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Occidente no puede alegar que no sabe qué hacer con Israel. El derecho internacional lleva meses, incluso años, señalando qué medidas están al alcance de los Estados para frenar, castigar y no contribuir a los crímenes cometidos en Gaza. El problema no ha sido la falta de herramientas jurídicas. Ha sido la negativa de buena parte de las potencias occidentales a utilizarlas contra un aliado. Desde enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia ha dictado varias órdenes cautelares en el caso abierto por Sudáfrica contra Israel. En julio de 2024, además, emitió una opinión consultiva en la que concluyó que la presencia israelí en los territorios palestinos ocupados es ilegal y recordó que terceros Estados no deben reconocer esa situación ni prestar ayuda para mantenerla. El margen de maniobra, por tanto, no es teórico. Está escrito. 

La secuencia importa. El 26 de enero de 2024, la CIJ ordenó a Israel adoptar medidas para prevenir actos comprendidos en la Convención sobre Genocidio y garantizar más ayuda humanitaria para la población de Gaza. El 28 de marzo reforzó esas medidas. El 24 de mayo fue más lejos y exigió detener la ofensiva militar en Rafá. La Corte no zanjó entonces el fondo del caso, pero sí estableció algo decisivo: que existía un riesgo suficiente como para activar obligaciones inmediatas. A partir de ahí, la discusión dejó de ser política en sentido estricto. También pasó a ser jurídica. Qué hace cada Estado con Israel desde ese momento ya no depende solo de afinidades diplomáticas o cálculos electorales. Depende de si está cumpliendo o no con su deber de prevenir y no facilitar una situación ilegal. 

Las herramientas están sobre la mesa

La primera vía de presión es comercial. La opinión consultiva de la CIJ del 19 de julio de 2024 fue bastante clara al señalar que los Estados no deben reconocer como lícita la presencia israelí en el territorio palestino ocupado ni prestar ayuda o asistencia para mantener esa situación. También afirmó que deben cooperar para ponerle fin. Eso abre la puerta a revisar acuerdos preferenciales, congelar inversiones, excluir productos ligados a la ocupación y suspender relaciones económicas que contribuyan a sostenerla. No hace falta una arquitectura nueva. La base jurídica ya existe. 

Ahí la Unión Europea ocupa un lugar central. La UE sigue siendo el principal socio comercial de Israel. El comercio bilateral de bienes alcanzó los 42.600 millones de euros en 2024 y Bruselas representó el 32% del comercio total israelí de bienes, según la Comisión Europea. Esa cifra no es un simple dato de contexto. Marca la capacidad real de presión. Si la UE suspendiera concesiones comerciales, endureciera controles sobre importaciones vinculadas a los asentamientos o congelara el trato preferencial del Acuerdo de Asociación, el golpe sería tangible. De hecho, la propia Comisión Europea propuso en septiembre de 2025 suspender concesiones comerciales sobre bienes israelíes, lo que evidencia que ese instrumento está sobre la mesa y no pertenece al terreno de la especulación académica. 

La segunda vía es militar. Si un Estado tiene prohibido ayudar a mantener una situación declarada ilegal por la CIJ, seguir exportando armas, componentes, software de uso dual o tecnología susceptible de empleo militar se vuelve mucho más difícil de justificar. La ONU ha empujado en esa dirección en repetidas ocasiones. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza y urgió a todos los Estados a cumplir sus obligaciones legales para ponerle fin y castigar a los responsables. En otro informe de octubre de 2025, la relatora especial Francesca Albanese describió el genocidio en Gaza como “un crimen colectivo”, sostenido por la complicidad de terceros Estados a través de apoyo material, protección diplomática y distintas formas de asistencia. El lenguaje no deja mucho espacio para la ambigüedad. 

Eso, llevado a política concreta, significa embargos de armas, suspensión de licencias, cancelación de proyectos de coproducción y revisión de contratos de defensa. También significa algo menos visible, pero muy relevante: retirar agregados militares, cerrar oficinas comerciales vinculadas al sector de seguridad y congelar programas de cooperación tecnológica. No son medidas espectaculares en una portada, pero suelen tener un efecto directo sobre la relación estratégica. Y, sobre todo, encajan con la idea que ha repetido la ONU: no basta con pedir moderación mientras se mantiene intacta la infraestructura material que alimenta la guerra. 

Del aislamiento diplomático a los tribunales

Luego están las sanciones personales. Congelar activos, prohibir visados, bloquear operaciones financieras y señalar de forma individual a responsables políticos, mandos militares o colonos violentos. Es una vía más limitada que la comercial o la militar, pero tiene una ventaja: fragmenta la impunidad y coloca nombres propios sobre la mesa. Bruselas ya estudió en 2025 sanciones contra ministros israelíes y contra colonos violentos. No alteran por sí solas la relación estructural entre Occidente e Israel, pero envían una señal política que hasta ahora se ha administrado con mucha timidez. 

