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63.000 muertos, 159.000 heridos, un cuarto de millón de personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazados, la mitad de ellos niños. No son solo números, sino la radiografía de un desastre humanitario sin precedentes que ha puesto a la comunidad internacional frente a sus contradicciones. Estas son las cifras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este lunes como prueba del “genocidio en Gaza” y que han impulsado a España a aprobar una batería de medidas sin precedentes contra Israel. Desde La Moncloa, el jefe del Ejecutivo vinculó cada dato con una realidad tangible: barrios enteros arrasados, hospitales bombardeados y familias condenadas a la huida en condiciones extremas. “Bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes no es defensa”, advirtió con firmeza.

Las palabras del presidente coincidieron con las advertencias lanzadas desde Naciones Unidas. El coordinador de Asuntos Humanitarios y de Ayuda de Emergencia, Tom Fletcher, alertó de que los desplazamientos forzosos ordenados recientemente por Israel en la ciudad de Gaza podrían provocar que la hambruna declarada en la zona norte se extienda hacia el centro y el sur de la Franja. “Dos semanas después de la declaración de hambruna en Gaza llegan órdenes de desplazamiento contra palestinos de la ciudad en medio de una ofensiva militar enorme”, señaló en un comunicado. Según Fletcher, existe “una pequeña ventana hasta finales de septiembre” para frenar la propagación del hambre hacia Deir al Balá y Jan Yunis, aunque esa ventana “se está cerrando rápidamente”.

El responsable de la ONU fue más allá y denunció que “la muerte, la destrucción, el hambre y el desplazamiento de civiles palestinos son consecuencia de elecciones que van contra el derecho internacional e ignoran a la comunidad internacional”. Sin embargo, sostuvo que “este horror se puede parar” y pidió medidas inmediatas: permitir la entrada de ayuda humanitaria, proteger a los civiles, cumplir las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, liberar a los rehenes y excarcelar a los palestinos detenidos de forma arbitraria. “Alto el fuego”, concluyó Fletcher, en un mensaje que resonó como un eco de urgencia en el mismo día en que España endurecía su posición contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Las cifras expuestas por Sánchez no son abstractas. Los 63.000 fallecidos representan vidas truncadas en su mayoría en entornos civiles: aulas, hogares y hospitales convertidos en blanco de los ataques. Los 159.000 heridos describen el colapso de un sistema sanitario devastado, donde médicos y enfermeros operan sin electricidad, sin anestesia y con recursos mínimos. Los 250.000 palestinos en riesgo de desnutrición aguda reflejan un bloqueo alimentario que afecta a los sectores más vulnerables, especialmente a los menores. Y los casi dos millones de desplazados dibujan la imagen de un pueblo entero en fuga, la mitad de ellos niños que han crecido sin conocer otra cosa que la guerra.

Ante esta realidad, el Gobierno español ha puesto en marcha un paquete de nueve medidas que marcan un antes y un después en su política exterior. Entre ellas figuran el embargo oficial de armas a Israel, la prohibición del tránsito por puertos y espacio aéreo españoles de material bélico con destino a su territorio, la denegación de entrada a individuos directamente implicados en la ofensiva, y el embargo de productos procedentes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania. También se limitarán los servicios consulares a quienes residan en dichos asentamientos y se reforzará la ayuda humanitaria canalizada a través de la Autoridad Nacional Palestina y la UNRWA.

España, además, pedirá la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel y se implicará activamente en los procesos abiertos en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. A ello se suma el respaldo a iniciativas como la Flotilla de Barcelona, destinada a romper el bloqueo y llevar ayuda directamente a la población gazatí. “Queremos estar en el lado correcto de la historia”, aseguró Sánchez, subrayando que el objetivo es ejercer presión diplomática y marcar una posición clara en el marco europeo.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde Israel, el Ejecutivo de Netanyahu ha respondido con acusaciones de antisemitismo contra España y con represalias como la prohibición de entrada a dos ministras del Gobierno. A nivel interno, formaciones como Izquierda Unida y Sumar han celebrado la decisión pero reclaman dar un paso más: la ruptura de relaciones diplomáticas y la declaración de personas non gratas a responsables israelíes. La oposición, por su parte, ha cuestionado el alcance real de las medidas, en un debate que trasciende lo político y se adentra en lo moral.

