, conquistan, aplastan. Destruyen Gaza. Desprecian la legalidad internacional».
Es sábado, al alba, en los alrededores de la cárcel de Carabanchel. Tres hombres esposados suben a un furgón. Se dirigen al patíbulo de Hoyo de Manzanares. Allí les espera su sentencia. Una sentencia resultado de un proceso sin garantías, sin derecho a defensa, sin rastro de legalidad. Son aún muy jóvenes. De 21, 24 y 27 años. Militantes del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. Parte de un escarmiento, de un golpe de fuerza de una dictadura que agoniza. Que intenta desesperadamente esconder su debilidad. Tres vidas con nombres: José Luis Sánchez-Bravo, Xosé Humberto Baena y Ramón García Sanz.
Se enfrentan a la muerte por turnos. A cara descubierta. En una fecha que quedará salpicada de sangre para siempre en el calendario. 27 de septiembre de 1975. No son los únicos. Esa misma madrugada otros dos hombres han corrido la misma suerte. Dos miembros de ETA. El primero es ejecutado frente al muro del penal de Burgos. Ángel Otaegui, de 33 años. El segundo, en Barcelona, en un bosquecito junto al cementerio de Cerdanyola del Vallès. Jon Pardes, Txiki, de 21. Entre los cinco cierran la lista de fusilados del franquismo. Con la firma y el beneplácito de un dictador ya moribundo.
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‘Público’ conversa con Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral.
Los asesinatos de José Luis, Xosé, Ramón, Ángel y Txiki fueron el resultado de cuatro consejos de guerra. Unos consejos en los que hubo más procesados. «Nuestras detenciones se produjeron a lo largo del mes de julio», recuerda en conversación con Público Manuel Blanco Chivite, superviviente del segundo de estos consejos. «No nos ocurrió nada excepcional. Pasamos por lo que era el canon de comportamiento de las fuerzas represivas de la dictadura«, continúa el antiguo militante del FRAP. Palizas, torturas, interrogatorios.
Torturas en la Puerta del Sol
Todo ello en la conocida sede de la Dirección General de Seguridad (DGS). En la emblemática Puerta del Sol. «La Policía de la dictadura detenía por decenas, por centenas, y luego aplicaba el terror en la DGS», confirma Pablo Mayoral, otro de los encausados. «Eran redadas masivas, publicadas en la prensa. El diario ABC titulaba Desarticulado el comando del FRAP y salía la fotografía de 20 personas, fueran o no militantes de esa organización. Así funcionaba», explica. «Por la DGS pasamos miles de personas. Todavía son muchos los que cuando cruzan por allí se estremecen al ver las rejas de las celdas bajas. Esa es la historia que debería contarse». La historia de la actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Una vez detenidos -y apaleados-, tocaba prestar declaración. «Se abre un sumario militar. Evidentemente sin abogados ni defensa ni nada», describe Blanco. «El coronel instructor de nuestro consejo, el primero de los dos que se celebró en El Goloso (Madrid), acudía a la DGS a un despacho de la Brigada Político-Social. Ahí declarábamos delante de él esposados y con dos policías a cada lado. Si aquello no le satisfacía, volvíamos a ser apaleados. Y de vuelta al interrogatorio«, rememora el que fuera periodista. «Había que rehacer las declaraciones o recomponerlas hasta que cuadraran con su versión de los hechos. Hasta que pensaran: Bueno, creo que ya hemos conformado -por no decir fabricado- el caso adecuadamente para nuestros objetivos«, continúa denunciando.
Manuel Blanco Chivite: «Estuvimos un mes prácticamente en condiciones de tortura. Desde las palizas hasta el aislamiento total y completo»
De ahí, les trasladaron a la cárcel de Carabanchel. A la espera de juicio. “Estuvimos en las celdas de aislamiento de una galería subterránea que se llamaban CPB, celdas de prevención bajas”, hace memoria Blanco. «Allí, por la noche, entre las 12 y la 1 de la madrugada, seguían apareciendo el servicio de información y el juez para tomar nota», asegura. Hasta finales de agosto, todavía sin un abogado a la vista. «Nos detuvieron en torno al 20 de julio y hasta el 22 de agosto o así no tuvimos un primer contacto con nuestras defensas. Es decir, estuvimos un mes prácticamente en condiciones de tortura. Desde las palizas hasta el aislamiento total y completo. En una celda en las que había que sentarse en el suelo y donde solo había un agujero», refiere el antiguo militante del FRAP.
