Caracas pone el acento en el diálogo con la visita de Zapatero a Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha subrayado este sábado su compromiso con la unidad nacional y la estabilidad institucional tras reunirse con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Rodríguez aseguró que el encuentro sirvió para reafirmar el respaldo al Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, una iniciativa impulsada por su Ejecutivo para fomentar el diálogo político y la cohesión social en el país. «Me reuní con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando nuestro compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, en favor del encuentro entre venezolan@s, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República», ha comentado Rodríguez en redes sociales.

En la reunión también participó el presidente de la Asamblea NacionalJorge Rodríguez, según confirmaron imágenes difundidas por la Presidencia venezolana y la televisión pública VTV. El Gobierno enmarcó la visita de Zapatero en la llamada Diplomacia Bolivariana de Paz, orientada —según el Ejecutivo— a fortalecer el diálogo, la solidaridad y la convivencia democrática.

La Presidencia venezolana ha indicado que Rodríguez recibió a Zapatero «como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz que afianza la hermandad, el diálogo, la solidaridad y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que está en pleno desarrollo en el país».

A su vez, Zapatero afirmó ver en Venezuela “el mejor ambiente de los últimos diez años” y expresó su “gran confianza” en Delcy Rodríguez, a quien atribuyó avances rápidos hacia una nueva etapa política. El expresidente español, que también se ha reunido con representantes de la oposición, defendió el perdón y la reconciliación como ejes del proceso político venezolano.

«Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela», apostilló Zapatero a los medios desde Caracas, donde se ha reunido también con representantes de la oposición. 

Zapatero lleva más de una década implicado en contactos entre el chavismo y la oposición y, según el Gobierno español, ha jugado un papel relevante en la liberación de presos políticos. Su visita se produce días después de que la Asamblea Nacional aprobara en primera lectura una ley de amnistía, presentada por el Ejecutivo como un paso decisivo hacia la pacificación del país tras la reciente salida de Nicolás Maduro del poder. «Hay un renacer de Venezuela. Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales», subrayó.

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Más allá de Móstoles: el otro caso de presunto acoso sexual que el PP de Madrid silenció

El escándalo por las presiones del PP de Madrid a una concejala de Móstoles que denunció presunto acoso sexual contra el alcalde ha vuelto a poner el foco en la gestión interna del partido ante este tipo de situaciones. La edil, que terminó abandonando tanto la formación como su acta tras meses de tensión, había alertado de comportamientos que consideraba constitutivos de acoso laboral y sexual y aseguró haber sufrido maniobras de descrédito y advertencias para que no acudiera a la vía judicial. Según su relato, trasladó reiteradamente lo ocurrido a la dirección regional en busca de amparo sin obtener una respuesta efectiva, en un proceso que, lejos de activar mecanismos de protección, habría derivado en su aislamiento político y personal.

El caso, destapado por el periódico ‘El País’, ha abierto un intenso debate sobre los protocolos internos del partido y su disposición a investigar denuncias que afectan a cargos propios. Sin embargo, lo cierto es que no se trata de un episodio aislado. Meses antes, en mayo de 2024, un grupo de militantes y exmilitantes ya había trasladado a la dirección regional denuncias de extrema gravedad que terminaron archivadas sin consecuencias públicas ni traslado a la Fiscalía.

Para ser más precisos, tal y como informó y documentó en su momento este medio, hasta nueve miembros de Nuevas Generaciones y del propio Partido Popular madrileño remitieron entonces testimonios grabados, mensajes y otra documentación al Comité de Derechos y Garantías del partido. En ese material describían un conjunto de conductas que incluían amenazas, acoso psicológico continuado, humillaciones públicas, presunto espionaje interno y propuestas de favores sexuales dentro de determinadas estructuras orgánicas. La respuesta que aseguran haber recibido fue el cierre del expediente por la vía interna y sin comunicación formal posterior sobre la resolución adoptada.

Los denunciantes coinciden en señalar que los hechos no se limitaban a conflictos personales aislados, sino que reflejaban —según su versión— un clima prolongado de miedo, presión y abuso de poder, especialmente en el ámbito juvenil de la organización. Sus relatos dibujan luchas internas por el control orgánico en las que se habrían normalizado prácticas de intimidación, bullying sistemático, comentarios xenófobos y homófobos y un trato denigrante hacia las mujeres. “Aquí se estaba por intereses económicos y personales”, resume uno de ellos, que sostiene que parte de la militancia joven era utilizada como herramienta dentro de estrategias de influencia interna.

Violencia, acoso psicológico y control interno

Entre los episodios más graves recogidos en los testimonios figuran presuntas situaciones de intimidación física protagonizadas por cargos con responsabilidad orgánica. Militantes aseguran haber presenciado cómo se sujetaba del rostro a compañeros para impedir dimisiones o imponer disciplina, acompañando esos gestos de frases intimidatorias. Otros relatan amenazas directas o veladas y describen un ambiente en el que cuestionar decisiones internas podía acarrear represalias políticas o personales.

El acoso psicológico aparece como un elemento recurrente en las denuncias de mayo de 2024. Cambios bruscos de trato, aislamiento deliberado dentro de la organización, burlas públicas por la vestimenta o la orientación sexual y una presión continuada que, en algunos casos, derivó en cuadros severos de ansiedad. Según los testimonios recabados, varios jóvenes militantes —algunos recién alcanzada la mayoría de edad— necesitaron atención psiquiátrica, medicación antidepresiva o incluso ingresos hospitalarios tras sufrir crisis de pánico vinculadas a esa situación de interna.

Otro de los aspectos que los denunciantes consideran especialmente grave es el presunto uso de mecanismos de vigilancia interna. Exmilitantes describen seguimientos informales, recopilación de información sobre compañeros considerados “desleales” y control de relaciones personales para medir afinidades políticas. El objetivo, sostienen, era apartar progresivamente a quienes no se alineaban con determinados dirigentes o corrientes internas.

En ese mismo contexto, varios relatos incluyen insinuaciones o propuestas explícitas relacionadas con favores sexuales como vía para obtener información o influir en decisiones políticas. Algunos denunciantes aseguran haber recibido sugerencias para mantener relaciones con personas vinculadas a administraciones o estructuras del partido a cambio de datos o ventajas. Otros hablan de presiones para utilizar su atractivo o popularidad dentro de la organización como instrumento de influencia. Las mujeres, según coinciden distintas fuentes, se encontraban en una posición de especial vulnerabilidad, expuestas a comentarios machistas, cosificación y bromas de contenido sexual que formaban parte de la dinámica cotidiana descrita en las denuncias.

Archivo interno y ausencia de investigación externa

La xenofobia y la homofobia aparecen igualmente de forma reiterada en los testimonios. Militantes de origen latinoamericano denuncian comentarios despectivos continuos y una utilización simbólica de su presencia en actos públicos para proyectar diversidad sin que existiera un respeto real en el ámbito interno. Otros relatan que a los afiliados homosexuales se les trataba como un grupo útil para llenar eventos mientras, en privado, eran objeto de expresiones vejatorias.

A todo ello se suma, siempre según los denunciantes, un uso irregular de datos personales de afiliados. Desaparición de documentación sensible, altas sin consentimiento previo y cobros indebidos de cuotas forman parte de los hechos relatados. Algunos recuerdan incidentes anteriores relacionados con la gestión de datos en la sede madrileña del partido, aunque esos episodios no han sido detallados públicamente ni vinculados oficialmente a las denuncias de 2024.

Pese a la gravedad del conjunto de acusaciones, la respuesta del Partido Popular se habría limitado al ámbito orgánico. Fuentes del PP de Madrid reconocen la recepción del burofax con las denuncias y sostienen que el Comité de Derechos y Garantías abrió un expediente, tomó declaración a las partes implicadas y acordó su archivo al considerar que los hechos no quedaron suficientemente probados. El partido añade que desconoce si alguna de las personas señaladas emprenderá acciones legales en defensa de su honor.

Los denunciantes, sin embargo, ofrecen una versión distinta. Aseguran que nunca recibieron una notificación formal del archivo ni acceso a la resolución completa del expediente, lo que —afirman— les impidió recurrirla o conocer los fundamentos de la decisión. También describen una actitud “despectiva” y “poco profesional” por parte de algunos instructores, que, según su testimonio, habrían minimizado hechos que consideran extremadamente graves.

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Continúa la guerra judicial entre el Gobierno y Pozuelo por el centro de migrantes dependiente de la hija del juez Peinado

Sigue la batalla judicial por el Centro de Atención de Inmigrantes (CREADE) de Pozuelo de Alarcón entre el Gobierno central y el Ayuntamiento. Para que pueda permanecer abierto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez deberá presentar un recurso contra la orden de cierre que el pasado mes de septiembre dictó el ayuntamiento de esta localidad.

El pasado mes de enero, el Juzgado de lo Contencioso número 16 aceptaba las medidas cautelares solicitadas por Moncloa, suspendiendo de este modo el cierre del espacio. Si bien, el juez recuerda ahora que el cierre no es definitivo, por lo que insta al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a presentar un nuevo recurso.

El CREADE, ubicado en la Zona Sur de Pozuelo, dependiente de Patricia Peinado, la hija del juez Juan Carlos Peinado, quien lleva la investigación contra Begoña Gómez, arrastra meses de pugna en los juzgados hasta (o desde) que el pasado 15 de septiembre el Consistorio decretó su cierre definitivo. Según defendía el equipo de la alcaldesa, en ese momento vivían aquí más de 400 migrantes.

Dos meses después, la Secretaría de Estado presentó un recurso ante el juzgado solicitando la paralización de la orden y la adopción de medidas cautelares. Ya en enero, la Justicia aceptaba estas medidas cautelares, dejando así suspendido de forma provisional la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo. Según la última versión de la Secretaría de Estado, el centro cuenta con una ocupación de 70 personas, todas ellas mujeres ucranianas de protección temporal con niños y niñas, así como mujeres procedentes, principalmente, de Afganistán o Latinoamérica.

El Ayuntamiento alega problemas de ocupación; el Gobierno los niega

En conclusión, sigue la guerra por ver si el CREADE mantiene abiertas o no sus puertas, en plena pugna por la migración. En paralelo a la regularización de medio millón de personas migrantes, el Gobierno celebraba como una buena noticia el último pronunciamiento de la Justicia hasta el de ahora, todo a la vez que niega que haya “hacimiento” en el centro migratorio. Todo lo contrario, indicaban que la ocupación estaba al 17%.

Abierto en 2022, ha atendido la llegada de ucranianos que huían de la invasión rusa, con 400 plazas iniciales, muy alejadas de las 70 que, según Migraciones, están actualmente ocupadas. Desde el departamento que dirige Elma Saiz subrayaron que el CREADE de Pozuelo “ofrece un servicio indispensable para estas familias en extrema vulnerabilidad, que pueden iniciar en él su proceso de integración en España con todas las garantías”.

Además, recordaban que había sido un “centro de referencia” para otros espacios similares y “un modelo que ha sido reconocido como buena práctica por organizaciones de reconocidos prestigio como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)”. Asimismo, se refería a la profesionalidad y celeridad con la que se atienden a estas personas. “En apenas horas, las personas refugiadas son registradas, documentadas, informadas de derecho y obligaciones y son atendidas a nivel psicosocial mientras se deriva a recursos sociales a quienes lo necesitan”.

El Ayuntamiento de Paloma Tejero ha insistido constantemente en que el centro incumple “no solo la normativa municipal, sino también la estatal”. En este sentido, señalan que el CREADE solo cuenta con licencia para 270 camas de hospedaje breves de asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y “no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo”.

El Consistorio dio en un primer momento un plazo de cuatro meses para realojar a las personas que residían en el lugar que venció el 17 de enero. En ese tiempo se sucedían las acusaciones, llegando a decir Pozuelo que el Gobierno no había hecho “nada” para “regularizar esa situación en la vía administrativa”; sino que se había “limitado a acudir a la judicial con un recurso contencioso-administrativo y solicitando las citadas medidas cautelares para paralizar la orden de cierre”.

Revés para el Gobierno de Ayuso

En otro orden de cosas, hace unas semanas el Tribunal Supremo (TS) rechazaba la petición de la Comunidad de Madrid para suspender doce actos administrativos de traslado de menores extranjeros no acompañados en Ceuta y Melilla.

El delegado del Ejecutivo en la capital regional, Francisco Aguirre, ensalzaba que “priorizara la dignidad y el bienestar de los menores migrantes que han vivido situaciones de vulnerabilidad extrema”, una línea similar a la que hablaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctos Torres. En su caso, señalaba que era una noticia de “humanidad, porque es de justicia y porque la ley que hemos logrado sacar adelante con mucho esfuerzo, hay que cumplirla».

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Australia, el espejo en el que España se mira para prohibir las redes sociales a menores de 16 años

Australia, el espejo en el que España se mira para prohibir las redes sociales a menores de 16 años

«Vamos a devolver las redes sociales a esa tierra prometida que nunca debieran haber abandonado». Con esta frase comunicaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cumbre Mundial de Gobiernos, que España va a seguir la estela que ya inició Australia, y que van a imitar Reino Unido y Francia, de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales. No se trataba de un anuncio, puesto que esta medida forma parte del proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, al que el Congreso de los Diputados dio luz verde en septiembre de 2025.

Falta aún determinar a qué alude Sánchez con la «tierra prometida» y cuáles van a ser los cerrojos que impidan el paso a quienes no están invitados a entrar a ella hasta que cumplan la nueva edad que va a marcar el límite. A qué se refiere el texto del Proyecto de Ley, en términos concretos, cuando habla de los «sistemas de verificación de la edad» que «deberán garantizar la seguridad, la privacidad y la protección de datos». Más allá de que se pase la pelota al «prestador» del servicio de esas redes sociales para que sea él quien determine cuáles son esas barreras. Ante la duda, el multimillonario y dueño de X (antes Twitter), Elon Musk, ya ha llamado a Sánchez «fascista totalitario» y «tirano y traidor al pueblo de España».








Para todos los públicos




España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años - Informativo 24h | Ver


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Transcripción completa

España va a banar acceso a los medios
sociales para los mineros de la edad de

16 años.

España ha acompañado fuerzas con cinco
otros países europeos en una coalición

de

los grupos a ese

Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años

¿Qué hacen en otros países? Los espejos en los que mirarse se reducen prácticamente a uno: Australia. Se convirtió el pasado diciembre en una de las naciones con la legislación más punitiva y extensa contra el uso de redes por parte de menores. La fórmula que ha propuesto se basa en multas a tecnológicas y la implantación de contrafuertes digitales que estiman la edad del usuario, a partir de datos ya existentes o registros biométricos de sus rasgos faciales o su voz, y la verificación de la misma con documentos oficiales. Todo ello ha desembocado en el bloqueo de millones de cuentas casi dos meses después de la puesta en marcha de las medidas.

El propósito del Gobierno de vetar el acceso a redes sociales, como Facebook, Instagram, Threads, TikTok, YouTube, Snapchat, X, Reddit, Discord, y a las plataformas de streaming Twitch y Kick, como en el modelo que ha materializado Australia, «es valiente, duro y se sube a la ola de lo que están haciendo otros países», indica Nacho Guadix, responsable de Educación y Derechos Digitales de UNICEF España.

¿Cómo se verificará el acceso?

El Gobierno de Anthony Albanese ha trasladado a las plataformas de redes sociales gran parte de la responsabilidad para «adoptar medidas razonables para impedir que los australianos menores de 16 años tengan una cuenta en redes sociales». También España va a volcar parte de la responsabilidad en las empresas.

Los menores de 16 años australianos pueden seguir viendo contenidos públicos en redes sociales que no requieren iniciar sesión, pero «es menos probable que estén expuestos a algunos de los elementos de diseño más perjudiciales, como los algoritmos depredadores», explican en el documento en el que describen cómo se aplica su nueva medida.

Además, continúan teniendo acceso en Australia a servicios de mensajería (como WhatsApp), videojuegos en línea, servicios de desarrollo profesional y redes profesionales, así como a servicios destinados principalmente a fines educativos y de apoyo a la salud.

Existen tres tipos de tecnologías que permiten garantizar que la persona que va a acceder a una cuenta en una red social es mayor de 16 años: con mecanismos de inferencia de edad, que emplean datos existentes del usuario, como el tiempo que lleva utilizando esa cuenta; con estimaciones biométricas de su edad, a través del análisis de sus rasgos faciales o su voz; y con una verificación para la que la plataforma suele consultar documentos.

Como «no basta con marcar una casilla» para contrastar los datos de los usuarios, la Comisión Europea, en colaboración con los Estados miembros, presentó en julio del año pasado un plan de verificación de edad para plataformas en línea, con herramientas, conocidas como pruebas de conocimiento cero o elementos de doble factor ciego, que no comprometiesen la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, estas medidas y las que propone Australia «no son 100% infalibles», sostiene Vicente Aguilera, director de Internet Security Auditors, empresa especializada en ciberseguridad. «Son menores, pero en muchos casos conocen la tecnología mucho mejor que los adultos», alerta, y pueden aprovechar los recovecos de los que disponen para saltarse las limitaciones de edad. Destaca Aguilera la opción de utilizar una VPN para «evadir esa restricción geográfica» y hacer creer que se intentan conectar desde fuera de España, aunque hay «medidas técnicas» que pueden detectar el uso de esa tecnología.

