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La Audiencia Nacional ha sido testigo este lunes del inicio del juicio de la Operación Kitchen que se extenderá hasta el próximo 30 de junio en el marco de un supuesto operativo parapolicial para sustraer al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas documentos comprometedores para la formación. Con una decena de acusados llamados a declarar los días 14, 18 y 19 de mayo, quien fuera ministra de Defensa María Dolores de Cospedal durante el Gobierno de Mariano Rajoy declarará únicamente como testigo, hecho que protagoniza la principal petición del PSOE conocida este lunes.

Coincidiendo con el inicio del juicio oral, la acusación popular que ejerce el PSOE ha solicitado al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) la suspensión del inicio del juicio por la Operación Kitchen para que se investigue a la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos. De esta forma, la abogada de los socialistas, Gloria de Pascual, ha aprovechado la primera jornada de cuestiones previas para reclamar la anulación del auto de apertura del juicio oral a través de la «retracción de las actuaciones» respecto a la línea de investigación sobreseída por la que ambos fueron declarados imputados en un primer momento.

En el centro de esta petición se encuentra la “conexión política” de la trama, razón por la que la abogada del PSOE considera “que tiene que haber aquí otras personas”, a la vez que ha subrayado que Cospedal “fue informada directamente por el entonces presidente del Gobierno” del “éxito de la operación de destrucción de pruebas”. De forma paralela a ello, De Pascual ha instado al tribunal que cite al PP como partícipe a título lucrativo argumentando que «es beneficiario de la actividad objeto de juicio», o bien «se le traiga» como responsable civil subsidiario.

Aprovechando el hilo de ello, la letrada ha mostrado un informe de la Unidad de Asuntos Internos en el que se pidió hace tres años una valoración del juez Manuel García Castellón, quien entonces llevaba el caso. En una pieza abierta por el magistrado, este envió los audios de Villarejo difundidos contra Cospedal y el PP. En uno de ellos, la exministra reconocía haber tenido acceso a los informes de la caja B del PP antes del juez porque se los hacía llegar el responsable de Interior en persona, tal y como avanzó elDiario.es. 

Pese a todo ello, tanto Anticorrupción como el juez Antonio Piña declinaron la petición del PSOE a través de un auto en el que el magistrado acusó a la formación de actuar en contra de “la verdad en su fundamentación, desconocedor de la buena fe procesal, y lo que es bastante peor, erróneo en los términos en los que se presenta”. Asimismo, sobre los audios que se conocieron, el juez Piña esgrimió que estos “no contienen elementos incriminatorios que se consideren suficientes para reiniciar una investigación que se encuentra sobreseída con relación a la Sra. Cospedal”.

Las defensas de los acusados solicitan también la nulidad del juicio

Por su parte, las defensas de todos los acusados han reclamado también la nulidad del juicio, alegando en su caso «falta de competencia» de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos y por la prórroga «injustificada» del secreto de sumario en la causa.

En esta línea, el abogado del exministro Jorge Fernández Díaz, Jesús Mandri, ha señalado que «no hay ningún indicio» de que el asalto al domicilio de Bárcenas en 2013 estuviera «directamente relacionado con la Operación Kitchen» y ha reclamado que este hecho se investigue por separado. De igual manera, ha pedido la declaración de falta de competencia de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los hechos, al observar «una falta absoluta de conexidad» entre los hechos de la pieza principal, esto es, los del caso Tándem, y de la pieza separada Kitchen.

De esta forma, Mandri ha agregado que mientras Tándem es «la investigación de una presunta red de corrupción en torno al señor Villarejo, quien, presuntamente, valiéndose de su condición de policía o agente en activo, ofrecía servicios a clientes privados a cambio de un precio«, Kitchen abarcaría un presunto «operativo parapolicial» orquestado por el Ministerio del Interior para «sustraer determinada información comprometedora» para algunos dirigentes del PP que pudiera tener el extesorero. «Ya nos dirán las acusaciones cuál es la conexidad o similitud de estos hechos. Absolutamente ninguna. El único denominador común que hay es que el señor Villarejo ha estado y está investigado y acusado en ambos procedimientos judiciales. Absolutamente nada más», ha argumentado.

El ‘chalet empresarial’ por el que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pagó 17.500 euros en concepto de alquiler a su socio detenido en Estados Unidos, es ahora propiedad de una de las empresas de Javier Tebas Llanas. Así figura en la nota simple del Registro de la Propiedad a la que ha tenido acceso este medio, en la que se recoge también que la finca en el madrileño barrio de Hortaleza, propiedad del hijo del presidente de La Liga, se traspasó en 2025 mediante una hipoteca de un millón de euros.

El inmueble figura en pleno dominio por compra a nombre de Ideas del Sur Producciones S.L., una de las empresas del entramado de los Tebas, desde marzo de 2025. En la actualidad, como ha podido investigar este medio, hay al menos tres firmas afincadas en esa propiedad compartimentada en oficinas como la que el novio de la presidenta madrileña alquiló por 875 euros al mes.

Además de una empresa de servicios energéticos y otra dedicada al comercio al por mayor, el chalet es la sede de Tebas Coiduras, el bufete de abogados -también propiedad de Javier Tebas Llanas- que representa a Vox en causas como la que rodean a la editorial IVAT, medio a través del que la mujer de Abascal cobró más de 60.000 euros al año. La nota simple da más detalles sobre el inmueble, como que tiene una superficie de trescientos noventa y dos metros cuadrados, o que tiene tres plantas y un semisótano. Este medio ha tratado de ponerse en contacto con el despacho para determinar en qué condiciones adquirió el chalet su propietario, sin recibir respuesta.

Ideas del Sur, registrada como una sociedad dedicada a actividades de producción cinematográfica y de vídeo, tenía anteriormente como domicilio social otro chalet, en el distrito de Chamartín, en el que figuran también otras de las empresas del entramado familiar como Tebas Law Sport. Sin embargo, como refleja la mencionada nota simple, el 5 de marzo de 2025 se formalizó el préstamo hipotecario del que quedó afecto el inmueble de Hortaleza, por el que el banco concedió a la empresa un millón de euros en un préstamo a doce años.

El novio de Ayuso alquiló el chalet del hijo de Tebas por 17.500 euros

Antes de pertenecer a la empresa del hijo de Javier Tebas Medrano, el chalet de Hortaleza fue propiedad de Juan Carlos González a través de Aerofalcon S.L. Esta es la empresa que concentra la trama de contrabando de petróleo por la que el empresario está en prisión en Estados Unidos, y a través de la cual alquiló el chalet a González Amador en 2021, tal y como figuraba en el contrato al que tuvo acceso este medio. Concretamente, el 1 de mayo, cuando González acordó el arrendamiento del inmueble por un total de 17.500 euros a Maxwell Cremona, la empresa administrada por el novio de Ayuso.

El contrato, firmado un año antes de la cesión usufructuaria de la oficina, contemplaba el pago de 875 euros mensuales entre mayo de 2022 y diciembre de 2023 por parte de la compañía para disfrutar del uso del inmueble que ahora pertenece a la empresa de Tebas. Esta empresa, Maxwell, es la que está en el foco de las investigaciones a González Amador, por las que se enfrenta a importantes penas de cárcel por presuntos fraudes fiscales, facturas falsas, corrupción en los negocios y administración desleal.

