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Puente desmonta el informe de la UDEF y artículos de la derecha mediática sobre el caso Zapatero: «Sólo embarrar todo»

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Bajo el telón de fondo de la investigación judicial en manos del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional sobre el expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y el rescate a Plus Ultra, en las últimas 48 horas ha trascendido buena parte del foco de voces del Gobierno central sobre el informe de la UDEF que sustenta parte de la investigación, así como ciertos titulares de medios de comunicación conservadores que apuntan a indicios que han sido desmentidos por el ministro de Transportes. Óscar Puente vino denunciando este jueves las «coincidencias» en el calendario judicial y ciertas maniobras «antidemocráticas» que buscan «derribar» al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero ha sido este viernes cuando se ha sentado largo y tendido para dar explicaciones sobre un apunte que atañe a su cartera estatal. 

En primer lugar, Puente ha hecho mención a dos titulares de prensa publicados por El Confidencial y ABC, entre otros, que recogían un contrato de Adif con Huawei presuntamente vinculado con el caso Plus Ultra. Horas más tarde, en un vídeo explicativo de cerca de diez minutos difundido en sus redes sociales, el ministro ha desmontado tanto el informe de la UDEF como estos artículos de prensa con la mencionada contratación en mano, denunciando al tiempo que todas estas informaciones son «absurdas y ridículas». 

El titular de Transportes ha comenzado la explicación haciendo alusión expresa a las informaciones de prensa: «Una agenda implica a la red de Zapatero en un contrato público de Huaewi adjudicado por Óscar Puente’. La UDEF intervino a Julio Martínez Martínez una libreta en la que había anotaciones sobre una licitación del Ministerio de Transportes para comprar material de Huawei, la compañía China vinculada a Zapatero y sus hijos», rezaba literalmente. De esta manera, Puente ha explicado que, en la mencionada libreta, venía suscrito lo siguiente: «Martes 8, ‘f r a’, Huawei 100 fin de mes y 400 contrato». Con esta línea, ha explicado que la UDEF encontró una publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado mes de diciembre una licitación de piezas de recambio de la red ferroviaria española, de la red digital, de importe de 200.000 euros al año, sumado son 400.000 euros. Es en este punto donde se sitúa la presunta «relación». 

Prosiguiendo las líneas del medio citado, se explica que las anotaciones del empresario Julio Martínez Martínez señalaban indicios de la trama en las que se utilizaron contactos del Gobierno y otras «administraciones extranjeras» para beneficiar a empresas afines, como habría sido el caso de Huawei, empresa que habría recurrido a Zapatero «para tratar de salvar el veto impuesto por la UE y Estados Unidos por sus conexiones con el servicio de inteligencia de Pekín». A ello, se alude en el artículo que las adjudicaciones continuaron. 

«Qué fumada», ha terminado concluyendo Puente. En este sentido, ha explicado que es un mero contrato de piezas de sustitución que la misma UDEF suscribe en el informe: «No sé cómo, a partir de ahí, puede establecer ninguna conexión que sea útil para la investigación, me parece increíble. Acto seguido, conviene decir que el contrato ni siquiera es con Huawei, sino con un industrial español que suministra las piezas a demanda», prosigue desmintiendo.

Además de precisar que el contrato en cuestión es «a precio», también ha precisado que se firmó en abril y que, en las fechas actuales, aún no se ha ejecutado. «Vincular este contrato con ninguna trama es una cosa tan absurda y ridícula que no sé cómo puede un informe policial incluirlo en sus especulaciones«, ha reprochado. En este punto, señala a más medios de comunicación que se hicieron eco de estas informaciones, en especial, aquellos que publicaron que el contrato se reflejó en el BOE de Nochebuena, el 24 de diciembre, para que pasara desapercibido, pese a ser «uno de los BOEs más leídos del año»: «Es un argumento absolutamente ridículo. (…) Esto es desconocer por completo cuáles son las dinámicas de los procesos de licitación», ha lamentado. 

«Si todo el informe es así, no me creo nada»

En la recta final del vídeo explicativo, Puente ha reconocido que, si todo el informe de la UDEF cuenta con características e informaciones de este calado, no se cree «nada»: «Sacar de aquí alguna conclusión útil para la investigación que no sea otra cosa que embarrar todo, a mí no se me ocurre«. 

Lamentando este escenario político y judicial, el titular de Transportes ha reiterado que la libertad de expresión en España no está en riesgo, pero sí lo está «el derecho de los ciudadanos a obtener una información auténtica, rigurosa y veraz«: «Lo que vemos es: invenciones, exageraciones y, en el mejor de los casos, sensacionalismo. Rigor en la información, ninguno. ¿Por qué no lo hay y se cuentan cosas falsas? No hay interés en que el ciudadano esté informado, hay interés por derribar a un Gobierno y para eso vale absolutamente todo». 

Para finalizar, ha dado dos matices más. Por un lado, que estas informaciones no tendrían por qué haberse publicado de esta manera «con una llamada del periodista a ADIF para preguntar sobre el contrato», algo que «la UDEF no ha hecho y este medio tampoco». Por otro lado, la empresa estatal hizo una rectificación pública desmintiendo el artículo en cuestión. 

«Llegamos a la conclusión de que toca salir para explicar las cosas porque ni siquiera los medios recogen los desmentidos que mandas y establecer una relación directa con la ciudadanía, que no tendría que ser así porque no soy un medio de comunicación. Es un mecanismo de defensa, no queda más remedio que trasladar que estas cosas no son aceptables. Lo que se ve en el panorama mediático poco tiene que ver con la realidad», ha zanjado. 

Intento de «derribo» contra el Gobierno

Fue este jueves cuando el ministro de Transportes se refirió largo y tendido sobre esta realidad judicial con especial calado político para el PSOE y el Ejecutivo de Sánchez, percibiendo curiosas «coincidencias» en los tiempos del calendario judicial, así como ciertas «filtraciones» en ciertos medios de comunicación que, a sus ojos, darían respuesta a un intento de «derribo» al actual mando en Moncloa. 

«En el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones en derribar un gobierno», aseveró en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso de los Diputados, lo que daría respuesta a «cuál es el sentido y el trabajo que algunos están haciendo, no con una convocatoria electoral y no en las urnas, sino con otras mañas y herramientas» que se alejarían del modelo democrático. 

Sobre los casos de Leire Díez, por el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró el miércoles a Ferraz y fueron imputados distintos excargos del partido, como el caso Plus Ultra, Puente reiteró que siempre escuchó «que la JUsticia y la política tienen tiempos distintos, aquí no lo parece», lamentó. 

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Relaciones rotas: el Gobierno da por perdidos a ‘El País’ y la ‘SER’ tras su deriva editorial

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El juego mediático ha sido siempre uno de los elementos que más peso ha tenido en las estrategias políticas y electorales, de ahí que sea tan importante para los partidos hallar aliados entre los medios de comunicación. Se trata de encontrar líneas editoriales que puedan casar con las ideas defendidas por las distintas formaciones y tratar de acercarse a esas cabeceras periodísticas, que encuentren relevantes los discursos defendidos públicamente y que los difundan, desde un posicionamiento «favorable», entre las líneas de los periódicos, así como en los informativos o programas de radios y televisiones. 

Es por ello que mantener relaciones sanas con determinados medios de comunicación se vuelve vital para los partidos, que necesitan de ese altavoz mediático para llegar a más personas y, también, disponer de un punto de apoyo en el día a día político. De ahí que, para el Gobierno de España, se estuviera tornando vital tratar de mantener la sintonía con la que contaba con dos de los principales medios de comunicación de España: El País y la SER. Ambos forman parte del Grupo Prisa y ambos están viendo condicionada la línea editorial que han mantenido históricamente, algo que se está produciendo fruto, principalmente, de las líneas que, desde hace un tiempo, viene marcando el presidente de este colectivo de empresas, Joseph Oughourlian.

Los cambios tanto en el periódico como en la emisora de radio se vienen notando de manera un tanto más acentuada en los últimos meses, en los que ha habido un distanciamiento entre estos dos medios y el Ejecutivo nacional. Esto es algo que no resulta positivo para el Gobierno, especialmente en la perspectiva de los socialistas, ante el año electoral que se aproxima y que traerá numerosos comicios en el 2027. 

A lo largo de este tiempo de cambios, el equipo de Pedro Sánchez ha tratado de reconducir las relaciones con el Grupo Prisa, especialmente en lo referido a El País y la SER. No obstante, finalmente, según ha dado a conocer Infolibre, el Ejecutivo nacional ha desistido y suelta la mano de este colectivo de empresas, así como se distancia de Oughourlian. Los cambios que venían dándose en la línea editorial de estos medios han llamado la atención de muchos, siendo especialmente llamativos algunos como los que han propiciado la salidad de Pepa Bueno del periódico y de Angels Barceló de la radio.

Esta ruptura de relaciones halla una fricción inicial que ha derivado en la separación de caminos. Concretamente, se trata del conflicto abierto hace un año en torno al frustrado proyecto para impulsar una nueva cadena de televisión en abierto, iniciativa respaldada por parte de los accionistas minoritarios y algunos directivos del grupo. Oughourlian frenó aquella operación, provocando la salida de destacados defensores del proyecto.

Desde entonces, en el Gobierno observan una progresiva evolución editorial de las principales cabeceras de Prisa hacia posiciones más críticas con el Ejecutivo. En este contexto, cabe destacar que la fortaleza de Oughourlian dentro del grupo no responde únicamente a su peso accionarial. El empresario francoarmenio ha tejido una posición prácticamente blindada gracias a la estructura financiera de Prisa y a la influencia de sus principales acreedores. El caso más significativo es el de Pimco, uno de los mayores gestores de deuda del mundo, cuya renegociación de los compromisos financieros de la compañía quedó vinculada expresamente a la continuidad de Oughourlian en la presidencia.

De hecho, cualquier intento de apartarle del cargo activaría mecanismos que obligarían al vencimiento anticipado de cerca de 240 millones de euros de deuda. Una circunstancia que, en la práctica, limita la capacidad de maniobra de los accionistas y convierte la permanencia del actual presidente en una pieza clave para la estabilidad financiera del grupo hasta, al menos, 2029.

La reciente decisión de reducir el consejo de administración de 14 a 11 miembros ha sido interpretada por el Ejecutivo como un nuevo paso en esa consolidación de poder. La medida supondrá previsiblemente la salida del empresario Andrés Varela Entrecanales, impulsor de la sociedad Siete, adjudicataria de una nueva licencia de televisión en abierto, así como la de otras dos consejeras consideradas críticas con la actual dirección.

Mientras tanto, Prisa afronta una etapa decisiva para su futuro empresarial. El grupo cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros y ha fijado como objetivo estratégico aumentar su rentabilidad operativa para reducir progresivamente el peso relativo de ese endeudamiento. La compañía también prevé aprobar un contra-split accionarial que multiplicará por diez el valor nominal de sus títulos, una operación destinada a mejorar la imagen bursátil de una empresa cuyas acciones acumulan una depreciación cercana al 100% desde su salida al mercado.

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España, a la cola de Europa en políticas de vivienda: Amnistía Internacional exige recuperar la prórroga de los alquileres

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La crisis de la vivienda en España sigue siendo el principal problema al que las instituciones no están sabiendo responder. Pese a que el mensaje político es que garantizar el acceso para todos es la prioridad, los datos no dejan de dibujar un escenario cada vez peor. Un ejemplo es el informe ‘¿Soluciones a la crisis del derecho a la vivienda?‘, publicado este jueves por Amnistía Internacional.

En él, la organización analiza las «medidas del Gobierno y las iniciativas legislativas en tramitación y votadas en el Congreso». Sus conclusiones son claras. En el tercer aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, España sigue sufriendo una «crisis estructural del derecho a la vivienda«, que no para de agudizarse para millones de personas a pesar de las iniciativas políticas. Para solucionarlo, Amnistía exige «aumentar el parque de vivienda asequible, regular el mercado del alquiler mediante control de precios y poner fin a los desalojos sin alternativa habitacional de personas vulnerables».

Las calles de Madrid, en las que el grito por el derecho a la vivienda es cada vez mayor, han visto nacer la iniciativa con la que Amnistía Internacional pone este problema en el centro. Justo cuando Bad Bunny inicia su residencia en España, el lema es el siguiente: «Es más facil entrar en la casa de Benito que conseguir una vivienda digna«. El director de la sección española de la organización, Esteban Beltrán, la ha presentado este jueves frente al Congreso de los Diputados, como símbolo del reclamo directo al poder legislativo para cumpla con su función y solucione el principal problema de la población.

«No hay una vulneración más grave, ni por la extensión del tiempo, ni por el número de personas afectadas, que la vivienda como violación de los derechos humanos en España.», ha dicho a los medios en la Plaza de las Cortes. «Es lo más grave que ha documentado Amnistía durante años», asegura.

España, a la cola de Europa

El diagnóstico es preocupante. A pesar de las recientes medidas del Ministerio de Vivienda, la inversión sigue sin ser suficiente. Entre los motivos que avalan esta realidad, Amnistía sitúa la escasez del parque de vivienda social de alquiler, en el que España está muy por debajo de la media europea. Por un lado, en cantidad, pues las 318.000 viviendas de titularidad pública en nuestro país apenas suponen un 1,71% del parque total. En el caso del alquiler asequible, el área de Isabel Rodríguez lo sitúa en el 3,5% del total del parque en el mercado rentista.

Estos datos están muy lejos de la media de la Unión Europea, del 9%. Bruselas pone en evidencia la falta de «un sistema público de vivienda de carácter estructural», que es lo que pide Amnistía, pero los datos de algunos países —como Países Bajos, en la que el parque público supera el 30% del total, o Austria y Dinamarca, donde es más del 20%— sonrojan una falta que «evidencia el limitado nivel de protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad».

Pero los datos son preocupantes también en cuanto a la inversión. España dedica un 0,5% de su PIB a vivienda pública, frente a la media Europea del 1,2% y países como Italia en el que llega al 4,4%. Amnistía valora el «esfuerzo» del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que además de un desembolso sin precedentes a las comunidades autónomas y de blindar las viviendas protegidas de salir al mercado, aumenta la inversión un 308% con respecto a la anterior ley. Sin embargo, la organización advierte que este incremento no quita que la financiación del plan no alcanza el 0,1% del PIB.

El alquiler temporal y los desahucios invisibles

El informe destaca que el precio de la vivienda se ha disparado en la última década sin que los salarios hayan crecido al mismo ritmo. El dato es demoledor: el 28,3% de la población con rentas más bajas dedica más del 40% de sus ingresos a pagar su casa. También se señala que la emancipación juvenil en España supera los 30 años, frente a los 26 de media en la Unión Europea. Esta precarización de la vivienda se explica con tres datos. Por un lado, los alquileres turísticos, que representan el 10% del parque residencial. También los alquileres de temporada, que han crecido un 232% entre 2019 y 2024 y suponen en torno al 13% de la oferta total. Además, los contratos de habitación crecieron un 22% en el primer trimestre de 2026 con respecto al año anterior.

