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El servilismo de Rutte con Trump, bajo la lupa en Ankara en el momento más delicado de la OTAN

06/07/2026Pitirre Noticias

La capital turca, Ankara, acogerá este martes y miércoles 7 y 8 de julio una cumbre de la OTAN un tanto especial. Por un lado, habrá incertidumbre en España en torno a que las relaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, no son las mejores, en tanto que el de Washington ha pronunciado sendas críticas contra el jefe del Ejecutivo que han tenido el beneplácito y la no censura del secretario general de la alianza, Mark Rutte. Por otro lado, precisamente, los países miembros mirarán de cerca las posiciones del máximo responsable del Tratado Atlántico, que se han acostumbrado a ser especialmente serviles a los intereses de Donald Trump y de unos Estados Unidos que celebraban este sábado sus 250 años de vida.

Mark Rutte trasladaba este sábado sus felicitaciones al presidente de Estados Unidos y gran aliado por el 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia, y lo hacía elogiando al fallecido y polémico expresidente Ronald Reagan y a la OTAN por haber sido «un bastión frente al fascismo y al comunismo a lo largo de casi 70 años de historia». Para Rutte, Estados Unidos es «una nación que durante mucho tiempo ha sido fuente de inspiración y aspiración» y que «uno de sus grandes líderes, el presidente Ronald Reagan, llamó la ‘ciudad resplandeciente sobre la colina'». «Soy holandés. Pero para mí y para muchísimos otros, eso es lo que Estados Unidos representa y siempre ha representado: un faro, una guía», agregaba.

«Nos unimos en la OTAN en torno a ese ideal en 1949, cuando el mundo se recuperaba de una lucha fundamental contra el fascismo, y mientras se avecinaba otra lucha fundamental contra el comunismo. sabíamos que la libertad era frágil. Estuvimos de acuerdo en que valía la pena luchar por ello. Y comprendimos que unirnos nos daría ventaja en esa lucha. Ese es el ideal sobre el que se fundó la OTAN. Vale la pena luchar por la libertad. Juntos, como amigos y aliados, continuamos con esa causa común. Todo gracias a la idea materializada que es Estados Unidos«, continuaba sus halagos el secretario general, antes de desear un «muy feliz cumpleaños» a esa «resplandeciente ciudad sobre la colina», en un discurso fuertemente plegado a Washington.

El 5%, bajo debate en medio de las tensiones

La cumbre de la alianza, que reunirá a los jefes de Estado y de Gobierno de los 32 países que forman parte de la OTAN, servirá para medir el progreso de los aliados con el compromiso adquirido el pasado verano en La Haya, donde acordaron una hoja de ruta con la idea de que en 2035 todos destinen el 5% de sus respectivos PIB a la defensa. El encuentro, además, tendrá lugar en un momento en el que el presidente de Estados Unidos está siendo muy crítico con los aliados europeos y Canadá al considerar que tienen un bajo gasto militar, por lo que se espera que utilice la cumbre para someter a sus socios a un examen de cuánto han aumentado su inversión en defensa en comparación con el año pasado.

«En la cumbre del año pasado conseguimos el compromiso de defensa de La Haya. Ahora estamos llevando a cabo el primer boletín de calificaciones sobre ese 5% para ver dónde están nuestros aliados«, auguraba el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matt Whitaker, en declaraciones a la prensa en vísperas de la cumbre. Cabe recordar que el compromiso alcanzado por los aliados en la cumbre de La Haya establece que los países deberán destinar el 5% de PIB a defensa antes de 2035, un objetivo que se desglosa en un 3,5% de gasto militar puro y un 1,5% en inversiones relacionadas con la seguridad. Dicho esto, Whitaker sostuvo que la cita se centrará «en medir ese progreso», pero también en la necesidad de repartir mejor la carga de la defensa convencional de la Alianza Atlántica en Europa, dados los planes de Washington de reajustar sus capacidades en el Viejo Continente y la necesidad de los aliados europeos de suplir cualquier tipo de vacío.

Hechos y críticas

Pero pese a las constantes críticas de Trump, los aliados europeos quieren demostrar durante esta cumbre los «hechos», y es que en el último año Europa ha cumplido con lo acordado, invirtiendo más en capacidades militares y asumiendo una mayor responsabilidad de su propia defensa convencional, evitando así confrontaciones o reprimendas del presidente de Estados Unidos, según han indicado fuentes diplomáticas. Algunos países, como Alemania, han anunciado recientemente inversiones militares para elevar en solo cuatro años su gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Reino Unido prevé alcanzar un 4,2% de gasto en defensa y derivados para 2035. Todo ello, en un año en el que todos los miembros de la Alianza Atlántica han superado el umbral del 2% de inversión del PIB fijado en la cumbre de Gales de 2014.

Algo parecido ocurre con el reajuste militar de Estados Unidos en Europa al reducir su participación en el ‘Modelo de Fuerzas de la OTAN‘, el marco que determina los efectivos y recursos que estarían disponibles en caso de ataque o conflicto. El comandante supremo de la OTAN, Alexus Grynkewich, ha trasladado que los aliados han cubierto gran parte los vacíos dejados por Washington, según han confirmado fuentes aliadas.

Por eso mismo, la parte europea espera que las críticas no protagonicen la cumbre de Ankara, como sí lo hicieron el año pasado en La Haya, y que prevalezca un mensaje de unidad de los 32 Estados miembro en la consecución del aumento del gasto en defensa o del apoyo a Ucrania en el quinto año de guerra.

Los europeos esperan que Rutte se posicione

Mark Rutte, por su parte, se ha acostumbrado a alinearse en exceso con Donald Trump y con sus designios imperialistas. No obstante, los países europeos tienen fe de que saque la cara por ellos tras las críticas del inquilino de la Casa Blanca. En una reciente visita a la Casa Blanca, Rutte dijo que entendía perfectamente la decepción de Trump, aunque estimó que, «cuando se observan las cifras de las inversiones que los países de la OTAN están realizando en su propia defensa, son asombrosas». Sobre España, concretamente, Trump dijo que «eran un auténtico desastre» y que estaba «muy decepcionado«, ante lo que el secretario general solo se atrevió a contestar que Madrid es «un caso aislado».

Además del gasto en defensa, otro de los puntos que protagonizarán la cumbre de Ankara será cómo convertir el compromiso de mayor gasto en defensa en resultados concretos. Por ejemplo, cómo hacer coincidir el aumento de la demanda de capacidades militares con la oferta que puede producir la industria militar. Los líderes quieren que empresas del sector aprovechen el impulso para desarrollar una capacidad industrial de defensa suficiente y sostenible, ya que a medida que los aliados han aumentado sus pedidos, los plazos de entrega de ciertos tipos de munición se han alargado. En este sentido, el martes se celebrará el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN (NSDIF26), el principal evento de alto nivel de la Alianza sobre producción, inversión e innovación en defensa transatlántica, donde altos funcionarios de la OTAN, aliados y socios, debatirán con líderes de la industria y las comunidades responsables de impulsar en la industria sus temas más apremiantes.

El apoyo a Ucrania será otro de los grandes pilares de la cumbre. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estará presente en Ankara, donde los aliados prevén formalizar un nuevo compromiso financiero de apoyo militar para este año y el próximo que podría llegar hasta los 70.000 millones de euros. Según han indicado varias fuentes diplomáticas, en esos 70.000 millones se incluyen los 30.000 millones de euros dispuestos por la Unión Europea a Kiev en su préstamo para gasto en defensa. Los otros 40.000 está previsto que se alcance con apoyo bilateral adicional a Ucrania. Eso sí, no se prevé que Estados Unidos participe en esta financiación.

La vía principal de suministro militar de Estados Unidos a Kiev tras la retirada de la financiación con la llegada de Trump seguirá siendo el mecanismo PURL (Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania), a través del cual los aliados europeos y Canadá compran armamento estadounidense para donárselo a Ucrania. Según ha informado Whitaker, hasta el momento se han reunido más de 6.000 millones de dólares (5.200 millones de euros) para la compra en sistemas estadounidenses, entre ellos misiles Patriot para hacer frente a los ataques aéreos de Rusia.

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Moncloa pone toda la carne en el asador de la vivienda para intentar abrochar la legislatura

05/07/2026Pitirre Noticias

Vivienda se ha convertido en la palabra maldita de la legislatura. El clamor ciudadano ante la durísima situación del mercado inmobiliario ha activado las palancas en el Ejecutivo para hacer algo al respecto, pero hasta la fecha, ha llegado mal, tarde o ni siquiera ha llegado. Desde hace meses se viene anticipando un puñetazo en la mesa que ayude a los españoles con el principal problema que tienen en su día a día, pero no terminan de materializarse cambios sustanciales, ya sea por falta de voluntad o de entendimiento entre los responsables de que salga adelante. Con todo este telón de fondo, el Gobierno ha intentado un último movimiento para sacar adelante un amplio paquete de medidas frente a la situación inmobiliaria antes de que acabe la legislatura. Que caiga en saco roto o no dependerá del diálogo entre las partes.

En primera instancia, PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo dentro de la coalición para impulsar un decreto de gran alcance en el Consejo de Ministros antes de que concluya julio. Sumar, con el ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como principal impulsor, ha logrado fijar este calendario y ha situado en el centro de la negociación la prórroga extraordinaria de los alquileres. Esta iniciativa decayó el pasado 28 de abril tras ser rechazada por Junts con el respaldo de PP y Vox. No obstante, el Ejecutivo considera que una nueva formulación del texto, acompañada de otras concesiones, podría facilitar el apoyo de la formación conservadora catalana, poco susceptible de apoyar reformas progresistas en el mercado de la vivienda. El futuro decreto incluirá un conjunto amplio de medidas diseñado para atraer a distintos grupos parlamentarios y aumentar las opciones de convalidación. A diferencia del texto anterior, rechazado por el Congreso y compuesto únicamente por dos artículos, la nueva propuesta abordará cuestiones que van desde la fiscalidad de los pisos turísticos hasta mecanismos para reforzar la empresa pública de vivienda Casa 47.

Paralelamente, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, encargada de coordinar las conversaciones, se encontraría trabajando junto a Sumar en la elaboración de un paquete maleable para negociar con casi todas las formaciones del arco parlamentario, en una fórmula en la que caerían también el propio Junts y el PNV, además de los socios más cercanos ideológicamente al PSOE, como ERC, Bildu y Podemos. La larga tramitación de la ley de Vivienda, que se prolongó durante casi tres años, ya demostró lo complicado que es, en un Parlamento tan fragmentado y polarizado, sacar adelante iniciativas sensibles. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo consideran que existen posibilidades reales de entendimiento, ya que creen que es posible incorporar demandas de todos los actores implicados y, además, existe una fuerte presión social para actuar, teniendo en cuenta que el acceso a la vivienda constituye, según sondeos, la preocupación más acuciante de millones de ciudadanos españoles.

Mecanismos por desbloquear: amnistía y otras negociaciones

Mientras continúan las conversaciones, con el Consejo de Ministros en la lontananza, cabe todavía esperar un acontecimiento que será clave para el desarrollo de la política española: el próximo 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer su resolución sobre la ley de amnistía, una decisión que podría facilitar el regreso de Carles Puigdemont a Cataluña en caso de fallo favorable. Alrededor de este asunto, cada formación política ha trasladado reivindicaciones diferentes que se han ido limando conforme le ha ido interesando a cada agente: el Partido Popular, otrora muy crítico con esta ley y con Junts per Catalunya, ha intentado, en los últimos meses, traer al redil a los neoconvergentes para reconducir las relaciones.

Volviendo a la vivienda, el Gobierno considera que existe margen para dar respuesta a la mayoría de las demandas de los partidos del Hemiciclo. Junts, por ejemplo, reclama deducciones vinculadas al pago de hipotecas y alquileres, así como incentivos fiscales destinados a fomentar la construcción y la rehabilitación de viviendas, cuestiones que el Ejecutivo considera susceptibles de negociación. En relación con los alquileres temporales, el Gobierno se está acercando a la posición defendida por el PNV. Para ello, tomará como referencia una ponencia parlamentaria que permanece en tramitación desde diciembre y que cuenta con el respaldo de los nacionalistas vascos. Entre las modificaciones planteadas figura la equiparación de los alquileres por habitaciones con los contratos de vivienda habitual, lo que implicaría una duración mínima de cinco o siete años, según el tipo de arrendador, además de la aplicación de límites de precio en zonas declaradas tensionadas.

A pesar del tiempo transcurrido desde la presentación de la proposición de ley sobre arrendamientos temporales y de las diferencias surgidas posteriormente entre los grupos parlamentarios en materia de vivienda, fuentes del departamento que dirige Rodríguez señalan que el texto mantiene su configuración inicial y que, adicionalmente, incorpora nuevas aportaciones del PNV, Bildu y Sumar y no está siendo objeto de revisión porque ya dispone del respaldo de una parte significativa del Parlamento. Así, el Ejecutivo pretende trasladar ese mismo nivel de consenso a otros aspectos más conflictivos que todavía no cuentan con un apoyo suficiente.

En concreto, uno de los puntos más delicados es la recuperación de la moratoria de los alquileres, que regresará al Congreso integrada en la nueva norma, aunque con una formulación distinta. El Gobierno confía en que los cambios introducidos permitan superar las reticencias de los neoconvergentes, y para posibilitar ese acercamiento, se estudia incorporar beneficios fiscales en el IRPF para aquellos propietarios que mantengan congeladas o reduzcan las rentas de alquiler, una demanda reiterada por la formación catalana.

Las medidas previstas, sin embargo, irán mucho más allá: cuando se anunció la elaboración del decreto, el Ejecutivo adelantó ya la intención de aplicar un IVA del 21% a las viviendas destinadas al alquiler turístico, y según fuentes gubernamentales, se están evaluando fórmulas que permitan agilizar los procedimientos administrativos y establecer incentivos fiscales orientados a incrementar la construcción de vivienda asequible. También se estudian instrumentos para facilitar la ampliación del parque residencial gestionado por Casa 47. Del mismo modo, se prevé reforzar uno de los principios que el Ministerio de Vivienda viene defendiendo de forma recurrente: garantizar de manera permanente la protección de la vivienda de protección oficial (VPO).

Dividido en dos bloques

Este futuro decreto, descrito por la ministra portavoz, Elma Saiz, como una iniciativa «amplia y transversal», constará de dos bloques principales. Por una parte, la regulación de los alquileres temporales y de las habitaciones constituirá uno de los ejes principales y es, además, uno de los aspectos más avanzados de la negociación. El propósito es evitar que estas modalidades se utilicen para eludir determinadas garantías recogidas en la Ley de Arrendamientos Urbanos: tal y como señala la ponencia parlamentaria, numerosos propietarios recurren a estas fórmulas para sortear la regulación vigente de los alquileres. Mientras que la LAU obliga a mantener contratos de cinco años y limita las actualizaciones de renta a la evolución de la inflación, los contratos temporales permiten finalizar la relación contractual con mayor facilidad y aplicar incrementos periódicos en el precio, incluso de forma mensual.

