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La guerra sucia en el principal partido de la extrema derecha sigue su curso. Vox está inmerso en un enfrentamiento entre Santiago Abascal y sus disidentes, liderados por su exportavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, que ha puesto en marcha, de hecho, un proceso de recogida de firmas y de apoyo entre los afiliados para celebrar un Congreso interno en el partido, un organismo que jamás ha existido en Bambú. Por otro lado, mientras desde la dirección descalifica a los críticos y los acusa de estar al servicio del PP, estos denuncian graves irregularidades económicas que ya han saltado a los Juzgados. Las filtraciones han pasado de los digitales afines a la formación ultra a los tribunales, y es que dos altos cargos de la sede central del partido han sido imputados por un presunto delito de revelación de secretos: Juan de Dios Dávila, dirigente de Vox en Gipuzkoa, y Cristina Navarro, exsecretaria personal de Abascal. Ambos son los responsables del llamado Equipo de Cumplimiento Normativo del partido, que depende directamente del propio Abascal.

Todo empezaba el 22 de enero de 2025, cuando Vox le notificó a Iván Espinosa de los Monteros la apertura de una investigación interna por supuesto tráfico de influencias. El exdiputado no ostentaba entonces ningún cargo público ni orgánico tras haber renunciado al escaño en agosto de 2023, y la denuncia procedía de una llamada a una concejala de Vox en Collado Villalba (Madrid) para pedirle que recibiera a un constructor interesado en la recalificación de unos terrenos con el que compartía intereses empresariales. En la votación de la recalificación los ediles de Vox se abstuvieron, pero la operación urbanística salió adelante con los votos de los demás grupos.

El Equipo de Cumplimiento Normativo presentó dos denuncias contra Espinosa de los Monteros ante la Fiscalía, que cayeron en saco roto al considerar ésta que no había indicios delictivos. El contenido de este expediente, completamente confidencial, fue filtrado a OkDiario. Ahora, los responsbles del citado Equipo se enfrentan a la investigación por revelación de secretos. Los dos altos cargos ya han declarado ante el Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, y han alegado que el periodista firmante del artículo se equivocó al publicar que había tenido acceso al expediente confidencial, pues lo que en realidad conoció, según aseguran, fue un informe externo de un abogado. Del mismo modo, reconocieron que la investigación era conocida por Abascal.

La osada petición de un Congreso interno

Las tensiones se recrudecen progresivamente en Bambú. Las purgas mandatadas por Abascal, lejos de contener las voces discrepantes, están afianzando una oposición interna y externa. El elegido para dar el paso al frente y comandar a los díscolos es Iván Espinosa de los Monteros, quien ha lanzado un manifiesto para reclamar a Abascal un congreso interno extraordinario en Vox. Muchos son los sacrificados, y de gran nombre. El búnker ya consiguió reducir a la pareja conformada por Espinosa de los Monteros, portavoz durante cuatro años en la Cámara Baja y con importantes cargos internos, y Rocío Monasterio, presidenta del partido en Madrid y portavoz en la Asamblea; y a Macarena Olona, portavoz en Andalucía y secretaria general del grupo parlamentario.

Por su parte, Juan García-Gallardo, el que fuera la cabeza en Castilla y León, también se ha despachado a gusto esta semana, acusando al líder supremo de los ultras de cobrar “un tercer sueldo”, pagado por el partido con recursos públicos y a través de “la cuenta corriente de su mujer”. El proceso de recogida de firmas ha arrancado no sin problemas, después de que este jueves, la web con la que Iván Espinosa de los Monteros y su equipo buscan impulsar la celebración de un congreso extraordinario de Vox denunciaba hasta 305 intentos de «trolleo, ataques y hackeos» sin éxito.

Depuraciones extremas y cesarismo

Las últimas depuraciones del partido se han llevado por delante a Javier Ortega Smith. Nada menos que el que fuera uno de los fundadores de la formación, cuando Abascal todavía juntaba palés para dar mítines, y que ha acompañado al partido en su crecimiento, llegando a ocupar la vicepresidencia del partido, ha sido ajusticiado junto con sus defensores en la capital. De número dos del proyecto a disidente apedreado por los suyos. Jose Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, ha corrido la misma suerte, denuncia por la falsificación de su firma mediante.

