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El Partido Popular (PP) ha dado un paso más en su cruzada contra la inmigración y los derechos de las personas migrantes. Después de asumir en diferentes comunidades la prioridad nacional de la extrema derecha, este miércoles los populares han anunciado que presentarán una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la ley de extranjería y posibilitar las devoluciones de los migrantes que lleguen por mar a Ceuta y Melilla.

Una iniciativa por parte del PP que llega después de que el Tribunal Supremo prohibiera estas devoluciones en caliente, si bien permitió aquellas que se llevaran a cabo en elementos fronterizos, como las vallas. A razón de ello, la vicesecretaria del PP Alma Ezcurra ha alegado como razón principal de esta proposición no de ley el traslado de la presión migratoria en las ciudades autónomas de las fronteras terrestres a las marítimas. Así, Ezcurra ha sostenido que con ello buscan dar “amparo” a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que «puedan realizar su labor» y hacer estas devoluciones «con toda la legalidad y todas las garantías».

Entre otras cosas, sobre la posibilidad de que esta reforma de la norma se haga extensible a las llegadas por embarcaciones en el mar, la vicesecretaria de los populares ha señalado que los cambios se circunscribirían a las ciudades autónomas debido a que tienen un «régimen específico» por un momento de presión migratoria concreto, que tenía que ver con los saltos en la valla. Al hilo de ello, Ezcurra ha subrayado que, a su juicio, los agentes “no tienen herramientas” para responder a estas entradas, por lo que buscan darles el «amparo legal y jurídico».

Fenómeno migratorio «distinto» en las islas

Al margen de ello, la vicesecretaria ha sido también preguntada por las entradas en pateras y la situación de los archipiélagos canario y balear. En este sentido, Ezcurra ha defendido que lo que se necesita es «respaldo» del Gobierno de España «con medios, dotación de efectivos, recursos y apoyo europeo, como pueda ser Frontex».

Asimismo, sobre si en un futuro en esta reforma se podría recoger el caso de Baleares, la eurodiputada del PP ha señalado que el fenómeno migratorio es «distinto», ya que «no es lo mismo una persona que entra a nado que en embarcación». Al hilo de ello, Ezcurra ha puesto el ejemplo de Ceuta que consiste en hacer «un giro a nado» y, de este modo, ha remarcado que sí se podría hacer la devolución del migrante al país del que procede: «En Baleares o Canarias es un poco diferente», ha puntualizado.

Precisamente a razón de ello, se le ha consultado por las medidas que propondría el PP para el aumento de las llegadas de migrantes por mar a Baleares, para lo que ha planteado que hay que «reconocer que existe», con un «problema migratorio que crece de manera extraordinaria como no lo hace en toda Europa».

Medidas para enviar «un mensaje claro a las mafias»

En otro orden de cosas, la vicesecretaria del PP ha pedido que se tenga en cuenta al archipiélago en el fenómeno de la migración irregular y ha lanzado una serie de iniciativas en distintos ámbitos.

Uno de ellos sería la «mayor presencia» de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, otro sería contar con los recursos de Frontex y otro hacer del padrón una herramienta estadística con la que «venir y recibir ayudas, no sea un atractivo».

«Hacer todas las medidas necesarias para mandar un mensaje claro a las mafias, que se lucran a costa de la vida de seres humanos, para que entiendan que venir a España no es gratis y que se les va a poner problemas, que se les va a poner todas las trabas posibles para que no se lucren y no comprometan la vida de la gente», ha señalado.

Otro de los temas que ha abordado es la reciente aplicación del nuevo pacto migratorio de la UE y si a nivel balear se podría solicitar dinero de los países que se nieguen a acoger solicitantes de asilo, por lo que ha concretado que España, «primero, tendría que cumplir».

Al hilo de todo lo anterior, la también eurodiputada ha enumerado algunos de los diferentes puntos que contiene esta normativa, como la construcción de centros de internamiento, la adecuación de leyes o la dotación de efectivos y, ante esto, ha considerado que a España «le ha cogido el toro» porque «no se ha preparado». «España se tiene que poner al día con sus socios europeos, con los que se ha comprometido para hacer frente al fenómeno de la migración irregular y en esto el Govern ha sido vanguardia, al avanzar en todo aquello que permiten las competencias autonómicas», ha agregado.

