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El final del juicio y el comunicado emitido de la condena no ha sido apoyado por los jueces progresistas, quienes entienden que anticipar únicamente el fallo vulnera el principio de tutela judicial efectiva, pues, tal y como subrayan, condena a una persona “sin saber por qué”. También señalan que esa forma de proceder contradice el espíritu del sistema jurídico, en tanto impide a la sociedad comprender las razones legales de una condena.

No solo eso, sino que estas asociaciones han puesto sobre la mesa en su escrito un asunto que ha estado sonando de manera continuada durante la celebración de las distintas sesiones del juicio. De esta manera, han cuestionado la imparcialidad de los magistrados que tomaron la decisión. Para ello, recordaron que algunos de ellos habían impartido, poco después de que se celebrara el juicio y cuando no se conocía todavía la decisión del tribunal, un curso remunerado organizado por una de las acusaciones populares del caso, el Colegio de la Abogacía de Madrid. Esto, tal y como afirman, plantea un serio conflicto de intereses y pone en entredicho la neutralidad del tribunal, socavando la confianza pública en la justicia. Un curso en el que, durante su celebración, el presidente de la sala del Supremo que juzgaba al fiscal, Andrés Martínez Arrieta, afirmó que tenía que ausentarse porque tenía que redactar la sentencia del caso. 

Por último, advierten que tanto la condena como la la manera en que se ha gestionado puede tener efectos más amplios sobre el sistema judicial y sobre la percepción social de la justicia, debilitando la legitimidad de las decisiones del TS y generando desconfianza.  En conjunto, los jueces progresistas interpretan la condena como un acto no sólo jurídico, sino de gran repercusión institucional y simbólica que indican provoca una “fractura” que afecta la coherencia del TS, la imparcialidad de la justicia y la protección de los derechos fundamentales. 

El ala conservadora de los juristas señala al Gobierno

Para varios jueces conservadores, representados públicamente por asociaciones como Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI),  las declaraciones que ha dejado el Gobierno ante la condena al fiscal general supone una ofensa grave a la independencia judicial. En los comunicados conjuntos que han emitido denuncian que las “descalificaciones generalizadas” de responsables políticos hacia los magistrados crean una presión “inaceptable” sobre la función jurisdiccional, lo que, según advierten, pone en riesgo la separación de poderes. 

Estos jueces han subrayado que la independencia judicial no es un privilegio, sino una garantía para los ciudadanos y que sus decisiones deben basarse en Derecho, no en afinidades partidistas. En ese sentido, han mostrado su rechazo a los discursos políticos que han interpretado la condena como un “golpe contra el Gobierno”; afirmaciones que consideran dañan la legitimidad de todo el sistema judicial. 

Por tanto, su posicionamiento es claro, creen que las críticas y alusiones de motivaciones políticas hechas por miembros del Ejecutivo tras la sentencia representan una agresión institucional. Por ello, reclaman “respeto institucional” y piden al Gobierno un comportamiento responsable, que no socave la confianza ciudadana en los jueces, ni erosione los principios fundamentales del Estado de Derecho. 

Los conflictos de intereses de tres miembros del tribunal

Además de que tres de los siete jueces que juzgaron a Álvaro García Ortiz hubieran sido contratados por parte de una de las acusaciones populares del caso, uno de ellos, Antonio del Moral, supervisó la tesis del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, y cuyo representado era parte principal de la causa, pues el email que se filtró y por el que se enjuiciaba al fiscal era en el que reconocía haber cometido un fraude a la Hacienda Pública.

Unos conflictos de intereses que, aunque no figuran en la ley como elementos marcados para que un magistrado deba abstenerse de un proceso judicial, si podrían haber constituido una influencia en la forma en la que estos jueces han interpretado los hechos por los que han decidido hallar culpable al fiscal general del Estado.

Una semana atrás, el Tribunal Supremo condenaba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por delito de revelación de secretos a dos años de inhabilitación, una multa de 7.500 euros, así como la orden de indemnizar a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con 10.000 euros. Un fallo, no obstante, que no era unánime, y que contó con dos votos en contra -de dos magistradas progresistas- y que, una semana después, todavía no se ha presentado por escrito en legal forma la sentencia. 