La empresa del novio de Ayuso compartía el espacio, propiedad entonces de su socio, con otras empresas que también pertenecían a González. Se trata, por ejemplo, de las sociedades Suministros Logísticos de Maquinaria, Ideas Colectivas o Greenflag Consulting, que dejaron de prestar servicio en el chalet para dar paso más tarde a las empresas del hijo de Tebas, y que presentan a día de hoy síntomas de inactividad o quiebra. Por su parte Aerofalcon, la empresa que figuraba como arrendadora en el contrato, está en concurso de acreedores desde el 7 de mayo de 2024 según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Juan Carlos González, vértice entre González Amador y Tebas Llanas

En esta conjunción de relaciones laborales, a la que ahora se suma el apellido de Tebas, destacan los lazos que unen a Alberto González Amador y Juan Carlos González desde hace años. Antes de arrendar este chalet a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el dueño de Aerofalcon S.L ejerció también como director-presidente de Insumos Médicos del Pacífico S.L., una sociedad radicada en Panamá de la que formó parte también González Amador como secretario. La empresa se disolvió en marzo de 2022, justo después del tiempo en el que el ahora novio de Ayuso habría cometido su fraude a la Hacienda española a través de Maxwell Cremona, la otra empresa que le une a González, y otras presuntas sociedades pantalla.

En 2019, mientras Aerofalcon eludía el embargo de petróleo de Estados Unidos a Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA), comenzaron las relaciones con Maxwell Cremona. Ese año, la primera cargó una factura de 7.500 euros por “asesoramiento técnico en sector Aeronáutico ISO 9100”, a la sociedad del novio de Ayuso, según figura en la documentación que está en manos del juzgado que investiga la trama corrupta de la que este formó parte. Es en esa documentación donde figura también la factura del alquiler del mencionado chalet por 17.500 euros en 2021.

Este 12 de marzo, González ha sido encarcelado en Estados Unidos por formar parte de una presunta trama de contrabando de petróleo. El empresario se enfrenta a 35 años de prisión por, supuestamente, haberse saltado el embargo de la Administración norteamericana PdVSA, la empresa estatal petrolífera del país caribeño. La Corte del Distrito de Florida del Sur abrió la causa en diciembre de 2021, pero González ha eludido a la Justicia hasta este mes, cuando ha sido detenido en República Dominicana y encarcelado en una prisión de Miami.

El Gobierno ha dado este martes un paso político de alto voltaje al aprobar en Consejo de Ministros la reforma de la Constitución que busca blindar el derecho al aborto y obligar a todos los poderes públicos a garantizar su ejercicio efectivo. El cambio, que llega después del visto bueno del Consejo de Estado, introduce un añadido en el artículo 43.3 de la Carta Magna para incorporar de forma expresa la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho que debe ser protegido por las instituciones.

La reforma no parte de cero. El derecho al aborto ya está recogido en la ley de 2010, modificada después por la ley orgánica de 2023, y quedó ratificado por el Tribunal Constitucional en una sentencia que avaló el núcleo del modelo de plazos aprobado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que hace ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez es llevar esa protección un escalón más arriba y situarla dentro del texto constitucional, con la intención de dificultar cualquier marcha atrás futura.

“Con esta reforma, España se coloca a la vanguardia de países europeos en la protección de derechos de las mujeres”, ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. «Estamos blindando el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. No está en riesgo la dimensión de libertad de este derecho, pero sí el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional. […] Nos preocupan algunas actitudes, como en Madrid, de desobediencia a la ley actual. Hay un riesgo real que pone en peligro los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo. Como sociedad tenemos que actuar», ha subrayaddo, por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

En Moncloa no ocultan la lectura política de la maniobra. El Ejecutivo considera que tanto el PP como Vox mantienen posiciones que pueden poner en cuestión este derecho si vuelven a sumar una mayoría suficiente. La reciente moción aprobada en Elche con apoyo de ambos partidos, en la que se pedía la derogación de la ley del aborto, sirvió al Gobierno para reforzar ese argumento y presentar la reforma como un dique frente a una eventual involución.

La modificación aprobada este martes afecta al artículo 43, el precepto constitucional que reconoce el derecho a la protección de la salud. El Consejo de Estado ya avaló en febrero la vía elegida por el Ejecutivo, aunque introdujo observaciones técnicas sobre la redacción y recordó que la oportunidad política de la reforma corresponde al Gobierno y al Parlamento. El órgano consultivo dio su respaldo por una amplia mayoría y aceptó la tesis de fondo del Ejecutivo: si la Constitución protege la salud y la autonomía de las mujeres, también puede incorporar de forma explícita la obligación de garantizar la interrupción voluntaria del embarazo.

La reforma entra ahora en su fase más difícil

La decisión del Consejo de Ministros abre ahora un recorrido parlamentario mucho más difícil que la aprobación dentro del propio Gobierno. Al tratarse de una reforma constitucional, el texto necesitará una mayoría reforzada de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado. Ese requisito obliga al PSOE y a sus aliados a lograr el apoyo del Partido Popular o, al menos, a forzar un escenario político en el que la derecha tenga que retratarse de forma explícita sobre un derecho que hoy cuenta con amplio respaldo social. La dificultad aritmética es evidente, pero el Ejecutivo da por hecho que el mero debate ya le permite marcar perfil político y colocar a PP y Vox en una posición incómoda.

El movimiento también llega en un momento de fuerte tensión sobre la aplicación real de la ley. Aunque el aborto está legalmente reconocido, el acceso sigue siendo desigual en varios territorios, sobre todo por las objeciones de conciencia, la dependencia de clínicas privadas y la resistencia de algunas administraciones autonómicas a desplegar todos los mecanismos previstos en la ley de 2023. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, inició hace solo unos días el trámite para crear el registro de objetores por mandato judicial, después de haber retrasado durante meses una obligación fijada por la normativa estatal. Ese episodio ha servido al Gobierno para insistir en que no basta con reconocer un derecho sobre el papel: hay que garantizarlo de forma efectiva.

En esa idea insiste también el planteamiento político de Igualdad y Sanidad. La reforma no se limita a reafirmar que el aborto es legal, sino que pretende obligar a los poderes públicos a asegurar que cualquier mujer pueda ejercer ese derecho sin obstáculos territoriales, administrativos o ideológicos. Es una respuesta directa a la estrategia de la derecha y de la ultraderecha de disputar el consenso social que se había asentado en torno a la ley. El Ejecutivo quiere convertir la defensa del aborto en un terreno de confrontación clara y presentar al PP como un partido atrapado entre su intento de moderación pública y la presión de Vox en comunidades, ayuntamientos y pactos institucionales.

El espejo exterior que inquieta al Gobierno

La experiencia internacional refuerza el argumento del Gobierno: el aborto no es un derecho irreversible. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo dinamitó en 2022 la doctrina de Roe v. Wade y abrió la puerta a que más de una veintena de estados activaran prohibiciones o fuertes restricciones; a comienzos de 2025, Reuters seguía contabilizando 14 estados con vetos casi totales. En Polonia, la restricción impuesta en 2021 dejó al país con una de las legislaciones más duras de Europa, y aunque el Ejecutivo de Donald Tusk ha intentado corregir parte de ese escenario en la práctica, la reforma legal de fondo sigue bloqueada.