Y evidencia que existe también un riesgo de que los adolescentes «se vayan a otras plataformas» no restringidas o, incluso, «a la dark web«, un rincón de Internet reservado para desempeñar actividades ilícitas o comunicaciones anónimas.

El Gobierno apuesta por una herramienta presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en julio de 2024: la aplicación móvil Cartera Digital Beta, una tecnología que, pese al revuelo que generó su sobrenombre de pajaporte, no se ha llegado a poner en marcha.

Se puede hacer en Australia, pero ¿también en España?

Australia procesa datos biométricos de los menores para verificar su edad. Sin embargo, «eso no se podría hacer» en un país miembro de la Unión Europea, porque debe cumplir la normativa comunitaria, esclarece Elena Gil, abogada especializada en Derecho digital y divulgadora legal.

Gil es clara: los datos relacionados con el rostro o la voz son «supersensibles» y están «especialmente protegidos», más aún cuando se trata de menores. La abogada no cree que Europa vaya a hacer excepciones en la vía que lleva años construyendo, porque eso «implicaría recoger datos intrusivos en masa de menores de edad». «Sería como matar moscas a cañonazos y la Unión Europea es especialmente protectora con este tipo de datos», argumenta.

Laura Cuesta, profesora de Comunicación y Estrategia Digital de la Universidad Camilo José Cela y divulgadora sobre Bienestar Digital, sentencia, en la misma línea, que «en la Unión Europea no es tan fácil implementar las medidas de Australia», porque los Estados miembros se deben ceñir a lo que rige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Esa norma es «muy escrupulosa con cómo se tienen que proteger datos tan sensibles de los menores de edad».

Esta experta, que es además autora de los libros Conectados (Molino) y Crecer con pantallas (Amat Editorial), recalca que la prohibición de la que habló esta semana Sánchez tiene que venir acompañada de medidas complementarias o, como ha ocurrido en otras ocasiones, formará simplemente parte de lo que legalmente no se puede hacer, pero se hace.

Actualmente, recuerda, está vigente el Reglamento de Servicios Digitales, que exige que las plataformas no alberguen en sus sitios ni contenidos ilícitos ni ilegales. Esa normativa ya se está incumpliendo, porque los Estados comunitarios «no hemos dotado de recursos suficientes a los órganos que tienen que controlar y coordinar que esa ley se cumpla».

La legislación actual fija en 14 años la edad mínima para tener una cuenta en redes sociales y, ahora mismo, tampoco se cumple. El 78,3% del alumnado de Primaria está ya registrado en alguna red social y el 43,6%, en tres o más plataformas, de acuerdo con datos recogidos por UNICEF en su estudio Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social.

Alcance real de la prohibición

La realidad es que los menores de 16 años «hacen un uso intensivísimo» de las redes sociales, señala Nacho Guadix, de UNICEF, con el beneplácito o, en su defecto, por el descuido de las familias. «Los adultos no hemos sido capaces de crear un entorno perfecto para la infancia, porque las herramientas no están diseñadas para que sean seguras para los niños, las compañías están evitando responsabilidades y las familias no estamos acompañando adecuadamente», refleja.

Y es entonces cuando la situación se ha descontrolado, cuando se plantea la medida de «sacar» a los niños y niñas de ese espacio reservado a quienes se suponen mentalmente adultos. Una medida que Marta Fresnillo, subdirectora del Departamento Jurídico de las Líneas de Ayuda ANAR, una fundación dedicada a la orientación a menores de edad, considera «positiva». «La aplicación práctica de la medida supondrá un esfuerzo por parte de todos: de los menores, de las familias, que deben dar educación y acompañamiento digital, y de las plataformas, con unos sistemas de verificación lo suficientemente buenos, que garanticen que el menor no pueda burlarlos fácilmente», concluye.

«Los adultos no hemos sido capaces de crear un entorno perfecto para la infancia»

Limitar el acceso a estos entornos tecnológicos que han generado «mecánicas adictivas», «patrones oscuros en los algoritmos» y que han permitido que se compartan «contenidos tanto ilícitos como inapropiados», describe Laura Cuesta, va a ser complicado. Precisará del trabajo conjunto entre administraciones y plataformas, algo que pinta imposible, vistos los desencuentros entre los tecnoligarcas y el Gobierno que se han reproducido a lo largo de esta semana. Si no cumplen por las buenas, las empresas tecnológicas «se enfrentarán a responsabilidad penal», amenazó Sánchez.

La Federación Europea de Consumidores excluye a la OCU por sus negocios con grandes multinacionales

La Federación Europea de Consumidores (BEUC) ha decidido que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y su grupo matriz, Euroconsumers, dejen de formar parte de la federación a partir del 1 de enero de 2026, tras una prolongada controversia interna relacionada con sus vínculos económicos con grandes multinacionales, según publica FACUA-Consumidores en Acción.

Tal y como recoge FACUA, durante los últimos años varias asociaciones integradas en BEUC han manifestado su preocupación por los acuerdos comerciales firmados por Euroconsumers con grandes empresas, al considerar que ponen en riesgo la independencia y la credibilidad del movimiento de defensa de los consumidores. Estas discrepancias llegaron incluso a plantear la expulsión directa del grupo de la federación europea.

Uno de los principales focos de conflicto ha sido la relación económica mantenida con compañías tecnológicas como Google, que habría realizado pagos millonarios a Euroconsumers. Desde la dirección de BEUC se advirtió de que este tipo de acuerdos podían ser utilizados por las multinacionales para mejorar su imagen pública y presentarse como socialmente responsables, debilitando la posición crítica de las organizaciones de consumidores.

Representantes de otras asociaciones miembro de BEUC han subrayado que la defensa de los derechos de los consumidores debe ejercerse con total independencia de los intereses empresariales, especialmente cuando se trata de grandes corporaciones con un fuerte peso en el mercado europeo.

Además, según un comunicado oficial de BEUC, a partir del 1 de enero de 2026 Euroconsumers y sus organizaciones en España (OCU), Bélgica (Testaankoop/Testachats) e Italia (Altroconsumo) dejarán de ser miembros de la federación europea. Solo continuará formando parte de BEUC la asociación del grupo Euroconsumers en Portugal, DECO.

En el ámbito estatal, FACUA recuerda que lleva años denunciando las prácticas de la OCU, a la que acusa de obtener ingresos mediante comisiones pagadas por empresas a cambio de captar clientes, una actividad que, según la asociación, podría contravenir la legislación que regula a las asociaciones de consumidores en España.

La salida de la OCU, presidida por Miguel Angel Feito, de la Federación Europea de Consumidores supone un serio revés para su presencia y representación en el ámbito europeo, mientras que otras organizaciones de consumidores continuarán integradas en BEUC.

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La carta de Isabel Rodríguez a Almeida tras sus excusas con los cuarteles de la ‘Operación Campamento’

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, después de haber valorado este miércoles la posibilidad de intervenir con el artículo 155 de la Constitución en la Comunidad de Madrid ante la aplicación de la negativa a aplicar las normativas estatales de vivienda en la región y, especialmente, por el estado actual de la ‘Operación Campamento’, ha remitido una carta al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, a la que ha tenido acceso este medio.

Rodríguez ha señalado este miércoles por la mañana que, de haber contado con la mayoría en el Senado para impulsar la aplicación del 155, “ya lo hubiera implementado”: “Si no quieren asumir la competencia, estoy dispuesta a asumirla”, ha precisado. La ministra ha reprochado por carta al alcalde sus ataques a la Operación Campamento, señalándole que las críticas se hacen “desde el exterior”, sin visitar la zona ni comprobar directamente el estado de los trabajos. Además, le reprocha que el Ayuntamiento no haya aprobado aún definitivamente el proyecto de urbanización, pese a que la aprobación inicial se produjo hace más de un año y faltan informes “críticos imprescindibles”.

La postura defendida por el mandatario de Cibeles ha pasado por reprochar a Moncloa no estar trabajando en Campamento, señalando que los medios desplegados son “escasísimos” y que la demolición en los trabajos de soterramiento en la A-5 “no se ha iniciado realmente”, culpando de ello a “la agenda” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “No se puede tomar el pelo a los vecinos de Madrid. (…) Si quiere saber cómo hay que ejecutar la Operación Campamento, que se acerque unos metros para abajo a ver cómo estamos ejecutando la A-5”, ha sentenciado.

El telón de fondo de la cuestión viene de la mano de la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el PP a aplicar la Ley de Vivienda estatal, una postura que Rodríguez ha achacado a “mero cálculo electoralista”: “¿Por qué nos cuestionamos que en el marco de las competencias de las comunidades autónomas no seamos atendidos en nuestro derecho a la vivienda? Creo que este es el gran cambio de paradigma que estamos impulsando”, ha señalado la ministra.

Sobre esta premisa ha vuelto a dirigirse a Cibeles a través de una misiva en la que da cuenta de las inquietudes del Gobierno sobre la cuestión en vivienda en la capital y la operación Campamento, por la cual el alcalde de Madrid ha criticado al Ejecutivo y ha reclamado que se “ponga las pilas”.

«Por encima de lo previsto»

En la misiva, Rodríguez señala que ha conocido las dudas del regidor “a través de los medios de comunicación” y afirma que su objetivo es “despejar cualquier inquietud” sobre la evolución de las obras, enmarcadas en “una de las actuaciones de vivienda de promoción pública más ambiciosas del país”.

En su escrito, la ministra detalla el calendario administrativo y técnico seguido por su departamento, recordando que el informe favorable para iniciar las demoliciones se recibió el 11 de julio y que la licitación se puso en marcha el 24 del mismo mes, con “un presupuesto base de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses”. Añade que la adjudicación definitiva se produjo el 22 de diciembre y que las obras comenzaron el 12 de enero, subrayando que “no se han interrumpido en ningún momento” y que avanzan “a un ritmo por encima del inicialmente previsto”, con una primera certificación que podría suponer “un 250% de incremento sobre el plan de trabajo”.

Rodríguez también invita al alcalde a comprobar sobre el terreno el desarrollo del proyecto, al considerar “difícil e innecesario hacerlo desde el exterior” dada la dimensión del ámbito, de más de 200 hectáreas. Además, reivindica la necesidad de impulsar vivienda asequible en Madrid y reclama “la mayor colaboración y diligencia en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización”, pendiente desde hace más de un año. En este contexto, muestra su disposición al diálogo y confía en que “cuanto antes se pueda volver a agendar una reunión entre nuestros equipos” para desbloquear los trabajos pendientes.

La carta íntegra de Rodríguez a Almeida

A continuación, se plasma la carta íntegra que la ministra de Vivienda ha enviado al alcalde de Madrid en el marco de la ‘Operación Campamento’.

Estimado Alcalde:

Vengo recibiendo a través de los medios de comunicación las dudas que trasladas sobre la evolución de las obras de democión de los viejos cuarteles de Latina, por lo que quiero despejar cualquier inquietud que puedas tener al respecto, con el ánimo, una vez más desde este realidad al fin la vida en el Nuevo Barrio de Campamento, una de las actuaciones de vivienda de promoción pública más ambiciosas del país

Como sabes el pasado 11 de julio la Entidad Pública de Vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recibió el informe técnico de conformidad, cumplimiento y adecuación a la normativa de la declaración responsable presentada para proceder a las demoliciones de varias estructuras, edificios y muros aún existentes, paso ineludible para poder abordar las obras de urbanización y edificación. Una vez recibido este informe y sin ninguna dilación, el 24 de julio se procedió a la licitación de las obras de demolición, con un prepuesto base de 3,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 9 meses.

Tras la presentación y valoración de las ofertas recibidas, respetando como es evidente los plazos y garantías establecidas en la ley de contratos del sector público, el Consejo de Administración de la Entidad adjudicó definitivamente las obras el pasado 22 de diciembre, pudiendo firmarse el acta de inicio a principios del mes pasado, momento en el que se procede a iniciar las obras de demolición, como sabes, el pasado 12 de enero.

Desde ese día las obras no se han interrumpido en ningún momento y se están desarrollando a un ritmo por encima del inicialmente previsto, lo que se evidencia en que la primera certificación de obras previsiblemente se ejecutará con un 250% de incremento sobre el plan de trabajo presentado, por lo que, de continuar así será incluso posible que finalicen con anterioridad al plazo establecido en el contrato.

Si a pesar de esta información aún mantienes dudas sobre la evolución de las obras, no hay inconveniente alguno en poder visitar in situ su desarrollo y conocer el proyecto de demoliciones, así como el estado de los inmuebles que acabarán pasando al patrimonio municipal. Es difícil e innecesario hacerlo desde el exterior teniendo en cuenta que se trata de un espacio de más de 200 hectáreas.

Sigo convencida del mutuo interés en que esta actuación se ejecute en el menor tiempo posible y en la necesidad de poder incrementar la oferta de vivienda asequible protegida para siempre en la ciudad de Madrid mediante todos los medios posibles, ya sea recuperando su función social o mediante promoción de vivienda pública, de ahí que encontrarás en mí la máxima disposición para alcanzar este e objetivo.

Aprovecho para solicitar, de nuevo, la mayor colaboración y diligencia en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, cuya aprobación inicial se produjo hace más de un año en el Pleno Municipal. En este momento seguimos pendientes de recibir algunos informes críticos imprescindibles para la adecuación final de los documentos que ya han sido presentados desde Casa 47.

Espero que, cuanto antes, se pueda volver a agendar una reunión entre nuestros equipos que nos permita continuar con los trabajos pendientes.

Recibe un cordial saludo,

La ministra

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Sánchez responde al fundador de Telegram tras su comunicado masivo: «Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido al fundador de Telegram, Pável Dúrov, después de que haya lanzado un comunicado masivo a los usuarios de su red social acusándolo de «regulaciones peligrosas que amenazan la libertad en internet», en referencia a la medida anunciada por el Gobierno de prohibir a los menores de 16 años el acceso a las redes sociales. Sánchez, con un escueto comentario, ha respondido tajantemente al CEO de Telegram. 

«Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos«, ha expresado Sánchez a través de un comentario difundido en las redes sociales.

Dúrov, un día después de que el Gobierno anunciara su intención de prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo las políticas que ya se aplican en Francia o Australia, ha lanzado un comunicado a todos los usuarios de su red en el que ha puesto en advertencia de lo que considera “amenazas peligrosas” por parte del Ejecutivo español en la regulación del uso de la plataforma.

“El Gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet. (…) Estas medidas podrían convertir a España en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de ‘protección”, ha señalado.

En cuatro puntos explicativos, el fundador de Telegram ha expresado que la prohibición del Ejecutivo central “no se trata solo de los niños, requiere que las plataformas usen controles estrictos, como exigir el DNI o biometría”, lo que considera un “peligro” al establecer un precedente para «rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos”, entendiendo así que, lo que empieza con menores de edad, “podría extenderse a todos”.

Después, ha situado la “responsabilidad personal y penal para los ejecutivos de plataformas si no se elimina rápidamente contenido ilegal, odioso o perjudicial”, lo que, según percibe el fundador de Telegram, “forzará la sobrecensura” y “se borrará cualquier cosa mínimamente controvertida para evitar riesgos, silenciando disidencias políticas, periodismo y opiniones cotidianas”.

Ha proseguido con la “criminalización de la amplificación algorítmica” al considerar que serán los gobiernos los que “dictarán lo que ves, enterrando opiniones opuestas y creando cámaras de eco”. Por último, ha aludido al seguimiento de “la huella de odio y polarización”, punto clave de la medida que Dúrov entiende como “definiciones vagas de odio que podrían etiquetar críticas al Gobierno” y podría traducirse como “una herramienta para suprimir a la oposición”.

Con este telón de fondo, el dueño de Telegram ha considerado que la medida del Gobierno de Sánchez viene a ejercer “el control total” de las redes sociales, por lo que ha pedido a los usuarios que se mantengan “vigilantes” y que exijan “transparencia”.

El anuncio de Sánchez sobre las redes sociales

Fue en el World Govemments Summit en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, donde Pedro Sánchez anunció un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias que tienen como objetivo “hacer frente a los bulos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.

El líder del Ejecutivo puso el foco en la gobernanza digital como una cuestión central en la era actual, considerando que debe ser abordada de forma global frente al estado fallido en el que ha devenido el ecosistema de las redes sociales donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.

Así, analizó el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumplimiento con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y materiales personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertados, además de distorsionar.

De la misma forma, Sánchez anunció que mediante una reforma de la ley busca poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracción que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio.

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Resumen de la guerra Ucrania – Rusia del 4 de febrero: Zelenski calcula 55.000 soldados ucranianos muertos

La guerra en Ucrania ha cumplido este miércoles 1.442 días desde el inicio de la invasión de Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.

Zelenski, que habló tanto de militares de carrera como movilizados, ha hecho estas declaraciones en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2. A esa cifra, el presidente ucraniano ha señalado que hay que añadir «un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas«.

En Abu Dabi se ha celebrado la primera jornada de las reuniones trilaterales (Ucrania, EE.UU. y Rusia). El principal negociador de Ucrania ha afirmado que las conversaciones han resultado «productivas y sustantivas». Las negociaciones seguirán el jueves.