Por todos ellos, y por los afiliados que contemplan con pasmosa normalidad las prácticas dictatoriales del búnker, argumenta Espinosa de los Monteros la importancia de levantar la voz. «La lealtad política es a las ideas, no a las personas», arranca el manifiesto presentado. «Este partido nació como un instrumento al servicio de unas ideas. Nunca fue un fin en sí mismo ni patrimonio de nadie. Su razón de ser era transformar la realidad y gobernar. Cuando un instrumento deja de servir a ese propósito, pierde su sentido», desgrana la carta en las líneas siguientes.

El cesarismo de Abascal, manifiesto también en su rol protagonista en las últimas elecciones autonómicas, casa perfectamente con las voces críticas que señalan que acostumbra a acallar a los dirigentes con «capacidad de liderazgo», como ha ocurrido con varias figuras del partido que han destacado y han terminado purgadas o abandonando la formación por su propio pie. Ejemplos de este fenómeno son el propio Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Javier Ortega-Smith o Jose Ángel Antelo. Cualquier nombre que despunte y que amenace la supremacía de Abascal será eliminado ipso facto.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado pecho ante la prensa en la Casa Blanca de que Washington reconsiderará su presencia con bases militares en aquellos países que no le han apoyado en los ataques sobre el Estrecho de Ormuz, con España y Alemania como claros protagonistas de este señalamiento público. Así lo pidió hace unos días el senador trumpista Lindsey Graham y el dirigente republicano le ha dado cabida: «Bueno, es una petición justificada; creo que él tiene razón al plantearlo. La OTAN ha perdido mucho prestigio, precisamente porque no han actuado. Es decir, deberían estar colaborando en lo referente al estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz. Y si Lindsey Graham dijo eso, y no olvide que él fue, durante un tiempo el gran defensor de la OTAN, aunque ahora ya no lo es. Y hay muchos senadores y congresistas que antes eran grandes partidarios de la Alianza y que ahora están están muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho nada».

«Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. Uno no establece un alto el fuego cuando está, literalmente, aniquilando al otro bando«, argumentaba también sobre un posible acuerdo de paz, que a vista de la actitud mantenida durante las últimas semanas y de que solo aceptaría la «rendición incondicional» de Irán, no va a llegar. En las redes, más de lo mismo: «Nos estamos acercando mucho al cumplimiento de nuestros objetivos, a medida que consideramos poner fin a nuestros grandes esfuerzos militares en Oriente Medio con respecto al régimen terrorista de Irán», escribía Trump en TruthSocial. Washington asegura estar «muy cerca» de alcanzar sus objetivos de la guerra en Irán, que han ido mutando progresivamente. «Degradar por completo la capacidad misilística de Irán, sus lanzadores y todo lo demás relacionado con ellos; destruir la base industrial de defensa de Irán; eliminar su Armada y su Fuerza Aérea, incluido su armamento antiaéreo; no permitir jamás que Irán se acerque siquiera a adquirir capacidad nuclear, y mantenernos siempre en una posición desde la cual EEUU pueda reaccionar de manera rápida y contundente ante tal situación, en caso de que esta se produzca; proteger, al más alto nivel, a nuestros aliados en Oriente Medio, incluidos Israel, Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y otros«, enumeraba el presidente estadounidense.

«¡Cobardes! Lo recordaremos»

«[El estrecho de Ormuz] deberá ser custodiado y patrullado, según sea necesario, por las otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace! Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos en Ormuz, aunque esto no debería ser necesario una vez erradicada la amenaza de Irán. Es importante destacar que será una operación militar sencilla para ellos«, valoraba sobre el punto de paso de una quinta parte del petróleo mundial. Era entonces cuando volvía a enfadarse y a insultar a los estados miembro de la OTAN que se han negado a participar en la última incursión imperialista de la Casa Blanca. «Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con capacidad nuclear. Ahora que esa batalla ha sido ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz; una simple maniobra militar que constituye la única razón de esos elevados precios del petróleo. Algo tan fácil de hacer para ellos, y con tan poco riesgo», señalaba, tras haber sembrado el caos en una región en la que los intereses de ataque corresponden única y exclusivamente a Estados Unidos e Israel y no a ningún otro miembro de la Alianza.

«Nosotros no utilizamos el estrecho; no lo necesitamos. Europa lo necesita, al igual que Corea, Japón, China y muchos otros; por lo tanto, ellos tendrán que involucrarse un poco en ese asunto», seguía insistiendo sobre la presencia Europea. «Deberían estar colaborando en lo referente al estrecho. Obtienen gran parte de su energía del estrecho de Ormuz. Hay muchos senadores y congresistas que antes eran grandes partidarios de la Alianza y que ahora están muy molestos por el hecho de que la OTAN no haya hecho nada«. Dardos directos a España y Alemania, países que se han opuesto a la utilización de las bases militares estadounidenses para las operaciones en el Estrecho de Ormuz. «Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España«, dijo el republicano Graham, y pidió a los aliados de la OTAN optar por las mismas medidas, durante una entrevista en la cadena Fox News.