Tampoco hace falta irse tan lejos para ver cómo un derecho reconocido puede vaciarse por la vía de los hechos. En Hungría, el Gobierno de Viktor Orbán impuso en 2022 la obligación de que las mujeres escuchen el latido fetal antes de abortar, una medida leída como un paso más en la presión institucional contra la interrupción del embarazo. En Italia, donde abortar es legal desde 1978, el acceso sigue siendo muy desigual: la objeción de conciencia deja amplias zonas, sobre todo en el sur, con enormes dificultades para encontrar atención, y el Gobierno de Giorgia Meloni ha impulsado medidas que permiten a grupos antiabortistas entrar en las clínicas para tratar de disuadir a las mujeres.

Argentina ofrece otro aviso. La ley de 2020 sigue vigente, pero organizaciones y medios llevan meses alertando de que los recortes presupuestarios y el deterioro del acceso a anticonceptivos y medicamentos bajo el Gobierno de Javier Milei están erosionando en la práctica un derecho ya reconocido. Ese es precisamente el argumento que Moncloa quiere colocar sobre la mesa: no basta con que un derecho exista en la ley si una mayoría política futura puede limitarlo, vaciarlo o convertirlo en una carrera de obstáculos. Blindarlo en la Constitución busca anticiparse a ese riesgo.

6 de abril. Es la fecha fijada para dar comienzo al juicio oral por el caso Kitchen, la macrocausa en la que el Ministerio del Interior, durante el mandato de Mariano Rajoy, montó una operación parapolicial para extraer material e información delicada sobre la financiación del Partido Popular a su extesorero Luis Bárcenas. Jorge Fernández Díaz estaba al frente de la citada cartera cuando se puso en marcha este operativo, surgido de las cenizas del caso Gürtel (o, mejor dicho, para evitar que el mismo tuviera un mayor alcance judicial), y que fue bautizado por la izquierda como la ‘Policía Patriótica’.

La lista de citados es larga. Jorge Fernández Díaz y otros nueve exaltos cargos del Ministerio del Interior se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del lunes, acusados de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, encubrimiento, obstrucción a la Justicia, delitos contra la intimidad, descubrimiento y revelación de secretos, y omisión del deber de perseguir los delitos. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel y 33 de inhabilitación para Fernández Díaz, el que fuera su número dos, Francisco Martínez; y el exDAO de la Policía, Eugenio Pino, pero la pena más elevada de todas, de 19 años de cárcel, es la que se pide para el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

También se sentarán en el banquillo otros cinco comisarios: Andrés Gómez Gordo, para el que la Fiscalía pide 15 años de cárcel y 48 de inhabilitación, el exjefe de la Udef José Luis Olivera (3 años de prisión), el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas (dos años y seis meses), José Ángel Fuentes Gago (tres años) y Bonifacio Díez (tres años). Por su parte, el expresidente Mariano Rajoy, la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el sucesor de Fernández Díaz al frente de Interior Juan Ignacio Zoido están citados a declarar como testigos el próximo 23 de abril, mientras que la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría hará lo propio el día 27 de abril. En cuanto al chófer de la familia Bárcenas, infiltrado clave en el caso para pasarle información a la Policía, Anticorrupción pide 12 años y cinco meses de prisión.

La declaración de Bárcenas, el 20 de abril

Por su parte, el propio extesorero del PP declarará el día 20 de abril, junto a su mujer. Bárcenas figura junto a su hijo, el cantante Guillermo Bárcenas, como acusación particular en el caso.

Bárcenas era el hombre más importante para el Partido Popular, en tanto que era conocedor de todos los secretos y entresijos de la formación. Desde la financiación irregular, los grises de las cuentas y los sobresueldos recibidos por los altos cargos del partido. Secretos inimaginables que no podían ver la luz bajo ningún concepto, y que para evitar que así ocurriese, Interior, con (en palabras del propio Bárcenas) el beneplácito y conocimiento de la cúpula mayor del partido, montó el operativo clandestino en el que le espiaron en prisión, metieron a un topo en su familia, un falso cura allanó su domicilio y secuestró a su mujer y a su hijo, y un comisario de Policía reventó el zulo en el que ocultaba documentos y grabaciones.

«¿Si saco el pendrive de Bárcenas, qué pasa?» «Nos matarán a todos», fue la conversación de WhatsApp que mantuvieron el exjefe de la Comisaría de Información Enrique García Castaño y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Según el juez García-Castellón, ya jubilado, estos mensajes acreditan que los miembros de la trama Kitchen alcanzaron su objetivo: lograron hacerse con los documentos comprometedores que ocultaba Luis Bárcenas mientras éste se encontraba en prisión. Para «sacarlo» primero hay que tenerlo en poder.

El propósito del operativo era doble: en primer lugar, evitar que las pruebas de la financiación irregular del PP pudieran ir a parar a manos del juez que investigaba el caso Gürtel. Con el paso de los años, no obstante, el caso se ha convertido en un efecto Streisand de manual: el propósito inicial del operativo era descafeinar la trama Gürtel, pero en el intento lo que ha ocurrido es que ha surgido otro caso de igual gravedad que le ha dado una doble exposición tanto al original como al derivado. Y en segundo lugar, paralelamente, el comisario Villarejo y otros mandos policiales pretendían atesorar estos documentos para chantajear a altos cargos del PP, según la Fiscalía.

Bárcenas apunta a la plana mayor del partido

Tras años de silencio, el extesorero del Partido Popular ha concedido una entrevista al diario El Mundo justo en la víspera del comienzo del juicio.Tras cumplir condena por el caso Gürtel, Bárcenas comparecerá ahora como víctima de un escándalo que equipara a un Watergate español.

La primera pregunta que le plantea El Mundo es muy directa: si la operación pudo haberse dado sin conocimiento del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Bárcenas es claro y sostiene que un dispositivo de esas condiciones surge directamente de las esferas más altas del partido: «Desde mi punto de vista una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido. ¿Por qué dos altos cargos del Gobierno (Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez) iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos personalmente en nada?», se cuestiona el extesorero, que revela también que lo que le quiso sustraer exactamente el Partido Popular era «abundante documentación de carácter económico relacionada con múltiples campañas electorales que no se financiaron por los circuitos oficiales».

A su vez, preguntado por quién cree que fue quien dio la orden de poner en marcha toda la operación, Bárcenas insiste en que lo desconoce, pero que «no la pone en marcha alguien sin sentirse plenamente respaldado por sus superiores jerárquicos en el partido y en el Gobierno». «Que los acusados puedan involucrar a alguien por encima de ellos siempre es posible. Los acuerdos con la Fiscalía para reducir condena son cada vez más habituales», argumenta el ‘popular’. El juicio oral arranca este lunes con las primeras declaraciones.