El alquiler temporal es una de las mayores fuentes de desigualdad en el acceso a la vivienda, a lo que se suma la desprotección a los inquilinos de habitaciones. Amnistía denuncia que estas personas quedan fuera de la protección plena de la Ley de Arrendamientos Urbanos, pese a que muchas no eligen esa modalidad, sino que llegan a ella porque no pueden pagar una vivienda completa.

Por si fuera poco, el acceso a la vivienda es el ámbito en el que se dan más situaciones de racismo. El Ministerio de Igualdad subraya que el 27% de las personas que han sufrido discriminación racial señalan que ocurrió en el ámbito de la vivienda, seguida de los espacios públicos (22 %) y el ámbito policial (20 %).

Para Amnistía los desahucios siguen siendo un problema crítico en nuestro país. El informe recoge datos de la Plaforma de Afectadas por la Hipoteca y del Consejo General del Poder Judicial, que hablan de más de un millón de desalojos desde 2008, y más de 600.000 entre 2013 y 2025, respectivamente. Pero a esto hay que sumar un fenómeno que fomenta la especulación por parte de los fondos buitre que acumulan cientos de viviendas para mercadear. Los «desalojos invisibles«, que son aquellos en los que las personas se ven obligadas a irse de sus casas, ya sea por los precios inasumibles o por decisiones de los propietarios para poder sacar la vivienda de nuevo al mercado, y que no se pueden cuantificar.  

Las ocho medidas que propone Amnistía

Amnistía recuerda que España tiene una «obligación jurídica de garantizar la asequibilidad de la vivienda«, a través de mandatos como los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre la seguridad de la tenencia para la población urbana pobre, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos organismos han recomendado a nuestro país, entre otras cosas, que introduzca «sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las principales ciudades», y medidas para evitar la «manipulación de los mercados de la vivienda» por los fondos de inversión.

Sobre las medidas que sí se están tomando, o se plantean en las Cortes, el informe valora ese incremento del Plan Estatal con respecto a la anterior Ley de Vivienda del Ministerio, de 2023. Aún así, considera que es «insuficiente«, y señala el Congreso de los Diputados como fuente del problema de bloqueo a la regulación de la vivienda. Amnistía considera que es «necesaria y urgente» la adopción de la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones, presentada por las izquierdas y que se encuentra bloqueada en la Cámara Baja.

Por otro lado, el informe analiza dos propuestas del Partido Popular, las cuales pide al Congreso que no apoye. Se trata de las proposiciones de ley de medidas administrativas y procesales para la seguridad jurídica de la ordenación territorial y urbanística, el impulso del desarrollo urbano y la vivienda; y contra la ocupación ilegal de inmuebles y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. Se trata de las dos patas de la ley de vivienda del PP, tramitadas hace un mes y que proponen facilitar desahucios y eliminar la protección a los vulnerables.

El informe termina lanzando ocho exigencias a las administraciones para «contribuir, con medidas urgentes y estructurales, a superar la crisis de vivienda en España:

  • Firmar los convenios del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con la finalidad de que la financiación se pueda ejecutar de la manera más rápida posible.
  • Aprobar un nuevo Real Decreto Ley que garantice la prórroga extraordinaria de contratos de alquiler y estipule una limitación temporal a la subida interanual de los contratos.
  • Inclusión de los contratos de alquiler de habitaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos y tramitar de forma ágil la Propuesta de Ley para la regulación de alquileres temporales y de habitaciones, paralizada en el Congreso, para endurecer las condiciones de los mismos.
  • Aprobar en el Congreso el Real Decreto Ley de prórroga extraordinaria de contratos de alquiler en caso de que el Gobierno lo relance.
  • Incrementar las ayudas de emergencia para vivienda y, prioritariamente, a personas en procesos de desalojo para impedirlos.
  • Incrementar la financiación para ampliar el parque de vivienda social.
  • Aplicar fórmulas más ágiles que nueva construcción, priorizando la adquisición de viviendas ya existentes, usando el tanteo y retracto y primando la compra en zonas tensionadas.
  • Al poder judicial: Asegurar que los desalojos no den lugar a sinhogarismo, condicionando la ejecución de los lanzamientos a una alternativa habitacional adecuada o a la garantía de ayudas públicas que permitan conservar la vivienda actual o acceder a otra.

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Sánchez pide comparecer en el Congreso para hablar sobre los casos judiciales de Plus Ultra y Leire Díez

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante «las últimas investigaciones judiciales conocidas», en alusión al caso Plus Ultra y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz por el caso Leire Díez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados en regla con el artículo 203 del Reglamento de la Cámara Baja, según han confirmado este jueves fuentes de Moncloa, para «informar sobre la situación política» derivada de estos últimos acontecimientos.

El jefe del Ejecutivo central también aprovechará su comparecencia ante la Cámara Baja para informar a su vez sobre el último Consejo Europeo. Las fuentes del Gobierno no han confirmado una fecha concreta para la comparecencia de Sánchez, pero se prevé que se celebre este próximo mes de junio.

Desde su visita oficial a la Santa Sede por su audiencia privada con el Papa León XIV este miércoles, Sánchez se pronunció largo y tendido tanto sobre la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta implicación en el caso Plus Ultra, como por la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de Ferraz, cuando este miércoles trascendió la imputación del exsecretario de Organización, Santos Cerdán; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Todos ellos bajo la causa de Leire Díez.

Sobre esta última cuestión, el jefe del Gobierno central admitió ante los medios de comunicación la “gravedad” de la investigación que está llevando a cabo el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, aunque defendió que la exmilitante socialista Leire Díez fue apartada hace un año. En este sentido, garantizó que, en caso de aparecer nuevos “comportamientos irregulares” internos, su partido actuará “con contundencia” y con plena colaboración con la Justicia.

Entonces, matizó que la UCO no accedió a la sede del PSOE por un “registro”, sino por “un requerimiento de información” sobre esta causa abierta: “Si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año”, indicó. Al tiempo, sobre las cuentas del partido, ensalzó la labor “escrupulosa” de Fuentes y señaló “los bulos” difundidos en torno a esta cuestión.

En lo que concierne a la imputación del expresidente socialista, Sánchez volvió a cerrar filas en su favor: “Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo”, insistió, teniendo en cuenta que el político investigado deberá acudir a declarar ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional los próximos 17 y 18 de junio.

Preguntado a su vez por si estos casos judiciales motivarían un adelanto electoral, Sánchez, una vez más, descartó al mayor este hipotético escenario, garantizando que agotará la legislatura hasta 2027. En estos términos, defendió convocar elecciones “por el interés general de los ciudadanos”, no por “interés partidista” de algunas voces, también en aras de no abocar al país a “una parálisis” política.

En estos últimos días, más allá de las peticiones del Partido Popular y Vox de convocar elecciones inmediatamente, algunos socios del Gobierno han venido exigiendo explicaciones sobre estas causas. Por un lado, desde ERC, Gabriel Rufián, no ha descartado este jueves la posible existencia de “unas cloacas del PSOE”, instando a Sánchez a acudir al Congreso a brindar explicaciones “detalladas, con nombres y apellidos”: “La gente merece una izquierda que no dé vergüenza”, ha apostillado.

Al tiempo, el principal socio en la coalición, distintas voces de Sumar han venido endureciendo el discurso con el ala socialista del Ejecutivo, también reclamando explicaciones claras, como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha exigido “limpieza”.

El PSOE descarta “conductas delictivas” internas

Por su parte, fuentes de Ferraz han precisado este jueves, antes de conocer la decisión de su secretario general de comparecer en el Congreso, que desde el partido “no se ha ordenado, amparado ni cooperado en ninguna de las conductas delictivas” que se recogen en el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire. “Ayer recibimos un requerimiento de documentación del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional que motivó la presencia de la UCO en la sede del Partido Socialista en Ferraz, 70. Dicha solicitud fue atendida con plena colaboración por parte del Partido Socialista, y concluyó a las 00:30 de la madrugada”, han precisado.

Las fuentes socialistas han agregado que el caso se encuentra aún bajo secreto de sumario y que son ellos los “primeros interesados en esclarecer” todo lo sucedido, reiterando a su vez que, desde que estalló la investigación a la exmilitante, el partido ha colaborado con la Justicia desde el primer momento. “La mayoría de las personas que aparecen citadas en este auto, han declarado ya en la causa abierta de ese procedimiento donde, además, el PSOE aportó la información y documentación que se le requirió en su momento”.

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El PP se estanca en las encuestas a pesar del desgaste del PSOE por Zapatero, que aprovecha Sumar

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Al Partido Socialista le empiezan a pasar factura en las encuestas los casos judiciales. El Partido Popular ganaría las elecciones si se celebraran hoy, y crecería con respecto a últimos sondeos. Sin embargo, el desgaste de los socialistas, que caen en intención de voto tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, no ha hecho que la intención de votar a Alberto Núñez Feijóo se dispare, siendo la izquierda alternativa la que capitaliza esa caída. Vox, por su parte, continúa estancado.

Todo esto se recoge en la encuesta que publica este lunes 20minutos, que se realizó tres días después de conocerse la imputación al expresidente del Gobierno—que fue el pasado 19 de mayo—, por lo que no tiene en cuenta la reacción socialista a lo ocurrido este miércoles, con la entrada de la UCO en la sede de Ferraz y la imputación a Santos Cerdán o la gerente del PSOE, entre otros, en el caso Leire Díez.

Según el barómetro, el PP ganaría las elecciones con el 34,8% de los votos, lo que supondría casi 2 puntos más que en los comicios de 2023. Los de Feijóo se mantienen al alza, y si que aprovechan algo el desgaste del PSOE, pero no aumentan esa tendencia a pesar de los casos que afectan a los socialistas. Buena prueba de ello es que, desde la última edición de este sondeo, de marzo, solo crecen dos décimas en intención de voto. La encuesta les otorga entre 144 y 148 escaños, lo que supondría siete más que los que tienen en la presente legislatura.

Ese misterio en la intención del PP no esconde un descalabro socialista. El partido de Pedro Sánchez empieza a notar el continuo desgaste por el goteo de casos de corrupción investigados a su alrededor, y ahora mismo conseguiría el 27,7% de los votos. Aquí lo llamativo es que, por ahora, la imputación de Zapatero no les hace perder más que dos décimas desde el anterior sondeo, y en el conjunto no han parado de crecer desde el verano, mientras que el PP ha bajado en ese periodo. Pero de cumplirse este pronóstico, el PSOE sí que perdería cuatro puntos con respecto al 23-J, cayendo también en asientos en el Congreso desde los 121 actuales hasta la horquilla de 107 a 111 escaños que le otorga esta encuesta.

Sumar se dispara, pero Vox suma con el PP

Lo que parece confirmar también este resultado es que Vox tocó su techo hace tiempo. Los de Santiago Abascal están reforzados como grandes ganadores del ciclo electoral que terminó hace una semana y media en Andalucía, consiguiendo entrar en cuatro gobiernos autonómicos con el PP. Esto les ha dado la oportunidad de controlar el relato en los últimos meses, con el debate de la prioridad nacional, lo que se traduce en un crecimiento que, no obstante, no es meteórico.

La ultraderecha conseguiría el 16% de los votos, lo que comparando con elecciones reales sería su máximo histórico y supondría casi cuatro puntos más que en 2023. Desde marzo, no obstante, tan solo han crecido dos décimas en este barómetro, recuperándose de una ligera caída tras más de un año de ascenso imparable. Esta cifra se traduce en una horquilla de 54 a 56 escaños, lo que supondría una subida de más de 20 desde los 33 actuales, y significaría que PP y Vox sumarían mayoría absoluta, con un combinado de 198 a 204 escaños.

Donde sí que se nota el desgaste del PSOE es a su izquierda. Sumar, con su configuración actual y a la espera de un líder que sustituya a Yolanda Díaz, lograría 5,7% de los votos. Aunque todavía no se ha confirmado cómo se van a configurar estos partidos, la encuesta evalúa a Podemos, que abandonó la coalición en diciembre de 2023, por separado. Los de Ione Belarra conseguirían el 3,5% de los votos.

Por separado los resultados son dispares. Sumar se dispara con ocho décimas más que en marzo, logrando capitalizar la caída del PSOE con de 7 a 9 escaños. Esto no quitaría un descalabro desde los últimos comicios, en los que consiguieron el 12,3% de votos y 31 escaños, que cayeron a 26 cuando Podemos y Més-Compromís se fueron al Grupo Mixto. Los morados sí que conseguirían mantener 2 o 3 escaños, según el sondeo. Juntando a ambas, que es como fueron en 2023, esto les supondría perder tres puntos en intención, y hasta 19 escaños menos que en los últimos comicios.

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El hermano de Pedro Sánchez pide la nulidad de su causa judicial: su defensa alega una “investigación prospectiva” con “la raíz podrida”

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Novedades en el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España. Según ha podido conocerse, su defensa ha solicitado que se declare la nulidad del proceso por el cual podría ser declarado culpable de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La causa, abierta en torno a su contratación como coordinador de los conservatorios por parte de la Diputación Provincial de Badajoz, se abrió a partir de una denuncia presentada en el año 2024.

Precisamente, el abogado de Sánchez, Emilio Cortés, pide la nulidad del proceso haciendo énfasis en que la demanda fue presentada siete años después de la contratación del hermano del presidente del Gobierno y que la denuncia de Manos Limpias se basó en unos recortes de prensa. Así, el letrado apunta que la organización ultraconservadora señaló delitos contra Hacienda, la Seguridad Social, fraude y exacciones ilegales. “Sin embargo, ninguno de esos delitos aparecen en el escrito de acusación, no se juzgan, lo que formalmente es llamativo”, expone el abogado.

Es por ello que la defensa de David Sánchez apunta que la raíz del caso «está podrida» y que la denuncia de Manos Limpias tuvo una “inspiración de signo político». Igualmente, Cortés también ha remarcado que la investigación ha ido cambiando, asegurando que, cuando se demostró que los posibles delitos planteados no se sustentaban, se buscó relacionar su caso con la trama de Víctor de Aldama. De esta manera, subraya que se demuestra que todo el asunto es «pura mentira, pura invención».