Por otra parte, Sobre si Israel estará listo para poner fin a la guerra cuando Estados Unidos lo esté, Trump ha asegurado: «Creo que sí… Queremos, más o menos, cosas similares. ¿Sabe qué es lo que queremos? Queremos la victoria; ambos la queremos. Y eso es precisamente lo que hemos conseguido. Creo que hemos ganado… Hemos neutralizado todo; nos movemos con total libertad. Desde un punto de vista militar, más allá de que lo único que hacen es bloquear el estrecho, militarmente hablando, están acabados». «La apertura del estrecho es una maniobra relativamente segura, aunque requiere mucha ayuda; en el sentido de que se necesitan buques, se necesita volumen. La OTAN podría prestarnos su ayuda, pero hasta el momento no ha tenido el valor de hacerlo. Y otros países también podrían ayudarnos, pero nosotros no utilizamos esa ruta. En fin, llegado el momento, el estrecho se abrirá por sí solo», añadía, escenificando una vez más su enfado por la falta de seguidismo.

Este sábado han entrado en vigor en el Boletín Oficial del Estado los dos reales decretos del Gobierno contra el impacto de la Guerra de Irán, aprobados este viernes en un Congreso de Ministros extraordinario en el que hubo demora y polémica por las diferencias posturales entre el PSOE y Sumar. Los textos contemplan diferentes medidas para paliar los efectos de este conflicto en la economía nacional, algunas presentes desde el principio y otras incorporadas sobre la bocina tras las presiones de los magentas en la jornada del viernes. El Ejecutivo ha hecho sus propias cuentas y calcula que, por ejemplo, el español medio se ahorrará hasta 29 céntimos el litro de gasolina 95 y de 23 en el caso del diésel, cifras calculadas por el Ministerio de Hacienda teniendo en cuenta los precios que tenían los combustibles este pasado jueves, 19 de marzo, cuando la gasolina 95 rondaba los 1,8 euros el litro y el gasóleo se situaba en torno a 1,9 euros. No obstante, conviene analizar de manera pormenorizada cada una de las medidas para tener una visión más amplia de lo que significan, y lo que no, estos decretos.

La operación puesta en marcha por Estados Unidos e Israel en Irán a finales de febrero y la durísima evolución del conflicto en una zona clave a nivel mundial para la producción y comercialización de petróleo ha tenido, como consecuencia principal y, por qué no decirlo, esperable, la reducción de la oferta del crudo y la crecida de los precios del mismo, tanto por la reducción del flujo de venta como por el oportunismo económico de los beneficiados de la situación. El precio del barril Brent, que supone la principal referencia comercial en el continente europeo, ha excedido los 100 dólares el barril, una cota que no tocaba desde marzo de 2022, cuando comenzaban las hostilidades entre Rusia y Ucrania, y ya se nota en el precio de los combustibles, que en España han registrado su mayor subida en ocho meses. No solamente el carburante se ve afectado: el impacto también empieza a notarse en los mercados gasistas, y en consecuencia, en el precio de la factura eléctrica.

El primer decreto: reducciones fiscales

Este es el telón de fondo ineludible. Jugando sobre el mismo, el Gobierno ha firmado la entrada en vigor de dos decretos: el primero, pactado con grupos parlamentarios y con opción de salir adelante en el Congreso, con medidas fiscales sobre los carburantes. El segundo, negociado a última hora con Sumar tras el plantón en el Consejo de Ministros, tiene que ver con la revisión de los alquileres y el tope a los márgenes de beneficio empresariales, y por el momento no cuenta con apoyo parlamentario suficiente. Entre las medidas del primero, se encuentra la rebaja del IVA (del 21 al 10%) en productos como la gasolina, el gasóleo, el butano, el propano, la electricidad, el gas, la leña, las briquetas o los pellets. Además, se retirará temporalmente el impuesto especial a los hidrocarburos, que en la actualidad equivale a 0,379 euros por litro de diésel y a 0,47269 euros por litro de gasolina. El Gobierno calcula que este recorte fiscal implicará una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante y de unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio, lo cual es beneficioso para el consumidor en términos de bolsillo, pero los recortes fiscales de esta índole son un arma de doble filo: aunque alivian la cartera del ciudadano, no limitan los beneficios de las grandes corporaciones y merman la recaudación pública. Además, sacaba pecho el Gobierno hace unos días de que no atenderían a las medidas propuestas por el Partido Popular por ser siempre las mismas y consistir siempre en bajar los impuestos, y es justo lo que ha terminado materializándose en el decreto ley.