Existe además un plano diplomático más duro del que rara vez se habla en las capitales occidentales. Rebajar relaciones, llamar a consultas a embajadores, suspender visitas de alto nivel, retirar agregados militares o reducir foros bilaterales. Todo eso forma parte del repertorio habitual entre Estados cuando uno de ellos comete violaciones graves del derecho internacional. Y hay otra capa más: trasladar la presión a la Asamblea General de la ONU si el Consejo de Seguridad sigue bloqueado. La resolución 377 A, conocida como Uniting for Peace, fue aprobada precisamente para sortear la parálisis del Consejo cuando hay vetos cruzados. No sustituye al Consejo de Seguridad, pero sí permite que la Asamblea recomiende medidas colectivas y eleve el coste político del bloqueo. 

Tampoco conviene olvidar el frente judicial. Cooperar con la justicia internacional no consiste solo en emitir comunicados de apoyo. Supone facilitar investigaciones, preservar pruebas, ejecutar órdenes si las hubiera y activar mecanismos de jurisdicción universal cuando la legislación nacional lo permita. En ese terreno, muchos gobiernos occidentales se mueven con extrema cautela. No quieren aparecer como cómplices, pero tampoco quieren romper del todo con Israel. Esa ambivalencia explica buena parte de la parálisis actual.

La cuestión de fondo, en cualquier caso, ya está bastante delimitada. Las herramientas existen. Suspender preferencias comerciales. Cortar cooperación militar. Retirar apoyo diplomático. Sancionar a responsables políticos y militares. Activar presión en la Asamblea General. Cooperar con tribunales internacionales. Lo que no hay, de momento, es voluntad suficiente para usar ese repertorio de forma sostenida contra un aliado estrecho. Dicho de otra manera: Occidente no necesita descubrir qué puede hacer con Israel. Hace tiempo que lo sabe. Lo que sigue sin resolver es si va a asumir el coste político de hacerlo.

Lionel Jospin, una de las grandes referencias de la izquierda francesa durante las últimas décadas, ha muerto a los 88 años, según ha anunciado su familia este lunes 23 de marzo. El histórico dirigente socialista fue primer ministro de Francia entre 1997 y 2002, además de primer secretario del Partido Socialista, ministro con François Mitterrand y dos veces candidato a las elecciones presidenciales.

Formado en el Lycée Janson-de-Sailly, Sciences Po y la École nationale d’administration (ENA), Jospin fue durante décadas uno de los nombres imprescindibles del socialismo francés. Su perfil, asociado a una izquierda de gobierno seria y reformista, le llevó a ocupar puestos clave tanto en el Partido Socialista como en los ejecutivos de François Mitterrand antes de llegar a la jefatura del Gobierno.

La muerte de Jospin cierra una de las trayectorias más influyentes y también más complejas del socialismo europeo contemporáneo. Su figura quedó asociada tanto a la reconstrucción de la izquierda francesa como a uno de sus golpes más traumáticos: su eliminación en la primera vuelta de las presidenciales de 2002, cuando Jean-Marie Le Pen logró pasar a la segunda vuelta frente a Jacques Chirac.

Jospin, una de las caras más decisivas de la izquierda francesa

Antes de llegar a la jefatura del Gobierno, ocupó puestos de enorme peso orgánico e institucional: fue primer secretario del Partido Socialista, diputado y ministro durante la etapa de François Mitterrand. Su recorrido estuvo marcado por una mezcla de rigor ideológico, imagen austera y fuerte vocación de Estado. Durante años, Jospin representó a una izquierda que aspiraba a gobernar sin renunciar a sus señas de identidad, aunque su biografía también estuvo atravesada por contradicciones, debates internos y un pasado trotskista que terminó reconociendo públicamente años después.

El primer ministro de la cohabitación con Jacques Chirac

Jospin llegó a la jefatura del Gobierno francés en 1997, tras la victoria de la izquierda en las legislativas, en un escenario de cohabitación con el entonces presidente Jacques Chirac. Desde ese puesto pilotó una etapa de reformas de fuerte impacto político y social, entre ellas la semana laboral de 35 horas, la expansión de la cobertura sanitaria y la legalización de las uniones civiles, aunque su Ejecutivo también impulsó privatizaciones que le generaron críticas dentro de su propio espacio político.

Aquellos años consolidaron su perfil de dirigente reformista, pragmático y exigente, capaz de combinar medidas sociales ambiciosas con decisiones económicas que alimentaron tensiones en la izquierda. Su famoso planteamiento de “sí a la economía de mercado, no a la sociedad de mercado” resumió buena parte de esa posición política.

La derrota de 2002 que marcó a toda la izquierda

Si su etapa como primer ministro definió su legado de gobierno, la fecha que persiguió políticamente a Lionel Jospin fue el 21 de abril de 2002. Aquel día quedó eliminado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, superado por Jean-Marie Le Pen, en una sacudida histórica para la izquierda francesa que abrió paso a un duelo final entre la derecha tradicional y la extrema derecha.

La derrota tuvo un impacto demoledor. Jospin asumió públicamente la responsabilidad del resultado y anunció su retirada de la vida política, en uno de los gestos más recordados de la política francesa reciente. Aunque años después siguió interviniendo en el debate público y mantuvo una mirada crítica sobre la evolución de la izquierda, aquel fracaso acabó convirtiéndose en la imagen más dolorosa de su trayectoria.