La jornada había comenzado con las declaraciones desde el otro lado del charco del presidente de Estados Unidos. Donald Trump afirmó que quiere que Putin «ponga fin» a la guerra en Ucrania.

Trump ha hablado con la prensa después de que Rusia reanudara los ataques aéreos masivos contra Kiev durante la noche del lunes al martes, en vísperas de las conversaciones del miércoles en Abu Dabi con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y representantes de los dos países en conflicto.

El ejército ruso incrementó el pasado año los ataques contra objetivos civiles en Ucrania, para lo que empleó bombas y drones de asalto, acciones que podrían constituir «crímenes de guerra», según el último informe de Human Rights Watch (HRW).

«En 2025 el empleo de armas explosivas en zonas pobladas contribuyó a un incremento del 31 % de las víctimas civiles en comparación con 2024», señala HRW. Esta organización que ha sido declarada indeseable en Rusia, destacó que julio de 2025 fue el mes más sangriento en tres años de conflicto con 286 muertos y 1.388 heridos.

Resumen | Guerra Ucrania – Rusia del 4 de febrero




Rodrigo García


Rodrigo García

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  • 23:59

    Hasta aquí llega la narración, minuto a minuto, de la guerra en Ucrania. Puedes seguir informado en los boletines de RNE, en el Canal 24h y en esta web, por supuesto. Gracias por estar ahí. 



  • 22:00

    Zelenski cifra en 55.000 el número de soldados ucranianos muertos en la guerra

     

    El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.

     

    Zelenski, que habló tanto de militares de carrera como movilizados, ha hecho estas declaraciones en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2.

     

    A esa cifra, el presidente ucraniano ha señalado que hay que añadir «un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas». 



  • 17:26

    El principal negociador de Ucrania afirma que las conversaciones en Abu Dabi han resultado «productivas»

     

    El principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, ha firmado tras la primera jornada de las reuniones trilaterales entre Kiev, Moscú y Washington que las conversaciones en Abu Dabi han resultado «sustantivas y productivas».



  • 16:24

    Las negociaciones tripartitas seguirán el jueves

     

    El primer día de conversaciones entre ucranianos, rusos y estadounidenses, con el objetivo de encontrar una solución a la guerra de cuatro años entre Kiev y Moscú, ha finalizado este miércoles en Abu Dabi.

     

    Una portavoz ucraniana ha anunciado que se prevén nuevas conversaciones el jueves.

     

    «Las conversaciones han finalizado por hoy» y continuarán el jueves, ha declarado Diana Davitian, portavoz del jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov. (AFP)



  • 11:00

    Comienza en Abu Dabi la segunda ronda de negociaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos
     

     

    La segunda ronda de contactos trilaterales entre negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev ha comenzado este miércoles en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, según ha informado en su cuenta de Telegram el integrante de la delegación ucraniana Rustem Umérov.

     

    «El proceso negociador ha comenzado en un formato a tres bandas: Ucrania, EE.UU. y Rusia. En adelante se trabajará en grupos separados por temas, después hay planeada una (reunión de) sincronización conjunta de seguimiento», ha escrito Umérov, que es jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania. 



  • 08:30

    EE.UU., Rusia y Ucrania planean retomar hoy los contactos de paz en Abu Dabi

     

    Rusos, ucranianos y estadounidenses planean retomar hoy sus contactos de paz en Abu Dabi entre reproches de Kiev a Moscú por el ataque masivo al sector eléctrico ucraniano que puso fin en la víspera a la tregua energética pactada por los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump.



  • 07:55

    Rusia derriba 24 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones
     

     

    Las defensas antiaéreas rusas han derribado durante la pasada noche 24 drones ucranianos de ala fija sobre cuatro regiones rusas, según ha informado hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. «Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 24 drones ucranianos de ala fija«, ha señalado el mando militar ruso en su canal de Telegram.

     

    Casi la mitad de los drones, once, han sido derribados sobre la región fronteriza de Briansk, y otros ocho, sobre Bélgorod.
    También fueron neutralizados otros cinco drones en las regiones de Rostov y Astracán. A pesar de tratarse de un ataque de baja intensidad, las autoridades aeronáuticas decretaron el cese temporal de los aeropuertos de Volgogrado y Sarátov.

     

    En los últimos días, la cantidad de ataques ucranianos contra la retaguardia rusa se ha reducido considerablemente: entre el 31 de enero y el 2 de febrero fueron derribados cerca de 25 drones diarios promedio, mientras el 26 de enero fueron aniquilados 106 y el 4 de enero, alrededor de 400, según datos de Defensa ruso. Este martes se produjo el menor ataque de las últimas semanas: durante la noche solo fueron interceptados diez drones. (EFE)



  • 6:15

    Rusia aumentó en 2025 los ataques contra objetivos civiles en Ucrania, según el último informe de Human Rights Watch 

     

    El ejército ruso incrementó el pasado año los ataques contra objetivos civiles en Ucrania, para lo que empleó bombas y drones de asalto, acciones que podrían constituir «crímenes de guerra», según el último informe de Human Rights Watch (HRW).

     

    «En 2025 el empleo de armas explosivas en zonas pobladas contribuyó a un incremento del 31 % de las víctimas civiles en comparación con 2024», señala HRW.  Esta organización que ha sido declarada indeseable en Rusia, destacó que julio de 2025 fue el mes más sangriento en tres años de conflicto con 286 muertos y 1.388 heridos. (EFE)



  • 00:40

    Trump dice que quiere que Putin «ponga fin» a la guerra en Ucrania

     

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado este martes que quiere que Vladímir Putin «ponga fin a la guerra» en Ucrania.

     

    Trump ha hablado con la prensa después de que Rusia reanudara los ataques aéreos masivos contra Kiev durante la noche del lunes al martes, en vísperas de las conversaciones del miércoles en Abu Dabi con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner y representantes de los dos países en conflicto.

     

    Estos ataques rusos contra la capital ucraniana se produjeron tras una pausa de unos días conseguida por Donald Trump. «Era de domingo a domingo, y se reanudó y les dio fuerte anoche»,  ha dicho el mandatario estadounidense. «Cumplió su palabra en eso… Aceptaremos cualquier cosa, porque hace mucho, mucho frío ¿allí. Pero era domingo, y pasó de domingo a domingo». (Reuters)



  • 00:30

    La ciudad rusa de Bélgorod se queda sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles

     

    Bélgorod y varias localidades vecinas se han quedado este martes sin electricidad tras un ataque ucraniano con misiles, según han informado medios locales. El portal Noticias de Bélgorod ha señalado que Ucrania ha atacado una instalación energética en Bélgorod. «Parte de los misiles fueron derribados por las fuerzas antiaéreas, pero después de las explosiones se fueron la luz y el agua», escribe el medio.

     

    El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha confirmado «un ataque masivo» que dejó daños al sistema energético local. Gladkov ha anunciado que presidirá la reunión de un gabinete de crisis para abordar y mitigar las consecuencias del ataque. Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo este año fallecieron 21 civiles por ataques ucranianos, según las estadísticas oficiales. (EFE)



  • 00:20

    Dos jóvenes mueren en un ataque aéreo ruso en Zaporiyia

     

    Un ataque con un dron ruso en Zaporiyia, una ciudad del sur de Ucrania, ha matado a dos jóvenes y ha herido al menos a otros once, según han anunciado las autoridades este martes. «Dos personas murieron: un hombre de 18 años y una joven», ha declarado el gobernador regional, Ivan Fedorov, en redes sociales.

     

    Las imágenes publicadas por los servicios de emergencia ucranianos mostraban dos cuerpos tendidos en el suelo y coches calcinados en el lugar del ataque. «Once personas, incluidos tres niños, buscaron asistencia médica», ha añadido Fedorov. «Esto es una masacre», ha manifestado la primera ministra Yulia Svyrydenko.



  • 00:15

    Zelenski asegura que espera «la reacción de Estados Unidos ante los ataques rusos»

     

    El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, ha publicado este martes un mensaje en la red social X indicando que esperan «la reacción de Estados Unidos ante los ataques rusos».

     

    «Fue una propuesta de Estados Unidos: detener los ataques contra las instalaciones energéticas durante las negociaciones diplomáticas y el duro invierno. El presidente de Estados Unidos hizo la petición personalmente. Rusia respondió con un número récord de misiles balísticos», ha escrito Zelenski.

     

     

     



  • 00:00

    Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este martes cumple 1.442 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.


Los gráficos con los que Puente desmonta las acusaciones de la derecha sobre la inversión ferroviaria: «Los datos son incontestables»

La comparecencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este martes en el Congreso de los Diputados estuvo marcada por la responsabilidad institucional con las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y las explicaciones hasta la fecha de los distintos siniestros. A su vez, el foco también se situó sobre la historia gráfica de las consecutivas inversiones ferroviarias de las últimas décadas y cómo se ha visto afectada la red bajo esta premisa.

Tanto en la red nacional como en el caso concreto de Rodalies, el titular de Transportes expuso tanto la variación de inversiones que ha realizado bajo su mandato como el global de las últimas décadas, tanto a cargo del actual Gobierno de Pedro Sánchez como de los anteriores liderados por el Partido Popular.

En este sentido, Puente comenzó señalizando los ejercicios de 2020-2025 en Rodalies de Cataluña: 1.228 millones de euros invertidos por el Ministerio, de los que 754 millones fueron destinados a ferrocarril y 607 exclusivamente a la red de Rodalies. En 2025, con datos aún provisionales, cifró en 1.196 millones con 822 millones a la red y 600 millones de ellos a Rodalies. “Cuando decimos que cada dos euros que invierte Transportes en los dos últimos años lo decimos con datos”, agregó.

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A su vez, expuso el crecimiento de porcentaje de inversión total que se emplea en ferrocarriles. “En cuanto a la ejecución global del Ministerio en Cataluña, se exigen responsabilidades al que está, pero el que está no es responsable de lo que se ha producido en tiempos pretéritos, especialmente en aquellos en los que el abandono de la red ferroviaria de Cataluña es evidente”, sostuvo, mostrando el gráfico que así lo prueba.

Una red ferroviaria no es una tetera, no se arregla en dos días. Es muy compleja. Cuando se abandona durante años, no se invierte ni se mantiene, se arrastra en el tiempo. Aquí se ve el papel de unos y otros y quién está en condiciones de exigir responsabilidades y quién no”, emplazó a modo de réplica a las críticas vertidas por la oposición de Génova y Vox en las últimas semanas.

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Inversiones globales de la red ferroviaria

En este punto, situó un informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sobre el ámbito ferroviario e infraestructuras desde 1985 hasta la actualidad, finalizado en 2019. El gráfico que se muestra a continuación son las partidas presupuestarias destinadas a Cercanías a nivel nacional, es decir, ferrocarril metropolitano hasta 2018. «A partir de 2012 no es que se invierta menos, es que desaparece por completo. Así acaba este periodo analizado, en la nada”, remarcó

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En este punto, introdujo el argumentario de que se llegó a “priorizar la inversión en Alta Velocidad que en Cercanías, tampoco es rigurosamente cierto”, mostrando así otro gráfico de la AIREF mostrando otra realidad. “No sólo se abandonó la inversión en ferrocarril convencional, sino la inversión ferroviaria por completo, en Alta Velocidad fue una caída en picado. Después, hemos remontado. Pero, ¿quién soluciona ese hueco?«, expuso sobre el estudio de la AIREF, finalizado en 2019, y cifrando en 30.000 millones de euros la inversión ejecutada durante el mandato de Pedro Sánchez sobre esta materia.

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Siguiendo sobre este punto, Puente aludió a las inversiones realizadas por los gobiernos del Partido Popular, tanto de José María Aznar como de Mariano Rajoy, en Rodalies de Cataluña: “Fue cero, cero patatero. (…) Vamos a poner en servicio en Cataluña en la mejora de la conectividad otros 24 nuevos trenes regionales, en total, 1.207 millones de euros para Cataluña en la etapa de Sánchez, la mayor cifra empleada jamás en la adquisición de material rodante en Cataluña”, ha subrayado. Al tiempo, Puente referenció la conocida crítica de “PP y PSOE, todos son iguales”, a lo que contestado que “parece ser más culpa, o en mayor medida, más de unos que de otros, porque los datos son incontestables”, al menos, en materia de inversión ferroviaria.

Evaluación del accidente de Adamuz y la situación actual de Rodalies

El conjunto de la comparecencia de Puente se centró en estas dos cuestiones y la información disponible hasta la fecha acerca de ambos siniestros. En lo que concierne a la tragedia de Adamuz, incidió en que la circulación de trenes fue interrumpida en el mismo momento del accidente por el “corte automático del suministro eléctrico” y que “desde los primeros instantes, se fue consciente de la existencia de dos trenes accidentados y así se comunicó a los servicios de emergencia”.

Incidió a su vez en la “plena disposición” del Ministerio de colaborar con los distintos órganos implicados en las dos investigaciones en curso: la CIAF, que investiga las causas del siniestro para establecer recomendaciones y reforzar la seguridad ferroviaria; así como la causa judicial que determinará las responsabilidades penales.

En lo que respecta a la situación actual de Rodalies, bajo el marco del siniestro en Gelida el 20 de enero que dejó un fallecido y varios heridos, ha ahondado en los defectos históricos de la red ferroviaria catalana, por su trazado y la influencia del entorno natural y climático como el déficit de inversión de previos gobiernos. En aras de revertir este escenario, Puente expuso ciertas claves del Plan Rodalies 2020-2030, con el 80% de la inversión ferroviaria de Transportes con un aumento de 1.700 millones.

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Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar

La publicación de los nuevos documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein ha desvelado una serie de nombres conectados con el delincuente. Fue el pasado viernes cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de tres millones de documentos del caso haciendo cumplimiento a la Ley de Transparencia aprobada ‘ad hoc’ en noviembre. ¿Lo destacable de los nuevos archivos publicados? Que en el paquete de documentos se ha descubierto que figuran nombres de varios españoles, entre los que destacan los de la familia Aznar, el rey emérito, un arquitecto que participó en las obras de su isla o un condenado en la Gürtel, entre otros.

En los datos revelados, se muestra que Juan Carlos I y el expresidente del Gobierno José María Aznar mantuvieron algo más que una relación meramente diplomática. Los encuentros, las supuestas cenas, los viajes pagados y los paquetes enviados han situado a ambos en el punto de mira.

La cena con Juan Carlos I

Al salir a la luz los nuevos archivos del pederasta se ha confirmado que el nombre del emérito aparece reflejado en más de una decena de páginas de los documentos de Epstein.

Entre todos los archivos en los que figura el por entonces monarca de España, de los cuales muchos son simples recortes de periódicos, destaca la mención de un encuentro entre el empresario y el Borbón.

«Ceno con el rey Juan Carlos de España esta noche, impresionante. Cena organizada por Pepe Fanjul para amigos», manifestaba Epstein en uno de sus correos. Este documento ha dado a conocer que el emérito tuvo agendada una cena en la ciudad de Nueva York con el delincuente sexual el 11 de septiembre de 2018, mismo día que en España, casualmente, se hacía pública la investigación que había iniciado la Fiscalía Anticorrupción con motivo del presunto cobro de comisiones millonarias por la construcción del AVE a La Meca.

Hoy en día se desconoce si la quedada llegó a pasar ya que no figura ninguna prueba de la asistencia de Juan Carlos en la cena. Lo único que sitúa al rey en un contexto fue una imagen del emérito es en su visita a Sanxenxo días después de aquella supuesta cena mencionada en los archivos de Epstein.

Además de la cena, el borbón también es mencionado en más documentos por el interés que el empresario mostraba hacia su persona, llegando a existir correos en los que mencionan a la misma Corinna Larsen por su relación con el monarca.

Otros nombres

Además del rey emérito y el expresidente Aznar, otros rostros españoles figuran en los papeles. En este sentido, destacan Jacobo Gordon, un empresario condenado por el caso Gürtel, o Maite Arango, consejera de Acciona; Joaquín Fernández de Córdoba Arión, duque de Arión; Fernando de Córdova Hohenlohe; y el empresario Fernando de Soto. Ellos aparecen como contactos en la agenda.

Por su parte los empresarios Nacho Gaspar y Ludmila García, con domicilios vinculados a Madrid y Marbella, también figuran en los contactos. Además de Juan Herrero y Helen Herrero También está el arquitecto granadino Carlos Sánchez, quien reconoció haber trabajado en un proyecto en las Islas Vírgenes para Epstein.

Además, como contactos diplomáticos relacionados con Marruecos destaca el ministro de Exteriores Miguel ángel Moratinos, 

Cabe mencionar que el hecho de que los nombres de las personas mencionadas aparezcan en los archivos estos no los sitúa en ningún delito y se encuentran al margen de la investigación.

Epstein y su relación con los Aznar

Por otra parte, el presidente del Ejecutivo español entre 1990 y 2004, José María Aznar López, también aparece citado en los archivos del empresario y, a diferencia del emérito, los documentos mostraban una relación más afianzada entre los implicados.

Empezando por la existencia de numerosos correos y terminando con los paquetes enviados a La Moncloa, el expresidente junto a su familia están relacionados en varias situaciones, a pesar de que estos digan lo contrario.