La escalada bélica en Irán ha empezado a trasladarse al mercado residencial español con una consecuencia directa: la vivienda nueva puede volver a encarecerse. El sector promotor ha asumido que el conflicto ha elevado la incertidumbre sobre los costes de construcción y que esa presión terminará llegando al comprador final. Según publicó ElPaís, un consejero delegado de una gran promotora residencial calculó que la guerra sumará “alrededor de dos o tres puntos” a las previsiones de costes que ya manejaba su empresa. 

El trasfondo ha sido energético. La tensión geopolítica en Oriente Medio ha golpeado al petróleo, al gas y a la logística internacional, y eso ha impactado en una actividad especialmente sensible a esos factores como la construcción. El artículo ha explicado que los futuros del Brent habían subido más de un 40% desde el inicio del ataque a Teherán, con picos de hasta el 55%, y que el barril cerró por encima de los 100 dólares. 

La construcción, atrapada entre energía, materiales y transporte

La preocupación del sector no se ha limitado al carburante. Distintos expertos han advertido de que el encarecimiento energético repercutirá en materiales básicos como acero, aluminio, cemento o cerámica, todos ellos intensivos en consumo de energía. Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores Inmobiliarios, ha señalado que ese impacto puede traducirse en “incrementos de dos o tres puntos porcentuales” en las zonas con mayor tensión por falta de oferta. 

La consultora Gloval ha estimado que, si el conflicto se extendía a medio plazo, los costes de construcción podían elevarse alrededor de un 10%. Asprima, por su parte, ha calculado que una subida de esa magnitud en las obras implicaría unos cinco puntos adicionales en el coste total de promoción. Cinco Días ha añadido que, en este contexto, el sector daba prácticamente por hecho que una parte relevante de ese sobrecoste acabaría repercutiéndose en el precio final de venta. 

La lógica empresarial ha sido clara: los márgenes del promotor y del constructor ya se encontraban muy ajustados, y absorber nuevos incrementos sin trasladarlos al mercado resultaba cada vez más difícil. Ignacio Moreno, consejero delegado de Aurora Homes, ha resumiado esa idea al asegurar que el incremento de costes se trasladará al precio “en la medida en que la demanda pueda absorberlo”. 

Las promociones que ya estaban muy avanzadas o con materiales comprados no deberían sufrir grandes alteraciones en sus precios de venta este año. Sin embargo, las viviendas que se entreguen en 2027 y, sobre todo, en 2028 sí han quedado bajo mayor riesgo de revisión al alza. Cinco Días ha recogido el testimonio de otro directivo del sector que preveía que los nuevos contratos de obra firmados en 2026 incorporarán aumentos del 8% al 10%, frente a un encarecimiento cercano al 5% registrado en 2025. 

Atlas Real Estate Analytics ha aportado además una estimación más técnica: con el incremento actual del coste de la energía, el alza derivada en los costes de construcción puede alcanzar el 3,2%, y el traslado al precio de la obra nueva se movería entre el 0,9% y el 1,34% en un plazo de 12 a 18 meses. Según ese análisis, la transmisión no será instantánea, pero sí persistente. 

Oferta limitada y riesgo de nuevos retrasos

El problema no se ha reducido solo a pagar más. El sector también ha avisado de que la incertidumbre puede frenar el inicio de nuevas promociones. La dificultad para cerrar presupuestos entre promotores y constructoras, unida a la escasez de mano de obra y al temor a firmar precios cerrados en un contexto tan volátil, ha complicado la puesta en marcha de proyectos. Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, ha advirtido que el constructor no sabe cuánto le costarán realmente los materiales y ha cuestionado quién puede comprometer ahora un presupuesto sin saber cuánto durará la guerra. 

Metrovacesa y APCEspaña han coincidido en el mismo diagnóstico: si el conflicto se prolonga, aumentará la presión sobre materias primas, inflación y tipos de interés, lo que puede tensionar la viabilidad de nuevos proyectos y reducir aún más la oferta de vivienda. 

Ese escenario llegaría, además, en un mercado ya muy tensionado. elPaís ha recordado que el precio de la vivienda nueva subió un 11,3% interanual en 2025, después de haber avanzado un 10,9% el año anterior, según datos del INE. Antes del conflicto, el sector esperaba una moderación para 2026, con incrementos cercanos al 5%, pero la guerra alteró esas previsiones. 

La crisis no solo ha amenazado al ladrillo por el lado de la oferta. También ha presionado la financiación. El mismo artículo ha señalado que el conflicto podía elevar la inflación y, con ello, aumentar la posibilidad de nuevas subidas de tipos. Las promotoras y las patronales han advertido que unos tipos más altos encarecerán tanto la financiación de los proyectos como el acceso al crédito para los compradores. Eso ha dibujado una doble presión sobre los hogares: precios de compra más altos y hipotecas potencialmente más caras. En un mercado donde la capacidad de ahorro ya es uno de los grandes cuellos de botella, ese efecto puede expulsar a más demandantes hacia el alquiler, elevando aún más la tensión residencial. 

Un conflicto lejano con efecto directo en el bolsillo

La guerra en Irán ha dejado de ser solo un factor geopolítico para convertirse en una amenaza tangible para el acceso a la vivienda en España. El sector ha advertido de que el encarecimiento de la energía y de los materiales no solo elevará los precios de la obra nueva, sino que también puede retrasar promociones y reducir la oferta futura. 

En un mercado ya castigado por la escasez, la demanda embalsada y el encarecimiento acumulado de los últimos años, el nuevo shock externo ha añadido otra capa de presión. Y esa presión, según han admitido abiertamente los propios promotores, terminará llegando al comprador.

El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha reaparecido públicamente tras años de silencio concediendo una entrevista al diario El Mundo, justamente en vísperas del juicio en la Audiencia Nacional por la operación Kitchen, el dispositivo parapolicial organizado por el PP para sustraerle la información comprometedora que custodiaba sobre la financiación irregular del partido. Tras cumplir condena por el caso Gürtel, Bárcenas comparecerá ahora como víctima de un escándalo que equipara a un Watergate español. El ex alto cargo ‘popular’ vuelve al foco mediático en un proceso en el que está intentando rehacer su vida, y asegura que en condiciones normales hubiera pasado página, pero que fue un durísimo golpe para él ver cómo su propio partido ponía en riesgo su vida y la de su familia para neutralizar la información con la que contaba en su haber.

La primera pregunta que le plantea El Mundo es muy directa: si la operación pudo haberse dado sin conocimiento del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Bárcenas es claro y sostiene que un dispositivo de esas condiciones surge directamente de las esferas más altas del partido: «Desde mi punto de vista una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido. ¿Por qué dos altos cargos del Gobierno (Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez) iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos personalmente en nada?», se cuestiona el extesorero, que revela también que lo que le quiso sustraer exactamente el Partido Popular era «abundante documentación de carácter económico relacionada con múltiples campañas electorales que no se financiaron por los circuitos oficiales».

Preguntado por quién cree que fue quien dio la orden de poner en marcha toda la operación, Bárcenas insiste en que lo desconoce, pero que «no la pone en marcha alguien sin sentirse plenamente respaldado por sus superiores jerárquicos en el partido y en el Gobierno». «Que los acusados puedan involucrar a alguien por encima de ellos siempre es posible. Los acuerdos con la Fiscalía para reducir condena son cada vez más habituales», argumenta el ‘popular’.

