La ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza ha sumado este domingo una nueva tragedia para la prensa. El periodista palestino Anas al Sharif, reconocido por su cobertura de la guerra desde el terreno para la cadena panárabe Al Jazeera, ha muerto junto a otros cuatro compañeros de profesión en un bombardeo israelí contra una tienda reservada para medios de comunicación en la ciudad de Gaza. El ataque ha causado, en total, siete víctimas mortales.
La noticia fue adelantada por Al Jazeera, citando a fuentes médicas, y posteriormente confirmada por el propio Ejército israelí a través de su cuenta oficial en la red social X – antes Twitter -. En su comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel reiteraron una acusación ya lanzada anteriormente: que Al Sharif formaba parte de la estructura armada de Hamás, señalamiento rechazado por la cadena y por el propio periodista en vida.
Impacto directo
El bombardeo impactó en una carpa para reporteros situada a las afueras del hospital de Al Shifa. Además de Al Sharif, de 28 años y natural de Yabalia, perdieron la vida los periodistas Mohamed Qreiqeh, los operadores de cámara Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa, y Mohamed Nufal, que también desempeñaba funciones de conductor para el equipo. Entre las otras dos víctimas se encuentra el periodista Mohammed al Jalidi, de la cadena Al Quds, vinculada a Hamás, según confirmó este medio en X.
El director del hospital de Al Shifa detalló que el ataque alcanzó de lleno el área habilitada para la prensa, una zona que, según medios internacionales, estaba claramente identificada. Con estas muertes, el número de empleados de Al Yazira fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza, en octubre de 2023, asciende a diez.
Más de 200 periodistas asesinados
Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, sostienen que desde entonces 237 profesionales de la información han muerto en ataques israelíes, a los que acusan de actuar “con premeditación” contra periodistas.
El Ejército israelí, a través de su portavoz Avichai Adraee, ya había acusado el mes pasado a Al Sharif de ser miembro de las Brigadas Ezzeldin al Qassam, el brazo armado de Hamás. El reportero rechazó enérgicamente esa versión en redes sociales, asegurando que era víctima de una “campaña de amenazas” por su labor informativa. “Reafirmo: soy periodista sin afiliación política. Mi única misión es informar la verdad desde el terreno, tal como es, sin sesgos”, escribió entonces. También advirtió de que, en medio de la crisis humanitaria en Gaza, “decir la verdad se ha convertido, a los ojos de la ocupación, en una amenaza”.
Pese a las negativas, el Ejército israelí insistió este domingo en que Al Sharif “se hacía pasar por periodista” y lo describió como “jefe de una célula terrorista” que supuestamente dirigía ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes. Según su versión, “documentos procedentes de Gaza, incluidos listados, registros de entrenamiento y nóminas salariales”, probarían su pertenencia a Hamás. No se pronunciaron, sin embargo, sobre la muerte de los otros reporteros alcanzados por el bombardeo.
Amenazas al periodista palestino
La relatora especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, ya había mostrado en julio su preocupación por las amenazas y acusaciones contra el periodista palestino, alertando de que “cada vez hay más pruebas” de que reporteros en Gaza han sido atacados y asesinados bajo alegaciones no demostradas de vinculación con Hamás.
En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció en su primera comparecencia ante medios internacionales en más de un año que ha ordenado a su gabinete de seguridad estudiar el levantamiento de las restricciones a la prensa extranjera en Gaza. Según dijo, el objetivo sería que los periodistas internacionales puedan “ser testigos” de los esfuerzos israelíes para proteger a la población civil.
Mientras tanto, la comunidad periodística internacional vuelve a exigir garantías de seguridad para los reporteros en zonas de conflicto y una investigación independiente sobre la muerte de Al Sharif y sus compañeros, en un conflicto que ya ha convertido a Gaza en uno de los lugares más letales del mundo para ejercer el periodismo.