En todo caso, las cifras hablan por sí solas y el relato de Naciones Unidas refuerza la urgencia de actuar. Cada número es un recordatorio de la magnitud del sufrimiento en Gaza y de la responsabilidad internacional de frenar lo que muchos ya califican como un genocidio. España ha optado por convertir la indignación en política, y sus decisiones marcan un hito en la respuesta europea a una crisis que sigue creciendo día tras día.

 

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha hablado este lunes en una entrevista en ‘El programa de Ana Rosa’ de Telecinco sobre la actualidad de su formación y ha expuesto una conversación que mantuvo con el rey Felipe VI. El popular, tras explicar su objetivo político: ganar de “forma clara” las elecciones para poder “gobernar en solitario”, ha aportado detalles de la conversación con Felipe VI en julio. 

Cuando Feijóo decidió no acudir a la apertura del Año Judicial del viernes por la presencia del fiscal general del Estado imputado, Álvaro García Ortiz, le comunicó en una llamada al monarca su posición. “El rey, en su papel de moderación, me ha dicho que entendía y que tomaba nota de mi posición«, ha expuesto el gallego, dando a entender que el rey “entendía” su plante a “Sánchez”. En la misma línea, ha insistido en que no tenía obligación constitucional de asistir, asegurando que volvería a repetir su decisión. 

Tras estas palabras del popular, la Zarzuela ha salido al paso y ha asegurado que el rey «se ha atenido, se atiene y se atendrá a una exquisita neutralidad política en su acción institucional«. A su vez, la Casa Real ha asegurado que “no comenta” conversaciones “privadas”. Toda esta polémica se ha generado por la ausencia de Feijóo al acto celebrado en el Tribunal Supremo donde se marcó el inicio del curso judicial con la presencia de Felipe VI junto al ministro ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y altas autoridades judiciales.

La entrevista de Feijóo 

El líder de los populares ha sido muy tajante con el fiscal general del Estado: «Yo no puedo mirar para otro lado y no puedo dar por normal lo que es anormal«. «Yo no puedo estar de acuerdo en que un presunto delincuente se dirija a los magistrados que le están investigando», ha proseguido.

Asimismo, el gallego ha querido expresar su opinión sobre lo ocurrido con los incendios y ha afirmado que culpar de lo sucedido al cambio climático es “una cortina de humo”, mientras que ha dudado del pacto de Estado presentado por Pedro Sánchez, ya que en su opinión es «especialista en romperlos». 

También ha querido expresar su postura sobre la inmigración, donde ha recalcado que no quiere “hundir los barcos”, pero ha asegurado que los inmigrantes que vengan a España deben aceptar y cumplir las leyes españolas y a su vez aportar económicamente. Aunque ha sentenciado que si un inmigrante viola a una mujer «tiene que ser juzgado y expulsado y no puede ser acogido ni olvidado«.

El líder de la oposición, a su vez, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «lucrarse» de la prostitución «durante varios años» y ha resaltado que, por lo tanto, no tiene «legitimidad» para hablar de su abolición. Ante la ley que prepara el PSOE contra la prostitución, ha indicado que la posición de su partido es «clarísima» a «favor de abolir la trata«.

Este lunes 8 de septiembre se ha convertido en una jornada histórica en materia de diplomacia, de cooperación internacional y de defensa de los Derechos Humanos. España ha dado un paso adelante contra el genocidio que el Estado de Israel está perpetrando sobre Palestina con un paquete de nueve medidas anunciadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con las que condenan la masacre e intensifican sus labores de ayuda humanitaria con la población palestina y gazatí.