Una voz influyente hasta el final

Aunque apartado de la primera línea política, Lionel Jospin siguió siendo una figura escuchada en Francia. En sus últimos años publicó ensayos, intervino en debates sobre la crisis del socialismo y mantuvo posiciones críticas tanto con el giro liberal de parte de la socialdemocracia como con la reorganización de la izquierda francesa. En 2022, por ejemplo, apoyó la idea de la unidad progresista, aunque expresó reservas sobre el liderazgo y el estilo de La France Insoumise.

La muerte de Jospin ha reactivado el recuerdo de una generación política que marcó la historia reciente de Francia. El nombre del dirigente queda ligado a medio siglo de historia política francesa.

Donald Trump ha dado marcha atrás, al menos de momento. Dos días después de lanzar un ultimátum de 48 horas a Irán para reabrir por completo el estrecho de Ormuz bajo amenaza de bombardear sus centrales eléctricas, el presidente de Estados Unidos anunció este lunes que ha ordenado “posponer todo ataque militar” contra la infraestructura energética iraní durante cinco días. La Casa Blanca presenta el giro como resultado de conversaciones “muy buenas y constructivas” con Teherán. Pero Irán lo niega de forma rotunda. Ahí aparece una nueva contradicción en el relato de la guerra: mientras Washington habla de contactos en marcha, las autoridades iraníes aseguran que no ha existido ninguna conversación, ni directa ni indirecta, con Trump.

Trump hizo el anuncio en sus redes sociales con un tono muy distinto al del fin de semana. El sábado había advertido de una “destrucción total” si Irán no levantaba las restricciones en Ormuz. El lunes habló de reuniones “profundas, detalladas y constructivas” y aseguró que, por ese motivo, ha dado orden al Pentágono —al que volvió a llamar “Departamento de Guerra”— de congelar durante cinco días los ataques previstos sobre centrales eléctricas y otras infraestructuras energéticas iraníes. No hay renuncia formal al castigo. Hay una pausa corta, ligada a una negociación que Washington da por abierta pero cuyo alcance real todavía no está claro.

El viraje no llega en un vacío. Se produce después de varios días de amenazas cruzadas que habían empujado la guerra a un punto especialmente delicado: el de las infraestructuras civiles y energéticas. Trump había exigido la reapertura total de Ormuz y había situado las plantas eléctricas iraníes como primer objetivo si Teherán no cedía. Irán respondió con otra amenaza de gran calibre: si Estados Unidos golpeaba su red eléctrica, atacaría las centrales de Israel y también las instalaciones energéticas de países del Golfo que abastecen a bases militares estadounidenses o en las que haya intereses de Washington.

Ahí está una de las claves del giro. La escalada empezaba a dejar de medirse solo en misiles, drones o bases militares. Empezaba a apuntar a redes eléctricas, plantas de gas, puertos y corredores marítimos. Esa deriva inquietaba no solo por su impacto militar, también por su capacidad para extender la crisis a todo Oriente Próximo y golpear de lleno a la economía global. El estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas licuado que se mueve por mar en el mundo, ya estaba funcionando a medio gas. La mera perspectiva de una campaña contra instalaciones energéticas iraníes y de represalias sobre la infraestructura del Golfo había disparado el precio del crudo y hundido las bolsas al arranque de la semana.

La pausa anunciada por Trump cambió ese clima de forma brusca. Associated Press informó de que el petróleo, que el lunes llegó a rozar niveles muy próximos a los 100 dólares en el caso del WTI y superó los 113 en el Brent tras el ultimátum, corrigió con fuerza al conocerse la decisión de aplazar el ataque. La lectura de los mercados fue inmediata: la Casa Blanca sigue presionando, pero de momento aparta el riesgo de un golpe directo sobre la red energética iraní y, con ello, reduce la probabilidad de una represalia regional en cadena. El movimiento dio aire a las bolsas internacionales, que venían de una jornada marcada por ventas masivas ante el temor a una crisis energética de mayor escala.

Una pausa táctica, no una desescalada real

La cuestión es si este paréntesis cambia algo de fondo. De momento, no demasiado. La estructura de la amenaza sigue ahí. Trump no ha retirado el ultimátum, solo lo ha estirado. Teherán tampoco ha rebajado su posición. En las últimas 48 horas, las autoridades iraníes han advertido de que podrían cerrar por completo Ormuz si Washington ejecuta sus amenazas sobre la infraestructura energética del país. Y fueron más lejos: el Consejo de Defensa iraní afirmó que un ataque contra su costa sur o sus islas llevaría al minado de las rutas del golfo Pérsico, un salto que convertiría la crisis actual en un bloqueo marítimo mucho más amplio.

Por eso, el anuncio de Trump se parece más a una maniobra táctica que a un deshielo. La Casa Blanca gana tiempo. Reduce la presión sobre los mercados. Se reserva además la posibilidad de vender cualquier contacto con Teherán como una victoria de su política de fuerza. Pero el pulso central no ha cambiado: Washington quiere quebrar la capacidad iraní para condicionar el tráfico marítimo en Ormuz; Teherán intenta encarecer al máximo cualquier paso adicional de Estados Unidos e Israel. Entre una posición y otra queda un margen estrecho, muy expuesto a una nueva cadena de ataques o a un error de cálculo.