Por otro lado, existen otras medidas concretas para los profesionales del transporte, la pesca o la ganadería, como una bonificación de 20 céntimos por litro de carburante, además de la subvención parcial en la compra de fertilizantes. Estas medidas no han entusiasmado demasiado a los transportistas, que notarán cierto alivio en sus cuentas, pero consideran que las ayudas aprobadas ante la escalada del diésel no son lo suficientemente contundentes y que no impedirán que los sobrecostes se trasladen a los productos finales.

En cuanto a la electricidad, mismo escenario: bajadas de impuestos. Además de la bajada del IVA, se reducirá al 0,5% el impuesto especial a la misma, del 5,11% en la actualidad, y se suspenderá de forma temporal durante 2,5 meses el impuesto al valor de la producción eléctrica, del 7%. El Gobierno asegura, así, que los impuestos sobre la electricidad se reducirán aproximadamente un 60%. En el caso concreto de las industrias de gran consumo de electricidad, se bonificarán en un 80% los peajes que pagan, lo que supondrá un descenso en la recaudación de 200 millones de euros. También se aplicarán medidas de flexibilidad en sus contratos de compra de electricidad. Los consumidores vulnerables, por su parte, verán extendidos hasta finales de este año los descuentos extraordinarios del bono social de la luz y reforzado el bono social térmico, hasta un máximo de 50 euros. Se mantiene, además, la prohibición de suspender el suministro a los hogares vulnerables. Los descuentos del bono social eléctrico se ven reforzados también, hasta el 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. También se aplicarán otras medidas de reducción de la presión fiscal, como bonificaciones en el IRPF para la instalación de panales solares, sistemas de autoconsumo y almacenamiento de electricidad y medidas específicas para seguir potenciando las renovables y desligarse del consumo de hidrocarburos.

El segundo decreto: medidas laborales y al alquiler sin apoyo parlamentario

El segundo decreto, negociado in extremis por Sumar tras levantarse de la mesa del Consejo de Ministros, contiene medidas centradas en el trabajador, en el tope a los beneficios empresariales y en la prórroga de la protección al alquiler. En concreto, se prohibirá el despido en las empresas que reciban ayudas públicas si está relacionado con los efectos económicos de la guerra. Además, todas las empresas de más de 200 trabajadores o 100 por turno deberán contar de manera obligada con un plan de movilidad sostenible.

Los socios de izquierda -Sumar, ERC, BNG y Podemos- exigían que el decreto incluyera medidas en materia de vivienda como la prórroga de los alquileres, además del tope de precios y el control a los beneficios de las empresas a raíz de la guerra, que al principio no fueron contempladas, pero sí tras las negociaciones con Sánchez. Por ello, los magentas presumen de haber forzado al Gobierno a «ampliar el escudo social» y califican el acuerdo alcanzado con el PSOE de «más ambicioso y más justo». «En 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes», secundan. Los de Díaz apuntan que «están en el Gobierno para esto», para «ir más lejos cuando el momento lo exige», «para que ninguna crisis se convierta en una oportunidad de negocio para los de siempre» y «para proteger a toda la gente trabajadora».

El Gobierno reconoce, no obstante, que estas medidas reclamadas por Sumar no cuentan, por ahora, con apoyo parlamentario suficiente. Incluyen, a su vez, la congelación temporal de los precios del alquiler, similar a la aplicada en la crisis tras la guerra de Ucrania.

En medio de la escalada bélica en Oriente Próximo, en la tarde de este viernes Reino Unido ha autorizado a Estados Unidos para que utilice sus bases para atacar objetivos de Irán que bloqueen el estrecho de Ormuz. “[Los ministros] confirmaron que el acuerdo para que Estados Unidos utilice bases británicas en la autodefensa colectiva de la región incluye operaciones defensivas estadounidenses destinadas a neutralizar las instalaciones y capacidades de misiles que se están utilizando para atacar buques en el estrecho de Ormuz», informa el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado oficial.