Las primeras apariciones de Aznar que le conectan con Epstein son los envíos que el primero recibía por parte del segundo. En 2003, cuando todavía ocupaba el cargo de presidente, hubo un primer envío del pederasta y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, con destino Moncloa. El paquete de poco más de 200 gramos y por el que el empresario habría pagado casi 33 dólares a FedEx, figuraba a nombre de Aznar y su pareja, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella. Dicha correspondencia enviada el 2 de septiembre desde Nueva York al «presidente y Ana Aznar», la recogieron el 4 de septiembre, según figura en los archivos recogidos.

Meses más tarde, tal y como reflejan los documentos del delincuente sexual, se registró un pago por parte del pederasta a su agente de viajes a nombre de José María Aznar, por 1.050 dólares, con fecha 17 de octubre. El pago fue realizado a la compañía Shoppers Travel Inc., la cual era conocida por ser la habitual del empresario para reservar vuelos comerciales a sus asociados y empleados.

Años después, a las dos semanas posteriores a que Aznar abandonara el gobierno español, el popular recibió otro paquete del pederasta, más grande que el anterior, a la oficina de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).

Cabe destacar que tanto José María como Ana Botella no so los únicos miembros de la familia Aznar que se encuentran escritos en los documentos del criminal. El hijo del expresidente, José Aznar, y su yerno y exdiputado del Parlamento Europeo, Alejandro Agag, figuran en la agenda telefónica de Epstein.

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De Appeal of Conscience a Friends of Israel: los lobbys sionistas que unen a Aznar con los papeles de Epstein

Octubre de 2003. Mientras millones de personas salían a las calles en España contra la guerra de Irak, José María Aznar viajaba a Nueva York para recibir un premio de la organización Appeal of Conscience Foundation. El desplazamiento, según los papeles de Jeffrey Epstein, fue financiado por el financiero estadounidense hoy símbolo de las cloacas del poder global, en un momento clave para apuntalar el respaldo español a la estrategia de George W. Bush en Oriente Próximo.

El viaje no fue un gesto protocolario menor. En el otoño de 2003, el Gobierno de José María Aznar atravesaba su mayor crisis de legitimidad social. La invasión de Irak, impulsada sin el aval de Naciones Unidas y apoyada por España pese a un rechazo ciudadano masivo, había convertido a Aznar en uno de los aliados europeos más fieles de la Casa Blanca. En ese contexto, la entrega de un galardón por parte de una fundación con fuertes vínculos con el establishment político y económico estadounidense funcionó como una operación de blanqueamiento internacional del liderazgo del presidente español.

Los registros del entorno de Epstein —que incluyen pagos de viajes y gestiones logísticas a nombre de terceros— sitúan a Aznar en ese circuito de relaciones donde confluyen diplomacia paralela, grandes donantes privados y organizaciones que actúan como nodos de influencia. No existe constancia de delitos ni de una relación personal directa más allá de esos apuntes administrativos, pero el episodio ilustra cómo, en plena guerra, figuras clave del poder occidental se movían en espacios opacos, al margen del escrutinio público.

Años después, ya fuera de La Moncloa, Aznar consolidó ese perfil internacional alineado con el neoconservadurismo estadounidense. En 2010 impulsó la Friends of Israel Initiative, una plataforma concebida para defender al Estado de Israel frente a lo que considera campañas de deslegitimación global. Lejos de tratarse de un proyecto marginal, la iniciativa reunió a exdirigentes políticos, altos cargos militares y figuras influyentes del ecosistema conservador internacional.

Desde su presentación pública, Friends of Israel se definió como una iniciativa no confesional, abierta a dirigentes y personalidades “no judías”, con el objetivo explícito de combatir lo que consideraba campañas de deslegitimación contra Israel y de reforzar su derecho a la autodefensa. Lejos de plantearse como una ONG clásica, la organización adoptó desde el principio una lógica propia de los lobbies de influencia: elaboración de posicionamientos políticos, interlocución directa con responsables institucionales y generación de espacios de encuentro entre élites políticas, económicas y estratégicas.

En ese entramado desempeñó un papel central Rafael Bardají, antiguo asesor de Aznar en materia de seguridad y uno de los principales arquitectos ideológicos del proyecto. Bardají, que posteriormente se convertiría en referente intelectual de Vox y en interlocutor habitual de la derecha radical estadounidense, actuó como puente entre el aznarismo, los sectores más duros del sionismo político y las nuevas derechas transatlánticas.

La dimensión financiera de Friends of Israel refuerza esa lectura. Entre 2015 y 2016, la organización recibió alrededor de dos millones de euros procedentes de la fundación del magnate estadounidense Sheldon Adelson, uno de los mayores financiadores del Partido Republicano y de causas sionistas en Estados Unidos. Adelson convirtió su fortuna en una herramienta política al servicio de una agenda claramente alineada con la derecha más dura en política exterior, especialmente en lo relativo a Oriente Próximo.

Israel como eje del relato conservador español

La relación entre la derecha española y el Estado de Israel no se limita a gestos diplomáticos puntuales, sino que responde a una convergencia ideológica cada vez más explícita. Tanto el Partido Popular como Vox han asumido en los últimos años un discurso abiertamente alineado con los sectores más duros del sionismo político, especialmente en lo relativo a la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la identificación del conflicto palestino-israelí como un choque civilizatorio. Esta afinidad se traduce en relaciones estables con asociaciones pro-Israel, fundaciones internacionales y think tanks vinculados al neoconservadurismo estadounidense.

En el caso del PP, esa orientación hunde sus raíces en la etapa de José María Aznar, cuando la política exterior española se reconfiguró como parte del eje atlántico liderado por Estados Unidos. Desde entonces, dirigentes populares han mantenido una línea de apoyo casi incondicional a Israel en foros internacionales, evitando críticas a la ocupación de territorios palestinos y oponiéndose de forma sistemática a iniciativas de reconocimiento del Estado palestino o de condena a las violaciones del derecho internacional. Esta posición ha sido reforzada por la cercanía del partido a fundaciones y lobbys que operan como altavoces de la agenda israelí en Europa.

Vox, por su parte, ha llevado esa alianza un paso más allá, integrándola de forma central en su discurso político. La formación liderada por Santiago Abascal ha convertido a Israel en un referente simbólico de su proyecto ideológico, presentándolo como un “muro de contención” frente al islamismo y la inmigración, y como modelo de Estado fuerte, militarizado y sin concesiones en materia de seguridad. Diputados y dirigentes de Vox han participado en viajes, encuentros y actos organizados por asociaciones pro-Israel, tanto en España como en el extranjero, reforzando una red de relaciones que trasciende lo meramente institucional.

En este contexto, la connivencia de la derecha española con Israel se ha hecho visible como nunca a raíz del genocidio en Gaza, no tanto por lo que Partido Popular y Vox han dicho, sino por lo que han evitado decir. Ante una ofensiva militar que ha provocado decenas de miles de víctimas civiles y que ha sido calificada por juristas internacionales y organismos de derechos humanos como una posible violación masiva del derecho internacional, ambos partidos se han movido en una ambigüedad calculada, esquivando cualquier condena directa al Gobierno de Israel y refugiándose en fórmulas retóricas de equidistancia. Esa indefinición, lejos de expresar prudencia, confirma la solidez de unos vínculos políticos e ideológicos que pesan más que la defensa coherente de los derechos humanos y que sitúan a la derecha española en una posición singular dentro del panorama europeo: alineada en el fondo con las redes y lobbys pro-Israel, pero incapaz de asumir públicamente ese respaldo ante una tragedia humanitaria que ha sacudido a la opinión pública mundial.

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Friends of Israel, la asociación fundada por Aznar y un ‘halcón’ de Vox que recibió donaciones de Epstein

Friends of Israel, la asociación fundada por Aznar y un ‘halcón’ de Vox que recibió donaciones de Epstein

La nueva filtración masiva de correos vinculados a Jeffrey Epstein vuelve a sacudir los márgenes del poder político internacional. Entre los mensajes desclasificados aparece una referencia directa a Friends of Israel Initiative, la organización fundada por el expresidente español José María Aznar, citada en un correo fechado en 2015 que describe una reunión de su consejo celebrada en Dallas y menciona a varios de sus miembros, entre ellos Rafael Bardají, figura clave del engranaje ideológico que conecta al aznarismo con Vox y la derecha radical estadounidense. El mensaje, dirigido al propio Epstein, añade además un detalle revelador: algunos de los asistentes no eran judíos y el anfitrión del encuentro fue el entorno que alojó a los miembros del consejo en Texas.

El correo, cuyo remitente no ha sido identificado en la documentación hecha pública, ofrece una fotografía poco habitual del funcionamiento interno de la Friends of Israel Initiative fuera de Europa. “Acabamos de celebrar una reunión del consejo de directores para una organización llamada Friends of Israel aquí en Dallas. Con sede en Europa. El ex presidente español José Aznar la fundó”, escribe el interlocutor. A continuación, remite a la página web de la entidad e invita a revisar la composición de su consejo, subrayando la presencia de Robert Agostinelli, empresario estadounidense y uno de los principales financiadores del lobby.

La aparición de esta referencia en los archivos de Epstein no implica, por sí misma, la existencia de una relación orgánica entre el financiero y la organización fundada por Aznar. Sin embargo, sitúa a Friends of Israel dentro del ecosistema de relaciones personales, políticas y económicas que rodearon durante años a Epstein, un entramado que combinaba élites financieras, dirigentes políticos y espacios de influencia ideológica a ambos lados del Atlántico.

Correo filtrado

Friends of Israel: un lobby político impulsado desde el aznarismo

Fundada en 2010, la Friends of Israel Initiative nació como una plataforma internacional destinada a defender la legitimidad del Estado de Israel en el debate político occidental, en un contexto marcado por el auge de resoluciones críticas en organismos internacionales y por el endurecimiento del discurso sobre el conflicto en Oriente Próximo. El proyecto fue impulsado por el expresidente del Gobierno español José María Aznar tras abandonar la primera línea institucional, como parte de su estrategia de proyección internacional en el ámbito de los think tanks y el lobby político.

Desde su presentación pública, Friends of Israel se definió como una iniciativa no confesional, abierta a dirigentes y personalidades “no judías”, con el objetivo explícito de combatir lo que consideraba campañas de deslegitimación contra Israel y de reforzar su derecho a la autodefensa. Lejos de plantearse como una ONG clásica, la organización adoptó desde el principio una lógica propia de los lobbies de influencia: elaboración de posicionamientos políticos, interlocución directa con responsables institucionales y generación de espacios de encuentro entre élites políticas, económicas y estratégicas.

La composición de su consejo y de su entorno directivo reflejó desde el inicio esa orientación. La organización se rodeó de figuras procedentes del neoconservadurismo estadounidense, exdirigentes políticos europeos y empresarios con amplia capacidad financiera y acceso a círculos de poder en Washington y Bruselas. Entre ellos figura de manera destacada Robert Agostinelli, empresario estadounidense y uno de los principales apoyos económicos del proyecto, cuya presencia en el consejo es mencionada de forma explícita en el correo remitido a Jeffrey Epstein en 2015.

Junto a Agostinelli, Friends of Israel ha contado históricamente con perfiles vinculados a la seguridad, la defensa y la política exterior dura, muchos de ellos con trayectorias en gobiernos conservadores o en think tanks estratégicos. Esa combinación de exresponsables políticos, analistas de defensa y financiadores privados ha permitido a la organización operar como un espacio de coordinación ideológica más que como una estructura pública con actividad visible continuada.

Aunque su sede y su origen están vinculados a España, Friends of Israel ha mantenido tradicionalmente un perfil discreto en el ámbito político nacional, con escasa presencia en el debate público y una actividad poco transparente para la opinión pública. Su influencia se ha articulado, principalmente, a través de encuentros internacionales a puerta cerrada, declaraciones conjuntas firmadas por sus miembros y una intensa labor de networking con responsables políticos, diplomáticos, militares retirados y analistas estratégicos.

La reunión celebrada en Dallas en 2015, ahora citada en los correos filtrados del caso Epstein, encaja plenamente en ese patrón de funcionamiento. Se trata de un encuentro del consejo fuera de Europa, con alojamiento y logística gestionados por el entorno organizador, y con la participación de miembros clave del lobby. Este tipo de reuniones, habituales en la trayectoria de Friends of Israel, refuerzan su carácter de plataforma transnacional de influencia, alejada de los circuitos institucionales formales pero estrechamente conectada a ellos a través de sus integrantes.

Rafael Bardají, el nexo ideológico

Entre los nombres que orbitan alrededor de Friends of Israel Initiative destaca el de Rafael Bardají, una figura clave para entender la continuidad ideológica entre el aznarismo, el neoconservadurismo internacional y, más recientemente, el proyecto político de Vox. Bardají fue asesor de José María Aznar en materia de defensa y política exterior durante su etapa en el Gobierno, y más tarde ocupó –entre 2004 y 2016– la dirección de política internacional de la Fundación FAES, el principal laboratorio de ideas del Partido Popular bajo el liderazgo del expresidente.

Desde ese espacio, Bardají contribuyó a articular una visión de la política exterior alineada con los postulados de la llamada “guerra contra el terror”, el atlantismo sin matices y la defensa de Israel como eje estratégico en Oriente Próximo. Ese mismo marco ideológico fue el que sirvió de base para la creación de Friends of Israel Initiative en 2010, una organización concebida como plataforma internacional para influir en el debate político europeo y estadounidense desde posiciones conservadoras, no confesionales y abiertamente críticas con cualquier cuestionamiento del Estado israelí.

La trayectoria de Bardají lo sitúa así como un elemento de continuidad entre distintas etapas y espacios de poder: el Partido Popular de los años 2000, los think tanks estratégicos vinculados a la derecha internacional y la nueva derecha radical europea. Tras su salida del entorno orgánico del PP, Bardají se convirtió en uno de los referentes ideológicos de Vox, formación en la que fue candidato al Congreso y responsable de su discurso en materia internacional y de seguridad durante sus primeros años de expansión electoral.

En ese papel, Bardají defendió posiciones alineadas con los sectores más duros de la derecha estadounidense, ha participado en foros internacionales sobre defensa y geopolítica y ha mantenido vínculos con figuras como Steve Bannon, exasesor de Donald Trump y uno de los principales impulsores de redes transnacionales de la derecha radical. Su nombre ha aparecido de forma recurrente como nexo entre el entorno de Aznar, el liderazgo de Vox —con Santiago Abascal al frente— y los circuitos ideológicos que conectan Madrid con Washington.

La presencia de Bardají en el consejo de Friends of Israel y su mención en el contexto de la reunión celebrada en Dallas en 2015 refuerzan ese perfil de intermediario ideológico. No se trata únicamente de una trayectoria personal, sino de una red de relaciones que ha sobrevivido a los cambios de siglas y coyunturas políticas, y que sigue operando en espacios donde confluyen lobby, estrategia internacional y afinidades ideológicas compartidas.

Un ecosistema que sigue activo

En este sentido, la publicación de estos correos no clausura una historia, sino que abre una ventana al presente. Las personas citadas en los archivos siguen activas, influyentes y ocupando espacios de poder político o intelectual. Friends of Israel Initiative continúa operando como plataforma internacional de interlocución política; José María Aznar mantiene un papel relevante en el debate estratégico y en la articulación de redes conservadoras a escala global; y Rafael Bardají sigue siendo un referente ideológico en el ecosistema de la derecha española y transatlántica. Nada de lo que aparece en los correos pertenece a un mundo extinguido ni a una etapa cerrada de la política internacional.

Los archivos de Jeffrey Epstein hablan del pasado, pero las estructuras que describen siguen funcionando en el presente, adaptadas a nuevos contextos y coyunturas. Think tanks, fundaciones privadas y lobbies internacionales continúan reuniéndose, intercambiando contactos y generando discurso fuera del foco público, lejos del escrutinio que acompaña a la política institucional. La reunión del consejo de Friends of Israel celebrada en Dallas en 2015, mencionada en uno de los correos, es solo una instantánea de un modo de operar habitual: encuentros discretos, logística privada y una agenda que rara vez se hace pública.

Este tipo de espacios no actúan al margen de la política, sino en paralelo a ella, influyendo en marcos ideológicos, posicionamientos internacionales y alianzas estratégicas que más tarde se reflejan —o se filtran— en los discursos oficiales. En ese terreno, la frontera entre lobby, asesoramiento político y activismo ideológico se vuelve difusa. Las organizaciones no electas, como Friends of Israel, funcionan como nodos donde confluyen antiguos responsables gubernamentales, estrategas políticos y financiadores privados, configurando consensos que después se trasladan a partidos, gobiernos o instituciones.

Porque el poder, como muestran estos archivos, no siempre se ejerce desde los parlamentos ni se decide únicamente en las urnas. A menudo circula por canales paralelos, en espacios de influencia donde las decisiones no se votan, pero sí se preparan; donde las alianzas no se anuncian, pero se consolidan. Y esas estructuras —con sus protagonistas, sus agendas y sus encuentros— siguen activas, aunque solo asomen a la superficie cuando una filtración permite, por un momento, ver cómo se mueven.