En paralelo, la guerra sigue acumulando un coste humano creciente. Las autoridades iraníes sostienen que la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos ha dejado ya más de 1.500 muertos, entre ellos 210 niños. La organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, eleva la cifra por encima de los 3.000 fallecidos. AP y Reuters coinciden en que el conflicto, abierto con la ofensiva del 28 de febrero, ha causado ya miles de víctimas y un fuerte deterioro de infraestructuras básicas en distintos puntos de la región. La diferencia entre balances refleja, también aquí, la dificultad de verificar daños y muertos en tiempo real en una guerra cada vez más extendida.

Ese contexto ayuda a entender por qué el movimiento de Trump ha sido recibido más como un respiro que como una salida. La presión militar israelí sobre Irán no ha desaparecido. Tampoco la capacidad iraní de responder sobre territorio israelí, sobre intereses estadounidenses en Oriente Próximo o sobre infraestructuras críticas del Golfo. El aplazamiento de cinco días evita, por ahora, un salto especialmente peligroso: el de los bombardeos estadounidenses contra centrales eléctricas iraníes y la represalia sobre plantas energéticas de otros países. Pero la lógica que llevó a ese punto sigue intacta.

«Medidas en el alquiler en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Irán.» Es el título del Real Decreto 8/2026, aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros extraordinario después de que Sumar se lo rascara al PSOE en unas tensas negociaciones. El decreto anticrisis anunciado por Pedro Sánchez contemplaba diferentes medidas para atajar el precio del carburante, pero pasaba por alto la vivienda y las prórrogas a los contratos de alquiler, lo que hizo saltar las alarmas en las filas magentas, que rápidamente se movilizaron para negociar con los socialistas y llevar estas medidas, aunque fuera, en otro decreto. Y así fue. No obstante, se ha pospuesto su votación en sede parlamentaria, ya que el Ejecutivo, especialmente los ministros de Sumar, son conscientes de que no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante. El PP y Junts ya han expresado abiertamente que se opondrán cuando toque votarlo, y de Vox cabe esperar lo mismo, dejando en situación de vulnerabilidad a los casi tres millones de personas que se verían beneficiadas de su entrada definitiva en vigor.

El decreto original, no obstante, sí pasará por el Hemiciclo este jueves, con previsible luz verde y mayoría parlamentaria para eliminar diferentes impuestos de los carburantes y otros productos para reducir su precio en el mercado. El de vivienda se dejará para más adelante, al considerar el Ejecutivo que no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante exitosamente. Una partición con la que el Gobierno, y especialmente Sumar, querían darse tiempo para negociar con los partidos reticentes a su aprobación, es decir, todos los de la derecha del arco parlamentario, y evitar que las citadas rebajas cayeran si se hubieran votado juntas. El sábado ya aseguraba el secretario general de Junts, Jordi Turull, que votarán en contra del decreto de vivienda cuando se someta a examen parlamentario con unas declaraciones muy reveladoras: «El plan anticrisis del PSOE se resume en invito yo y pagas tú».

El PP, por su parte, mostró cierta complacencia con el decreto original aunque no reveló el sentido de su voto hacia el mismo, pero sí que escenificó su rechazo al de los alquileres a través de su secretario general, Miguel Tellado. De Vox se espera también la negativa, como de costumbre, aunque no se hayan pronunciado al respecto.

Prórroga de los alquileres y limitación de precios

En concreto, esto es lo que reza el decreto que la derecha y la extrema derecha se han planteado tumbar, y que ayudaría a 2,7 millones de personas a poder mantener sus contratos de alquiler a un precio similar y sin subidas:

Artículo 1. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

1. En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, vigentes en la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, en los que el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 finalice antes del 31 de diciembre de 2027, o finalice el periodo de prórroga tácita previsto en los artículos 10.1 y 10.2, se aplicará, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales. Durante esta prórroga se mantendrán los términos y condiciones del contrato en vigor. La solicitud deberá ser aceptada obligatoriamente por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes, o que se haya suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, o que el arrendador haya comunicado, en los plazos y condiciones del artículo 9.3, la necesidad de ocupar la vivienda. La prórroga extraordinaria regulada en este artículo es incompatible con la prevista en el artículo 10.3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que, en su caso, se aplicará con carácter preferente.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando arrendador y arrendatario acuerden la renovación del contrato de arrendamiento, o la celebración de uno nuevo, con una renta inferior a la prevista en el contrato vigente.

Artículo 2. Limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

La persona arrendataria de un contrato de alquiler de vivienda sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, cuya renta deba ser actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia dentro del periodo comprendido entre la entrada en vigor de este real decreto-ley y el 31 de diciembre de 2027, podrá negociar con el arrendador el incremento que se aplicará en esa actualización anual de la renta, con sujeción a las siguientes condiciones:

a) En el caso de que el arrendador sea un gran tenedor en los términos que establece el artículo 3.k) de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes, sin que la variación anual de la renta pueda exceder del dos por ciento. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta quedará sujeto a esta misma limitación.

b) En el caso de que el arrendador no sea un gran tenedor, el incremento de la renta será el que resulte del nuevo pacto entre las partes. En ausencia de este nuevo pacto entre las partes, el incremento de la renta a aplicar no podrá ser superior al dos por ciento.