La decisión llega después de que los ministros del gobierno británico hayan mantenido una reunión este viernes con el objetivo de analizar la situación actual en Oriente Próximo, así como el bloqueo del paso de Ormuz. En esta línea, todos ellos subrayan que «los ataques imprudentes de Irán corrían el riesgo de sumir aún más a la región en la crisis y agravar el impacto económico«. Asimismo, en el comunicado publicado desde Downing Street -residencia del primer ministro- se pone de manifiesto la «necesidad de una desescalada urgente y de una resolución rápida de la guerra».

Con todo, una decisión por parte del Ejecutivo británico que ha tenido pronta respuesta por parte de Irán. De esta forma, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha acusado a Reino Unido de «participar en la agresión» lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos al permitir al Ejército estadounidense que utilice sus bases en el marco del conflicto en Oriente Próximo. «Estas acciones serán consideradas claramente como participación en la agresión y quedarán registradas en la historia de las relaciones entre ambos países«, ha trasladado Araqchi a su homóloga británica, Yvette Cooper, durante una conversación telefónica, según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de Irán. «Nos reservamos el derecho inherente a defender la soberanía y la independencia del país», ha agregado.

En línea con ello, el ministro de Exteriores iraní ha denunciado que la ofensiva de Estados Unidos e Israel «es contraria a todos los principios y normas internacionales«, al tiempo que ha criticado el «cobarde» asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y otros altos cargos, junto a «personas inocentes, incluidas más de 170 estudiantes de una escuela primaria».

Araqchi ha criticado la postura «sesgada» de Reino Unido y otros países europeos frente a la «flagrante agresión» contra el país y ha destacado las «medidas defensivas» adoptadas por Irán frente a Estados Unidos e Israel, al tiempo que ha recordado «el derecho inherente a la autodefensa, bajo el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas». «Hemos respetado la soberanía de los países vecinos y no tenemos intención de atacarlos, pero desafortunadamente hay bases estadounidenses en estos países. Hemos sido atacados desde esas bases y estos países no han cumplido su responsabilidad internacional de evitar el uso de su territorio para la ejecución de ataques contra Irán«, ha explicado el jefe de la diplomacia iraní.

Trump señala a la OTAN por «no querer ayudar»

La decisión de Reino Unido llega después de que este jueves el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, aseguraba que si defiende el estrecho de Ormuz es “para todos los demás”, pero garantizando que Estados Unidos no depende del comercio que lo atraviesa. «Nosotros no usamos el estrecho. Estamos defendiendo el estrecho para todos los demás. Y en el caso de la OTAN, no quieren ayudarnos a defenderlo, y son ellos quienes lo necesitan», defendió.

En líneas similares, el magnate volvía a defender que el Ejército estadounidense va «muy por delante del calendario» respecto a sus planes militares en Irán, al tiempo que ha reiterado el carácter histórico de la intervención insistiendo en que «tuvo que hacerlo» por las ambiciones nucleares de Teherán y la amenaza que representa a toda la comunidad internacional. «Tuve que hacer esto. Lo llamo una incursión. Tuve que hacer esta pequeña incursión y hacer algo que ningún otro presidente tuvo el valor de hacer», señaló, insistiendo en que sus predecesores «querían hacerlo», pero «nunca tuvieron el valor». «No los culpo. No los estoy culpando. Me tocó a mí y hemos hecho un gran trabajo. Nuestro Ejército es increíble», añadió.

El conflicto en Oriente Medio ya no depende solo de lo que hagan los protagonistas directos de la guerra. Depende también de los actores que todavía intentan no entrar del todo, aunque cada vez tengan menos espacio para mantenerse al margen. Arabia Saudí es el principal de ellos. Su posible implicación abriría un escenario nuevo, mucho más amplio y difícil de contener, porque no solo pondría en tensión a Irán e Israel, sino al conjunto del Golfo y a la red de alianzas que sostiene buena parte del equilibrio regional.

Hasta ahora, Riad ha intentado moverse en una franja incómoda. Lo bastante cerca de Washington como para seguir siendo uno de sus socios centrales en la zona. Lo bastante lejos de una implicación directa como para no convertirse en objetivo prioritario de una represalia iraní a gran escala. Ese cálculo se está estrechando. Arabia Saudí ya ha recibido ataques con misiles balísticos sobre Riad, que la población fue alertada por primera vez de una “amenaza hostil” y que el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, aseguró que el reino se reserva el derecho a responder militarmente contra Irán.