Con el objetivo de frenar estas prácticas, el Gobierno plantea introducir algunas modificaciones, como la extensión a los alquileres por habitaciones de las mismas condiciones de protección aplicables a los contratos de vivienda completa. Este tipo de alojamiento ha experimentado un fuerte crecimiento durante los últimos años, especialmente en aquellas zonas donde la oferta residencial se ha reducido de manera considerable, convirtiéndose para muchas personas en la única alternativa disponible para acceder a una vivienda. Por todo ello, el Ejecutivo considera que reforzar la protección de estos arrendamientos tendría un impacto directo sobre una parte importante del mercado del alquiler. Además de equiparar la duración de los contratos, la propuesta legislativa establece nuevos límites temporales para los alquileres de temporada, tanto de viviendas completas como de habitaciones individuales. Aunque las partes seguirán pudiendo acordar libremente la duración del contrato, esta no podrá ser inferior a 31 días ni superior a 12 meses.

Asimismo, si se formalizan sucesivos contratos entre las mismas partes y por idéntico periodo, la vivienda pasará a considerarse residencia habitual y quedará sometida a todas las garantías previstas por la LAU. Con el fin de restringir aún más el uso indebido de los alquileres no permanentes, la norma prevé que, en las viviendas arrendadas por habitaciones, la suma de todas las rentas abonadas no pueda superar el importe que correspondería al alquiler íntegro del inmueble. Cuando no exista una renta previa que sirva de referencia, se recurrirá al índice elaborado por el Sistema Estatal de Referencia de Precios del Alquiler en aquellos casos en que la vivienda esté situada en una zona tensionada.

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A Vox no le basta con la multirreincidencia y busca cambiar el Código Penal para expulsar migrantes condenados

05/07/2026Pitirre Noticias

El grupo parlamentario de Vox ha registrado en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal y sustituir las penas impuestas a delincuentes extranjeros por, directamente, su expulsión del territorio nacional y la pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen si son condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito de cualquier gravedad. La iniciativa del partido de extrema derecha plantea modificar el artículo 89 del Código Penal para que la pena, sea leve, menos grave o grave, impuesta a un ciudadano extranjero condenado por sentencia firme, sea sustituida por completo por la expulsión directa del territorio español y la revocación de la nacionalidad.

Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo de la pena en el país de origen, el juez podrá acordar la ejecución de una parte de la pena, que no podrá ser superior a dos tercios, y sustituir el resto por su expulsión de España. En los casos en los que se hubiera impuesto una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, y no exista tratado o convenio internacional que permita el cumplimiento efectivo en el país de origen del condenado, el partido de Santiago Abascal propone que el juez acuerde la ejecución de todo o parte de la pena «en la medida necesaria para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito».

Expulsión y revocación de la nacionalidad

La proposición establece que el extranjero expulsado no podrá regresar a España en un plazo de diez a veinte años y que la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo para residir o trabajar en España, así como la extinción del derecho a percibir ayudas, prestaciones o subvenciones públicas de cualquier naturaleza. El partido ultraderechista también plantea añadir al Código Penal la pena de pérdida de la nacionalidad española para quienes no sean españoles de origen, hayan adquirido la nacionalidad española y sean condenados por sentencia firme por la comisión de cualquier delito previsto en el Código o en leyes penales especiales, sin perjuicio de las demás penas previstas para el delito correspondiente.

La iniciativa incluye, además, una disposición adicional para que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno suscriba acuerdos multilaterales y bilaterales con otros estados y promueva normas en el ámbito de la Unión Europea para que la expulsión de delincuentes del territorio español lleve consigo el cumplimiento íntegro en sus países de las penas impuestas por los tribunales españoles, con mecanismos de verificación periódica. En su argumentación de motivos, Vox sostiene que la reciente reforma en materia de multirreincidencia resulta «insuficiente» porque, a su juicio, no afronta «el principal y más grave factor asociado al incremento de la delincuencia en España», que identifica con «el fenómeno de la inmigración masiva».

El grupo parlamentario afirma que la reforma busca «dar una respuesta eficaz» a situaciones en las que individuos de origen extranjero incurren en la delincuencia y pretende reforzar la reacción del Estado con un régimen «más severo y efectivo» de expulsión para quienes, «con independencia de la gravedad individual del delito o delitos cometidos», acrediten mediante su conducta la voluntad de quebrantar la legalidad penal española. Del mismo modo, Vox propone suprimir la previsión actual que permite excluir la expulsión cuando pueda considerarse desproporcionada por las circunstancias personales del autor y su arraigo en España, al considerar que la invocación de vínculos familiares, sociales o laborales mínimos «ha permitido neutralizar la expulsión incluso en casos de reiteración delictiva».

La formación dirigida por Santiago Abascal defiende también que la nacionalidad constituye el vínculo que une a la persona con el Estado y sostiene que no puede seguir permitiéndose que quien haya adquirido la nacionalidad española utilice esa posición para «volverse contra sus propios compatriotas«, por lo que plantea introducir estas modificaciones en el Código Penal y el Código Civil para hacer posible su pérdida por sentencia firme.

Consideran «insuficiente» la multirreincidencia por la que votaron

Cabe recordar que el Congreso aprobó, hace unos meses y con los votos favorables del propio Vox entre otras formaciones, una reforma penal impulsada por Junts para endurecer las penas a la multirreincidencia. Aquella votación sirvió de extraño precedente en el que ultraderechistas e independentistas votaron en el mismo sentido, muy disidentes discursivamente en el Parlamento a pesar de sus múltiples similitudes ideológicas.

Durante el debate de la norma en el pleno de la Cámara, la diputada de Junts Marta Madrenas defendió que la ley «nace del territorio, no de los despachos», a la vez que valoraba que la reforma llegaba «muy tarde» tras «bloqueos y dilaciones». Pese a ello, la diputada de la formación de Carles Puigdemont afirmó que con la ley «se ataca la impunidad» y que es «una buena regulación, eficaz, equilibrada y útil» para jueces, fiscales, policías.

El diputado de Vox Juan José Aizcorbe calificó la reforma de «necesaria, pero no suficiente», y celebró que «la realidad acaba imponiéndose». «No estamos ante una abstracción jurídica. Nos ocupa el delincuente habitual que entra y sale del juicio. España no puede ser su paraíso«, argumentó entonces. En la misma línea se pronuncian ahora los ultraderechistas, insistiendo en la insuficiencia de la medida e impulsando un argumentario atravesado por la xenofobia para expulsar y revocar nacionalidades por encima de los procedimientos jurídicos habituales.

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La izquierda ‘irreconciliable’: el frente común de Rufián choca con el rechazo y conflictos internos de Sumar

05/07/2026Pitirre Noticias

Entre la vía Rufián y la obtusa situación que impera en el interior de Sumar hay un océano. Diálogos y seducciones han existido durante los últimos meses de cara a las elecciones generales de 2027, con un plan: unificar todo el voto a la izquierda del PSOE en una sola candidatura para que no se pierda una sola papeleta en el vacío de la división partidista. Tanto los que abogan por esta alianza como los que presentan mayores reticencias, asociadas habitualmente a la nomenclatura y al peso de cada sigla en lo que quiera que fuese el resultado final, son conscientes de que existe la necesidad de hacer algo, pero, como siempre, no se termina de concretar nada. Mientras que Gabriel Rufián se encuentra vigilado por la cúpula de su propio partido, Podemos ve con buenos ojos un acercamiento al portavoz republicano y en el aparato de Sumar rechazan la propuesta que desliza desde hace meses el catalán, aunque reconocen que que es urgente nombrar un candidato para los próximos comicios. Tiranteces, roces y conflictos mientras el tiempo se agota.

Elegir el candidato y comenzar a diseñar una marca clara para las generales son las tareas que destaca el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo. Según publica El País, Maíllo aboga por «una profundización democrática, la consolidación de los derechos sociales, y una apuesta firme por frentes amplios de izquierdas», y rechaza abiertamente la propuesta de Rufián pese a este último punto. «Urge levantar una alternativa estatal de izquierda transformadora con capacidad de evitar un cierre autoritario. Las bases para hacerla posible están en la alianza de fuerzas políticas que están dando Un paso al frente«, señala Maíllo en referencia al proceso de coalición en el que participan IU de la mano con Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar, presentado en febrero para reeditar el pacto magenta de cara a los comicios de 2027. «También se cuenta con una base electoral de voto de izquierda transformadora nada desdeñable y, si el deterioro del PSOE continúa como resultado de los últimos escándalos, una posible recuperación de votantes que tuvo la coalición Sumar el 23J», agrega también el andaluz sobre los recientes casos judiciales que afectan a las filas socialistas. Pese a reconocer la necesidad de unión, la vía con los partidos regionalistas queda completamente descartada para el coordinador federal.

«Sin embargo, estas bases son insuficientes si no se resuelve a la mayor brevedad posible la personificación de espacio político en un liderazgo candidatable a la Presidencia del Gobierno en las próximas generales», reconoce también Maíllo en el texto, urgiendo a concretar un candidato para pasar de lo abstracto a lo concreto y empezar a diseñar una marca alrededor de la figura elegida. «Del mismo modo, urge dotar de una nueva denominación al espacio político, así como integrar, bajo las fórmulas diversas que lo hagan viable, a las fuerzas políticas que concurrieron juntas el 23-J«, incide el andaluz.

«Frentes amplios sin alianzas coyunturales»

Uno de los puntos clave para entender el rechazo del portavoz de IU a la vía Rufián es la coyunturalidad. Maíllo concibe la idea del catalán como un proyecto con caducidad y limitado únicamente a recoger y maximizar voto de cara a las elecciones de 2027, pero sin futuro en el largo plazo. Por ello, llama a construir «frentes amplios y programas transformadores, pero no como alianzas políticas coyunturales con las que maximizar los votos». «Se trata de seguir trabajando en pro de la construcción de un bloque histórico democrático y transformador que frene a la extrema derecha a través de la transformación social: con ambición, entusiasmo y optimismo«, señala.

«La clave para llegar en las mejores condiciones a las próximas elecciones generales de 2027, garantizar que seguimos ampliando derechos y evitar un Gobierno de la derecha extrema, reside en la capacidad que tengamos para articular un frente amplio capaz de mejorar las experiencias anteriores. […] No se trata de recomponer el espacio del pasado, se trata de proyectar una nueva confluencia para una coyuntura distinta marcada por el declive del PSOE, el auge del bloque reaccionario y la fragmentación de las izquierdas. Por todo ello, hay que tener altura de miras, sabiendo que la construcción de alianzas se hace desde los territorios, desde el reconocimiento de la existencia de las diferentes organizaciones que forman parte o quieren formar parte de la coalición estatal», señala el coordinador de Izquierda Unida.

Rufián insiste en la necesidad de un espacio «liderado por las izquierdas soberanistas»

Barriendo para casa y defendiendo la idea que lleva meses sobre la mesa, Gabriel Rufián ha defendido en las redes sociales la urgencia de actuar para que la izquierda «no se vaya al carajo durante años».

«Se opine lo que se opine de Sumar, y de la innegable operación mediática que hubo detrás, solo hay una cosa clara. O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años«, ha opinado el portavoz republicano en su cuenta de X. A continuación, el catalán exponía los que para él son los tres puntos que han de vertebrar el espacio: «Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas con un programa común basado en tres ejes, que son la vivienda, las condiciones de vida y el derecho a la autodeterminación«. Este tercer punto puede ser, precisamente, el que aleje a otras formaciones de carácter no nacionalista de esta vía.

«Quien crea que su bandera (y su buen resultado electoral particular) le va a proteger o es un inconsciente o es un negligente«, sentenciaba el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados.

Se opine lo que se opine de Sumar (y de la innegable operación mediática que hubo detrás) solo hay una cosa clara.

O somos capaces de crear otro espacio votable en su lugar o la izquierda se va al carajo para años.

Y ese espacio debe ser liderado por las izquierdas soberanistas…

— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 2, 2026

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Ariza, Plus Ultra y la guerra con Jiménez Losantos: la confesión sobre los cobros publicitarios

04/07/2026Pitirre Noticias

La guerra en la derecha mediática es el cuento del nunca acabar. Hace unos días, el locutor de esRadio Federico Jiménez Losantos cargaba duramente contra Julio Ariza y El Toro TV, vinculándolos con el caso Plus Ultra. El locutor acusó al canal de haber servido como «lavadero de imagen» y arremetió contra el que también fuera fundador de Libertad Digital. Ariza, por su parte, contestaba a Losantos y reconocía que, efectivamente, había cobrado publicidad de la aerolínea, pero que no era el único que lo había hecho, señalando a otros medios.

«Yo voy a dar la relación de los medios que han cobrado publicidad de Plus Ultra«, se defendía Ariza desde el mencionado canal tras los ataques de Losantos. Era en ese momento cuando el ultraderechista reconocía abiertamente haber cobrado por publicidad de la compañía aérea. «Nosotros hemos sido uno de esos medios. Si en ese momento alguien sabía todo lo que se sabe hoy de Plus Ultra, había hecho el curso de profeta con mucho éxito. Nosotros no lo sabíamos. Tuvimos aquí a los Plus Ultra y les preguntamos lo que teníamos que preguntarles», se justificaba el empresario, alegando que era imposible conocer todas las polémicas posteriores en el momento de la contratación publicitaria.

Acto seguido a reconocer el cobro publicitario, Ariza señalaba a otros medios que, según su testimonio, también cobraron dinero de la aerolínea en concepto de publicidad: «Cobramos publicidad de Plus Ultra como lo cobró El Mundo, Cope, Onda Cero, ABC, etc. Tengo la lista entera y os haré la lista de cantidades que cobró cada medio». El empresario cargaba también de nuevo contra Losantos y lo terminaba de despachar de la siguiente forma: «No tengo más que decirte Federico, déjame en paz. Te ayudé a montar Libertad Digital, al 50%, no sabiaís qué hacer, y lo hicimos. Cuando recibiste 300.000 y pico euros de Bárcenas, del PP, yo me fui, porque no estaba de acuerdo. Fede, así de sencillo. Me pareces muy osado diciendo esas cosas. Tendré que contarte quién fue el consejero que te metieron el señor Espinosa de los Monteros y su mujer en el Consejo de Radio Libertad Digital y para que lo metieron. ¿Quieres que te lo cuente también?».

Los estrechos contactos con Vox

Otro punto relevante de esta historia es que Julio Ariza era, a su vez, uno de los puentes que Plus Ultra tenía con Vox. Las redes de la compañía siguen destapándose, especialmente después de haber salido a la luz que el exmagistrado Manuel García Castellón intermedió en favor de la aerolínea cuando el caso por su rescate durante la pandemia ya estaba abierto. Por aquel entonces, mantuvo una cena con Santiago Abascal en lo que se puede interpretar como la expansión de las redes de la compañía para influir en la ultraderecha. Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, se refería al exjuez de la Audiencia Nacional como su amigo «Manolo».

Este jueves se ha conocido que Ariza se puso en contacto con Vox, a petición del jefe de la aerolínea, para que no recurriese la decisión del Juzgado de Instrucción 15 del Tribunal de Instancia de Madrid, a cargo de Esperanza Collazos, de archivar el caso, después de que la jueza lo sobreseyese en enero de 2023. «Me acaba de llamar Ariza. Vox no recurre«, trasladó Martínez Sola en uno de los chats recogidos en el sumario, adelantado por infoLibre y que ha podido comprobar este medio. «Para cerrar del todo el asunto deberían retirar el incidente de nulidad que presentaron ante la Audiencia Provincial. Ya se lo he comentado a Julio Ariza«, añadió unos días más tarde el secretario del consejo de administración de Plus Ultra, Santiago Fernández Lena. El mandato de Ariza y García Castellón pasaba por que el partido ultraderechista no recurriese el archivo ante la Audiencia Provincial de Madrid.