Con este telón de fondo, ahora son los Comuns quienes mueven ficha. Este jueves han presentado a través del eurodiputado Jaume Asens una querella contra Andrés Martínez Arrieta, el presidente de la sala del Supremo que condenó a García Ortiz, por revelación de secretos después de que este asegurara que iba a “poner” la sentencia en los días en los que el tribunal se encontraba deliberando. Según señalan desde los Comuns, estas declaraciones las hizo el 18 de noviembre, es decir, dos días antes de conocerse la resolución del tribunal y en el marco de un curso donde él ejercía de ponente, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). “Y con esto, señores, concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado”, sostuvo ese día el magistrado Arrieta y según señaló RTVE.

Ahora, según reza la querella de los Comuns a la que ha tenido acceso elDiario.es, se conoce que “la manifestación fue realizada en tono jocoso, provocando una sonora carcajada colectiva entre los asistentes”, lo que, para la formación que presenta la querella, “evidencia que la audiencia interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia, y que el propio querellado era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística”. Al hilo de todo ello, los Comuns entienden que estas declaraciones de Arrieta reflejaron “las deliberaciones internas” de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, así como que se produjo “un cambio de ponencia, desplazando a la magistrada inicialmente designada”, en alusión a Susana Polo García -una de las que votó en contra de la condena al fiscal general-. 

‘Poner’, una expresión “técnica” del lenguaje judicial

En la exposición de motivos recogida en la querella, desde los Comuns detallan que el término ‘poner’ una sentencia en el argot judicial “significa que el magistrado es el ponente encargado de redactar una resolución ya acordada por la mayoría en deliberación”. “Con tal afirmación, el querellado reveló públicamente que la ponencia había cambiado respecto de la inicialmente designada, existía una mayoría formada que desplazaba a la ponente original, y la deliberación se encontraba prácticamente cerrada. Es decir, reveló datos esenciales del secreto de deliberación protegidos por el artículo 233 LOPJ y por el artículo 417 CP, anticipando la existencia de una decisión judicial ya adoptada”, sostienen. 

“En el mismo curso organizado por la acusación popular, intervinieron como docentes otros dos magistrados del tribunal: D. Antonio del Moral y D. Juan Ramón Berdugo, ambos implicados en la deliberación colectiva sobre ese mismo procedimiento”, por lo que “no resulta concebible que un magistrado del Tribunal Supremo participe cobrando en un curso organizado por la acusación particular, hecho que compromete su imparcialidad y refuerza el significado delictivo de la revelación practicada”. A razón de ello, en la querella insisten en que “la conducta del magistrado Martínez Arrieta afecta al núcleo mismo de la función jurisdiccional, puesto que el secreto de las deliberaciones garantiza la independencia interna del tribunal, la libertad de criterio de sus miembros y la confianza pública en el Poder Judicial”.

Al margen de todo ello, de esta querella también se desprende que “ha trascendido públicamente que uno de los magistrados integrantes del mismo tribunal, D. Antonio del Moral, mantiene una relación académica estrecha con al menos uno de los abogados de parte interesada en la causa, al haber sido director de su tesis doctoral, circunstancia que ha sido ampliamente difundida en medios de comunicación”. “Esta relación, de carácter profesional y de confianza, ha sido señalada públicamente como un posible conflicto de interés y añade un elemento adicional de riesgo para la apariencia de imparcialidad objetiva del tribunal, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, argumentan.

Por todo ello, desde los Comuns se solicita la imputación de Arrieta, además de pedir al ICAM la grabación “íntegra” de dicho curso, el “programa oficial del curso”, la “lista de asistentes”, y que llame a declarar en calidad de testigos a Del Moral y Berdugo.

La cercanía ideológica y los sentimientos melancólicos de José María Aznar hacia la dictadura de Francisco Franco no pilla por sorpresa a nadie. Militante de la organización estudiantil de la Falange Española (FES) y ferviente defensor del retorno a los principios primigenios de José Antonio Primo de Rivera, el presidente del Guerra de Iraq y los bulos del atentado del 11-M no es capaz de condenar el franquismo que enriqueció y elevó a su familia. “Yo no voy a condenar algo en lo que mi padre participó”.