Influencias en el Supremo, una infiltración clave y el falso cura

El extesorero también revela a El Mundo que el PP le ofreció, paralelamente, influir en el Tribunal Supremo a cambio de su silencio. «Con ese ofrecimiento estuvieron jugando permanentemente y hubo varios interlocutores por su parte y también por parte mía que intervinieron en las conversaciones», señala.

Por otra parte, cabe recordar que buena parte del éxito de la operación parapolicial se debió a que su entonces chófer, Sergio Ríos, estuvo compinchado con la plana mayor del partido. Fue retribuido con fondos reservados para que comunicara sus conversaciones, sus reuniones y facilitara la sustracción de documentos, y de hecho, García Castaño llegó a confesar que les permitió el acceso al estudio de su mujer, facilitándoles la clave de la alarma y uno de sus móviles para que lo copiaran. Al ser preguntado si en algún momento sospechó algo o si Interior pudo haberle espiado a través de otras personas de su círculo, el extesorero reconoce que en ningún momento sospechó nada. Paralelamente a la infiltración del chófer, cabe recordar el episodio del asalto del falso cura en su domicilio: un individuo disfrazado de sacerdote irrumpió en su casa, secuestró a su familia, maniató a su mujer y a su hijo y les exigió las grabaciones con altos cargos del PP. «El secuestrador no era un perturbado, tenía plena conciencia de lo que hacía, conocía el interior de mi casa donde, obviamente, no había estado nunca y es evidente, desde mi punto de vista, que fue enviado por alguien preocupado por la información de carácter económico que yo pudiese tener y que le pudiese afectar», argumenta Bárcenas, que recuerda, además, que su chófer estaba de día libre, pero que apareció por su casa a los pocos minutos del asalto, lo que para él no es casualidad. «Es extraño que una persona que tiene la tarde libre esté justo enfrente de mi domicilio durante el secuestro, y que unos minutos después de que mi hijo redujese al secuestrador se presente en mi casa para ponerse a nuestra disposición».

«Además, lo que declaró en instrucción no tiene ningún sentido sobre la forma en que manifiesta se enteró de lo que estaba ocurriendo en mi casa. En aquel momento no teníamos conocimiento de la existencia de Kitchen, por lo que no pudimos intuir que estábamos ante una operación orquestada supuestamente desde el Ministerio del Interior. La fecha del secuestro coincide plenamente con las del operativo policial montado por Interior sin autorización judicial, pero qué casualidad que ese día no hubo seguimientos policiales a mi familia, cuando los estaba habiendo todos los días según hemos podido saber después», argumenta también el extesorero.

Sobre si todavía conserva información delicada que pueda comprometer al PP, Bárcenas responde que «habría que preguntarle a los mandos policiales que intervinieron en la operación sobre qué documentos entregaron y qué documentos siguen conservando«, y lamenta que lo que le hicieron fue «un atentado contra el Estado de Derecho, persiguiendo a ciudadanos inocentes y es responsabilidad exclusiva de las personas que lo organizaron», por lo que «no se puede exigir responsabilidad al partido en diferido«, en referencia a la dirección actual, sin implicación con aquellos hechos.

La condena a su mujer y la comparación con el presente

Por otra parte, El Mundo también le pregunta a Bárcenas por cómo se compara su caso con la situación política actual y sobre la ‘vara de medir’ que la justicia ha aplicado en casos como los de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García. «Cuando haya sentencia podré opinar. Tengo la sensación de que la instrucción ha sido rigurosa y a ellos les ha investigado la UCO, que es un cuerpo serio, solvente y no politizado», opina. En la misma línea, le afea al Gobierno actual el «intento de control de todos los poderes del Estado y el ataque a la independencia judicial«. «Una vez más el ataque al Estado de Derecho. En cuanto a la alternativa de Feijóo, no hay otra. Desde mi punto de vista su trayectoria sugiere que ha sido un buen gestor en todas las responsabilidades que ha desempeñado. Nos queda por conocer su forma de hacer política», añade.

Por último, Bárcenas defiende a capa y espada la inocencia de su mujer, a la que considera que fue condenada injustamente. «Ya he dicho en alguna ocasión que el máximo reproche jurídico que respecto a ella se podía haber establecido era el de participe a título lucrativo, como efectivamente se ha hecho en otros casos similares en que los maridos han sido juzgados y condenados. Pero ella fue condenada injustamente«.

Los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre Irán desempolvaron un conflicto que ha desquebrajado el orden mundial y las relaciones políticas, diplomáticas, militares y comerciales en Oriente Medio y Occidente. Esta guerra persigue los intereses económicos de un Donald Trump entregado a la causa ideológica y supremacista del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Ambos líderes se han erigido como los estandartes internacionales de la ultraderecha del siglo XXI. 

Sin embargo, otros mandatarios originalmente próximos a los posicionamientos trumpistas ―como la italiana, Giorgia Meloni― han rechazado esta injerencia del derecho internacional, han condenado esta guerra ilegal y han asegurado que no participarán en operaciones de combate aéreo, terrestre y marítimo. Palabras que han sido secundadas por el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. 

Vox, el partido más proisraelí de Europa

Tras la connivencia con Putin, la  intervención en Venezuela, las amenazas sobre Groenlandia y Dinamarca y Cuba, y los ataques contra el régimen de los ayatolás, la Unión Europea parece haber despertado. España, gracias al liderazgo de Pedro Sánchez, se encuentra a la vanguardia de la defensa del derecho internacional y de los derechos humanos. No obstante, según el informe elaborado por la Coalición Europea por Israel (CEI), Vox es el partido más proisraelí de todo el continente (98,74%).

El informe elaborado por este lobby judío, que se basa en las votaciones del Parlamento Europeo entre 2019 y diciembre de 2024, evidencia por qué Israel ―a través de su Ministerio de Exteriores― se ha acercado en los últimos meses, superando reticencias pasadas, a Vox, Demócratas de Suecia y la Agrupación Nacional francesa. Estos tres partidos son los que más han aumentado su apoyo al Estado judío tras el 7-0, siendo especialmente destacado el caso del partido que lidera Marine Le Pen, que ha pasado de votar a favor de Israel en el 75,29% de las veces al 87,83%.

Santiago Abascal, muy cercano a Netanyahu en los últimos años, visitó los kibutz de Nir Oz dos meses después del ataque de Hamás sobre Jerusalén. También se reunió con el presidente israelí dos días después de su polémico ataque a un campo de refugiados cerca de Rafah, en Gaza, para mostrarle su inquebrantable apoyo. 

Desde entonces, el Ejecutivo ebreo ha agradecido mucho esos y otros gestos. El titular de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, no repara en expresar su decisión de formalizar sus relaciones con Vox, Demócratas de Suecia y la Agrupación Nacional por sus actitudes recientes hacia el país. “Después de revisar el asunto y escuchar la opinión de los profesionales, no he visto ninguna razón para no hacerlo”, defendió Saar, que admitió que “parte de estos partidos tienen malas raíces”, en obvia referencia al Frente Nacional, fundado en 1972 por Jean-Marie Le Pen, condenado por la Justicia por negar crímenes del nazismo en Francia.