Ese punto importa porque marca un cambio de tono. Arabia Saudí no está hablando ya solo de condena diplomática o de contención. Está diciendo que la represalia militar ha entrado en el menú. Y cuando Riad se coloca en ese terreno, el Golfo entero deja de mirar la guerra como algo que sucede a su alrededor para empezar a asumir que puede convertirse en frente directo. Reuters recoge que Irán ha amenazado instalaciones energéticas concretas en Arabia Saudí, Emiratos y Qatar, y que el conflicto ha alcanzado ya puertos, aeropuertos, hubs comerciales y centros petroleros de los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo.

El dilema estratégico de Riad

Hay una razón por la que Arabia Saudí pesa más que otros actores de la zona. No es solo una cuestión de tamaño o de presupuesto militar. Es que su entrada plena cambiaría la naturaleza del conflicto. Una guerra que hoy sigue teniendo como eje visible a Irán, Israel y Estados Unidos pasaría a convertirse en una guerra regional abierta, con implicación directa de la principal potencia árabe del Golfo. Y eso arrastra varias cosas a la vez: más presión sobre Emiratos, Bahréin o Kuwait para alinearse; más exposición de bases estadounidenses; más riesgo para el estrecho de Ormuz; y más tensión sobre el mercado energético mundial.

Para entender por qué la posición saudí pesa tanto en esta guerra hay que mirar más atrás. Arabia Saudí e Irán llevan décadas disputándose la primacía regional desde dos legitimidades distintas. Una, la de la gran monarquía suní del Golfo y guardiana de los lugares santos del islam. La otra, la de la república islámica chií que convirtió su revolución en una herramienta de proyección exterior. Esa pugna no se ha librado solo en el terreno religioso, pero la división entre suníes y chiíes ha funcionado durante años como una frontera política útil para movilizar alianzas, justificar bloques y extender influencia en conflictos ajenos.

En los últimos años, Arabia Saudí había intentado bajar la temperatura con Irán. La reapertura diplomática de 2023 respondía a una lógica sencilla: rebajar el riesgo de choque directo y estabilizar una región en la que Riad también necesita vender seguridad, inversión y capacidad de modernización. Ese deshielo está hecho añicos. Reuters cita fuentes y analistas saudíes que hablan de una confianza “completamente destrozada” después de los ataques de este mes. El razonamiento que empieza a imponerse en buena parte del Golfo es que dejar a Irán con capacidad de golpear infraestructuras energéticas, puertos y rutas marítimas supone aceptar una amenaza permanente.

Ahí aparece el verdadero dilema saudí. Responder puede incendiar más la región. No responder puede consolidar la idea de que Irán puede castigar al Golfo cuando quiera. Esa es la trampa estratégica en la que se mueve Riad. Reuters explica que varias fuentes del Golfo están presionando ya a Washington para que no deje la operación a medias y degrade de forma mucho más profunda la capacidad militar iraní. En paralelo, Estados Unidos presiona a los países del Golfo para que respalden más claramente la campaña. Es decir, Arabia Saudí no solo calcula frente a Teherán. También calcula frente a Washington y frente a sus propios vecinos.

Ese equilibrio se vuelve todavía más frágil porque Riad no puede actuar como si solo estuviera en juego su orgullo estratégico. Está en juego su economía. Está en juego la estabilidad del reino. Está en juego su imagen de fortaleza. Y es que, los ataques no solo golpean instalaciones concretas, sino también la idea de seguridad y previsibilidad con la que los países del Golfo llevan años intentando atraer comercio, turismo y capital. Y Arabia Saudí, con toda su agenda de diversificación, es probablemente el país al que más le duele que esa imagen se resquebraje.

Petróleo, Ormuz y el miedo a una guerra sin bordes

Si Arabia Saudí entra de lleno, el conflicto dejaría de tener solo una lectura militar. Pasaría a ser también una crisis energética global en toda regla. Como se señalaba en las líneas anteriores, las amenazas iraníes ya apuntan a instalaciones energéticas saudíes, emiratíes y qataríes, y de que el Brent se ha disparado hacia los 110 dólares por barril. Al mismo tiempo, Qatar ha visto alterada su producción de gas natural licuado y el riesgo sobre el estrecho de Ormuz sigue creciendo. Por esa vía pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas del mundo.