En una declaración institucional, el presidente del Gobierno se ha mostrado implacable con la indiferencia y la complicidad “con el Gobierno de Benjamín Netanyahu” y ha calificado de “genocidio” el “exterminio de un pueblo que está indefenso y el quebranto de todas las leyes del derecho humanitario”. Con estas palabras, desde Moncloa marcan un antes y un después en la postura de España frente al exterminio de la población palestina y dibujan las próximas hojas de ruta a seguir. Especial protagonismo ha cobrado la llamada a la comunidad internacional a la que Sánchez ha acusado de “no saber detener esta tragedia” y “encallarse entre la indiferencia de un conflicto que no termina y complicidad con el Gobierno de Netanyahu” en un momento en el que ya se han notificado más de 63.000 muertos, 153.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazadas, la mitad de ellas, menores.

Frente a este escenario, desde el Gobierno de España han anunciado la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel, estableciendo la prohibición legal y permanente de comprar, vender o transferir armamento, munición y equipamiento militar al Estado israelí. Una medida que se complementa, a su vez, con la prohibición del tránsito por puertos españoles de embarcaciones que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes, así como con la denegación total del uso del espacio aéreo español a aeronaves que lleven material de defensa con destino a Israel.

Asimismo, se plantea la prohibición de acceso al territorio español a todas aquellas personas implicadas de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos o la comisión de crímenes de guerra en la Franja de Gaza, así como la prohibición de importación de productos originarios de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, y la la limitación de los servicios consulares a los ciudadanos españoles residentes en dichos asentamientos a la mínima asistencia exigida por la legislación vigente.

Por otro lado, se propone reforzar el apoyo a la Autoridad Palestina mediante el incremento de los efectivos en la Misión de Asistencia de la Unión Europea (UE) en Rafah, así como la puesta en marcha de nuevos proyectos de colaboración en áreas clave como la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica. Finalmente, se plantea la ampliación de la contribución española a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), con una dotación adicional de 10 millones de euros, y el aumento progresivo de la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en el año 2026.

Con todo, unas medidas que, aunque, tal y como ha lamentado Sánchez, “no bastarán para frenar la invasión ni los crímenes de guerra”, pueden añadir presión sobre el gobierno israelí, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y para que la ciudadanía española sepa y sienta que, ante este infame episodio, su país estuvo en el lado correcto de la historia”. Asimismo, con motivo del Día Internacional de las Personas Cooperantes, en la tarde de este lunes el jefe del Ejecutivo ha asegurado que “España no puede ser cómplice de esta barbarie”, a la vez que ha defendido que «la historia será implacable y juzgará la indiferencia como complicidad«. “Hay quien se pregunta si invertir en cooperación vale la pena. Hoy quiero recordar que claro que merece la pena invertir en cooperación, porque es lo más inteligente, o es que no recordamos la pandemia, o hace poco cuando veíamos un brote de ébola en El Congo. Estamos asistiendo de nuevo a estas realidades, invertir en un mundo más estable, más seguro, invertir en cooperación y desarrollo es proteger a nuestros ciudadanos, cuidar el presente y el futuro de nuestro país”, ha sostenido Sánchez.

Por su parte, ha querido “apelar al sentimiento de la esperanza”, aunque, subraya, “parezca imposible en este momento”. “La esperanza también se abre paso en mitad de las bombas. Ni la paz de los cementerios ni la de la muerte, sino la que nace de la justicia con el pueblo palestino, la paz que brota del respeto a la dignidad humana”, ha defendido.

