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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que mantendrá en las próximas horas una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para abordar la situación territorial en Ucrania, aunque ha aclarado que cualquier acuerdo final será decidido únicamente por Kiev.

Durante el vuelo hacia Anchorage (Alaska), Trump ha conversado con los medios a bordo del Air Force One, calificando a Putin como un «tipo listo» y destacando el «buen respeto mutuo» existente entre ambos líderes. El mandatario estadounidense ha afirmado que llevará a la reunión «herramientas de presión contundentes«, incluyendo la amenaza de “sanciones económicas muy serias” si el encuentro no cumple sus expectativas.

«Si yo no fuera presidente, se habría quedado con toda Ucrania», ha afirmado Trump, mostrando su escepticismo sobre el carácter belicista del mandatario ruso. Respecto a la posibilidad de un intercambio de territorios, Trump ha aclarado que será Ucrania quien tome la decisión final.

El presidente estadounidense también ha indicado que otro de los puntos clave será discutir las garantías de seguridad solicitadas por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con el objetivo de lograr una «paz justa y duradera«. Entre los escenarios posibles se contempla el despliegue de una fuerza multinacional con participación europea, pero no bajo la OTAN, descartando así su participación directa.

Trump ha expresado además que vería como un éxito acordar un alto el fuego en Ucrania durante su cumbre con Putin. «No hay nada definitivo. Quiero ciertas cosas. Quiero un alto el fuego. Esto no tiene nada que ver con Europa. Europa no me dice qué hacer, pero obviamente participarán en el proceso, al igual que (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski. Pero quiero un alto el fuego rápidamente», ha afirmado desde el Air Force One. El presidente ha agregado que no sabe si el acuerdo se alcanzará este viernes y advirtió que abandonará la reunión si el resultado no es el que él espera.

Por su parte, el Kremlin ha señalado que una cumbre futura entre Putin y Zelenski podría ser factible si la reunión con Trump arroja resultados satisfactorios. El portavoz ruso, Dimitri Peskov, ha anticipado que las delegaciones trabajarán entre seis y siete horas, incluyendo encuentros económicos y reuniones paralelas, antes de la rueda de prensa conjunta prevista.

Peskov ha confirmado, como se preveía, que la cumbre entre Trump y Putin contará con encuentros paralelos de carácter económico. «Habrá negociaciones entre estas delegaciones, posiblemente en formato de almuerzo de trabajo», ha explicado el portavoz en declaraciones al Canal 1 de la televisión rusa. «Después, los líderes tratarán los resultados antes de su reunión, y finalmente terminarán en una rueda de prnesa conjunta», ha indicado. «En general, cabe suponer que se dedicarán a esto entre seis y siete horas», ha añadido el portavoz. Peskov no ha querido elucubrar más allá de expresar su deseo de que esta cumbre termine de una sola forma: «Productivamente», ha indicado al canal ruso, un resultado imprescindible para cerrar otra esperada reunión todavía en vilo: la que mantendría Putin con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Putin llegará a Anchorage acompañado por altos funcionarios, incluyendo al ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, el jefe del fondo soberano de riqueza ruso, Kirill Dmitriev, y los ministros de Defensa y Finanzas, Andrei Belousov y Anton Siluanov. Trump contará con la compañía de sus secretarios de Comercio y Tesoro, Howard Lutnick y Scott Bessent, así como del secretario de Exteriores, Marco Rubio. La Casa Blanca ha previsto que la reunión comience a las 11:00 hora local de Anchorage (21:00 hora peninsular en España), con un cara a cara entre Trump y Putin, seguido por un encuentro más amplio entre delegaciones y una rueda de prensa conjunta al final de la cumbre.

La imposibilidad de acceso a la vivienda es el principal problema de la ciudadanía española, que contempla como los precio no paran de subir en todo el territorio, con especial afectación en las principales ciudades y en los enclaves turísticos. Sin embargo, esta cuestión parece haberse asumido con resignación, pues los que tienen competencias para acometer un cambio no actúan, y es utilizada como arma arrojadiza entre los partidos sistémicos, denotando que una parte del espectro podría incluso estar interesada en que se enquiste la cuestión hasta, por lo menos, hacerse con el poder.