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El panorama parlamentario se encuentra en un momento de especial tensión con el asunto que más ocupa al Gobierno: sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, una labor que no se antoja sencilla dadas las exigencias de las diferentes formaciones parlamentarias para apoyarlos. Podemos y Junts han sido las más duras recientemente: los morados, por su oposición al aumento del gasto en defensa y por sus peticiones para vetar por completo a Israel y para reducir de manera oficial el precio de la vivienda y los alquileres, y los neoconvergentes, por sus presiones para que se ejecuten las partidas presupuestarias anteriores que estén pendientes, que ellos mismos cifran en aproximadamente 50.000 millones de euros. Con todo ello, la oposición sigue enrocada en hacer su juego de desprestigio al Ejecutivo, lo que incrementa aún más la tensión. De manera ajena al debate presupuestario, otras formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Sumar, han optado por una senda más dialogante, analítica y que resuelva verdaderamente los problemas que debilitan al bloque de Gobierno.
Esta veda la abrió el propio Gabriel Rufián hace unos días, lanzando al aire una propuesta ambiciosa, pero que podría suponer un punto de inflexión de ejecutarse adecuadamente: poner en marcha un frente común y plurinacional de partidos de izquierdas. «Si no nos ponemos de acuerdo, nos matarán por separado» fue la premisa en la que se basó el republicano para afear el cainismo en el que las formaciones de izquierdas han estado históricamente enrocadas. Buena prueba de ello en los últimos años han sido las constantes pullas entre Sumar y Podemos, a pesar de ser partidos ideológicamente tan cercanos que los puntos de unión que tienen son naturalmente mayores que cualquier rencilla interna que pueda separarles.
Así, Rufián puso sobre la mesa una realidad histórica: las dificultades que ha tenido la izquierda en las últimas décadas para concurrir de manera conjunta, sin debilitarse mutuamente y luchando contra el enemigo común. Algunos analistas, sin embargo, señalan que la posibilidad que baraja el republicano solamente será posible una vez llegue un punto de no retorno, como que la ultraderecha ya esté en el Gobierno y la reacción tenga que ser fuerte y conjunta.
Por su parte, Yolanda Díaz se mostró a favor de la vía propuesta por el portavoz de Esquerra, que crearía un espacio común de izquierda plurinacional. «Lo llevo defendiendo desde hace muchísimos años. Vivimos tiempos de excepción absoluta. La ola reaccionaria es muy potente y hay un elemento sordina de la extrema derecha que recorre España que requiere una alianza democrática», expresó Díaz.
«Aquella alianza, de darse, debe tener una coincidencia en el análisis y una agenda de mínimos que movilice. Esto no debería ir de una suma de siglas, sino de una de alianza que dé fuerzas, que dé esperanzas y que movilice», agregó también, explicando lo que, a su juicio, debería tener ese junte.
Aquella reflexión de Díaz terminó con un mensaje que también puede leerse como un toque de atención a Sánchez y al PSOE: los socialistas y los magentas se valieron en 2023 del mantra del riesgo de la llegada de la ultraderecha si la coalición progresista no conseguía mantener el Gobierno. Ante esto, a vista de que el panorama actual ha cambiado significativamente, Díaz ha aseverado que «con lo de que viene el lobo, ya no llega«, haciendo referencia a que es hora de pasar a la acción y tomar medidas más contundentes que agitar el fantasma de la ultraderecha como contrapeso a las ideas reaccionarias.
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El secretario general del PP, Miguel Tellado, acumula ya varias meteduras de pata a pesar del poco tiempo que lleva ejerciendo esta responsabilidad. Entre ellas, su repentino cambio de currículum para eliminar su desempeño como periodista, que inicialmente defendía, haber configurado su equipo para la Secretaría General con apenas una mujer entre 15 coordinadores, o, en general, ataques contra el Gobierno que han acabado saliendo por la culata. Desde el PSOE, a vista del creciente protagonismo que está ganando, se muestran contentos porque creen que perjudica al PP más de lo que le hace ganar.
Según fuentes consultadas, la sensación entre las filas socialistas no es otra que la de «satisfacción» ante la ganancia en importancia de Miguel Tellado en el organigrama del PP por sus constantes deslices y salidas de tono, que mellan la estrategia de un Partido Popular que ya de por sí está teniendo dificultades para encontrar el tono adecuado para conectar con el resto del arco parlamentario.