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España prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años e impulsará medidas hacia la soberanía digital

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de dieciséis años e impulsará la persecución de la desinformación, la manipulación de los algoritmos y la distribución de contenido ilegal. Sánchez, que ha participado este martes en el World Govemments Summit en Dubái, Emiratos Árabnes Unidos, donde ha pronunciado un discurso central de la inauguración del foro, anunciado un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias que tienen como objetivo “hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.

El líder del Ejecutivo ha puesto el foco en la gobernanza digital como una cuestión central de nuestra era que debe ser abordada de forma global frente al estado fallido en el que ha devenido el ecosistema de las redes sociales donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”. 

El presidente ha analizado el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumpliendo con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertades y distorsionan, particularmente a los menores que tienen integrada en su cotidianidad el uso de las redes.

Mediante una reforma de la ley, Sánchez también plantea poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio. Asimismo, durante el foro ha anunciado que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

Asimismo, Sánchez ha puesto de manifiesto la determinación del Gobierno “para proteger a los menores y reforzar el control en las redes sociales y ha anunciado cinco medidas dirigidas a las plataformas digitales”, entre las que se incluye prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de dieciséis años obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad.

En defensa de la soberanía digital y apelando a la “tolerancia cero” frente a cualquier forma de coerción, ha trasladado que el gobierno abordará junto a la fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram. Además, para atajar la amplificación de los discursos del odio, el presidente Sánchez ha anunciado la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una “Huella de Odio y Polarización” y exponer la permisividad de las plataformas digitales que alimentan este tipo de contenido cuyo impacto está incidiendo en una mayor división social.

El presidente del Gobierno también ha anunciado que España se ha unido a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales” para avanzar de manera coordinada y eficaz a nivel multinacional en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Además, ha destacado a España como uno de los destinos de inversión más atractivos a nivel global, avalado por un crecimiento económico que casi duplica la media de la eurozona, un PIB superior a los dos billones de dólares y un mercado laboral en expansión, reforzados por la solidez que aporta el fondo soberano España Crece, que aspira a movilizar hasta 120.000 millones de euros. En este contexto, ha subrayado la vocación abierta y de futuro del país, defendiendo que España apuesta por la cooperación, la apertura a nuevos socios y la construcción de puentes en lugar de muros.

En los márgenes del foro, el líder del Ejecutivo ha mantenido una serie de encuentros, entre ellos, con el vicepresidente honorario de la junta directiva y el copresidente de XPeng Motors, Brian Gu. También se ha reunido con un grupo de representantes de empresas españolas instaladas en Emiratos Árabes Unidos.

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Feijóo saca «el comodín de ETA» y enturbia la comisión de la DANA: «Es clarísima la estrategia»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagoniza una tensa comparecencia ante la comisión de la DANA en el Congreso. En una sesión destinada a esclarecer qué comunicaciones mantuvo con el expresident Carlos Mazón durante las inundaciones que arrasaron Valencia el 29 de octubre de 2024, Feijóo ha optado por el rifirrafe como maniobra de evasión, sacando, por ejemplo, «el comodín de ETA» cuando le tocaba responder al diputado de EH Bildu Óskar Matute. Las evasivas del lider de la oposición han llevado a la presidenta de la comisión, Carmen Martínez, a llamarle al orden en varias ocasiones.

Matute ha comenzado sus preguntas al líder popular recordándole sus propias palabras: «Si miento, echadme del partido, ¿lo recuerda?». El diputado ha preguntado a Feijóo por qué amparó a Mazón hasta que el entonces president dimitió. El compareciente ha salido entonces por la tangente, invalidando la pregunta al venir de una persona «que ampara al señor Otegi», el líder de EH Bildu.

Feijóo ha tratado de desviar el foco ante las preguntas del diputado, vinculando a su partido con la extinta banda terrorista ETA: «Usted me está hablando de cuerpos sin vida y de delitos, le miro y pienso, ¿cómo me puede preguntar esto?», ha señalado. La tensión en la sala de comparecencias ha subido, con los aplausos de la bancada popular y las peticiones del resto de grupos de que el compareciente se ciña al tema. Matute ha lamentado que Feijóo saque «el comodín de ETA», un argumento «un poco cuñado».

Feijóo, a la presidenta de la comisión: «Debería usted presidir el Congreso»

Durante la intervención de Matute, Feijóo ha tenido también sus más y sus menos con la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez. Ante la insistencia del popular de evitar la cuestión y aludir a ETA como defensa, la presidenta ha llamado al órden a Feijóo hasta en dos ocasiones. Es más, Martínez ha tenido que detener el tiempo del turno, momento en que Feijóo se ha enzarzado con ella: «Estoy diciendo lo que pienso», ha defendido Feijóo, a lo que la presidenta le ha puntualizado «Lo que piensa de la DANA«.

La intervención de Martínez ha sido un momento bronco, con los diputados interrumpiéndose constantemente. La presidenta ha tenido que tirar de autoridad, llamando la atención también a la vicepresidenta de la comisión, la popular Belén Hoyo, por cortarla para pedir que se respete al compareciente. Cuando Martínez ha conseguido imponerse sobre el ruido, ha reprendido a un Feijóo que la escuchaba sonriente.

El líder popular ha ironizado entonces: «Debería usted presidir el Congreso«, en un ataque velado a la actual dirigente de la Cámara Baja, Francina Armengol. Una vez encauzada la sesión, varios diputados han resaltado que el tiempo había seguido corriendo. «Es lo que quieren», han señalado, aludiendo a que Feijóo estaba tratando de perder tiempo con sus enganchones. La presidenta ha puntualizado que le daría más tiempo a Matute, algo que ha terminado haciendo, y ha reprendido también por ello al compareciente: «Es clarísima la estrategia«

Feijóo choca con los estatutos del PP

La sesión ha empezado con un Feijóo envalentonado, que ha dejado claro desde el principio que iba a ir al choque con los diputados. El líder de la oposición defiende que no tenía autoridad sobre las decisiones del entonces president, por lo que no pudo exigirle que pidiera la declaración de emergencia nacional. En el primer turno de preguntas, la diputada Águeda Micó ha preguntado al popular «¿por qué no le exigió a Mazón que solicitara el nivel 3?«. La respuesta de Feijóo ha puesto en duda sus propias capacidades para liderar dentro del PP: «Las decisiones del señor Mazón se ejercen con las competencias que le corresponden al señor Mazón. Sobre esas cuestiones no tengo ninguna autoridad. Ni yo, ni nadie«.

La defensa de Feijóo choca con las responsabilidades que le otorga el propio reglamento de su partido, que ha sacado a relucir la propia diputada: «¿No tiene usted capacidad de sugerir, o vehicular, o liderar las decisiones de sus presidentes autonómicos?«, ha preguntado Micó. Feijóo niega la mayor, a lo que la diputada ha recordado lo que recoge el artículo 44 de los Estatos del Partido Popular, que establece las competencias del presidente del partido. Micó ha concluido señalando que Feijóo es «igual de culpable que el señor Mazón» por la tragedia, idea en la que ha insistido el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna: «Usted es cómplice, ha actuado como encubridor».

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Rufián vuelve a la carga con el frente común de izquierdas: «Hay miedo porque la suma no da»

Lista única, frente amplio de fuerzas de izquierdas, para concurrir a las próximas elecciones generales. Es la propuesta que está defendiendo constantemente el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que abre la veda a trabajar en una lista plurinacional de cara a las próximas votaciones, aunque todavía sin concretar si hay negociaciones o una propuesta concreta. «Es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra», afirmaba el independentista esta semana, que comparecía junto al dirigente de cabecera del partido, Oriol Junqueras, este miércoles en Valencia, para defender la propuesta de financiación autonómica acordada entre ERC y el Gobierno.

Rufián ya repicó sobre esta cuestión el pasado verano y abogó por unificar las fuerzas de los diferentes partidos a la izquierda del PSOE, tanto del ámbito nacional como regionalistas. El republicano defiende que, por lo que percibe en la calle, «la gente demócrata tiene miedo» porque «la suma no da» y «a la izquierda del PSOE no hay nada, con todo el respeto a Sumar». «Lo que viene no es lo de siempre, no es la alternancia política, sino ilegalizaciones, encarcelamientos y políticas ultrarreaccionarias», advertía ante un posible Gobierno del PP con apoyo de Vox.

Frente a ello, Rufián reflexionaba que «sería interesante» trabajar en una confluencia que no esté creada «desde los despachos de Madrid», sino «desde las naciones», junto a otras formaciones como Compromís, BNG, Bildu o Adelante Andalucía, para beneficiar a todos los ciudadanos a los que representan sean del territorio que sean. «Quiero el mismo bien para alguien de Hospitalet que de Jaén», exponía el portavoz, que al ser preguntado sobre si ya se habían puesto manos a la obra para confecciontar tal proyecto, se limitó a contestar que «es tiempo de que las cúpulas de los partidos tomen la palabra«.

«La amenaza es enorme, terrible»

Por su parte, Junqueras incidía en los planteamientos del portavoz de ERC, al considerar que «la amenaza es enorme, terrible». «Haremos todo lo que esté en nuestra mano para traer esperanza», prometía el independentista, garantizando que están «encantados de construir alianzas y acuerdos». En el mismo sentido, Junqueras puso como ejemplo la lista conjunta con la que Esquerra concurrió a las últimas elecciones europeas junto a EH Bildu, BNG y Ara Més, defendiendo que estarán «encantados de construir alianzas y acuerdos» nuevamente con partidos con los que comparten «anhelos, compromiso, coraje y, sobre todo, esperanza«.

Volviendo al asunto de la financiación, Junqueras defendió que ERC negoció tal pacto desde la «generosidad» para que «todo el mundo gane y nadie pierda«, haciendo hincapié en que es una propuesta beneficiosa para la Comunitat Valenciana tras décadas «maltratada» por la infrafinanciación, aprovechando que el discurso se estaba dando en el suelo de esta región. Además, subrayó el líder republicano que el nuevo modelo supondría 3.669 millones de euros al año para las arcas valencianas: «Si no se aprovecha esta oportunidad, estos recursos no llegarán«.

La prensa también quiso preguntarle por si la mejor forma de negociar la reforma de la financiación es entre un partido y el Gobierno y no entre todas las autonomías, un punto clave de las críticas de la oposición, que defiende un modelo de negociación más multilateral. Junqueras respondía que «la tragedia es que ni PP ni PSOE lo han intentado, ni ninguna otra formación, gobierno o institución». «Durante 14 años han dejado que el modelo caducase», reprochaba, reivindicando, a su juicio, que es ERC quien se encarga de «tareas que nadie quiere asumir». Por el contrario, también matizaba que no sería posible de otro modo, ya que «el PP no negociaría nada que no tuvieran que administrar ellos mismos» y que, si los ‘populares’ siguieran gobernando la Generalitat Valenciana, la Comunitat «tendría que esperar 14 años más» para una nueva financiación.

Cuestionado por si la propuesta tiene posibilidades reales de salir adelante, ante el rechazo en bloque de todos los gobiernos autonómicos del PP, Rufián afeó que los ‘populares’ estén en contra de todo lo que «han negociado los ‘indepes'». «Somos ‘indepes’, sí, pero conscientes de que la gente come cada día, tenga la bandera que tenga en su balcón», enfatizaba el portavoz republicano, que defendía que «debería de haber un clamor social a favor de la nueva propuesta de financiación». «Si se tumba, una más para que la gente normal de aleje de la política, y aquí palmamos todos», alertaba.

Compromís, abierto pero con reticencias

Por su parte, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reiterado que su coalición tiene «estricta obediencia valenciana» aunque estén «abiertos a hablar de todo» con otros partidos, ante la idea del portavoz de ERC de abordar la posibilidad de crear una lista plurinacional para las próximas elecciones generales.

«Nosotros siempre hemos dicho que somos un partido de estricta obediencia valenciana. Nosotros las decisiones las tomamos aquí, no dejamos que las decisiones se tomen ni en Madrid, ni en Barcelona. Las tomamos aquí«, recalcaba después de que Rufián reiterara su idea de crear una lista electoral que represente a «las naciones sin estado».

Así lo trasladaba a preguntas de los periodistas en Les Corts sobre si Compromís está en el saco de ese frente común, en el que Rufián apuesta por concurrir junto a otras formaciones como BNG, Bildu o Adelante Andalucía, al considerar que a la izquierda de PSOE actualmente «no hay nada». Baldoví contestaba que en la coalición valencianista, que según él es «un proyecto en crecimiento», están «abiertos a hablar de todo», pero ha remarcado que «cuando haya cosas de las que hablar». «Ahora por ahora, no hay nada encima de la mesa», subrayaba el síndic. En cualquier caso, recordaba el valenciano que conoce personalmente a Rufián, ya que coincidieron en el Congreso durante su etapa como portavoz de Compromís en la Cámara Baja, y le parece «un excelente diputado».

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Trump abre la puerta a la Ley de Insurrección y a la intervención federal ante las manifestaciones en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado a través de su TruthSocial que ha ordenado a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que las fuerzas federales no actúen frente a protestas o disturbios en los distintos estados salvo que exista una petición explícita por parte de las autoridades estatales o locales para ello. De acuerdo con el mandatario republicano, la responsabilidad de mantener el orden público recae en primera instancia en estsa administraciones, pero se introduce una nueva salvedad: el Ejecutivo federal sí intervendrá con determinación para salvaguardar edificios y bienes federales, como tribunales, dependencias oficiales, parques y otras instalaciones de la Administración.

Las calles de Estados Unidos han vuelto a llenarse en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Minneapolis tras la muerte de dos ciudadanos en menos de 20 días a manos de los agentes migratorios. El pulso que se siente en estas protestas es la reacción a un clima más profundo de temor migratorio que ha calado en barrios, es el miedo a que una redada inesperada se lleve a un padre, a una madre o a un vecino. En las últimas semanas, estas movilizaciones han cobrado fuerza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el centro de las críticas.

Con los objetivos expuestos en líneas anteriores, Trump afirmó haber instruido a agencias federales como el propio ICE y la Patrulla Fronteriza para que respondan «con firmeza» ante cualquier ataque contra este tipo de infraestructuras. Trump utilizó un tono especialmente severo para referirse a los manifestantes, a quienes describió como «agitadores, anarquistas e insurreccionistas«, y advirtió de que no se permitirán agresiones contra agentes federales ni daños a vehículos oficiales.

«Si eso sucede, esas personas afrontarán consecuencias iguales o incluso mayores«, amenazó. El dirigente republicano mencionó como ejemplo los incidentes registrados recientemente en Eugene (Oregón), donde, según su relato, un grupo de manifestantes irrumpió en un edificio federal, provocó importantes destrozos y hostigó a empleados, sin que la policía local interviniera para frenarlos. «No habrá escupitajos a nuestros agentes, no habrá golpes o patadas a los faros de nuestros coches, ni lanzamiento de piedras o ladrillos contra nuestros vehículos o contra nuestros Guerreros Patriota», expresó.

«No volverán a permitirse»

Trump afirmó además que situaciones de este tipo «no volverán a permitirse». Aunque reiteró que la responsabilidad principal corresponde a los estados, que cuentan con policías locales, estatales e incluso la Guardia Nacional, dejó claro que el Gobierno federal actuará si las autoridades locales reconocen que no pueden controlar la situación. En tal caso, dijo, la respuesta será «rápida y metódica«, como a su juicio se actuó ante los disturbios en Los Ángeles el año pasado. La administración Trump ha intensificado estos mensajes en los últimos meses, deshumanizando especialmente a migrantes y manifestantes para continuar con una política represiva a través de sus cuerpos de seguridad.

Con este telón de fondo, varios dirigentes demócratas y al menos una docena de senadores han manifestado su inquietud ante la posibilidad de que Trump recurra a la Ley de Insurrección, que permitiría al polémico inquilino de la Casa Blanca desplegar a las Fuerzas Armadas para labores de orden público dentro del país. De materializarse un escenario así, el uso de unidades militares para controlar protestas supondría una escalada sin precedentes y marcaría un giro significativo en la respuesta del Gobierno federal ante la conflictividad y el descontento en su sociedad.

Pese al tono contundente del mensaje, algunos analistas consideran que en los últimos días Trump ha intentado moderar parcialmente su discurso, en un contexto marcado por la reacción de la opinión pública tras los asesinatos de Renée Good y Alex Pretti en Minneapolis por parte del ICE y ante las tensiones internas de su propia administración, además del contexto geopolítico internacional.

«A todos los gobiernos locales, gobernadores y alcaldes que se quejan: avísennos cuando estén listos y estaremos allí. Pero, antes, deben usar la palabra ‘POR FAVOR’. Fui elegido con una política de control fronterizo (que ahora ha sido perfeccionada), seguridad nacional y LEY Y ORDEN. Eso es lo que Estados Unidos quiere, y eso es lo que Estados Unidos está recibiendo«, escribía el dirigente.

El ICE y su labor represiva

Desde su regreso al poder, Donald Trump ha reiterado su objetivo de llevar a cabo la mayor deportación de personas en situación irregular de la historia de Estados Unidos. Para ello, su administración ha impulsado una intensa campaña de reclutamiento destinada a aumentar de forma drástica el número de agentes del ICE, la principal agencia encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración en Estados Unidos. Fue creada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto con el actual Departamento de Seguridad Nacional, a partir de la fusión de funciones del antiguo Servicio de Aduanas y del Servicio de Inmigración y Naturalización.