España ha apuntado otro día histórico: la retirada de la Verja entre La Línea de la Concepción (Cádiz) y Gibraltar. El principio de una nueva era en las relaciones con el Peñón y por el que, desde el escenario político, se ha vuelto a vislumbrar las tiranteces y el desacuerdo entre Gobierno y oposición. Por un lado, el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, lo ha celebrado como “una nueva etapa” que cierra “una herida de tres siglos”; mientras, desde el Partido Popular lo han tachado de “fraude”.

Ante la demolición de la Verja de Gibraltar, el principal mandatario de La Moncloa ha celebrado este paso en adelante sin renunciar, al tiempo, a las reivindicaciones históricas de España sobre la colonia británica que se llevan extendiendo durante décadas. “Hoy el fin de la Verja es el principio de una nueva etapa cargada de oportunidades e ilusión para esta región”, ha aplaudido, acompañado en el acto junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares; el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo; y los alcaldes del Campo de Gibraltar –las localidades de La Línea de la Concepción, San Roque, Algeciras, Castellar de la Frontera, Tarifa, Jimena de la Frontera, Los Barrios y San Martín de Tesorillo-.

Y es que esta decisión viene supeditada por la entrada en vigor provisional del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Reino Unido por el que se pone fin a los controles de pasaportes en este punto geoestratégico. “Alguien dijo una vez que las fronteras son las cicatrices de la historia y probablemente tenga razón”, ha reivindicado Sánchez, al tiempo que ha tildado este 15 de julio como un “día histórico” y por el que “una herida que existió terminó por cerrar”.

A la contra, ha expresado que los muros representan “la decisión consciente de mantener esa herida abierta”, sinónimo de lo que fue la Verja durante estos años, “una herida abierta para los miles de trabajadores que cruzaban cada día sin saber cuánto tardarían en llegar a su puesto de trabajo y también para las familias separadas por unos metros de metal y para generaciones y generaciones que crecieron pensando que no había una solución posible”.

Gracias al acuerdo alcanzado de Bruselas con Londres, con la intermediación española, en palabras de Sánchez, se ha superado “una forma de entender la política que confunde la prudencia con la inacción, que hipoteca el futuro mirando siempre al pasado y piensa que los conflictos enquistados están destinados a permanecer abiertos”.

En estos términos, ha defendido la “determinación” de su Gobierno por haber resuelto esta tarea pendiente, alineándose así “siempre con el interés nacional y con el pleno respeto al Derecho Internacional.

Este acuerdo lleva su principal consecuencia sobre los trabajadores transfronterizos, aquellos que debían pasar los controles de seguridad cada día al entrar y al salir del Peñón para acudir a su lugar de trabajo. Bajo esta realidad, Sánchez ha hecho hincapié en que la “principal prioridad” eran ellos, en torno a 15.000 personas de las que el 70% son españoles. Ahora, contarán con “pensiones protegidas y complementarse hasta los mínimos” nacionales.

“No habrá tampoco unos retrasos en los cobros de prestaciones a causa de la descoordinación administrativa”, ha garantizado, subrayando también que cualquier ciudadano de la UE con residencia legal en España podrá realizar “una actividad por cuenta ajena en Gibraltar sin discriminación y en igualdad de condiciones”. Por ende, ha reivindicado que Gibraltar se alza ahora como “puente, no barrera; horizonte, no frontera; dueño, nunca más víctima de la historia”.

Génova habla de “fraude” y carga contra Moncloa

A la contra, en vez de celebrar la retirada de la Verja y las facilidades que ha supuesto este acuerdo internacional, desde el PP de Alberto Núñez Feijóo se han enrocado en la crítica contra Moncloa al hablar sobre “fraude” debido a que la medida no se ha ratificado en las Cortes Generales según el artículo 94.1 de la Constitución.