Las fuentes nacionales, no obstante, no son las únicas que piensan lo mismo. La pasada semana, el entorno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, hacía lo propio contestando con ironía y contundencia, sugiriendo que el dirigente popular “parece un infiltrado del PSOE en el PP” por el efecto que genera cada vez que habla.
Los discursos de Tellado, pegamento para el bloque de investidura
Lejos de debilitar al bloque de investidura, los ataques y comportamientos de Tellado han servido como pegamento involuntario para una mayoría parlamentaria que, pese a sus diferencias, se mantiene unida frente a los discursos con el sello de Génova. Así lo interpretan fuentes socialistas consultadas por este medio, que observan cómo cada intervención del ex portavoz parlamentario actúa a favor de Sánchez y de la cohesión de los socios, y aleja un poco más a Feijóo de llegar a la Moncloa.
Durante un mitin del PP en Tomelloso (Ciudad Real), Tellado cargó contra García-Page y le instó al transfuguismo: “Si Page da la orden, el sanchismo se acaba mañana”, presionándole para que utilice la supuesta influencia sobre los ocho diputados socialistas elegidos por Castilla-La Mancha para votar contra Sánchez y dinamitar así el Gobierno de coalición. El dirigente popular acusó al presidente manchego de criticar al Gobierno solo «de boquilla» y de no hacer nada para frenar las decisiones que cuestiona. «Nunca da ni medio paso que de verdad pueda frenar al líder de su partido o acabar con él», afirmó Tellado, que llegó a calificar su actitud de «hipócrita», pasando por alto que se puede discernir sin destruir.
Otro rasgo que destaca de Tellado es su capacidad de ver la paja en el ojo ajeno, pero nunca en el propio. La pasada semana, el secretario general del Partido Popular advertía a los miembros de su formación de «tener cuidado» con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado como «un peligro». «No hay nada más peligroso que un perro herido, que un Pedro herido«, hizo un juego de palabras.
Tellado afirmó que Sánchez es un presidente «sin escrúpulos» y que “no puede durar mucho más”. «Querrá morir matando y es capaz de todo. No bajemos la guardia ni un instante. Que nadie dé al Gobierno por finiquitado, por mucho que las causas judiciales acorralen a su Gobierno, a su partido y a su entorno personal», ha añadido. En ese sentido, llamó a los ciudadanos a prepararse para «propinarle una derrota histórica en las urnas» cuando se convoquen elecciones, con el objetivo de conformar «un Gobierno fuerte» liderado por el Partido Popular, al que definió como la antítesis. No obstante, Tellado se olvidó de hacer mención al caso Montoro, de especial actualidad y protagonismo en el PP.
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José María Ángel Batalla, excomisionado para la DANA, ha sido ingresado en estado grave en el hospital de Llíria este viernes tras ser encontrado por un familiar inconsciente en su domicilio. Según las primeras hipótesis podría tratarse de un intento de suicidio sobrevenido por el cruel, incesante y salvaje acoso por parte de determinados medios de comunicación al que se tuvo que enfrentar Batalla la semana pasada.
Un acoso que terminó con la presentación de su dimisión, pero que los medios de extrema derecha no han dejado ahí, ya que tras conseguir la dimisión de José María Ángel Batalla, han seguido con el acoso incesante con su mujer, Carmen Ninet. Por el momento, no se sabe nada del pronóstico médico del que hasta hace una semana fuera el comisionado para la DANA.
este medio no entrará en ningún detalle sobre cómo han sucedido los hechos, al igual que el periódico Levante-EMV, se omitirá cualquier detalle sobre esos hechos en atención al protocolo de visibilización del suicidio.
Tras su dimisión, vinculada a la denuncia de irregularidades en su currículum, Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, salió en defensa de José María Ángel. «En el peor incendio en cuanto a casas quemadas que ha tenido la Comunidad Valenciana, se quemaron 100 casas y no hubo ningún muerto (…) estuvo allí» asesorando a la alcaldesa del municipio. Y apostilló diciendo: «Entre los dos tomamos decisiones correctas, evacuando a la población y salvando vidas».
