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Ante la devastación provocada por los terremotos registrados en Venezuela, el Gobierno de España ha activado un dispositivo de ayuda humanitaria y de emergencia, coordinado entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, con el objetivo de apoyar las labores de rescate y evaluar las necesidades sobre el terreno en las primeras horas posteriores al desastre.

La respuesta española incluye el envío de un contingente especializado de la Unidad Militar de Emergencias (UME), considerado uno de los cuerpos de referencia en intervenciones internacionales tras grandes catástrofes. En concreto, Defensa ha movilizado a 57 efectivos del Segundo Batallón de la UME, con base en Morón de la Frontera, una unidad especializada en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y con experiencia en despliegues recientes tras los terremotos de Turquía y Marruecos.

El operativo se completa con dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, fundamentales para la localización de personas atrapadas entre los escombros. Estos equipos USAR (Urban Search and Rescue) combinan el trabajo de perros de búsqueda especialmente adiestrados con tecnología específica para rescates, como cámaras de inspección y geófonos, dispositivos capaces de detectar sonidos y movimientos bajo estructuras derrumbadas.

Todo el contingente viaja a bordo de un avión del Ejército del Aire y del Espacio, que despega desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. No obstante, las autoridades españolas estudian la mejor ruta para acceder al país debido al cierre del principal aeropuerto de Caracas como consecuencia del terremoto.

Junto al despliegue militar viaja también un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuya misión inicial será realizar una evaluación sobre el terreno para identificar las necesidades humanitarias más urgentes. La agencia ha puesto a disposición de Venezuela todas sus capacidades de respuesta, incluyendo el envío de material de emergencia, financiación para operaciones humanitarias y la posible activación del hospital de campaña START, preparado para intervenir en crisis internacionales.

En el avión se transportan además suministros de primera necesidad, entre ellos mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras de agua, destinados a atender a la población afectada durante las primeras fases de la emergencia. La AECID también mantiene preparada ayuda adicional compuesta por material sanitario y alimentos para su envío en función de las necesidades que detecten los equipos desplazados.

El despliegue ha sido coordinado directamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha mantenido varias conversaciones telefónicas con su homólogo venezolano, Yván Gil, para concretar la asistencia española y adaptar el dispositivo a la evolución de la situación. Paralelamente, la Embajada de España y el Consulado en Venezuela permanecen operativos para prestar atención a los ciudadanos españoles residentes en el país y colaborar en las tareas de coordinación humanitaria.

 

Moción de censura y elecciones anticipadas. Estas han sido las dos principales exigencias de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas debido a las causas judiciales abiertas y su consiguiente repercusión en el tablero político. Sin embargo, ahora empieza a hablarse de una nueva iniciativa: la cuestión de confianza. El Partido Popular, con el apoyo de Vox y Junts, ha impulsado esta medida en el Congreso de los Diputados este jueves, con la que se insta al jefe del Ejecutivo a que se someta a una valoración de las fuerzas parlamentarias sobre su continuidad en La Moncloa.

Pese a que Sánchez ha reiterado en multitud de ocasiones en el último mes que su intención es agotar la legislatura en 2027, descartando un adelanto electoral antes de que la cita se produzca en los tiempos naturales que marca el calendario, las principales formaciones de la oposición vienen maniobrando para presionar al principal jefe de Moncloa a claudicar su mandato cuanto antes.

Claves de una cuestión de confianza

Ahora, con la cuestión de confianza sobre la mesa en clave parlamentaria, cabe hacerse una pregunta primordial: ¿En qué consiste, cómo se aplica y qué implica? Esta herramienta está recogida en el artículo 112 de la Constitución española y en los artículos 173 y 174 el Reglamento del Congreso. En el caso de la Carta Magna, reza así:

“El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”.

Esta herramienta constitucional, de corte más laxo que una moción de censura, ha de ser iniciativa del propio presidente del Gobierno y debe aprobarse en deliberación del Consejo de Ministros, por ello, la moción del PP es de petición, no de presentación de la iniciativa al no entrar en sus competencias. Al respecto, se han de tener en cuenta los dos artículos de la Cámara Baja mencionados:

“Artículo 173

El Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.

Artículo 174

1. La cuestión de confianza se presentará en escrito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo de Ministros.

2. Admitido el escrito a trámite por la Mesa, la Presidencia dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará al Pleno.

3. El debate se desarrollará con sujeción a las mismas normas establecidas para el de investidura, correspondiendo al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los miembros del mismo, las intervenciones allí establecidas para el candidato.

4. Finalizado el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación a la hora que, previamente, haya sido anunciada por la Presidencia. La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que transcurran veinticuatro horas desde su presentación.

5. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.

6. Cualquiera que sea el resultado de la votación, el Presidente del Congreso lo comunicará al Rey y al Presidente del Gobierno”.

 

En este caso, el procedimiento se iniciaría con el escrito del jefe del Ejecutivo central presentado ante la Mesa del Congreso después de haber sido convalidado en el Consejo de Ministros. Posteriormente, se trasladaría a la Junta de Portavoces y, tras obtener luz verde, se convocaría un Pleno extraordinario para su debate y posterior votación de las fuerzas parlamentarias 24 horas después de su presentación a la Cámara Baja, de la que se deberá obtener mayoría simple para que salga adelante.

Escenario actual para una cuestión de confianza

Cabe recordar que allá por 2018 Sánchez maniobró con estas herramientas sobre el Gobierno popular de Mariano Rajoy, legislatura que culminó con una moción de censura que resultó exitosa.

Ahora, con estas cartas sobre la mesa, con motivo de las causas judiciales abiertas que rodean al entorno del Gobierno y PSOE, como el ‘caso Plus Ultra’ o ‘caso Leire’, así como la reciente condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, han sido motivo para que el PP y otras fuerzas parlamentarias valoren medidas de presión.

El Pleno del Congreso, con los votos a favor de Vox y Junts a la moción del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado este jueves que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, instándole a que considere “la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa”.

Según la información actualizada que maneja el Gobierno de Rodríguez, son al menos 188 las personas fallecidas por los seísmos de más de 7 grados de magnitud y otras 1520 heridas, mientras otro relevante volumen de personas aún continúa en paradero desconocido. Los fuertes terremotos se han visto secundados por 30 réplicas y han dejado una importante cantidad de edificios colapsados en la zona de La Guaira, ya considerada como “zona de desastre”.

La presidente interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Según ha dicho esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

A su vez, ha anunciado una partida para la “atención inmediata” de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto “a decenas de familias” venezolanas.

La gravedad de los seísmos ha agravado una situación humanitaria al límite, puesto que, en estimación de la ONU, habría en Venezuela 7,9 millones de personas en necesidad en este año, mientras que organizaciones nacionales elevan la cifra hasta los 12,4 millones de personas, teniendo en cuenta que el país caribeño cuenta con una población de 28,5 millones de habitantes.

Al menos 68 españoles entre los desaparecidos

Los dos terremotos que han sacudido esta madrugada al corazón de Venezuela han dejado al menos 188 víctimas mortales. Entre el volumen de personas desaparecidas, según ha confirmado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hay 68 españoles en paradero desconocido. 

“En estos momentos, 68 españoles no han sido todavía localizados”, ha precisado el titular de Exteriores español en un mensaje de audio desde República Dominicana, donde ha realizado escala el avión en el que acompaña al rey Felipe VI a México con motivo de la celebración del Mundial, y desde donde ha mantenido conversaciones telefónicas con el canciller venezolano, Yvan Gil.

Bajo este marco, Albares ha realizado un llamamiento “a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la Embajada y el Consulado» a que lo hagan por medio de teléfonos de emergencia consular y que se mantengan pendientes de comunicados oficiales a través de redes sociales y fuentes verídicas. Una petición que también se ha dirigido a españoles que “se encuentren de tránsito por trabajo o turismo” para que “sigan esas redes donde iremos haciendo y actualizando los anuncios pertinentes según vaya evolucionando la situación”.