La grieta de la ultraderecha

Durante años, el debate público ha tendido a simplificar a la extrema derecha como un bloque homogéneo, cohesionado en ideas, alianzas y objetivos. Sin embargo, basta observar las tensiones internas en torno a cuestiones internacionales —especialmente en Oriente Medio— para comprobar que esa imagen monolítica es, como mínimo, incompleta.

Más que centrarse en lo que hace o dice Vox, conviene atender a quién lo cuestiona y desde qué posiciones. Porque, en este caso, las críticas más incisivas no proceden ni del Gobierno ni de la izquierda, sino de otros sectores de la propia órbita ultra. Es ahí donde emergen las contradicciones más reveladoras.

El posicionamiento internacional ha dejado de ser un elemento secundario en la definición de la extrema derecha contemporánea. En conflictos como el de Oriente Medio, se cruzan dos visiones distintas que conviven —no sin tensiones— dentro del mismo espacio político.

Por un lado, está el ala que podríamos llamar “atlántica”: alineada con Estados Unidos, cercana al trumpismo global y firmemente posicionada a favor de Israel. Esta corriente ve en el Estado israelí un aliado estratégico en la lucha contra el islamismo y como parte de un eje occidental en defensa de valores comunes.

Por otro lado, existe una corriente más «clásica«, nacionalista en sentido estricto, que prioriza la soberanía y desconfía de cualquier alineamiento internacional que pueda diluir los intereses nacionales. Para este sector, la política exterior debe estar guiada exclusivamente por una lógica de Estado, sin subordinación a bloques ni afinidades ideológicas transnacionales.

Se acusa al partido de Abascal de haber abandonado un nacionalismo “puro” para integrarse en una red internacional de derechas que gira en torno a figuras como Trump, Milei, Kast y Netanyahu y a una agenda geopolítica que no siempre coincide con los intereses españoles, ni tan siquiera europeos. La cercanía a Israel, en este marco, no se interpreta como una decisión soberana, sino como un alineamiento automático dentro de un bloque ideológico global.

Así, lo que para unos es una estrategia de posicionamiento internacional coherente con una visión occidentalista, para otros es una claudicación: una señal de que Vox habría dejado de ser un proyecto estrictamente nacional para convertirse en una pieza más de un engranaje mayor.

Nacionalismo vs Ultraderechismo

En el fondo, lo que está en juego es una batalla por la autenticidad dentro de la extrema derecha. ¿Qué significa ser verdaderamente “nacionalista” en un mundo globalizado? ¿Es compatible la defensa de la soberanía con la pertenencia a redes ideológicas transnacionales?

Estas preguntas no son nuevas, pero adquieren una nueva intensidad en un contexto en el que la extrema derecha ha ganado visibilidad y poder institucional. Y, sobre todo, ponen de relieve que no existe una única extrema derecha, sino varias, con prioridades y estrategias a veces divergentes.

Vox, en este contexto, no sólo es objeto de crítica: es también síntoma de una transformación más amplia. La extrema derecha europea ya no discute únicamente contra sus rivales, sino consigo misma. Y en esa discusión, Oriente Medio se ha convertido en un espejo incómodo donde se reflejan sus contradicciones.

Además, el Partido Popular (PP) se situa en fuera de juego al criticar únicamente al Gobierno de Sánchez, sin condenar el comportamiento dictatorial de Netanyahu y las contradicciones inhumanas de Trump.

La expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha reaparecido con una reflexión profunda sobre su paso por la política, marcada por el desgaste emocional y la violencia verbal que, según ha explicado, ha experimentado durante sus últimos años en el cargo. En una entrevista concedida en Madrid a El Periódico, Batet ha reconocido que su etapa al frente de la Cámara Baja entre 2019 y 2023 ha dejado una huella difícil de borrar. “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado. Es todo tan feo… Hay tanta violencia verbal”, ha confesado, evidenciando una tristeza profunda asociada al clima político.

Su trayectoria política comenzó en 1998, cuando el dirigente socialista Narcís Serra le ofreció incorporarse a su equipo. Desde entonces, Batet ha dedicado más de dos décadas a la vida pública, consolidándose como una figura relevante del PSC.

Antes de su salto institucional, compaginó sus estudios de Derecho con trabajos como camarera, mientras desarrollaba su carrera académica en la Universitat Pompeu Fabra. Su entrada en el Congreso fue  en 2004 de la mano de José Montilla, iniciando una etapa que se ha prolongado hasta 2023. Sin embargo, su concepción inicial de la política —basada en “construir” y “acercar posiciones”— ha chocado con una realidad que ha definido como cada vez más hostil.

La democracia en riesgo

Batet ha advertido sobre lo que considera un proceso de deshumanización de la política, en el que el objetivo ha dejado de ser el debate de ideas para convertirse en el ataque personal. “Hay tanta violencia verbal… es todo tan feo”, ha señalado. Para ilustrar la fragilidad del sistema, ha recurrido a una metáfora:“La democracia es como Campanilla en Peter Pan. Si dejas de creer en ella, deja de existir«. En este sentido, ha defendido la necesidad de recuperar la confianza ciudadana mediante una política más honesta y constructiva.

Durante su presidencia en el Congreso de los Diputados, Batet trató de suavizar el clima de confrontación. A su vez, impulsó iniciativas para alejar a los diputados de la lógica de “amigo-enemigo”, incluyendo reuniones informales entre parlamentarios jóvenes de distintos partidos.

No obstante, ha reconocido las dificultades para lograr ese objetivo. En particular, ha explicado que no ha invitado a representantes de Vox a estos encuentros debido a su negativa reiterada a participar. Asimismo, ha lamentado que, aunque se ensalce la Transición, no se practique su espíritu de diálogo. “Hay que sentarse en la misma mesa con quien piensa y vota diferente”, ha defendido.

La exdirigente socialista ha señalado al Partido Popular como uno de los principales responsables de la polarización, debido a su papel como principal fuerza de oposición. A su juicio, este rol conlleva una responsabilidad mayor en la configuración del clima político. Al mismo tiempo, ha reconocido errores propios, como no haber impulsado antes una reforma del reglamento del Congreso para limitar la presencia de activistas de ultraderecha acreditados como periodistas. Una decisión que, ha admitido, debería haber tomado durante su mandato.

Una nueva etapa, sin olvidar la política

Más allá del ámbito institucional, Batet ha descrito el impacto personal de su exposición pública. Ha asegurado que ha seguido recibiendo insultos en la calle, especialmente en Madrid, incluso en presencia de sus hijas. Las descalificaciones, que ha relatado con crudeza, han puesto de manifiesto el nivel de crispación existente. “Es muy desagradable”, ha afirmado, subrayando el efecto que estas situaciones han tenido tanto en ella como en su entorno familiar. Su salida de la política en septiembre de 2023 fue una decisión meditada durante dos años. Tras las elecciones generales y la designación de Francina Armengol como presidenta del Congreso, Batet optó por cerrar su etapa institucional.