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Bajo el telón de fondo de uno de los frentes judiciales candentes en el último mes, el ‘caso Cristóbal Montoro’, que ha vuelto a sacudir los cimientes del que fue el último Gobierno del Partido Popular, se ha pronunciado este jueves una de las voces de peso de esta etapa política. El expresidente Mariano Rajoy ha aconsejado «prudencia» al hablar de la investigación judicial a sobre el que fuera su ministro de Hacienda en Moncloa, subrayando que «es un compromiso ético de todo el mundo luchar contra la corrupción, pero también debía ser un compromiso ético de todo el mundo intentar conciliar la lucha contra la corrupción con la presunción de inocencia«.
«Yo sobre este asunto lo único que puedo decir es que hemos visto una resolución de un juez y hemos visto un comunicado del señor Montoro y de Equipo Económico y yo, por tanto, con eso me quedo. El tiempo dirá qué es lo que ha ocurrido. Deberíamos ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con Camps, que fue a 10 juicios y salió absuelto de los 10. Por tanto, conviene no exagerar y a ver si entre todos podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación que, en mi opinión, falta le hace», dijo el expresidente popular en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en los Cursos de La Granda, donde ha presentado su libro sobre sus discursos parlamentarios en su etapa de presidente.
En estos términos, y preguntado por si ha hablado estos días con el exministro, Rajoy no ha querido responder al respecto.
Rajoy, sobre el mandato de Sánchez en Moncloa
Sí lo ha hecho al ser preguntado por la situación del Gobierno actual bajo el mandato de Pedro Sánchez, diciendo así que «no se imaginaba que España pudiera tener un gobierno como el que tiene porque hay que tener mucha imaginación para hacerlo» y no es su caso, dijo. Lo que si ha destacado es que «el origen de todo lo que está pasando en España son dos cosas: la formación de un gobierno ‘Frankestein’ y la desmesurada ambición de una persona que pasa por encima de lo que tenga que pasar para ser presidente del Gobierno».
Bajo esta reflexión, Rajoy ha extraido dos conclusiones. «Se está viviendo: la financiación singular para Cataluña a cambio de siete votos, la ley de amnistía, el traspaso de competencias que son del Estado y que no debieran traspasar, la amenaza de traspasar la Agencia Estatal Tributaria. Esto es todo parte de lo mismo. De un Gobierno ‘Frankestein’ y de una ambición desmesurada que no está dispuesto ni a disolver, aunque no tenga presupuestos. Este es el único país del mundo donde tira sin presupuestos y no pasa absolutamente nada«, ha incidido el expresidente del Gobierno.
Para concluir este punto, el exmandatario de Génova ha lamentado que el nivel de exigencia con los gobernantes disminuya ante la situación que ha insistido es «de una enorme gravedad»: «Tenemos un Gobierno al que lo único que se le puede desear es que disuelva«, ha agregado.
Déficit de la calidad democrática
Así las cosas, ya durante la presentación de su libro, el expresidente ha vuelto a referirse a los «disparates» del actual Ejecutivo de Sánchez, como la financiación singular para Cataluña, de la que ha dicho que «el nombre ya le parece un chiste»: «Entiendo que esto no va entrar en vigor y animo a todo el mundo a que dé la batalla contra este disparate», dijo Rajoy.
De esta manera, ha dicho que no cree que en España esté en peligro la democracia, pero si considera que hay un «déficit monumental de calidad democrática». Así, ejemplo de ese déficit es tener «un fiscal general a punto de sentarse en el banquillo», ha dejado caer en torno a la situación que se cierne sobre Álvaro García Ortiz y la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre su causa judicial.
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Ante la última confrontación que se ha generado en torno al veto a los actos de culto religioso al Islam en Jumilla (Murcia) tras el acuerdo del Partido Popular y Vox, el debate ha subido de decibelios no sólo en el plano político, sino también en el religioso. La Conferencia Episcopal se ha pronunciado este jueves, y lo ha hecho postulándose en contra de la línea argumentaría de Génova.
Los obispos han manifestado su rechazo a la postura del PP al respecto, formación que ha culpado del escándalo tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a Vox por haber “polarizado” lo sucedido, calificándola como “una discriminación que no puede darse en democracia”.
Y es que en estos términos la Conferencia Episcopal ha acercado posturas con la Comisión Islámica de España, asegurando así en su comunicado, según recoge Cadena Ser este jueves, que limitar y prohibir actos religiosos en instalaciones deportivas como ha sucedido en Jumilla “atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta sólo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes”.