Las nueve medidas anunciadas

1. Aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
2. Prohibición del tránsito en puertos españoles de todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armas israelís.
3. Denegación total de entrada en el espacio aéreo español a aquellas aeronaves que transporten material de defensa a Israel.
4. Prohibición de acceso al territorio español a las personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
5. Prohibición de importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.
6. Limitación de los servicios consulares prestados a los españoles residentes en los asentamientos ilegales israelís a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
7. Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina mediante un aumento de los efectivos en la Misión de Asistencia de la Unión Europea (UE) en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.
8. Ampliación de la contribución española a UNRWA con unos 10 millones adicionales destinados al auxilio de la población gazatí.
9. Aumento de la partida de ayuda humanitaria y de cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Palestina aplaude e Israel acusa

Rápidamente el anuncio del Ejecutivo español ha tenido respuesta en las dos partes implicadas. Mientras que desde el Ministerio de Exteriores de Israel han acusado al Gobierno de “antisemitismo” y han anunciado medidas contra las dos ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, Palestina ha expresado el buen recibimiento de estas medidas y ha instado al resto de países, “especialmente los europeos”, a tomar ejemplo.

De este modo, el Ministerio de Exteriores palestino ha reconocido la “postura del amigo Reino de España” y se ha dirigido a “otros países, especialmente los europeos” para que “sigan su ejemplo y esfuerzos para detener la guerra, lograr la paz y proteger la solución de dos Estados”. Asimismo, desde Exteriores se han referido al anuncio de Sánchez como un paso clave que permite “maximizar los esfuerzos para lograr un alto el fuego”, “proteger y dar ayuda a los civiles”, “aumentar el apoyo que se les da a través de la (UNRWA)», «apoyar los esfuerzos europeos e internacionales para lograr la paz», «aplicar la solución de dos Estados» y «protegerla de los riesgos de anexión y asentamiento».

Una postura completamente opuesta a la defendida por el Estado genocida. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha acusado al mandatario español de “antisemitismo”. “El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio”, ha trasladado, quien acusa al Ejecutivo de Sánchez de llevar a cabo un “activismo obsesivo” basado en “evidentes ataques antiisraelíes y antisemitas”. “No todas las críticas a la política israelí son antisemitismo. Sin embargo, cuando se caracteriza por la demonización, la deslegitimación y un doble rasero, es antisemitismo”, ha añadido. Además, ha decidido sancionar a las dos ministras españolas Yolanda Díaz y Sira Rego, sobre las que considera que “han traspasado la línea roja”. “La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española tendrá prohibida la entrada a Israel e Israel no mantendrá ninguna relación con ella”, ha trasladado Saar, quien ha acusado a Díaz de “aprovecharse de la debilidad política del presidente Sánchez y arrastrarlo, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita”. “Se impondrán las mismas sanciones contra la ministra de Juventud e Infancia del mismo partido extremista”, ha añadido.

Los socios piden romper relaciones con Israel

Pese al calado de las medidas anunciadas, el socio minoritario del Gobierno ha pedido ir un paso más allá rompiendo todo tipo de relaciones con Israel. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llamado a romper relaciones con Israel tras la decisión del Gobierno dirigido por Benjamin Netanyahu de vetarla a ella y a la ministra de Juventud, Sira Rego, al país hebreo en respuesta al paquete de medidas del Ejecutivo español ante el «genocidio» del pueblo palestino.

«Hoy Netanyahu ha tomado medidas contra la ministra Sira Rego y contra mí misma, impidiéndonos la entrada en Israel. Se justifica más que nunca romper relaciones con el régimen de Netanyahu«, ha defendido durante una entrevista en ‘La Sexta’. Así, ha asegurado que Sumar va a seguir presionando para conseguir la retirada de la embajadora española en Tel Aviv. «Están matando a los niños y las niñas palestinas, están utilizando el hambre como un arma de guerra, lo hemos hecho con Argentina por una cosa muy menor, no lo hacemos con el régimen de Netanyahu. Bueno, pues esta es la medida en la que seguiremos trabajando desde Sumar», ha agregado Díaz.