El ministro también ha precisado que el Consulado español “ha sufrido daños de una cierta envergadura”, pero no ha sido el caso de la Embajada, pero ambos están “plenamente operativos” y al servicio de los españoles. Sin quedarse en este punto, ha agregado que “la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores también está haciendo un seguimiento constante”: “Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia”, ha enfatizado.

Las cifras del Ministerio apuntan a que unos 200.000 españoles residen en Venezuela, aunque aún no hay confirmación oficial de ningún nacional fallecido por la catástrofe natural que ha sacudido el país caribeño.

Sánchez conversa con Delcy Rodríguez

A estos avances de conversaciones con las autoridades venezolanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de redes sociales que ha mantenido una conversación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras los terremotos en el país caribeño. “He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias. España está preparada para ayudar”, ha enfatizado.

De hecho, de camino a Caracas ya viaja un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de ERICAM, además de personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) “para evaluar las necesidades sobre el terreno”.

Sánchez ha precisado en el mismo mensaje que el Gobierno “está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española de Venezuela”. Previamente, a primera hora de este jueves, el jefe del Ejecutivo central ya mostró su apoyo al pueblo venezolano y, especialmente, a las víctimas.

Acabo de hablar con @delcyrodriguezv tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias.

España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos…

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2026

Donald Trump volvió a exhibir este miércoles su creciente distancia con varios de los principales aliados europeos de Estados Unidos. En una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente estadounidense expresó su malestar por la falta de respaldo recibido por parte de numerosos socios de la Alianza Atlántica y aprovechó para lanzar duras críticas contra España, a la que calificó como “un auténtico desastre”.

El mandatario republicano situó el origen de su decepción en la ausencia de apoyo político europeo a la ofensiva militar lanzada por Washington contra Irán. Aunque insistió en que Estados Unidos no necesitó ayuda para desarrollar la operación, reprochó a varios gobiernos europeos que ni siquiera mostraran públicamente su disposición a colaborar.

“Nos decepcionaron”, aseguró Trump. “No necesitábamos ayuda alguna, los arrasamos literalmente en la primera semana. Pero habría estado bien que nos hubieran dicho: ‘Nos gustaría ayudar’”. El presidente estadounidense citó expresamente a Italia, Reino Unido, Alemania y Francia entre los países que, a su juicio, no estuvieron a la altura de las circunstancias.

En ese contexto, reservó algunas de sus palabras más duras para España. “España es un auténtico desastre. España es terrible, incluso desde vuestro punto de vista. No quieren pagar nada, creen que pueden ir a la suya”, afirmó ante los medios, mientras Rutte permanecía en silencio y evitaba responder a las descalificaciones dirigidas contra uno de los miembros de la organización que dirige.

La escena volvió a poner de manifiesto la sintonía entre el secretario general de la OTAN y la Casa Blanca. Lejos de cuestionar el tono o el contenido de las declaraciones de Trump, Rutte se mostró comprensivo con parte de sus reproches hacia los aliados europeos y llegó a reconocer que existían “motivos” para la decepción expresada por el presidente estadounidense.

Aun así, trató de matizar algunas de sus acusaciones, recordando que los países europeos han cumplido los compromisos adquiridos con Washington y defendiendo el papel estratégico que desempeña Europa para las operaciones militares estadounidenses. “Sería muy difícil abordar el tema de Irán sin contar con Europa como plataforma para Estados Unidos”, señaló.

Rutte también aprovechó la comparecencia para destacar el aumento del gasto militar entre los aliados europeos y Canadá desde el primer mandato de Trump. Incluso llegó a exhibir un gráfico bautizado como el “billón de Trump”, con el que atribuyó al dirigente republicano buena parte de la presión que ha llevado a numerosos países de la OTAN a incrementar sus inversiones en defensa.

Por su parte, Trump insistió en que no reclama recursos económicos a sus aliados, sino compromiso político. “Solo quiero lealtad”, afirmó. “Tenemos, con diferencia, el ejército más poderoso del mundo, pero queremos un empujoncito, un besito. No pedimos mucho”. Una exigencia que volvió a evidenciar las tensiones que atraviesan actualmente la relación entre Washington y buena parte de sus socios europeos.

 

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la prisión de Soto del Real tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de cárcel por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el caso mascarillas.

En un audio de 12 minutos difundido por su entorno y al que ha accedido la SER, el que fuera secretario de Organización del PSOE rechaza asumir los hechos y califica la pena de “abultada”, “desproporcionada” y “predeterminada”. Según sostiene, la causa partió desde el inicio de una “hipótesis de culpabilidad” con el objetivo de forzar una confesión que nunca se produjo.

Frente a esa versión, la sentencia del Supremo considera acreditada la participación de Ábalos en la trama de contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. El tribunal sostiene que las pruebas practicadas en el juicio permiten fundamentar la condena por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

La resolución rechaza además que el fallo descanse únicamente sobre las manifestaciones de Víctor de Aldama. Según el criterio de la Sala, su testimonio fue valorado junto a otros elementos incorporados al procedimiento, entre ellos documentación, declaraciones testificales e informes, que habrían servido para corroborar los hechos objeto de condena.

El alto tribunal también descarta las tesis exculpatorias de la defensa y no aprecia la vulneración de garantías fundamentales denunciada por Ábalos. La sentencia entiende que el procedimiento respetó los derechos de los acusados y que la condena queda respaldada por el conjunto de la actividad probatoria desarrollada durante la vista oral.

Ábalos, sin embargo, considera que el juicio tuvo “implicaciones políticas claras” y que la sentencia buscó ser “ejemplarizante”, alejándose, a su juicio, de la Justicia. También carga contra Víctor de Aldama, al que define como un “delator no arrepentido”, y critica el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que, según afirma, le habría permitido obtener beneficios procesales mientras continúa vinculado a negocios de hidrocarburos.

El exministro reprocha al tribunal haber otorgado valor decisivo a las manifestaciones de Aldama y no haber atendido otros testimonios e informes que, según su versión, le eran favorables. En particular, menciona a la UCO, que durante el juicio situó a Aldama en la cúspide de la trama y sostuvo que su confesión no resultó determinante para descubrir los hechos investigados.

Ábalos insiste en que durante el procedimiento se vulneraron sus derechos fundamentales. Entre otros motivos, denuncia que no tuvo acceso a sus dispositivos, que su causa debió remitirse a la Audiencia Nacional al perder el aforamiento y que Koldo García quedó privado del derecho a la doble instancia.

Por todo ello, el exministro anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

 

Las últimas intervenciones públicas de Felipe González han vuelto a situar al expresidente del Gobierno en el centro del debate político. Aunque el histórico dirigente socialista mantiene formalmente su independencia respecto a otros partidos diferentes al PSOE, buena parte de sus planteamientos coinciden hoy con las principales líneas discursivas que defiende el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. 

Desde la exigencia de un adelanto electoral hasta las críticas por los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE, pasando por su rechazo a determinadas decisiones estratégicas del Ejecutivo, González ha terminado ocupando posiciones que el Partido Popular utiliza como munición política contra Pedro Sánchez.

La coincidencia no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos meses, hasta el punto de que numerosas declaraciones del expresidente han sido incorporadas al debate parlamentario por dirigentes populares como argumento de autoridad frente al Gobierno.

Elecciones anticipadas: la principal coincidencia

Uno de los puntos de encuentro más evidentes entre González y la dirección nacional del PP es la conveniencia de devolver la palabra a los ciudadanos mediante unas elecciones generales.

Mientras Feijóo sostiene desde hace meses que la legislatura se encuentra agotada política y moralmente, González ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de que los españoles puedan pronunciarse ante la actual situación institucional. El expresidente ha cuestionado la capacidad del Ejecutivo para seguir gobernando con normalidad en un contexto marcado por la polarización y las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.

La tesis coincide prácticamente con la estrategia desplegada por Génova, que considera que la única salida política pasa por una convocatoria electoral anticipada.