Las competencias del Gobierno central en esta materia son escasas y la ambición por avanzar hacia una vivienda pública, asequible (ni que decir gratuita) y de calidad un tanto impostada. Del lado de las Comunidades Autónomas, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular (PP), el dogma es dejar al mercado que haga, aunque esto signifique machacar más aún a las clases trabajadoras, y tan solo intervenir si es para poder favorecer a algunos de los principales actores privados, en cuyo caso las cabriolas para justificar meter mano siempre aluden al interés general.

En los últimos meses, desde el Ejecutivo de coalición se han lanzado varias propuestas a las autonomías, no excesivamente ambiciosas en lo que a intervencionismo público y combate de la especulación inmobiliaria se refiere, en busca de un pacto de Estado. Sin embargo, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana no bajan los brazos e insisten en reclamar altura de mirar a los presidentes regionales, a los que también advierte que dejará atrás en el reparto de fondos estatales y el levantamiento de viviendas si no colaboran para solucionar el problema.

“Si el PP de verdad quiere contribuir a resolver el problema de acceso a la vivienda, común en todos los países de nuestro entorno, tiene que abandonar la retórica vacía”, trasladan fuentes de la cartera pilotada por Isabel Rodríguez. Para alejarse de la dinámica de grandilocuencias vacías, lanzan una lista de nueve puntos acotados y básicos y pide a los de Alberto Núñez Feijóo “aclarar si está de acuerdo” con estos mínimos, de cara a poder comenzar una negociación entre las diferentes administraciones.

Los 10 puntos de vivienda

Desde el Ministerio capitaneado por los socialistas presentan como primer punto la necesidad de un Acuerdo Estatal de Vivienda como el planteado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la conferencia de presidentes. Este texto llama a triplicar la inversión en vivienda pública, pensando en la construcción de inmuebles destinado al alquiler asequible y cuya protección pública sea de carácter vitalicio. Además, ahonda en el despliegue de las zonas tensionadas para acometer una reducción de los arrendamientos.

El segundo de los puntos hace alusión a “continuar construyendo un gran parque de vivienda protegida que garantice el derecho constitucional a una vivienda digna desde lo público”, que unido al tercero (“hay que triplicar los fondos destinados a políticas de vivienda”) y cuarto (“blindar la protección permanente de las viviendas pagadas con los impuestos de todos para que no se malvendan a fondos buitre”), componen parte del plan expuesto por Sánchez.

“Hay que ofrecer a la ciudadanía los datos sobre el mercado inmobiliario de forma transparente”, sugiere el quinto de los puntos que lanza el Ministerio de Vivienda. Asimismo, pone el foco en la proliferación de los pisos turísticos, que elevan los precios y expulsan a los vecinos de sus barrios, en el secto: “hay que actuar con contundencia, como hace el Gobierno, para clausurar las viviendas turísticas ilegales que expulsan a las familias de sus barrios”.

“Hay que aplicar la Ley de Vivienda para limitar la especulación y las subidas abusivas en los alquileres, sobre todo en las zonas de mercado tensionado” y “activar planes especiales para las zonas donde la gente tiene más problemas para acceder a una vivienda”, añaden el séptimo y octavo planteamientos que deslizan los socialistas al Partido Popular. “Hay que movilizar viviendas vacías y fomentar su puesta a disposición en forma de alquiler asequible”, prosiguen desde la cartera de Rodríguez, aunque sin concretar cómo se hará.

Si se optará una vez más a los incentivos a los propietarios o si se elegirá una medida de coacción, como en capitales europeas del calado de Bruselas o Lisboa, es una duda sin despejar, aunque todo apunta a la primera de las opciones. “Hay que modernizar el sector de la construcción para que sea más seguro y atractivo, sobre todo para los jóvenes”, zanjan, apostando por una nueva forma de construcción adaptada a las necesidades y el medio.