Apenas pocas horas después de las declaraciones de Díaz, el Gobierno ha llamado a consultas a la embajada de España en Tel Aviv, Ana María Salomom, por las «calumniosas acusaciones» hacia España y las «inaceptables medidas» que se han anunciado contra las dos ministras. Así lo han trasladado fuentes del Ministerio después de que el Gobierno de Netanyahu haya respondido al paquete de medidas para frenar el «genocidio» en Gaza anunciado por el presidente del Gobierno denunciando que es un intento por «distraer la atención» de los escándalos de corrupción y anunciando sanciones contra Díaz y Sira Rego. En esta línea, el socio minoritario del Ejecutivo ha adelantado que no se conformaba con el paquete de medidas y reclamaba retirar a la embajadora española en Tel Aviv, para plasmar la ruptura de relaciones diplomáticas con el país hebreo.

En líneas similares, desde Izquierda Unida han calificado de «positivo pero insuficiente» el paquete de medidas, dado que la formación exige la ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno de Netanyahu. Además, su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha demandado al Gobierno que presente ante la ONU la propuesta de creación de una fuerza de intervención (en alusión a los ‘cascos azules’) que pare el «genocidio» de Israel en los territorios palestinos.

La ultraderecha española continúa ganando espacio electoral y las encuestas elevan su proyección hasta máximos históricos. Vox sostiene su avance y lo hace a costa del Partido Popular (PP), a quien roba votos a gran velocidad, dejando a los de Alberto Núñez Feijóo en su peor pronóstico desde las elecciones generales del 2023.  Si bien los conservadores seguirían siendo los vencedores de los comicios, su dependencia de los extremistas sería más grande que nunca y la formación pilotada por Santiago Abascal llegaría hacerse con la victoria en territorios como Andalucía o Comunidad Valenciana.

Los resultados proyectados por 40db y publicados este lunes por El País y la Cadena Ser otorgan a la extrema derecha un 17,4% de los votos, cinco puntos más que el 23J (12,4%) y casi un 2,2% por encima del sondeo realizado en julio de este mismo año. En sentido contrario, el PP y su estrategia de acercase a los postulados ultras se desploman hasta el 30,7%, siendo el partido más votado, pero perdiendo casi tres puntos en tan solo dos meses, cuando se alzaba con el 33,3%,

Este resultado se ubica un 2,4% del obtenido en las últimas elecciones y es el peor de los otorgados a los de Feijóo, que han llegado a superar el 35%, desde entonces. Por su parte, el PSOE frena la sangría y recupera un poco de espacio. Los socialista obtendrían el 27,7% de los apoyos, que si bien es cuatro puntos menos de lo recolectado hace algo más de dos años, se aleja de la peor proyección recibida (27%), justamente en el anterior sondeo.

No obstante, Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo, se quedaría lejos del 31,7% con el que consiguió resistir al último envite electoral. La situación a su izquierda tampoco ayudaría a reeditar el Gobierno de coalición progresista. Sumar, socio minoritario, obtendría un 6,6%, muy por debajo del 12,3% de las últimas elecciones (-5,7%), aunque recuperando terreno con respecto a julio (+0,4%). La coalición electoral pilotada por Yolanda Díaz, con la evidente merma electoral al no incluir a Podemos, recibe así su mejor pronóstico en el último año, pero se queda muy lejos de la tercera fuerza.

A la par, los morados liderados por Ione Belarra resisten por encima del 3%, aunque con un poco menos de fuerza que en los meses precedentes. En términos porcentuales, Podemos pasa del 3,8% de julio al 3,4% recibido este mes de septiembre. El sondeo deja una gran diferencia entre los bloques nacionales (excluidos las formaciones nacionalistas y regionales), elevando a las derechas al 48,1%, 49,7% si se suma a Se Acabó La Fiesta (SALF), y dejando a las izquierdas en el 37,7%.

Vox roba el 18% de voto al PP

La encuesta recoge también las transferencias de voto en comparación con las anteriores elecciones, entre las que destaca el robo masivo de votantes de Vox al PP. La ultraderecha convence a casi dos de cada diez votantes (17,7%) que el 23J de 2023 se decantaron por la papeleta de Feijóo. Esta situación, unida a que la extrema derecha cuenta con los votantes más fieles (el 87% repetiría voto), han permitido a los de Abascal ganar mucho terreno.