La corrupción como problema estructural

El segundo gran punto de convergencia aparece en la lectura sobre los escándalos de corrupción. Aunque González ha evitado equiparar directamente los distintos casos judiciales, sí ha mostrado una enorme preocupación por el daño reputacional que generan para el PSOE. En varias entrevistas ha advertido de que la corrupción constituye una de las principales amenazas para cualquier proyecto político y ha reclamado una respuesta contundente ante cualquier irregularidad.

Ese planteamiento conecta con la ofensiva impulsada por el Partido Popular, que ha convertido la corrupción en el eje central de su oposición parlamentaria. Los populares sostienen que los casos que afectan a antiguos dirigentes y personas vinculadas al socialismo han erosionado la credibilidad del Ejecutivo y exigen responsabilidades políticas inmediatas.

La diferencia reside en el tono. Mientras González suele plantear una reflexión sobre el deterioro institucional que provocan estos episodios, el Partido Popular utiliza esos mismos casos como elemento de confrontación directa contra Sánchez.

Críticas a la dependencia parlamentaria de los socios

Otro espacio de coincidencia aparece en la relación del Gobierno con sus socios parlamentarios. El expresidente socialista ha mostrado reiteradamente su incomodidad con la influencia que ejercen sobre el Ejecutivo fuerzas independentistas y nacionalistas. González considera que algunas decisiones adoptadas durante la legislatura responden más a necesidades de supervivencia parlamentaria que a una estrategia de Estado.

Esa crítica es compartida plenamente por el Partido Popular, que denuncia desde el inicio de la legislatura la dependencia de Sánchez respecto a Junts, ERC, EH Bildu y otras formaciones territoriales.

La amnistía y las cesiones al independentismo

Probablemente ninguna cuestión ha evidenciado más claramente la distancia entre González y la dirección actual del PSOE que la ley de amnistía. El expresidente se ha mostrado abiertamente contrario a la medida y ha cuestionado tanto su oportunidad política como sus fundamentos jurídicos. Un rechazo que coincide con la posición mantenida por el Partido Popular, que ha convertido la amnistía en uno de los principales argumentos de oposición al Gobierno.

En este terreno, González ha llegado incluso a formular críticas más severas que algunos dirigentes conservadores, al considerar que determinadas decisiones comprometen principios básicos de igualdad ante la ley.

Regularización de inmigrantes y control migratorio

Las coincidencias también han aparecido en el debate migratorio. Aunque González mantiene posiciones alejadas de los planteamientos más duros de la derecha, ha defendido la necesidad de una política migratoria ordenada y vinculada a la capacidad de integración y acogida. Un enfoque que conecta parcialmente con los discursos del Partido Popular sobre control de flujos migratorios y planificación de la inmigración legal.

No existe una coincidencia plena en esta materia, pero sí una visión compartida sobre la necesidad de compatibilizar solidaridad y gestión efectiva de las fronteras.

El deterioro institucional

González ha alertado repetidamente sobre lo que considera un progresivo deterioro de la calidad institucional española. Sus críticas han alcanzado cuestiones como la tensión entre poderes del Estado, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la creciente polarización política.

Ese diagnóstico es utilizado habitualmente por el Partido Popular para reforzar su acusación de que el Gobierno ha contribuido a debilitar los contrapesos institucionales durante la presente legislatura.

Donde siguen existiendo diferencias

Pese a las coincidencias, González continúa manteniendo posiciones alejadas de la dirección popular en cuestiones esenciales. El expresidente sigue reivindicando el papel del Estado del bienestar, la ampliación de derechos sociales, la integración europea, la defensa de los servicios públicos y buena parte del legado de los gobiernos socialistas. Tampoco comparte los planteamientos más conservadores del Partido Popular en materias como fiscalidad, políticas sociales o relaciones laborales.

Sin embargo, en los grandes asuntos que hoy dominan la agenda política —corrupción, amnistía, estabilidad institucional y continuidad de la legislatura—, sus posiciones han terminado aproximándose notablemente a las defendidas por Feijóo.

Esa convergencia ha convertido a Felipe González en una de las voces más incómodas para Ferraz y, al mismo tiempo, en uno de los referentes más citados por la oposición cuando busca cuestionar la estrategia política de Sánchez desde dentro de la propia tradición socialista.

Este jueves el Palacio Nacional de Ciudad de México acoge el encuentro entre el rey Felipe VI y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en un momento en el que las relaciones entre ambos países se han podido ver cuestionadas tras la polémica visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los anteriores desencuentros entre las autoridades de México y España por la polémica forjada durante años acerca de la Conquista española.

Dos días antes de que el rey acuda al partido entre la Selección Española y Uruguay que se disputa este sábado en Guadalajara en el marco del Mundial de fútbol, este jueves Felipe VI y Sheinbaum dan un paso más en los recientes acercamientos que se han dado entre ambos países, y especialmente después de que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigiera al rey una disculpa que no llegó en aquel momento y que provocó la “pausa” entre las relaciones entre México y España.

En esta línea, tanto desde Zarzuela como desde Exteriores insisten en que «este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países» y en que permitirá reforzar «los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos». Entre otras cosas, este encuentro llega después de que el pasado mes de marzo Felipe VI reconociera ante el embajador de México, Quirino Ordaz, que hubo «mucho abuso» durante la Conquista y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son para sentirse «orgullosos». En términos similares se pronunció el titular de Exteriores, José Manuel Albares, quien, en aquella ocasión, habló de “claroscuros” en la historia compartida e «injusticia».

Unas palabras que eran percibidas por Sheinbaum como un “gesto de acercamiento” pese a que reconoció que no era “todo” lo que les habría gustado y apostó por seguir trabajando en aras del reconocimiento de las «grandes civilizaciones» que había en la región antes de la llegada de los conquistadores. Precisamente tras ello, la mandataria mexicana consideró esta postura de Felipe VI lo suficientemente relevante como para viajar a Barcelona para asistir a mediados de abril a una reunión en defensa de la democracia junto con otros líderes progresistas iberoamericanos y reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras ello, el acercamiento se ha visto consolidado con sendas visitas a México por parte de Albares a finales de abril y del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a principios de junio. En ambos casos, los ministros han sido recibidos por la propia Sheinbaum, en un gesto que pone de relieve la importancia que el Gobierno azteca da también a la relación con España.

Por su parte, Albares aprovechó para entregar personalmente a la mandataria mexicana la invitación del Rey para que asista a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar a principios de noviembre en Madrid. Con toda probabilidad, esta cita será una de las cuestiones que se aborden en el encuentro de este jueves.

Al margen de todo ello, Sheinbaum ya ha avanzado que uno de los temas que quiere abordar con el rey es la importancia que tienen para México los pueblos originarios. Así, la mandataria mexicana reconocía este miércoles la «actitud distinta» mostrada por el rey, pero insistió en la necesidad de explicarle cómo ven las cosas en su país. Así, avanzó quiere hacerle ver «por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy, cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos».

«Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón» que reclamó en su momento López Obrador, incidiendo en que como presidenta quiere explicar «por qué para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos».

Venezuela afronta una de las mayores emergencias sísmicas de su historia reciente después de que dos terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieran este miércoles el noroeste del país con apenas 39 segundos de diferencia. Los temblores, seguidos por más de una veintena de réplicas, provocaron el derrumbe de edificios, graves daños en infraestructuras estratégicas y obligaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia mientras continúan las labores de rescate.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó en una comparecencia televisada la activación del dispositivo nacional de emergencia y anunció el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía debido a los daños sufridos en sus instalaciones. Asimismo, informó de la suspensión del metro, del servicio ferroviario, de las clases y de todas las actividades no esenciales para facilitar las operaciones de rescate y garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades venezolanas todavía no han ofrecido un balance oficial de víctimas, aunque Rodríguez trasladó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, confirmando implícitamente que el seísmo ha causado muertos sin precisar la cifra. Mientras tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó una alerta roja por el potencial impacto del terremoto y advirtió de que existe una elevada probabilidad de que el número de víctimas y los daños materiales sean muy importantes debido a la intensidad del fenómeno y a la escasa profundidad del sismo principal.