Tras la confección de este segundo decreto, Sumar sacaba pecho de «estar en el Gobierno para esto» y para «ir más lejos cuando el momento lo exige«. «En 2026 y 2027 vencen más de un millón de contratos de alquiler que afectan a 2,7 millones de personas. El decreto permitirá prorrogar esos contratos en las mismas condiciones para evitar que ninguna familia se enfrente a subidas de hasta 500 euros al mes«, reivindicaban los de Yolanda Díaz.

«Ninguna crisis debería convertirse en una oportunidad de negocio para los de siempre. Lo que debemos hacer es trabajar para proteger a toda la gente trabajadora y para que la política sirva a las mayorías, no a los mercados. Hoy hemos dado un paso más hacia esa dirección», aseveraban desde el movimiento progresista tras la aprobación del decreto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha incrementado notablemente su fortuna durante su regreso a la Casa Blanca, en un contexto marcado por acusaciones de conflictos de interés y beneficios derivados de su posición institucional. Según estimaciones basadas en datos públicos y recogidas por The New York Times, el mandatario y su familia habrían obtenido al menos 1.400 millones de dólares en el primer año de su segundo mandato, una cifra que podría ser mayor debido a la opacidad de parte de sus negocios.

Trump, que ya fue el presidente más rico en la historia del país al asumir el cargo en 2017, habría aumentado su patrimonio en miles de millones desde entonces. Tras abandonar el poder en 2021, su fortuna creció en al menos 2.400 millones de dólares, y desde su regreso al cargo ha intensificado sus actividades empresariales en paralelo a su labor política.

El republicano llegó nuevamente al poder con el respaldo de amplios sectores de la clase trabajadora blanca, a quienes prometió reactivar la economía, frenar la inflación y devolver al país a una supuesta “edad dorada”. Sin embargo, diversas medidas económicas adoptadas durante su mandato han sido criticadas por beneficiar principalmente a las rentas más altas. Entre ellas, destaca una amplia rebaja fiscal que redujo impuestos a los sectores más acomodados mientras implicó recortes en programas sociales como Medicaid o las ayudas alimentarias. Asimismo, la expiración de subvenciones vinculadas a la Ley de Atención Médica Asequible elevó los costes sanitarios para millones de ciudadanos.

Mientras tanto, la riqueza de los grandes patrimonios ha seguido creciendo. Solo en 2025, la fortuna de los multimillonarios aumentó un 22%, en contraste con la situación de los sectores más vulnerables. Gran parte del incremento patrimonial de Trump procede de negocios que, según diversas informaciones, presentan posibles conflictos de interés. La Organización Trump ha ingresado millones mediante licencias internacionales, mientras que sus hijos han cerrado decenas de proyectos inmobiliarios en distintos países, coincidiendo en algunos casos con decisiones políticas favorables a esos mercados.

Acuerdos millonarios y controversia

La fortuna de Trump también ha crecido gracias a una serie de polémicos acuerdos extrajudiciales con grandes empresas tecnológicas y mediáticas, que han pagado al presidente 90,5 millones de dólares. Entre otros, ha cerrado disputas legales con X, Meta y YouTube —a las que demandó tras la suspensión de sus cuentas después del asalto al Capitolio en 2021—, con ABC News por una demanda de difamación relacionada con el caso de E. Jean Carroll, y con Paramount/CBS por la edición de una entrevista a Kamala Harris durante la campaña de 2024

Este último caso ha sido señalado como un ejemplo especialmente significativo de su influencia, ya que la aprobación de la fusión entre Paramount y Skydance Media por parte de la Comisión Federal de Comunicaciones, valorada en 8.000 millones de dólares, se produjo apenas tres semanas después del acuerdo judicial, cuando llevaba meses bloqueada a la espera de autorización gubernamental.

Uno de los episodios más controvertidos ha sido la aceptación de un avión Boeing 747-8 valorado en 400 millones de dólares ofrecido por Qatar, en paralelo a acuerdos militares y compromisos de defensa adquiridos por Estados Unidos con ese país. Poco después de este anuncio, Trump viajó a países del golfo Pérsico y cerró acuerdos que incluyen la autorización para que Qatar establezca una instalación de su fuerza aérea en una base estadounidense en Idaho, además de comprometer a Estados Unidos a defender al país en caso de ataque extranjero. No obstante, el mayor volumen de ingresos procede del sector de las criptomonedas. La familia Trump habría obtenido alrededor de 867 millones de dólares en este ámbito en el último año. 

Además, los Trump obtienen importantes beneficios a través de la empresa World Liberty Financial (WLFI), cofundada por sus hijos junto a los de Steve Witkoff. Esta compañía comercializa tokens y una ‘stablecoin’ vinculada al dólar, y reporta a la familia el 75% de los ingresos netos por cada venta. Parte de estos activos han sido adquiridos por empresas vinculadas a gobiernos extranjeros o grandes fortunas con intereses en la política estadounidense.