Así de contundente ha sido una de las voces con más poder del Partido Popular (PP), que podría haberse retrotraído también a su abuelo, puestos a completar las raíces del árbol genealógico de franquistas. Y es que, al final, de casta le viene al galgo. Su padre, Manuel Aznar Acedo, fue un alto cargo de la Falange durante la Guerra Civil, desempeñándose como oficial encargado de las tareas de radio difusión y propaganda del Ejército sublevado. Al más puro estilo de Joseph Goebbels, ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del Tercer Reich nazi.

El mayor de los Aznar franquistas, el abuelo Manuel, también hizo buena gala de su pensamiento reaccionario. El golpe de Estado le pilló en Madrid, capital antifascista, y no dudó en escabullirse hasta Burgos para hincar rodilla ante los sublevados. Amigo cercano del mismo Primo de Rivera que su nieto adoraría años más tarde, ocupó hasta cuatro altos cargos diplomáticos durante el régimen (representante permanente de España ante la ONU y embajador español en la República Dominicana, Marruecos y Argentina) y tuvo tiempo para escribir varias obras de onanismo franquista.

El derechista José María Aznar ha pedido derogar la ley de Memoria Democrática y ha defendido el franquismo: «No voy a condenar algo en lo que participó mi padre». Su padre fue el jefe de propaganda de la Falange glorificando el genocidio de Franco. pic.twitter.com/pxpt6It8rT

— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 26, 2025

“La izquierda radical e ignorante solo tiene en cuenta la historia para intentar reescribirla”, ha añadido el que fuera jefe del Ejecutivo en la entrevista concedida a esRadio. La historia y los hechos son los que son y la familia Aznar es falangista de pro y franquista por interés y odio desde que esto es posible, aunque la teledirigida Transición quisiese blanquear a estos y otros muchos personajes que fueron participes directos con sus tropelías de la peor época de la historia moderna de España.

Por eso sus herederos, muchos de ellos también se sientan en el actual Congreso de los Diputados vanagloriándose de sus apellidos y escupiendo en el pasado, son contrarios a la ley de Memoria Democrática y a la compensación a las víctimas del franquismo y su memoria. Herederos también en forma de agrupaciones como el PP, fundando por el ministro franquista Manuel Fraga, muy cercano también a la familia Aznar.

Es esta colaboración cercana con un régimen asesino y represor, sin conocerse cuáles pudieron ser los méritos de sangre que los antepasados del expresidente se granjearon en el bando golpista, lo que hace que Aznar sea incapaz de condenar el franquismo. Porque un perro no debe de morder la mano que le da de comer si pretende seguir llevándose bocado a la boca.

El ex secretario general del PSOE, Santos Cerdán, no ha perdido el tiempo desde que salió de la cárcel. Una semana después de abandonar Soto del Real, la defensa del implicado en la trama contraataca con un informe pericial que tira por el suelo los audios presentados por Koldo García, principal prueba contra el excarcelado. “Fueron procesados, reconstruidos, transferidos o manipulados en un momento posterior (a su grabación)”, apunta la prueba, adelantada por elDiario.es, que será presentada por los abogados ante el Tribunal Supremo.

Algunos de los argumentos expuestos en el informe pivotan en torno a las diferentes versiones del sistema operativo que han dejado marca en un mismo audio. Es más, aseguran que queda constatados “rastros simultáneos de iOS 12.2 e iOS 13.1.2 (ambos sistemas operativos de iPhone” en audios atribuidos a abril de 2019”, lo que en su opinión constituiría “una imposibilidad técnica categórica”. Una tesis no tan descabellada, pues el propio Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ya apuntó en su momento que se habían detectado “incidencias” e “inconsistencias” con las fechas de las grabaciones.

Existen anomalías objetivas incompatibles con un ciclo de vida digital nativo

No obstante, los agentes desestimaron, el pasado mes de septiembre, atribuir estas alteraciones a algunas “trazas” de manipulación, algo que los abogados del exdiputado quieren rebatir con este informe. Los servicios especializados de la Guardia Civil explicaban estos cambios de sistema aludiendo a actualizaciones del teléfono móvil que grababa, pero los peritos niegan la mayor al apuntar que “ningún dispositivo puede incorporar huellas de un sistema operativo que no existía en la fecha declarada de creación”, aunque luego este se actualice y pase a ser uno nuevo, que solo dejaría huella si se manipula el audio.