La oleada de incendios forestales que arrasa España ha devorado ya decenas de miles de hectáreas y provocado evacuaciones masivas, con más de 25.000 hectáreas calcinadas según los últimos datos. Como viene siendo habitual en estas catástrofes, el episodio ha desencadenado un cruce de reproches políticos. Desde el Partido Popular acusan al Gobierno central de haber llegado “tarde” ante la crisis y de carecer de una política firme contra los fuegos. Sin embargo, la legislación vigente atribuye a las comunidades autónomas la competencia de prevención y extinción de incendios forestales, por lo que, según la portavoz socialista en la materia, “por ley corresponde” actuar a los gobiernos regionales afectados.

Alberto Núñez Feijóo ha cargado duramente contra Pedro Sánchez, lamentando la “ausencia de políticas contra incendios forestales” y criticando que el Ejecutivo “sigue de vacaciones” mientras se extienden las llamas. En sus declaraciones matutinas, el líder del PP reprochó al Gobierno no haber activado a tiempo “la vigilancia en los bosques y en los montes españoles”, justo antes de que comenzase la temporada de alto riesgo. Estas acusaciones llegan incluso cuando la mayoría de los territorios más afectados (Galicia, Castilla y León, Andalucía o Castilla-La Mancha) están gobernados por el PP, lo que ha suscitado críticas internas de que la oposición arremete contra el Ejecutivo contra viento y marea.

Sin embargo, el Gobierno no se ha quedado callado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó dedicar tiempo a debates estériles y pidió centrarse en la cooperación: “No vamos a malgastar ningún tiempo en otra cuestión que no sea trabajar, coordinar y poner todos los medios desde el Estado a disposición de las comunidades autónomas”. En la misma línea, la ministra Elma Saiz remarcó que su papel sería colaborar y no confrontar: “Mientras España está ardiendo, a mí me van a encontrar siempre en la colaboración y no en la confrontación”. Desde Moncloa se insiste en que el Ejecutivo está movilizando todos los recursos posibles y apunta que, pese a lo que insinúa el PP, España dispone este verano de una flota de 56 aeronaves dedicadas a la extinción, desmintiendo los datos que presentó la dirección popular. En palabras del propio Gobierno, la acusación de menos medios “es falsa”, pues “la realidad es que el número de aeronaves asciende a 56”.

Además de la estrategia pública de Feijóo, otros dirigentes del PP han aprovechado la crisis para responsabilizar al Gobierno central. La vicesecretaria Carmen Fúnez ha atribuido la falta de efectivos y medios al hecho de que el Ejecutivo socialista no haya logrado aprobar unos Presupuestos Generales para 2025. Fúnez mostró un documento ministerial señalando que “un factor importante que impide contratar” un mayor número de aeronaves contra incendios es precisamente “la ausencia de Presupuestos Generales del Estado aprobados” para este año. Sin embargo, resulta evidente que esa carencia choca con el contexto: las leyes autonómicas de Andalucía, Galicia, Castilla y León o Madrid establecen que la prevención y lucha contra el fuego dependen de las autonomías, y en este caso esas comunidades están bajo gobierno popular.

Bajo este contexto de crisis natural, el precedente de la DANA de Valencia reaparece en el debate. En octubre de 2024 una catástrofe meteorológica dejó más de 200 fallecidos y enormes daños en la provincia de Valencia. Entonces, el presidente valenciano Carlos Mazón culpó a Pedro Sánchez por la tardanza en lanzar la alerta, pese a que la ley apuntaba justamente a la Generalitat como autoridad responsable de la emergencia. Según informaciones de prensa, Mazón llegó a insinuar que debería ser el Gobierno central quien hubiese enviado la alarma climatológica, olvidando que fue precisamente su ejecutivo quien demoró las alertas y la declaración de emergencia en aquellas primeras horas. Ahora, se recuerda que la jueza de Catarroja dejó claro que el mando único en la DANA correspondía al Gobierno autonómico valenciano, no al Estado. En resumen, aunque se trató de un fenómeno extraordinario ―con avisos meteorológicos días antes― quien tendría que haber coordinado la respuesta fue la Generalitat, según subraya la investigación judicial.