Ha explicado que, pese a considerarse una persona fuerte, ha llegado a la conclusión de que no todo debe soportarse. En conversaciones previas con Pedro Sánchez, ha trasladado su voluntad de abandonar la primera línea política, una decisión que ha sido respetada. Tras un periodo de desconexión, Batet ha iniciado una nueva etapa profesional en el ámbito empresarial, participando como consejera en compañías como Ebro Foods y Sateliot, además de colaborar con diversas fundaciones.

A pesar de su retirada, ha defendido que la política sigue siendo una herramienta fundamental para mejorar la sociedad. Ha recordado, por ejemplo, su participación en la aprobación de la ley del matrimonio igualitario, un logro que ha definido como una de las grandes satisfacciones de su carrera. Batet ha cerrado su reflexión con una idea clara: la política debe servir para construir, no para destruir. Ha advertido de que la dinámica de enfrentamiento constante no solo desgasta a quienes la ejercen, sino que también erosiona la credibilidad del sistema democrático.

Vox ha empezado la Semana Santa dirigiéndose a su militancia en el marco de los evidentes momentos de tensión que están atravesando. El Miércoles Santo, 1 de abril, el secretario general de la formación de extrema derecha, Ignacio Garriga, enviaba un escrito a las bases del partido para responder al momento de convulsión que vive la ultraderecha por diferentes vías: numerosas salidas y expulsiones de las filas en los últimos meses, varios exdirigentes de la formación pidiendo un Congreso para debatir las ideas del partido y con el PP subido a las barbas por los gobiernos autonómicos. Garriga, no obstante, echa balones fuera, insta a los militantes a no escuchar las informaciones sobre la crisis del partido, y señala directamente al Partido Popular. «Vox está sufriendo un ataque brutal, calumnioso y miserable de parte de muchos interesados en que el partido no continúe creciendo», argumenta, y concretamente dirige el tiro hacia la dirección del Partido Popular: «En concreto, el señor Núñez Feijóo; su asesora, Mar Sánchez; y el secretario general de su partido, Miguel Tellado. El clan gallego con prácticas de contrabandistas de ría».

Los de Bambú llevan semanas autoconvenciéndose de esta teoría, de que su crisis no existe, que es un espejismo y que proviene del interés del PP por debilitarlos y desestabilizarlos. Ahora le han dado forma de texto y mensaje con un tono especialente duro contra el dirigente gallego. Una tesis que, no obstante, pierde gas cuando se tiene en cuenta que las críticas las encabezan los propios exdirigentes purgados de la formación. Vox lo justifica alegando que desde Génova «han contactado con arribistas y despechados para poner en marcha la maquinaria mediática contra el tercer partido de España». La respuesta del PP, por su parte, no ha tardado en llegar.

Desde las filas del PP acusan a la extrema derecha de «pretender que se hable de otros para que no se hable de ellos», y hablan de la carta de Garriga como «una carta a los militantes para azuzarlos contra enemigos externos cuando los problemas internos arrecian». «Eso ya lo inventó Pedro Sánchez en su debut en el género epistolar con aquellos cinco días de reflexión. Nosotros no nos confundiremos de adversario ni responderemos a los ataques de Vox. Dos no se pelean si uno no quiere», contestan desde el cuartel general del PP, aprovechando para meter al presidente del Gobierno en la ecuación.

Sin romper todas las conexiones: el beneficio de la duda

El mensaje que Vox da en la carta es duro, pero pese a ello, no rompe todas las conexiones con el PP y guarda el beneficio de la duda para la mayoría de barones ‘populares’. «Es justo reconocer que la mayoría de los barones del PP no ha contribuido al ataque mafioso«, señala también Garriga, que achaca las tensiones a la cúpula más alta del PP y sostiene que hay «otro PP», al margen de Feijóo y compañía, «con el que es posible llegar a acuerdos». El objetivo de este matiz no es otro que preparar el terreno para los pactos autonómicos que se avecinan próximamente, con Aragón, Extremadura y Castilla y León en el punto de mira, regiones en las que el PP ha ganado pero en las que necesita entenderse con la ultraderecha para poder gobernar, al no haber alcanzado la mayoría absoluta. «Es necesario que Vox consiga formar gobiernos autonómicos que se conviertan en murallas contra el sanchismo», señala Garriga al final del documento, repicando en la idea que trasladaba el PP en su propia respuesta de «no confundirse de enemigo«.

Con quien también se muestra muy crítica la misiva de Garriga es con sus excompañeros, entre ellos, antiguos pesos pesados de la formación como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith-. «Despechados y corruptos que hace tiempo no están con nosotros. […] Son personas que saltaron de Vox en los momentos más difíciles y que vuelven hoy con un desvergonzado ‘¿qué hay de lo mío?'», afea el secretario general en un tono muy duro.

Por otro lado, Garriga no da ninguna explicación sobre las críticas que existen por la falta de democracia interna en el partido que denuncian los que ya no están dentro, ni aclara a los afiliados las polémicas sobre las cuentas que también han sonado durante los últimos meses. Se limita a decir que «las cuentas son cristalinas» y que «las únicas irregularidades que se han cometido en el partido han sido descubiertas gracias a nuestros mecanismos de control». Defiende, además, que los responsables de dichos problemas ya han sido eliminados del partido e incide en que son, precisamente, algunos de ellos los que «ahora muestran tanto odio hacia el proyecto«. Por último, el secretario general ha afirmado que Vox está poniendo demandas y querellas por las «insidias repetidas» y ha hecho un llamamiento para no tener en cuenta todas las informaciones que están surgiendo alrededor de la formación, a su juicio engordadas por los medios de comunicación: «Nosotros a lo nuestro. […] No caigamos en el debate fangoso de corruptos y embusteros».

2 de abril. El conflicto en Oriente Medio entra en su segundo mes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enarbolando de nuevo una retórica combativa y de justificación de la hostilidad contra Irán. «Estados Unidos está a punto de cumplir los objetivos centrales de su guerra de Irán y finalizará el trabajo muy rápidamente, en un plazo de dos a tres semanas, en las que golpearemos con extrema dureza al régimen iraní, que ya ha sido derrotado y no representa una amenaza», expresaba el republicano en un discurso ante la nación, el primero dirigido expresamente al pueblo estadounidense desde que comenzara la Operación Furia Épica. Se esperaba algún tipo de anuncio importante, ya que las cadenas llegaron a cortar sus programaciones, pero solo fueron las mismas palabras azuzantes de las últimas semanas que, además, provocaron un aumento instantáneo del precio del Brent y una caída en las bolsas estadounidenses. Trump sigue tratando de justificar la guerra en Irán con la bomba nuclear que presuntamente Teherán está cerca de conseguir, en una cronología llena de contradicciones y de discursos contrapuestos.