«Me acaba de llamar Julio Ariza. No van a recurrir los de Vox. Le he dicho que daba igual, pero que gracias por la información», le trasladó Ariza a Fernández Lena unos meses antes de aquello, en un mensaje muy similar al que replicaría casi en su totalidad el 12 de enero de 2023, con la causa ya archivada. El partido de Abascal no recurrió, pero sí buscó la nulidad del auto de la jueza ante la Audiencia de Madrid, lo que hizo remover las aguas en las altas esferas de la aerolínea: «Escrito de Vox pidiendo la nulidad del auto de la Audiencia Provincial. Nos lo han notificado esta tarde… no se van a quedar quietos…», reaccionó Fernández Lena. «De un primer vistazo no tiene mucho recorrido… pero nos mantiene enfangados», matizó. A lo que Roberto Roselli, CEO de la aerolínea, contestó con un «a ver si Ariza habla con estos hdp«. El escrito de nulidad no fue aceptado y, en julio de 2023, Vox solicitó que se le devolviese la fianza facilitada como acusación. Ariza era, en esencia, el hombre de contacto de la aerolínea para suavizar las relaciones con el partido de extrema derecha y llevarlos a su propio terreno.

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El Gobierno proyecta una reducción a la mitad de las listas de espera gracias a la inversión histórica en dependencia

03/07/2026Pitirre Noticias

7.200 millones de euros es la cifra que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales de junio en materia de dependencia para 2027. Una cifra “histórica” con la que dar respuesta a la salud y bienestar de nuestra ciudadanía. En términos reales, ¿en qué se traduce esta cuantía? Cabe así situar el foco en las listas de espera, las cuales se verán notablemente reducidas con la nueva dotación económica al sistema.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy han ahondado en estimaciones: A finales del próximo año, las listas de espera en dependencia podrán caer en más de 70.000 personas -71.338, para ser más exactos-, lo que se traduce en un 47%, en tan solo un año y medio. “Un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que cada año sube el número de personas que solicitan una prestación por dependencia”, aplauden.

En consecuencia, con vistas a finales de 2027, se calcula que habrá 416.774 personas más que podrán recibir esta prestación del Estado, lo que supone un incremento del 25% con respecto a 2025. En cifras totales, se tratará de cerca de 2,1 millones de personas atendidas por el sistema.

Según precisan estas fuentes, las estimaciones mencionadas se han elaborado en base a las nuevas cuantías aprobadas por el Ejecutivo central, en las cuales se ha duplicado la aportación del Estado que se reparte entre todas las Comunidades Autónomas para su consiguiente gestión. Dichas cuantías se han comenzado a abonar este mismo mes de julio y, en términos de inversión adicional, será de 6.200 millones de euros a repartir desde estas fechas a finales del próximo año.

Cabe sumar, además de la considerable reducción de las listas de espera y el aumento de personas atendidas, que el incremento de financiación se verá mejorado a su vez en la calidad de las prestaciones entregadas, así como en las condiciones laborales del personal hacia los pacientes dependientes.

El Ministerio de Bustinduy precisa, sin terminar en este punto, que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo las personas con prestaciones en esta materia “más allá de 2027” debido a que la aportación a los gobiernos autonómicos “es estructural” debido a que las dotaciones “quedan fijadas y blindadas por ley”.

La inversión de récord del Gobierno en dependencia

Fue el pasado 23 de junio cuando el Ejecutivo de Sánchez aprobó en Consejo de Ministros la mayor inversión en ayudas de dependencia de la historia y, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se inyectarán hasta 6.200 millones de euros más en esta materia. “A quienes se preguntan por qué este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y piedras en el camino, yo les digo que la respuesta está aquí”, defendió el mandatario de La Moncloa.

Desde que comenzó el mandato del Gobierno de coalición en 2018, la inversión total se ha “multiplicado por cinco” en la financiación del Estado. Sin ir más lejos, en datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la aportación estatal en 2019 estaba en torno a los 1.500 millones de euros. Con esta subida por delante de hasta los 7.200 millones, se culmina, en palabras del jefe del Ejecutivo con “la mayor inversión en dependencia”, con la que se busca dar “un paso decisivo para consolidar un sistema más fuerte, más justo, más humano” para no dejar “a nadie atrás”.

Las ayudas, que se comenzaron a transferir este miércoles, se darán a personas en grado III de máxima independencia, quienes recibirán de 290 a 660 euros al mes, lo que supone un 128% más. En el caso del grado II de dependencia severa, se pasará de 130 a 260 euros mensuales. Por último, en el grado I, serán 90 euros mensuales, en comparación con los vigentes 76 euros.

Asimismo, otros de los objetivos marcados bajo esta hoja de ruta es la obligación a las Comunidades Autónomas de dibujar nuevos modelos de convivencia colaborativa de cuidados y apoyos en viviendas compartidas, así como dar productos de apoyo como sillas de ruedas, camas especiales o asistentes de voz para personas dependientes. Entre otros puntos clave que contempla el Ministerio de Derechos Sociales, también se incluye aumentar el empleo en este sector, invertir más en tecnología y transformar los centros residenciales.

Echando la vista atrás, a la hemeroteca política de las últimas décadas, cabe recordar que, en la época del popular Mariano Rajoy, entre 2011 y 2018, la inversión en dependencia se recortó en 5.400 millones de euros.

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El PP tampoco aclara si paga a Feijóo la vivienda de El Viso

02/07/2026Pitirre Noticias

La vivienda de la que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, disfruta en El Viso, una de las zonas más exclusivas de Madrid, volvió a estar de estricta actualidad después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refiriera a ella en el Congreso de los Diputados al preguntar al político gallego quién subsana los gastos.

Tras ello, el responsable del principal partido de la oposición adoptó un tono victimista acusando al responsable del Ejecutivo de haber puesto sobre la mesa un asunto de su vida privada a pesar de que el inmueble apareció en diferentes medios de comunicación en vísperas de las últimas elecciones.

El que fuera presidente de la Xunta de Galicia sigue sin aclarar quién paga el alquiler del hogar ni si el Partido Popular asume algún gasto. La formación conservadora tampoco es muy clara al respecto, y es que confirma que el político recibe “gastos de representación” de las sigas de Génova, pero no explica si, a menos parte de este dinero, va destinado a este fin.

El PP se limita a señalar, según emite en las últimas horas el diario Público, que Feijóo “tributa cada euro que recibe” y que el alquiler de El Viso “lo pagan él y su pareja”, Eva Cárdenas.

Atendiendo a su declaración de bienes del Congreso de los Diputados, cuya última fecha de actualización es agosto de 2023, el presidente del PP percibía entones más de 52.000 euros cada año en concepto de “gastos de representación”. En una entrevista, él mismo declaraba entonces que el montante lo destinaba a costear la renta de la vivienda. Sin embargo, la semana pasada, Feijóo explicaba en los pasillos de la Cámara Baja que la vivienda la pagaban su pareja y él.

Por el momento, la formación no aclara quién paga la renta, si es el partido o Feijóo y su mujer. Tampoco dice qué cantidad abonó al gallego en 2025 como “gastos de representación” ni cuánto dinero tiene pensado ingresarle en 2026 en este sentido.

Otro piso en propiedad

El responsable ‘popular’ decidió vivir en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, el de mayor renta por cápita de toda España, pese a ser propietario de un ático de 136 metros cuadrados en Chamberí, uno de los sitios más caros de Madrid y donde reside la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con su novio, Alberto González Amador.

El inmueble de El Viso, de 244,57 metros cuadrados, pertenece a un directivo bancario. Mientras tanto, según la última información que se conoció, en la vivienda de Chamberí reside un antiguo cargo del PP y amigo de Mariano Rajoy.

El alquiler de El Viso fue motivo de choque en la última sesión en el Congreso de los Diputados. Primero fue Feijóo quien deslizó que igual Sánchez tenía algo sin reflejar en su Declaración de la renta y le preguntó si la había presentado. El presidente del Gobierno respondía de la siguiente manera: “Si quiere, hoy mismo, la presento con usted y la hacemos pública. Así nos enteramos cuánto paga usted y su partido por el alquiler de la vivienda que tiene en El Viso”.

El presidente del PP se mostró ofendido tanto desde su escaño como, posteriormente, en los medios de comunicación, donde criticó que el responsable del Ejecutivo hablara de este tema cuando él “tiene un hijo de nueve años”. La realidad es que el inmueble de El Viso que tiene en alquiler es de sobra conocido porque su existencia ha aparecido en diferentes medios de comunicación.

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La filtración de los datos personales de Zapatero vulnera la jurisprudencia española y europea

02/07/2026Pitirre Noticias

La agenda diaria se está viendo especialmente condicionada por la frenética actividad que se está dando en los juzgados españoles, sobre todo en lo referido a la cantidad de personalidades del mundo político que están debiendo de acudir a las distintas instancias judiciales a prestar declaración, bien sea en calidad de testigos o de investigados. La actualidad relativa a los tribunales ha cobrado enorme peso en los últimos años en España, bien sea por casos de corrupción que han hecho llevarse las manos a la cabeza a muchos por su magnitud, como por la manera en la que determinados magistrados gestionan las causas de las que se encargan. La polémica viene rodeando de manera continuada al ámbito jurídico, donde las actuaciones tanto de los imputados como de algunos jueces están siendo especialmente notorias y dejando numerosos titulares.

La cantidad de casos que se están juzgando de manera simultánea en estos últimos meses puede llevar tanto a sentir una falta de contexto como confundir unas causas con otras. Todas vienen recabando gran atención mediática y, sobre todo, teniendo enorme peso en el discurso político. Esto último es algo que viene siendo enormemente cuestionado, ya que existe una gran controversia en torno al protagonismo que algunos jueces están adquiriendo por sus actuaciones, siendo señalados por parecer que traten de influir en la opinión pública o afectar a determinados partidos, así como habiendo un juego de filtraciones a la prensa que condiciona el transcurso de los procesos judiciales y se tornan elementos arrojadizos.

En lo referido a ello, especial polémica está despertando en los últimos días la filtración de distintos datos personales de José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado en el ‘Caso Plus Ultra’. Los registros policiales recabaron diferentes elementos para investigar las actividades por las que se ponía en duda si el expresidente podría haber cometido algún delito. Así, se incautaron tanto agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros, como se procedió a la clonación de varios dispositivos móviles, como el teléfono de de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas.

La información recabada por los agentes ha sido utilizada en el procedimiento judicial para esclarecer los hechos puestos en duda. No obstante, lejos de quedar únicamente en los tribunales, a la prensa han llegado miles de mensajes privados que intercambió durante los últimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025. Un hecho este que viene despertando gran debate sobre los límites que existen en este tipo de casos, una dicotomía entre el derecho a la información, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.

De esta manera, ante este acontecimiento, vienen dándose distintas conversaciones en las cuales se pone sobre la mesa si se han podido vulnerar los derechos de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso él, tal y como confirmaron fuertes de su entorno a este medio, está estudiando denunciar esta filtración y tratar de conocer de dónde partió, si del juez Calama o de la propia UDEF.

Entre toda esta secuencia de numerosas declaraciones públicas que vienen dándose en relación a este suceso, el secretario de organización del Partido Socialista de León, Javier Cendón, remarcaba que «filtrar y utilizar datos personales o comunicaciones de expresidentes, dirigentes o políticos en activo no es una anécdota: es intimidación política y erosiona el pluralismo democrático». No solo eso, sino que apuntaba a una infracción legal.

La filtración masiva de datos personales y comunicaciones del presidente Zapatero vulnera la Ley Orgánica 7/2021 y la durísima jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre vida privada y protección de datos

El Plural.com ha querido saber si esta apreciación de Javier Cendón podría llegar a anticipar un recorrido en los tribunales y, para ello, ha consultado a Joaquín Urías, quien fuera Letrado del Tribunal Constitucional, para entrar más en detalle y también al magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín.

Según señala el Urías, existen distintos preceptos en el Código Penal que castigan la revelación de varios tipos de secretos. De esta manera, señala que, por ejemplo, uno castiga hechos como revelar un sumario declarado secreto, así como hay otros penas hechos como revelar secretos de la intimidad de las personas y otros actos. «Esto pasa, por ejemplo, con las declaraciones, cuando se filtran los audios y los vídeos de alguien que ha ido a declarar como testigo, con lo cual lo hacen aparecer ante la opinión pública como como si fuera culpable cuando realmente simplemente está como testigo», relata.

Urías define esto como algo especialmente grave y que «atenta contra la Constitución y contra la función que tienen los jueces de garantizar los derechos fundamentales». Tal y como detalla, cuando se interceptan comunicaciones telefónicas o cuando se entra en un dispositivo móvil o en un ordenador se está accediendo a la intimidad de las personas con el permiso del magistrado, pero ese permiso, según recalca, está motivado por una investigación.

Es una vulneración flagrante de la Constitución en la que la garantía judicial ya no sirve para proteger el derecho

«Eso quiere decir que el permiso del juez solo cubre las cosas relacionadas con la investigación. Normalmente cuando son unas escuchas, el juez que está vigilando la instrucción ordena que se destruya antes de que siquiera pueda llegar a nadie, se destruyan todos los datos que pueden afectar a la intimidad de alguien», explica Urías. No obstante, apunta que en España se está dando una situación por la cual «cuando la policía, por orden de un juez, accede a un dispositivo móvil, los agentes cogen todo lo que hay en el dispositivo móvil, incluso cosas íntimas que no tienen absolutamente nada que ver con el caso que se está investigando». En este sentido, afirma que, en ocasiones, algunos jueces, y refiriéndose al caso de Zapatero, «algunos jueces lo envían a las partes».

«El juez ha permitido que acusaciones particulares como Hazte Oír reciban mil páginas de la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, referidas a su vida personal, a cuando iba al peluquero, a las conversaciones, a si compraba flores a su mujer… Esas son conversaciones privadas y es el juez el que ha dado la orden de que se envíen a las partes, aunque no tienen nada que ver», describe.

Son unos hechos que cuentan con unas importantes consecuencias por las cuales Urías entiende que «no nos sirve de nada que después el juez nos diga a ver quién lo ha difundido». De esta manera, remarcar que «nunca tenía que haber llegado a las partes porque se vulnera la intimidad por el mero hecho de que las partes que están personadas, sobre todo en España, que hay acusación popular, puedan tener acceso a esos datos de la vida privada. Entonces eso es realmente lo más grave de las filtraciones».

Por su parte, José Antonio Martín Pallín pone el foco sobre los registros y escuchas previamente a ser autorizados por parte del juez. Tal y como señala, son actuaciones que, según la jurisprudencia presente en la mayoría de los países europeos, han de aplicarse de manera excepcional y cuando no haya otros medios para comprobar determinados hechos, pues según la normativa constituye una importante invasión de la intimidad personal.

Además de ello, también apunta que la filtración de las conversaciones y anotaciones en la agenda de Zapatero podría derivar en la nulidad del caso, ya que explica que este tipo de actuaciones deben de ir acompañadas por una clausura de reserva por parte del juez. Es una clausura que marca que una vez realizados los registros y las escuchas, se ha de destruir todo lo que no esté relacionado con el motivo de la investigación.

Por último, remarca que debe de abrirse una investigación para esclarecer cómo ha llegado a la prensa esta información. Indica que este ha sido uno de los acontecimientos más graves que ha presenciado a lo largo de su trayectoria profesional y que considera que se ha de actuar, ya que parece que podría haberse cometido un delito.