La fuga de papeletas a un competidor solo sería mayor en el caso de Sumar, que ve como el 26% de sus antiguos votantes optarían ahora por Podemos. El caso de los magentas es sangrante, dado que tan solo el 46% de los que se decantaron por su papeleta en los últimos comicios repetirían. Entre los abstencionista, Vox (9%) y el PSOE (8%) serían las formaciones que conseguirían captar a aquellos que no se decantaron en la última cita con las urnas.

Las mujeres se decantan por el PSOE y los jóvenes por Vox

Atendiendo a diferentes variables de segmentación de la sociedad, Vox mantienen su liderazgo entre los más jóvenes. La formación ultraderechista sería la más votada en los tres segmentos de población más jóvenes (18-24, 25-34 y 35-44), mientras que el PSOE vencería en los mayores, los tres segmentos siguientes (45-54, 55-64 y +65). El PP no sería la opción más elegida en ninguno de los rangos de edad, aunque registra su principal fuerza entre los más mayores.  

El enfrentamiento entre géneros también cuenta con una especial importancia en e sondeo de 40db. Vox es la formación con mayor intención de voto entre los hombres, con un 22,3%, seguido del PSOE (19,9%) y el PP (16,9%). En sentido contrario, los socialistas serían los más elegidos por las mujeres, alcanzando el 21,5%, mientras que los ultras pierden mucho terreno (13,1%), afectados por su discurso y propuestas machistas. El PP casi clava el resultado que entre los hombres (16,5%) y la izquierda más allá del PSOE reúne algo más de voto entre la población femenina.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este lunes una declaración institucional en la que ha anunciado nuevas medidas para condena el genocidio que está practicando Israel y apoyar a la población palestina. El tono del mandatario español se ha endurecido y ante lo que ha considerado como “indiferencia” y “complicidad con el Gobierno de Benjamín Netanyahu” de la comunidad internacional, ha calificado directamente de “genocidio”, algo novedoso en el Ejecutivo, “el exterminio de un pueblo que está indefenso y el quebranto de todas las leyes del derecho humanitario”.

“Lo que Netanyahu presentó como una respuesta a los atentados de Hamás ha acabado convirtiéndose en una nueva ola de ocupaciones ilegales y un ataque injustificable contra la población civil palestina, que la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) y la mayoría de expertos califican ya como un genocidio”, ha introducido Sánchez el paquete de medidas. “Esto no es defenderse, ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso y quebrantar todas las leyes del derecho humanitario”, ha proseguido, defendiendo la posición que España asumió desde el reconocimiento de Palestina.

El jefe del Ejecutivo también ha dado un tirón de orejas a la comunidad internacional por “no saber detener esta tragedia” y “encallarse entre la indiferencia de un conflicto que no termina y complicidad con el Gobierno de Netanyahu”. Más de 63.000 muertos, 153.000 heridos, 250.000 personas en riesgo de desnutrición aguda y casi dos millones de desplazadas, la mitad menores, pero Europa no hace nada. Ante esta pasividad, y aunque ha reconocido que lo que pueda hacer España en solitario no va a frenar a Israel, ha expuesto nueve acciones de calado:

1. Aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel y que establezca la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
2. Prohibición del tránsito en puertos españoles de todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armas israelís.
3. Denegación total de entrada en el espacio aéreo español a aquellas aeronaves que transporten material de defensa a Israel.
4. Prohibición de acceso al territorio español a las personas que participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
5. Prohibición de importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania.
6. Limitación de los servicios consulares prestados a los españoles residentes en los asentamientos ilegales israelís a la mínima asistencia legalmente obligatoria.
7. Refuerzo del apoyo a la Autoridad Palestina mediante un aumento de los efectivos en la Misión de Asistencia de la Unión Europea (UE) en Rafah y el establecimiento de nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria y la asistencia médica.
8. Ampliación de la contribución española a UNRWA con unos 10 millones adicionales destinados al auxilio de la población gazatí.
9. Aumento de la partida de ayuda humanitaria y de cooperación para Gaza hasta alcanzar los 150 millones de euros en 2026.