Este movimiento llega a las puertas de que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, afronten la vista en la que el juez deberá decidir si les manda a prisión preventiva debido a las altas penas de cárcel que han solicitado para ellos los acusaciones, debido a la elevación del riesgo de fuga que esto supone. La defensa de Cerdán asegura que con este informe “queda descartada la originalidad” de los audios y esto expone aún más al tándem de Ábalos y Koldo.

Cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable

Se ha producido “una ruptura insubsanable en la cadena de custodia de los audios”, apuntan los abogados del que fuera mandatario del PSOE, que deslizan que las modificaciones en las grabaciones pueden haberse producido después de registrar y confiscar los brutos a Koldo. Para apuntar esto se basan en la no existencia de “valores hash originales”, ni “registros de adquisición”, ni “volcados primigenios”. Esto, prosiguen los peritos, “impide reconstruir la trazabilidad digital de los archivos desde el momento de la incautación”, lo que tiraría por tierra una de las piedras angulares de la causa.

Con todo, los peritos aseguran que es imposible “afirmar con certeza que los archivos examinados correspondan a las primeras copias forenses obtenidas por las unidades actuantes, ni que no hayan pasado por procesos intermedios de copia, reindexación, restauración o manipulación”. Sin haberse encontrado aún el rastro del dinero y a falta de pruebas de mayor calado que estas grabaciones, la defensa de Cerdán busca la invalidación de esta prueba, lo que complicaría en gran medida su condena.

Informe detallado

Los peritos firmantes del informe son Javier Martín Porras y Hernán López Mayoralas, quienes realizan un análisis técnico amplio. Existen “diferencias de frecuencia de muestreo y bitrate entre archivos supuestamente generados con la misma aplicación y dispositivo; desfases significativos entre el tiempo real de grabación y el tiempo de codificación; y coincidencias masivas en fechas de modificación”, desgranan de forma más amplia lo expuesto anteriormente. Estas “anomalías objetivas”, apuntan, son “incompatibles” con lo que consideran “un ciclo de vida digital nativo”.

Es decir, si una grabación se produjo con un sistema operativo, pese a que este proceda a actualizarse posteriormente, no quedaría rastro del nuevo sistema en el audio salvo que este se modificara tras el cambio operativo. Además, como la Guardia Civil no ha realizado una análisis detallado, “frame a frame”, consideran que es imposible que pueda “sostenerse que las grabaciones no hayan sido alteradas, editadas o insertadas desde fuentes externas”.

“No puede sostenerse científicamente que las voces analizadas correspondan a una misma persona, ni que puedan atribuirse con fiabilidad a un individuo concreto alguno”, añaden, una tesis que ya había sido puesta sobre la mesa anteriormente. Esto, sumado a otros elementos que los peritos consideran indispensables, son la clave para de la defensa contra los audios. “En ausencia de estos elementos estructurales cualquier afirmación de autenticidad original carece de sustento técnico verificable”, zanja el informe.

Un año y casi un mes más tarde, todavía sigue sin conocerse de manera clara qué ocurrió con Carlos Mazón el día de la DANA. Obviamente, el interrogante se plantea sobre qué ocurrió para que abandonara las responsabilidades de su cargo mientras tenía lugar semejante tragedia, ya que las cuestiones relativas a esclarecer con quién y dónde se encontraba van encontrando respuestas muy poco a poco, prácticamente a cuenta gotas. Una línea de tiempo que va dejando hechos a cada cual más llamativo y que, además de seguir incrementando el dolor de las víctimas y familiares que sufrieron directamente esta catástrofe natural, aumentan considerablemente la indignación de todos los que han presenciado la indiferencia que ha mostrado en el este tiempo el político popular, las mentiras que ha propagado a para no asumir sus fallos y cómo desde su partido no solo no han tomado acción antes, sino que lo han arropado.

Después de todo este tiempo, en el que Mazón ha ido dando relatos distintos de los hechos, los cuales todos se terminaban por desmontar y evidenciaban que el valenciano no prestó la labor de servicio que requería una emergencia como la que provocó la DANA, todavía siguen apareciendo nuevas noticias que agravan la cada vez más débil posición del popular, al que cada vez comienzan a quedarle menos escapatorias.