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La sombra de Aznar enfría el puente de Feijóo con Junts

01/07/2026Pitirre Noticias

Los múltiples intentos del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de acercar posturas con Junts para ser capaz de reunir los apoyos suficientes para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa han sido entorpecidos este miércoles por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y su llamamiento a la construcción de una “mayoría nacional” alejada de los posconvergentes y cualquier otra formación independentista. Una posición que contrasta con la exhibida por Feijóo en los últimos días y semanas. De hecho, el dirigente popular llegó a hacer mención en su intervención en la 41 Reunión del Cercle d’Economia del pasado 2 de junio a una “mayoría social, política y parlamentaria” en la que incluía al partido liderado por Carles Puigdemont, que había logrado sacar adelante diversas iniciativas en las Cortes Generales.

El pasado sábado, Feijóo reiteraba desde Barcelona su voluntad de hacer equipo con Junts en su intervención durante el XVI Congreso del PP de Cataluña. En ella afirmaba querer “pasar página” respecto al procés y aseguraba que el partido de Puigdemont “se unió a la mayoría” al pedir una convocatoria de elecciones anticipadas. Asimismo, presionaba a los posconvergentes para pasar de los dichos a los hechos, defendiendo que “apretar el botón que las convoca”, en referencia a una hipotética moción de censura, “estaría mejor y sería bastante más responsable”.

No solo Feijóo ha remado a favor de un acercamiento con Junts dentro del PP. También lo han hecho otros cargos de la dirección del partido. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, reivindicaba que a lo largo de la legislatura habían conseguido “cerrar acuerdos” con los posconvergentes que “han permitido propinarle sonoras derrotas al Gobierno de Sánchez” y remarcaba que son un partido con el que pueden coincidir, “sobre todo en materia socioeconómica”.

Los esfuerzos de la cúpula de Génova por tender puentes con Junts se han encontrado con una piedra en el camino, la de Aznar. El exdirigente popular se ha mostrado dispuesto a alejar al partido que un día lideró de los posconvergentes y ha instado a Feijóo a apartar a Junts de la mayoría que intenta forjar en un desayuno informativo organizado por Foro Nueva Economía Fórum (NEF), en el que ha participado junto a la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. «Esa mayoría será nacional o no será”, ha declarado el expresidente.

Aznar insta a Feijóo a desconfiar de Junts

Aznar ha explicado lo que entiende él por mayoría nacional, la cual consiste en “una amplia mayoría centrada con capacidades de convocatoria a derecha e izquierda en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica”, en la que no cabe Junts. Según el expresidente, Feijóo no debe confiar en los posconvergentes debido a que tanto ellos como el resto de fuerzas que han apoyado al Gobierno de Sánchez pretenden “evitar la alternancia y poder consumar así su saqueo al Estado”.

Además, Aznar ha criticado la propuesta expresada la semana pasada por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, de que Sánchez se aparte para dejar paso a un sustituto que “sí que tenga la capacidad de cumplir con Cataluña y los catalanes”. “Hay quien apoya proposiciones pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, no para convocar elecciones, sino para que el PSOE lo sustituya por otro que cumpla”, ha manifestado el exdirigente, que ha sostenido que cumplir con lo que los socialistas han pactado con los posconvergentes significa, entre otras cuestiones, otorgarles la “plurinacionalidad” y ampliar la amnistía.

Como representante de Génova, Ester Muñoz ha señalado que ve “difícil” que el PP pueda llegar a un acuerdo con Junts, aunque ha opinado que “todo depende de lo que pase el 16 de julio” y ha recordado que han “votado muchas veces juntos”, así como han llegado a acuerdos en cuestiones concretas como la ocupación, los impuestos o la pesca. “Hay líneas rojas, que son el Estado, la Constitución y la Ley. De todo lo que está dentro de ese marco podemos hablar”, ha indicado.

Aznar apela a la prioridad nacional y a la unidad con Vox

En su intervención en el desayuno informativo, Aznar también ha aprovechado para apelar a la prioridad nacional impulsada por Vox que el PP ha aceptado en comunidades autónomas como Extremadura y Castilla y León y que ahora negocia en Andalucía para poder sacar adelante la investidura de Juanma Moreno. En este sentido, ha abogado por la unidad política a pesar de que “no se piense lo mismo” para acabar con el Gobierno de Sánchez y ha opinado que “la convivencia democrática implica un nosotros nacional”.

Justamente, la unidad de los populares con Vox es uno de los asuntos que separan a Junts del PP y complican cualquier acuerdo para sacar adelante una moción de censura o, en caso de que se diese el caso, para hacer posible una investidura de Feijóo. “Si para Junts hay una línea roja, esta se llama Vox”, recalcaba este lunes Nogueras.

De la misma manera, el secretario general de Junts, Jordi Turull, dejaba claro el pasado jueves a Feijóo que si quiere contar con su apoyo, “Vox no puede aparecer de ninguna manera en la ecuación”. Sin embargo, de momento, el PP necesita al partido de Santiago Abascal todavía más que a los posconvergentes, lo que impide formar la mayoría que busca Feijóo y que Aznar ahora rechaza.

Ayuso apoya la postura de Aznar y señala que permitiría librarse de «la amenaza independentista constante»

La postura de Aznar en contra de cualquier acercamiento de Génova a Junts ha sido respaldada por otros nombres importantes del PP, entre los cuales se encuentra Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha sumado este miércoles en un acto en el Club Siglo XXI a la defensa de la mayoría nacional por la que apuesta el expresidente del Gobierno, apuntando que “una mayoría significa ensanchar el electorado de manera que España no tenga que verse presa de dictaduras minoritarias”, en clara referencia a los posconvergentes y los socios del Ejecutivo de Sánchez.

Según Ayuso, las formaciones a las que califica de dictaduras minoritarias “siempre tienen presos a los Gobiernos” y, en línea con las palabras de Aznar, ha subrayado que estas impiden que haya una “alternancia política”. Igualmente, ha destacado que conseguir la amplia mayoría que ha reivindicado Aznar permitiría librarse de “la amenaza independentista constante”. De esta manera, también la presidenta madrileña ha enmendado a Feijóo y su estrategia de acercamiento a Junts.

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Las cifras de la inmigración en España: el peso de casi diez millones de personas en la economía

01/07/2026Pitirre Noticias

Bajo el telón de fondo del anuncio este martes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destinar más de 500 millones de euros para un plan de integración migratorio, cabe hacerse una pregunta obligada: ¿En qué situación se encuentra actualmente la inmigración en España? Sin ir más lejos, cerca de diez millones de personas residentes nacieron en el extranjero, lo que se traduce en el 19% del total.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de abril de este año, la población actual de nuestro país es de 49.687.120 habitantes, siendo las principales nacionalidades inmigrantes la colombiana, marroquí y venezolana, situándose la población residente extranjera en 7.346.414 personas.

Teniendo en cuenta que los últimos datos del INE situaron el crecimiento de la población española en cerca de 50 millones de personas, y que cerca de un 20% de la misma es población migrante, la diversidad de la visión demográfica de nuestro país se hace aún más relevante.

La realidad económica que sustenta la población migrante

Sumado a ello, tal y como defendió el principal mandatario de La Moncloa este martes al dar a conocer este anuncio, sin inmigración en España, el país “perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 32% en 2075”. Asimismo, y frente al “supuesto efecto llamada” del que hace gala Vox, en lo que va de año, puntualizó que la llegada de migrantes en situación irregular a España se redujo “un tercio” con respecto a las mismas fechas en 2025, “y más de un 70% en Canarias”.

Desde el punto de vista empresarial, Sánchez advirtió de que, en términos prácticos, “90.000 bares tendrían que bajar la persiana” o “50.000 aulas de Primaria y Secundaria se quedarían sin alumnos”, también “desaparecerían 220.000 explotaciones agrícolas, una de cada tres”.

Con esta radiografía por delante, el presidente del Gobierno puso en evidencia que el país sin inmigración “es el que quieren algunos”, en clara alusión a la “prioridad nacional” que viene defendiendo la extrema derecha de Vox: “Un país ensimismado, por tanto, vacío. Más pobre, más débil y con menos recursos para financiar el bienestar y la cohesión social y territorial. Además de garantizar su crecimiento económico para poder después ser redistribuido”, explicó.

Este nuevo plan gubernamental estará focalizado para un año destinándose 505 millones de euros para integrar en nuestra sociedad a la población migrante, que se verá acompañada con la creación de una Agencia Estatal de Movilidad Humana que reunirá funciones y recursos para impulsar una gestión “mucho más sencilla, coordinada y eficaz”.

El Plan de Integración y Ciudadanía, dotado inicialmente con más de 500 M€, es la propuesta de España para gestionar las migraciones de una forma ordenada, justa e inteligente.

Un plan para mejorar la vida de quienes llegan a nuestro país, aprovechar las oportunidades que… pic.twitter.com/byQJQwJus5

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 30, 2026

El plan constará de cuatro ejes vertebradores y 16 medidas concretas. El primero de ellos, la conocida como regularización extraordinaria –“con más de un millón de solicitudes presentadas”, celebró Sánchez-, así como la nueva Estrategia de Movilidad Laboral para abrir vías legales, seguras y ordenadas de migración, y una futura Agencia Estatal de Movilidad Humana que mantendrá diferenciados los procedimientos de protección internacional y residencia.

Como segundo punto, con una inversión de 185 millones de euros, las medidas de impulso al acceso al empleo en sectores de alta demanda, una oferta extraordinaria de más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptada al mercado laboral y el refuerzo de la Inspección de Trabajo.

El tercer eje, vertebrado en la convivencia con una dotación de 30 millones de euros a programas que refuercen el aprendizaje de los idiomas cooficiales y el conocimiento de nuestras normas y valores, o un plan para reforzar la prevención de los discursos de odio y dar un mayor apoyo a las víctimas de discriminación. El cuarto y último punto, sobre la ciudadanía efectiva, con más de 260 millones de impulso para reforzar los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades.

Esta batería de medidas englobadas en esta nueva hoja de ruta se gestionará por medio de una Comisión Interministerial presidida por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la cual se revisará año a año, en función del despliegue de las medidas y de los resultados obtenidos.

Sánchez, en su presentación, reivindicó la apuesta de su Gobierno de defender y reforzar una política migratoria “responsable, legal, segura y ordenada”, situando tan sólo dos vías para afrontar los fenómenos migratorios en auge: por un lado, gestionarlo; por el otro, “negar esa realidad” agitando “discursos xenófobos” conjugados con el “miedo”, advirtió sobre la fórmula de las derechas. “Frente al odio, humanidad y empatía”, resolvió.

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La cúpula de Plus Ultra, el juez García-Castellón y una cena para convencer a Abascal: «Si archivan el caso, que no lo recurran»

30/06/2026Pitirre Noticias

El que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, todavía en activo en el momento de los hechos a los que se hace mención, habría ofrecido su mediación en favor de Plus Ultra ante Vox. Así lo ha dado a conocer infoLibre tras acceder a un chat interno de la cúpula directiva de la aerolínea, en el que el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, asegura que el juez aprovecharía una cena privada con el líder de Vox, Santiago Abascal, para trasladarle la posición de la empresa en relación con la causa judicial abierta por el rescate público de 53 millones de euros concedido en 2021.

De acuerdo con esos mensajes que el diario digital saca a la luz, Martínez Sola informó al resto de directivos el 19 de marzo de 2022 de que «el próximo jueves Manuel García-Castellón cena (privada) con Santiago Abascal de Vox» y añadió que el magistrado «se ha ofrecido a hablar de nuestro tema». El presidente de Plus Ultra solicitó entonces que cada uno de los integrantes de la dirección aportara ideas para elaborar un resumen con los argumentos que el juez debía trasladar durante ese encuentro, que tendría lugar el día 24, insistiendo además en que el asunto se manejara con discreción.

En aquel momento, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investigaba el rescate de la aerolínea. En esas diligencias figuraban como acusaciones populares Vox, el PP y Manos Limpias, mientras que entre los denunciados estaban la propia Plus Ultra, varios altos cargos de la SEPI y responsables del Gobierno vinculados a la aprobación de la ayuda pública.

La conversación entre los directivos refleja cuál era la principal preocupación de la compañía. Tal y como señala infoLibre, el responsable financiero, Alejandro Delgado, defendió la importancia de mantener contactos políticos, mientras que el secretario del consejo, Santiago Fernández Lena, planteó que García-Castellón hiciera ver a Abascal que existía «una fábula montada alrededor» del caso. A continuación distinguía entre el plano político y el judicial para concluir cuál era el objetivo prioritario: «La idea es que, si conseguimos archivar el procedimiento, que no lo recurran».

Según el diario digital, los mensajes posteriores apuntan a que aquella cena finalmente sí se celebró. A la mañana siguiente de la fecha prevista para el encuentro, Martínez Sola escribió en el chat: «Después os cuento. Muy bien el tema de Vox». El único directivo que respondió fue Delgado, con dos emoticonos de aprobación.

Sin embargo, el entorno de Santiago Abascal niega que esa reunión llegara a producirse. Fuentes cercanas al líder de Vox aseguraron a infoLibre que ese día permaneció hasta la noche en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y rechazaron tanto la existencia de la cena como cualquier intermediación del magistrado. Sin embargo, no hay constancia pública de que ese CEN tuviera lugar el jueves 24 de marzo de 2022. También negaron que la decisión posterior de Vox de no recurrir el archivo provisional de la causa guardara relación con una supuesta gestión de García-Castellón.

La causa fue archivada provisionalmente en enero de 2023 por la jueza Esperanza Collazos. Finalmente, ni Vox ni el PP recurrieron esa decisión. El artículo publicado en el diario digital también recoge otra supuesta gestión atribuida por los directivos de Plus Ultra al entonces juez, consistente en facilitar contactos con Bankinter para intentar desbloquear 3,7 millones de euros a favor de la compañía. García-Castellón no respondió a las preguntas remitidas por el medio sobre estas informaciones.

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Begoña Gómez pide autorización al juez Peinado para asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres

30/06/2026Pitirre Noticias

Begoña Gómez solicita al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid la devolución temporal de su pasaporte. Así lo pide su abogado, Antonio Camacho, quien expone en un escrito al que ha podido tener acceso este medio que la mujer de Pedro Sánchez ha de formar parte de la delegación española que viaja a la 36º Cumbre de la OTAN en Ankara, a la que ha sido invitada oficialmente en calidad de esposa del presidente del Gobierno.

Camacho indica en el documento presentado que se solicita poder disponer de este documento oficial de identidad y viaje, concretamente, entre los días 7 y 10 de julio. Una expedición breve a Turquía para regresar a España desde Londres, ciudad a la que acudirá para poder asistir a la graduación de su hija.

El abogado de Begoña Gómez señala que la mujer de Pedro Sánchez ha sido invitada a la Cumbre de la OTAN por Emine Erdogan, esposa del Presidente de la Republica de Turquía. Además, Antonio Camacho expone que participará en este viaje acompañada en todo momento por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera «plenamente garantizada su localización» y solicita que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte sea devuelto al juzgado el siguiente día hábil.

La causa contra la mujer de Pedro Sánchez entra ya en la fase previa al juicio oral

La investigación judicial contra Begoña Gómez ha quedado formalmente concluida después de que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, dictara el auto de apertura de juicio oral, poniendo fin a más de dos años de diligencias. Con esta resolución, el magistrado considera que existen indicios suficientes para que la esposa del presidente del Gobierno sea juzgada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida, junto a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

La apertura del juicio oral no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad de los acusados, sino que supone el cierre de la fase de instrucción y el inicio del procedimiento que desembocará en la celebración del juicio. El juez acordó además medidas cautelares para Begoña Gómez, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado, decisiones que han sido recurridas por su defensa.