Después de la presentación del paquete, Sánchez ha reconocido con resignación su consciencia de que estas medidas “no bastarán para frenar la invasión ni los crímenes de guerra”. “Esperamos que sirvan para añadir presión sobre el gobierno israelí, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y para que la ciudadanía española sepa y sienta que, ante este infame episodio, su país estuvo en el lado correcto de la historia”, ha zanjado.

Israel reacciona contra España

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, ha reaccionado con dureza a las palabras y anuncios de Sánchez, al que ha acusado de “antisemitismo”. “El Gobierno español lidera una línea hostil antiisraelí, con una retórica desenfrenada y llena de odio”, ha espetado, acusando al Ejecutivo de Sánchez de llevar a cabo un “activismo obsesivo” basado en “evidentes ataques antiisraelíes y antisemitas”. “No todas las críticas a la política israelí son antisemitismo. Sin embargo, cuando se caracteriza por la demonización, la deslegitimación y un doble rasero, es antisemitismo”, ha añadido.

En la misma línea, Saar ha achacdo el movimiento español a una estrategia con la que Sánchez busca “distraer la atención de los graves escándalos de corrupción” y de los “vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela”. Asimismo, se ha referido a la expulsión de judíos de España en el siglo XV y ha anunciado que llevará el pronunciamiento español ante la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés).

Por último, el Estado genocida ha decidido sancionar a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, que considera que “han traspasado la línea roja”. “La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo española tendrá prohibida la entrada a Israel e Israel no mantendrá ninguna relación con ella”, ha apuntado Saar, quien ha acusado a Díaz de “aprovecharse de la debilidad política del presidente Sánchez y arrastrarlo, paso a paso, a implementar su visión antiisraelí y antisemita”. “Se impondrán las mismas sanciones contra la ministra de Juventud e Infancia del mismo partido extremista”, ha concluido.

El Partido Popular despliega todo su arsenal para ir, nuevamente, a la caza de Sarah Santaolalla, la colaboradora de televisión y analista política cuyos comentarios más escuecen en las filas de Génova 13. Al comunicado del PP del pasado 28 de agosto, en el que la formación exigía a RTVE que rescindiera el contrato con ella, se suma ahora un nuevo paso en su ofensiva. Una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al presidente de la Corporación, José Pablo López, para saber cuánto ha cobrado Santaolalla de RTVE, en cuántos espacios ha participado este año y qué medidas piensa adoptar la televisión pública para impedir que la comunicadora siga insultando a sus votantes, dicen.

Son en total diez preguntas escritas dirigidas al presidente de RTVE que anticipan lo que, seguro, será otro debate acalorado en cuanto José Pablo López vuelva a la Comisión de Control de RTVE de las Cortes.

La guerra contra Santaolalla se desató el pasado 26 de agosto, tras sendas intervenciones de la colaboradora en los programas Mañaneros 360 y Malas Lenguas, de los que es analista habitual. En pleno análisis de las medidas utilizadas por las comunidades del PP para la prevención y extinción de incendios, Santaolalla afirmó que “hay que ser muy idiota para seguir creyéndote al Partido Popular y a Vox”. El comentario, en boca de quién solivianta al Partido Popular cada vez que interviene en la televisión pública, llevó a la difusión de un duro comunicado contra ella y a unas palabras, totalmente fuera de tono, del popular Jaime de los Santos asimilando su situación en TVE a la de las exparejas de Ábalos: “En el Gobierno de Pedro Sánchez estamos acostumbrados a que incluso a mujeres prostituidas se las pague del erario público y se las enchufe en empresas públicas”, en alusión velada a las parejas del exministro socialista José Luis Ábalos.