Entre los casos destacados, una empresa vinculada a Emiratos Árabes Unidos adquirió activos por valor de 2.000 millones de dólares y, dos semanas después, la Administración Trump autorizó el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial pese a las advertencias de seguridad nacional. Asimismo, el fundador de Binance, Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de capitales, recibió un indulto presidencial tras invertir alrededor de 800.000 dólares en esta empresa.

Además, el presidente mantiene otras fuentes de ingresos, como la explotación de su marca personal, la organización de eventos en sus propiedades o la venta de productos comerciales. A todo ello se suman prácticas como alojar a diplomáticos extranjeros en sus hoteles, celebrar cumbres internacionales en su resort de Doral o beneficiarse presuntamente de movimientos en los mercados financieros vinculados a su política arancelaria. En conjunto, las estimaciones apuntan a que Trump ha obtenido ingresos equivalentes a 16.822 veces el salario medio de una familia estadounidense desde su regreso al poder.

Las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han dejado entrever cierto estado de desesperación y conspiranoia valiéndose de bulos y de teorías surgidas de los lares de la extrema derecha. La dirigente madrileña terminaba la pasada semana haciéndose eco de una mentira relacionada con el voto con el DNI digital, y ha terminado ésta referenciando la teoría del Gran Reemplazo, una conspiración basada en la idea de que la población blanca y cristiana europea está siendo sustituida a conciencia por inmigrantes.

Proliferaba la pasada semana en las redes sociales un vídeo que aseguraba: «Por primera vez en España, cualquier persona puede falsificar su identidad, pero sólo a la hora de ir a las urnas, con dos aplicaciones: MiDNI y MiDGT«, y enseñaba identidades presuntamente falseadas creadas por inteligencia artificial en estas aplicaciones y denunciaba que «esto es la puerta al fraude electoral», pero se trataba de un bulo. Perfiles afines a la derecha política, entre ellos Ayuso, republicaron el vídeo asegurando que «el formato impuesto por Sánchez huele a tongo y que se pueden meter en la aplicación los DNI de las 10 millones de personas que normalmente no votan y, zas, 10 millones de votos más para el PSOE». Aunque la argumentación no sea muy elaborada, conviene explicar el origen de esta mentira.

Desde septiembre de 2025, se puede utilizar el DNI digital para votar, y hasta el momento no se han registrado denuncias ni problemas de suplantación de identidad, según la propia Junta Electoral Central. Por otro lado, en caso de que existiera alguna suplantación de identidad o una identidad falsa, la JEC no permitiría votar más de una vez a ninguna persona. Por otro lado, como es obvio, para votar hay que estar inscrito en el censo y estar empadronado para constar en el mismo, de acuerdo con el artículo 2.2 de la ley electoral. Eso es, a su vez, justo la comprobación que se hace en la mesa cuando una persona va a depositar su voto. Por tanto, es imposible votar varias veces con distintas identidades falsas. Si no se aparece en el censo, no se permite el voto: un DNI falso creado con inteligencia artificial, de una persona falsa no registrada en el padrón, no puede votar.

Por otro lado, sobre la posibilidad de llevar a cabo suplantaciones de identidad de otras personas reales para votar con el DNI digital, no valdría solo con falsificar el documento online. Sería necesario conocer los datos personales de esa persona, saber en qué mesa electoral va a votar y que no haya votado con anterioridad, ya que al depositar la papeleta, los encargados apuntan al elector para que no ejerza su derecho más de una vez. Aplicando un poco de lógica cotidiana al asunto, si alguien quiere ir a votar más de una vez, lo más probable es que despierte las sospechas de la mesa y se lo digan directamente al tratarse de circunscripciones pequeñas en las que todo el mundo se conoce. Pese a todas estas evidencias, Ayuso decidió darle cabida en su perfil en X a este bulo.

Cada vez hay motivos para pedir plena seguridad en el voto de las próximas Elecciones Generales.

El que promueve manifestaciones -a todas luces ilegales- en jornada de reflexión; ató el Constitucional urgentemente; nacionaliza masivamente; con denuncias de pucherazos en el voto… pic.twitter.com/7YjtqJnP6l

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 14, 2026

A los brazos del Gran Reemplazo

Por otro lado, Ayuso flirteaba esta semana con la Teoría del Gran Reemplazo, es decir, la idea de que la población blanca y cristiana está siendo sustituida a conciencia por inmigrantes para ejecutar un reemplazo demográfico. Nombres de gran poder en el globo como Elon Musk o J.D. Vance dan validez a esta conspiración: el vicepresidente de Estados Unidos se muestra convencido de que los demócratas pretenden desnivelar de golpe la demografía a través de sus políticas migratorias, más abiertas que las republicanas. Esta teoría de la sustitución era una tesis minoritaria hace apenas unos años, pero ahora se ha normalizado e instalado en el debate público como otra de las aristas del racismo de algunos discursos de odio. También en el de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ya coqueteó con este concepto a principios de febrero, cuando alertó de que «el islamismo radical se abre paso en países del norte de Europa y amenaza con expandirse por España«. Se refirió de nuevo al tema alguna que otra vez, pero sin incidir mucho en ello. Ahora, le ha dado cuerpo a una versión castiza de esta racista y conspirativa teoría: la ha ligado a una conspiración en su contra para sacarla del poder.