Fuentes de Génova han sostenido en estos términos que el Gobierno no aprovechó “la posición de ventaja negociadora” que planteaba el Brexit con respecto a Gibraltar, y que la entrada en vigor del acuerdo provisional es “un sistema sin ningún tipo de aprobación parlamentaria, tampoco del Parlamento Europeo”.

“Lo que afecta a los españoles lo deben decidir los españoles”, denunciando así que se trata de una “doble trampa” de Sánchez para impedir la tramitación parlamentaria y el escrutinio de las distintas fuerzas políticas. Así las cosas, los de Núñez Feijóo han considerado que el presidente del Gobierno “se autoexcluye del acuerdo que es entre la UE y Reino Unido”.

“¿Van a poder faenar los pescadores españoles con normalidad? ¿Qué pasa con los claros riesgos medioambientales? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con los servicios financieros?”, se han preguntado desde el principal partido de la oposición.

La Unión Europea y Reino Unido han puesto este martes firma al acuerdo que normalizará las relaciones de Gibraltar con el bloque comunitario tras años en el limbo por la ruptura del Brexit y que tendrá entre sus principales hitos la supresión esta medianoche de la Verja que durante un siglo separó el Peñón.

El comisario europeo y negociador para las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, ha sido el encargado de rubricar el Tratado en nombre de los 27, mientras que por parte del Gobierno británico el encargado de firmar ha sido el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty. «Ha llevado cuatro años de negociación paciente y compleja, pero el resultado habla por sí mismo: prosperidad compartida, cooperación más estrecha y no más barreras para unas 15.000 personas que cruzan entre España y Gibraltar todos los días. Es una sensación muy especial ver caer una valla», ha celebrado Sefcovic en un comunicado posterior a la firma.

Por su parte, Bruselas pone de relieve que el acuerdo «promoverá la prosperidad compartida y unas relaciones más estrechas y constructivas entre Gibraltar y las autoridades españolas, salvaguardando al mismo tiempo plenamente Schengen, el mercado único de la UE y su unión aduanera».

Junto a Sefcovic y Doughty en la ceremonia en la sede de la Comisión Europea, aunque no han firmado el texto legal, han estado sentados el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, y el ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, ya que, como ocurrió en las rondas políticas de negociación, el primero ha acompañado a la delegación europea y el segundo, a la británica.

La ceremonia de apenas unos minutos ha concluido sin declaraciones a los medios presentes, con una fotografía de los cuatro sosteniendo el Tratado ya firmado, que recoge 336 artículos y varios anexos que, en total, ocupan cerca de un millar de páginas.

Con la firma de Bruselas, el Tratado podrá empezar a aplicarse de manera provisional esta medianoche, mientras se completa el procedimiento de ratificación necesario para su entrada en vigor definitiva, que requiere del lado europeo del aval del Parlamento Europeo en una votación en sesión plenaria, estimada para finales de año.

Con todo, las disposiciones clave del acuerdo podrán aplicarse ya desde su entrada en vigor y, para marcar este paso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará el miércoles a La Línea de la Concepción (Cádiz) para marcar el fin de la Verja y la supresión de los controles de pasaportes entre España y el Peñón, que se trasladarán ahora al aeropuerto y serán dobles, por las autoridades gibraltareñas y por la Policía Nacional española.

El Gobierno y el Partido Socialista afrontan un nuevo golpe tras la sentencia en la que, este martes, la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez a nueve años de inhabilitación. Ya se anticipaba que la reacción, tanto de Moncloa como de Ferraz, iba a ser enmarcar la causa contra el hermano de Pedro Sánchez en el lawfare contra el entorno del presidente, ya que este es el argumento con el que atajan habitualmente los reproches sobre este procedimiento y el que rodea a Begoña Gómez. 

Y así fue. Desde el minuto uno tras conocerse la sentencia, que condena también al expresidente de la Diputación de Badajoz y último candidato de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo; tanto los ministros del Gobierno como el PSOE a través de sus cargos orgánicos salieron en tromba con un mismo argumento: existe una operación coordinada entre la derecha, los jueces y los medios de comunicación para derribar al Ejecutivo, y esta sentencia responde a ello. 