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Confesiones bajo tortura, sin pruebas ni testigos
Llegó el día de su juicio. 12 de septiembre. “En 20 minutos, el coronel instructor Mariano Martín Benavides había rechazado todas las pruebas que aportaban las defensas. Unas 120 pruebas. Por tanto, los abogados no podían presentar ni alegar nada”, explica Blanco. “Además, en los sumarios de la Brigada Político-Social se recogía que había habido tres testigos de los hechos, del ataque al policía armado del que se nos acusaba. Tres testigos de la propia Fiscalía”, incide el entonces encausado. Tampoco se les llamó a declarar. Todo el procedimiento se basó en las supuestas confesiones de los detenidos, obtenidas bajo tortura. En un juicio sumarísimo, resuelto a las pocas horas.
Al día siguiente se conocieron las sentencias. Tres penas de muerte, de las 11 que llegaron a firmarse entre los cuatro consejos. «Fue todo una cosa programada, acordada en un despacho de forma premeditada. Se eligieron las localizaciones, quiénes formaban los tribunales y hasta las propias sentencias. Dos aquí, tres allí, cinco en el otro lado, uno en este otro sitio», critica Mayoral. «Las sentencias estaban firmadas de antemano. Nos lo estaba diciendo hasta el último mindundi de la Policía, del ejército o de los funcionarios de la prisión», insiste.
Extracto de prensa de la época sobre los fusilamientos.
La presión internacional y de las calles surtió efecto. Se consiguieron seis conmutaciones por penas de cárcel. Entre ellas la de Manuel. No se pudo hacer nada, en cambio, por los otros cinco condenados. Finalmente los fusilaron. «Cuando nos dejaron salir de la celda serían ya a las 10 o las 10.30 de la mañana. Ese día nos incorporaron a una galería que no tenía ese régimen de absoluto aislamiento. Podías salir al patio una o dos horas al día. Allí, los compañeros de otras tres o cuatro organizaciones, de siglas diferentes, se acercaron a nosotros en silencio total y nos fueron abrazando», rememora Blanco.
Cincuenta años después, Manuel y Pablo siguen trabajando para preservar su memoria. Este año lo hacen participando en la escritura y publicación de un libro: 27 de septiembre 1975, los últimos fusilamientos de la dictadura franquista (El Garaje), de la plataforma abierta Al Alba. También organizando una exposición en la Fundación Anselmo Lorenzo. Sin olvidar los actos de homenaje organizados para el propio día del aniversario. «Dentro del movimiento por la memoria histórica se suele reivindicar Verdad, Justicia, Reparación y, de una forma un tanto angelical, garantías de no repetición.
La impunidad en que ha quedado ya el francofascismo, la dictadura y sus más significativos representantes, beneficiarios y represores es un primer paso para la posibilidad de que se repita.
La impunidad facilita la repetición«, advierten los entrevistados.
Más de una hora esposado. Arrodillado en una cuneta. Ahí mismo, donde le habían detenido. Así pasó la tarde del pasado 7 de septiembre Miguel. ¿Su delito? Participar en una de las protestas pacífcias contra el genocidio en Gaza que acompañaron el paso de La Vuelta en su decimoquinta etapa. De Vegadeo a Monforte. De Asturias a Galicia. «Ya nos habían identificado a todos preventivamente. Por protocolo, según nos confirmó la propia Guardia Civil», recuerda el manifestante. «Pero fue cuando nos colocamos en el borde de la carretera cuando nos detuvieron», sigue contando. Así ocurrió. A medida que se acercaba el pelotón ciclista, un grupo de ocho personas, incluido el propio Miguel, extendieron una pancarta a lo largo del arcén. «Palestina libre«, rezaba la lona. Los agentes no tardaron en actuar. Esposas y al suelo. ¿Bajo qué cargos? Invadir la vía pública.