Este tenso episodio ha puesto en evidencia una paradoja señalada por la todos: con 11 comunidades gobernadas por el PP, la sombra de la DANA obliga a sus líderes a recordar que cuando las emergencias golpean, la responsabilidad recae en quien manda. La Vanguardia lo refleja claramente: “el poder, en política, no siempre suma; también expone. Y cuando las emergencias golpean, la responsabilidad recae en quien manda, como bien debe recordar Carlos Mazón tras la dana de Valencia”. En otras palabras, la misma posición que el PP adopta ahora –culpar al Ejecutivo central– estuvo sobre la mesa en Valencia y chocó contra la realidad de las competencias autonómicas. El diario añade que, con el mapa autonómico teñido de azul, “las llamas apuntan a presidentes autonómicos populares, obligados a explicar la falta de medios, las carencias estructurales y las decisiones presupuestarias”. En definitiva, la polémica política se enciende cada vez que arde España, pero apunta directamente hacia quienes gobiernan los territorios quemados, recordando las lecciones de la DANA valenciana.

Este verano de 2025 ha dejado un panorama desolador. Decenas de grandes incendios forestales han arrasado amplias zonas de la península. Solo en Castilla y León hay once fuegos activos ―cinco de ellos de especial gravedad―, y se han sumado frentes abiertos en Tres Cantos (Madrid), Tarifa (Cádiz) y Ourense (Galicia). Ante esta emergencia, los bomberos locales y autonómicos luchan sin descanso, ahora reforzados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) allí donde se la necesita.

La UME, creada en 2005 por el Gobierno de Zapatero, ha desplegado sus efectivos en los incendios de León, Zamora, Toledo, Madrid, Valencia y Zaragoza. Incluso, tras concluir su intervención en Orallo (León) este martes por la noche, varias de sus unidades ponían rumbo a Ourense para seguir luchando contra las llamas. Su trabajo no cesa: los equipos de la UME entran y salen de los frentes de fuego continuamente, combatiendo el avance de las llamas y auxiliando a la población.

La UME se creó con una misión muy clara: intervenir rápidamente ante cualquier catástrofe. El Gobierno socialista de Zapatero la impulsó en 2005 como un cuerpo militar especializado, siguiendo el ejemplo de unidades similares en países como Canadá, Estados Unidos, Francia o Japón. Desde entonces, la UME ha intervenido en todo tipo de desastres naturales: inundaciones, terremotos, grandes nevadas y miles de incendios forestales. En la lista de sus misiones se cuentan la extinción de incendios en Canarias (2019), la respuesta al terremoto de Lorca (2011), el auxilio durante la nevada Filomena (2021) y hasta la colaboración sanitaria en la pandemia de COVID-19. Estos ejemplos ilustran su vocación de servicio civil en emergencias graves y la necesidad de contar con una fuerza preparada para intervenciones rápidas.

El desprecio inicial del PP

Sin embargo, los orígenes de la UME no estuvieron exentos de polémica. Cuando Zapatero creó este cuerpo, el PP se negó a reconocer su utilidad. Desde Génova la definieron como un “capricho faraónico” e incluso un “instrumento inventado” por el presidente socialista. Alegaban que “España no estaba para ese tipo de despilfarros”. Los conservadores argumentaban además que la UME desvirtuaba la misión constitucional del Ejército. Acusaron a Zapatero de, en lugar de modernizar las Fuerzas Armadas, haber tenido el “gesto” de crear una unidad para emergencias civiles. A su juicio, fue una “decisión discutible”, pues implicaba una “segregación permanente” de tropas para tareas no militares.

Aquellas críticas iniciales no fueron puntuales. En noviembre de 2008, la entonces portavoz de Defensa del PP en el Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones, reclamó un “replanteamiento general” de la UME, calificándola de una “segregación fuera del marco constitucional” de las Fuerzas Armadas. Afirmó que era discutible que la unidad estuviera dirigida por un teniente general del Ejército y que gozara de un presupuesto prácticamente intocable frente a los recortes comunes en Defensa.

Ese mismo año, el diputado Ignacio Cosidó volvió a subrayar la desconfianza de su partido: calificó a la UME como un “instrumento inventado por Rodríguez Zapatero” y dijo que estaba “infrautilizada”. En suma, el PP mantuvo durante años una postura de recelo hacia la UME, cuestionando su encaje legal y financiero.