El número dos del PP, Miguel Tellado, también saltó públicamente contra los comentarios de Santaolalla: “11 millones de personas que votamos al PP y a Vox hemos sido insultados en la televisión pública que se mantiene con nuestros impuestos. En el sanchismo el insulto, la zafiedad y la mala educación son marca de la casa, pero no vamos a consentir que sigan enfangado las instituciones que son de todos”.

Pues bien, en este ambiente, llega ahora la batería parlamentaria que volverá a situar a Santaolalla en el foco del debate nacional de sus Señorías. El PP insiste en pedir la cabeza de la colaboradora, quiere saber cuánto dinero público cobra de TVE y, también, apunta hacia la actitud del presentador Javier Ruiz con ella el mismo día de la emisión de sus declaraciones sobre el PP y VOX. Estas son las 10 preguntas que han registrado en el Congreso:

• ¿Va a rescindir RTVE cualquier tipo de colaboración con la analista Sarah Santaolalla, después de los insultos vertidos en varios programas de la televisión pública contra millones de españoles?

• ¿En qué fechas concretas ha participado como colaboradora Sarah Santaolalla en programas de RTVE durante el año 2025 especificando el nombre de cada espacio y la duración de su intervención?

• ¿Considera RTVE compatible con los principios de pluralismo y respeto a los ciudadanos que, en la emisión del programa mañaneros del 26 de agosto de 2025, la colaboradora Sarah Santaolalla insultara a llamando “idiotas” a millones de españoles?

• ¿Por qué motivo el presentador de mañaneros del 26 de agosto de 2025 respondió al insulto “idiotas” a millones de españoles por parte de Sarah Santaolalla con “un abrazo hasta luego” en lugar de reprobar de inmediato el comentario?

• ¿Ha solicitado RTVE a la colaboradora Sarah Santaolalla algún tipo de rectificación o disculpa pública por los comentarios ofensivos dirigidos a millones de españoles emitidos en el programa mañaneros del 26 de agosto de 2025?

• ¿Cuál es el importe total que ha percibido Sarah Santaolalla por todas sus colaboraciones en RTVE en el año 2025, desglosado por programa y fecha de emisión?

• ¿Piensa el presidente de RTVE adoptar medidas disciplinarias o de corrección de contenidos tras la emisión del programa mañaneros del 26 de agosto de 2025 en el que se produjeron los insultos a millones de españoles?

• ¿Qué garantías ofrece RTVE a los ciudadanos para que no vuelvan a producirse expresiones ofensivas como las de la colaboradora Sarah Santaolalla, el 26 de agosto, hacia los españoles en programas emitidos por la televisión pública?

• ¿Qué valoración hace el presidente de RTVE de que en el programa Mañaneros la colaboradora Sarah Santaolalla se refiriera al presidente de la Generalitat valenciana con la expresión “el puñetero Mazón” y qué medidas piensa adoptar para evitar que se repitan expresiones ofensivas contra cargos públicos en la televisión pública?

• ¿Va a asumir alguna responsabilidad el presidente de RTVE por permitir que en el programa Malas Lenguas, emitido el 26 de agosto, la colaboradora Sarah Santaolalla profirieron insultos contra el Partido Popular, calificándolo de “inútiles mentales y laborales” en un servicio público financiado con dinero de todos los españoles?

Tras los ataques del PP y De los Santos a Santaolalla, el presidente de RTVE se pronunció en X de la siguiente manera: “Mi reconocimiento a los que cada día, con aciertos y errores pero con buena voluntad, trabajan por una RTVE más autónoma y consciente de su papel central en nuestra democracia”, dijo-. “Los ataques que están sufriendo RTVE, algunos de sus profesionales y colaboradores/as, no son algo casual sino causal”. “En definitiva, con causas empresariales y políticas ajenas al servicio público. Es decir, Tv pública sí ma non troppo”.

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