De ahí, Miguel y sus compañeros fueron directamente transportados a los calabozos de la comandancia de Lugo. Entraron a las 4 de la tarde. Salieron pasadas las 10 y media de la noche. «En el parte de detención, nos llegaban a acusar de poner en peligro la seguridad de los ciclistas y de otros viandantes», detalla el detenido. «Nosotros solo estábamos mostrando nuestra repulsa con lo que está pasando en Gaza«, añade con impotencia. Por lo menos, el tema quedaba zanjado. O eso parecía. Esta mañana le ha llegado una carta certificada. «Todavía no he podido leerla, pero al ver que están empezando a imponer sanciones, me temo lo peor», refiere con preocupación el manifestante.
Miguel y otros manifestantes de la plataforma Lugo por Palestina protesta al paso de La Vuelta por O Corgo (Lugo).
No está exagerando. Este miércoles, la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte anunciaba 17 propuestas de sanciones para manifestantes identificados y detenidos durante el desarrollo de La Vuelta. Concretamente en tres de sus etapas. La etapa 12, entre Laredo y Los Corrales de Buelna, en Cantabria. La 14, entre Avilés y La Farrapona, en Asturias. Y la 15, a la que acudió Miguel de la mano de la plataforma Lugo por Palestina. Entre 3.000 y 4.000 euros. Son las cantidades que tendrían que desembolsar los afectados. Además de la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo por un período de hasta seis meses.
«Estamos hablando de infracciones graves«, confirman voces del Ministerio de Interior, que ejerce la presidencia y portavocia de la comisión. Es la categoría en la que se incluirían los actos reivindicativos protagonizados por los manifestantes a los que señala Antiviolencia. Ya sea por el incumplimiento de las medidas de seguridad o por «comportamientos violentos, racistas, xenófobos e intolerantes». Así lo recoge la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que rige las actuaciones de la comisión. Las infracciones graves son la categoría intermedia, penada con hasta 60.000 euros. Por debajo quedan las infracciones leves, por un valor de entre 150 y 3.000 euros; por encima, las muy graves, que podrían ascender a los 650.000 euros. Una millonada.
«Son los testimonios de los propios agentes los que inclinan la balanza», aseguran fuentes ministeriales
Eso sí, no son firmes. «Tendrán que pasar por las delegaciones de gobierno autonómicas, que son las encargadas de dar el visto bueno definitivo. De tramitarlas», señalan desde Interior. Pero no está muy claro que vayan a dar marcha atrás. «Al final, las sanciones se basan en los atestados policiales y de la Guardia Civil, que es de quienes parte la proposición«, desarrollan voces ministeriales. «Son los testimonios de los propios agentes los que inclinan la balanza». «Es su palabra contra la nuestra», responde Miguel. En la mayoría de casos, se han agarrado a la cantidad mínima: 3.001 euros. «En otros se ha podido elevar un poco la cantidad porque se considere que había circunstancias agravantes», explican desde Interior. Resistencia a la autoridad, provocaciones o insultos.
Aquí viene lo sorprendente. En el mismo comunicado en el que Antiviolencia anuncia las propuestas de multa para las protestas, se incluye la sanción a un aficionado del Real Oviedo. Y no por presentarse en el estadio con kufiya. «Por proferir insultos racistas a los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé y Vinicius Junior«, detalla el documento. En otras palabras, por incurrir en comportamientos racistas.
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Ocurrió el pasado 5 de septiembre en el estadio Carlos Tartiere. En el minuto 37. Las cámaras enfocaban a un aficionado que, aprovechando el foco de atención, «hacía gestos corporales de imitación de un mono«. La Policía Nacional lo identificó en seguida como miembro de un grupo ultra del equipo local. Procediendo a su detención. Pues resulta que este aficionado se enfrentaría a la misma multa que algunos manifestantes propalestinos: 4.000. Protestar por un genocidio es tan grave como ser racista.
“Es un delito de odio contra el pueblo judío”
Ni condenados por kale borroka, ni yihadistas, ni gentuza. El bulo del diario El Mundo, azuzado por el Partido Popular, ha puesto el broche a semanas de criminalización mediática de las protestas. De la mano de reconocidos periodistas y representantes políticos. Pero parece que el cuento es más bien al revés. Hubo violencia en las manifestaciones, sí. Pero no por parte de quienes ejercían su derecho a la protesta.