Precisamente, respecto a la última que se ha podido conocer, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido uno de los tantos que ha mostrado indignación y, además, recriminaba uno de los argumentos que el valenciano venía esbozando hasta ahora para quitar peso a Vilaplana y el tiempo que compartió con ella hasta su llegada al CECOPI.

Mazón y Vilaplana, juntos hasta las ocho de la tarde

Las últimas pruebas han sacado a la luz que Maribel Vilaplana no abandono el parking donde tenía aparcado su vehículo, lugar al que le acompañó Mazón, hasta las 19:47 horas, tal y como muestran los datos de su tarjeta bancaria que han sido aportados a la jueza. Lejos de quedar ahí, es decir, que hubiera permanecido ella sola en el aparcamiento trabajando o realizando cualquier llamada, también se ha trasladado que llevó en su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau valenciano. 

Lo conocido ahora contradice por completo las versiones aportadas. Vilaplana declaró ante la jueza Nuria Ruiz que “entra sola” en el estacionamiento y que “cuando se despide en el parking, no sabe hacia qué dirección se dirigió Mazón (…)”. “Ella se bajó y ya está”, indica la transcripción de la declaración judicial.  Sin embargo, ahora se sabe que el president llegó a las inmediaciones del Palau en el coche de la periodista.

El tiempo que discurre entre la salida de El Ventorro y la del parking es también en el que se produce la desconexión telefónica del jefe del Consell, de manera que éste no responde a ni una sola llamada y tampoco las hace entre las 18:57 y las 19:34 del aquella fatídica jornada. 37 minutos en los que parece que se lo traga la tierra.

La indignación de Óscar Puente: el argumento caído del «machismo» y la crítica a las versiones distintas aportadas

«No recuerdo quien dijo que si ella no hubiera sido mujer y guapa, nadie habría pensado mal, y que pensar mal en este caso, era un rasgo de machismo…», así mostraba su indignación el ministro de Transportes en su perfil de ‘X’ trayendo uno de los razonamientos que Mazón expresó para responder a las críticas que se estaban vertiendo sobre él por haber estado desaparecido el día de la DANA mientras compartía toda una tarde con Maribel Vilaplana en El Ventorro. 

Puente cargaba contra el político popular a quien no solo recriminaba plantear el tema del machismo para tratar de revertir la situación, sino también las diferentes versiones que ha venido dando en este tiempo, la mayor parte de ellas evidenciadas como mentiras, y pensando en voz alta algo que comparten mucho españoles: «que un año después, cada día descubrimos algo nuevo».

No recuerdo quien dijo que si ella no hubiera sido mujer y guapa, nadie habría pensado mal, y que pensar mal en este caso, era un rasgo de machismo…
Bueno, eso y que han dado 27 versiones y ninguna convincente. Y que un año después, cada día descubrimos algo nuevo. pic.twitter.com/0I09eZOKFd

— Óscar Puente (@oscar_puente_) November 25, 2025

Las Cortes Valencianas se preparan para acoger este jueves 27 de noviembre la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat, tras la dimisión de Carlos Mazón y después de que el pasado miércoles el Partido Popular (PP) en la Comunidad Valenciana (PPCV) oficializara su candidatura como sustituto de Mazón. Lo hacía, sin embargo, sin contar con un acuerdo cerrado con la extrema derecha, de cuyo apoyo precisan para poder sacar la investidura adelante. Además, esta se produce en un contexto marcado por las pruebas que evidencian las mentiras de Mazón para tratar de justificar su ausencia en la gestión de la DANA.

En concreto, las mentiras, las contradicciones y también las verdades sobre Mazón en el día de la DANA se han ido acentuado de forma progresiva en las últimas horas. Así, se ha conocido la hora a la que la periodista Maribel Vilaplana pagó el parking después de comer en El Ventorro y también la hora a la que salió de este. De igual manera, también han salido a la luz los detalles sobre la sala en la que comieron los dos ese día y los 165 euros que pagaron por los dos «menús concertados». En la misma línea, en las últimas horas, también se ha podido conocer que Vilaplana recibió y vio a las 19:07 horas del día de la DANA un vídeo sobre la situación que se estaba viviendo en el barranco del Poyo. Con todo ello, mientras se estrecha cada vez más de esta forma el cerco sobre Mazón, ahora es la dirección nacional del PP la que deja solo al nuevo candidato a la presidencia de la Generalitat.