Las zonas más afectadas se concentran en Caracas y en varios estados del centro y norte del país. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, describió escenas de «gran gravedad» en los barrios caraqueños de Los Palos Grandes y Altamira, en el municipio de Chacao, donde varios edificios residenciales se desplomaron. También se han registrado importantes daños en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Lara y Mérida, con numerosas edificaciones que presentan riesgo de colapso.

Ante el peligro de nuevas réplicas, Cabello pidió a la población que permanezca fuera de los edificios dañados y anunció el corte temporal del suministro de gas en inmuebles afectados para evitar explosiones o incendios. Los servicios de agua y electricidad también han sufrido interrupciones en distintas regiones del país, complicando las tareas de emergencia.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el USGS, el primer movimiento, de magnitud 7,2, actuó como un terremoto precursor antes del sismo principal, de magnitud 7,5. Los epicentros se localizaron entre las localidades de San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy, con profundidades de 21,9 y 10 kilómetros, respectivamente, una circunstancia que incrementó notablemente la intensidad de las sacudidas en superficie. Hasta el momento se han contabilizado más de veinte réplicas, aunque las autoridades advierten de que podrían registrarse nuevas durante las próximas horas.

Las labores de búsqueda continúan entre los escombros de numerosos edificios mientras hospitales públicos y privados han activado todos sus protocolos de emergencia para atender a los heridos. El Gobierno también ha movilizado a cuerpos de protección civil, bomberos y equipos especializados de rescate en las zonas más castigadas.

El terremoto reaviva el recuerdo del devastador seísmo que golpeó Caracas en 1967, aunque los expertos subrayan que el episodio registrado este miércoles ha sido considerablemente más intenso y podría convertirse en uno de los desastres naturales más graves sufridos por Venezuela en las últimas décadas.

 

El ‘Caso Mascarillas’ llegaba a su fin en este inicio de semana con un Tribunal Supremo que dictaba sentencia. José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, mientras que su exasesor Koldo García deberá cumplir una pena de 19 años y ocho meses por su participación en la misma trama corrupta. Ahora bien, el final de este proceso judicial ha despertado especial polémica y suscitado debate en lo referido a Víctor de Aldama y cómo su colaboración con la justicia le ha evitado su paso por prisión.

Sobre el empresario, señalado como el principal comisionista de la trama, ha caído una pena de cuatro años y medio de prisión, la cual no llegará a cumplir gracias a la suspensión de la ejecución de la misma acordada por el Supremo. Los magistrados han valorado como “muy cualificada” su colaboración con la Justicia, al reconocer los hechos y aportar documentación que han considerado clave para esclarecer el funcionamiento de la organización.

Víctor de Aldama ha esquivado la prisión antes si quiera de tener que solicitarlo. No solo eso, sino que también evita tener que devolver los más de tres millones de euros que cobró en comisiones. Esta resolución del proceso en lo referido a su persona es lo que está suscitando especial controversia y debate, sobre todo, teniendo en cuenta que la información que facilitó ya había sido plasmada por la UCO en sus informes, no ofreciendo nuevos hechos que hubieran podido quedar fuera del caso.

La colaboración con la Justicia es un mecanismo utilizado en nuestro país desde hace mucho tiempo, el cual ha permitido profundizar más en distintos casos que han pasado por los tribunales. Ahora bien, en este asunto en concreto, el trato concedido a Aldama está siendo muy criticado, más aún ante las comparaciones que se están haciendo con José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda que destapó la Gürtel. Las diferencias, a favor del empresario, se están definiendo como notorias e, incluso, injustas.

Ante este panorama, este medio ha conversado con José Luis Peñas, para conocer qué valoración realiza del final de este proceso judicial y si le parecen tales las desigualdades que se están remarcando entre su caso y el que ha llevado a Aldama ante el Tribunal Supremo.

P: Tal y como se ha podido conocer en este tiempo, la confesión que realizó Víctor de Aldama no aportó nada nuevo que no estuviera ya plasmado en los informes de la UCO. Sin embargo, usted fue el responsable de que se abriera una de las investigaciones judiciales más importantes de la historia reciente de nuestro país…

R: La primera noticia que tiene la policía es porque yo denuncio. Aldama lo que ha hecho es que cuando ya tenía los grilletes puestos ha decidido hablar… Es distinto.

Estuve dos años encargándome yo solo de grabar los audios, recopilar nombres de empresas, reunir nombres de políticos que estaban en la trama, señalar propiedades del señor Correa y de toda la trama… Aglutiné todo eso en una denuncia que presenté yo mismo.

La primera noticia que hay de este caso es por mí, por la denuncia que presento. No hubiera existido la Gürtel sin mí. Hay una diferencia abismal.

P: En el final de este proceso judicial del ‘Caso Mascarillas’ hay algo por lo que quisiera preguntarle. Está habiendo un importante reconocimiento al papel que ha jugado Víctor de Aldama y su colaboración. Sin embargo, a usted no le muestran esa «gratitud» hasta dos años después del final del juicio en el que se vio inmerso. ¿Está habiendo diferencias reseñables?

R: Correcto, fue algo más de dos años. Además, jamás pacté con nadie, ni siquiera pedí una rebaja de las penas al final del juicio. Fue la fiscal la que tuvo que pedirlas, si no, no me hubieran dado la reducción de penas. 

Entonces, hay alguna diferencia respecto al caso de Aldama. Una cosa es colaborar, pero en lo referido a esto, a la reducción de penas, la tendría que pedir y tendría también que mostrarse arrepentido. Por ejemplo, para pedir mi indulto, que solamente fue de una parte de la condena, tuve que solicitarlo al Ministerio de Justicia. Una vez hecho eso el Ministerio de Justicia solicitó un informe a la Fiscalía, la cual dio el visto bueno, previo pago de una cantidad que se me exigió en concepto de Responsabilidad Civil, y luego el Supremo ya presentó también otro informe favorable.

Sin embargo, aquí se le ha hecho un traje a medida al señor al dama, por hechos que ha denunciado, que bueno, creo que ya estaban bastante claros en el sumario, y, evidentemente, lo que más sorprende es que siga hablando con el desparpajo que habla. Yo hablaba con pruebas, yo hablaba con los audios, yo hablaba con la experiencia de muchos años, me sorprende que ahora él pueda decir quién va a ir a la cárcel y quién no va a ir a la cárcel, ¿verdad?

A veces parece que estamos escuchando a Miguel Ángel Rodríguez en vez de al señor Aldama, ¿no? Van a ir todos para adelante. Habla de supuestos informes de la UCO que son secretos y que él ya parece ser que sabe cuál es su contenido. 

Como digo, al menos en mi caso, no me dijeron en el mismo final del juicio que no fuera entrar en la cárcel, es algo que una vez se sabe la condena se ha de solicitar a posteriori. En ese momento, como efectivamente las condenas mías, la máxima era de un año, pues tenía la posibilidad de pedir al juez que no entra en la cárcel, como se me dio.

En lo referido a mí, yo ya he cumplido todas mis condenas, ya he cumplido con todo lo que tenía que cumplir, pero que se haga esto en el propio acto de juicio me parece un poco excesivo. Al final es un delincuente que no es que haya colaborado previamente, si no que ha decidido hablar cuando estaba ya preso, cuando tenía grilletes puestos.

A mí me parece bien que la justicia tenga ese mecanismo para descubrir delitos, pero no me parece correcto cómo se ensalza a este señor, a quien se le lleva a los programas del prime time para decir que van a ir a la cárcel unos y otros. 

A veces parece que estamos escuchando a Miguel Ángel Rodríguez en vez de al señor Aldama, ¿no? Van a ir todos para adelante. Habla de supuestos informes de la UCO que son secretos y que él ya parece ser que sabe cuál es su contenido. 