La Fiscalía ha mantenido durante toda la instrucción su criterio favorable al archivo de la causa por considerar que no existen elementos suficientes para sostener una acusación, mientras que las acusaciones populares defienden que el procedimiento continúe hasta el juicio. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que resuelva los recursos presentados contra la apertura del juicio oral y determine si confirma el criterio del instructor antes de que pueda señalarse la fecha para la vista oral, prevista ante un tribunal del jurado.

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La regularización de inmigrantes entra en su fase decisiva tras superar todos los cálculos

29/06/2026Pitirre Noticias

La regularización extraordinaria de personas migrantes en España llega a su primera gran meta con unas cifras que han superado ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno. El plazo para presentar solicitudes concluye este martes 30 de junio, después de un proceso que comenzó el pasado 16 de abril y que ha permitido a cientos de miles de personas iniciar los trámites para obtener una autorización de residencia y trabajo.

Según los datos conocidos hasta ahora, las peticiones registradas rondan ya los 1,3 millones, una cifra muy superior a las aproximadamente 500.000 personas que el Ejecutivo calculó en un primer momento que podrían acogerse a esta vía extraordinaria. Tal y como recoge ‘El País’, e mediados de junio, el sistema ya acumulaba unas 900.000 solicitudes, de las cuales cerca de 360.000 habían sido admitidas a trámite. Ese primer paso permite a los solicitantes residir y trabajar de manera provisional mientras la Administración resuelve su expediente.

La medida, aprobada mediante real decreto, está dirigida a personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026, que puedan acreditar una permanencia continuada mínima y que no tengan antecedentes penales. También incluye a solicitantes de protección internacional anteriores a esa fecha. El cierre del plazo no supone, por tanto, el final del proceso, sino el inicio de una nueva etapa: la de la revisión, comprobación y resolución individual de cada expediente.

El verdadero reto empieza ahora

La avalancha de solicitudes coloca ahora el foco sobre las oficinas de Extranjería y sobre la capacidad del Estado para gestionar un volumen administrativo de enorme magnitud. El Gobierno dispone de un plazo de tres meses para resolver cada expediente, aunque algunas autorizaciones definitivas ya han comenzado a concederse. La cuestión clave será si la Administración cuenta con medios suficientes para evitar retrasos que puedan dejar en el limbo a miles de personas durante meses.

Las organizaciones sociales que han acompañado este proceso advierten de que el éxito de la regularización no se medirá únicamente por el número de solicitudes presentadas, sino por la agilidad y las garantías con las que se resuelvan. Colectivos de apoyo a la población migrante, entidades humanitarias y plataformas ciudadanas llevan años reclamando una respuesta estable a una realidad que consideran estructural: la existencia de miles de trabajadores y trabajadoras que viven en España, participan en su economía y sostienen sectores esenciales, pero lo hacen sin papeles y, en muchos casos, sin derechos laborales efectivos.

La regularización tiene también una lectura económica evidente. Muchas de las personas que han solicitado acogerse al proceso ya trabajaban en sectores como los cuidados, el empleo doméstico, la hostelería, la agricultura, la construcción o el reparto. La diferencia es que, si sus expedientes son aprobados, podrán hacerlo con contrato, cotizaciones y mayor protección jurídica. Para el Estado, esto puede traducirse en un aumento de ingresos para la Seguridad Social y en una reducción de la economía sumergida.

El volumen de solicitudes revela, además, una realidad incómoda para quienes han negado durante años la dimensión de la irregularidad administrativa en España. Buena parte de estas personas no acaban de llegar: ya vivían aquí, ya trabajaban aquí y ya formaban parte del tejido social del país. La regularización no crea esa realidad, sino que la reconoce. Y al reconocerla, abre la puerta a que miles de familias salgan de la precariedad y puedan construir un proyecto vital con mayor estabilidad.

La medida también ha generado críticas desde la derecha y la extrema derecha, que han insistido en el supuesto “efecto llamada”. Sin embargo, el diseño del procedimiento limita el acceso a quienes ya estaban en España antes de una fecha concreta, precisamente para evitar que se convierta en una vía abierta e indefinida. Frente a ese discurso, las entidades sociales defienden que regularizar no significa premiar la irregularidad, sino ordenar una situación que ya existe y que, sin respuesta administrativa, alimenta abusos laborales, exclusión social y vulnerabilidad.

A partir de ahora, la atención se centrará en la tramitación. La Administración deberá comprobar documentación, acreditar permanencias, revisar antecedentes, requerir posibles subsanaciones y dictar resoluciones. No todas las solicitudes serán aprobadas, pero el volumen registrado confirma que la demanda era muy superior a la prevista.

España encara así una de las mayores operaciones de regularización de su historia reciente. Para el Gobierno, el desafío será demostrar que puede gestionar con eficacia una medida de gran impacto social. Para más de un millón de solicitantes, el resultado será mucho más que un trámite: puede marcar la diferencia entre seguir atrapados en la economía informal o acceder, por fin, a una vida con derechos reconocidos, empleo regular y plena integración en la sociedad española.

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Grave giro procesal para Gonzalo Durán (PP): investigan una presunta apropiación indebida continuada en el tiempo

28/06/2026Pitirre Noticias

El porvenir judicial del alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), afronta un severo punto de inflexión que sitúa el caso más allá de una estricta disputa civil por un legado familiar. Según ha podido comprobar este medio, el foco de la investigación se centra de manera prioritaria, en determinar si la operativa ejecutada por parte del regidor sobre el patrimonio común constituye un delito continuado de apropiación indebida.

Esta calificación penal, que maneja con fuerza la acusación y que sobrevuela los primeros pasos de la fiscalización del Administrador Judicial, tiene un objetivo estratégico claro: romper la barrera de la prescripción ordinaria de los 5 años. Al tratarse de una supuesta conducta prolongada y sistemática en el tiempo, el plazo de caducidad no empezaría a contar desde las primeras operaciones, sino desde el último acto delictivo.

Esto abre la puerta inevitable a un escenario que aterroriza al entorno del alcalde: la auditoría obligatoria de los últimos 10 años de movimientos bancarios de la cuenta de su madre, María Dolores Hermida. Un rastreo minucioso que busca aflorar un goteo constante de desvíos económicos y que sitúa al «Caudillo» de Vilanova ante la amenaza real de una pena que podría alcanzar hasta los diez años de prisión.

El «modus operandi» digital: la trampa de la banca electrónica

La investigación ha destapado un modus operandi ejecutado con una frialdad matemática. María Dolores Hermida, cuya salud se había deteriorado en sus últimos años de vida, pertenecía a una generación ajena a las tecnologías; era una mujer de acudir a la sucursal bancaria a gestionar sus asuntos cara a cara. Aprovechando esta vulnerabilidad y la confianza depositada en su hijo pequeño, Gonzalo Durán —que actuaba muchas veces en connivencia con su hija mayor, Julia— tomó las riendas de la cuenta de facto y de forma opaca mediante la banca electrónica. Desde un teléfono móvil o un ordenador el alcalde operaba a su libre albedrío.

La cuenta bancaria en cuestión era el pulmón financiero del patrimonio familiar, donde se ingresaban religiosamente los alquileres de los catorce pisos y tres locales comerciales que poseen en Santiago de Compostela. El patrón contable bajo lupa es demoledor: el mismo día que entraban las rentas de los inquilinos, el dinero se esfumaba de inmediato mediante transferencias a favor del propio alcalde o de alguien de su entorno, de su círculo más íntimo.

Para rizar el rizo, Gonzalo Durán camuflaba presuntamente el saqueo de las cuentas de su madre bajo el concepto de «nómina». Una maniobra doblemente grave y rocambolesca, considerando que Durán es un servidor público con dedicación exclusiva y sueldo oficial del Ayuntamiento, lo que hace radicalmente incompatible cualquier otra percepción salarial regular.

Un agujero de 270.000 euros para el hermano

Mientras las cuentas de la anciana eran sistemáticamente esquiladas, el patrimonio común se hundía en la quiebra. Al dejar la cuenta permanentemente sin fondos, el banco rechazaba los recibos de las tres comunidades de vecinos de Santiago, las tasas de basura y el Imp. sobre Bienes Inmuebles (IBI). A fecha de hoy, la deuda acumulada no ha dejado de aumentar y supera ya los 270.000 euros.

Este boquete financiero ha caído a plomo sobre el hermano del alcalde, José Juan Durán, copropietario al 50% del legado familiar pero completamente excluido de la gestión.

J.J. Durán descubrió la trama tras recibir un embargo ejecutivo directo de 10.000 euros en su propio patrimonio personal. Ahora se encuentra contra las cuerdas, respondiendo ante Hacienda y los acreedores por las deudas masivas originadas por el alcalde.

La respuesta de Gonzalo Durán ante las peticiones judiciales no ha sido la colaboración, sino la insumisión. El regidor directamente pasa de la justicia: no contesta a los llamamientos oficiales de la jueza, esquiva con absoluta soberbia las notificaciones de embargo y actúa como si las leyes que aplica a sus vecinos no fuesen con él. Mientras tanto, el Administrador Judicial externo nombrado por el juzgado actúa ya como un auténtico forense contable, recopilando las pruebas que servirán de pasarela directa hacia la Fiscalía de Área.

¿Casualidad o causalidad?: el imperio de un millón de euros del círculo íntimo

La gran pregunta que la opinión pública y los tribunales se formulan es inevitable: ¿A dónde fue a parar el dinero que se detraía de la cuenta de la madre? Al cruzar las fechas del vaciado bancario con los registros de la propiedad, emerge una coincidencia cronológica demoledora. Los fondos desviados bajo el concepto de «nómina» parecen haber funcionado como la gasolina financiera para que el círculo ultra íntimo del alcalde levantara un opaco imperio inmobiliario y automovilístico que supera holgadamente el millón de euros.

Covadonga (la mujer del alcalde): Pasó de ser una maestra de instituto con un sueldo de 1.800 euros al mes a irrumpir por la puerta grande en el sector inmobiliario. En febrero de 2024 adquirió un piso de 70 metros cuadrados en Vilagarcía destinado a vivienda turística. En enero de 2025 constituyó una sociedad exprés administrada por José Manuel Aspérez, un edil tránsfuga de Meaño a quien el PP premió con la concejalía de Turismo tras apoyar la moción de censura en la Mancomunidad do Salnés (el Tamayazo gallego).

A los pocos días, la sociedad, con apenas 5.000 euros de capital, compró un edificio entero en el centro de Vilanova por 200.000 euros, cuyas costosas obras de reforma las ejecuta, en un flagrante quid pro quo, la empresa eléctrica que recibe las mayores adjudicaciones de contratos públicos del propio Ayuntamiento de Durán.

Rosalía (la hija menor): Al frente de una sociedad domiciliada en la propia vivienda del alcalde, optó a la franquicia de un conocido supermercado en Rianxo por un desembolso cercano a los 400.000 euros. Todo ello, a pesar de contar con una vida laboral raquítica y con amplios espacios en blanco, combinada con un ritmo de vida propio de quien da la vuelta al mundo de forma constante en viajes de lujo expuestos en sus redes sociales.

Además, apenas tres meses después de fallecer su madre, Rosalía adquirió a su nombre otro inmueble residencial en el casco urbano de Vilanova (planta baja y dos alturas). Una maniobra registral que la calle atribuye al alcalde, quien evita tener bienes a su nombre para esquivar la transparencia pública.

Julia (la hija mayor): Señalada como la mente fría del clan y administradora de hecho junto a su padre, compró dos viviendas en Santiago de Compostela en 2019 a las que da una utilidad turística. En un grupo de Facebook, Julia Durán compartió alegremente varias fotografías de la fachada de un inmueble situado a las afueras de Santiago de Compostela. En dicho foro, detallaba con entusiasmo cómo avanzaba la ambiciosa rehabilitación de la vivienda, presumía del rediseño de los espacios e incluso se animaba a pedir consejos decorativos a sus nuevos vecinos. Lo que pretendía ser una inocente consulta vecinal se convirtió en la pista de oro que destapó una nueva e inesperada adquisición inmobiliaria de la primogénita del regidor.

En el año 2023, en un grupo de Facebook, Julia Durán compartió alegremente varias fotografías de la fachada de un inmueble situado a las afueras de Santiago de Compostela. En dicho foro, detallaba con entusiasmo cómo avanzaba la ambiciosa rehabilitación de la vivienda, e incluso se animaba a pedir consejos decorativos a sus nuevos vecinos. Lo que pretendía ser una inocente consulta vecinal se convirtió en la pista de oro que destapó una nueva e inesperada adquisición inmobiliaria de la primogénita del regidor.

Un patrimonio, el del clan del alcalde y su entorno íntimo, que no deja de crecer, y a las que se suman otras dos viviendas vacacionales en la cotizada Playa de As Sinas, en Vilanova.

A este parqué del ladrillo se le une una flota automovilística de escándalo con más de una docena de coches: un Mercedes descapotable AMG con motor de 5.000 cm³ valorado en 200.000 euros, un todoterreno AMG plateado de 150.000 euros y un histórico Rolls-Royce conocido en el pueblo como «el Rolls del alcalde».

Las matemáticas de Vilanova no cuadran. Un alcalde que cobra 59.241,57 euros públicos anuales y una maestra de escuela no pueden justificar un patrimonio millonario mientras dejan morir de deudas el legado familiar. La «patata caliente» quema en las manos de Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo; sostener por más tiempo al regidor ya no es proteger a un activo político, es apadrinar un escándalo de dimensiones penales impredecibles.

El impacto penal y político de una década bajo sospecha

En definitiva, este caso ya no es una simple pelea familiar por una herencia; ahora es una investigación que podría tornarse en breve en una investigación penal en toda regla por una presunta apropiación indebida continuada.

Al situar el foco de la investigación en una operativa sistemática a lo largo de una década, los tribunales no solo abren la caja de Pandora de los movimientos bancarios históricos, sino que sitúan al regidor de Vilanova ante un abismo de consecuencias institucionales y personales sin precedentes en su dilatada carrera.

En el plano estrictamente penal, el riesgo que afronta Gonzalo Durán excede con creces cualquier sanción administrativa o restitución civil. De consolidarse la tesis de la continuidad delictiva, la acumulación de tipos penales —donde la apropiación indebida concurre de forma agravada por el volumen del perjuicio económico y la especial vulnerabilidad de la víctima— sitúa el horizonte de la pena en el umbral de los diez años de privación de libertad, una franja reservada para los delitos patrimoniales de mayor gravedad.

Sin embargo, el impacto más inmediato se juega en el tablero político. Para un regidor que ha hecho del control municipal su principal bastión durante más de treinta años, el mero hecho de que la vía penal formalice una investigación por el vaciado sistemático de las cuentas de su propia madre introduce una presión insoportable sobre las siglas del PPdeG.

Alfonso Rueda y la dirección autonómica se asoman a un dilema ético y de imagen pública letal: el listón de la ejemplaridad institucional se vuelve incompatible con el amparo a un alcalde cuyo entorno más íntimo exhibe un imperio de un millón de euros mientras los requerimientos de los juzgados y los avisos de embargo son despachados con el silencio.

El avance de la investigación sobre estos diez años de gestión dictará el final político de Gonzalo Durán y aclarará, de una vez por todas, si usó el patrimonio de su familia con su propio cajero automático.