La hipocresía ante la crisis actual

En contraste, n los últimos tiempos las administraciones autonómicas gobernadas por el PP no dudan en solicitar su ayuda. El mismo cuerpo al que en su día descalificaron es ahora imprescindible para atajar la catástrofe. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, pidió la intervención de la UME durante el temporal Filomena para rescatar conductores atrapados en la nieve. El Ejército desplegó entonces 147 militares y 66 vehículos para paliar aquel desastre, labores que el PP alabó públicamente. De igual modo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, destacó la labor “heroica” de la UME en las inundaciones de la DANA en Valencia. Mientras los incendios arrasan hectáreas, los miembros de la UME combaten el fuego y auxilia a los vecinos: su trabajo “no cesa en casi ningún momento”, independientemente del color político de quienes lo solicitan.

Con los incendios que afectan ahora a la gran parte de España, otras comunidades teñidas de azul como Galicia o Castilla y León disfrutan ahora de la ayude de esta unidad militar que tantas críticas recibió por parte del PP. Alfonso Rueda en Galicia y Alfonso Fernández Mañueco en CyL utilizan esta fuerza para tratar de compensar la falta de refuerzo contra los incendios dentro de sus competencias.

Este contraste pone de relieve la incoherencia del PP: lo que antes era considerado un simple “capricho” hoy se emplea como la herramienta principal para apagar el fuego. En definitiva, la UME sigue demostrando su valía en el terreno de las emergencias. Su presencia ininterrumpida en los incendios del país ―como lo han sido sus labores en otros desastres― confirma que es un recurso vital, mientras las críticas de ayer quedan en evidencia ante la urgencia de hoy.

Una ola de incendios forestales recorre España con especial virulencia este verano, dejando decenas de miles de hectáreas calcinadas y al menos dos víctimas mortales. Galicia, Madrid, Castilla y León y Andalucía, gobernadas por el PP, concentran algunos de los focos más graves. Expertos y colectivos ecologistas advierten que esta intensidad no surge por casualidad: los fuegos son “resultado de décadas de falta de inversión en prevención forestal y de recortes en servicios de emergencia”. En efecto, comunidades con presupuesto reducidos para brigadas y limpieza de monte llegan mal preparadas al pico de calor.

La Xunta de Rueda y Feijóo

En Galicia, la Xunta (PP) presidida por Alfonso Rueda, el predecesor de Alberto Núñez Feijóo, afronta las llamas tras años de críticas por el descenso de efectivos forestales. El resultado ha sido dramático: varias decenas de incendios activos, sobre todo en la provincia de Ourense, han arrasado ya más de 8.000 hectáreas –11.000 en lo que va de verano–, cifras inéditas en la comunidad. El fuego avanza con tal magnitud que ha obligado a subir el nivel de alerta y evacuar pueblos enteros.

Ecologistas recuerdan que estos fuegos no aparecen de la nada: “Los incendios no son un fenómeno aislado, son el resultado de décadas de falta de inversión en prevención forestal y de recortes en servicios de emergencia”. En otras palabras, critican que años de recortes en brigadas y limpieza han dejado a los montes gallegos más vulnerables, y ello en medio de olas de calor extremo. Mientras el Gobierno central moviliza medios (UME, aviones), parte de la sociedad cita directamente estas políticas presupuestarias como factor clave en la ferocidad del fuego.

Castilla y León, ante las medidas de PP y Vox en prevención

La tragedia se repite en la Junta de Alfonso Fernández Mañueco. En apenas cuatro días surgieron más de diez focos graves que obligaron a desalojar a 3.780 personas y dejaron unas 3.500 hectáreas arrasadas. El fuego alcanzó zonas emblemáticas (por ejemplo, arrasó parte de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad). El consejero autonómico de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), fue duramente cuestionado por su ausencia inicial: mientras la provincia de León ardía, él participaba en un acto oficial en Asturias y justificó su retraso con la frase “comer es una obligación”.

Además, su historial alimenta dudas sobre la prevención: en 2018 Suárez-Quiñones calificó de “absurdo” y “despilfarro” mantener todo el año el operativo contra incendios. El colectivo de bomberos forestales de Castilla y León vuelve a denunciar condiciones lamentables: un trabajador explicaba que “para ganar 1.300 euros míseros [mensuales] hay que hacer 22 días trabajando como una bestia”. Los efectivos carecen de medios suficientes y las plazas no se cubren, consecuencias directas de la política de austeridad de las últimas décadas. Para la oposición autonómica, la ausencia de recursos y de líderes en el terreno ha agravado los daños: era preciso prever con inversión continuada en prevención, no solo reaccionar con millones en ayudas tras el desastre.