A diferencia de la Patrulla Fronteriza, el trabajo del ICE es interno: sus agentes no vigilan las fronteras, sino que operan dentro del país. Hasta hace poco, ambas divisiones tenían funciones diferenciadas; no obstante, hoy -en la práctica- ejecutan el mismo plan de deportaciones masivas impulsado por la Casa Blanca.

Ese refuerzo de los agentes, sin embargo, ha venido acompañado de tiempos de formación más cortos y perfiles más amplios, una combinación que ha despertado inquietud incluso entre expertos en seguridad. Las muertes recientes han intensificado el debate sobre la capacitación real de los agentes y el contexto en Minneapolis es revelador. Se trata de una de las ciudades con mayor sometimiento a redadas, así como a protestas constantes y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. La reacción social a los últimos acontecimientos ha ido más allá de la protesta puntual. Las manifestaciones incorporan una demanda clara: deshacerse del ICE, pero no es tan fácil, ya que el aumento de recursos es innegable. Con la reforma fiscal bautizada por Trump como la “gran y hermosa ley”, el ICE recibió 75.000 millones de dólares adicionales, que se sumaron a los 11.000 millones con los que ya contaba. Más fondos, más agentes y más operaciones que han derivado en más muertes, más detenciones y más preguntas sin responder.

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Algo se mueve en Madrid: semana negra para una Ayuso increpada

Semana para el olvido para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Hasta en dos ocasiones ha sido recibida la dirigente madrileña en los últimos cinco días con reproches por sus posturas y gestiones políticas, en concreto, en una discoteca de Zaragoza, donde acompañaba al candidato ‘popular’ a la reelección, Jorge Azcón, y en la misa que ella misma se inventó para despedir a los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, a pesar de que el Gobierno decidió desconvocar la oficial por petición de las víctimas para que se celebrase más tarde.

El dirigente aragonés del PP optó por adherirse a la polémica dirigente madrileña para inaugurar la breve campaña electoral que precede al 8F, jornada en que todos los aragoneses decidirán sobre el futuro de su tierra tras un bloqueo presupuestario de la ultraderecha y en la que, precisamente, los de Abascal parten de una posición ventajosa en los sondeos en relación al poder que ostentan actualmente. El liderazgo populista de Ayuso, junto con algunos de sus posicionamientos más extremistas y su constante gusto por la confrontación con el Ejecutivo mediante la hipérbole, hacen de ella una figura muy atractiva para el electorado de derecha y de extrema derecha, por lo que Azcón volvió a reeditar el mensaje ayusista para atraer la atención de los electores aragoneses más jóvenes, y también, para contentar al sector religioso y de centro.

El tour de Ayuso junto a Azcón se desarrolló por el centro de Zaragoza e inclusó una visita por sorpresa La Clandestina, un conocido restaurante que llegó a coronarse con el galardón de la Mejor Tapa de España allá por 2023. La ruta continuó en un sorprendente evento con jóvenes en la discoteca Kenbo para estrenar The Place, un evento que promete revolucionar El Tubo en los próximos tiempos. En aquella concentración en la que se encontraban varios cargos relevantes del PP de Madrid y Zaragoza, un ciudadano arremetió contra la figura de Ayuso a cuenta del genocidio en Gaza y la lucha de ideas que ella misma abandera.

«Eres cómplice del genocidio (…) ¡Hablas de valores y defiendes el asesinato de miles de niños y mujeres! (…) ¿Te importa España y defiendes a Israel?», gritó el joven en pleno discurso de la popular ante los reproches y la censura de los allí presentes. «Eres una hipócrita (…) No te importa España una mierda», continúo gritando hasta que fue sacado a la fuerza de allí.

La misa funeral, «asesina, asesina»

Por otro lado, la misa funeral celebrada este jueves en la Catedral de La Almudena de Madrid por las víctimas del accidente de Adamuz también fue testigo de reproches y críticas a la presidenta madrileña, que fue recibida con gritos de «¡asesina, asesina!» o «¡funeral para las víctimas de las residencias!», en referencia a las 7291 víctimas mortales durante la pandemia del Covid-19 por los triajes que impidieron trasladar a los ancianos de estos centros a los hospitales, más conocidos como ‘protocolos de la vergüenza’, que ya se encuentran bajo pesquisas judiciales.

La propia Isabel Díaz Ayuso se aventuraba esta semana a asegurar, en unas palabras que generaron muchas suspicacias, que «si el accidente de Adamuz hubiera sido en el Metro de Madridya me estarían llamando asesina».

En una carta, la presidenta madrileña propuso al Arzobispado de Madrid que se celebrase la citada misa funeral al considerar que sería «de enorme alivio y acompañamiento para quienes tanto quieren a las víctimas, y también, un loable gesto en recuerdo de estas», argumentando, además, que las víctimas «son de todos», sin especificar muy bien a qué se refería con esa aseveración. La petición fue aceptada desde la Provincia Eclesiástica de Madrid y se procedió con el acto, al que asistieron el presidente del Senado, Pedro Rollán, miembros del Gobierno regional; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El Gobierno, por su parte, decidió cancelar el acto oficial a petición de las víctimas, que solicitaron que se aplazase.

«Los ciudadanos tienen que abrir los ojos»

Por su parte, haciendo un repaso a la semana y a las críticas recibidas por Ayuso, el secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, afeaba en La 1 de TVE las posiciones de la dirigente madrileña en cuestiones como el genocidio palestino o las reacciones de su propio equipo a la crisis de las residencias. «Yo me pregunto hasta cuándo va a estar de moda ser mala gente en política. Esa falta de humanidad es incompatible con ser un buen gobernante. Cuando se tiene la bajeza de insultar a las víctimas de las residencias o de irse a Israel cuando están bombardeando en Gaza, a partir de ahí está todo dicho», arrancaba.

«Lo importante nos parece que los ciudadanos abran los ojos, no nos entra en la cabeza cómo puede tener éxito«, lamentaba el dirigente socialista, que reprochaba también que ante la regularización de migrantes, «en lugar de estar con la Iglesia que la fomenta», está «con el diablo de Vox» y con «la xenofobia».

 

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Los archivos de Epstein acorralan a los Aznar: un pago de 1.050 dólares y dos paquetes enviados a Moncloa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho públicos este viernes más de tres millones de documentos relacionados con el pederasta y magnate Jeffrey Epstein, en cumplimiento de la ley aprobada el pasado mes de noviembre que obligaba a la Administración de Donald Trump a difundir todos los registros vinculados al depredador sexual. En esta nueva remesa de archivos aparece mencionado el expresidente del Gobierno español José María Aznar, aunque dicha referencia no implica una relación directa como cliente ni conductas asociadas a las de Epstein.

Tal y como ha revelado El País, el nombre de Aznar figura hasta al menos en tres ocasiones dentro del ingente volumen de documentación. En concreto, se desprende que Epstein y su entonces pareja, Ghislaine Maxwell, enviaron al exmandatario dos paquetes en los años 2003 y 2004. El primero de ellos fue remitido cuando Aznar aún ejercía como presidente del Gobierno, y su envío costó 32,62 dólares, trasladándose desde las oficinas de Epstein en Nueva York hasta el Palacio de la Moncloa. En el destinatario del paquete figuraba la inscripción: “Presidente y Ana Aznar. Complejo de La Moncloa”. Asimismo, en los documentos también consta un correo electrónico dirigido al hijo del expresidente, en el que aparece la dirección de la Fundación de Análisis y Estudios Sociales (FAES).

El segundo envío tuvo lugar en mayo de 2004, cuando Aznar ya había abandonado la presidencia del Ejecutivo. En este caso, Epstein y su esposa abonaron 49,87 euros para hacer llegar el paquete al “Presidente Aznar”, concretamente a su despacho ubicado en la calle Juan Bravo.

Tres millones de nuevos documentos

El Departamento de Justicia ha difundido este viernes una nueva tanda de archivos vinculados a la investigación sobre Epstein, y entre los más de tres millones de documentos publicados se incluyen más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes recopiladas durante las pesquisas contra el pederasta y su expareja, así como materiales relacionados con la investigación de la muerte del delincuente sexual. Con esta publicación, la Administración de Trump da cumplimiento a la ley aprobada en noviembre, que exigía hacer públicos todos los registros relacionados con Epstein para esclarecer qué sabía el Gobierno sobre los abusos sexuales a menores y las relaciones del acusado con figuras influyentes.

A finales del año pasado, el Departamento reconoció que todavía quedaban más de cinco millones de páginas por revisar y que sería necesario reasignar a cientos de abogados para completar el proceso. «Hoy estamos publicando más de tres millones de páginas, incluidas más de 2.000 grabaciones de vídeo y 180.000 imágenes; en total, el Departamento ha producido aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento de la ley», declaró el fiscal general adjunto Todd Blanche durante una rueda de prensa.

Blanche añadió que «los empleados del Departamento de Justicia han trabajado intensamente para lograr la publicación de estos archivos, con más de 500 abogados y profesionales dedicando largas jornadas, tanto de día como de noche, para completar esta producción».

Donald Trump, quien mantuvo una relación de amistad con Epstein durante la década de 1990 y comienzos de los 2000, antes de la primera condena del pederasta, se había opuesto durante meses a la divulgación de los documentos. No obstante, tanto demócratas como republicanos en el Congreso acabaron aprobando la ley pese a sus objeciones.

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica más de tres millones de documentos sobre el caso Epstein

El Departamento de Justicia ha publicado este viernes una nueva serie de documentos relacionados con la investigación sobre el pederasta y millonario Jeffrey Epstein. Esta nueva remesa de más de tres millones de documentos incluye más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes recopilados de las investigaciones contra Epstein y su expareja, Ghislaine Maxwell; así como de las pesquisas sobre la muerte del delincuente sexual. Con esta última publicación, la administración de Donald Trump cumple con la ley aprobada en noviembre que exige al departamento publicar todos los registros relacionados con el depredador sexual con el fin de revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de menores por parte de Epstein y sus interacciones con personas poderosas.

El departamento declaró a finales de año que aún tenía más de cinco millones de páginas por revisar y que necesitaba reasignar a cientos de abogados para ello. «Hoy estamos produciendo más de tres millones de páginas, incluyendo más de 2.000 vídeos y 180.000 imágenes en total; eso significa que el Departamento produjo aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento con la ley», ha señalado el fiscal general adjunto Todd Blanche en una rueda de prensa.

«Los empleados del Departamento de Justicia han estado trabajando duro para conseguir que se publiquen los archivos, dijo, con más de 500 abogados y profesionales dedicando largos días y noches para completar esta producción», ha añadido.

Donald Trump, que fue amigo de Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000 antes de su primera condena, se había resistido durante meses a cualquier divulgación de la investigación hasta que tanto demócratas como republicanos en el Congreso aprobaron la ley a pesar de sus objeciones.

Promete no haber protegido a ningún hombre

Durante la rueda de prensa, el fiscal general adjunto ha insistido en que ningún hombre, incluido Trump, se ha visto protegido durante la divulgación de los archivos: «Puedo asegurar que hemos cumplido con la ley. No hemos protegido a Trump, ni dejamos de proteger a nadie«, ha zanjado.

«Las categorías de documentos retenidos incluyen aquellos que la ley permite retener, archivos que contienen información personal que identifica personalmente a las víctimas o sus expedientes personales y médicos, y archivos similares, cuya divulgación constituiría una invasión claramente injustificada de la privacidad personal», ha asegurado.

De la misma forma, ha señalado que tampoco publicarán «cualquier documento que ponga en peligro una investigación federal activa». «Si bien la ley permite la retención de información que es necesario mantener en secreto por motivos de seguridad nacional o política exterior, no se retiene ni censura ningún archivo por ese motivo», ha agregado.

Durante su intervención también ha echado por tierra la idea de que su oficina tenga una lista secreta de nombres de hombres asociados a Epstein que abusaron de mujeres y ha aseverado que, si obtienen pruebas que les permitan procesarlos, lo harán.

Un suicidio con dudas

Jeffrey Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en agosto de 2019, un mes después de ser acusado de cargos federales de tráfico sexual. Después de declararse culpable de solicitar prostitución de una menor de 18 años, entre 2008 y 2009 estuvo en la cárcel de Florida, y ya en 2021 un jurado federal en Nueva York condenó a Maxwell, socialité británica, por tráfico sexual por ayudar a reclutar a algunas de las víctimas.

Cabe recordar que aunque Epstein fue encontrado ahorcado en su celda mientras esperada su juicio por tráfico sexual y su muerte fuese declarada un suicidio, ha generado años de teorías e, incluso el propio Trump promovió algunas de ellas entre sus propios partidarios.

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Irán responde a Estados Unidos tras las amenazas de Trump: «Estamos listos para negociar, pero también para la guerra»

Tras las últimas amenazas y sanciones lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Gobierno de Irán, este último ha respondido exigiendo que cesen las advertencias por parte de Washington. «Estamos listos para negociar, pero también para la guerra«, ha señalado el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a la vez que ha asegurado que su país está «mejor preparado» que en junio para un posible enfrentamiento.

Estas palabras se produjeron en el marco del encuentro que compartió Araghchi en Estambul junto a su homólogo en Turquía, Hakan Fidan, y el presidente Recep Tayyip Erdogan en un momento en el que la Administración Trump lidera la escalada de tensiones internacionales. Al hilo de la respuesta mostrada por parte del ministro iraní, Fidan mostró su voluntad de defender a Irán frente a la gran potencia mundial. «No apoyamos un ataque contra Irán. No lo aceptamos en junio, y no lo vamos a aceptar ahora. […] No creemos que la solución militar vaya a ser fructífera. Recordemos lo ocurrido en Gaza. Así que mientras tratamos de sanar las heridas del pasado, no inflijamos otras heridas a nuestra región», expresó el ministro turco.

Cabe destacar en este sentido que este viernes Erdogan ha mantenido contacto con el presidente de Irán en aras de proponer una conversación con el magnate estadounidense, con la voluntad de abordar la relación entre Irán y Estados Unidos, así como de dar los primeros pasos de cara a una nueva negociación entre Washington y Teherán. “El éxito de cualquier iniciativa diplomática depende de la buena voluntad de las partes y del abandono de la actitud beligerante y amenazadora (de Washington)”, defendió el presidente de Irán ante Erdogan.

La respuesta a cualquier acción estadounidense, garantizada

Al hilo de todo ello, tras la amenazas de Trump, las fuerzas militares iraníes han asegurado que darán respuesta a cualquier acción por parte de Trump. “Estamos más preparados de lo que estábamos en junio. Entonces respondimos a las fuerzas beligerantes y haremos lo mismo ahora. Si EE UU se involucra directamente, entonces la situación será diferente a hostilidades previas. Y por desgracia, esta vez el conflicto puede extenderse por la región”, defendió Aragchi, replicando lo expresado por el régimen iraní.

Previo a eso, el jefe de la diplomacia de Turquía ya había expresado que las exigencias y amenazas de Washington podían ser «humillantes» y «difíciles de explicar a su liderazgo». Entre estas se encuentran renunciar al programa nuclear iraní y enviar el uranio a un tercer país; poner fin a los misiles balísticos de los que dispone para eviatr que pueda atacar a Israel y eliminar su apoyo a los grupos armados de la región como los hutíes y Hezbolá. Sin embargo, ante estas exigencias, Araghchi adelantó que «los misiles y el programa de defensa de Irán nunca serán un tema a negociar«. “Hay ciertos límites, ciertas instrucciones que lo atan, pero está tratando de hacer lo mejor. En la parte estadounidense también ocurre algo parecido y tenemos que tener en cuenta esto para encontrar un punto medio, un denominador común, de manera que evitemos el peligro para nuestra región”, agregó el ministro turco, en referencia al estado de las relaciones entre Irán y Estados Unidos.

Anteriores advertencias de Irán

Tras la represión de las protestas en Irán durante las últimas semanas, la ONG estadounidense ‘HRANA’ cifró a mitades de enero en 2.571 el número de personas fallecidas. De ellas, 147 estaban afiliadas al Gobierno12 eran menores de 18 años y nueve eran civiles que no participaban en las manifestaciones.

Fue el pasado martes 13 de diciembre cuando el presidente estadounidense volvía a alentar a la población iraní a no abandonar las protestas, animándola a “tomar las instituciones”. “Patriotas iraníes, ¡seguid protestando, tomad el control de las instituciones! Tomad nota de los nombres de los asesinos y los represores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con representantes iraníes hasta que cese el asesinato sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino”, escribió el inquilino de la Casa Blanca en su red social Truth.

A raíz de estas declaraciones, las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de alentar la violencia dentro del país y les responsabilizaron también de la muerte de supuestos “agentes terroristas” presuntamente vinculados al extranjero.

Por su parte, el ministro de Defensa iraní y general de brigada, Aziz Nafizardeh, advirtió el pasado 14 de enero de que su país no dudaría en atacar bases estadounidenses en la región ante la posibilidad de una ofensiva militar de Washington contra la nación persa. “Irán atacará bases estadounidenses si es atacado”, afirmó el responsable de Defensa. “Todas las bases de Estados Unidos y las instalaciones militares de otros países de la región que ayuden a EE.UU. en ataques contra suelo iraní serán consideradas objetivos legítimos”, añadió. “La respuesta iraní será dolorosa para los enemigos”.