Desde Sol, se sospecha que se está preparando un plan desde La Moncloa para desbancarla en las elecciones de 2027. El agua moja: es evidente que los partidos, en un sistema democrático, van a buscar sus mejores opciones en las urnas y éstas pasan, en todos los escenarios, por destronar al adversario. El asunto en este caso es que se asocia lo evidente, que es el hecho de que el PSOE, como todos los demás partidos, buscará ganar las elecciones, con teorías racistas y xenófobas. Según la presidenta y su equipo, el Gobierno podría agilizar el proceso de nacionalización, por la Ley de la Memoria Democrática, que otorgaría el derecho a voto a 2,3 millones de personas que la han solicitado. La proporcionalidad dice que 400.000 de ellas tendrían vínculo con Madrid. «Con que solo votaran 20.000, ya moverían un escaño. Si vota la mitad, decidirían 10 escaños. Vamos a ver la presión que mete el Gobierno para agilizar esos procesos. Y estamos viendo cómo crece el censo», argumentan desde las oficinas de Sol.

La dirigente madrileña piensa que son potenciales votantes progresistas, y así lo escenificó en una entrevista con OkDiario bajo el titular: «Las nacionalizaciones masivas son el nuevo pucherazo de Sánchez para mantenerse en el poder«. «Han nacionalizado a un millón. Esos son todos votos para la izquierda«, asociaba también torpemente Eduardo Inda. Ayuso respondía: «Eso es lo que pretende el señor Bolaños, que está detrás. En las municipales, esas regularizaciones masivas, de los países con los que haya reciprocidad, ya podrían votar, y en las generales, como ya son españoles de pleno derecho, podrían participar. Estamos detectando que el censo de Madrid está duplicándose con respecto al resto de España. ¿Por qué? Porque a través de Bolaños y su ministerio lo que se hace es que, de manera automática, cuando tú te quieres nacionalizar y eliges circunscripción, el sistema te da por defecto Madrid, o ellos te condicionan y te recomiendan Madrid. Esto, además de reventarnos los servicios públicos, condiciona el voto y el porcentaje de votantes porque amplía los censos. […] Un cubano con 30 años nunca ha votado en unas elecciones democráticas, ¿cómo vamos a confiar en que el voto desde Cuba hasta Madrid sea democrático si su Gobierno no lo es?». Desde el PP asocian a estos nacionalizados al voto progresista. Por otro lado, cabe destacar que no existen pruebas de que los funcionarios instiguen a los solicitantes a elegir Madrid.

Mezclando iniciativas y regularizaciones

No obstante, toda esta conspiranoia se cae al descubrir que el proceso de regularización extraordinario que se ha llevado a cabo desde el Gobierno para regularizar personas migrantes es ajeno a este, que se ha abierto para hijos, nietos y bisnietos de exiliados y víctimas de la Guerra Civil. Ayuso ha confundido ambos procesos y, además, dando por hecho que no la apoyarían electoralmente, está estigmatizando indirectamente a todas estas personas. «Obviamente no sabemos qué votan. Lo importante es que se está modificando el censo de manera opaca. Gestionado todo desde el ministerio de Bolaños», inciden desde la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha caído en el mismo error que su líder de partido, Alberto Núñez Feijóo, mezclando la ley de memoria con los regularizados. Un argumento que, además, se cae por su propio peso al saber que los segundos no van a tener derecho a voto en el corto plazo. A juicio del PP, el PSOE maniobra en la sombra para conseguir un censo a su favor. Pero, paradójicamente, lo hace con personas que no tienen derecho a voto todavía.

Desde el ministerio de Bolaños, por su parte, valoran todas estas teorías como bulos y no les dan importancia. «El PP es un partido que conoce perfectamente las garantías del sistema electoral, que ha contribuido a diseñarlo y que gana elecciones con él. Sumarse a una estrategia de deslegitimación y mentiras propia de la ultraderecha da idea de su profunda crisis ideológica. Los bulos y las teorías falsas sobre manipulación electoral han sido usados en otros países con el fin de tensionar a la sociedad, sembrar el caos y forzar la desconfianza en el sistema democrático», aportaban desde su lado.

Por otro lado, también es conveniente recordar que todos los gobiernos de la democracia española, salvo el de Mariano Rajoy, han aprobado regularizaciones de inmigrantes. José María Aznar (PP) regularizó aproximadamente a medio millón de personas en varios procesos. Los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, a otras 570.000 y 140.000 respectivamente. En cuanto a la preferencia electoral de los mismos, revisando el CIS, varían en función del país de origen y de los elementos socioeconómicos. Los cubanos y los venezolanos de clase alta, por ejemplo, votan más por la derecha. Los marroquíes, los ecuatorianos y los dominicanos tienen preferencia por la izquierda. En cualquier caso, ningún dato muestra que las nuevas personas con derecho a voto puedan suponer un vuelco electoral de ninguna clae y las teorías como la del Gran Reemplazo se quedan en lo que son, en puras especulaciones xenófobas.