Además de el abogado de David Sánchez, el de Miguel Ángel Gallardo, quien fuera presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE en Extremadura, también ha pedido la nulidad del caso alegando en el auto de apertura de juicio oral aparecen hechos delictivos sobre a los que Gallardo no se le plantearon preguntas durante la fase de Instrucción. Así, hace referencia a la contratación por parte de la institución provincial de Luis María Carrero, amigo de David Sánchez, quien pasó a ocupar el cargo de jefe de sección de Coordinación y Programas de Actividades Transfronterizas, una plaza en comisión de servicio. 

No solo argumentaba esto la defensa de Gallardo, sino que también presentaba una serie de documentación para justificar que la contratación de David Sánchez no tuvo porque implicar un acto irregular. Así, ha presentado una nota de prensa de la Diputación de 2016 cuando se empezaron a preparar los presupuestos del siguiente ejercicio, la convocatoria del comité federal del PSOE que en 2016 acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, la celebración de las primarias socialistas en mayo de 2017, que ganó y la celebración en junio de ese año del Congreso Federal. Se tratan estos de unos acontecimientos a los que hace referencia para justificar que en el momento de la creación de la plaza de coordinador de los conservatorios, durante la oferta de empleo público y la contratación del David Sánchez, su hermano no tenía poder orgánico en el PSOE.

Sin embargo, a pesar de estas solicitudes de nulidad del caso presentadas, es difícil que los tres jueces de esta causa atiendan a ellas, ya que la Audiencia de Badajoz ya rechazó todos los recursos planteados en este sentido y respaldó en la mayoría de las ocasiones la instrucción de la jueza Beatriz Biedma.

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A qué se debe el «malestar» del PSOE con Felipe González: cronología de una traición tras otra

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Durante años, el malestar latente entre el PSOE y Felipe González fue interpretado en Ferraz como una discrepancia propia entre generaciones políticas distintas. Sin embargo, en el entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya nadie oculta que la relación atraviesa su punto de ruptura más profundo desde la restauración democrática. 

Lo que comenzó como una tensión soterrada tras las primarias socialistas de 2014 ha derivado, con el paso de los años, en una sucesión de reproches públicos, desautorizaciones políticas y choques ideológicos que han erosionado casi por completo el vínculo entre el primer y el segundo presidente con más días en el poder.

En el núcleo duro del PSOE se asume desde hace tiempo que González dejó de ejercer como “voz crítica” del partido para convertirse, de facto, en uno de los principales contrapuntos simbólicos al proyecto político de Sánchez. Tanto es así que el exmandatario socialista llegó a afirmar que ya no votaría al PSOE porque la formación “no le representa”. 

El origen del desencuentro: del Congreso del año 2000 a las primarias socialistas

Aunque la fractura se hizo visible durante la segunda etapa de Sánchez, varios dirigentes históricos recuerdan que la desconfianza entre González y el actual modelo socialista tiene raíces mucho más antiguas. 

El primer episodio se remonta al XXXV Congreso Federal del PSOE, celebrado en el año 2000 tras la mayoría absoluta de José María Aznar. Aquel cónclave marcó el ascenso inesperado de José Luis Rodríguez Zapatero frente al entonces favorito del aparato, José Bono, candidato respaldado personalmente por González.

La derrota de Bono dejó una primera huella política y emocional. González tuvo que convivir con un liderazgo que no había impulsado y cuya visión territorial y generacional chocaba parcialmente con la suya. Pese a ello, durante los gobiernos de Zapatero mantuvo interlocución frecuente con Moncloa e incluso influencia indirecta sobre algunos ministros de perfil felipista, como Pedro Solbes, titular de Economía y Hacienda y número dos del Ejecutivo.

No obstante, el expresidente nunca abandonó del todo su papel de conciencia crítica de la izquierda española. En la Moncloa zapaterista se percibía a menudo como un “pepito grillo” incómodo, especialmente en asuntos vinculados al modelo territorial y a América Latina.

Sánchez y González: dos modelos irreconciliables

La tensión alcanzó otra dimensión con la irrupción de Pedro Sánchez. González apoyó públicamente a Eduardo Madina en las primarias de 2014 y nunca terminó de asumir el liderazgo político del actual presidente del Gobierno. A partir de ahí, los choques se hicieron recurrentes.

En 2016, en plena crisis interna socialista, González expresó públicamente sus dudas sobre Sánchez y deslizó que el entonces secretario general anteponía “el interés del partido al del país”. El enfrentamiento se recrudeció un año después, durante el debate interno sobre la investidura de Mariano Rajoy. Mientras Sánchez defendía el “no es no” al PP, González se alineó con quienes apostaban por la abstención para evitar el bloqueo institucional y la dependencia de fuerzas independentistas.

Aquella batalla dejó heridas difíciles de cerrar. Dirigentes territoriales como el castellanomanchego Emiliano García-Page llegaron a afirmar públicamente que González se había sentido “engañado” por Sánchez respecto a la posición final del PSOE ante Rajoy.

Aunque hubo intentos de recomposición —incluidas reuniones privadas y gestos de reconciliación tras la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018— la distancia ideológica nunca desapareció. El Congreso Federal del PSOE de 2021 escenificó una tregua temporal, con abrazos y mensajes conciliadores. Pero aquella imagen terminó siendo efímera.

Cataluña, la amnistía y la ruptura definitiva

En Ferraz admiten que el verdadero punto de no retorno llegó con la política de alianzas parlamentarias del Gobierno y, especialmente, con el acercamiento a los partidos independentistas catalanes. González nunca ocultó su rechazo a la estrategia territorial impulsada por Sánchez y endureció progresivamente sus críticas tras los pactos con Carles Puigdemont.

La ley de amnistía terminó por dinamitar cualquier posibilidad de reconciliación política. El expresidente sostuvo reiteradamente que esa medida no tenía encaje constitucional y acusó implícitamente al PSOE de alterar los consensos básicos de la Transición. “La Constitución no es un chicle”, llegó a afirmar en una entrevista radiofónica.

La sentencia del Tribunal Constitucional avalando la amnistía no ha suavizado el choque; al contrario, ha cristalizado una división de fondo dentro del socialismo español. En torno a González se agrupan quienes reivindican un PSOE más institucionalista, ‘caoba’, vinculado al consenso constitucional y al modelo clásico de Estado. Frente a ello, el sanchismo reivindica una política basada en la gobernabilidad parlamentaria, la negociación fragmentada y las alianzas plurinacionales.

Venezuela y América Latina: otro foco de conflicto

Otro de los grandes elementos de fricción ha sido la política latinoamericana. González mantiene desde hace años una posición extremadamente crítica con el chavismo venezolano y con el régimen de Nicolás Maduro. El expresidente socialista ha definido reiteradamente al sistema venezolano como una deriva autoritaria incompatible con los estándares democráticos occidentales.

Zapatero, por el contrario, apostó durante años por la mediación diplomática y el diálogo con Caracas, manteniendo interlocución directa con el chavismo. Esa diferencia estratégica terminó proyectándose también sobre la política española, especialmente tras la aparición de Pablo Iglesias y el ascenso de Podemos, formación con la que González mantuvo siempre una relación abiertamente hostil.

Del referente moral al crítico incómodo

La figura de González continúa teniendo un enorme peso simbólico dentro del electorado socialista tradicional y entre sectores históricos del partido. Precisamente por eso, cada una de sus intervenciones públicas genera un profundo impacto político y mediático.

Sin embargo, en el entorno de Sánchez existe la sensación de que el expresidente ha cruzado hace tiempo la frontera entre la discrepancia y la oposición frontal. Sus críticas a la amnistía, a la política territorial, a los pactos parlamentarios y, más recientemente, su afirmación de que ya no votará al PSOE, han sido interpretadas por amplios sectores socialistas como una deslegitimación pública del actual proyecto político del partido.

La consecuencia es una fractura ya prácticamente estructural entre dos maneras de entender el socialismo español: la que representa el legado institucional de la Transición y la que encarna el nuevo ciclo político inaugurado por Sánchez.

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Page se suma a Felipe González y pide elecciones: «Es el momento de mayor riesgo para el PSOE en democracia»

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha sumado este martes a la petición del expresidente Felipe González y ha solicitado a Pedro Sánchez un adelanto electoral por la imputación del que fuera responsable del Ejecutivo de España, José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

El máximo representante castellanomanchego considera que “este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia” y opina que “lo que está pasando no lo podemos ver solamente como un hecho aislado”.

“Llevamos ya mucho tiempo de un escándalo que tapa otro y que tapa otro y que cada vez va cogiendo más volumen”, ha declarado durante un acto de Toledo esta mañana.

Page ha admitido su “profunda preocupación” por los acontecimientos conocidos en los últimos meses y el impacto que pueden tener en el PSOE. “Preocupa incluso el hecho de saber que podemos estar, más que preocupados, enormemente decepcionados”, ha pronunciado.

«O cuestión de confianza, o elecciones»

En ese contexto, Page ha recordado la posición que defendió hace más de un año dentro de los órganos de partido, cuando dijo que “o cuestión de confianza, o elecciones”. A su juicio, aquella petición respondía a una cuestión de responsabilidad política: “Los socialistas tenemos que poner el interés de España por encima del interés del Partido socialista”.

En su tono habitual, en el que acostumbra a llevar a cabo reflexiones, ha rememorado la que realizó hace cosa de un año sobre la conveniencia de terminar con la situación política actual. En este sentido, siempre atendiendo a sus declaraciones, “prolongar la agonía perjudicaba a la inmensa mayoría, aunque pudiera beneficiar a unos pocos”.

Para él, de hecho, el contexto ha empeorado desde entonces: “Sinceramente, creo que a estas alturas prolongar la agonía ya ni siquiera a esos pocos les puede beneficiar”.

En su intervención, el responsable castellanomanchego ha querido trasladar un mensaje de apoyo a la militancia socialista a quienes se identifican con los valores de la socialdemocracia, por quienes ha dicho estar “muy entristecido por los militantes”, lo mismo que por la “mucha gente que vota al PSOE”: “El PSOE es necesario, y la socialdemocracia el espacio en el que nos hemos encontrado mucha gente”.

Preguntado directamente por Zapatero, Page ha expresado en primera instancia su deseo de que los hechos entorno a los que giran su imputación se esclarezcan y le ha deseado “lo mejor” al expresidente del Gobierno.

El presidente de Castilla-La Mancha ha seguido defendiendo una posición de máxima exigencia ante cualquier caso de corrupción o investigación judicial, supuestos en los que, ha refrendado, “no valen amigos ni compañeros”. “Los que tenemos confianza depositada en la gente debemos ser los más exigentes en reclamar justicia”, ha acentuado.

En este sentido, ha afianzado que “si personalmente conociera a alguien que resulte investigado, será el primero en exigir, precisamente por esa confianza, el máximo rigor en la aplicación de la justicia”.

Felipe González

Page sigue con sus palabras la senda de Felipe González, quien el pasado lunes dijo abiertamente que “debería haber elecciones” este año. “El liderazgo que yo aprecio es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce para beneficio propio sino para la población”.

Sin embargo, González señaló que no ve a Zapatero “con capacidad para montar una ingeniería financiera” como la que apuntan los informes de la UDEF. “Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a (saber) lo que es una sociedad offshore… No lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman ‘principito’…”, consideró.

El exdirigente socialista cree que la investigación del juez Calama hasta ahora ha seguido “pasos garantistas” y ha pedido esperar a que avancen las pesquisas, así como a respetar la presunción de inocencia, al margen de que “esté en desacuerdo político” con la persona a la que investiga la Audiencia Nacional.

“A mí me ha impresionado el auto y ayer por la tarde decidí dejar de leer los informes de la UDEF”, dictaba, acentuando que, si él fuera del PP no presentaría una moción de censura contra Sánchez porque se dejaría de hablar del caso de Plus Ultra y de la imputación para hablar únicamente de la moción.

 

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EEUU ataca el sur de Irán en plenas negociaciones de paz

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Estados Unidos ha vuelto a golpear territorio iraní en uno de los momentos más delicados de las negociaciones abiertas para intentar poner fin a la guerra que sacude la región desde hace tres meses. El Comando Central estadounidense confirmó a última hora del lunes una serie de ataques contra objetivos situados en el sur de Irán, cerca del estratégico estrecho de Ormuz, y los justificó como una acción de “legítima defensa” para proteger a sus tropas.

La operación, según la versión de Washington, no supone la ruptura formal del alto el fuego vigente, aunque sí introduce un nuevo elemento de tensión en unas conversaciones ya marcadas por la desconfianza entre las partes. El portavoz del Comando Central, el capitán Tim Hawkins, sostuvo que las fuerzas estadounidenses actuaron contra emplazamientos de lanzamiento de misiles y contra embarcaciones iraníes que, según EEUU, intentaban colocar minas en una zona de enorme valor estratégico.

«Entre los objetivos se encontraban bases de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas», ha indicado Hawkins aseverando seguidamente que el CENTCOM «sigue defendiendo» a sus uniformados al tiempo que actúa «con moderación durante el alto el fuego en curso».

Ormuz, el punto más inflamable del tablero

Los ataques se produjeron en las proximidades de Bandar Abás, una ciudad portuaria del sur de Irán que alberga instalaciones navales clave y que se encuentra cerca del estrecho de Ormuz, paso obligado para una parte sustancial del comercio energético mundial. Medios internacionales informaron de explosiones en la zona, así como de incidentes cerca de otros enclaves costeros como Sirik y Jask, aunque el alcance exacto de los daños todavía no está completamente aclarado.

Fuentes citadas por medios estadounidenses aseguran que las fuerzas norteamericanas detectaron dos embarcaciones presuntamente vinculadas a la Guardia Revolucionaria iraní mientras colocaban minas en el estrecho. Washington afirma que actuó para neutralizar esa amenaza y evitar un posible bloqueo de la vía marítima. La explicación oficial insiste en que se trató de ataques “defensivos”, una palabra elegida con precisión para sostener que EEUU no busca descarrilar el proceso diplomático.

La importancia de Ormuz convierte cualquier incidente militar en un riesgo global. Por esa angosta ruta marítima transita una parte esencial del petróleo que abastece a los mercados internacionales, y su cierre o militarización plena podría desencadenar una escalada de precios, tensiones comerciales y nuevas presiones inflacionistas. De ahí que las negociaciones no solo interesen a Washington y Teherán, sino también a las monarquías del Golfo, a Europa y a las grandes potencias asiáticas.

Diplomacia bajo las bombas

La ofensiva estadounidense coincide con el viaje de negociadores iraníes a Qatar, donde se intenta articular una fórmula que permita congelar la escalada y avanzar hacia un acuerdo más amplio. Doha se ha convertido en uno de los principales espacios de mediación, con contactos centrados en la reapertura plena del estrecho, el mantenimiento del alto el fuego y una posible secuencia de alivio de sanciones a cambio de garantías iraníes.