19 minutos de discurso, desde la Casa Blanca, en los que Trump sacaba pecho de las «victorias rápidas, decisivas y abrumadoras en el campo de batalla». «Nunca en la historia de la guerra un enemigo ha sufrido pérdidas tan claras y devastadoras«, aseguraba el estadounidense, intentando justificar la campaña de bombardeos junto a Israel y defendiendo que la primera opción que barajaban era una solución negociada, pero que «Irán se lanzó a obtener un arma nuclear como nunca antes se había visto». Son varios los países que cuentan con cabezas nucleares en su arsenal, entre ellos los propios Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia, Israel, India, Pakistán y Corea del Norte. Irán nunca ha producido, que sea de conocimiento público, un artefacto nuclear. «El régimen fanático de Irán ha gritado muerte a América y a Israel durante 47 años y mató recientemente a 45.000 de sus propios ciudadanos que estaban protestando«, seguía argumentando el republicano, dando una cifra que ha aumentado respecto a los 32.000 de los que habló el 28 de febrero, cuando anunció el inicio de la operación. Argumentos, por otra parte, que se pisan: Trump ha asegurado en su última comunicación que su objetivo «nunca fue el cambio de régimen, pero el régimen ha caído». El primer día de la guerra animó a los ciudadanos del país a aprovechar el momento de debilidad para tomar el control de las instituciones. 

Cronología de la retórica de guerra

En el último mes, el presidente norteamericano ha sido el protagonista de una ambigua serie de declaraciones contradictorias sobre los objetivos, la duración y la necesidad de esta guerra. En su última actualización de deseos, ha hablado de desmantelar la capacidad iraní para amenazar a Estados Unidos mediante recursos propios o milicias aliadas, así como la eliminación de su marina, su fuerza aérea, sus misiles y su base industrial de defensa. «Lo hemos logrado todo», aseguraba, añadiendo que el trabajo terminará pronto. Una retórica triunfal que no solamente es la misma desde que empezó la guerra pese a las contradicciones, sino con la que Trump pasa por alto que el régimen iraní sigue en pie, que sigue determinado a no rendirse, que Israel sigue siendo atacado por Hezbolá, y que Irán sigue contando con armamento balístico y con visos de emprender una futura carrera nuclear.

Echando la vista atrás, el 3 de marzo, apenas cuatro días después de que comenzara la operación, Trump ya hablaba de que Estados Unidos había ganado la guerra tras haber matado al ayatolá Alí Jameneí. Cuatro días después, el 7 de marzo, la misma retórica: Irán ha sido derrotado. El 12 de marzo, el republicano aseguraba que «la guerra está terminando casi por completo, y de manera muy hermosa«. El 13 de marzo, Trump ganaba la guerra por segunda vez. El 14, dejaba de ganarla: «Por favor, ayúdennos. Si no nos ayudan, lo voy a recordar«.

El 16, todo resultaba ser un cebo a los miembros de la OTAN: «En realidad, no necesitamos ninguna ayuda en absoluto. Solo estaba probando para ver quién me escucha. Si la OTAN no ayuda, sufrirán algo muy malo». El 17, se reafirmaba en el desprecio a los aliados: «No necesitamos ni queremos la ayuda de la OTAN. No necesito la aprobación del Congreso para retirarme de la OTAN». El 18 de marzo, vuelta a pedir ayuda: «Nuestros aliados deben cooperar para reabrir el Estrecho de Ormuz. Los aliados de Estados Unidos tienen que espabilar: dar un paso al frente y ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz. La OTAN son unos cobardes». El 21 de marzo, resultaba que el estrecho de Ormuz ya no le interesaba a Washington porque «no lo usamos, no necesitamos abrirlo«. El 22 de marzo, llegaban los ultimátums: «Esta es la última vez. Le daré a Irán 48 horas. Irán está muerto. Les estamos dando más tiempo». El 30, continuaban: «Abran el Estrecho o arrasaremos toda la infraestructura energética y los pozos de petróleo«.

Y hoy, vuelve la retórica de guerra: «Estamos cerca de cumplir nuestros objetivos«. No obstante, lejos del triunfalismo y de los bandazos del presidente, la posición de Washington tras la guerra es discutiblemente más débil. Tras un mes y medio de conflicto, Oriente Medio se encuentra más tensionado que de costumbre, los precios del suministro energético global se han disparado, ha supuesto una desorbitada inversión de decenas de billones de dólares y mermado el arsenal norteamericano, ha fracturado todavía más la alianza transatlántica entre Europa y Estados Unidos, y ha reducido todavía más la popularidad de Estados Unidos como país de referencia para liderar el orden mundial.

Vuelta a la edad de Piedra

Por otra parte, Trump ha amenazado abiertamente con cometer crímenes de guerra y atacar con mayor virulencia si no hay acuerdo: «Haremos retroceder a Irán a la Edad de Piedra«, en una misión que se alargará otras «dos o tres semanas más», en sus propias palabras. Cabe recordar que el mandatario prometió, en campaña, que no entraría en ninguna guerra. «Si durante este período no se llega a ningún acuerdo, tenemos la vista puesta en objetivos clave. Vamos a atacar cada una de sus plantas generadoras de electricidad con gran dureza y probablemente de forma simultánea. Les haremos retroceder a la Edad de Piedra«, afirmaba.

«Es muy importante mantener este conflicto en perspectiva. La participación estadounidense en la Primera Guerra Mundial duró un año, siete meses y cinco días. La Segunda Guerra Mundial duró tres años, ocho meses y veinticinco días. La Guerra de Corea duró tres años, un mes y dos días. La Guerra de Vietnam duró diecinueve años, cinco meses y veintinueve días. Irak se prolongó ocho años, ocho meses y veintiocho días. Llevamos 32 días en esta operación militar, tan poderosa y tan brillante, contra uno de los países más poderosos, y ese país ha sido destrozado y esencialmente ya no representa una amenaza», seguía el republicano con sus justificaciones, comparando este conflicto con otras guerras históricas.

Pese a todo, el presidente no habló en su discurso sobre su amenaza de abandonar la OTAN ante lo que considera el apoyo militar insuficiente de los países aliados, especialmente en la misión para reabrir el estrecho de Ormuz. Lo único que ha tenido que decir al respecto es que Washington es independiente del petróleo que de allí sale y que, por ende, deben ser los aliados que sí reciben petróleo a través del estrecho los que «se hagan cargo y lo tomen por sí mismos». «Nosotros les ayudaremos, pero ellos deben tomar la iniciativa en proteger el petróleo del que dependen tan desesperadamente».

Justo cuando la atención en Oriente Medio está en la guerra de Irán, el genocidio que Israel perpetra contra la población palestina sigue ensanchándose, ante el silencio cómplice de la comunidad internacional. La Knesset, el parlamento hebreo, ha reformado la ley para facilitar las penas de muerte que dicten los tribunales militares. Una decisión que, en apariencia, es solo un retroceso más del país en su respeto a los derechos humanos, pero que servirá para que los jueces puedan ejecutar en la horca a los palestinos de la Cisjordania ocupada con mayor rapidez, menos trabas y -si cabe- menos garantías.

La cuestión está en que la ley, propuesta por el ministro sionista Itamar Ben Gvir, y aprobada en la Knesset por el Gobierno de Benjamín Netanyahu y la mayoría de parlamentarios, no menciona expresamente a los palestinos, pero que sí discrimina en su aplicación a una parte de la población del territorio que controla el Estado de Israel, dentro del que se encuentra la Palestina ocupada.