La dimisión de Carlos Angrisano como secretario general de las Nuevas Generaciones del Partido Popular provocó un llamativo ruido mediático, fruto de la petición que realizó de votar a Vox en el comunicado con el que anunciaba que dejaba su cargo. El que fuera líder de los jóvenes del PP aseguraba que los de Feijóo han abandonado «la mayoría de las convicciones» que llevaron a numerosos militantes a afiliarse.

Tras esta controvertida noticia, el Partido Popular ha elegido un sucesor para Carlos Angrisano. Gaditano, formado en arquitectura y diputado en el Congreso, Miguel Ángel Sastre Uyá ha sido elegido para tomar el relevo y liderar a las filas más jóvenes del Partido Popular.

Durante casi cuatro años fue parte de un estudio de arquitectura, para pasar en el 2021 a formar parte del gabinete de José Luis Martínez Almeida, donde, a pesar de estar recién licenciado, desempeñó funciones como asesor del alcalde de Madrid en materias relacionadas con urbanismo, arquitectura y modelo de ciudad, así como en la preparación de discursos y estrategia institucional. Fue en el 2023 cuando dio el salto al Congreso de los Diputados, al obtener un escaño en la circunscripción de Cádiz, siendo ahora representante de su partido en diferentes comisiones de esta Cámara, como la de Ciencia, Innovación y Universidades; la de Juventud e Infancia; o la de Vivienda y Agenda Urbana.

Además de ello, Sastre Uyá cuenta con presencia en el ámbito mediático, al ser tertuliano en diferentes programas de Canal Sur Radio y contar con una columna de opinión en el periódico La Voz de Cádiz, del grupo Vocento. Como dato curioso, en 2025 se convirtió en el pregonero más joven de la historia de la Semana Santa de Cádiz, algo llamativo teniendo en cuenta su ya vinculación política al Partido Popular.

Provocó que llamaran «caciquil» a Almedia

Su incorporación al gabinete de José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento de Madrid no provocó, si quiera, polémica, entre la oposición, sino que lo hizo en las filas de su propio partido y, más concretamente, en el colectivo de Nuevas Generaciones. Los militantes más jóvenes del partido acusaron, en aquel momento, de “caciquil” a Almeida, de quien lamentaron que operó de una forma “muy poco ética” y con un “uso abusivo de la institución que representa”, tal y como recogió entonces, allá por 2022, este medio.

El enfado dentro de NNGG vino por dos nombramientos a dedo, uno de ellos el de Miguel Ángel Sastre Uyá, que en aquel momento comenzaba a trabajar como arquitecto. Sus propios compañeros criticaron que el ahora nuevo líder de los jóvenes del PP fuera nombrado “sin experiencia alguna en los campos que desempeña”. Desde dentro las fuentes del partido aseguraban que la conexión parecía responder a una relación de “amistad y recomendación” por parte de Bea Fanjul.

Aquel nombramiento como asesor para el grupo municipal suponía acceder a un puesto de trabajo nivel 28 en la administración pública, en cuyo caso la retribución se elevaba hasta los 58.671,98 euros anuales mínimo, conforme se muestra en las tablas salariales del personal.

Criticado por su petición de abordar la vivienda cuando Almeida decidió no intervenir

Miguel Ángel Sastre Uyá, quien en su haber cuenta con un piso en Madrid y otro en Cádiz, vivió un momento de polémica en el 2024, cuando en el Congreso de los Diputados reprochó la manera en la que el Ejecutivo nacional aborda el problema de la vivienda. 

En aquel momento, Uyá puso el foco sobre los “incentivos fiscales” que desde Moncloa se incluían en las leyes y que, según aseguraba, estaban provocando la “reducción de otros incentivos fiscales que ya existían” y que “los propietarios lo tengan muy difícil para acceder a ese tipo de incentivos fiscales”. No solo eso, sino que indicaba que “en el ámbito de la oferta, al intervenir el mercado provocan que se genere inseguridad jurídica y esto hace que muchas viviendas del mercado salgan”. Además, culpaba al Ejecutivo de estar «reduciendo también la oferta porque al favorecer el fenómeno de la ocupación están haciendo que muchos propietarios no se sientan seguros para poner su vivienda en el mercado”. 

Aquellas palabras resonaron entre muchos y resultaron llamativas, ya que en el tiempo que formó parte del gabinete de José Luis Martínez Almeida, donde desempeñaba labores de urbanismo, arquitectura y modelo de ciudad, fue parte de una forma de hacer política que se negaba a realizar cualquier tipo de acción encaminada a rebajar la tensión del mercado inmobiliario. Prueba de ello es que Almeida respondió a una publicación de la red social ‘X’ de Más Madrid diciendo «exacto». En aquella publicación, Más Madrid se preguntaba qué estaba haciendo Almeida para regular los precios de la vivienda, incluyendo una foto en la que podía leerse «nada».