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Venezuela, Lorca y la lección que dejan los terremotos: los mapas que casi nadie mira hasta que la tierra tiembla

27/06/2026Pitirre Noticias

Los dos terremotos que han sacudido Venezuela en apenas 40 segundos han vuelto a evidenciar una de las grandes paradojas de la sismología. La ciencia sigue siendo incapaz de anticipar cuándo se producirá un gran seísmo, pero sí dispone desde hace décadas de herramientas para identificar qué zonas presentan un mayor riesgo y cuál podría ser la intensidad de las sacudidas. Esa información queda reflejada en los denominados mapas de peligrosidad sísmica, documentos técnicos que sirven de base para diseñar edificios, planificar infraestructuras o elaborar normas urbanísticas con el objetivo de reducir el número de víctimas cuando la tierra tiembla.

El doble terremoto registrado en Venezuela ha vuelto a situar el foco sobre una herramienta poco conocida fuera del ámbito científico, pero presente en la planificación territorial de numerosos países. Lejos de ser simples mapas geológicos, estos documentos condicionan desde la resistencia que debe tener un hospital hasta las exigencias estructurales de una vivienda o la ubicación de determinadas infraestructuras estratégicas. Su utilidad, sin embargo, depende de que la información científica termine trasladándose a la normativa y a las políticas públicas.

No dicen cuándo ocurrirá un terremoto, pero sí dónde puede ser más devastador

Una de las ideas más extendidas tras cada gran seísmo es que, si los científicos conocen las fallas activas de una región, deberían ser capaces de anticipar el siguiente terremoto. Sin embargo, la comunidad científica insiste desde hace años en que no existe ningún método capaz de predecir con precisión el momento, el lugar exacto y la magnitud de un terremoto. Lo que sí puede hacerse es calcular la probabilidad de que determinadas zonas registren movimientos sísmicos de una determinada intensidad durante periodos prolongados de tiempo.

Para elaborar esos mapas, los investigadores combinan información sobre el movimiento de las placas tectónicas, la localización de las fallas activas, los registros históricos de terremotos, estudios geológicos y modelos matemáticos que permiten estimar cómo se propagará la energía sísmica en cada territorio. El resultado no es una predicción, sino una estimación del peligro sísmico que sirve como referencia para las administraciones.

El caso de Venezuela ilustra bien esa diferencia. Su ubicación sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana hace que el riesgo sísmico de buena parte del país sea conocido desde hace décadas. Los especialistas sabían que esa región podía registrar terremotos importantes, pero no era posible anticipar que dos seísmos de gran magnitud se producirían con apenas 40 segundos de diferencia.

Las placas tectónicas del planeta. Venezuela se sitúa sobre el límite entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, una de las zonas con mayor actividad sísmica del norte de Sudamérica. Wikimedia Commons.

Por qué los terremotos no matan tanto como los edificios

La verdadera utilidad de estos documentos comienza cuando abandonan el ámbito científico y se convierten en una herramienta para arquitectos, ingenieros y administraciones públicas. Los mapas de peligrosidad sísmica sirven para establecer códigos de construcción, definir los requisitos estructurales que deben cumplir los edificios o determinar qué infraestructuras necesitan mayores medidas de protección.

En la práctica, un mismo edificio no tiene por qué construirse igual en todos los lugares. Las exigencias técnicas cambian en función del riesgo sísmico de cada zona, lo que explica que países con una elevada actividad tectónica, como Japón, Chile o Nueva Zelanda, hayan desarrollado algunas de las normativas de construcción más estrictas del mundo.

Infografía con los terremotos superiores a magnitud 7 registrados en todo el mundo desde el año 2000. Europa Press.

Los expertos recuerdan desde hace años que la magnitud de un terremoto no explica por sí sola el número de víctimas. La calidad de las construcciones, la antigüedad del parque inmobiliario, el cumplimiento de las normas técnicas o incluso el tipo de suelo sobre el que se levantan los edificios pueden marcar diferencias sustanciales entre dos terremotos de características similares.

No es casual que uno de los mensajes más repetidos entre ingenieros y sismólogos sea que los terremotos no suelen matar por sí mismos, sino por el colapso de las construcciones. Esa afirmación, aunque simplificada, resume el motivo por el que la prevención sigue siendo el principal instrumento para reducir el impacto de estos fenómenos naturales.

Lorca, el aviso que recordó a España que también tiembla

Aunque la actividad sísmica en España es menor que la de otros países situados sobre grandes límites de placas tectónicas, el territorio español también cuenta con zonas donde el riesgo es significativamente más elevado. El Instituto Geográfico Nacional elabora desde hace años la cartografía oficial de peligrosidad sísmica, utilizada como referencia para la normativa que regula el diseño de nuevas edificaciones.

Terremotos registrados en la Península Ibérica. La distribución de los epicentros refleja que el sureste español concentra buena parte de la actividad sísmica histórica. Instituto Geográfico Nacional.

Ese mapa muestra que el riesgo no es uniforme. El sureste peninsular, con provincias como Granada, Murcia, Almería o Alicante, concentra algunos de los niveles de peligrosidad más elevados, mientras que otras zonas presentan una actividad sísmica considerablemente inferior. También los Pirineos y Canarias cuentan con características geológicas que obligan a un seguimiento específico.

La existencia de esta cartografía hace que las exigencias estructurales aplicadas a un edificio no sean las mismas en todo el país. Hospitales, colegios, puentes o infraestructuras críticas deben diseñarse teniendo en cuenta el comportamiento esperado del terreno, una planificación que busca minimizar daños en caso de que se produzca un terremoto.

El caso de Lorca sigue siendo la referencia más reciente en España para entender por qué un terremoto moderado puede causar daños graves si se combina con poca profundidad, cercanía al núcleo urbano y vulnerabilidad de los edificios. El 11 de mayo de 2011, la ciudad murciana sufrió un seísmo de magnitud 5,1, precedido por otro de magnitud 4,5 menos de dos horas antes. El balance fue de nueve muertos, 324 heridos y cuantiosos daños materiales, según los datos recogidos entonces por los servicios de emergencia y los informes técnicos posteriores.

La magnitud no fue extrema en términos globales, pero el impacto fue elevado porque el terremoto tuvo un foco muy superficial y se produjo muy cerca de la ciudad. El episodio afectó a viviendas, edificios públicos, infraestructuras y patrimonio histórico. El casco histórico de Lorca sufrió daños importantes y decenas de inmuebles tuvieron que ser demolidos o reparados, lo que convirtió la reconstrucción en un proceso largo y costoso.

Lorca dejó una lección que encaja con el debate abierto tras Venezuela: el riesgo sísmico no depende solo de la magnitud del terremoto. También influyen la profundidad del seísmo, el tipo de suelo, la proximidad al epicentro, el estado del parque inmobiliario y el grado de aplicación de la normativa constructiva. Por eso los mapas de peligrosidad sísmica no son documentos abstractos: sirven para decidir cómo deben levantarse los edificios, qué infraestructuras deben reforzarse y qué zonas necesitan una planificación más exigente.

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Eduardo López Albizu, el padre de Patxi López que luchó contra ETA, el franquismo y las insidias de Feijóo

26/06/2026Pitirre Noticias

Alberto Núñez Feijóo traspasó todos los límites este miércoles en el Congreso de los Diputados, refiriéndose así a Eduardo López Albizu, padre del portavoz socialista en la Cámara Baja: «Señor Patxi López, si se levanta su padre y ve lo que ha hecho usted, le aseguro que no se lo perdonaría jamás».

El líder del PP soltó esa frase y, tras acabar esa intervención en la comparecencia de Pedro Sánchez, se fue del hemiciclo para evitar escuchar la defensa de López a su padre, Lalo, sindicalista y dirigente del socialismo vasco que resistió a la represión del franquismo durante los últimos años de la dictadura, y fue clave en la lucha contra ETA durante los ‘años del plomo’ en Euskadi.

«Lamento que no esté el señor Feijóo porque me gustaría decírselo a la cara», dijo dirigiéndose al escaño vacío del líder de la oposición. «Para que yo le acepte que hable de mi padre, tendría que nacer tres veces. Una por las veces que le dieron de hostias en las comisarías de este país, otra por las veces que estuvo encarcelado y otra por el destierro que tuvo que soportar por defender la libertad«.

El portavoz del PSOE recordó también de qué bancada venían las insidias. «El fundador de su partido, del que Feijóo dice siempre que es su heredero orgulloso«, dijo en referencia a Manuel Fraga, «formaba parte del Gobierno de la dictadura que le torturó, que le encarceló, que le desterró, y que fusilaba a la gente en este país». Con los socialistas y el Gobierno en pie aplaudiéndole, López concluyó su respuesta al ausente líder del PP: «Tápese un poco y deje de ser tan ruin«.

¿Quién fue Lalo?

Además de la tan desdeñable práctica de mentar a la familia de un adversario político, Feijóo trató de usar como arma política y de hablar en el nombre del ya fallecido Lalo, uno de los referentes que luchó contra el régimen del que comían los que fundaron el partido que hoy preside. Militante comprometido y sindicalista desde bien joven, Eduardo López Albizu fue una pieza clave de la reconstrucción del socialismo vasco en los últimos años del franquismo, y desarrolló buena parte de su oposición al régimen en la clandestinidad.

López sufrió las consecuencias de resistirse a aceptar la represión de una dictadura, como recordó su hijo este miércoles, casi 34 años después de su muerte. Lalo era diana porque formaba parte de la ejecutiva de UGT, así como del PSOE, ambas formaciones, sindical y política, que articulaban la resistencia en secreto y desde el exilio. En esos años, fue detenido en varias ocasiones, y torturado durante los interrogatorios de aquellos que querían aplastar la oposición al franquismo.

Una de las más significativas fue en 1967, durante la histórica Huelga de Bandas. En este hito del movimiento obrero durante la dictadura, en la que 25.000 trabajadores del metal vizcaíno secundaron la lucha por sus derechos laborales durante más de cinco meses, Lalo fue arrestado junto a los líderes sindicales Nicolás Redondo y Ramón Rubial. Los tres sufrieron maltrato cuando fueron encarcelados, primero en Larrinaga, en Vizcaya, para después ser desterrados a una prisión en Almería.

Del socialismo clandestino a los ‘años del plomo’

Nada de esto le impidió resistir hasta que llegó la tan ansiada democracia. Tras la muerte de Franco, Lalo fue uno de los hombres que reconstruyó el Partido Socialista de Euskadi, del que fue líder en Vizcaya. Su experiencia en los años de persecución le llevó a participar en procesos de la formación a nivel nacional, como el Congreso de Suresnes que dio el liderazgo definitivo a Felipe González y propició el Gobierno más largo de la democracia; o la Ejecutiva Federal del partido. López llegó a ser diputado en las Cortes Generales por Vizcaya, tras las elecciones generales de 1977. Para quienes compartieron con él aquellos años, Lalo representaba el puente entre el socialismo que había resistido a la dictadura y el que comenzaba a abrirse paso en las instituciones democráticas.

Pero la llegada de la democracia no significó el fin de las amenazas. Lalo fue dirigente político vasco durante los ‘años del plomo’ los peores del terrorismo de ETA en Euskadi. En la Transición, la banda intensificó su campaña contra representantes políticos, fuerzas de seguridad y numerosos cargos públicos, entre ellos dirigentes socialistas. López continuó defendiendo sus ideas en ese contexto, formando parte de una generación de políticos vascos que desarrolló su actividad bajo la presión constante de la banda terrorista.

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Así es el dispositivo de ayuda que España envía a Venezuela: militares de la UME, unidades caninas, agentes de ayuda humanitaria…

26/06/2026Pitirre Noticias

Ante la devastación provocada por los terremotos registrados en Venezuela, el Gobierno de España ha activado un dispositivo de ayuda humanitaria y de emergencia, coordinado entre los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, con el objetivo de apoyar las labores de rescate y evaluar las necesidades sobre el terreno en las primeras horas posteriores al desastre.

La respuesta española incluye el envío de un contingente especializado de la Unidad Militar de Emergencias (UME), considerado uno de los cuerpos de referencia en intervenciones internacionales tras grandes catástrofes. En concreto, Defensa ha movilizado a 57 efectivos del Segundo Batallón de la UME, con base en Morón de la Frontera, una unidad especializada en operaciones de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y con experiencia en despliegues recientes tras los terremotos de Turquía y Marruecos.

El operativo se completa con dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, fundamentales para la localización de personas atrapadas entre los escombros. Estos equipos USAR (Urban Search and Rescue) combinan el trabajo de perros de búsqueda especialmente adiestrados con tecnología específica para rescates, como cámaras de inspección y geófonos, dispositivos capaces de detectar sonidos y movimientos bajo estructuras derrumbadas.

Todo el contingente viaja a bordo de un avión del Ejército del Aire y del Espacio, que despega desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. No obstante, las autoridades españolas estudian la mejor ruta para acceder al país debido al cierre del principal aeropuerto de Caracas como consecuencia del terremoto.

Junto al despliegue militar viaja también un equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), cuya misión inicial será realizar una evaluación sobre el terreno para identificar las necesidades humanitarias más urgentes. La agencia ha puesto a disposición de Venezuela todas sus capacidades de respuesta, incluyendo el envío de material de emergencia, financiación para operaciones humanitarias y la posible activación del hospital de campaña START, preparado para intervenir en crisis internacionales.

En el avión se transportan además suministros de primera necesidad, entre ellos mantas, esterillas y pastillas potabilizadoras de agua, destinados a atender a la población afectada durante las primeras fases de la emergencia. La AECID también mantiene preparada ayuda adicional compuesta por material sanitario y alimentos para su envío en función de las necesidades que detecten los equipos desplazados.

El despliegue ha sido coordinado directamente por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien ha mantenido varias conversaciones telefónicas con su homólogo venezolano, Yván Gil, para concretar la asistencia española y adaptar el dispositivo a la evolución de la situación. Paralelamente, la Embajada de España y el Consulado en Venezuela permanecen operativos para prestar atención a los ciudadanos españoles residentes en el país y colaborar en las tareas de coordinación humanitaria.

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Del artículo 112 de la Constitución al Congreso: qué es una cuestión de confianza, cómo se aplica y qué implica

26/06/2026Pitirre Noticias

Moción de censura y elecciones anticipadas. Estas han sido las dos principales exigencias de la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez en las últimas semanas debido a las causas judiciales abiertas y su consiguiente repercusión en el tablero político. Sin embargo, ahora empieza a hablarse de una nueva iniciativa: la cuestión de confianza. El Partido Popular, con el apoyo de Vox y Junts, ha impulsado esta medida en el Congreso de los Diputados este jueves, con la que se insta al jefe del Ejecutivo a que se someta a una valoración de las fuerzas parlamentarias sobre su continuidad en La Moncloa.

Pese a que Sánchez ha reiterado en multitud de ocasiones en el último mes que su intención es agotar la legislatura en 2027, descartando un adelanto electoral antes de que la cita se produzca en los tiempos naturales que marca el calendario, las principales formaciones de la oposición vienen maniobrando para presionar al principal jefe de Moncloa a claudicar su mandato cuanto antes.

Claves de una cuestión de confianza

Ahora, con la cuestión de confianza sobre la mesa en clave parlamentaria, cabe hacerse una pregunta primordial: ¿En qué consiste, cómo se aplica y qué implica? Esta herramienta está recogida en el artículo 112 de la Constitución española y en los artículos 173 y 174 el Reglamento del Congreso. En el caso de la Carta Magna, reza así:

“El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados”.

