Aunque la pregunta pueda parecer muy obvia para todo el espectro de la izquierda socialdemócrata y un irritante estorbo discursivo social para el sector más liberal de nuestra política, cabe pensar que no hay nada obvio en su significado cuando dentro de los programas políticos de los partidos parlamentarios es quizá uno de los pocos elementos comunes que cabe encontrar, desde un polo al otro del estrato electoral. Todos defienden aumentar la inversión en la construcción de más vivienda pública, aunque en todo lo demás puedan tener intereses contrarios. ¿No debería causarnos algún tipo de sospecha que, bajo este lema, que todos damos por sentado como socialmente beneficioso, tanto un partido como el contrario usen este eslogan del mismo modo? En este artículo nos vamos a centrar en reflexionar qué significa realmente defender la vivienda pública cuando la reivindican los políticos profesionales y que debe significar cuando la defendemos nosotros como sociedad. Porque igual, a base de no pensar en ello, resulta que el mismo lema ha servido a propósitos radicalmente diferentes cuando lo dicen ellos y cuando lo decimos nosotros. Igual sucede que a lo que se refieren los políticos con más vivienda pública acaba resultando un ahondamiento en la crisis de vivienda, en la venta masiva de suelo público y en la depauperación y expulsión de las poblaciones que se acogen a los regímenes sociales, que el Estado tramposamente auspicia. Igual esta reflexión nos deja ver un elemento esencial que debemos tener en cuenta como sociedad (o al menos como clase trabajadora, si entendemos que no todos los estratos de la sociedad tienen los mismos intereses) a la hora de elevar demandas al Gobierno, que bajo el marco del neoliberalismo, el interés nacional (eminentemente el lucro económico y electoral) y el interés social, son contrarios e incompatibles. Con ello en mente nos percatamos que para que una demanda con genuino beneficio social común sea llevada a cabo, no debe ser pedida a los gobiernos de turno, sino que debe ser forzada por medio de la propuesta a que se cumpla como designio de la ciudadanía, por mucho que al estado le resulte perjudicial en sus intereses privados.
Así pues, “más vivienda pública” es una proclama equívoca que puede servir a más de un interés y bajo la cual pueden convivir intereses sumamente contradictorios. Por un lado, podría pensarse en términos liberales que la solución pasa por invertir en ladrillo para posteriormente etiquetarlo como público y así eliminar la mancha de connotaciones que a la izquierda repelen, como contribuir a la lógica de la oferta y la demanda para bajar el precio de la vivienda. El asentamiento de este mantra proviene de la herencia política del franquismo inmobiliario, explicando cómo siendo el sexto país de la OCDE con más viviendas construidas (casi 500 por cada mil habitantes) el precio de la vivienda sigue la tendencia de subida absurda y deshumanizada que lleva. Tan sencillo como que construir un nuevo carril en una carretera no soluciona los atascos. El ámbito de la solución pasa más por decisiones fiscales, legislativas y, en último término, políticas, más que por la mera cuestión constructiva que jamás dejará de servir a lógicas economicistas. El mantra del ladrillo es evidente que proviene de un vicio de tiempos pasados y de una deliberada ignorancia de lo que supuso la crisis de 2007, el mayor atasco inmobiliario de la historia del país. Igual el problema es simplemente anterior a la construcción, en la medida en la que el foco problemático está en el uso y sentido de la vivienda que inspira su construcción. Uso y mercantilización y el modo en como las medidas del gobierno favorecen el negocio especulativo, la inversión privada externa, el turismo barato e implican la sustitución de las rentas más bajas de los núcleos urbanos. Si con este mantra estamos favoreciendo estas últimas consecuencias, más nos vale pensar de dónde viene, por qué lo seguimos creyendo y por qué celebramos que los políticos lo mantengan como una estrategia de propaganda electoral eficaz.
Si nos creemos este mantra es porque vivimos propagandísticamente la celebración del éxito del boom inmobiliario franquista. Éxito del que vive aún la mayoría propietaria de este país o, por lo menos, los que sobrevivieron con propiedad a la crisis de 2008. Este “milagro inmobiliario” que nos enseñó a automatizar que el problema de la vivienda es uno de oferta y demanda y que la solución siempre es la de construir más nos ha cegado completamente a la hora de entender de manera realista la crisis de vivienda que hoy acecha a todo país capitalista en mayor o menor grado. Elementos como la turistificación del mercado inmobiliario, la demanda autoinducida por grandes inversores externos, los fenómenos especulativos y el aumento de la desigualdad social (uno de sus principales factores es la percepción de una o más rentas derivadas de un alquiler) son elementos que una cuestión de oferta y demanda de la economía clásica no llega a entender y por lo que la solución franquista no deja de fracasar.