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Alberto Garzón: «La clase obrera es conservadora, nunca ha votado a las formaciones radicales de izquierdas»

La agudización del cambio climático como consecuencia de las formas de producción inherentes al sistema capitalista, orientado a la maximización de beneficios y la reducción de costes, dibuja un escenario futuro poco optimista. El mercantilismo vuelve a imponerse y la energía y los materiales críticos son el objeto de lucha que está sirviendo de justificación a imperialismos clásicos como el estadounidense. Un escenario terrorífico, sobre todo para las clases trabajadoras.

Pero no definitivo, o al menos no para Alberto Garzón, que propone un abordaje distinto para la crisis ecosocial, sumando las limitaciones biofísicas al análisis económico clásico. Este es trabajo que ha realizado el exministro de Consumo y antiguo líder de Izquierda Unida (IU), ahora investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, en su nuevo libro La guerra por la energía. Poder, imperios y crisis ecológica, sobre el que ha conversado con este medio.

Pregunta (P): El imperialismo estadounidense en búsqueda de materias primas no es nuevo, pero ¿puede ser que Donald Trump, al desprenderse de la careta, encarne perfectamente la figura que quieres representar en el libro?

Respuesta (R): Trump es la encarnación de una realidad estructural. Muchas veces tendemos a pensar que lo que sucede con EEUU es derivado de la psicología particular de sus líderes y, aunque eso sea parte de la realidad, hay problemas más estructurales. Tiene que ver con que han sido el poder hegemónico desde la II Guerra Mundial, si no antes, e impusieron unas reglas internacionales económicas, como el libre comercio, que favorecían a su economía y sus empresas.

Todo hasta que China abrió sus mercados de una manera distinta, preservando el poder del Estado y permitiendo una industrialización que ha terminado por desafiar su hegemonía. En ese momento, EEUU cambia su estrategia y decide volver al mercantilismo con Trump, pero, ya antes, Obama se había enfocado en intentar frenar a China.

Por lo tanto, hay elementos estructurales que nos ayudan a entender las disputas por la división internacional del trabajo y en la economía mundo, que son por los recursos naturales, la energía y los elementos que necesitan las sociedades contemporáneas para reproducirse en el tiempo. Por esta razón Trump quiere Groenlandia, ha habido un acuerdo de paz en el Congo, con minerales de por medio como el Cobalto, o busca dominar el petróleo de Venezuela.

P: ¿Qué implicaciones y efectos crees que está sufriendo la sociedad en su día a día por la crisis ecosocial?

R: Solemos concentrarnos en el cambio climático porque es la forma más popular y el problema más urgente, pero no es el único. Hay pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y suelo. Hay una serie de fenómenos con impacto ecológico que están causados por el modelo de producción y consumo y todos ellos afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Todo afecta a los ciudadanos, para empezar con un encarecimiento de precios. Estamos asistiendo a las consecuencias de un problema ecológico producido por la forma en la que el ser humano organiza su economía. Los economistas no han pensado en cuestiones de naturaleza o recursos naturales hasta hace poco, conduciendo a políticas que han obviado el impacto económico.

P: ¿Quién está detrás de que no se cambien este tipo de estrategias productivas?

R: La crisis ecológica afecta a todos los seres humanos, pero no por igual. De hecho, hay quien saca provecho. Sabemos que la crisis climática está causada por la combustión de los combustibles fósiles y muchas empresas obtienen grandes ganancias por estos procesos. Evidentemente hay intereses materiales que buscan ralentizar la transición energética porque se benefician del estado actual. Hay política en todo esto.

La lucha por la energía atraviesa a qué quiere ser la Unión Europea (UE), España, cómo vamos a vivir. La UE es profundamente vulnerable porque depende militarmente de EEUU, económicamente de China y energéticamente de Rusia. No somos una región unificada ni autónoma. Dicho de otra manera, esto no es un teme ecologistas, es un tema de todo el mundo.

P: ¿Es esta deriva inherente al capitalismo?

R: Lo inherente al capitalismo es encontrar las fórmulas por las que se maximizan los beneficios y se minimizan los costes. Es obvio que cuando se produjo la globalización neoliberal y las empresas multinacionales occidentales se trasladaban a China lo hacía porque allí la mano de obra era más barata, lo que te permitía consumir productos más baratos en Occidente, pero a costa del sudor y el trabajo en explotación ajeno en otras partes del mundo.

El capitalismo sigue siendo el mismo en muchos otros sentidos. Actualmente te encuentras petroleras estadounidenses que, queriendo hacerse cargo de las inmensas reservas que hay en Venezuela, han recurrido al Estado venezolano, mediante la intimidación y el secuestro de un presidente, sustituyendo un Gobierno chavista por otro. Estos líderes han entendido que vivimos en un mundo de recursos escasos que no tienen intención de compartir y, si hace falta, la fuerza es un recurso válido para ellos.

P: ¿Sería un suicidio para la UE o España asumir posiciones decrecentistas? ¿Se quedarían atrás?

R: Al contrario. Se está disputando el papel de cada uno en la división internacional del trabajo y ahí la Unión Europea tiene que decidir si quiere ser un actor o quiere ser el plato que se van a comer los grandes. Y ahí, para ser un actor, necesita autonomía energética, autonomía económica y autonomía militar. ¿Y cómo se hace eso? Pues, evidentemente, con la política industrial y transición ecológica. Es lo que te permite disponer de herramientas para no depender de terceros. Si haces una transición ecológica lo más rápida posible, con buenas inversiones, vas a poder garantizar que eres autónomo energéticamente y no vas a tener que comprarle el gas natural a Putin. Si tú tienes industria propia no dependes tampoco de lo que te importe China.

Por lo tanto, todos los caminos conducen a la conclusión de que la Unión Europea, si quiere seguir existiendo como actor político en la división internacional del trabajo, primero tiene que ser autónoma, tiene que conseguir una unidad política y tiene que hablar de tú a tú con otras partes del sur global.

Es imposible superar la crisis ecosocial dentro del capitalismo

P: Y la tercera pata que me has comentado a nivel de autonomía, la autonomía militar, estamos hablando de una salida de la OTAN para no depender de Estados Unidos, ¿cuál es el futuro de la Alianza?

R: La salida de la OTAN es parte, pero muy probablemente asistamos tarde o temprano a que es Estados Unidos el que se va de la OTAN. Es decir, que no parece que eso sea la prioridad en la medida en la que la prioridad es la autonomía con un ejército propio de los países europeos. Y eso son palabras mayores, porque eso no es solo el gasto militar del mantenimiento de los soldados, eso es la inversión en política industrial suficiente para poder construir determinado material que ahora mismo le estás comprando a Estados Unidos o a Israel.

P: En el libro haces alusión a la recuperación de ciertas tradiciones socialistas que combatan esta tesitura. ¿A qué tradiciones socialistas te refieres?

R: Uno de los objetivos que siempre me marqué cuando fui dirigente político es cómo podemos actualizar el pensamiento de la izquierda clásica, que siempre ha teorizado el mundo y ha intervenido en él a través de una cosmovisión donde parecía que el único conflicto era el capital-trabajo. Esto nos lleva a tener que actualizar el pensamiento de la izquierda y tener que incorporar la dimensión ecológica. No como un punto más adicional que le ponemos al final para poder mencionarlo, sino como un elemento integral. Necesitamos que la izquierda no solamente se preocupe porque la gente tenga trabajo y salario, sino que además entienda que esa sociedad donde la gente tenga salarios, tenga vivienda, tenga educación, tenga sanidad sea compatible con los límites del planeta.

P: Pero muchas de las soluciones que está poniendo encima de la mesa la socialdemocracia en materia de transición ecológica recaen sobre la clase trabajadora. ¿Es eso justo?

R: Hay muchas fórmulas en las que se puede entender la transición energética sin justicia social. Lo que para mí es un error y además no funcionará. Es obvio que nosotros necesitamos desarrollar una transición energética que entienda que va a haber costes. Y lo que quiero decir es que si tienes que dejar de depender de los combustibles fósiles, las industrias de combustibles fósiles van a desaparecer. Tú tienes que compensar, no me refiero a los propietarios, pero me refiero a los trabajadores que trabajan en el carbón, en el gas natural, en el petróleo e industrias accesorias, como la petroquímica

Al mismo tiempo que tú desarrollas las energías renovables y vas a generar puestos de trabajo ahí, tienes que saber que necesitas minería. Entonces, eso va a colisionar, por ejemplo, con determinados territorios que pueden oponerse y determinadas circunstancias que tienes que gestionar, pero son costes que vas a tener que ir asumiendo como pago por poder realizar la transición energética.

Hay costes y beneficios. La cuestión es cómo gestionas esos costes. Evidentemente, si no los gestionas, te encuentras con las hipocresías descritas. Y es el discurso oficialista que te dice que tienes que usar pajita de cartón, pero tienes al que te lo está anunciando, a la vez, viajando en un avión privado todos los días. Evidentemente, eso no hay por dónde cogerlo.

P: ¿Consideras necesario cambiar el orden a las estructuras de poder? O, dicho de otra manera, ¿es posible superar esta crisis ecosocial dentro del capitalismo?

R: Yo creo que no. De hecho, creo que al final lo que tenemos que entender es que el capitalismo funciona regido por la maximización de ganancia y que no entiende de ninguna otra lógica. Es una fuerza inconsciente. Es una fuerza en la que el dinero se va donde más se rentabilice, donde más se pueda valorizar. Entonces, eso no entiende de ecología, no entiende de límites, no entiende de física, no entiende de nada de todo eso. Es simplemente una lógica muy sencilla y muy destructiva. Nosotros tenemos que cambiar esa fuerza inconsciente por una fuerza consciente.

Es decir, que quien decida qué consumimos, cómo distribuimos, cómo consumimos, no sea esa fuerza inconsciente, sino una fuerza consciente. Una comunidad democrática que decida invertir la lógica y que el capital ya no vaya donde más gana porque ya no es el capitalismo, sino una directriz gestionada por el Estado, democrática, en la que tú decides cómo hacer, acelerar la transición energética y otras muchas dimensiones. De por sí parece muy abstracto, pero es muy sencillo. La lógica que tenemos en sanidad y en educación, que son espacios desmercantilizados, puede operar también en el sector energético y en el sector de la vivienda, por ejemplo.

Hay una parte popular que cae en la trampa de la guerra del de abajo contra el de más abajo

P: Entonces, las democracias liberales y los partidos socioliberales, como el PSOE, o más socialdemócratas, como Podemos, Sumar o Izquierda Unida, tanto como tablero que regula ahora las relaciones políticas, en el primer caso, como actores de este juego, si lo podemos llamar así, ¿están siendo parte del problema? ¿Pueden ser parte de la solución? ¿Hacia dónde es necesario caminar?

R: Yo creo que, como todo en la vida, está sujeto a muchas contradicciones. Somos parte del sistema, todos los que formamos parte en algún momento de la política, pero también como ciudadanos. Al fin y al cabo, para que nosotros tengamos unos salarios reales relativamente altos, en comparación con otras partes del mundo, es porque los precios de los bienes que consumimos son baratos. Entonces, todos formamos parte del sistema en ese sentido. Pero, al mismo tiempo, somos instrumentos, tenemos agencia para cambiar la sociedad, para decidir que podemos organizarlo de una forma diferente la producción y el consumo. Y es ahí donde yo pongo mis expectativas y mis esperanzas.

Creo que, tanto los partidos políticos, movimientos sociales, como cada uno de nosotros individualmente, puede formar parte de esa solución poniendo sus energías y su fuerza en un proyecto que yo llamo ecosocialismo, pero no me voy a pelear por los nombres. Lo importante es que se entienda que es una economía que viva dentro de los límites del planeta y que satisfaga a toda la sociedad con un mínimo claro que le permita vivir dignamente. Igual que sanidad en educación, en vivienda, en alimentación, etc.

P: Es también importante la manera en la que se llega a superar el capitalismo. ¿Sería una transición hacia el ecosocialismo a través de las propias democracias liberales? ¿A través de una ruptura con los parámetros capitalistas de las democracias liberales?

R: Bueno, el problema que tenemos es que las democracias liberales están desapareciendo. Y están desapareciendo por el desgaste que les produce el virus de la extrema derecha. Lo vemos en Estados Unidos. Está pasando en cada sitio donde la extrema derecha llega al gobierno porque la democracia les sobra para conseguir sus objetivos. Por lo tanto, yo creo que sí que necesitamos defender la democracia, entendida como democracia representativa, le podemos apellidar liberal, porque debe ser un instrumento con el que nosotros podamos construir ese ecosocialismo. Yo no concibo, en mi opinión, soluciones de naturaleza ecoautoritaria, ecofascistas o eco de otro tipo que sean autoritaria.

Creo que tenemos que llevar con nosotros a la mayoría de la población, que es la que se va a ver beneficiada de la reducción de jornada de trabajo, de más tiempo de ocio, de una vida que no esté invertida en producir más y más y más para producir más y más. Sino una vida en la que las novedades, innovaciones tecnológicas, sean incorporadas en un modelo en el que te permite producir lo mismo trabajando menos tiempo. Es invertir completamente la lógica. Y a eso le llamo yo ecosocialismo.

P: ¿Cómo consideras que lo está enfrentando la izquierda española, ese ascenso ultraderechista, con tesis bastante sencillas, pero que calan en la sociedad?

R: Creo que vivimos en un tiempo de mucha frustración social, de mucha ansiedad, ecoansiedad también, en el que la gente no tiene una brújula, no tiene un horizonte ilusionante, no tiene un horizonte tranquilizador. Y eso se ha aprovechado por la extrema derecha para prometer que el estado actual va a revertirse y van a volver a tener, y tiran de nostalgia, idealizada por supuesto, estabilidad y unas situaciones de privilegio que creen que tuvieron en algún tiempo. Y ese discurso nacionalista de extrema derecha cala entre la gente que, bueno, a pesar de que suba el PIB y que los indicadores macroeconómicos sean buenos, ellos no ven en aspectos centrales de su vida una mejora, como es por ejemplo el caso de la vivienda.

Entonces creo que la responsabilidad de frenar a la extrema derecha es de la izquierda, que tiene que hacer sus deberes, y esos deberes en particular tienen que ver con políticas como la de la vivienda, que le afecten a la vida a día cotidiana. Si tú eres un trabajador de izquierdas que ves bien la subida del salario mínimo interprofesional, ves bien las políticas que se hacen desde el gobierno, pero te sigue ocupando el 60% de tu salario pagar el alquiler, si tienes un gobierno de izquierdas que no hace nada para remediar eso, es muy probable que tú te vayas a la abstención. No vas a votar a la extrema derecha porque eres un tipo de izquierdas, pero vas a irte a la abstención.

Y España no se ha vuelto de derechas. En España lo que ocurre es que la gente de izquierdas está desafecta. Está retirándose porque ve que hay cosas que no se solucionan. Y no creo que el miedo a la extrema derecha sea suficiente para recuperar a esa gente. Lo que hace falta es más audacia.

P: Y esta falta de ilusión evidente, mientras empiezan a crecer también alternativas que se reivindican nuevamente como comunistas o socialistas, que en España hacía tiempo que no se veía, ¿puede que esté respondiendo a la fragmentación que se ve en este espacio socialdemócrata que ocupan Sumar, Izquierda Unida, Podemos? ¿Qué cree que está pasando en este espacio del que usted formaba parte hasta hace nada?

R: Pues creo que es el resultado de la derrota de las expectativas. En el año 2016 estábamos todos unidos porque había una expectativa que era gobernar este país siendo la fuerza prioritaria de la izquierda. Cuando no lo conseguimos, vinieron las miserias, por decirlo así, y empezaron la derrota. La división suele ser consecuencia de la derrota, no al revés. Y esa situación de falta de unidad es un regalo a la derecha y a la extrema derecha. Creo que la unidad es una condición necesaria, no suficiente, pero es necesaria para conseguir que en aquellos lugares donde la ley electoral penaliza la división, fortalecer tu defensa frente a la extrema derecha que está en auge.

Yo espero como ciudadano que haya una unificación de una sola candidatura de izquierdas que le ponga las cosas más difíciles a la extrema derecha. En Extremadura hubo unidad, pero no funcionó porque sigue gobernando la extrema derecha y la derecha. La unidad es necesaria, pero no es suficiente, hacen falta más cosas. Pero cuando no hay unidad la derrota es asegurada, como va a pasar en Aragón o previsiblemente también en Andalucía.

Hay que llegar a la calse trabajadora sin aires de superioridad ni pontificando

P: ¿Son estas expectativas y la posterior decepción lo que ahora hace que la población sea reticente con este espacio a la izquierda del PSOE y acuda al final a formaciones más clásicas?

R: Bueno, hay un poco de todo, nunca hay un único factor. Lo que sí es verdad es que hubo un momento de auge del discurso social entre 2011 y 2017, donde la temática de la agenda política era vivienda, salarios, empleo… Eso favorecía a la izquierda, que tiene siempre una propuesta más atractiva que la derecha para las clases populares. Desde el 2017, la agenda fue marcada principalmente por el tema nacional, el tema de la confrontación entre Cataluña, España, etc. Y eso siempre hace mucho más incómodo el territorio para la izquierda.