De esta forma, se despejaba la incógnita sobre quién iba a coger el mando interino de la presidencia autonómica. En un principio las opciones eran dos: la alcaldesa de Valencia y diputada autonómica, María José Catalá, que figuraba como la apuesta favorita por la dirección nacional del PP; y Pérez Llorca, mano derecha de Mazón y opción favorita por los populares en Valencia, secretario general del PPCV y diputado autonómico. Tras ello, y después de un intenso cruce de mensajes entre Génova y el PPCV, los populares despejaban la incógnita: será la mano derecha del presidente en funciones quien se presente como candidato a la presidencia de la Generalitat. 

Sin embargo, un día antes del debate de investidura, desde la dirección nacional del PP ya han adelantado que no estarán presentes en la investidura en Les Corts. Según han deslizado fuentes de Génova, nadie de la dirección nacional acudirá al debate, pese a que defienden que con esta investidura -siempre y cuando Vox confiera su apoyo- arrancará una “etapa nueva”. Al margen de ello, añaden que han estado al tanto de las conversaciones que en las últimas semanas, desde que se conoció la dimisión de Mazón, se han intercambiado entre el PPCV y la extrema derecha, con el fin de llegar a un acuerdo que permita este jueves colocar a Pérez Llorca al frente de la Generalitat. 

Pese a que diferentes miembros de la dirección nacional del PP justifican la ausencia de la Génova en la investidura alegando que tampoco han asistido a anteriores debates de investidura de otros presidentes autonómicos, lo cierto es que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, sí estuvo presente el 14 de abril de 2024 en la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta de Galicia, también lo estuvo el 23 de julio de 2022 en Andalucía cuando Juanma Moreno Bonilla tomó posesión como presidente de la Junta de Andalucía, y acompañó también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su investidura el 23 de junio de 2023.

Debate de investidura mientras se conocen nuevos datos sobre Mazón

En las últimas horas se han podido conocer nuevas informaciones y detalles sobre lo que hizo el ya dimitido Mazón durante el día de la DANA mientras centenares de ciudadanos se ahogaban. Este martes, la tarjeta bancaria del Vilaplana confirmaba que esta pagó el parking a las 19:48 horas, es decir, casi una hora después de salir de El Ventorro, teniendo en cuenta que su dueño declaró ante la magistrada que los dos abandonaron el local entre las 18:30 y las 19:00 horas. Además, un día después de conocerse esto último, una certificación del Juzgado de Catarroja ha confirmado que la periodista salió del parking a las 19:51 horas, es decir, tres minutos después de pagar la factura, que ascendió a 15,10 euros.

En líneas similares, después de que la magistrada de la DANA pidiera todos los detalles de la comida en El Ventorro, este miércoles también se han conocido datos sobre el reservado en el que comieron. Según ha podido saber este medio, estos datos ya han sido aportados al sumario, conociendo la imagen de la sala en la que comieron el dirigente popular y la periodista. Además, la factura demuestra que la cantidad a pagar fue de 165 euros, por dos “menús concertados”. Las imágenes muestran un salón sencillo con mesa ovalada, cinco sillas, sofá, mueble y dos ventanales con cortinas.

Así, el almuerzo se desarrolló en un reservado en la primera planta del restaurante con capacidad para cinco comensales. Tal como declaró en su declaración ante la juez Alfredo Romero, dueño del restaurante, la cita consistió en un menú cerrado e incluyó una botella de vino, “probablemente una caña inicial” y varias botellas de agua. La reunión concluyó a las 17:00 horas pero los comensales extendieron la sobremesa hasta las 18:45 horas y salieron del restaurante “no más tarde de las 19:00 horas”. Romero también aseguró que la Generalitat hizo la reserva “dos o tres días antes” y el PP de Valencia abonó la cuenta a través de una transferencia.

En línea con todo ello, quien fuera pareja de Vilaplana Xavier Carrau y periodista de À Punt ha desvelado que la periodista vio otro vídeo de la DANA a las 19:07 horas de aquel 29 de octubre de 2024 sobre la dramática situación en el barranco del Poyo. Así lo ha señalado a través de sus redes sociales este miércoles: “19:07 Compartimos en chat familiar este video. Todos respondemos al minuto aterrorizados”.