«Ya había terminado la etapa de La Vuelta. Había terminado su trabajo», insiste Rosana Prieto, responsable comarcal del BNG en el sur de Lugo y concelleira en el municipio de Pantón. “De repente se me acercó un policía y me pidió que me identificara”, sigue contando. «Pregunté qué iban a hacer después y se lanzó contra mí», hace memoria la política. Nunca le comunicaron los cargos en su contra. «Me llevaron a comisaría antes que al hospital», subraya con indignación. Quedó bajo custodia policial a las 6. Salió algo después de la 1 de la mañana.
Miguel, manifestante: «No vamos a asumir ningún tipo de multa por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino»
Moretones, fisuras en las costillas, el riñón afectado. «¿Esto no es violencia? ¿Esto no tiene ninguna sanción?», protesta la concejala. No es la única que lo piensa. «No vamos a asumir ningún tipo de multa por mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Por denunciar un genocidio», remarca Miguel. Las recurrirán. «Es que encima la interpone una comisión que se dice de antiviolencia. Es todo una broma», valora el manifestante.
Todavía no se sabe a quién irán a parar las multas. Con una excepción. Una mujer, en Laredo, con una sanción por un valor de 3.001 euros. Es la información que ha facilitado la Delegación de Gobierno en Cantabria sobre el posible alcance de las multas en su comunidad. De la identidad de la multada, por el momento, no hay noticia. «Hasta que no sean definitivas, en principio no se le comunican a los afectados», explica Interior. ¿Y en el resto del recorrido? ¿Habrá nuevas multas? ¿Qué pasa con los 97 identificados en Madrid? «Amenazas de la policía no han faltado, desde luego», sostiene Pablo García, manifestante en la última etapa de La Vuelta. «Cuando me detuvieron, me llegaron a decir que me iba a caer una denuncia por delito de odio contra el pueblo judío», hace memoria el manifestante. «Pensé que era para intimidar, pero ahora con esto…», deja caer. Cabe además la posibilidad de otro tipo de sanciones, en base a la ley de protección de la seguridad ciudadana. La famosa ley mordaza.
Cada madrugada en Gaza comienza con el estruendo de las bombas que sacuden el enclave palestino y rompen el silencio de la noche. Para Lara Eljamala, una joven gazatí de 29 años, vivir allí significa hacerlo bajo un miedo constante y con la incertidumbre de no saber si mañana podrá seguir contando su historia. «La situación empeora cada vez más, los bombardeos no cesan, el miedo crece mientras vemos cómo se derrumban los edificios a nuestro alrededor. Israel abre docenas de puertas infernales en la ciudad de Gaza», relata a Público.
A pesar del horror diario, Lara se aferra a una pequeña luz de esperanza: lograr asilo humanitario en España, donde vive su tío. Sin embargo, el Consulado de España en Jerusalén le ha negado la solicitud, alegando que solo puede evacuar a familiares de primer grado, como hijos o pareja. Ahora, lucha para que el Ministerio de Asuntos Exteriores reconsidere su caso, después de conocer otros casos de familiares de segundo grado que sí han logrado salir de Palestina hacia suelo español. Este medio se ha puesto en contacto con Exteriores y no ha recibido respuesta al momento de la publicación de este artículo.
La joven, que es farmacéutica y traductora médica, hasta hace unos días vivía en el oeste de la ciudad de Gaza junto a su padre, Abdalsalam; su madre, Ola; sus hermanas, Eslam y Mariam; y sus hermanos, Osama y Mohamed. Todo cambió el pasado martes, cuando las fuerzas armadas israelíes ordenaron la evacuación total de la ciudad.
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Desde entonces, Gaza capital ha sido declarada «zona de combate peligrosa», un lugar en el que ningún civil estaría a salvo del fuego israelí. «La mañana del martes recibimos muchas llamadas de las Fuerzas de Defensa de Israel, amenazándonos con que si no abandonábamos la zona seríamos considerados combatientes de Hamás y nos matarían«, cuenta Lara.
Nos amenazan con que si no abandonamos la zona seríamos considerados combatientes de Hamás y nos matarían
Tras meses de devastación de amplias zonas de Gaza, hace un par de semanas el Ejército israelí anunció su intención de derribar también los edificios altos en el oeste de la ciudad, donde Lara y su familia vivían. «Cuando escuchamos la noticia, el miedo nos invadió«, recuerda.