Andalucía, con Cádiz en el foco

La Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla también ha vivido incendios destacados en este verano (incendios en Córdoba ―Mezquita incluida―, Tarifa, Zahara de los Atunes, Huelva, etc.). El Gobierno regional del PP fue criticado por su gestión: Moreno Bonilla permanece prácticamente ausente durante la crisis, limitándose a mensajes en redes sociales mientras su comunidad arde. Desde el PSOE-A se denunció que estos fuegos han “puesto al descubierto años de recortes en materia de prevención de incendios”, lo que ha dejado obsoletos los planes de defensa del monte.

La portavoz socialista de Cultura en el Parlamento andaluz destacó que la UNESCO había advertido de riesgos en el entorno de la Mezquita y afirmó que “Moreno Bonilla no hizo absolutamente nada para evitarlo”. En declaraciones públicas se culpa a vandalismo intencionado del incendio en Tarifa, pero otros partidos locales y expertos señalan la falta de coordinación y recursos, recordando que los recortes y privatizaciones en emergencias son parte de “un patrón de desatención a los servicios esenciales”. 

El Madrid de Ayuso

Madrid cierra la lista de autonomías examinadas. La comunidad de Isabel Díaz Ayuso ha sufrido también graves incendios este verano, el más reciente en Tres Cantos, que consumió unas 1.000 hectáreas. Ese fuego se declaró justo cuando los bomberos forestales madrileños estaban en huelga por sus condiciones laborales. Los profesionales llevaban meses advirtiendo de que “la escasez de recursos y la precariedad de sus plantillas” harían catastrófico el verano, pero la Consejería de Medio Ambiente ―y la concesionaria TRAGSA― ignoraron sus protestas.

En Madrid casi la mitad de los forestales son temporales contratados sólo en verano, y cobran alrededor de 1.300 euros mensuales con salarios congelados más de una década. Ese trato ha provocado fugas de personal: “La semana pasada se fueron diez compañeros y ya faltan 33 plazas por cubrir”. Mientras tanto, Ayuso minimizó la huelga calificándola de “sin sentido”, desviando la atención del problema real. Los propios bomberos subrayaron que, a pesar de trabajar en servicios mínimos, ellos “cumplen” con la ciudadanía cuando el monte arde. En Madrid, como en las otras regiones, la plantilla escasa y los recursos limitados, acumulados año tras año, han redundado en fuegos de gran virulencia cuando el calor aprieta.

El balance este verano pone de relieve la advertencia lanzada por analistas: no basta con apagar llamas, hay que mirarse en el espejo de la prevención. La coincidencia de parlamentarios y líderes regionales del PP de vacaciones o ausentes mientras arden sus territorios intensifica el reproche político. Ecologistas y sindicatos repiten que “los incendios no son fenómenos aislados” sino consecuencia de décadas de recortes en los presupuestos forestales y de emergencias. Este es el telón de fondo que los fuegos de 2025 han aireado en Madrid, Galicia, Castilla y León y Andalucía: sistemas de prevención erosionados por años de ajuste que, en clima extremo, han hecho a la ciudadanía más vulnerable frente al fuego.

El rey emérito quiere reconciliarse, como demostrará en sus memorias tituladas Reconciliación, con sus más allegados. ¿Quiénes son estos? Posiblemente no el país del que ya no es referente, ni aquellos a quienes acusa de “robarle su historia”. En cambio, sí honra a las personas de su máxima confianza, quienes le prestaron los 4.395.901,96 euros para afrontar la segunda regularización con la Agencia Tributaria, cantidad que ha devuelto recientemente.

En las últimas semanas, se ha activado una operación para controlar el relato sobre su figura y relanzar una imagen pública erosionada por años de escándalos. El objetivo no sería solo proyectar un perfil más amable, sino también preparar el terreno para su participación en actos institucionales clave y normalizar su presencia en la vida pública.