Esto es, la definición del lawfare. Hace ya meses que Moncloa abrió este camino, especialmente con aquellas causas que tienen una mayor carga emocional para el líder del Ejecutivo, y con la gasolina de las decisiones de algunos jueces. Por ejemplo, la polémica instrucción del juez Peinado contra la mujer del presidente, el procedimiento contra David Sánchez, o la condena en diciembre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Todas ellas responden, para el Gobierno, al mismo objetivo, el de apuntar al corazón de Sánchez.

Moncloa se coordina en torno a Sánchez

Este martes, el argumento quedó plasmado desde la primera reacción, de quien se ha convertido en ariete del Gobierno, el ministro Óscar Puente. Minutos después de conocerse la sentencia, el titular de Transportes dejaba claro en X cuál iba a ser la tónica: “Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas”, escribió.

Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas.

— Óscar Puente (@oscar_puente_) July 14, 2026

Unos minutos después, era el turno de la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que se enfrentaba a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La socialista empezaba diciendo que no podía reaccionar al contenido de la sentencia, pero sí al origen de la causa, que es “una denuncia de una organización de ultraderecha”. Bastaron dos preguntas más para arrancar de la boca de la ministra el mismo argumento avanzado por Puente: “Esta causa tiene un único origen, dañar el presidente del Gobierno a través de su entorno familiar”. 

El PSOE agita el lawfare contra Sánchez: “Se persigue a una persona”

En esta misma dirección fueron las reacciones del PSOE desde el primer momento. Los socialistas trasladan el mensaje de que la operación puesta en marcha desde la derecha política, mediática y judicial, responde al objetivo de revertir los avances sociales de estas legislaturas. Así se destila del primer mensaje de la número tres de Ferraz, Rebeca Torró: “Este caso forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio”. 

La secretaria de Organización socialista sostuvo que los condenados Sánchez y Gallardo “son inocentes y cuentan con todo el apoyo” del PSOE. “Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella”, remarcó. Tras discutir el contenido de la sentencia que, según ella “no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia” en la creación de una plaza a medida del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz, Torró abrochó el comunicado reiterando el argumento: “Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos”. 

La sentencia llegó mientras el Congreso de los Diputados estaba en plena efervescencia por los debates de la senda de déficit y la ley de Dependencia. La condena a Sánchez cortó en medio de la actividad, y puso la atención en los pasillos. Allí, el portavoz socialista Patxi López la calificó como “una auténtica barbaridad”, y afirmó que “no se persigue un delito, se persigue a una persona”. López extendía la acusación de lawfare a “una cacería contra el PSOE”, y recordaba su recorrido: “Empezaron con el fiscal general y ahora con el hermano del presidente. Ya basta”. 

Las tres vías de Sánchez y las causas judiciales

Moncloa y Ferraz articulan tres vías para abordar las causas judiciales que les rodean, aunque la tónica general es la de señalar las constantes coincidencias en el calendario desde que comenzaron a caer por todos los lados, hace dos meses, con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese caso, el entorno de Sánchez defiende al mismo tiempo la confianza en la Justicia y en la inocencia del expresidente del Gobierno. También mantienen el respaldo a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, o a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ambas imputadas en el ‘caso Leire Díez’. 

La causa de la fontanera es, probablemente, la que ha visto más equilibrios en la estrategia de los socialistas, que sí han condenado las actividades de su ex secretario de Organización Santos Cerdán, acusado de dirigir las cloacas, y de Leire Díez, la exmilitante que, supuestamente, ejecutó las operaciones para desestabilizar procedimientos judiciales. Ferraz también se desvincula por completo de las actividades del protagonista de la otra sentencia que sacudió a la Moncloa hace unas semanas, el exministro José Luis Ábalos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a recular con una de sus decisiones de calado internacional: la tasa del 20% que pretendía cobrar por el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz. Así, 24 horas después de haberlo anunciado, ha señalado ahora que esta tasa la sustituirá por acuerdos comerciales con los países aliados en el Golfo.