El principal incentivo para Washington sería recuperar la libre circulación por Ormuz, mientras que Teherán aspira a obtener el levantamiento de sanciones y el desbloqueo de activos congelados. Las cuestiones más sensibles, especialmente las relacionadas con el programa nuclear iraní, podrían quedar aplazadas a una segunda fase de negociación, previsiblemente bajo una prórroga del alto el fuego. Esa arquitectura permitiría a las partes vender avances sin resolver de inmediato los asuntos de mayor carga política.

Donald Trump trata de presentar el proceso como una victoria diplomática, pero el nuevo ataque complica su relato. El presidente estadounidense ha asegurado que las conversaciones avanzan, aunque al mismo tiempo mantiene la presión militar sobre Irán y amenaza con nuevas acciones si considera que sus tropas o sus intereses están en peligro. Esa doble vía —bombas y negociación— refuerza la imagen de una Casa Blanca que quiere imponer el ritmo de las conversaciones desde una posición de fuerza.

En paralelo, Trump ha introducido otra exigencia de alto voltaje político: que varios países árabes y musulmanes avancen hacia la normalización de relaciones con Israel en el marco de los Acuerdos de Abraham. La propuesta afectaría a actores como Arabia Saudí, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto y Jordania, aunque no todos parecen dispuestos a asumir ese coste diplomático, especialmente en un contexto de guerra regional y fuerte rechazo social a la política israelí.

La maniobra busca también ofrecer una compensación política a Benjamín Netanyahu, que observa con recelo cualquier pacto que reduzca la presión sobre Teherán. El primer ministro israelí teme que un acuerdo limitado permita a Irán ganar tiempo, recuperar recursos económicos y mantener intactas algunas de sus capacidades estratégicas. Para Trump, sin embargo, ampliar la normalización con Israel serviría para envolver el pacto en una narrativa de reordenación regional.

El problema para Washington es que cada ataque erosiona la confianza necesaria para negociar. Aunque el Pentágono insista en que la operación ha concluido “por el momento” y que no pretende romper el alto el fuego, Teherán difícilmente puede ignorar que las conversaciones avanzan mientras sus posiciones son bombardeadas. La clave ahora será comprobar si Irán responde militarmente, si limita su reacción al terreno diplomático o si utiliza el incidente para endurecer sus condiciones en Qatar.

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Feijóo llama a filas a barones y alcaldes para «amplificar el desgaste» de Sánchez: «Muerte a pellizcos»

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ordenado a la totalidad de su partido a activar el «modo electoral» pese a que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado que no adelantará las generales y aún falta un año para las municipales y autonómicas. Feijóo quiere que los cargos del partido estén «tensionados» y, sobre todo, hace hincapié en el papel clave de los alcaldes para movilizar a votantes. Así lo trasladó a sus ‘barones’ el pasado lunes, durante una comida de trabajo posterior a la reunión de la Junta Directiva Nacional convocada para analizar los resultado de las elecciones andaluzas, donde Juanma Moreno logró una amplia mayoría pero se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

«Feijóo quiere que tengamos las estructuras activas, que la gente esté tensionada y que no cometamos errores. Y, sobre todo, que los alcaldes ayuden, porque son los principales valedores», resume una de las personas que asistió a ese almuerzo informal de trabajo. En la reunión de la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano del PP entre congresos, el propio Feijóo aseguró, tras la victoria del PP en Andalucía en la que Moreno Bonilla se quedó a las puertas de la mayoría absouta, que el cambio en España está «más cerca». «Tenemos un proyecto para España. Vamos a salir a la calle con él, vamos a escuchar a la gente, vamos a enriquecerlo. Y, añado, vamos a cumplirlo», aseveró ante los suyos. En un discurso en el que pronunció hasta 33 veces la palabra «cambio», subrayó ante los suyos que ahora hasta las próximas elecciones generales, la agenda del PP será «proyecto, proyecto y proyecto«. Según recalcó, Sánchez y sus socios «pueden decidir cuánto quieren resistir» pero «hay algo que ya no depende de ellos: el deseo de cambio de los españoles».

Amplificar el desgaste de Sánchez: «La muerte a pellizcos»

Los ‘populares’ llevan meses desgranando su alternativa para que cale en la gente cuáles serán las medidas que tomará Feijóo si llega al Palacio de la Moncloa, pese a que el foco mediático, según reconocen, se sitúa en «los casos de presunta corrupción que rodean al Gobierno», citando como asunto clave la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’. En Génova no esconden que su objetivo es «amplificar el desgaste» del presidente del Gobierno y del PSOE sin «cometer errores» ni caer en la «hipérbole», ya que la situación actual que enfrenta el PSOE, con el goteo de «imputaciones, tramas y escándalos» es, a su juicio, «la muerte a pellizcos».

Por eso, reprochan a Vox que, ante la debilidad de Pedro Sánchez, la primera iniciativa de Santiago Abascal haya sido de nuevo pedir una moción de censura cuando existe el mismo problema de siempre: que «no dan los números» para hacerla prosperar, y sería «regalar una victoria» al presidente del Gobierno. En este sentido, los ‘populares’ advierten veladamente a Vox de que «la derecha no puede servir de argamasa de la izquierda», máxime cuando, según destacan, «solo ha arrancado un juicio«, el del caso de las mascarillas en el que fue juzgado el exministro José Luis Ábalos, y «no hay siquiera una sentencia«.

«Tenemos tiempo y no hay que caer en la ansiedad«, aseguran en el equipo de Feijóo, que creen que es mejor estrategia «jugar con los nervios» que cunden en este momento en las filas socialistas. «Que se cuezan en sus autos», exclaman en el cuartel general de los ‘populares’. La cúpula del PP no descarta una moción de censura, pero por el momento prefiere meter presión a los socios de Sánchez, a los que interpela continuamente «hasta dónde están dispuestos a tragar«, porque sus propios votantes están «escandalizados».

Mantener la maquinaria electoral engrasada

Aunque el jefe del Ejecutivo ha dejado claro que no habrá adelanto electoral y que los comicios se celebrarán cuando toca hacerlo, en 2027, Feijóo ha puesto al partido en modo ataque para tener la maquinaria electoral engrasada y el PP «electoralizado». En las filas del PP hay quien advierte que es posible que Sánchez junte las autonómicas y municipales previstas en mayo del próximo año con las generales, que hace tres años tuvieron lugar de manera coincidente un 23 de julio de 2023.

«Estamos listos para las elecciones. Cuando quiera y como quiera«, retan a Sánchez desde la dirección nacional del PP que preside Feijóo, quien lleva meses reclamando un anticipo electoral tanto por la falta de apoyos parlamentarios como por la «corrupción» que rodea al Gobierno.

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Felipe González pide a Sánchez elecciones anticipadas por el caso Zapatero: «Me ha impresionado el auto»

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El expresidente del Gobierno Felipe González ha instado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez a la convocatoria de elecciones anticipadas para este año después de que el pasado martes la Audiencia Nacional imputara al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra.

En un acto celebrado con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), quien fuera presidente del Gobierno ha asegurado que «debería haber elecciones» en 2026, deslizando que el liderazgo que él valor «es el liderazgo no mercenario». «El que no se ejerce para beneficio propio sino para la población», ha apuntado. No obstante, el expresidente socialista ha añadido que no ve a Zapatero «con capacidad para montar una ingeniería financiera» como la que se desprende de los informes de la UDEF. «Que Zapatero haya llegado en su carrera vital a (saber) lo que es una sociedad offshore… No lo veo. Ahora, que se deje arrastrar por Maduro y Delcy, que le llaman ‘principito’…», ha esgrimido.

En líneas similares, González se ha referido a la investigación del juez José Luis Calama, sobre la que ha dicho que hasta el momento ha seguido «pasos garantistas», a la vez que ha pedido esperar a que avance la causa y el respeto a la presunción de inocencia de Zapatero. «A mí me ha impresionado el auto y ayer por la tarde decidí dejar de leer los informes de la UDEF», ha matizado. En esta línea, el también expresidente del Gobierno ha defendido que si perteneciera al Partido Popular (PP), no escogería la vía de la moción de censura, para evitar que se deje de hablar del caso y de la imputación.

Con todo, unas declaraciones que llegan después de que este pasado viernes González ya se pronunciara sobre la imputación de Zapatero, y asegurara que no se atreve a «creer» las acusaciones que recaen sobre el expresidente socialista. Asimismo, defendió que su presunción de inocencia es «indiscutible», pese a tildar el auto de la Audiencia Nacional de «muy impresionante». «Tengo muchas discrepancias políticas con él pero eso no lo imagino», espetó González en referencia al auto del juez Calama.

En el mismo orden de cosas, González hizo hincapié en que Zapatero tiene que «ocuparse de defenderse» y explicarse «sobre todo ante la Justicia». En este sentido, no considera que tenga que dar una rueda de prensa. «Tampoco lo tienen que estar jaleando para que estos días salga a dar explicaciones», sostuvo. Asimismo, expresó que aunque se trata de un auto «muy impresionante», el expresidente «no sólo tiene derecho «legítimo» a «presunción de inocencia sino también a defenderse» e insistió en que «no lo imagina» en ese papel. No obstante, González también tuvo palabras para el magistrado a quien reconoció haber tenido «una actuación de impecabilidad» como juez «de garantías» que tildó de «extraordinariamente respetable».

«Tranquilidad máxima» en Moncloa

En otro orden de cosas, fuentes de Moncloa han asegurado que hay «tranquilidad máxima» en el Ejecutivo después de las palabras expresadas por el presidente del PNV Aitor Esteban, que este domingo dijo que sería «irresponsable» que Sánchez siguiese «más allá de 2026, sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada».

En estos términos se expresó Esteban, para hacer también referencia a «todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español» que, a su juicio, son «absolutamente perjudiciales para la imagen política y la estabilidad gubernamental». Asimismo, el presidente del PNV defendió que el contenido del auto de imputación a Zapatero es «muy grave y preocupante», e instó al Ejecutivo a dar «muchas explicaciones» y consideró que esto, unido al resto de casos judiciales que afectan al PSOE, hacen «muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura».

Pese a ello, en Moncloa han asegurado que respetan su opinión, pero no la comparten y se muestran confiados respecto al desarrollo de la legislatura, que esperan finalice en 2027. Por su parte, el jefe del Ejecutivo rechazó que hubiera inquietud tras la imputación del expresidente del Gobierno y después de las advertencias de socios parlamentarios como el PNV para que adelante elecciones. Al ser preguntado por si está tranquilo, Sánchez aseguró que «sí, por supuesto».

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El PSOE mueve ficha frente al euroescepticismo para blindar en el Congreso la pertenencia de España a la UE

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El PSOE defenderá este martes en el Pleno del Congreso una iniciativa con la que, aprovechando el 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, pretende que el Parlamento declare «irrevocable» la continuidad en la Unión Europea y se reafirme el compromiso del país con el proyecto europeo como «garante de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad económica», buscando luchar también contra el euroescepticismo, que se ha convertido en una corriente creciente en otras naciones.

Con esta proposición no de ley (PNL), los socialistas también persiguen que el Congreso exprese su reconocimiento a quienes hicieron posible la adhesión de España a las entonces Comunidades Europeas y a quienes han trabajado durante estas décadas para consolidarla y fortalecerla, así como apoyar en el Consejo Europeo la tramitación de la propuesta de enmiendas a los Tratados formulada por el Parlamento Europeo en 2023. El PSOE señala que, «en tiempos de incertidumbre» como los actuales, es importante reafirmar el europeísmo y apostar «con firmeza» por un continente «más cohesionado, promoviendo el desarrollo del concepto de ciudadanía europea, fortaleciendo el pilar europeo de derechos sociales, avanzando en la triple transición ecológica, digital y social, impulsando la autonomía estratégica y liderando un orden internacional basado en la defensa de los valores democráticos, la legalidad internacional y los derechos humanos». Frente a los euroescépticos, los socialistas defienden «una Europa más fuerte, justa, solidaria y democrática«. «Más Europa ha sido y es hoy la respuesta. El verdadero patriotismo está hoy en defender Europa», afirman desde el partido del puño y la rosa.

«Ambición y compromiso»

Por los motivos expuestos en la iniciativa, además de reconocer a quienes hicieron posible la entrada y continuidad de España a la UE, instan a «mirar hacia el futuro con ambición y compromiso«, porque la Unión «no es solo una organización supranacional, sino un espacio de convivencia, respeto mutuo y libertad que tantas décadas ha costado consolidar y que ahora se seguir impulsando con determinación, convicción y unidad». La proposición recuerda, además, que la incorporación de España a la Unión Europea fue un hito que «marcó la evolución» de la nación y supuso un impulso a la modernización de su economía, industria y agricultura, gracias a mecanismos como los Fondos de Cohesión, la PAC, la eliminación de barreras arancelarias o la adopción del euro como moneda única.

«La integración europea ha tenido también un importante impacto social para la ciudadanía que ha podido disfrutar de derechos como la libre circulación, la integración cultural o el acceso a la educación y el mercado laboral en los diferentes países. Además, Europa ha sido motor de derechos sociales: los avances en igualdad de género, protección medioambiental o derechos laborales y lucha contra la discriminación tienen un fuerte componente comunitario», apuntan.

El texto también reconoce que España ha sido un impulsor del proyecto europeo como país «referente en solidaridad, integración, modernidad y crecimiento económico». «Ocupamos el cuarto puesto en paridad de género en la UE y somos una de las economías más sostenibles, generando el 40% del crecimiento de toda la eurozona», subrayan.

Evitar la expansión del euroescepticismo

Otro de los objetivos de esta PNL es evitar la expansión del euroescepticismo, que se está asentando en algunos países del Viejo Continente y en un porcentaje de su ciudadanía, especialmente entre los más conservadores, que ve con buenos ojos distanciarse del paraguas comunitario. 

Un precedente claro fue el de Reino Unido y su salida de la Unión Europea con el archiconocido Brexit, cuyos fantasmas renacieron hace apenas unas semanas: el líder del partido Reform UK, el ultraderechista Nigel Farage, fue el mejor parado de las recientes elecciones autonómicas y municipales, en detrimento del laborista Keir Starmer. Farage es, probablemente, el político británico no perteneciente a los grandes partidos más influyente de las últimas décadas, y es que aunque pasó años sin apenas representación parlamentaria, consiguió cambiar el eje político británico empujando el debate sobre inmigración, soberanía y la Unión Europea hasta provocar el referéndum del Brexit. Muchos analistas lo consideran el principal arquitecto político de la última década del euroescepticismo, incluso por encima de varios primeros ministros británicos.