Eso cambia mucho las cosas. Mientras la guerra se mantenga relativamente contenida, el mercado todavía puede leerla como una escalada dura pero regionalizada. Si Arabia Saudí entra, el centro de gravedad se desplaza al corazón energético del planeta. Riad no es un actor simbólico. Es el gran productor que, junto a sus vecinos, sostiene una parte decisiva del suministro global. Y además es el país que encarna la idea de que el Golfo puede seguir funcionando incluso en contextos tensos. Si esa pieza salta, ya no se trataría solo de precios más altos de la gasolina. Habría impacto en transporte marítimo, inflación, industria, gas y cadenas de suministro muy lejos de Oriente Medio.

Aun así, el paso saudí no es automático. Según apuntan diferentes medios, dentro del Golfo no hay todavía consenso para una intervención coordinada y que muchos líderes temen desencadenar una conflagración todavía más difícil de controlar. Emiratos, por ejemplo, sigue enviando señales de cautela. Incluso en Arabia Saudí, la lógica dominante no es la de precipitarse, sino la de calibrar. El problema es que las guerras no siempre respetan los tiempos del cálculo. Y cuando un país recibe impactos sobre su capital, sus instalaciones o sus rutas vitales, el margen político para seguir conteniendo se reduce muy deprisa.

Donald Trump, igual que hiciera George W. Bush durante la guerra de Irak en 2003, ha optado por mantener un perfil bajo en torno a la gestión pública de los fallecidos, recurriendo a ceremonias discretas y, en algunos casos, alejadas del foco mediático en Estados Unidos. No ocurrió así con la primera llegada de soldados estadounidenses caídos en Irán, que fue televisada y recibida por Trump y el vicepresidente J.D Vance.

El presidente Trump obviaba gran parte de la complejidad de la operación e ignoraba las capacidades de respuesta de los ayatolás. Por ello, los norteamericanos no contemplaban ni la caída de sus nacionales, ni desplegar tropas en suelo iraní.

Esta invasión perdió popularidad entre los estadounidenses en dos años. En marzo de 2003, el 71% de los estadounidenses afirmaba que Estados Unidos había tomado la decisión correcta al utilizar la fuerza militar en Irak.

Ese porcentaje cayó al 47% en 2005, tras la revelación de que no había armas de destrucción masiva. Sin embargo, esos partidarios siguieron apoyando firmemente la invasión en encuestas posteriores.

En 2018, poco más de la mitad de los estadounidenses creía que Estados Unidos no había logrado sus objetivos, independientemente de cómo se hubieran definido esos objetivos en Irak.

Durante la invasión de Irak, la Administración de Bush fue duramente criticada por la falta de visibilidad de los soldados caídos, con restricciones a la difusión de imágenes de féretros llegando al país y homenajes que se desarrollaban lejos de la atención pública. Aquella estrategia fue interpretada por sus detractores como un intento de reducir el impacto político y social del coste humano de la guerra.

Más de dos décadas después, algunas voces establecen paralelismos con la forma en la que el entorno de Trump ha gestionado situaciones sensibles relacionadas con víctimas, señalando una tendencia a evitar actos públicos de gran repercusión y a favorecer ceremonias de carácter más reservado.

Críticos de esta estrategia consideran que este tipo de prácticas contribuyen a diluir el debate público sobre las consecuencias de determinadas decisiones políticas, especialmente en contextos de conflicto o crisis. A su juicio, la ausencia de actos visibles limita el reconocimiento colectivo del sacrificio de las víctimas y reduce la presión social sobre los responsables políticos.

Por el contrario, sectores afines defienden que se trata de una cuestión de respeto a la intimidad de las familias y de evitar la instrumentalización mediática del dolor. Argumentan que no todas las ceremonias deben convertirse en eventos públicos y que la discreción puede ser, en algunos casos, la opción más adecuada.

El debate, en cualquier caso, reabre una cuestión recurrente en la política estadounidense: el equilibrio entre la transparencia institucional y la gestión del impacto emocional y mediático de las pérdidas humanas en momentos de especial sensibilidad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con el que el Ejecutivo movilizará 5.000 millones de euros para tratar de paliar los efectos económicos del conflicto en Irán. El socialista ha lamentado una «guerra contraria al derecho internacional» que está dejando ya «las primeras réplicas de un terremoto económico». «Situaciones extraordinarias requieren de medidas extraordinarias«, ha señalado.

El Ejecutivo ataja la crisis vivida este viernes en Moncloa, donde los titulares de Sumar han bloqueado el Consejo de Ministros para presionar al PSOE, con 80 medidas que incluyen un «escudo social», en el que habrá una «reducción drástica de la fiscalidad energética«, ha explicado, y el control a los beneficios a las empresas, para el que el Gobierno dará «nuevas capacidades de supervisión y de sanción» a la CNMC: «Se sancionará a quienes busquen beneficio por pura codicia», asegura.