En un mensaje publicado en su red social este martes, Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca ha precisado que «el petróleo fluye como nunca antes gracias al impresionante poderío militar» de su país, dando las gracias a sus mandos militares por haber llegado a este punto del conflicto y por haber logrado que el estrecho de Ormuz «está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán, y esto se debe a su liderazgo mentiroso, violento y malicioso, que los está llevando por el camino de la destrucción total». Por este motivo, al país persa le impondrá «un bloqueo total, pero solo a los barcos que lleguen o salgan de puertos iraníes, o que transporten cualquier cosa relacionada con carga iraní». 

De esta manera, y tras aducir a conversaciones con líderes de Oriente Medio, ha tomado esta decisión cambiante de la noche a la mañana de rebocar su decisión de cobrar una tasa por navegar en este enclave estratégico: «He decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de los Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos. Estas inversiones serán enormes, pero, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos y su futuro», ha precisado. 

«Tenemos la mayor inversión en dólares en Estados Unidos de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipos llegan a Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de empleos estadounidenses bien remunerados. Estados Unidos está ganando de nuevo, ganando como nunca antes. Los días en que Irán asesinaba a cientos de miles de personas, incluyendo 52.000 manifestantes, han terminado y, lo más importante, ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!«, ha zanjado.

Hace prácticamente 24 horas atrás, Trump declaró «abierto» el estrecho de Ormuz en mitad de nuevas tensiones y ataques contra Irán, anunciando al paso que se cobraría una tasa del 20% sobre todas las mercancias que transitaran por este paso, en concepto de seguridad, después de que Irán anunciase el pasado domingo su cierre en respuesta a los últimos ataques estadounidenses, que calificaron como una violación del principio de entendimiento por la paz que ambas partes alcanzaron en junio.

Desde el prisma internacional

Una retahíla de decisiones sobre un punto estratégico mundial sobre el que no han sobrado las valoraciones de entidades internacionales. La Organización Marítima Internacional (OMI) ha reiterado su defensa a “la libertad de navegación” en Ormuz conforme al Derecho Internacional, condenando que se haya valorado un “peaje”.

“El Consejo de la Organización Marítima Internacional ha concluido su 137º período de sesiones reafirmando la importancia de preservar los derechos y libertades de navegación de conformidad con el Derecho Internacional”, ha determinado la organización, precisando que el derecho de tránsito “no debe ser amenazado, impedido, denegado, obstaculizado, menoscabo ni suspendido” por ningún país.

Al tiempo, la OMI ha condenado los últimos ataques perpetrados en la zona, como los dos navíos emiratíes ‘Mombasa’ y ‘Al Bahia’ atacados por Irán en las últimas horas, abogando así por “la desescalada de las tensiones” hacia ambas partes enfrentadas.

Partido Popular (PP), Vox y Junts han votado en la tarde de este martes en contra de la senda de déficit público, impidiendo así que salga adelante junto con los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado de 2027, cuya tramitación pasa ahora a depender de otra hoja de ruta fiscal para las autonomías. Los votos a favor han sido 172, en contra, 178, y ninguna abstención.

Durante el debate del Pleno extraordinario celebrado este martes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha expresado la defensa del Gobierno a la senda poniendo de relieve los más de 5.800 millones de margen fiscal que se confiere a las autonomías con esta senda. Al hilo de esto, España ha interpelado a todos los grupos parlamentarios «para que actúen con responsabilidad pensando en el interés general y evitando debates estériles». «Son unas buenas cuentas para las comunidades autónomas y los ayuntamientos, son buenas para nuestras finanzas públicas y para nuestro país», ha subrayado.