Britain is broken, Britain needs Reform es el lema del partido que fundó Farage en 2018 para impulsar la campaña de salida de la Unión Europea. Es una de las figuras más influyentes del euroescepticismo y antes de erigirse como dirigente del Reform UK, fue líder del partido UKIP (UK Independence Party). Su principal bandera política ha sido la salida del Reino Unido de la Unión Europea, convirtiéndose en uno de los rostros más visibles del Brexit, además de por sus discursos con un marcado carácter nacionalista, antiinmigración y cargado de conservadurismo populista. Farage suele defender, además, una reducción del tamaño del Estado, controles migratorios más estrictos y una política exterior centrada en la soberanía nacional, y su buen resultado en las últimas elecciones determina que la corriente política por la que aboga no está tan dormida como puede aparentar.

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El juez Calama conformó su durísimo auto contra Zapatero a través de suposiciones policiales

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Continúan conociéndose nuevos detalles en torno extenso auto que el juez Calama redactó y a través del cual se acordaba la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el ‘Caso Plus Ultra’, así como de los informes de la UDEF sobre los que se ha apoyado para la acusación. La noticia, que se conocía la pasada semana, suponía un absoluto terremoto político y judicial, a llamar a declarar en calidad de investigado, por primera vez, a un expresidente del Gobierno al que se acusa de haber participado e, incluso, liderar una presunta trama de corrupción.

Durante las primeras jornadas, este hecho ha despertado serias dudas en torno al que fuera líder de los socialistas, sobre todo por el detalle que el juez Calama había mostrado a la hora de señalar los distintos indicios por los que acordaba la imputación de Zapatero. En este sentido, comenzaban a surgir, tal y como planteaban los propios socios del Ejecutivo de Pedro Sánchez, serias dudas en torno al expresidente del Gobierno. No obstante, nuevos detalles que se van conociendo de la investigación dejan algunas circunstancias por las cuales se abre a debate el margen de interpretación que tanto la UDEF como el magistrado han tenido a la hora de dibujar argumentos con los que acusar a Zapatero de presuntos actos delictivos.

En este sentido, cabe señalar los apartados concretos del informe de la UDEF, usado por Calama para apoyarse a la hora de imputar al que fuera secretario general del PSOE, sobre los cuales elDiario.es ha dado a conocer que pudo haber una mezcla de indicios de delito con suposiciones del cuerpo de Policía que no terminaban de encontrar hechos concretos con los que validar las ideas expresadas. Así, a la hora de ubicar a Zapatero como líder de una trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales, surgen incógnitas en torno los hechos señalados para ello por el juez y la Policía.

Uno de los puntos señalados por el diario digital tiene que ver con la reunión celebrada en el restaurante Portonovo y que tanto la UDEF como el juez consideran clave para sostener la acusación de blanqueo de capitales contra Zapatero. Según figura en el auto, el expresidente habría dado “instrucciones” para crear una sociedad en Dubái a través de la cual canalizar presuntamente el cobro de comisiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, la documentación incorporada a la causa da pie a que se abran incógnitas acerca de cómo se ha construido esa conclusión.

El principal elemento en el que se apoyan los investigadores es un correo electrónico remitido por Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, al asistente de Julio Martínez Martínez. En ese mensaje se informa de una reserva a nombre de «Julio» realizada para dos personas en el restaurante Portonovo el 26 de enero de 2021 a las 14.30 horas y se detalla, además, que un escolta del expresidente acudió personalmente a formalizarla debido a problemas con las líneas telefónicas del local. A partir de ese único dato, la Policía infiere que Zapatero participó personalmente en un encuentro donde se habrían dado instrucciones para constituir una sociedad offshore.

La construcción de esa hipótesis se completa con otro correo electrónico fechado al día siguiente de aquella comida. En este email, el empresario residente en Dubái Tomás Guerrero enviaba a Julio Martínez Martínez documentación necesaria para crear una empresa en Emiratos Árabes y hacía referencia a una conversación mantenida “ayer”. Sin embargo, en ningún punto de la investigación aparece una prueba directa que vincule a Zapatero con ese intercambio ni tampoco que confirme que dicha conversación se produjera necesariamente durante la comida en Portonovo.

De hecho, la reserva estaba realizada únicamente para dos personas, circunstancia que aparentemente dejaría fuera del encuentro a Tomás Guerrero, a no ser que el que fuera presidente del Gobierno no asistiera a esta cita. A ello se suma que el propio auto podría incurrir en contradicciones al describir la reunión, ya que en un apartado señala que el encuentro fue entre Zapatero y Julio Martínez Martínez, mientras que en otro sostiene que también acudió Guerrero. Todo ello ha llevado a cuestionar hasta qué punto las conclusiones de la UDEF se apoyan en hechos acreditados o, por el contrario, en suposiciones construidas a partir de coincidencias temporales.

Tal y como señala elDiario.es, el juez apunta en su auto expresamente que Zapatero y Julio Martínez Martínez “mantuvieron un encuentro en el restaurante Portonovo”, si bien en otro momento también dice que a esa reunión “organizada” por el expresidente “acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco”. Así, se basa solo en la secuencia temporal para justificar la acusación de blanqueo de capitales a partir de una sociedad offshore en Dubái.

Otro de los pilares de la acusación hace referencia al supuesto liderazgo de Zapatero dentro de la trama investigada. La Policía y el juez atribuyen al expresidente una “posición preeminente” basándose principalmente en varios archivos Excel enviados a Julio Martínez Martínez. En dichos documentos aparecen empresarios, compañías y directivos relevantes junto a datos de contacto y destinatarios de informes elaborados por la consultora Análisis Relevante.

Para la UDEF, esos listados no serían simples agendas de contactos, sino herramientas de “planificación logística” que demostrarían la capacidad de dirección de Zapatero dentro de la supuesta organización. Sin embargo, otras interpretaciones apuntan a que esos archivos únicamente evidenciarían que el expresidente puso su red de relaciones empresariales al servicio de la consultora vinculada a su entorno, sin que ello constituya necesariamente un indicio de actividad delictiva.

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El PP cree que Zapatero es la «reina madre de todas las corrupciones» y el PSOE reclama su presunción de inocencia

El PP cree que Zapatero es la «reina madre de todas las corrupciones» y el PSOE reclama su presunción de inocencia

Pitirre Noticias

El PP cree que todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que ha provocado la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. El PSOE pide «pruebas», que la justicia actúe y garantizar su presunción de inocencia. Las declaraciones se producen horas después de haber conocido dos informes de la UDEF a los que ha tenido acceso RTVE.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era la «reina madre de todas las corrupciones del Gobierno». Lo ha asegurado en su discurso de clausura de la junta directiva del PP de Catalunya junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.

Respecto a Zapatero ha asegurado que es el «mayor escándalo» que ha vivido la política española, y ha apuntado que esto no hubiera ocurrido sin las decisiones tomadas por el Gobierno liderado por el presidente, Pedro Sánchez. Según el dirigente popular «falta una parte de la película por conocer«, relativa a la influencia que tenía Zapatero en el Consejo de Ministros: «¿En qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?».

«¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?», ha subrayado Tellado, que cree que todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha por haber avalado la operación.

Patxi López: «Pruebas y que se garantice la presunción de inocencia»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este domingo al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tras su imputación dentro de la presunta trama del ‘caso Plus Ultra’, y ha pedido «pruebas y que se garantice la presunción de inocencia» del dirigente socialista.

«De todo lo que se conoce, Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones prácticamente en cinco años con Zapatero. Por lo tanto, pruebas y que se garantice la presunción de inocencia. Y luego hay otro mundo en el que el PSOE sigue gobernando y sigue haciendo políticas para la gente», ha dicho.

López ha insistido en esa idea al ser repreguntado por los periodistas antes de participar en la Festa de la Rosa en Granollers (Barcelona): «Nosotros necesitamos pruebas. Conversaciones de Zapatero muy poquitas, reuniones muy poquitas. Queremos ya que la justicia como tiene que ser: haciendo justicia, investigando y poniendo pruebas», ha asegurado.

«Hasta que no se demuestre lo contrario, la presunción de inocencia es lo que defendemos y defendemos al expresidente Zapatero y afrontamos las elecciones municipales con muchas ganas por son en las que los socialistas desplegamos toda la potencia. Tenemos empatía con los ciudadanos y segur que esas las ganamos «, ha concluido el socialista.

En la misma línea se ha mostrado la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, que ha pedido este domingo que se respete la presunción de inocencia de Zapatero y ha señalado que espera que «la justicia haga justicia».

En declaraciones a los medios antes de la manifestación por la vivienda en la capital, la portavoz ha vuelto a defender la actuación del Gobierno respecto al rescate de la aerolínea en 2021, momento en el que era ministra de Industria, Comercio y Turismo del Ejecutivo de la nación. «Todas las empresas que se favorecieron del escudo social por parte del Gobierno de España se basaron en informes que hacen los técnicos, en este caso de la SEPI. Ha habido también investigaciones de dos rescates, el de Plus Ultra y el de Air Europa, y no se ha encontrado absolutamente nada que ponga de manifiesto que hubo irregularidades», ha subrayado.

Esteban considera una «irresponsabilidad» que el Gobierno «siguiera más allá de 2026»

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha advertido este domingo de que sería una «irresponsabilidad» que el Gobierno de Pedro Sánchez «siguiera más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable» y con «una agenda descontrolada y judicializada».









RTVE ha tenido acceso a los informes de la UDEF sobre Zapatero | Ver


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02.08 min



Transcripción completa

Radio Televisión Española ha tenido
acceso a los informes de la UDEF en los

que se basa al juez Calama para citar a
Zapatero como

imputado.
Sitúan al expresidente del gobierno en

la cúspide de la red de influencia que
se organizó para que la Aerolínea

Plus Ultra consiguiera la ayuda pública
de 53 millones de euros.

En un segundo nivel mencionan a Julio Martínez Martínez

y a Manuel Aaron Fajardo García hijo de
un senador socialista y detallan que el

principal beneficiario de los fondos

obtenidos por la red sería el propio
Zapatero y la sociedad What The Fuck

que administran sus hijas.

En los informes

se expone también la confluencia de dos
vías de influencia para lograr ese

rescate, la vía Ábalos y la vía
Zapatero,

dos vías que, según se desprende del
informe de la UDED, fueron recomendadas

por la entonces vicepresidenta de
Venezuela, Delsi

Rodríguez.
Las gestiones con transporte se

realizaron a través de un abogado,
Miguel Palomero, que tenía relación

con Coldor Rodríguez, unas gestiones
que derivaron en una reunión con el

entonces secretario de Estado, Pedro
Saura, en una

conversación entre Rodolfo Reyes, ex
dueño de la compañía, y Julio Martínez

Sola, presidente y cofundador de Plus

Ultra martínez sola le comunica que
recibió una llamada de la secretaria de

saura en nombre de ábalos en los

informes queda acreditado por las
conversaciones intervenidas como los

directivos de Plus Ultra conocieron con
anterioridad a la aprobación del

Consejo de Ministros que recibiría la
ayuda de 53 millones.

Incluso se les pidió que no dijera nada
hasta que se celebrara

el Consejo.
También figuran los contratos mediante

los que se abonó la comisión por las
gestiones realizadas a Julio Martínez

Martínez, hombre de confianza de
Zapatero.

Entre las novedades desveladas en los
informes de la ODEF figura una

conversación entre Rodolfo Reyes y
Miguel Palomero a raíz de la

investigación judicial sobre el rescate
de la aerolínea.

Palomero dice que la

fiscal jefe del caso es amiga y añade
hay que hacer un Kitchen Gabinet.

La investigación

de la ODEF también recoge la existencia
de una cuenta en el Banco Santander

cuyos titulares son Zapatero y su
esposa que era receptora de

transferencias de terceros.

Los fondos no permanecían en esa
cuenta, sino que se derivaban a otras

cuya titularidad

también era del matrimonio.

A la unidad policial le ha llamado
especialmente la atención la

cancelación de un préstamo hipotecario
de 500.000 euros,

que se hizo mediante una transferencia
de 498.000 euros realizada por la mujer

de Zapatero desde

una cuenta propiedad de ambos

A la espera de más detalles de la
investigación de la Audiencia Nacional

RTVE ha tenido acceso a los informes de la UDEF sobre Zapatero

Esteban ha lanzado esta advertencia en su intervención en el acto que su partido ha celebrado en Durango (Bizkaia) cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027, en el que se ha referido a los «escándalos judiciales que rodean al Gobierno español» por ser «absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental».

«Aquí no vale todo», ha dejado claro el líder del PNV, que ha subrayado que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero «es muy seria» .

«Este panorama hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuesto, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada», ha puntualizado.

Enrique Santiago (Sumar) tacha de «catastrófico» el caso Zapatero: «No se puede permitir cobrar por gestiones políticas»

El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha tachado este domingo de «catastrófico» todo lo que se está conociendo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha advertido de que «no se puede permitir cobrar por gestiones políticas» porque, como ha repetido, «es un delito».

«Lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable. No puede ser que expresidentes del gobierno compatibilicen sus tareas públicas de una oficina pública de expresidentes del gobierno con actividades privadas, tienen que decidir a qué dedicarse, a una cosa u otra, no pueden mezclar esos dos ámbitos», ha asegurado Santiago que ha participado en la manifestación por la vivienda, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.


La izquierda alternativa toma posiciones ante el nuevo reto de la vía Rufián

Pitirre Noticias

Las elecciones autonómicas de Andalucía han revelado diferentes posiciones en torno a la calificada como ‘vía Rufián‘. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lanzó hace unos meses un órdago: las formaciones de izquierda progresista y nacionalista deben concurrir bajo una candidatura y proyecto unitario en las próximas elecciones generales de 2027 para no dispersar el voto y que se pierdan escaños por el camino que puedan ser fundamentales para evitar un Gobierno en coalición entre el PP y Vox. No obstante, lo que parece una posición que puede argumentarse desde una perspectiva tanto matemática como de utilidad electoral ha recibido diferentes respuestas durante los últimos meses, y especialmente acentuadas tras los comicios en los que Juan Manuel Moreno Bonilla se ha quedado a las puertas de la mayoría absoluta. Mientras que Sumar y Podemos optan por la prudencia y por estudiarlo todo con detalle, desde la izquierda andaluza se ha dado un portazo radical a la propuesta del catalán.

El diputado de Sumar y dirigente de Izquierda Unida, Enrique Santiago, sintetizaba en escasos renglones la posición de su partido al respecto: la llamada a la unidad de la izquierda ya no puede quedarse en una foto, una declaración de intenciones o un gesto lanzado desde un plató. Unas palabras que desinflan ligeramente el entusiasmo en torno a aglutinar un proyecto común, pero que destilan, a su vez, el deseo de que si se hace, se haga en condiciones adecuadas. Entienden el ofrecimiento como positivo, pero el tiempo de las proclamas ya caducó y debe abrirse hueco a la negociación concreta.