La primera reacción de su familia fue intentar huir hacia el sur de la Franja, a Deir al-Balah, donde alquilaron una vivienda por 3.000 dólares al mes y trasladaron sus pertenencias. Sin embargo, en ese momento decidieron no marcharse. «Sentimos que algo nos detenía, que no podíamos hacerlo», reconoce, consciente de que podía sonar «irracional». Para ella y los suyos, abandonar su casa no significaba sólo dejar atrás paredes, sino cortar con una vida de generaciones, con recuerdos y raíces. Por eso, optaron por resistir hasta el último instante y no huyeron de su hogar hasta hace unos días. «Hemos decidido esperar hasta el último momento, cuando este martes se ha anunciado la orden de evacuación», apunta durante su conversación con este periódico.
El mapa publicado por las Fuerzas de Defensa de Israel clasifica toda la capital gazatí como zona roja, es decir, de combate, sin protección posible para los civiles. El resto del territorio de Gaza aparece igualmente en rojo, con la excepción de Deir al-Balah -donde ahora se encuentra Lara con su familia-, marcada en blanco, supuestamente libre de ataques; y otra en Jan Yunis, coloreada de amarillo y definida como «zona humanitaria».
Vista de la ciudad de Gaza desde el edificio de Lara.
Seis veces desplazada
«Me desplazaron seis veces y luego, cuando entró en vigor la tregua, regresamos a nuestra casa en la ciudad de Gaza», recuerda Lara. La experiencia de haber tenido que abandonar el hogar una y otra vez explica por qué ahora su familia decidió resistir. «Sabemos lo que se siente al dejar tu hogar. Ya lo hemos vivido. Por eso nos negábamos a dejar nuestro hogar esta vez porque no habrá retorno».
Lara recuerda que el conflicto existe desde hace décadas, por ello no le sorprendió la respuesta desmedida de Israel a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023: «Todos sabíamos que Gaza pagaría el precio, la locura de Israel no es una advertencia. Desde el primer minuto de este genocidio en Gaza, experimenté el horror en primera persona. Aquí sabemos cómo responde Israel porque lo he vivido antes en 2012, 2014, 2018, 2021 y 2023. Sabemos lo que significa la ‘respuesta’ de Israel: destrucción masiva, matanza indiscriminada y la devastación de todo a su paso«.
Aquí sabemos cómo responde Israel porque lo he vivido antes en 2012, 2014, 2018, 2021 y 2023
El 83% de los fallecidos en Gaza son civiles
Más de 64.400 palestinos han muerto desde que comenzó el genocio israelí en Gaza. De ellos, al menos el 83% de los fallecidos hasta mayo eran civiles, según una investigación publicada por The Guardian y la revista israelí +972, tras lograr acceso a una base de datos de inteligencia clasificada del Ejército israelí.
A la violencia se suma el hambre. Al menos 109 personas han muerto, incluidos 23 menores, por causas relacionadas con la desnutrición, según el recuento de la Sanidad gazatí. De hecho, el pasado 22 de agosto Naciones Unidas declararon oficialmente la hambruna en la Franja.
El genocidio continúa mientras Israel sigue restringiendo deliberadamente la entrada de suministros básicos para la población civil. «No hemos recibido ningún paquete de ayuda humanitaria en casi siete meses», denuncia Lara, que se muestra especialmente preocupada por la falta de medicamentos. «Mi padre sufre complicaciones de diabetes e hipertensión, y apenas podemos conseguir los fármacos necesarios. Hay una gran escasez de medicamentos aquí en Gaza; incluso los analgésicos son escasos», denuncia.
Además, la situación sanitaria es cada día más crítica. Gran parte del sistema hospitalario está destruido o fuera de servicio. Según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, bajo control de Hamás, 22 hospitales han dejado de funcionar por completo y otros 16 apenas operan de forma parcial. La ocupación hospitalaria supera ya el 200%, lo que convierte en un reto casi imposible atender a la población herida y enferma.
Un proyecto para ayudar a huérfanos
Lara ha sufrido la pérdida de sus dos tíos a causa del genocidio en Gaza. Tras esta tragedia, decidió transformar su dolor en acción y empezó un proyecto para apoyar a sus primos, que quedaron huérfanos después de la muerte de sus padres. Ese esfuerzo personal terminó convirtiéndose en la ONG Light for Gaza Orphans.