Finalmente, las tensiones con Sumar que el presidente califica como «salseo» han terminado con las medidas divididas en dos decretos: Uno que mezclará rebajas como el 60% en el impuesto a la electricidad, el de producción al 0,5% o el IVA a la electricidad al 10%, con el control a los márgenes empresariales; y un segundo en el que se congelarán temporalmente los precios del alquiler. Ambas entrarán en vigor este sábado, cuando se publiquen en el Boletín Oficial del Estado, pero solo el primero se votará en el Congreso el próximo jueves.

Sánchez ataja la crisis con Sumar: «Política del siglo XXI»

El presidente, tras varias horas de retraso, ha detallado las medidas ante una «guerra contraria al derecho internacional». Sánchez ha asegurado que «nuestro país está mejor preparado» que otros europeos, en lo que ha destacado la diferencia de la subida de los precios de la electricidad en España y en otros como Italia o Alemania: «Si otros pueden resistir, nosotros vamos a resistir aún mejor«, promete. El socialista ha recuperado también uno de los mantras que marcó la pandemia de Covid en 2020, asegurando que «vamos a salir más fuertes de esta crisis«.

Sánchez asegura, como se venía publicando que «el Gobierno lleva meses preparándose» ante la escalada de Donald Trump y Benjamin Netanyahu en Irán. Tras esto, ha pasado a detallar las medidas de los dos decretos, agradeciendo a los grupos por la negociación, pero no entrando en detalles sobre por qué los ministros de Sumar han amenazado con plantarle en la reunión de este viernes. El presidente ha recordado que, durante la pandemia, hubo un Consejo de Ministros que duró nueve horas, y se limita a decir que son cosas de la «política del siglo XXI», y que tener un Gobierno de coalición que tiene que vérselas y deseárselas para contrarrestar la falta de mayoría parlamentaria -que dice Sánchez que «aún» no tienen- «no le sienta nada mal a España».

PSOE y Sumar, en guerra hasta el final por las medidas

Las medidas han sido una incógnita hasta el último momento. Este jueves, el Gobierno había contactado nuevamente con todos los partidos -menos Vox- para recabar propuestas, en las que sus socios de izquierdas incluían medidas de vivienda, que han ido al segundo decreto, y control de los beneficios de las empresas, que va en el primero a través de ese mandato a la CNMC.

La tensión se ha hecho patente antes del anuncio, con los titulares de Sumar retrasando el Consejo de Ministros para presionar al PSOE, que quería presentar un decreto más cercano a lo que proponía el Partido Popular, en un claro guiño a otros socios como Junts o el PNV. La líder de Sumar y vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha estirado hasta el final el pulso, debatiendo personalmente con Sánchez en su despacho mientras el resto de ministros esperaban a que comenzara la reunión, que ha empezado con más de dos horas de retraso, y finalmente con los miembros de Sumar sentados a la mesa.

La aritmética parlamentaria, que hace peligrar el futuro del decreto en el Congreso de los Diputados, ha obligado al Ejecutivo a mezclarlo todo. Los de Alberto Núñez Feijóo basaron sus propuestas en las rebajas de impuestos, mientras que los socios de izquierdas, como Sumar, ERC, el BNG o Podemos, pedían medidas del ‘escudo social’ como la prórroga automática de los alquileres o la prohibición de desahuciar a vulnerables, y otras más enfocadas a evitar que la subida de productos como el combustible beneficie a las empresas, como el tope de precios o controlar los márgenes empresariales, que finalmente ha entrado.

El primer decreto se votará en la Cámara Baja el próximo jueves. El PSOE está a la espera de que tenga el apoyo mayoritario de los diputados, algo que tenía intención de garantizar acercando sus medidas a lo que pedían sus socios más conservadores, el PNV y Junts, y el Partido Popular. En el caso de estos dos últimos, ya tumbaron en dos ocasiones junto a Vox el ‘escudo social’, amparándose en que las medidas de vivienda fomentan la okupación.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha expuesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras sus últimas palabras expresadas durante una entrevista para Okdiario. La dirigente popular defendió a su pareja y empresario investigado por corrupción, Alberto González Amador, mientras cargó contra el Partido Socialista y les acusó de querer “amedrentar” a su entorno.