Santiago valoró así la posición del portavoz de ERC durante una entrevista en el programa Parlamento, de RNE. A su juicio, que surjan nombres dispuestos a facilitar un espacio compartido en la izquierda es una buena noticia, pero opina también que la reconstrucción de una candidatura amplia no puede empezar por el tejado, ni por el cartel electoral, sino por los cimientos políticos. «Ya ha pasado el tiempo de las proclamas», señalaba, prudente, el dirigente, con un mensaje que define a la perfección la situación actual: todos los actores parecen aceptar la necesidad de avanzar hacia algún tipo de unidad, pero falta determinar qué partidos estarán dentro, con qué programa mínimo, bajo qué reglas y qué relación se mantendrá con las fuerzas que decidan no integrarse en ese proyecto.

El dirigente de IU insistía en que España cuenta con una izquierda plural, como corresponde, ha dicho, a un país «plurinacional«. Es precisamente esa premisa desde donde partía la vía Rufián, y Santiago reivindicaba, de hecho, la trayectoria de Izquierda Unida en la búsqueda de alianzas tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Como ejemplo, ha citado la experiencia de Por Andalucía, una coalición que reunió a distintas fuerzas progresistas en torno a una candidatura común.

Podemos y los Comuns, en la misma línea prudente

No obstante, las reticencias no se limitan solamente a Sumar o a la propia cúpula de Esquerra. Podemos también ha optado por mantener un perfil bajo tras el paso adelante de Rufián. El jueves, la secretaria general de la formación, Ione Belarra, se limitó a señalar que quiere ser «muy respetuosa con los tiempos de ERC y de Gabriel Rufián» y defendió que «lo que la gente está esperando es que hagamos equipo, colaboremos y estemos a la altura de las circunstancias«. Desde las filas moradas defienden un tándem entre el dirigente e Irene Montero para situarse como el principal partido de carácter estatal a la izquierda del PSOE. No obstante, Rufián ha rechazado ligar su futuro de manera directa a los morados.

«Nuestro país se está moviendo y, como siempre, lo mejor que nace de este país nace de la mano de los trabajadores y las trabajadoras, de los vecinos y las vecinas», ha dicho Belarra, recalcando que Podemos «tiene que volver a ser la herramienta de toda esa gente que se atreve y tiene ganas de pelear para atreverse a volver a cambiarlo todo», como sucedió hace 15 años al calor del movimiento 15M. Según Belarra, si algo se ha aprendido desde entonces es que «con sus reglas, en las instituciones y en el Gobierno, casi siempre ganan ellos». «Es el momento de volver a jugar con nuestras reglas, de volver a hacer las cosas a nuestra manera«, ha aseverado, llamando a su gente a «militar con mil pies en las calles».

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario de los Comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, se dirigió el jueves a Rufián para pedirle una reunión «urgente» para que les aclare exactamente cuál es su propuesta. La formación, no obstante, no quiere embarcarse en una negociación con el portavoz sin que aclare antes su situación con ERC, y de ahí que Albiach expresara públicamente la duda de si Rufián «se ha emancipado» de su partido, dado que la cúpula republicana sigue rechazando la propuesta de su portavoz.

El portazo de Adelante Andalucía

Por su parte, Adelante Andalucía ha cerrado la puerta a cualquier posible integración en un espacio político estatal liderado por el portavoz de ERC. El portavoz de la formación andalucista, José Ignacio García, ha insistido en que su proyecto político seguirá centrado exclusivamente en Andalucía y, por ende, concurrirá en solitario a las próximas citas electorales.

«Nuestra cabeza y nuestro corazón están puestos en Andalucía», afirmaba García durante una comparecencia ante los medios en el Parlamento, marcando claras distancias con los movimientos que empiezan a producirse dentro del espacio político situado a la izquierda del PSOE tras los resultados electorales del pasado 17 de mayo. La respuesta de Adelante llega después de que Gabriel Rufián se mostrara esta semana dispuesto a liderar un espacio estatal de izquierdas de cara a las elecciones generales previstas para 2027. Durante esa intervención, el portavoz republicano puso como ejemplo a fuerzas «arraigadas al territorio», entre ellas Adelante Andalucía, y elogió públicamente la campaña realizada por José Ignacio García en las autonómicas andaluzas. Pese a estos elogios, sin embargo, desde Adelante Andalucía han querido enfriar cualquier especulación sobre futuras alianzas. “Somos una fuerza andalucista, una fuerza al servicio de la clase trabajadora andaluza y una fuerza independiente del PSOE», remarcaba García, quien ha asegurado sentirse «totalmente ajeno» a «las discusiones, las historias de liderazgo y los nombres de los salones» que se debaten desde Madrid.

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Los tiempos de la Audiencia Nacional: ¿Cuánto tendría que esperar Zapatero? Ahora mismo se juzgan casos de 2008

Pitirre Noticias

La comparecencia ante la Justicia de José Luis Rodríguez Zapatero tendrá lugar el próximo 2 de junio. La cita tendrá lugar en la Audiencia Nacional, estando dirigida por el juez Calama, quien será el encargado de plantear al que fuera presidente del Gobierno distintos interrogantes relacionados los indicios expresados en su auto, con los cuales buscará esclarecer diferentes cuestiones relativas al ‘Caso Plus Ultra’ y decidir si procede o no la apertura de un juicio oral.

En esta fase inicial de la investigación, el magistrado de Instrucción podrá dictaminar, si así lo entiende necesario, medidas cautelares si concibe que existe, entre otros elementos posibles, un riesgo de fuga o que las pruebas que puedan jugar un papel fundamental en el caso estén en peligro de ser destruidas. Sin embargo, José Luis Calama no será todavía el encargado de decidir si Zapatero es culpable o no de los posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental que se le imputan, sino que ello correspondería a la instancia superior que atienda este caso si el juez de Instrucción entiende que se debe seguir adelante con el mismo.

Ahora bien, en el supuesto de que Calama considere que los indicios señalados en su auto disponen de una base sólida y que las declaraciones de Zapatero le hagan considerar que ha habido una conducta delictiva por parte del que fuera líder de los socialistas, la siguiente fase en los juzgados del ‘Caso Plus Ultra’ podría llegar a demorarse por años. La lentitud con la que, a veces, opera el sistema en España, bien sea por acumulación de casos, por el tiempo que requiere el análisis de cada proceso o por saturación de los tribunales, puede hacer que el juicio al expresidente del Gobierno tarde en ser marcado en el calendario. Ello implica que Zapatero podría tener que aguardar paciente su paso por una instancia superior, en la cual sí se debatiría, definitivamente, su inocencia o culpabilidad. 

En este sentido, el abogado penalista José María de Pablo comentaba esta semana «lo que faltaría para un hipótetico juicio a Zapatero». En la red social ‘X’, el letrado quería hacer un ejercicio de «perspectiva» y, para ello, señalaba públicamente las principales fechas, en el ámbito de los tribunales, que tiene marcadas para este año. Así, se refería a «tres macrojuicios mediáticos», carácter que se entiende podría tener la causa en la que se investiga al expresidente del Gobierno, que en este 2026 pasarán por la Audiencia Nacional.

De esta manera, José María de Pablo apuntaba que estará especialmente pendiente a los juicios de la pieza 7 del ‘Caso Púnica’, el cual se está celebrando el juicio desde enero siendo un proceso abierto en 2014 sobre hechos de entre 2008 y 2012; la pieza 2 del ‘Caso Lezo’, la cual pasará por los tribunales en octubre tras abrirse la causa en 2016 sobre hechos de entre 2003 y 2008; y el ‘Caso Gowex’, un juicio que comenzará en diciembre tras admitirse a trámite las denuncias por primera vez en 2014 sobre presuntos actos delictivos cometidos hasta el 2013.

Mediante estas palabras, José María de Pablo hacía referencia a que, con la actual fase de Instrucción, podrá conocerse si existen pruebas suficientes o no para abrir juicio contra José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos que se le imputan. No obstante, conocer si es declarado culpable o no de esos actos ilícitos que se plantean podría demorarse años, quedando el que fuera presidente del Gobierno de España en un limbo judicial. 

 

Púnica, Lezo y Gowex… Llega el desenlace de tres grandes causas judiciales iniciadas en la pasada década

El caso Púnica, el caso Lezo y el caso Gowex son tres de los mayores escándalos de corrupción y fraude económico ocurridos en España durante la última década. Aunque cada uno tuvo características distintas, todos provocaron un fuerte impacto político, económico y social, además de aumentar la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y las grandes empresas.

El caso Púnica fue una trama de corrupción política destapada en 2014 por la Audiencia Nacional. La investigación reveló una red formada por empresarios y cargos públicos, principalmente vinculados al Partido Popular en la Comunidad de Madrid y otras regiones, que manipulaban contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. La presunta trama estaba liderada por el exconsejero madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza. Según las investigaciones, varias empresas habrían conseguido adjudicaciones amañadas en servicios públicos como energía, limpieza o eficiencia energética mediante sobornos y pagos irregulares. El caso afectó a numerosos alcaldes y altos cargos y se convirtió en uno de los mayores ejemplos de corrupción municipal y autonómica en España.

El caso Lezo también salió a la luz hace años y estuvo relacionado con la gestión del Canal de Isabel II, empresa pública encargada del suministro de agua en Madrid. La investigación descubrió presuntas operaciones fraudulentas, desvío de fondos públicos y compra irregular de empresas en Latinoamérica. El principal investigado fue Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Según la Fiscalía, parte del dinero público se habría utilizado para enriquecimiento personal y para beneficiar a determinadas personas y sociedades. El caso evidenció problemas de control en empresas públicas y supuso otro duro golpe para la imagen política madrileña.

Por otro lado, el caso Gowex fue un gran fraude empresarial descubierto en 2014. Gowex era una empresa tecnológica dedicada al wifi urbano que cotizaba en el Mercado Alternativo Bursátil. Todo cambió cuando la firma Gotham City Research publicó un informe asegurando que la compañía falseaba sus cuentas. Poco después, su fundador y consejero delegado, Jenaro García, confesó que había manipulado los balances durante años y que gran parte de los ingresos eran ficticios. La empresa quebró rápidamente y miles de inversores perdieron su dinero. El escándalo puso en duda los mecanismos de control financiero y la supervisión del mercado bursátil español.

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Los préstamos de la pandemia: qué aerolíneas fueron rescatadas y cuánto dinero recibieron

Pitirre Noticias

La pandemia de COVID-19 provocó el mayor colapso mundial en décadas. En lo referido al daño humano que causó, fue un episodio que será recordado durante mucho tiempo. En lo referido al ámbito económico, la incidencia de este virus propició serias dificultades en numerosos sectores que llevaron al límite a multitud de empresas. Precisamente, uno de los sectores que más notó la incidencia de la COVID-19 fue el del tráfico aéreo, viendo en esos días a muchas compañías rozar la quiebra.

Con los aviones en tierra y las fronteras cerradas, muchas aerolíneas europeas vieron peligrar seriamente su estabilidad en cuestión de semanas, llegando a temer la bancarrota. Ante esta situación, España, uno de los países más dependientes del turismo y del tráfico aéreo internacional, activó entonces un amplio programa de ayudas públicas para evitar el hundimiento de este sector, el cual cuenta con especial incidencia en la economía del país.

A través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, el Gobierno aprobó rescates millonarios que permitieron evitar la caída de varias compañías aéreas consideradas estratégicas para la economía nacional y garantizar su sostenimiento hasta que pasara lo más duro de la pandemia. Entre ellas figuraban Air Europa, Volotea, Air Nostrum y Plus Ultra.

Aquella actuación, entre otras que se dieron para minimizar daños en otros ámbitos, permitieron mantener vivas a estas compañías. Sin embargo, con el paso de los años, algunos de esos rescates han provocado distintos debates, hallando controversias políticas e, incluso, adquiriendo protagonismo en el ámbito judicial. Especialmente en torno a Plus Ultra y Air Europa.

Más de 800 millones de euros en ayudas públicas

Las ayudas públicas directas a aerolíneas comerciales españolas implicaron que el Gobierno de España dedicaran partidas económicas que superaron, en conjunto, los 839 millones de euros. Entre los préstamos que se hicieron a estas empresas, el mayor rescate fue el que se llevó a cabo con Air Europa, que recibió un montante de 475 millones de euros en noviembre de 2020. La compañía perteneciente al grupo Globalia era considerada estratégica por su peso en las conexiones internacionales, especialmente con Latinoamérica, y por el volumen de empleo, ya que contaba con más de 4.000 puestos de trabajo. Además, también se ejecutaba esta ayuda para evitar una pérdida de competencia estratégica en el mercado europeo.

Como se mencionaba previamente, no fue solo Air Europa la única empresa que requirió de ayuda económica por parte del Gobierno de España durante la pandemia. Entre ellas también estaba Volotea, que obtuvo una ayuda de 200 millones de euros en 2022 para garantizar su liquidez tras el desplome del tráfico aéreo provocado por la pandemia. En aquel momento se consideró necesario actuar para mantener viva a esta compañía, ya que operaba vuelos directos entre ciudades medianas que ninguna otra compañía ofrecía.

Por otro lado, Air Nostrum, especializada en vuelos regionales y franquiciada de Iberia para rutas de corta distancia, recibió 111 millones de euros mediante un préstamo participativo, y cerrando la lista se encontraba, por último, Plus Ultra, a la que se concedieron hasta 53 millones de euros. Aunque la cifra era mucho menor que la de otras compañías, la SEPI argumentó que su desaparición habría perjudicado la competencia en el turismo de larga distancia y las conexiones de la comunidad migrante. Este rescate ha terminado por convertirse en estos últimos días en el más controvertido políticamente.

Qué aerolíneas han devuelto el dinero

El Gobierno de España prestó su ayuda para evitar la quiebra de estas empresas. Si bien, las partidas económicas concedidas debían de ser devueltas por parte de las compañías a las arcas públicas. En este sentido, una vez recibido el dinero que permitió sostener a estas compañías mientras los efectos de la pandemia seguían notándose, la evolución posterior de cada rescate ha sido muy diferente.

Air Europa es la única gran aerolínea rescatada que ha devuelto íntegramente el dinero recibido. La compañía amortizó los 475 millones de euros antes del plazo previsto, devolviendo además los intereses correspondientes. Por su parte, Air Nostrum ha comenzado la devolución, aunque todavía mantiene una parte importante pendiente. La empresa ha reintegrado alrededor de 20 millones de euros y renegoció con la SEPI un calendario de pagos más amplio.