19:07 Compartimos en chat familiar este video. TODOS respondemos al minuto aterrorizados. https://t.co/UOpqqjpxXF

— Xavi Carrau (@xaviercarrau) November 26, 2025

La respuesta del PP a las exigencias de Vox, en el aire

El pasado 5 de noviembre, apenas dos días después de que Mazón comunicara su dimisión, se conocían las primeras exigencias que los de Santiago Abascal ponían sobre la mesa a los populares como condiciones para apoyar la investidura del nuevo candidato. Un día antes de la investidura, el PP todavía no se ha pronunciado acerca de ello y la extrema derecha tampoco lo ha hecho respecto al apoyo o no de la investidura de Pérez Llorca. 

Con esta incógnita en el aire, desde Vox plasmaron de forma nítida todos y cada uno de los pasos a seguir por parte del PP valenciano si quiere contar con el aval de los de Abascal. En primer lugar, piden a los de Feijóo rechazar el pacto verde y la inmigración “masiva”, según adelantaba La Vanguardia. El responsable de la formación ultraderechista adelantaba también que entre estas exigencias se encuentra el portazo al acuerdo climático europeo, dando así buena cuenta de su negacionismo en la comunidad autónoma que ha sufrido apenas hace un año la peor catástrofe natural del siglo, y el rechazo a la entrada de migrantes de manera “masiva”.

Por lo que respecta a este tema, Vox habría obligado al PP a que no forme parte del reparto de los menores migrantes distribuidos desde Canarias. En ese sentido, la vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, se ocupó de trasladar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en julio la postura en contra de la región a recibir más menores migrantes porque, según sus palabras, se encontraban ya “al límite”.

De esta misma forma, el síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, remarcó que Vox negociará «sobre políticas concretas», sobre las cinco medidas que «ya estaban encima de la negociación» con el PP en la investidura de Mazón y en los últimos presupuestos. Según señaló, se trata de una reducción fiscal «importante», del apoyo a la vivienda, del «freno a la inmigración irregular y masiva», de la defensa del sector primario «frente a las políticas ‘verdes’ y el fanatismo climático» y de «una verdadera calidad educativa en plena libertad para los jóvenes y las familias».

La figura de Vito Quiles no ejerce únicamente influencias en el plano mediático, sino que concentra un importante peso en el escenario político. Tras publicar el diario ‘El Salto’ una información que desgrana que el Partido Popular pagó 680.000 euros de dinero público al canal que promovió al agitador ultra, él mismo ha contestado en redes sociales diciendo que la información es “falsa” pero, al tiempo, reconoce que son “acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas que realizan muchos ayuntamientos”.

A golpe de tuit este martes a través de X -antigua Twitter-, Quiles ha comenzado diciendo que la información del medio citado es “simplemente falsa”, acompañado de una advertencia al medio: “Os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro Fiscal General”, ha dicho en referencia a la condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos ante la filtración del correo de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso, email en el que reconoció la comisión de dos delitos fiscales. Días después de anunciarse la sentencia, aún no se conoce su contenido.

Prosiguiendo con las declaraciones del pseudoperiodista, éste asegura que “nunca ha recibido un euro público” y que no está contratado “en ningún canal y el PP no ha ‘pagado’ nada a nadie”.

A renglón seguido, matiza y reconoce estos pagos: “Son acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas que realizan muchos ayuntamientos. Que vosotros seáis un panfleto de extrema izquierda y no conozcáis el funcionamiento de los medios oficiales no es mi problema. En cualquier caso, yo ni estoy en eso, soy un trabajador autónomo. Borrad, perroflautas, y buscad un trabajo serio”, ha defendido en la red social.

Esto es simplemente FALSO. Os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro Fiscal General.

Yo NUNCA he recibido un euro público, no estoy contratado en ningún canal y el PP no ha “pagado” nada a nadie.

Son acuerdos de publicidad institucional o… pic.twitter.com/J7vWEwJEYS

— Vito Quiles (@vitoquiles) November 25, 2025

Los pagos del PP a Negre y Quiles