P: Entonces, ¿entiende que sí existe esa diferencia entre ambos casos de la que se habla estos días?

R: En mi caso, recuerdo que había una directiva de la Unión Europea para proteger a los denunciantes, la cual no se utilizó. Lo único que se hizo conmigo fue rebajarme las penas por colaboración.

El caso es que yo no colaboré, yo denuncié, repito, por eso me molesta mucho que me comparen. Denuncié y dediqué dos años de mi vida a investigar esta trama para llevarla ante los tribunales.

Vox ha desviado 13 millones de euros en seis años a la fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal. En concreto, según la Cadena Ser, la formación ultraderechista transfirió dos millones de euros a esta organización atendiendo a las cuentas anuales de 2025.

Dicha cantidad se suma al millón y medio de euros que ya han pagado a la fundación hasta junio de 2026. En el archivo histórico de las cuentas generales del partido, a las que ha tenido acceso el medio mencionado, se aprecian dos millones de euros en 2024 del partido a Disenso, dos millones y medio en 2023, dos millones y medio en 2022, la misma cantidad en 2021 y 400.000 euros en 2020, año de su creación.

En total, Vox habría remitido a la fundación un total de 12,9 millones de euros desde que ésta naciera hace seis años. El partido de Santiago Abascal justifica en su informe que “desarrolló una intensa actividad de estudio, formación y divulgación” y que “publicó más de 180 trabajos”.

Entre las acciones que destaca la formación se encuentra que “produjo un documental sobre Maria Corinna Machado”; y también pone en valor que Disenso “alcanzó los 625.000 seguidores en redes sociales”.

La fundación Disenso está presidida por Abascal y, al tener “personalidad jurídica propia, no se consolidan sus cuentas dentro de Vox”, tal y como concreta el informe. Lo cierto es que no ha escapado a las polémicas, principalmente por las cifras de sus donaciones, aunque el partido de extrema derecha nunca ha renegado de las cifras.

Hungría

En las cuentas generales de Vox, el partido apunta que el 25,6% de sus ingresos provienen del ámbito privado, habitualmente de las cuotas de afiliados; 71.194, según el propio partido, si bien solo 33.609 están al corriente de pago.

En el apartado de préstamos, Vox ha suscrito tres nuevos créditos de carácter electoral “para hacer frente a las elecciones de Extremadura” que suman un total de más de algo más de 130. 000 euros.

La cuantía proviene de bancos españoles. Esto es un acote importante, porque anteriormente la formación se había quejado de que ninguna entidad financiera de nuestro país les avalaba, por lo que justificaban recurrir a un banco húngaro del entorno del expresidente Viktor Orban, político que históricamente Abascal y las siglas han situado como referente.Vox debía siete millones de euros a la entidad húngara que pidió en 2023 con un interés del 11%. 

Atendiendo nuevamente a las cuentas de 2025 del partido que obtuvo la llave de gobierno en varios territorios tras las últimas elecciones autonómicas, Vox habría prescindido de la ayuda de la banca de Hungría, que les llegó a avalar con 14 millones de euros.

Anulación de las sanciones del Tribunal de Cuentas

Entre otras cuestiones que subraya el informe, se encuentra la anulación del Tribunal Supremo de las dos sanciones del Tribunal de Cuentas por 233.324,22 euros y 862.496,72 euros respectivamente que tienen que ver con las dudas del órgano fiscalizador sobre la financiación con material promocional del partido o donaciones finalistas.

Actualmente, las cuentas se encuentran en proceso de aprobación por parte de los afiliados. El proceso de votación está abierto hasta el próximo 27 de junio a las 08:00 horas, día en que se refrendarán las cifras del año pasado en la Asamblea Nacional Ordinaria.

 

Abelardo de la Espriella no llegó a la política para bajar el tono. Llegó para subir el volumen. Para señalar enemigos. Para convertir cada intervención en una declaración de guerra cultural. Para prometer orden, castigo y revancha a un país cansado, dividido y golpeado por años de violencia, desigualdad y frustración institucional.

Su victoria en Colombia no es solo el triunfo de un candidato. Es la llegada al poder de una forma de hacer política: la ultraderecha como espectáculo, la provocación como método y el miedo como combustible electoral. De la Espriella ha sabido presentarse como el hombre fuerte capaz de “poner orden”, pero su discurso deja una pregunta incómoda: qué queda de la democracia cuando la autoridad se convierte en amenaza permanente.

Durante años fue abogado, empresario y personaje mediático. Ahora será presidente. Su ascenso no se entiende sin el desgaste del Gobierno de Gustavo Petro, pero tampoco sin una operación política más profunda: convertir el antipetrismo en identidad nacional. No se trataba solo de derrotar a la izquierda en las urnas. Se trataba de presentarla como un peligro para Colombia.

El outsider que nunca estuvo fuera

De la Espriella ha construido buena parte de su relato sobre una paradoja. Se vende como un hombre ajeno al sistema, pero su trayectoria está ligada a los espacios donde se cruzan el poder económico, el poder judicial, la televisión y las élites políticas.

No es un desconocido que haya llegado desde abajo para desafiar a los poderosos. Es, más bien, un hombre que conoce bien sus salones, sus códigos y sus mecanismos. Por eso resulta tan eficaz su disfraz de insurgente conservador: habla como si viniera a dinamitar el sistema, pero su carrera se ha desarrollado muy cerca de quienes históricamente lo han administrado.

Esa es una de las grandes habilidades de la nueva ultraderecha latinoamericana. Presentarse como rebelión cuando en realidad suele defender un orden social profundamente desigual. Hablar contra “las élites” mientras recibe el aplauso de sectores empresariales, mediáticos y religiosos. Denunciar la “casta” mientras promete recortes, mano dura y menos límites al poder económico.

De la Espriella encaja en esa escuela. Como Trump, como Milei, como Bukele en su versión más autoritaria, entiende que la política contemporánea premia a quien ocupa la conversación, no necesariamente a quien ofrece mejores soluciones. El escándalo no le resta. Le organiza el campo de batalla.

El antipetrismo como programa

Su campaña tuvo una idea central: Petro era el problema. Todo lo demás giró alrededor de esa premisa. La inseguridad, la economía, el narcotráfico, el desgaste institucional, el miedo al cambio, la desconfianza hacia la izquierda. Todo se convirtió en material para construir un relato de emergencia nacional.

De la Espriella no necesitó explicar con detalle cómo resolvería cada problema. Le bastó con convencer a millones de votantes de que sabía a quién culpar. Esa simplificación es una herramienta clásica de la ultraderecha: tomar malestares reales y convertirlos en una narrativa de enemigos internos. La izquierda, los progresistas, los movimientos sociales, los jueces incómodos, los periodistas críticos, las organizaciones de derechos humanos.

El resultado es una política de trincheras. Quien no está con el líder, está contra la patria. Quien cuestiona la mano dura, protege a los criminales. Quien pide garantías democráticas, debilita al Estado. Ese lenguaje puede ser muy rentable en campaña, pero es profundamente corrosivo cuando llega al Gobierno.

Porque Colombia no necesita más odio organizado. Necesita Estado, justicia social, seguridad, redistribución, presencia pública en los territorios abandonados y garantías para todos. La promesa de autoridad puede seducir a una sociedad agotada, pero la historia latinoamericana demuestra que el orden sin derechos suele terminar siendo orden para unos y miedo para otros.

Mano dura, derechos en riesgo

La seguridad fue el corazón de su oferta política. De la Espriella prometió combatir con dureza a los grupos armados, romper con la lógica negociadora de Petro y recuperar el control territorial mediante una respuesta más agresiva del Estado.

Es evidente que Colombia tiene un problema grave de seguridad. Sería irresponsable negarlo. Pero también sería ingenuo creer que décadas de conflicto, narcotráfico, economías ilegales y abandono estatal pueden resolverse únicamente con más castigo. La mano dura puede producir titulares rápidos, pero rara vez sustituye a una política pública seria.