«Lo que en un principio pretendía ayudar a 10 niños -sus primos- se ha convertido en un proyecto con el que hemos ayudado a más de 75 huérfanos y hemos recaudado más de 40.000 dólares para ellos», explica la joven, que está al mando de la iniciativa junto a un amigo de Países Bajos que le ayuda sobre todo a difundir en redes sociales.
El propósito principal es brindar a los menores lo esencial para vivir con dignidad: artículos de higiene, ropa, alimentos, tiendas de campaña y una ayuda económica mensual destinada a cubrir las necesidades básicas de las familias.
La pretensión de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) de suspender La Vuelta ciclista, ante un supuesto «riesgo cierto e inminente de la vida e integridad de los deportistas», no salió adelante al inadmitir el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la denuncia por falta de competencia. En su petición, la organización sionista presidida por Ángel Guillermo Mas ponía el foco sobre los promotores de las protestas contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición.
En concreto, la denuncia de ACOM se dirigía contra la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), el movimiento global BDS (Boicot Desinversiones y Sanciones), los partidos EH Bildu, Sumar, e Izquierda Unida e, incluso, el director técnico de la Vuelta, Kiko García. En ella, la organización sionista achacaba los delitos de odio, contra la seguridad vial, desórdenes públicos y lesiones por los incidentes ocurridos los días 27 de agosto y 3 de septiembre en las respectivas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
Este último movimiento, inadmitido por la Audiencia Nacional, se suma a las múltiples acciones desarrolladas por esta organización especialmente desde 2015 (se fundó en 2004), que abarcan el ámbito político, social y judicial. En este último campo, sus decenas de denuncias y querellas han desembocado en la apertura de al menos 15 causas judiciales, según los datos y documentos oficiales recabados por Público. Seis de ellas, presentadas por diferentes delitos contra la exministra Ione Belarra, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, varios manifestantes propalestinos y diversos ayuntamientos con gobiernos progresistas, tampoco tuvieron éxito.
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Por otro lado, diferentes tribunales han avalado en otras siete ocasiones las peticiones de ACOM contra las resoluciones y acuerdos adoptados por otros consistorios de izquierdas a favor de la campaña Boikot, Desinversión y Sanciones (BDS) y de apoyo al pueblo palestino.
Contra el «antisemitismo de la izquierda y la ultraizquierda»
Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con dicha organización, sin éxito. No obstante, tal como explicó su director en el portal Nuevo Mundo Israelita, el evento detonante para su fundación fue «la concienciación de que existía una oportunidad en España para presentar la perspectiva a favor de Israel desde el punto de vista político, mediático e incluso legal, de parte de ciudadanos españoles que pensábamos que había una comunión de intereses y valores entre España e Israel».
Varias personas con banderas de Israel durante una concentración convocada por la asociación ACOM.
Su director, natural de Murcia, señaló que «España, como toda Europa y muchos países del mundo, sufre el fenómeno del antisemitismo, pero tiene particularidades, sobre todo, que la actividad antisemita venía de la izquierda y la ultraizquierda».
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Amparo a la libertad de expresión
En el camino judicial emprendido por ACOM, el lobby sionista ha sufrido sonados reveses. En septiembre de 2019, la Audiencia Provincial de Valencia desestimó el recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Sueca, que no vio delito de odio en el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna a favor del pueblo palestino.
En mayo de 2020, la Audiencia Provincial de Cádiz desestimó el recurso de apelación interpuesto por este lobby contra miembros de
la Junta de Gobierno Local de esta ciudad. Según ACOM, el consistorio liderado entonces por José María González Kichi «aprobó adherirse a un movimiento
discriminador y antisemita como es ELAI (Espacio Libre de Apartheid Israelí) y BDS». En ese mismo mes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana hizo lo propio al desestimar el recurso de apelación interpuesto por la organización contra el auto de 12 de septiembre de 2018 sobre un acuerdo adoptado en favor de la causa palestina en Valencia.
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Las siguientes derrotas llegaron en 2024, alcanzando un mayor impacto mediático. La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó la iniciativa de ACOM contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, a quien acusaba de los delitos de odio (pena de prisión de uno a cuatro años) y prevaricación (incluye penas de prisión e inhabilitación) por suspender las relaciones del Ayuntamiento con Israel.