Esta herramienta constitucional, de corte más laxo que una moción de censura, ha de ser iniciativa del propio presidente del Gobierno y debe aprobarse en deliberación del Consejo de Ministros, por ello, la moción del PP es de petición, no de presentación de la iniciativa al no entrar en sus competencias. Al respecto, se han de tener en cuenta los dos artículos de la Cámara Baja mencionados:

“Artículo 173

El Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.

Artículo 174

1. La cuestión de confianza se presentará en escrito motivado ante la Mesa del Congreso, acompañada de la correspondiente certificación del Consejo de Ministros.

2. Admitido el escrito a trámite por la Mesa, la Presidencia dará cuenta del mismo a la Junta de Portavoces y convocará al Pleno.

3. El debate se desarrollará con sujeción a las mismas normas establecidas para el de investidura, correspondiendo al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los miembros del mismo, las intervenciones allí establecidas para el candidato.

4. Finalizado el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación a la hora que, previamente, haya sido anunciada por la Presidencia. La cuestión de confianza no podrá ser votada hasta que transcurran veinticuatro horas desde su presentación.

5. La confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los Diputados.

6. Cualquiera que sea el resultado de la votación, el Presidente del Congreso lo comunicará al Rey y al Presidente del Gobierno”.

En este caso, el procedimiento se iniciaría con el escrito del jefe del Ejecutivo central presentado ante la Mesa del Congreso después de haber sido convalidado en el Consejo de Ministros. Posteriormente, se trasladaría a la Junta de Portavoces y, tras obtener luz verde, se convocaría un Pleno extraordinario para su debate y posterior votación de las fuerzas parlamentarias 24 horas después de su presentación a la Cámara Baja, de la que se deberá obtener mayoría simple para que salga adelante.

Escenario actual para una cuestión de confianza

Cabe recordar que allá por 2018 Sánchez maniobró con estas herramientas sobre el Gobierno popular de Mariano Rajoy, legislatura que culminó con una moción de censura que resultó exitosa.

Ahora, con estas cartas sobre la mesa, con motivo de las causas judiciales abiertas que rodean al entorno del Gobierno y PSOE, como el ‘caso Plus Ultra’ o ‘caso Leire’, así como la reciente condena del Tribunal Supremo al exministro José Luis Ábalos, han sido motivo para que el PP y otras fuerzas parlamentarias valoren medidas de presión.

El Pleno del Congreso, con los votos a favor de Vox y Junts a la moción del PP de Alberto Núñez Feijóo, ha aprobado este jueves que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, instándole a que considere “la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica de la presente iniciativa”.

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Venezuela eleva a 188 el número de fallecidos por los terremotos y más de 1500 los heridos

25/06/2026Pitirre Noticias

Según la información actualizada que maneja el Gobierno de Rodríguez, son al menos 188 las personas fallecidas por los seísmos de más de 7 grados de magnitud y otras 1520 heridas, mientras otro relevante volumen de personas aún continúa en paradero desconocido. Los fuertes terremotos se han visto secundados por 30 réplicas y han dejado una importante cantidad de edificios colapsados en la zona de La Guaira, ya considerada como “zona de desastre”.

La presidente interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, unos 176 millones de euros, con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional. Según ha dicho esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

A su vez, ha anunciado una partida para la “atención inmediata” de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto “a decenas de familias” venezolanas.

La gravedad de los seísmos ha agravado una situación humanitaria al límite, puesto que, en estimación de la ONU, habría en Venezuela 7,9 millones de personas en necesidad en este año, mientras que organizaciones nacionales elevan la cifra hasta los 12,4 millones de personas, teniendo en cuenta que el país caribeño cuenta con una población de 28,5 millones de habitantes.

Al menos 68 españoles entre los desaparecidos

Los dos terremotos que han sacudido esta madrugada al corazón de Venezuela han dejado al menos 188 víctimas mortales. Entre el volumen de personas desaparecidas, según ha confirmado este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, hay 68 españoles en paradero desconocido.

“En estos momentos, 68 españoles no han sido todavía localizados”, ha precisado el titular de Exteriores español en un mensaje de audio desde República Dominicana, donde ha realizado escala el avión en el que acompaña al rey Felipe VI a México con motivo de la celebración del Mundial, y desde donde ha mantenido conversaciones telefónicas con el canciller venezolano, Yvan Gil.

Bajo este marco, Albares ha realizado un llamamiento “a todos los españoles que se encuentren en Venezuela y que no hayan entrado en contacto con la Embajada y el Consulado» a que lo hagan por medio de teléfonos de emergencia consular y que se mantengan pendientes de comunicados oficiales a través de redes sociales y fuentes verídicas. Una petición que también se ha dirigido a españoles que “se encuentren de tránsito por trabajo o turismo” para que “sigan esas redes donde iremos haciendo y actualizando los anuncios pertinentes según vaya evolucionando la situación”.

El ministro también ha precisado que el Consulado español “ha sufrido daños de una cierta envergadura”, pero no ha sido el caso de la Embajada, pero ambos están “plenamente operativos” y al servicio de los españoles. Sin quedarse en este punto, ha agregado que “la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores también está haciendo un seguimiento constante”: “Estamos centrados en establecer un listado, un censo de la situación en la que se encuentra la colonia”, ha enfatizado.

Las cifras del Ministerio apuntan a que unos 200.000 españoles residen en Venezuela, aunque aún no hay confirmación oficial de ningún nacional fallecido por la catástrofe natural que ha sacudido el país caribeño.

Sánchez conversa con Delcy Rodríguez

A estos avances de conversaciones con las autoridades venezolanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a través de redes sociales que ha mantenido una conversación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras los terremotos en el país caribeño. “He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias. España está preparada para ayudar”, ha enfatizado.

De hecho, de camino a Caracas ya viaja un avión con dos equipos de búsqueda y rescate urbano de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de ERICAM, además de personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) “para evaluar las necesidades sobre el terreno”.

Sánchez ha precisado en el mismo mensaje que el Gobierno “está trabajando para prestar toda la asistencia posible a la colonia española de Venezuela”. Previamente, a primera hora de este jueves, el jefe del Ejecutivo central ya mostró su apoyo al pueblo venezolano y, especialmente, a las víctimas.

Acabo de hablar con @delcyrodriguezv tras los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela. He trasladado la solidaridad de España con el pueblo venezolano y nuestro afecto a las víctimas y sus familias.

España está preparada para ayudar. Hoy mismo parte un avión con dos…

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 25, 2026

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Trump asegura que España es un «auténtico desastre» y dice estar «decepcionado» con varios países de la OTAN

25/06/2026Pitirre Noticias

Donald Trump volvió a exhibir este miércoles su creciente distancia con varios de los principales aliados europeos de Estados Unidos. En una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente estadounidense expresó su malestar por la falta de respaldo recibido por parte de numerosos socios de la Alianza Atlántica y aprovechó para lanzar duras críticas contra España, a la que calificó como “un auténtico desastre”.

El mandatario republicano situó el origen de su decepción en la ausencia de apoyo político europeo a la ofensiva militar lanzada por Washington contra Irán. Aunque insistió en que Estados Unidos no necesitó ayuda para desarrollar la operación, reprochó a varios gobiernos europeos que ni siquiera mostraran públicamente su disposición a colaborar.

“Nos decepcionaron”, aseguró Trump. “No necesitábamos ayuda alguna, los arrasamos literalmente en la primera semana. Pero habría estado bien que nos hubieran dicho: ‘Nos gustaría ayudar’”. El presidente estadounidense citó expresamente a Italia, Reino Unido, Alemania y Francia entre los países que, a su juicio, no estuvieron a la altura de las circunstancias.

En ese contexto, reservó algunas de sus palabras más duras para España. “España es un auténtico desastre. España es terrible, incluso desde vuestro punto de vista. No quieren pagar nada, creen que pueden ir a la suya”, afirmó ante los medios, mientras Rutte permanecía en silencio y evitaba responder a las descalificaciones dirigidas contra uno de los miembros de la organización que dirige.

La escena volvió a poner de manifiesto la sintonía entre el secretario general de la OTAN y la Casa Blanca. Lejos de cuestionar el tono o el contenido de las declaraciones de Trump, Rutte se mostró comprensivo con parte de sus reproches hacia los aliados europeos y llegó a reconocer que existían “motivos” para la decepción expresada por el presidente estadounidense.

Aun así, trató de matizar algunas de sus acusaciones, recordando que los países europeos han cumplido los compromisos adquiridos con Washington y defendiendo el papel estratégico que desempeña Europa para las operaciones militares estadounidenses. “Sería muy difícil abordar el tema de Irán sin contar con Europa como plataforma para Estados Unidos”, señaló.

Rutte también aprovechó la comparecencia para destacar el aumento del gasto militar entre los aliados europeos y Canadá desde el primer mandato de Trump. Incluso llegó a exhibir un gráfico bautizado como el “billón de Trump”, con el que atribuyó al dirigente republicano buena parte de la presión que ha llevado a numerosos países de la OTAN a incrementar sus inversiones en defensa.

Por su parte, Trump insistió en que no reclama recursos económicos a sus aliados, sino compromiso político. “Solo quiero lealtad”, afirmó. “Tenemos, con diferencia, el ejército más poderoso del mundo, pero queremos un empujoncito, un besito. No pedimos mucho”. Una exigencia que volvió a evidenciar las tensiones que atraviesan actualmente la relación entre Washington y buena parte de sus socios europeos.

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Ábalos, desde la cárcel: “Aldama confesó para lograr su impunidad”

25/06/2026Pitirre Noticias

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la prisión de Soto del Real tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 24 años y tres meses de cárcel por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación en el caso mascarillas.

En un audio de 12 minutos difundido por su entorno y al que ha accedido la SER, el que fuera secretario de Organización del PSOE rechaza asumir los hechos y califica la pena de “abultada”, “desproporcionada” y “predeterminada”. Según sostiene, la causa partió desde el inicio de una “hipótesis de culpabilidad” con el objetivo de forzar una confesión que nunca se produjo.

Frente a esa versión, la sentencia del Supremo considera acreditada la participación de Ábalos en la trama de contratación irregular de material sanitario durante la pandemia. El tribunal sostiene que las pruebas practicadas en el juicio permiten fundamentar la condena por los delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

La resolución rechaza además que el fallo descanse únicamente sobre las manifestaciones de Víctor de Aldama. Según el criterio de la Sala, su testimonio fue valorado junto a otros elementos incorporados al procedimiento, entre ellos documentación, declaraciones testificales e informes, que habrían servido para corroborar los hechos objeto de condena.

El alto tribunal también descarta las tesis exculpatorias de la defensa y no aprecia la vulneración de garantías fundamentales denunciada por Ábalos. La sentencia entiende que el procedimiento respetó los derechos de los acusados y que la condena queda respaldada por el conjunto de la actividad probatoria desarrollada durante la vista oral.

Ábalos, sin embargo, considera que el juicio tuvo “implicaciones políticas claras” y que la sentencia buscó ser “ejemplarizante”, alejándose, a su juicio, de la Justicia. También carga contra Víctor de Aldama, al que define como un “delator no arrepentido”, y critica el pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que, según afirma, le habría permitido obtener beneficios procesales mientras continúa vinculado a negocios de hidrocarburos.

El exministro reprocha al tribunal haber otorgado valor decisivo a las manifestaciones de Aldama y no haber atendido otros testimonios e informes que, según su versión, le eran favorables. En particular, menciona a la UCO, que durante el juicio situó a Aldama en la cúspide de la trama y sostuvo que su confesión no resultó determinante para descubrir los hechos investigados.

Ábalos insiste en que durante el procedimiento se vulneraron sus derechos fundamentales. Entre otros motivos, denuncia que no tuvo acceso a sus dispositivos, que su causa debió remitirse a la Audiencia Nacional al perder el aforamiento y que Koldo García quedó privado del derecho a la doble instancia.

Por todo ello, el exministro anuncia que acudirá al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

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Felipe González y el argumentario del PP, punto por punto: elecciones, corrupción y regularización

25/06/2026Pitirre Noticias

Las últimas intervenciones públicas de Felipe González han vuelto a situar al expresidente del Gobierno en el centro del debate político. Aunque el histórico dirigente socialista mantiene formalmente su independencia respecto a otros partidos diferentes al PSOE, buena parte de sus planteamientos coinciden hoy con las principales líneas discursivas que defiende el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

Desde la exigencia de un adelanto electoral hasta las críticas por los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE, pasando por su rechazo a determinadas decisiones estratégicas del Ejecutivo, González ha terminado ocupando posiciones que el Partido Popular utiliza como munición política contra Pedro Sánchez.

La coincidencia no es nueva, pero se ha intensificado en los últimos meses, hasta el punto de que numerosas declaraciones del expresidente han sido incorporadas al debate parlamentario por dirigentes populares como argumento de autoridad frente al Gobierno.

Elecciones anticipadas: la principal coincidencia

Uno de los puntos de encuentro más evidentes entre González y la dirección nacional del PP es la conveniencia de devolver la palabra a los ciudadanos mediante unas elecciones generales.

Mientras Feijóo sostiene desde hace meses que la legislatura se encuentra agotada política y moralmente, González ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de que los españoles puedan pronunciarse ante la actual situación institucional. El expresidente ha cuestionado la capacidad del Ejecutivo para seguir gobernando con normalidad en un contexto marcado por la polarización y las investigaciones judiciales que afectan al entorno socialista.

La tesis coincide prácticamente con la estrategia desplegada por Génova, que considera que la única salida política pasa por una convocatoria electoral anticipada.

La corrupción como problema estructural

El segundo gran punto de convergencia aparece en la lectura sobre los escándalos de corrupción. Aunque González ha evitado equiparar directamente los distintos casos judiciales, sí ha mostrado una enorme preocupación por el daño reputacional que generan para el PSOE. En varias entrevistas ha advertido de que la corrupción constituye una de las principales amenazas para cualquier proyecto político y ha reclamado una respuesta contundente ante cualquier irregularidad.

Ese planteamiento conecta con la ofensiva impulsada por el Partido Popular, que ha convertido la corrupción en el eje central de su oposición parlamentaria. Los populares sostienen que los casos que afectan a antiguos dirigentes y personas vinculadas al socialismo han erosionado la credibilidad del Ejecutivo y exigen responsabilidades políticas inmediatas.

La diferencia reside en el tono. Mientras González suele plantear una reflexión sobre el deterioro institucional que provocan estos episodios, el Partido Popular utiliza esos mismos casos como elemento de confrontación directa contra Sánchez.

Críticas a la dependencia parlamentaria de los socios

Otro espacio de coincidencia aparece en la relación del Gobierno con sus socios parlamentarios. El expresidente socialista ha mostrado reiteradamente su incomodidad con la influencia que ejercen sobre el Ejecutivo fuerzas independentistas y nacionalistas. González considera que algunas decisiones adoptadas durante la legislatura responden más a necesidades de supervivencia parlamentaria que a una estrategia de Estado.

Esa crítica es compartida plenamente por el Partido Popular, que denuncia desde el inicio de la legislatura la dependencia de Sánchez respecto a Junts, ERC, EH Bildu y otras formaciones territoriales.