La senda planteada por el Ejecutivo fija el déficit del conjunto de administraciones públicas en el 1,8% del PIB para el próximo año, 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029. De este conjunto, la mayor parte del déficit la asumirá la Administración Central, con el 1,5%, 1,4% y 1,3% para el periodo 2027-2029. De su lado, el déficit concedido a las comunidades autónomas es del 0,1%, lo que supone un margen fiscal de unos 5.849 millones de euros

Sin embargo, derechas y extrema derecha se han reunido en torno al ‘no’ a la senda de déficit, ante algo que consideran un «trile». El diputado del PP José Vicente Marí Boso ha rechazado frontalmente la senda de estabilidad presupuestaria al considerar que es un «trile». De esta forma, el diputado del PP ha esgrimido que, pese a ese margen fiscal superior a 5.800 millones, esa cantidad no podrá gastarse por las estrecheces de la regla de gasto que tienen que cumplir las autonomías. En esta línea, Marí ha censurado la «irresponsabilidad fiscal» del Gobierno al haber «descontrolado» la regla de gasto, no haber aprobado unos nuevos Presupuestos en lo que va de legislatura y haber empobrecido a la población, de manera que «ocho millones de españoles dependen de subsidios o de salarios muy precarios».

Por su parte, desde la derecha catalana, el portavoz adjunto de Junts en el Congreso, Josep Maria Cruset, ha defendido que la senda de déficit que han tumbado con su voto en contra perjudica a Cataluña ya que, según lo expuesto por Cruset, de cada cien euros de déficit que se reparten a las comunidades a Cataluña le toca uno. «Lo que ustedes proponen hoy es evidente que es una estafa para Cataluña y ustedes no pueden contar con los siete votos de Junts para aprobarlo», ha subrayado Cruset.

Entre otras cosas, el diputado de Junts también ha tachado de «operación de marketing» y de «teatro» la tramitación presupuestaria, habida cuenta que el Gobierno no cuenta con mayoría en el Parlamento para aprobar los Presupuestos, para «tapar las flaquezas» y los «casos de corrupción» en los que está implicado el Gobierno.

En línea con todo ello, pero en lo que concierne a la extrema derecha, el diputado de Vox José María Figaredo se ha mostrado tajante sobre su voto a la senda de déficit: «No cuenten con nosotros». Con ello, Figaredo ha justificado el rechazo en la gestión presupuestaria que viene haciendo el Ejecutivo, señalando que ha aprobado solo tres presupuestos desde 2018, cuando lleva gobernando desde ese año. Asimismo, el diputado de la extrema derecha ha denunciado que por mucho que el Gobierno quiera ensalzar a los presupuestos como los «más sociales», España lidera en pobreza infantil en Europa y los salarios netos reales de los españoles están peor que en 2018. «Estamos en ruina, nos hemos arruinado. Los servicios públicos están hechos un asco«, ha espetado desde la tribuna de la Cámara Baja.

El PNV cede, pero pide explicaciones al Gobierno

En otro orden de cosas, la portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, avanzaba instantes previos a la votación su voto favorable porque considera que la senda es el camino «menos perjudicial», ya que si no saliera adelante -como finalmente ha pasado- los Presupuestos se elaborarán con un cuadro fiscal más restrictivo para las comunidades autónomas.

No obstante, pese al ‘sí’ del PNV, Sagastizabal ha pedido explicaciones al Gobierno, habida cuenta de que no van a conseguir apoyos suficientes para la senda: «¿Cómo pretenden aprobar los Presupuestos si hoy no logran los apoyos para aprobar la senda, que es el primer paso para elaborarlos?».

Con ello, la diputada ha criticado la «falta de anticipación política» del Ejecutivo y ha señalado que no sólo vale con anunciar objetivos presupuestos más ambiciosos, sino que hay que construir mayorías estables que los aprueben.

Por su parte, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna se ha mostrado muy crítico con la retórica «social» de los Presupuestos cuando en realidad se está aumentando el gasto militar.

Como ya es costumbre, la semana empieza con el aliento contenido en La Moncloa, donde la mirada está fija en lo que salga de los tribunales. A las citas judiciales que ya están previstas, el Gobierno suma el temor a una nueva sorpresa, que puede llegar desde la Audiencia Provincial de Badajoz con la sentencia al hermano del presidente Pedro Sánchez. 