La ultraderecha suele vender seguridad como sinónimo de fuerza. Pero la seguridad democrática exige algo más: justicia eficaz, servicios públicos, educación, oportunidades, protección de líderes sociales y presencia real del Estado donde hoy mandan actores armados. Sin eso, la represión puede convertirse en una coartada para recortar libertades sin transformar las causas de la violencia.

El riesgo de De la Espriella es gobernar como hizo campaña: dividiendo el país entre buenos y malos, patriotas y enemigos, orden y caos. Ese marco no admite matices. Y una democracia sin matices es una democracia más débil.

El poder empieza cuando termina la provocación

La gran pregunta es si detrás del personaje hay un gobernante. Si detrás del abogado combativo existe un jefe de Estado capaz de respetar límites, escuchar a quienes no lo votaron y entender que la democracia no consiste solo en ganar elecciones, sino en gobernar sin atropellar derechos.

De la Espriella ha prometido orden, pero Colombia necesita mucho más que orden. Necesita igualdad, instituciones fuertes, paz territorial, protección social y una economía que no deje siempre a los mismos fuera. La ultraderecha suele despreciar esas palabras porque le parecen blandas. Pero sin ellas no hay estabilidad duradera.

El antisistema de los poderosos ha llegado a la Casa de Nariño. Lo ha hecho prometiendo castigo, revancha y una ruptura frontal con el ciclo progresista. Ahora deberá demostrar si puede gobernar un país real, no un plató; una democracia plural, no una hinchada; una sociedad herida, no un enemigo al que derrotar. Porque una cosa es ganar explotando el miedo. Otra muy distinta es gobernar sin convertir ese miedo en régimen.

 

El juez Juan Carlos Peinado abrió este sábado, tras dos años de instrucción convulsa y llena de bandazos, un procedimiento de juicio oral a Begoña Gómez, acompañado de la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno e interrogatorios periódicos, medidas cautelares que el togado justificó alegando un posible «riesgo de fuga» en el que llegó a cargar contra los policías que la custodian. Para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, esta resolución se trata de «una causa política» y ha lamentado que se «persiga» a la esposa de Pedro Sánchez y se llegue a «insultar» a la Policía. «Este señor ya no conoce ninguna línea roja, las ha atravesado todas», valoró al conocer el auto judicial. La titular de Ciencia también alegó a las «perversas casualidades» que unen al juez con el Partido Popular, de las cuales este medio de comunicación ha informado previamente.

Así se pronunciaba Morant en declaraciones a los medios en València tras conocer los pormenores del auto. A su juicio, el citado texto judicial «demuestra básicamente que su causa ha sido desde el primer momento una causa política«. «Las medidas que ha adoptado de manera cautelar contra Begoña Gómez son sorprendentes y, desde luego, no tienen ningún sentido judicial», argumentaba la titular de Ciencia y Universidades, que las contrastaba con la sentencia de más de ocho años de cárcel por agresión sexual al futbolista Rafa Mir, «a quien no se le ha pedido ninguna medida cautelar y se va a dejar que este jugador pueda jugar o pueda irse de viaje». «Pero la mujer del presidente del Gobierno, para la que claramente no hay ningún tipo de riesgo de fuga, se le ha puesto la medida cautelar de quitarle el pasaporte y de prohibirle salir del país. Ha sido una medida que quieren ser ejemplarizante, una advertencia política de que aquí pueden hacer lo que quieran por nosotros», criticaba la valenciana. 

«Casualidades perversas»

Para la también líder de los socialistas valencianos, «no deja de ser tampoco una casualidad perversa que el señor Peinado tenga una mujer que trabaje en el Ayuntamiento de Madrid y que haya sido ascendida», ni tampoco lo es que «el señor Peinado tenga una hija que forme parte de la dirección de la señora Ayuso y que sea concejal de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid donde la señora Ayuso gobierna la federación madrileña».

«Seguramente el señor Peinado estaba pagando esos favores a la señora Ayuso y, desde luego, contribuyendo al ‘quien pueda hacer que haga’ con este maltrato que ha tenido contra Begoña Gómez, con esta persecución que sorprende a todo el mundo en la judicatura y que se entiende que es una causa política contra la mujer del presidente por serlo, para que le afecte al presidente del Gobierno y para intentar tumbar al Gobierno de España», opinaba la ministra. Asimismo, ha recalcado que el hecho de que «la excusa» del magistrado sea afirmar que hay riesgo de fuga «porque la Policía Nacional puede ayudar a la señora Begoña Gómez a escapar, es un insulto absoluto a la institución de la Policía Nacional y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado«.

«Este señor ya no conoce ninguna línea roja, las ha atravesado todas, incluso insultar el trabajo de la Policía Nacional y de los cuerpos de seguridad. Así que, desde luego, condenamos este auto y toda la instrucción que ha hecho el juez Peinado», sentenciaba la dirigente socialista.

Vínculos familiares ‘populares’

Los vínculos que la familia del juez Juan Carlos Peinado guarda con el Partido Popular son ya conocidos. La pareja del togado trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, más concretamente en un puesto de relevancia dentro del organigrama municipal, como Jefa de Servicio en el Área de Economía. Este periódico pudo constatar que esta persona accedió al consistorio mediante oposición hace años y ahora ocupa un lugar destacado en el mismo. Sin embargo, éste no es el único vínculo que un familiar del magistrado mantiene con las administraciones madrileñas, y es que su hija, Patricia Peinado, es concejala en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP); un puesto que desempeña sin tener ninguna experiencia previa en política. De hecho, proviene del mundo de la docencia.

Este periódico pudo confirmar que la primogénita de la pareja ha pasado por cuatro puestos de trabajo distintos en año y medio: Zona Norte, Fiestas, Deportes y, actualmente, Zona Sur. Fuentes municipales reconocían que no se puede hablar de trato de favor hacia Patricia Peinado a la hora de hablar respecto de su salto al Ayuntamiento, pero es evidente que no disponía de experiencia política anterior, más allá de haber militado en el Partido Popular.

Así las cosas, Patricia Peinado estuvo trabajando en el colegio en el que cursó Primaria la princesa Leonor, el Santa María de los Rosales, localizado en Aravaca (Madrid). Lo hizo en calidad de jefa de Estudios de Primaria de esta institución entre 2011 y 2023, año en el que salta al consistorio. Sin actividad intermedia se produjo este salto, cambiando drásticamente el campo de desarrollo profesional del docente al político, a pesar de que nunca había operado en este último.

 

Bogotá ha amanecido este lunes con una mezcla de celebración, incertidumbre y tensión política. El abogado y empresario ultraderechista Abelardo de la Espriella se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas y se convertirá, salvo sorpresa en el escrutinio definitivo, en el próximo presidente del país a partir del 7 de agosto.

Según el preconteo oficial, De la Espriella obtuvo el 49,66% de los votos frente al 48,70% conseguido por el senador izquierdista Iván Cepeda, candidato respaldado por el espacio político del actual presidente, Gustavo Petro. La diferencia ronda los 250.000 sufragios en una de las contiendas más ajustadas desde la instauración de la segunda vuelta presidencial en Colombia.

La victoria supone un giro político de gran magnitud para el país andino. Apenas cuatro años después de la llegada al poder de Petro, primer presidente de izquierdas de la historia reciente de Colombia, una parte importante del electorado ha apostado por una alternativa situada en el extremo opuesto del espectro ideológico.

Aunque el resultado todavía debe ser ratificado por el escrutinio definitivo, la ventaja obtenida por De la Espriella hace muy improbable un vuelco. Sin embargo, tanto Cepeda como sectores del oficialismo han reclamado prudencia y han exigido revisar miles de mesas electorales impugnadas antes de dar por cerrada la contienda.