Si a eso le sumas que el establishment ha intervenido con una policía patriótica, ha espiado a dirigentes, ha fomentado medios de ultraderecha para difundir bulos, ha utilizado estrategias para destruir a la izquierda y le sumas también los errores propios de la propia izquierda, tienes un cóctel que explica bastante bien por qué al final la gente ha ido renunciando. En la política no vale con tener razón, hay que usar bien los instrumentos que tienes y a veces la historia te pone por delante situaciones que te cambian la agenda política por completo.

P: ¿Y consideras que una vez superado este plano, la clase obrera actualmente se siente el llamado, se siente identificada, se siente apelada por estas formaciones izquierdas que hay ahora mismo?

R: La clase trabajadora nunca ha votado a las formaciones radicales de izquierdas, nunca. Desde que tenemos datos verosímiles, la clase trabajadora es conservadora. La clase trabajadora ha votado al PSOE y otros partidos socialdemócratas porque defendían los intereses de la clase trabajadora, pero no se metían en ideologías. La clase trabajadora suele ser conservadora porque suele tener además niveles educativos más bajos que lo que suele tener la clase profesional (profesores, artistas, médicos, etc.). Las clases medias ilustradas son las que nutren las bases de los partidos radicales de izquierdas desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso pasaba con Izquierda Unida, pasa con Podemos, pasa con Comunes, pero pasa con la France Insoumise, pasa con todos.

Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la izquierda tiene un problema de diálogo. Hablamos en nombre de la clase trabajadora, pero la clase trabajadora es mucho más conservadora que nosotros. Entonces, ahí hay que ver cómo eres capaz de llegar a la clase trabajadora y que te entienda en el sentido en el que tú, que eres clase trabajadora, pero tienes otra visión, tienes que hablar con los tuyos. Pero no desde aires de superioridad ni pontificando. Cuando no haces esos deberes das más posibilidades a que, cuando vienen mal dadas, hay una parte popular que cae en la trampa de la guerra del de abajo contra el de más abajo.

P: ¿Faltan perfiles obreristas en la izquierda?

R: Hay parte de razón en que los nuevos movimientos de izquierda son muy radicales y, precisamente por eso, están liderados por gente con estudios universitarios. Pero, por ejemplo en IU, hay líderes anteriores sin estudios superiores como Cayo Lara y Gerardo Iglesias y eso no hacía que de repente te votase la clase trabajadora. Es más complejo que eso.

P: ¿Descartas la vuelta a la primera línea política en algún momento?

R: Lo descarto absolutamente. Di muchos años de mi vida, mi energía y mi tiempo, que creo que lo hice bien y contribuí humildemente. Ahora trabajo en otra trinchera. Misma batalla ideológica, pero otra trinchera.

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Los reyes, el Gobierno y figuras del PP acuden al funeral en Huelva por Adamuz mientras Ayuso celebra su misa en Madrid

El recuerdo por las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) será la principal cuestión que abarque este jueves el plano político e institucional ante la misa fúnebre que se celebrará en Huelva. El Palacio de los Deportes ‘Carolina Marín’ será epicentro de este velatorio, aunque también, de forma paralela, lo será la Catedral madrileña de Nuestra Señora de La Almudena, donde también se celebrará un acto religioso por los fallecidos.

Con una hora de diferencia, primero tendrá lugar la citada en Huelva a las 18:00 horas de la tarde del jueves, la cual congregará, además de a los reyes Felipe VI y Letizia, a distintas autoridades del Gobierno central, de la Junta de Andalucía y del Partido Popular.

En contraposición, la que tendrá lugar a las 19:00 horas en la catedral madrileña, estará encabezada por la mandataria autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y otras autoridades de la región, pero sin presencia de cargos estatales. La eucaristía en la catedral será oficiada por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y concelebrada por los obispos de Getafe, Alcalá de Henares y la ciudad de Madrid.

A la misa acudirá Ayuso, acompañada del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y miembros de ambos gobiernos, municipal y autonómicos. Al tiempo, confirmaron su asistencia el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; así como los portavoces en Cibeles de Vox, Javier Ortega Smith, y del PSOE, Reyes Maroto. No obstante, los socialistas de la Asamblea dijeron no haber sido invitados, mientras que Más Madrid ya avanzó que no asistiría al considerar que es sinónimo de “instrumentalización del dolor de las familias” por parte de Ayuso.

La presidenta madrileña defendió como “adecuado” celebrar una misa católica por “todas las víctimas” tras el trágico siniestro en Adamuz, cuando criticó al tiempo que la izquierda política “no respeta nada”. Con esta celebración, Ayuso pretende dar “un mensaje de apoyo y de respeto a todas las víctimas”.

Feijóo, con Moreno Bonilla, además de ministros y los reyes en Huelva

En lo que concierne a la misa que se celebrará en Huelva, de donde eran la gran mayoría de víctimas mortales del accidente de Adamuz, 27 de las 45 en total, será oficiada por el obispo, Santiago Gómez Sierra. A ella, acudirán los reyes, según confirmó la Casa Real; además del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. En representación del Gobierno central, acudirán la vicepresidenta primera del y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; de Política Territorial, y de Agricultura Pesca y Alimentación, Ángel Víctor Torres y Luis Planas, respectivamente. También confirmó su asistencia el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, que está encabezando la gestión de esta crisis, no acudirá porque este mismo jueves comparece en el Senado para dar explicaciones sobre este accidente y el que se produjo pocos días después de Rodalies en Gelida (Barcelona), que dejó un maquinista fallecido.

La misa funeral del Obispado iba a celebrarse en un primer momento en la Catedral de La Merced de Huelva capital, si bien la Diócesis onubense pidió que se trasladase al Pabellón de Deportes Carolina Marín por cuestiones de aforo «con el deseo de que puedan asistir el mayor número de personas posible».

Está previsto que se rinda homenaje, a su vez, a todas las personas y profesionales que intervinieron en las labores de rescate, atención y socorro de las víctimas y los heridos, reconociendo «su entrega, generosidad y servicio ante esta dolorosa tragedia».

Cabe remarcar que el Gobierno y la Junta aplazaron el pasado domingo el homenaje de Estado a las víctimas que tenía previsto celebrarse el sábado 31 de enero -y que no tiene aún nueva fecha-, ante la imposibilidad de acudir de un «número importante» de familias, según indicó Moncloa.

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Ábalos renuncia a su escaño tras resolverse su recurso ante el Supremo y centrará su actividad en su defensa

El exministro de Transportes y diputado por València, José Luis Ábalos, ha presentado este miércoles su renuncia al acta en el Congreso de los Diputados, una decisión que llega después de que la Sala II del Tribunal Supremo haya resuelto su recurso de apelación contra el auto de prisión dictado en el marco de la causa judicial que le afecta.

En un comunicado remitido a la Mesa de la Cámara, Ábalos justifica su salida del Parlamento en el respeto a los procedimientos legales como “pilar fundamental del Estado de Derecho” y en la necesidad de preservar garantías como la presunción de inocencia, la separación de poderes y la tutela judicial efectiva “sin arbitrariedades”.

El ya exdiputado explica que, desde la aprobación del suplicatorio en enero de 2025, ha defendido ante la Mesa y la Presidencia del Congreso la vigencia plena del derecho de representación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. En ese sentido, critica las “prisas” de los órganos de gobierno de la Cámara por suspender sus derechos y deberes parlamentarios, y sostiene que la inmunidad parlamentaria debe interpretarse conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como una garantía del interés general y de la independencia del Legislativo.

Ábalos señala que estas han sido las razones por las que ha mantenido su escaño hasta ahora, aunque reconoce que su actual situación procesal le impide seguir ejerciéndolo. “No puedo sostenerlo en mi actual situación”, afirma, subrayando que a partir de este momento centrará toda su actividad en el ejercicio de su derecho de defensa y en la reivindicación de su inocencia.

En el tramo final del comunicado, el dirigente socialista hace balance de su trayectoria parlamentaria, que se extiende desde la IX hasta la XV Legislatura. Ábalos agradece expresamente la confianza de los valencianos y valencianas que le permitieron representarles en las Cortes Generales y asegura haber trabajado siempre para “fortalecer la justicia social, la libertad, la igualdad y el pluralismo” como valores fundamentales del Estado social y democrático de Derecho.

Ha sido un verdadero honor ser diputado y una responsabilidad emocionante”, concluye el exministro, que se despide del Congreso con un mensaje de agradecimiento: “Gracias por tanto”.

Ábalos continúa en prisión provisional

El ya exdiputado se encuentra actualmente en prisión provisional sin fianza, tras la decisión adoptada por el Tribunal Supremo a finales de noviembre, cuando el magistrado instructor ordenó su ingreso en la cárcel al apreciar un riesgo elevado de fuga y la gravedad de los delitos que se le imputan. Su situación judicial está vinculada al denominado caso Koldo, una investigación sobre una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones públicas, algunas de ellas vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Según los autos judiciales, la causa investiga posibles delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, organización criminal y uso indebido de información privilegiada. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares consideran que existen indicios suficientes para sostener que Ábalos habría tenido un papel relevante en el entramado, lo que ha llevado a solicitar penas de prisión que, en su conjunto, podrían superar las dos décadas.

El ingreso en prisión del exministro supuso un fuerte impacto político al tratarse de un diputado en activo y de una de las figuras más relevantes del PSOE en la última década, donde llegó a ocupar la Secretaría de Organización y fue uno de los hombres de máxima confianza del presidente del Gobierno durante la primera etapa de la legislatura. Desde el inicio del procedimiento, Ábalos ha negado reiteradamente cualquier implicación delictiva y ha defendido que su actuación como ministro y dirigente socialista se ajustó siempre a la legalidad.

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El presidente del Senado amenaza a Sánchez con «consecuencias jurídicas» si no comparece por la tragedia de Adamuz

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado este miércoles una carta el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el que le amenaza con «consecuencias jurídicas» en caso de que este no acuda al Pleno extraordinario de este jueves en la Cámara Alta en el marco de la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, a iniciativa del PP, que goza de mayoría absoluta en esta cámara. 

Así, en el escrito remitido al presidente del Gobierno, Rollán subraya que «la falta de comparecencia en la fecha y hora señaladas, sin causa debidamente justificada y comunicada por los cauces oficiales, podrá dar lugar a la adopción de las medidas que procedan por parte de los órganos de la Cámara y a la exigencia de las responsabilidades que en Derecho correspondan». «En tal caso, la presente citación y su notificación se tendrán por realizadas y plenamente eficaces a los efectos legales oportunos, dejándose constancia en el expedientes y dándose traslado a la Mesa del Senado y, en su caso, a la Junta de Portavoces para la adopción de las decisiones que correspondan«, agrega.

Todo ello se produce la víspera de que tanto Sánchez como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparezcan en el Senado a razón de la tragedia ferroviaria en Adamuz que dejó 45 víctimas mortales y la situación en Rodalies de Cataluña, también después del descarrilamiento de un tren que se llevó la vida del maquinista.

Sánchez, también en el Congreso a petición propia

Las amenazas de Rollán hacia el jefe del Ejecutivo se producen, no obstante, cuando el jefe del Ejecutivo ha pedido comparecer de forma voluntaria en el Congreso el próximo 11 de febrero con el objetivo de dar cuenta de los accidentes ferroviarios. Así lo solicitaba el líder socialista este lunes para abordar la materia durante el primer Pleno del curso, poniendo el foco en el accidente de Adamuz y en la colisión de Rodalies en Barcelona.

“El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo día 11 de febrero, coincidiendo con el primer día de Pleno”, informaron fuentes de Moncloa. Además, en otro orden de cosas, abordará situaciones relacionadas con la política internacional que están pendientes de debate. Dará “cuenta de la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado”, trasladaron las misma fuentes.

Luz verde al inicio de las obras

En este mismo orden de cosas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, quien también deberá comparecer en el Senado, ha anunciado este miércoles que Adif ha recibido luz verde para que se inicien las obras para reponer el tramo de Adamuz, en el que ocurrió el accidente ferroviario. Así, el titular de Transportes fija como objetivo que la infraestructura esté terminada «en un plazo aproximado de 10 días«, es decir, el próximo 6 de febrero.

En su cuenta de X, el ministro ha informado: «En el día de hoy hemos recibido autorización judicial para proceder a reponer la infraestructura en el tramo del accidente de Adamuz». Finalizadas las obras, según Puente en el plazo estimado de 10 días, se recuperará el servicio de la línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

Entre otras cosas, Puente señaló que quedaba esperar a la autorización judicial para arrancar con los trabajos, que ya ha recibido este miércoles. Cuando terminen las obras para reponer la infraestructura, el servicio recuperará la normalidad. Hasta entonces, Renfe mantiene su servicio sustitutivo, destinado sólo para viajeros cuyo desplazamiento sea esencial, y que recorre el tramo afectado por el accidente por carretera.

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El informe de un ‘think tank’ alemán desde el que se organiza el ‘lawfare’ contra Zapatero: errores, mentiras y ninguna prueba

El informe desde el que se organiza el lawfare contra el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no hay por dónde cogerlo. 44 páginas a las que ha podido acceder este medio y que no solamente carecen de pruebas que permitan siquiera sospechar algo de quien fuera responsable del Ejecutivo, sino que además está plagado de errores y mentiras, no tiene ninguna firma que señale la autoría.

De carácter anónimo, asemejándose a los informes típicos de agencias de investigación hechos por encargo y que pueden costar grandes cantidades de dinero, sobre él se han construido denuncias por parte de los satélites de la derecha y la extrema derecha y permitido a líderes del PP y Vox construir su relato, siendo uno de los más llamativos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para empezar, el documento carece de firma y membrete y en su interior aparecen cuestiones cuanto menos llamativas y que arrojan nada de seriedad. De hecho, todo lo contrario. Pese a estar escrito en inglés, hay algunas partes que no están traducidas. Por ejemplo, en una de las hojas se aprecia en un perfecto castellano Red ampliada de influencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Otra cosa curiosa en este sentido, sino la que más, es que el informe reconoce al ex ministro de Fomento José Blanco como Pepiño. Y así, suma y sigue.

Cero pruebas y muchas especulaciones

La documentación no identifica en ningún momento delitos concretos ni arroja datos que demuestren que el expresidente hubiera incurrido en algún acto ilícito. En cambio, dedica decenas de folios a trazar una supuesta red de influencia informal en torno a Zapatero, combinando hechos difícilmente creíbles con interpretaciones interesadas y, sobre todo, conjeturas.

El informe fantasma no hace sino acumular nombres propios, instituciones, países y sectores estratégicos que solo generan ruido en un escenario en el que prima la sensación de opacidad y oscurantismo alrededor del socialista. Entre los territorios que figuran se encuentran Marruecos, China y América Latina.

En el caso marroquí, el informe describe su cercanía a Rabat como una forma de “diplomacia paralela”, sin explicar que este tipo de mediaciones son habituales entre exmandatarios y forman parte de dinámicas internacionales conocidas. Tampoco se aportan pruebas de que dichas relaciones hayan supuesto beneficios personales o actuaciones contrarias a la legalidad.

Algo similar ocurre con China. En el caso del dossier sugiere una afinidad ideológica con el régimen de Xi Jinping y presenta la participación de Zapatero en foros internacionales como un elemento sospechoso en sí mismo. El texto no aporta ninguna prueba, pero introduce términos como “ecosistema de influencia”, “red opaca” o “diplomacia informal” para permitir el beneficio de la duda a raíz de apreciaciones infundadas.

En lo que respecta a su relación con Pedro Sánchez, el texto insiste en presentar al expresidente como una suerte de poder en la sombra dentro del PSOE, describiéndolo como mentor ideológico del actual jefe del Ejecutivo y como una figura determinante en la toma de decisiones del partido. Sin embargo, más allá de relatar encuentros privados, apoyos públicos y afinidades políticas evidentes, el dossier no aporta ningún indicio de injerencias ilegales ni de la existencia de estructuras paralelas de poder en la relación entre mandatarios.

A más a más, el dossier llega en un momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid presumía de disponer de supuesta información sensible sobre el expresidente del Gobierno. “Os adelanto que vienen curvas. Uy, uy, uy”, señalaba en tono de sorna la administradora primera de la Puerta del Sol.

Ayuso se abona a la guerra sucia

La lideresa regional mantenía en las últimas horas, amparada en una ‘información’ que huele a guerra sucia, que a Zapatero le está investigando un juez en Nueva York por su acción en el rescate de aerolíneas cuyo dinero “ha ido a parar al petróleo chavista”.

De este modo, reprochaba que cada vez que hay cualquier tipo de negociación por parte del Ejecutivo central con el líder de Junts, Carles Puigdemont, o con China para los intereses de España, “aunque sea en contra del criterio de la Unión Europea”, el dirigente socialista “está ahí”.

El informe recuerda a la época Villarejo, una época en la que el PP habría apelado a la guerra sucia para intentar derrocar a oponente políticos. El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, fue uno de los que más sufrió esta cacería, víctima de un bulo sobre la supuesta financiación ilegal de los morados. Aquel texto tampoco disponía de sello de ninguna unidad policial, ni firma de funcionarios.

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