Volotea, por su parte, aún no ha devuelto el principal de la ayuda pública. La aerolínea alcanzó acuerdos para extender los plazos de amortización hasta 2028. Ahora bien, la situación más delicada es la de Plus Ultra. La compañía no ha devuelto todavía el capital del rescate y ha tenido dificultades para afrontar algunos vencimientos. Aunque sí ha abonado intereses, la empresa negocia actualmente nuevos planes de viabilidad con la SEPI para evitar problemas financieros mayores.

Plus Ultra: uno de los rescates más polémicos

La aerolínea copa numerosos titulares esta semana por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el causa judicial que lleva el nombre de esta compañía. Aunque la controversia ha saltado al ámbito político por la posición que ocupó el que en su día llegó a ser presidente del Gobierno, desde el primer momento, distintos partidos políticos, medios de comunicación y expertos cuestionaron las ayudas económicas que se concedía, ya que se ponía en duda que pudiera considerarse una empresa realmente “estratégica” para España. Sus detractores señalaban que la aerolínea tenía una cuota de mercado reducida, pocos aviones y una presencia limitada en comparación con otros operadores del sector.

No solo eso, sino que también se hacía especial énfasis en enfatizar que Plus Ultra ya acumulaba pérdidas antes de la pandemia, lo que alimentó las dudas sobre si cumplía los requisitos exigidos para acceder al fondo de rescate. Conforme avanzaba el calendario, la polémica creció aún más por la presencia de accionistas vinculados a empresarios venezolanos y por las sospechas de posibles conexiones con el régimen de Nicolás. Con el tiempo, y antes de que se involucrara a Zapatero en la trama, el caso terminó llegando a los tribunales.

La Audiencia Nacional abrió investigaciones sobre la concesión de las ayudas y analizó posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. En resumen, existen serias dudas de si la empresa merecía realmente ser rescatada, si pudo haber influencias políticas, y si parte del dinero podría haberse utilizado irregularmente.

La vinculación de Zapatero con Plus Ultra

Esta semana, toda la polémica relacionada con Plus Ultra se multiplicaba exponencialmente. Las pesquisas judiciales y diversas informaciones periodísticas comenzaron a analizar si Zapatero pudo haber intervenido de alguna manera para favorecer el rescate de la compañía o facilitar contactos políticos relacionados con la operación.

Ante los indicios hallados por el juez Calama, la Audiencia Nacional decidió llamarlo a declarar en calidad de investigado dentro de este caso. Zapatero, respondiendo públicamente a la llamada de le Justicia, aseguró públicamente que nunca realizó gestiones ante ninguna administración para favorecer a la aerolínea.

Air Europa, el rescate bajo sospecha política y la controversia en torno a Begoña Gómez

El rescate de Air Europa, aprobado en noviembre de 2020 por un importe de 475 millones de euros a través de la SEPI, se convirtió en uno de los más sensibles políticamente de los aprobados durante la pandemia. La compañía, integrada en el grupo Globalia, fue considerada estratégica por su peso en el transporte aéreo internacional y su papel en la conectividad con Latinoamérica. Sin embargo, desde el inicio de las investigaciones judiciales abiertas a raíz de distintas denuncias, el caso derivó hacia una fuerte controversia política centrada en la posible existencia de influencias en la concesión del préstamo.

El juez instructor del conocido como ‘Caso Begoña Gómez’, Juan Carlos Peinado, intentó en varias ocasiones incluir el rescate de Air Europa dentro de su investigación. El magistrado llegó a solicitar documentación a la SEPI y a interesarse por informes de la Guardia Civil sobre la operación, apoyándose en informaciones periodísticas y en referencias indirectas surgidas de otras causas, como el llamado ‘Caso Koldo’. En algunos de sus autos, incluso aludió a la posibilidad de que existieran contactos previos entre directivos de Globalia y el entorno de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para tratar de desbloquear la situación financiera de la aerolínea.

No obstante, esta línea de investigación ha sido corregida de forma reiterada por instancias superiores. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado en varias ocasiones excluir el rescate de Air Europa del procedimiento, al considerar que no existían indicios suficientes que justificaran su inclusión en la causa. Los magistrados han llegado a reprochar al instructor que actuara sobre la base de “meras sospechas” o informaciones no contrastadas, recordándole los límites del objeto procesal. En varias resoluciones se le ha instado incluso a archivar o separar esa línea de investigación.

En este contexto, el papel de Begoña Gómez ha sido uno de los puntos más controvertidos del caso, aunque no existe ninguna imputación firme ni resolución judicial que la vincule directamente con la concesión del rescate, el magistrado ha alimentado de manera constante la polémica política al seguir insistiendo con esta causa a pesar de las múltiples correcciones que le han hecho.

Sin embargo, tanto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como la propia Audiencia Provincial han señalado en distintos momentos que no existen elementos objetivos que acrediten una intervención de Begoña Gómez en la concesión de la ayuda pública a Air Europa. En consecuencia, las actuaciones del juez Peinado en esta materia han sido en buena parte limitadas o anuladas por los tribunales superiores, que han recordado la necesidad de ceñirse a indicios sólidos y no a hipótesis o inferencias indirectas.

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Bruselas defiende la legalidad del rescate a Plus Ultra y frena los intentos del PP en Europa por reabrir el expediente

Pitirre Noticias

El rescate a la aerolínea Plus Ultra y la imputación por el posible papel del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la operación han llegado al debate de Bruselas. En este sentido, la Comisión Europea ha determinado este viernes que el rescate de 53 millones de euros se ajustó a la normativa legal comunitaria en torno a las ayudas del Estado, que no precisó del visto bueno del Ejecutivo de Ursula Von der Leyen para salir adelante por ceñirse a las reglas europeas y no alcanzaba el umbral mínimo que requiere que una operación de estas características sea notificada para su examen individual, además de que el apoyo se dio a través de un fondo de recapitalización que sí obtuvo luz verde de sus servicios. Todo ello pese a los intentos del Partido Popular en Europa de reabrir el expediente.

Pese a esta postura, el PP desde el Parlamento Europeo instó al Ejecutivo comunitario este lunes a revisar las condiciones en que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó este rescate durante la pandemia de coronavirus; una petición que vino motivada por la imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y cohecho presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y cohecho, acusado de considerarse, según el auto del juez José Luis Calama, como el “líder” de una presunta red de tráfico de influencias dentro de este entramado empresarial.

Fue a raíz de una pregunta formulada por la eurodiputada y vicepresidenta del PPE en la Eurocámara, Dolors Montserrat, en la que instó al Gobierno de Von der Leyen a esclarecer si “se utilizaron instrumentos europeos para beneficiar políticamente a una aerolínea vinculada al entorno del régimen chavista” y, además, si se vulneraron principios esenciales del Derecho de la Unión Europea tales como la transparencia, la igualdad de trato, la buena administración y el control adecuado de las ayudas de Estado.

En estos términos, Montserrat sostuvo que la UE “no puede permitir que mecanismos excepcionales creados para proteger empresas y empleos acaben beneficiando a particulares y alimentando redes de influencia construidas alrededor de intereses políticos, opacidad y utilización indebida de recursos públicos”.

Acompañando al PP europeo, los eurodiputados españoles dentro del grupo parlamentario ERC en la Eurocámara, donde se encuentra la familia política de la primera italiana, Giorgia Meloni, de extrema derecha, han compartido sus quejas, remitiendo así una batería de preguntas a la Comisión en la que instaron a reabrir la investigación, reclamando al tiempo la devolución íntegra de los fondos en caso de que se prueben los indicios. A su vez, los eurodiputados exigen trasladar el expediente de Plus Ultra a la Fiscalía Europea.

Bruselas defiende la legalidad del rescate

Siguiendo las directrices del marco temporal que el Ejecutivo comunitario puso en marcha para apoyar a las compañías más golpeadas por los efectos de la crisis económica que dejó la pandemia en 2020 en adelante, “sólo las decisiones de ayuda superiores a 250 millones de euros, destinadas a la recapitalización o al apoyo a la solvencia de empresas específicas, debían ser notificadas a la Comisión para su evaluación individual”, según ha recordado el portavoz comunitario de Competencia, Ricardo Cardoso, este viernes.

Debido a ello, el rescate a Plus Ultra, en concreto, no se situó dentro del arco de estos casos y, por ende, no hizo falta someterlo al escrutinio de Bruselas, por lo que la Comisión “no lo examinó individualmente”. El portavoz ha precisado al tiempo que el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) a través del cual se canalizó el apoyo a la aerolínea sí fue validado por la institución comunitaria el año anterior a que se concediera el rescate.

En julio de aquel año, el Ejecutivo de Von der Leyen determinó que “el Fondo de Solvencia español se ajustaba a las normas de la UE sobre ayudas estatales del Marco Temporal, adoptado en respuesta a la grave perturbación económica provocada por la pandemia”.

Bajo este marco, la Comisión Europea cierra el debate sobre cómo se llevó a cabo el rescate de Plus Ultra conforme a la legalidad establecida, tanto la española como la europea. No obstante, el Ejecutivo comunitario no ha entrado en valorar la investigación judicial en curso de la Audiencia Nacional ni el impacto en la política nacional que ha desencadenado en los últimos días.

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Trump enfría su amenaza a Europa y anuncia el envío de 5.000 soldados a Polonia

Pitirre Noticias

Donald Trump ha vuelto a mover el tablero transatlántico con un giro abrupto: tras días de incertidumbre sobre una reducción de la presencia militar estadounidense en Europa, el presidente de Estados Unidos ha anunciado el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia. La decisión llega después de que Washington hubiera alimentado la posibilidad de retirar efectivos del continente, una amenaza que había encendido las alarmas entre los aliados europeos y que ahora queda, al menos parcialmente, matizada por el refuerzo del flanco oriental de la OTAN.

El anuncio, realizado a través de Truth Social, supone un nuevo volantazo en la política exterior de Trump, marcada por los mensajes contradictorios hacia Europa: presión a los socios de la OTAN para que aumenten su gasto militar, advertencias sobre recortes de tropas y, ahora, un despliegue adicional en uno de los países más expuestos a la amenaza rusa. Según Reuters y AP, el mandatario vinculó la decisión a su buena relación con el presidente polaco Karol Nawrocki, dirigente conservador nacionalista al que Trump respaldó políticamente.

Un giro que inquieta tanto como tranquiliza

La Casa Blanca intenta presentar el movimiento como una muestra de compromiso con la seguridad europea, pero el contexto lo convierte en una maniobra difícil de leer para Bruselas. Días antes, la Administración estadounidense había trasladado señales de una reducción de unos 5.000 militares en Europa, incluyendo cambios en despliegues previstos en Polonia y Alemania. Esa posibilidad provocó críticas dentro del propio Congreso de Estados Unidos, tanto entre demócratas como entre republicanos, por el impacto que podía tener en la cohesión de la Alianza Atlántica.

El gesto hacia Varsovia, por tanto, no despeja del todo las dudas sobre el rumbo estratégico de Washington. Más que una rectificación completa, el anuncio parece apuntar a una reordenación de la presencia estadounidense en Europa: menos énfasis en algunos socios tradicionales, como Alemania, y más peso para aliados alineados ideológicamente con Trump o considerados claves en el flanco oriental. El Wall Street Journal apunta incluso a la posibilidad de que parte del refuerzo proceda de unidades desplazadas desde Alemania, lo que mantendría la presión sobre Berlín sin reducir necesariamente la presencia global estadounidense en la región en la misma medida.

Polonia, escaparate del trumpismo europeo

Polonia se convierte así en el gran escaparate europeo de la política de alianzas de Trump. El presidente estadounidense ha subrayado la victoria de Nawrocki frente al bloque centrista y proeuropeo vinculado al primer ministro Donald Tusk como un elemento relevante en su decisión. En términos políticos, el mensaje es evidente: Washington premia a los gobiernos o líderes que se sitúan en la órbita conservadora y nacionalista, mientras mantiene una relación más áspera con las capitales europeas que cuestionan sus decisiones o defienden una mayor autonomía estratégica de la Unión Europea.

Para Varsovia, el anuncio supone un refuerzo simbólico y militar de primer orden. Polonia lleva años reclamando una presencia estadounidense más estable en su territorio, especialmente desde la invasión rusa de Ucrania. Su posición geográfica, fronteriza con Bielorrusia y próxima al enclave ruso de Kaliningrado, ha convertido al país en una pieza esencial de la arquitectura defensiva de la OTAN. Sin embargo, el hecho de que el despliegue se anuncie entre dudas, rectificaciones y mensajes cruzados desde Washington limita su efecto tranquilizador para el conjunto de los aliados.

En Bruselas, el movimiento se interpreta con cautela. Europa recibe con alivio cualquier refuerzo del flanco oriental, pero el precedente de los últimos días deja una sensación incómoda: la seguridad continental puede depender de decisiones improvisadas, publicadas en redes sociales y ligadas a afinidades políticas personales. La Administración Trump, además, mantiene su exigencia de que los socios europeos asuman más peso dentro de la OTAN, una demanda que no es nueva, pero que bajo su presidencia llega acompañada de amenazas comerciales, críticas públicas y advertencias sobre el compromiso militar estadounidense.

El episodio también tiene lectura interna en Estados Unidos. El Congreso ha mostrado preocupación por la falta de consulta y por la imprevisibilidad de la Casa Blanca en una materia tan sensible como el despliegue de tropas. Según AP, las explicaciones ofrecidas por el Pentágono y la Casa Blanca han sido limitadas, lo que ha alimentado la confusión sobre el alcance real del anuncio y sobre si se trata de tropas nuevas, de una rotación o de una redistribución de fuerzas ya presentes en Europa.

La guerra en Ucrania añade gravedad al giro. Cualquier señal de repliegue estadounidense es observada con atención por Moscú, pero también por Kiev y por las capitales europeas que temen que Trump utilice la seguridad común como moneda de cambio política o comercial. El refuerzo de Polonia puede enviar un mensaje de firmeza hacia Rusia, aunque su eficacia dependerá de que forme parte de una estrategia sostenida y no de una sucesión de decisiones tácticas destinadas a presionar a determinados gobiernos europeos.

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La imputación de Zapatero, objetivo prioritario de PP y Vox

Pitirre Noticias

La repercusión política de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero es ineludible. Los grandes vencedores de la guerra de titulares son PP y Vox, quienes, desde tiempo atrás, se han esforzado en rodear de una sombra acusadora a quien ocupase el palacio de La Moncloa entre 2004 y 2011. La importancia de Zapatero, además, no se describe únicamente en blanco y negro, sino que su papel activo en campañas electorales, su capacidad asesora en el partido y su conexión especial con la familia socialista le convierten en un elemento vital y central para las aspiraciones de Ferraz.

Durante cinco años, el caso contra Zapatero ha sido archivado, reabierto, pasado por diferentes juzgados, amplificado en medios de comunicación y utilizado con fines partidistas hasta que el nombre del expresidente y el término imputación han aparecido juntos en prensa. 