Un triunfo construido sobre el desgaste de Petro

Más allá de la figura del vencedor, la elección refleja el profundo desgaste sufrido por el proyecto político de Gustavo Petro. La desaceleración económica, la persistencia de la violencia en varias regiones y la percepción de inseguridad han sido aprovechadas por De la Espriella para construir un discurso basado en la confrontación directa contra el Gobierno saliente.

Durante la campaña, el líder de Defensores de la Patria se presentó como un outsider dispuesto a «recuperar el orden» mediante políticas de mano dura. Prometió aumentar la presión militar sobre los grupos armados, construir megaprisiones, acabar con las negociaciones impulsadas por Petro y ampliar la explotación petrolera, incluyendo técnicas tan controvertidas como el fracking.

Su discurso ha sido comparado frecuentemente con el de otros líderes de la nueva derecha radical latinoamericana, como Nayib Bukele en El Salvador o Javier Milei en Argentina. De hecho, buena parte de su campaña se apoyó en una narrativa antipolítica, aunque paradójicamente contó con el respaldo de importantes sectores del establishment económico y político colombiano.

Un personaje polémico llega a la Casa de Nariño

La figura de De la Espriella genera una enorme controversia en Colombia. Conocido durante años por su actividad como abogado de personajes vinculados a escándalos políticos y empresariales, el nuevo presidente ha construido una imagen mediática basada en la confrontación y la provocación.

Diversas organizaciones de defensa de la libertad de prensa han mostrado preocupación por sus enfrentamientos con periodistas y por el uso recurrente de acciones judiciales contra comunicadores que investigaron algunas de sus relaciones profesionales. Asimismo, sus vínculos pasados con figuras controvertidas han sido objeto de debate durante toda la campaña electoral.

Sus críticos advierten además de que su propuesta de reducir el tamaño del Estado en un 40%, recortar ministerios y aplicar políticas económicas de corte liberal podría afectar programas sociales impulsados durante los últimos años. El presidente electo, por el contrario, sostiene que esas medidas son imprescindibles para reactivar la economía y atraer inversión.

La campaña tampoco estuvo exenta de acusaciones de populismo. Sus promesas de resolver rápidamente problemas estructurales como la inseguridad, el narcotráfico o la corrupción fueron recibidas con escepticismo por numerosos analistas, que consideran difícil materializar cambios tan profundos en un país con instituciones complejas y fuertes desequilibrios territoriales.

Un país dividido en dos mitades

El resultado electoral deja una fotografía contundente: Colombia aparece partida prácticamente en dos bloques de tamaño similar. La diferencia inferior a un punto porcentual evidencia que el nuevo mandatario carece de un mandato arrollador para impulsar las transformaciones radicales que prometió durante la campaña.

Además, De la Espriella deberá gobernar con un Congreso fragmentado, donde no dispone de una mayoría clara para sacar adelante sus principales reformas. Esa realidad podría obligarle a moderar parte de su agenda o a negociar con sectores políticos a los que ha criticado duramente durante los últimos meses.

Mientras miles de simpatizantes celebraban en las calles la victoria del autodenominado «Tigre», millones de colombianos observaban con preocupación la llegada al poder de un dirigente que simboliza el ascenso de la ultraderecha en América Latina.

 

4,4 millones de euros. Es la suma económica que un informe de la Agencia Tributaria ha determinado que percibió la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, tras haber firmado contratos con un grupo sanitario entre 2021 y 2023, durante los primeros años de su noviazgo con la dirigente madrileña. Las respuestas a esta información han llegado desde muchos frentes: mientras que la oposición se ha apresurado a afear el elevado montante, el entorno de Isabel Díaz Ayuso ha contraatacado con bulos y críticas a Hacienda. Pero hay un frente desde el que no ha existido pronunciamiento alguno: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha optado por guardar silencio ante el goteo de informaciones relacionado con la presidenta madrileña y su entorno. Hay quienes achacan esta actitud al temor de que pueda ocurrirle algo similar a lo que le pasó a su predecesor, Pablo Casado, que terminó defenestrado del partido que lideraba por denunciar públicamente la corrupción del entorno de su compañera en la Puerta del Sol.

El documento de la Agencia Tributaria detalla una tabla en la que se reflejan los pagos a las dos consultoras de Amador, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, año a año. En 2021, Amador ingresó 1.078.412 euros; en 2022, 1.956.449 euros; y en 2023, 1.401.634 euros. En total, 4.436.495 euros, casi un millón y medio de euros por campaña. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había empezado la relación. En su informe, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras dependerá de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.

El PSOE afea el «silencio» de Feijóo…

Como se ha indicado anteriormente, las reacciones al informe de Hacienda no se han hecho esperar, y en Ferraz se han percatado, precisamente, del voto de silencio del líder ‘popular’.»No se atreve a decir nada porque sabe cómo terminó su antecesor en el cargo», se pronunciaba la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, en una entrevista con Las mañanas de RNE. Torró afeaba que el caso que afecta a Alberto González Amador «no tiene nombre», a la vez que cargaba contra Isabel Díaz Ayuso por estar trabajando «no solo por la privatización de lo público a costa de los madrileños, sino también por un modelo de negocio familiar donde su pareja factura millonadas».

«Eso sí que son indicios y hechos que están poniendo encima de la mesa«, exclamaba Torró. Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, también ha afeado la «hipocresía política» y las lecciones de «transparencia y dignidad» de los ‘populares’, pues, a su juicio, tiene a «ministros condenados y que están en la cárcel», en referencia al Gobierno de José María Aznar.

…mientras el entorno de Ayuso carga contra Hacienda

«Ningún contrato desde que es presidenta y mucho menos desde que lo conoce«, aseguraba Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, en un mensaje difundido por WhatsApp ante preguntas de El País. El texto del jefe de gabinete agregaba, además, datos que no corresponden con lo publicado, como que el último contrato con el grupo sanitario fue en 2010, «cuando la presidenta no estaba ni pensada».

«Frente a la insidia de El País de que hubo contratos con el señor González Amador desde que conoció a la presidenta, aclaro que es falso», emitía Rodríguez, insistiendo en el bulo. El citado medio añade que una vez se le hizo notar que se trataba de un informe oficial incluido en una causa y no una información que partiera exclusivamente de un medio de comunicación, agregó: «De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada«. Al ser preguntado por cuál ha recepción de Ayuso ante la noticia, el jefe de gabinete respondía: «Indignación por la mentira, pero ya está acostumbrada». Cabe repetir, nuevamente, que se trata de una información recogida en un informe oficial y no una información que se limitara a la prensa.

De qué se acusa a González Amador…

Alberto González Amador está acusado de cinco delitos. A los dos de fraude fiscal se suman falsedad en documento mercantil, corrupción en los negocios y administración desleal. Los dos últimos se sumaron en marzo de 2025, en el marco de una pieza separada abierta por el magistrado para investigar el uso de la empresa del novio de Ayuso para ocultar ingresos procedentes de negocios en el ámbito sanitario.

En todo este proceso, alrededor del empresario se ha generado toda una narrativa de excepcionalidad. No porque la riqueza de la pareja de una representante política -de la que ella también estaría disfrutando, entre otras cosas, porque la casa en la que viven se pagó, presuntamente, con el dinero ganado con estos delitos- provenga de prácticas ilícitas. El entorno político y mediático de Ayuso ha tratado de justificar en todo momento que González Amador es un español más, un ciudadano particular, al que el Estado persigue por ser el novio de la presidenta madrileña, y que los delitos que ha cometido no tienen que ver en ello.

…y cómo acabó Casado

La carrera política de Pablo Casado terminó en febrero de 2022 después de que el entonces líder del Partido Popular denunciara interna y públicamente la posible corrupción del entorno de Isabel Díaz Ayuso. El principal señalado fue su hermano Tomás, cuando las mascarillas se convirtieron en un bien de primera necesidad para combatir la proliferación del Covid-19. «La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían 700 personas en España por la pandemia, se puede contratar a tu hermano y recibir 300.000 euros de beneficio por la venta de mascarillas”. Esta frase, pronunciada en una entrevista en la Cadena SER, forma parte de la historia de la política española y todavía resuena entre los muros de Génova,13, y lanzaba una acusación al mayor de los Ayuso por haber hecho, presuntamente, negocio durante el Covid a través de comisiones.