Hay que recordar que la construcción inmobiliaria masiva del desarrollismo franquista no pudo ser posible sin la subvención directa de las constructoras privadas, los mayores beneficiados del milagro de la vivienda en España. Con ello, España afianzó un pacto con el que hoy nos estrangulamos, la dependencia de la financiación privada externa. En 1954, se creó la figura de la vivienda de protección oficial como elemento central de la intervención estatal en materia de vivienda pública y, en 1957, el reciente Ministerio de Vivienda creaba el plan de urgencia social para paliar el chabolismo y mitigar los excesos del éxodo rural desregulado. Entre sus medidas estaba la construcción de sesenta mil viviendas para crear poblados de absorción que abastecieran la demanda de los inmigrantes españoles en Madrid (como lo fue El Ruedo, hoy en vías de privatizarse). Dada la incapacidad económica de llevar ello a cabo desde el Estado, se buscó subvencionar a la iniciativa privada como sustento de la construcción de vivienda pública en España.
Desde este episodio histórico es desde donde hay que comenzar a fundar la sospecha de qué implica realmente la defensa de la vivienda pública, cuando desde su fundación gubernamental ha sido completamente dependiente de la intervención privada. En la medida en la que la colaboración público-privada es esencial en el establecimiento del statu quo y responsable inmediato de nuestra situación, quizá convenga desembarazarse de una vez de la ingenuidad de que el Estado y “lo público” sigan obedeciendo a los intereses de la clase trabajadora y sea, para los demás que son propietarios, un asunto que truena sin molestar desde la comodidad de su casa ya pagada. El sentido de la política inmobiliaria franquista era asentar una clase media fuerte, que era lo que pedía la coyuntura económica occidental después de la segunda guerra mundial. Con ello, además, también se disolvía con el mismo golpe incentivos claves del movimiento obrero, para lo que era fundamental garantizar el acceso con mínimos costes estatales a la vivienda. Esa subvención privada quitaba cargas fiscales al Estado, pero consolidaba una élite constructiva del ladrillo, la financiación privada externa y la manía gubernamental de la privatización compulsiva, que aún vemos en izquierda y derecha parlamentaria. Sin embargo, todo este movimiento ya anticipaba la crisis de 2008 en la medida en que, a través de la hipoteca, se redirigió la mayor parte de la renta al pago de la vivienda, lo cual hacía dependiente a un gran sector de la población del precio de la vivienda y degradaba el Estado del Bienestar, haciéndolo mucho más débil a los alisios macroeconómicos.
En este sentido lo distintivo respecto de Europa en las políticas de vivienda española, es que, mientras el norte apostó por una vivienda social mayormente basada en el alquiler, el Gobierno español pensó en un parque de vivienda social orientada hacia los propietarios. Por este motivo resulta razonable (al menos para algunos, que confunden razón con rentabilidad) que la vivienda de protección expire temporalmente de su cualificación y quede en manos del Estado su salida al mercado competitivo. Así, finalmente, tras 15 años de protección oficial ya puede venir un posible propietario, con más dinero que el anterior inquilino, que pueda pagarla al precio de mercado. Ese dinero que salió del bolsillo de los españoles y que acaba repartido entre una inmobiliaria, un banco, una constructora y el propietario que después la ponga en alquiler.
A través de la figura del VPO se obliga a los promotores privados a construir un pequeño porcentaje de sus viviendas a un precio menor a cambio de subvenciones públicas y beneficios fiscales. Ello solo ha sido usado de pantalla para cubrir electoralmente un falso altruismo social con la transferencia de grandes sumas de dinero público a promotores inmobiliarios privados. Tan solo cabe pensar en lo absurdo de su pretendida función social en el mismo momento en que, tras su pérdida de la protección oficial, esa misma vivienda contribuye inmediatamente a procesos especulativos después de haberse integrado en el mercado. La explicación pasa por asumir que estás viviendas nunca estuvieron fuera del mercado, que la protección en su precio provenía de impuestos que alimentaban los beneficios fiscales de entidades privadas que posteriormente obtendría la oportunidad de compensar la inversión sobre la promoción construida.
La despatrimonialización del suelo público a cambio de más ladrillo para construir es evidente con la venta sistemática de vivienda pública por parte de todos los últimos gobiernos. Si esto es lo que se quiere significar con la defensa de un parque de vivienda pública, téngase en cuenta que solo ahonda en la parte del problema de la vivienda que afecta a los que más difícil lo tienen para acceder a un hogar. Entender seriamente qué significa defender la vivienda pública es entender que defender al Estado como algo ajeno y salvador respecto de los grandes tenedores privados es ignorar su estrecha compenetración histórica, que hoy está más vigente que nunca. Es entender que defender el Estado frente a las empresas en un contexto neoliberal es no atender a que el Estado funciona como otra empresa, que cada pequeño propietario que alquila su segunda vivienda funciona como una empresa. Igual la defensa de lo público tiene que ver con negar al Estado sus propios intereses y forzarle, por medio de la lucha colectiva, a que su vivienda sea efectivamente pública y su vivienda social sea efectivamente social, cosa que salta a la vista que no es el caso en Madrid.
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