El juicio a David Sánchez quedó visto para sentencia el pasado 9 de junio, después de que la Fiscalía y las defensas pidieran una vez más su absolución y la del resto de acusados, que incluyen al expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, por la ausencia de pruebas sobre el presunto enchufe del hermano de Sánchez en el organismo. El fallo, que se espera para los próximos días, e incluso horas, podría poner patas arriba al Ejecutivo, que enmarca esta causa, dentro de todas las que le rodean, en el discurso del lawfare. 

La posibilidad de que haya una condena al hermano del presidente se baraja desde hace semanas en Moncloa, donde se ha creado una suerte de manual con tres formas de abordar la oleada de causas judiciales que afectan al PSOE. Eso sí, la línea general es la de señalar que el calendario de los últimos dos meses ha estado lleno de coincidencias. 

Moncloa señala el lawfare en las causas de David Sánchez y Begoña Gómez

El caso de David Sánchez es la gasolina para la teoría de que existe una dinámica judicial, mediática y política para hacer caer al Gobierno, de la que se está aprovechando el Partido Popular. El juicio al hermano del presidente se podría resumir en una denuncia de acusaciones populares de ultraderecha, respaldada en un informe de la UCO, contra un sinfín de testimonios que desmienten que se creara una plaza a medida en la Diputación de Badajoz. 

La propia Fiscalía señaló en su informe final las “conjeturas” del PP y del resto de acusaciones, y pidió la absolución de Sánchez y los otros diez encausados al no haber “ninguna prueba” de que se cometieran irregularidades en su acceso al puesto de coordinador de conservatorios, ni tampoco en el nombramiento posterior de su amigo, Luis Carrero. “No hay ninguna prueba de que en ese procedimiento se hayan determinado arbitrariamente estos méritos y que se haya determinado de una forma grosera, arbitraria, en justicia, ilegal; el nombramiento”, expuso la fiscal. 

En ese mismo nivel, el del lawfare, Moncloa enmarca otro de los procedimientos de los que se esperan novedades esta semana. Se trata de la causa contra Begoña Gómez, y el motivo es la polémica instrucción dirigida por el juez Juan Carlos Peinado. La Audiencia Provincial de Madrid aborda desde este lunes dos recursos, de la Fiscalía y de la propia defensa de la mujer del presidente del Gobierno. La Sección 23, que ya ha tenido que corregir sobre lo que hacía el magistrado en una veintena de ocasiones durante la instrucción, aborda ahora la decisión de enviar a Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, a juicio ante un jurado popular. 

De la cautela con Zapatero al rechazo a Ábalos

Al tiempo, existen otros dos frentes judiciales a destacar con un importante matiz diferenciador. La causa abierta contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, por un lado, ha situado el discurso de Moncloa en la confianza tanto por el relato del exdirigente socialista como por el proceso de la Justicia. Tras las explicaciones brindadas en su primera vista ante el juez José Luis Calama, Zapatero, en una carta pública posterior, pidió “confianza” y defendió su inocencia y haber actuado en todo momento “con decencia y honradez”.

Desde entonces, Moncloa fijó su respaldo en estas declaraciones y en la trayectoria política del exdirigente del Gobierno. Fuentes gubernamentales señalaron el pasado mes de junio que el principal investigado en el ‘caso Plus Ultra’ se puso “voluntariamente a disposición del tribunal una autorización universal para que comprobase la inexistencia de sociedades, cuentas, productos financieros o cualquier activo de su titularidad fuera de España”, por lo que, “frente al ruido, juicios paralelos y condenas anticipadas”, defendieron que las investigaciones judiciales “se desarrollen con garantías y que sean los tribunales quienes determinen los hechos”.

En la otra cara de la moneda, la sentencia firme del ‘caso mascarillas’ por la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado por el Tribunal Supremo a 24 años de prisión, mientras que su exasesor Koldo García a nueve años, desde el Gobierno asumieron y aceptaron la condena sin ambages. “El que hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso”, dejó en claro el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. “Ni todos los políticos son corruptos, ni todos los jueces son perfectos, ni todos los periodistas son maravillosos”, agregó.