La chispa ya estaba prendida desde antes de que diera comienzo un proceso largo que los de Alberto Núñez Feijóo y los de Santiago Abascal han ido alentando. Ambos partidos no han dejado de intentar hacer daño sirviéndose, por ejemplo, de la cobertura en medios habituales que se han esforzado mucho en mantener viva la conexión entre Zapatero y Plus Ultra y que, en épocas anteriores, han hecho las veces de eco de esa ofensiva. 

Con el apoyo de otros actores, los ‘populares’ y Vox han usado todas las herramientas legales a su alcance para que la investigación al ex secretario general de los socialistas sea una realidad. 

Buen ejemplo de ello es que los de Génova aprovecharon su mayoría en el Senado ante la comisión que investigaba a Koldo García -ex asesor del que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos-  en el caso mascarillas para citar al expresidente del Gobierno. Sin aparente relación, los conservadores llevaron a la Cámara Alta a Zapatero porque “podría estar implicado en la trama de corrupción” que sitúan alrededor de Sánchez. Allí, el antiguo responsable de Moncloa defendió su inocencia. 

En un marco temporal reciente, todavía resuenan con fuerza y, para algunos, cobran más sentido después de las últimas informaciones, las declaraciones de algunos líderes del PP como Isabel Díaz Ayuso, Elías Bendodo o el propio Feijóo cuando el caso todavía estaba bajo secreto de sumario . 

«Ya sabremos lo que pasa con Zapatero, y les adelanto que vienen curvas», pronunció la responsable de Sol. Por su parte, el vicesecretario general de la formación conservadora pronosticó que Zapatero iba a «ser noticia en las próximas semanas» e iba a tener que dar «muchas explicaciones a los españoles de su gestión como conseguidor». «Hay novedades en materia de corrupción. Mañana habrá más, la próxima semana muchas más, y empieza a haber sospechas sobre el presidente Zapatero, al parecer para llevarse dinero sucio», señaló, en su caso, el líder nacional del PP hace unos días.

Una ofensiva que viene de atrás

La ofensiva contra José Luis Rodríguez Zapatero por parte de sus contrincantes políticos no es nueva, sino que obedece a una constante, especialmente desde que el PSOE venció a Mariano Rajoy en las elecciones que tuvieron lugar tras los atentados del 11M. Cabe destacar que los mismos satélites mediáticos que se han lanzado en tromba contra él han hecho la pinza al PP durante años, aireando incluso teorías de la conspiración.

Durante los años en que Zapatero ocupó la Moncloa (2004-2011), el Partido Popular le acusó de situar a España en una “profunda sima jurídica y política” con el ‘Estatut’ de Cataluña, en palabras de José María Aznar. El documento, recurrido por la derecha ante el Tribunal Constitucional, que lo limitó, fue en parte lo que despertó las almas independentistas.

Podría decirse que, si bien no es el principal motivo, o al menos el único, por el que el PP mantiene en la diana al expresidente, los nacionalismos han servido de justificación para criticar reiteradamente a Zapatero. Seguramente el ejemplo más claro es el de ETA, ya que, a pesar de haber sido una figura clave en el fin de la actividad armada por parte de la organización vasca, los ‘populares’ se han esforzado por tratar de situarlo como amigo de la banda terrorista.

Entre las culpas que en Génova esgrimen al ex líder socialista se encuentran también la de reabrir las heridas de la Guerra Civil. El PP no perdona la ley de memoria histórica que salió adelante con su gobierno y que, si bien insuficiente, se adaptó a los tiempos y sirvió de base para que las fuerzas progresistas que han venido después puedan ampliar derechos en aras de la justicia y la reparación con las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista.

Pero si hay una cosa que la derecha ha utilizado insistentemente en su señalamiento a Zapatero, esa es Venezuela. PP y Vox nunca han respetado su papel como interlocutor habitual en el país latinoamericano. 

La realidad es que bajo su gobierno, se consiguieron grandes hitos en materia de avances sociales como, además de los mencionados, la ley del matrimonio homosexual. A todos, la derecha se opuso -a algunos lo sigue haciendo- también en las calles, situando al predecesor de Sánchez como principal culpable de la crisis económica.

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La Comisión Europea ratifica la ausencia de dudas legales en el uso de fondos Next Generation para pagar pensiones

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En una misiva publicada este miércoles y firmada por tres comisarios, la Comisión Europea insiste en que no existen dudas legales en el uso de los fondos europeos Next Generation para hacer un pago de pensiones por parte del Ejecutivo central, a la vez que subraya que todas las solicitudes de pago han sido analizadas «de manera exhaustiva y transparente».

En esta carta, con la que se da respuesta al eurodiputado del PP Europeo (PPE) y presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, Andreas Schwab, y al eurodiputado de Los Verdes, Daniel Freund, la Comisión Europea defiende en el escrito que «verificó que los hitos y objetivos pertinentes se habían cumplido antes de que se efectuaran los desembolsos correspondientes». Asimismo, los comisarios firmantes de la carta -el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis; su homólogo responsable de Presupuesto, Lucha contra el Fraude y Administración Pública, Piotr Serafi; y Raffaele Fitto, vicepresidente de Cohesión y Reformas- añaden que el pago de pensiones «no pone en duda el uso legal de los fondos de NextGenerationEU conforme al Derecho de la Unión».

La respuesta de la Comisión llega después de que el presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, uno de los más críticos, anunciara en una entrevista concedida a El Mundo su solicitud de comparecencia de miembros de los tribunales de cuentas de la UE y España en la Eurocámara con el objetivo de ofrecer detalles y explicaciones sobre el desvío de partidas de las cuentas públicas de España. Como respuesta, en la carta se pone de relieve que «si las transferencias internas de España dentro de su presupuesto nacional cumplieron con todas las normas aplicables conforme al derecho presupuestario español es, por su naturaleza, una cuestión de responsabilidad interna«. En esta línea, conviene recordar que uno de los firmantes, Fitto, ya avaló el pasado mes de abril que el Gobierno de España podía hacer uso de estos fondos europeos para el pago de las pensiones. «Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no son elegibles para reembolsos, sería posible que los Estados miembros utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de otros reembolsos para cubrir desembolsos presupuestarios», sostuvo.

Entre otras cosas, en esta carta también se hace mención expresa a que «los Estados miembros reciben fondos de la Unión tras el cumplimiento de hitos y objetivos, que reflejan el progreso en la ejecución de reformas e inversiones subvencionables, de conformidad con los requisitos establecidos en las decisiones de ejecución correspondientes», así como que «la Comisión se toma muy en serio la transparencia en el uso de los fondos de la Unión y continúa insistiendo en este asunto en sus contactos con los Estados miembros». En este sentido, del informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 del Tribunal de Cuentas se desprendía que «la insuficiencia de crédito presupuestario para atender compromisos ineludibles de pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas motivó que en noviembre de 2024 se autorizaran dos modificaciones por 2.389,4 millones de euros, ambas financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia».

«Ninguna preocupación» en el Gobierno

En relación con todo ello, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señalaba a principios de mayo que el Ejecutivo no tiene ninguna «preocupación» en relación con las preguntas que la Comisión Europea está realizando tras conocer el último informe del Tribunal de Cuentas, que recoge que el Gobierno tuvo que recurrir en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de fondos europeos para pagar pensiones de clases pasivas y complementos de pensiones mínimas ante la falta de crédito presupuestario generada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

De esta forma, el vicepresidente primero insistió en el hecho de que «todos los fondos específicos que vienen del marco del ‘Next Generation’, del Plan de Recuperación, se van a utilizar para las inversiones que vienen incluidas» en el mismo. «España, como el resto de estados miembros, cumple con los hitos y objetivos, es decir, con las reformas y las inversiones que tenemos comprometidas», añadió.

Así, el titular de Economía en el Gobierno central puso de relieve la «importancia de trasladar el mensaje de que la totalidad de los fondos del Plan de Recuperación se destinarán a las inversiones previstas» y, preguntado sobre la legalidad o no de usar fondos para el pago de pensiones, insistió en que en un contexto de prórroga presupuestaria, «el espacio para gastar los créditos de un año a otro se reparten en función de las necesidades de gasto«. «Es un elemento técnico asociado a la prórroga presupuestaria y los fondos del Plan de Recuperación van a las inversiones previstas. Esto es un contexto de total normalidad, es un elemento técnico», esgrimió Cuerpo.

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Rufián escoge el comodín del público para seguir dando forma a una nueva alianza de izquierdas

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La izquierda alternativa nacional no deja de encadenar malos resultados electorales, incapaz de retener a un electorado que prefiere apoyar las opciones regionalistas. La última muestra de la pérdida de confianza en la fórmula actual se dio en las elecciones de Andalucía del pasado domingo, que brindan un momento idóneo para retomar el debate sobre su futuro.

En este proceso vuelve a alzar la voz Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso abrió este debate en canal en febrero, cuando inició un ciclo de actos para profundizar en la cuestión. Lo ha hecho precisamente de la mano de las distintas voces que le recuerdan a Sumar, la actual referencia en el espacio a la izquierda del PSOE, que los malos resultados electorales y el auge de la ultraderecha requieren actuar cuanto antes.

En febrero fue el turno del portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea regional, Emilio Delgado, con quien abrió el melón en la capital. En abril, fue la europarlamentaria de Podemos y exministra, Irene Montero, en Barcelona. Este miércoles, Rufián vuelve a sentarse frente al micrófono en Madrid, en un coloquio presentado por la periodista de El Mundo Lucía Méndez. No es casualidad que en este evento el único protagonista sea él. Rufián va a dar la palabra al público para contestar exactamente a las preguntas sobre el futuro de la izquierda que preocupan al electorado. Tras responder a dos periodistas, serán los asistentes al Club Siglo XXI, lugar del evento, los que lleven la batuta del coloquio.

El evento llega en plena debacle electoral de las izquierdas nacionales ante el auge de Vox. Si bien en Andalucía y Castilla y León se ha frenado su avance, las cuatro victorias sin mayoría absoluta consecutivas del PP ha servido a la ultraderecha para introducir de lleno la prioridad nacional en el debate.

La universalidad de los servicios públicos se mezcla ahora con la inmigración, algo que propicia que la ultraderecha esté teniendo tanto tiempo para dominar la conversación gracias a la permisividad de la derecha y la incapacidad de combatirlo de la izquierda. Este es uno de los mantras que repite Rufián en los actos que ha protagonizado, el de que las fuerzas progresistas no se pueden permitir ceder espacio, y deben atreverse a abordar cuestiones como la inseguridad o la identidad, que tienen un gran rédito electoral para la ultraderecha.

La fórmula Rufián gana enteros ante el auge del territorio

El ciclo electoral que acaba de terminar ha servido para que el electorado de izquierdas deje claras sus preferencias. Los resultados el domingo de la coalición comandada por Izquierda Unida, Sumar y Podemos, Por Andalucía, profundizan la crisis de los magentas ante la ausencia de un reemplazo de Yolanda Díaz, y confirman también el derrumbe de la izquierda post-15M, que languidece ante el ascenso imparable del regionalismo.

Adelante Andalucía entendió el partido cuando se reafirmó en ir en solitario, como hacen desde 2022. Su campaña logró capitalizar el enfado, con un candidato —José Ignacio García— que apostó por el territorio, el sentimiento andaluz, y consiguió cuadruplicar resultados y ser la cuarta fuerza política andaluza, llegando a superar a Vox en Sevilla y Cádiz. Su éxito, ante la debacle de la coalición con la que compartieron grupo la pasada legislatura, fue la sorpresa de la noche, pero no es nada nuevo. Esto confirmó lo visto en Aragón, donde el tándem IU-Sumar estuvo al borde de quedarse fuera del Parlamento; y en Castilla y León, donde traspasaron ese borde. En ambas, Podemos tuvo menos votos que Se Acabó La Fiesta, el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez.

Y también en ambas se repitió que las caras largas en las sedes nacionales contrastaban con la euforia en las de aquellos que apostaron una vez más por el territorio. La Chunta Aragonesista se disparó y la Unión del Pueblo Leonés resistió, mientras las izquierdas que se comandan desde Madrid no lograban hacer un diagnóstico de por qué no capitalizan el miedo a la ultraderecha.

También se preguntan por qué los malos resultados del PSOE no les han beneficiado. Los socialistas han perdido en porcentaje de voto en todas las autonomías, a excepción de Castilla y León, curiosamente la única en la que apostaron por un candidato ligado al territorio —como es el alcalde de Soria, Carlos Martínez—,y no uno elegido desde Madrid como ha sido el caso de las exministras María Jesús Montero, en Andalucía, y Pilar Alegría, en Aragón.

Estas realidades dan vuelo a la fórmula que plantea Rufián, que desde que arrancó este ciclo de actos reivindica una papeleta de izquierdas por provincia para las próximas generales. El republicano enarboló a Adelante Andalucía durante la campaña, y tras los resultados se apresuró a lanzar un recordatorio: «Es el momento de las izquierdas soberanistas», reivindicó en X. «Y un momento que las izquierdas españolas deben saber aceptar y fomentar: son el problema«, continuaba.

Los resultados que han tenido los partidos más identitarios de cada territorio le dan al un argumento más para defender que sean ellos los que se presenten, para evitar la concurrencia de varios «partidos que defienden lo mismo», como explicó en la charla junto a Delgado en febrero. «Potenciar a quienes estén más capacitados para ganarle escaños a Vox y unirse a en torno a ellos«, resumía. El coloquio de este miércoles ofrecerá una nueva oportunidad a todos los partidos nacionales que siguen impasibles ante su caída de reflexionar, y plantearse cambiar algo de cara al ciclo electoral de 2027, en el que está en juego la entrada de Vox en más instituciones y la supervivencia de una izquierda capaz de contenerla.

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Sánchez y el PSOE piden en público y en privado confianza en Zapatero: “Pie en pared”

Sánchez y el PSOE piden en público y en privado confianza en Zapatero: “Pie en pared”

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El PSOE cierra filas en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. La dirección socialista ha activado en las últimas horas un mensaje político de respaldo al expresidente del Gobierno, tanto en público como en privado, ante lo que interpretan como una ofensiva que no busca únicamente desgastar a una figura concreta del partido, sino golpear al conjunto de la organización. La consigna interna es clara: confianza, orgullo y resistencia. O, en palabras trasladadas a la Ejecutiva Federal socialista: “Pie en pared”.

Ese fue precisamente el arranque del mensaje enviado por la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, al chat de la Ejecutiva del partido. Un texto breve, pero cargado de intención política, en el que la dirigente socialista apeló a la unidad de filas y a la defensa del legado de los gobiernos socialistas.

El expresidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. EP.