Sin embargo, la información de la que presumiblemente disponía Casado iba mucho más allá y afectaba a los padres de la lideresa regional o a sus relaciones sentimentales, en las que entra su exmarido, Rafael Hernández Torre, que ha sido noticia esta semana después de que ElConstitucional.es sacara a la luz en exclusiva un pelotazo con la Comunidad de Madrid de 100.000 euros. En lo que respecta al hermano, el exlíder del PP le señalaba como comisionista en un contrato de 250.000 mascarillas adjudicado a un amigo suyo en el peor momento de aquel fatídico 2020, cuando más gente moría. Poco después, fue cesado de sus funciones y Alberto Núñez Feijóo fue su sustituto, quien, ahora, no ha pronunciado palabra alguna sobre lo ocurrido en el entorno de la dirigente madrileña.

 

La instrucción del juez Juan Carlos Peinado sobre la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha estado marcada por numerosos altibajos, polémicas y bandazos que han llegado a su fin este sábado 20 de junio de 2026. Después de casi dos años de instrucción, el magistrado ha dictaminado la apertura de juicio oral contra Gómez, Cristina Álvarez – su asistente – y el empresario Juan Carlos Barrabés en el que impone a la esposa del presidente del Gobierno estrictas medidas cautelares que van desde la retirada de todos los pasaportes que disponga, la prohibición de abandonar el país y comparecencias periódicas en el juzgado, según el auto al que ha tenido acceso este medio. 

El magistrado está cerca de la jubilación y, antes de soltar definitivamente el caso y enviar a la mujer del jefe del Ejecutivo a juicio oral, ha hecho del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid el escenario de un rocambolesco procedimiento. Antes de las últimas diligencias, el magistrado abrió una nueva pieza separada contra Begoña Gómez por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la Unión Europea que tuvo que rectificar casi de inmediato, pero no fue, ni mucho menos, la única.

Esta última causa se centraba en un contrato adjudicado por la compañía pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, y la consultora KMPG, un expediente que contó con la financiación de los fondos Feder. No obstante, en la misma mañana que lanzaba la separata, Peinado optaba por rectificar y, aunque mantiene esta pieza separada vinculada al caso principal, decidió excluir a Begoña Gómez de las investigaciones que se abrirán para esclarecer si pudo darse o no estos presuntos delitos de prevaricación y fraude. El contrato sobre el que se pone la lupa se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.

No obstante, la Audiencia Nacional daba la razón a Juan Carlos Barrabés y señalaba que ese contrato debía de examinarse en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que sea esta instancia la que valore si lo investiga y que el procedimiento no corresponda a la Fiscalía Europea. Es por ello que, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, comunicaba esta mañana que decidía abrir una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea «para la investigación de los hechos» y llamaba a la Fiscalía de Madrid a pronunciarse sobre si son delictivos o no, pero rectificando y dejando a la mujer del presidente del Gobierno fuera de las investigaciones. Todo ello, no obstante, ha quedado en un segundo plano en la jornada del sábado, cuando Peinado ha decidido imponer las citadas medidas cautelares, que daban un vuelco total al caso.

Los tirones de orejas y correcciones de la Audiencia de Madrid

La rectificación de Peinado y la posterior apertura de juicio a Begoña Gómez han llegado en las fases más tardías de la instrucción, pero antes de llegar hasta tal punto, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado en varias ocasiones las decisiones del magistrado por considerarlas inapropiadas o irrelevantes para el desarrollo de la causa o por no contar con las suficientes pruebas. Por ejemplo, hace cuatro meses, en febrero, el citado organismo anulaba la decisión del juez de enviar a Begoña Gómez a un jurado popular. En un auto al que tuvo acceso este medio, la Justicia subraya que el magistrado no justificó de forma suficiente sus argumentos para decretar el avance procesal y ordenó retrotraer las actuaciones a un momento previo a la transformación del procedimiento en el del tribunal del jurado.

En línea con ello, los magistrados de la Audiencia Provincial concluyeron que no era suficiente con aludir de forma «genérica» a la existencia de indicios. Por ello, añadían que era necesario señalar qué conductas se atribuyen a cada investigado, así como la base indiciaria que sustenta la imputación de delitos como malversación o tráfico de influencias. «No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y qué esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la esta Sala, respecto de unos hechos que presentaban base objetiva suficiente, pero en absoluto ha podido anticipar la consistencia de tesis hasta el punto de hablar de indicios racionales de criminalidad», rezaba el auto.

De la misma forma, los magistrados de la Audiencia de Madrid añadían que «los cuatro autos que se comprenden en esta resolución, carecen de la necesaria fundamentación, únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles a los que hacemos referencia, consecuentemente». «Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, situación a la que es de aplicación, la doctrina que emana de las sentencias (STS 72/2009, de 29 de enero; 26-7-2011, nº 857/2011), relativas al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva,que incluye la de obtener una resolución debidamente motivada», agregaban entonces.

La Audiencia Provincial de Madrid también revocó la decisión del juez Juan Carlos Peinado de recabar todos los correos de su investigada. El magistrado tenía la intención de hacer una labor exhaustiva de análisis de los e-mails desde los últimos siete años hasta la fecha actual, es decir, desde 2018. Los jueces del tribunal consideraron que el magistrado instructor debió redactar un auto con su motivación específica en vez de tomar esta decisión con una providencia. Los magistrados de la Audiencia de Madrid reprocharon al juez Peinado que no haya razonado en detalle esta motivación y, al mismo tiempo, anularon la orden de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elabore un informe sobre el contenido de estos correos. Expresamente, los jueces del tribunal señalaron que el magistrado instructor «no hace mención a ninguno de los requisitos exigidos», por lo que tacharon la decisión de «medida carente de la justificación necesaria» para llevarse a cabo, incumpliendo al tiempo «los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad» que deben imperar en el desarrollo de la causa.

De la misma manera, la Audiencia  de Madrid tuvo que corregir al magistrado para que anulase la imputación que recaía sobre el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. En la decisión, los magistrados alegan que Peinado se basó en «meras suposiciones sin el más mínimo indicio de responsabilidad» para investigar al delegado. «Tratándose de meras suposiciones, sin que se aporte el más mínimo indicio de responsabilidad, procede acordar la inadmisión de la querella respecto del citado Francisco Martín Aguirre», defendía el organismo provincial.

El pasado mes de mayo, el juez imputaba a Martín por su presunta participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En dicha imputación, Peinado le atribuía al delegado del Gobierno un presunto delito de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa al haber admitido a trámite una querella en la que le relaciona con el contrato de Cristina Álvarez para trabajar en Moncloa junto a Gómez. Dicha querella fue interpuesta por Vox y recayó en el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, el cual se inhibió a favor de Peinado al entender el vínculo con el conjunto de todo lo que engloba al caso de Gómez.

En esta misma línea, según rezaba el auto del juez Peinado, señalaba que sí que procedía admitir a trámite la querella contra el delegado del Gobierno «por su aparente participación en el nombramiento» de la asesora de Gómez «en el ejercicio de sus funciones privadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, con fondos de naturaleza pública», focalizándose esta demanda en «fundamentalmente, en el nombramiento, funciones y actividades» de Álvarez ostentando dicho cargo. La Abogacía del Estado, por su parte, solicitó el sobreseimiento para Martín Aguirre en la pieza separada que investiga si hubo un uso indebido de dinero público en la contratación de Álvarez y en las funciones que habría desempeñado para la esposa del presidente del Gobierno, y subrayaron que el delegado del Gobierno no pudo intervenir de modo alguno en el nombramiento de la asesora porque la designación de Álvarez se remonta a julio de 2018, cuando Martín Aguirre aún no ocupaba su actual cargo.

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