La amnistía y las cesiones al independentismo

Probablemente ninguna cuestión ha evidenciado más claramente la distancia entre González y la dirección actual del PSOE que la ley de amnistía. El expresidente se ha mostrado abiertamente contrario a la medida y ha cuestionado tanto su oportunidad política como sus fundamentos jurídicos. Un rechazo que coincide con la posición mantenida por el Partido Popular, que ha convertido la amnistía en uno de los principales argumentos de oposición al Gobierno.

En este terreno, González ha llegado incluso a formular críticas más severas que algunos dirigentes conservadores, al considerar que determinadas decisiones comprometen principios básicos de igualdad ante la ley.

Regularización de inmigrantes y control migratorio

Las coincidencias también han aparecido en el debate migratorio. Aunque González mantiene posiciones alejadas de los planteamientos más duros de la derecha, ha defendido la necesidad de una política migratoria ordenada y vinculada a la capacidad de integración y acogida. Un enfoque que conecta parcialmente con los discursos del Partido Popular sobre control de flujos migratorios y planificación de la inmigración legal.

No existe una coincidencia plena en esta materia, pero sí una visión compartida sobre la necesidad de compatibilizar solidaridad y gestión efectiva de las fronteras.

El deterioro institucional

González ha alertado repetidamente sobre lo que considera un progresivo deterioro de la calidad institucional española. Sus críticas han alcanzado cuestiones como la tensión entre poderes del Estado, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la creciente polarización política.

Ese diagnóstico es utilizado habitualmente por el Partido Popular para reforzar su acusación de que el Gobierno ha contribuido a debilitar los contrapesos institucionales durante la presente legislatura.

Donde siguen existiendo diferencias

Pese a las coincidencias, González continúa manteniendo posiciones alejadas de la dirección popular en cuestiones esenciales. El expresidente sigue reivindicando el papel del Estado del bienestar, la ampliación de derechos sociales, la integración europea, la defensa de los servicios públicos y buena parte del legado de los gobiernos socialistas. Tampoco comparte los planteamientos más conservadores del Partido Popular en materias como fiscalidad, políticas sociales o relaciones laborales.

Sin embargo, en los grandes asuntos que hoy dominan la agenda política —corrupción, amnistía, estabilidad institucional y continuidad de la legislatura—, sus posiciones han terminado aproximándose notablemente a las defendidas por Feijóo.

Esa convergencia ha convertido a Felipe González en una de las voces más incómodas para Ferraz y, al mismo tiempo, en uno de los referentes más citados por la oposición cuando busca cuestionar la estrategia política de Sánchez desde dentro de la propia tradición socialista.

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Felipe VI se reúne este jueves con Sheinbaum en México: la Conquista y los pueblos originarios, claves del encuentro

25/06/2026Pitirre Noticias

Este jueves el Palacio Nacional de Ciudad de México acoge el encuentro entre el rey Felipe VI y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en un momento en el que las relaciones entre ambos países se han podido ver cuestionadas tras la polémica visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los anteriores desencuentros entre las autoridades de México y España por la polémica forjada durante años acerca de la Conquista española.

Dos días antes de que el rey acuda al partido entre la Selección Española y Uruguay que se disputa este sábado en Guadalajara en el marco del Mundial de fútbol, este jueves Felipe VI y Sheinbaum dan un paso más en los recientes acercamientos que se han dado entre ambos países, y especialmente después de que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigiera al rey una disculpa que no llegó en aquel momento y que provocó la “pausa” entre las relaciones entre México y España.

En esta línea, tanto desde Zarzuela como desde Exteriores insisten en que «este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países» y en que permitirá reforzar «los vínculos de cercanía y afinidad que unen a ambos pueblos». Entre otras cosas, este encuentro llega después de que el pasado mes de marzo Felipe VI reconociera ante el embajador de México, Quirino Ordaz, que hubo «mucho abuso» durante la Conquista y admitió que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son para sentirse «orgullosos». En términos similares se pronunció el titular de Exteriores, José Manuel Albares, quien, en aquella ocasión, habló de “claroscuros” en la historia compartida e «injusticia».

Unas palabras que eran percibidas por Sheinbaum como un “gesto de acercamiento” pese a que reconoció que no era “todo” lo que les habría gustado y apostó por seguir trabajando en aras del reconocimiento de las «grandes civilizaciones» que había en la región antes de la llegada de los conquistadores. Precisamente tras ello, la mandataria mexicana consideró esta postura de Felipe VI lo suficientemente relevante como para viajar a Barcelona para asistir a mediados de abril a una reunión en defensa de la democracia junto con otros líderes progresistas iberoamericanos y reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras ello, el acercamiento se ha visto consolidado con sendas visitas a México por parte de Albares a finales de abril y del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a principios de junio. En ambos casos, los ministros han sido recibidos por la propia Sheinbaum, en un gesto que pone de relieve la importancia que el Gobierno azteca da también a la relación con España.

Por su parte, Albares aprovechó para entregar personalmente a la mandataria mexicana la invitación del Rey para que asista a la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar a principios de noviembre en Madrid. Con toda probabilidad, esta cita será una de las cuestiones que se aborden en el encuentro de este jueves.

Al margen de todo ello, Sheinbaum ya ha avanzado que uno de los temas que quiere abordar con el rey es la importancia que tienen para México los pueblos originarios. Así, la mandataria mexicana reconocía este miércoles la «actitud distinta» mostrada por el rey, pero insistió en la necesidad de explicarle cómo ven las cosas en su país. Así, avanzó quiere hacerle ver «por qué es importante para México el reconocimiento de los pueblos originarios, de su grandeza cultural, de lo que representan para México las grandes civilizaciones de antes y los pueblos originarios de hoy, cómo cambiamos la Constitución para el reconocimiento pleno de todos sus derechos».

«Son temas que yo quiero platicar con él y decirle por qué es importante para México, ya más allá del momento de la solicitud del perdón» que reclamó en su momento López Obrador, incidiendo en que como presidenta quiere explicar «por qué para nosotros es un asunto de dignidad, de reconocimiento de nuestro pueblo y de lo que somos».

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Venezuela declara el estado de emergencia tras un doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que deja edificios derrumbados y un balance aún incierto

25/06/2026Pitirre Noticias

Venezuela afronta una de las mayores emergencias sísmicas de su historia reciente después de que dos terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieran este miércoles el noroeste del país con apenas 39 segundos de diferencia. Los temblores, seguidos por más de una veintena de réplicas, provocaron el derrumbe de edificios, graves daños en infraestructuras estratégicas y obligaron al Gobierno a declarar el estado de emergencia mientras continúan las labores de rescate.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó en una comparecencia televisada la activación del dispositivo nacional de emergencia y anunció el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía debido a los daños sufridos en sus instalaciones. Asimismo, informó de la suspensión del metro, del servicio ferroviario, de las clases y de todas las actividades no esenciales para facilitar las operaciones de rescate y garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades venezolanas todavía no han ofrecido un balance oficial de víctimas, aunque Rodríguez trasladó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas, confirmando implícitamente que el seísmo ha causado muertos sin precisar la cifra. Mientras tanto, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) activó una alerta roja por el potencial impacto del terremoto y advirtió de que existe una elevada probabilidad de que el número de víctimas y los daños materiales sean muy importantes debido a la intensidad del fenómeno y a la escasa profundidad del sismo principal.

Las zonas más afectadas se concentran en Caracas y en varios estados del centro y norte del país. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, describió escenas de «gran gravedad» en los barrios caraqueños de Los Palos Grandes y Altamira, en el municipio de Chacao, donde varios edificios residenciales se desplomaron. También se han registrado importantes daños en Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy, Lara y Mérida, con numerosas edificaciones que presentan riesgo de colapso.

Ante el peligro de nuevas réplicas, Cabello pidió a la población que permanezca fuera de los edificios dañados y anunció el corte temporal del suministro de gas en inmuebles afectados para evitar explosiones o incendios. Los servicios de agua y electricidad también han sufrido interrupciones en distintas regiones del país, complicando las tareas de emergencia.

Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el USGS, el primer movimiento, de magnitud 7,2, actuó como un terremoto precursor antes del sismo principal, de magnitud 7,5. Los epicentros se localizaron entre las localidades de San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy, con profundidades de 21,9 y 10 kilómetros, respectivamente, una circunstancia que incrementó notablemente la intensidad de las sacudidas en superficie. Hasta el momento se han contabilizado más de veinte réplicas, aunque las autoridades advierten de que podrían registrarse nuevas durante las próximas horas.

Las labores de búsqueda continúan entre los escombros de numerosos edificios mientras hospitales públicos y privados han activado todos sus protocolos de emergencia para atender a los heridos. El Gobierno también ha movilizado a cuerpos de protección civil, bomberos y equipos especializados de rescate en las zonas más castigadas.

El terremoto reaviva el recuerdo del devastador seísmo que golpeó Caracas en 1967, aunque los expertos subrayan que el episodio registrado este miércoles ha sido considerablemente más intenso y podría convertirse en uno de los desastres naturales más graves sufridos por Venezuela en las últimas décadas.

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José Luis Peñas: “Sin mí no existiría Gürtel. Aldama habló cuando tenía los grilletes puestos”

24/06/2026Pitirre Noticias

El ‘Caso Mascarillas’ llegaba a su fin en este inicio de semana con un Tribunal Supremo que dictaba sentencia. José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, mientras que su exasesor Koldo García deberá cumplir una pena de 19 años y ocho meses por su participación en la misma trama corrupta. Ahora bien, el final de este proceso judicial ha despertado especial polémica y suscitado debate en lo referido a Víctor de Aldama y cómo su colaboración con la justicia le ha evitado su paso por prisión.

Sobre el empresario, señalado como el principal comisionista de la trama, ha caído una pena de cuatro años y medio de prisión, la cual no llegará a cumplir gracias a la suspensión de la ejecución de la misma acordada por el Supremo. Los magistrados han valorado como “muy cualificada” su colaboración con la Justicia, al reconocer los hechos y aportar documentación que han considerado clave para esclarecer el funcionamiento de la organización.

Víctor de Aldama ha esquivado la prisión antes si quiera de tener que solicitarlo. No solo eso, sino que también evita tener que devolver los más de tres millones de euros que cobró en comisiones. Esta resolución del proceso en lo referido a su persona es lo que está suscitando especial controversia y debate, sobre todo, teniendo en cuenta que la información que facilitó ya había sido plasmada por la UCO en sus informes, no ofreciendo nuevos hechos que hubieran podido quedar fuera del caso.

La colaboración con la Justicia es un mecanismo utilizado en nuestro país desde hace mucho tiempo, el cual ha permitido profundizar más en distintos casos que han pasado por los tribunales. Ahora bien, en este asunto en concreto, el trato concedido a Aldama está siendo muy criticado, más aún ante las comparaciones que se están haciendo con José Luis Peñas, el exconcejal de Majadahonda que destapó la Gürtel. Las diferencias, a favor del empresario, se están definiendo como notorias e, incluso, injustas.

Ante este panorama, este medio ha conversado con José Luis Peñas, para conocer qué valoración realiza del final de este proceso judicial y si le parecen tales las desigualdades que se están remarcando entre su caso y el que ha llevado a Aldama ante el Tribunal Supremo.

P: Tal y como se ha podido conocer en este tiempo, la confesión que realizó Víctor de Aldama no aportó nada nuevo que no estuviera ya plasmado en los informes de la UCO. Sin embargo, usted fue el responsable de que se abriera una de las investigaciones judiciales más importantes de la historia reciente de nuestro país…

R: La primera noticia que tiene la policía es porque yo denuncio. Aldama lo que ha hecho es que cuando ya tenía los grilletes puestos ha decidido hablar… Es distinto.

Estuve dos años encargándome yo solo de grabar los audios, recopilar nombres de empresas, reunir nombres de políticos que estaban en la trama, señalar propiedades del señor Correa y de toda la trama… Aglutiné todo eso en una denuncia que presenté yo mismo.

La primera noticia que hay de este caso es por mí, por la denuncia que presento. No hubiera existido la Gürtel sin mí. Hay una diferencia abismal.

P: En el final de este proceso judicial del ‘Caso Mascarillas’ hay algo por lo que quisiera preguntarle. Está habiendo un importante reconocimiento al papel que ha jugado Víctor de Aldama y su colaboración. Sin embargo, a usted no le muestran esa «gratitud» hasta dos años después del final del juicio en el que se vio inmerso. ¿Está habiendo diferencias reseñables?

R: Correcto, fue algo más de dos años. Además, jamás pacté con nadie, ni siquiera pedí una rebaja de las penas al final del juicio. Fue la fiscal la que tuvo que pedirlas, si no, no me hubieran dado la reducción de penas.

Entonces, hay alguna diferencia respecto al caso de Aldama. Una cosa es colaborar, pero en lo referido a esto, a la reducción de penas, la tendría que pedir y tendría también que mostrarse arrepentido. Por ejemplo, para pedir mi indulto, que solamente fue de una parte de la condena, tuve que solicitarlo al Ministerio de Justicia. Una vez hecho eso el Ministerio de Justicia solicitó un informe a la Fiscalía, la cual dio el visto bueno, previo pago de una cantidad que se me exigió en concepto de Responsabilidad Civil, y luego el Supremo ya presentó también otro informe favorable.

Sin embargo, aquí se le ha hecho un traje a medida al señor al dama, por hechos que ha denunciado, que bueno, creo que ya estaban bastante claros en el sumario, y, evidentemente, lo que más sorprende es que siga hablando con el desparpajo que habla. Yo hablaba con pruebas, yo hablaba con los audios, yo hablaba con la experiencia de muchos años, me sorprende que ahora él pueda decir quién va a ir a la cárcel y quién no va a ir a la cárcel, ¿verdad?

A veces parece que estamos escuchando a Miguel Ángel Rodríguez en vez de al señor Aldama, ¿no? Van a ir todos para adelante. Habla de supuestos informes de la UCO que son secretos y que él ya parece ser que sabe cuál es su contenido.

Como digo, al menos en mi caso, no me dijeron en el mismo final del juicio que no fuera entrar en la cárcel, es algo que una vez se sabe la condena se ha de solicitar a posteriori. En ese momento, como efectivamente las condenas mías, la máxima era de un año, pues tenía la posibilidad de pedir al juez que no entra en la cárcel, como se me dio.

En lo referido a mí, yo ya he cumplido todas mis condenas, ya he cumplido con todo lo que tenía que cumplir, pero que se haga esto en el propio acto de juicio me parece un poco excesivo. Al final es un delincuente que no es que haya colaborado previamente, si no que ha decidido hablar cuando estaba ya preso, cuando tenía grilletes puestos.

A mí me parece bien que la justicia tenga ese mecanismo para descubrir delitos, pero no me parece correcto cómo se ensalza a este señor, a quien se le lleva a los programas del prime time para decir que van a ir a la cárcel unos y otros.

A veces parece que estamos escuchando a Miguel Ángel Rodríguez en vez de al señor Aldama, ¿no? Van a ir todos para adelante. Habla de supuestos informes de la UCO que son secretos y que él ya parece ser que sabe cuál es su contenido.

P: Entonces, ¿entiende que sí existe esa diferencia entre ambos casos de la que se habla estos días?

R: En mi caso, recuerdo que había una directiva de la Unión Europea para proteger a los denunciantes, la cual no se utilizó. Lo único que se hizo conmigo fue rebajarme las penas por colaboración.

El caso es que yo no colaboré, yo denuncié, repito, por eso me molesta mucho que me comparen. Denuncié y dediqué dos años de mi vida a investigar esta trama para llevarla ante los tribunales.

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