También, el Tribunal Supremo archivó la
denuncia de ACOM contra Ione Belarra por sus declaraciones sobre Israel cuando
era ministra. El lobby sionista acusó a la líder de Podemos de un delito de odio por señalar, entre otras cosas, que “Israel está llevando a cabo
un genocidio planificado», pero el alto tribunal consideró que sus expresiones «están amparados por la libertad de expresión y no pueden ser sancionadas penalmente».
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Asimismo, la Audiencia Nacional desestimó en septiembre de 2024 dos recursos de apelación formulados tras desestimarse dos querellas por la presunta comisión de delitos de enaltecimiento del terrorismo. Estos iban dirigidos contra
unos manifestantes que profirieron cánticos contra el genocidio israelí en una
manifestación en Madrid.
En otras ocasiones, las iniciativas de ACOM en los tribunales o ante el mismo Gobierno ni siquiera fueron admitidas a trámite, en este caso contra el ministerio de Pablo Bustinduy. En 2024, la organización presentó un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de Derechos Sociales por el envío de cartas a empresas españolas que operan en territorios ocupados por Israel recordándoles sus obligaciones en materia de diligencia debida y respeto a los Derechos Humanos. La Audiencia Nacional inadmitió el recurso en julio de 2024. En el mes de diciembre de ese año, ACOM presentó un recurso de reposición, también sin éxito, contra un acuerdo del Consejo de Ministros por el que se destinaban, a través de Derechos Sociales, 900.000 euros a la UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Bustinduy explicó en un tuit publicado en su cuenta personal cómo opera esta organización sionista: “Estas técnicas de intimidación están tristemente de actualidad. Su objetivo no es otro que coartar la capacidad política de nuestra democracia y, en este caso, silenciar el genocidio del pueblo palestino”.
Victorias judiciales
Por otro lado, ACOM ha salido airoso hasta en siete ocasiones tras sus denuncias contra varios ayuntamientos progresistas por mostrar su apoyo a la causa palestina a través de resoluciones y mociones. De hecho, la más importante fue la última, cosechada en el Tribunal Supremo en septiembre del 2022. El alto tribunal consideró que los acuerdos de ayuntamientos para no suscribir convenios con instituciones israelíes, ni contratar con empresas vinculadas con este país, son «discriminatorios» y «vulneran» derechos fundamentales.
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El Supremo fijó este criterio tras analizar el caso concreto del Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), que en julio de 2016 aprobó un acuerdo en el que se sumaba al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel (BDS), anunciando además medidas concretas respecto a la relación hacia empresas e instituciones de este país.
De esta manera, anuló el punto que pedía «adoptar las medidas legales oportunas» para impedir «contratar servicios o comprar productos a empresas cómplices de violaciones del Derecho Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Asimismo, hizo lo mismo con el apartado que acordaba «no suscribir ningún convenio o acuerdo con instituciones públicas, empresas y organizaciones que participen, colaboren u obtengan beneficio económico de la violación del Derecho Internacional».
Mucho antes, en julio de 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificó la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Madrid de anular, a raíz de una denuncia de ACOM, el acuerdo del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid de adhesión a la campaña
«Boikot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra el apartheid israelí». Esta iniciativa partió de los grupos municipales Somos Rivas y Rivas Puede
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En febrero de 2018, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 15 de Barcelona estimó un recurso de
ACOM y anuló un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Montcada i
Reixac (Barcelona) del 22 de diciembre de 2017 (punto 7.1), en el que el consistorio se adhería a la campaña BDS contra el Estado de Israel.
Asimismo, en diciembre de 2019, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Santander estimó el
recurso interpuesto por ACOM contra una resolución del pleno del Ayuntamiento de Camargo que manifestaba su adhesión y
apoyo a la resolución del Parlamento Europeo de 17 de diciembre de 2014, por la
que «se reconocía el Estado de Palestina y mostraba su solidaridad con la
población de Palestina».
También en diciembre de 2019, el mismo órgano estimó el recurso interpuesto por ACOM contra una resolución
del pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana (Cantabria) por la que se
acordó declarar la localidad «Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI)». En consecuencia, el tribunal anuló el citado acuerdo.
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Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra revocó, tras un recurso interpuesto por ACOM, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de
Huarte a favor de una «moción sobre Palestina».
El Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó en diciembre de 2021 la anulación de parte de un acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Valencia en apoyo del pueblo palestino y del movimiento BDS.