El comunicado de los obispos reitera que “las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho fundamental protegido por la Constitución Española”.
El PP reprocha que se le tache de “partido xenófobo”
Fue este miércoles cuando el Ayuntamiento de Jumilla, localidad murciana, se estrenó como el primer gobierno municipal en aprobar, con el pacto de PP y Vox, la prohibición de fiestas islámicas y musulmanas en espacios municipales y en la vía pública con el objetivo de “que no se vuelva a celebrar el fin del Ramadán o el rezo del Cordero”.
Debido a la polémica social y política que ha generado, este jueves, en voz del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, el partido ha tachado de “absolutamente inaceptable” que se les pretenda “presentar” como una formación “xenófoba”, pese a haber impulsado esta controvertida medida contra las libertades religiosas y culturales.
Desde Génova, se ha insistido en estos términos que la medida impulsada en Jumilla no guarda motivación religiosa alguna y que las información que hablan de “prohibición” son “falsas”, según ha expresado el vicesecretario en declaraciones a los medios de comunicación.
En clave política, los populares de Alberto Núñez Feijóo han pasado el balón de la responsabilidad culpando tanto a la extrema derecha como al Gobierno central. “Lo que se ha aprobado en Jumilla no ha contado con el voto afirmativo de Vox. Nosotros somos el partido constitucionalista que siempre va a poner en el centro las creencias individuales. (…) El PP nunca va a señalar a nadie por lo que crea o por lo que rece”, ha sentenciado De los Santos.
A su vez, así se ha remitido a Moncloa: “El Gobierno pretende hacer un caso de algo inexistente. Es falso que el PP vaya a señalar a nadie por su credo”, ha reiterado.
Polémica en Jumilla por el veto religioso
El Ejecutivo municipal está gobernado por el PP de Severa González López, que se mantiene al mando por el apoyo de los suyos y del edil de Vox, de donde ha manado esta medida que ha trascendido al plano político nacional.
A la contra, en la oposición se sitúan el PSOE e Izquierda Unida con nueve concejales y uno en el Grupo Mixto local. “El Ayuntamiento como institución debe de ser de todos, al margen de las creencias de cada persona”, subrayó la portavoz socialista municipal Juana Guardiola, tildando lo sucedido de “indignante”.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llevaba varias semanas mostrándose molesto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el sostenimiento de la ofensiva sobre Ucrania. La Casa Blanca ha llegado incluso a imponer plazos a Moscú para alcanzar un alto el fuego, llegando a supuestamente desplegar dos submarinos nucleares hasta “las regiones apropiadas”. Desde el Kremlin, más allá de las palabras de Dmitri Medvédev, han optado más por ignorar al mandatario estadounidense que por una respuesta directa. Próximamente, ambos líderes se verán las caras.
Las propias autoridades rusas han anunciado que ambos mandatarios se darán cita “en los próximos días”, en la antesala de que finalice el plazo dado por Estados Unidos. «A sugerencia de la parte estadounidense, se ha acordado en principio celebrar en los próximos días una reunión bilateral al más alto nivel», ha desgranado el asesor de política exterior presidencial, Yuri Ushakov, en declaraciones a la prensa. De cara al encuentro, “los preparativos” ya están “en marcha”, según ha detallado, aunque sin explicar dónde se producirá.
«El lugar de la reunión también está, en principio, acordado, pero lo informaremos más adelante«, ha aclarado Ushakov, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS. Este anuncio llega justos después de que de que el presidente ruso se reuniera con el enviado especial estadounidense en Moscú, Steve Witkoff, para abordar «la crisis ucraniana». El Kremlin consideró el encuentro «útil y constructivo», algo con lo que coincidió Trump al detectar “grandes avances”. «Todos coincidimos en que esta guerra debe llegar a su fin y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas», plasmó en Truth Social.
Zelenski mantiene reuniones con líderes europeos
A la par, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha comunicado a través de sus redes sociales que existen «varias conversaciones» programadas este jueves con los socios europeos, entre ellas una con el canciller alemán, Friedrich Merz. Asimismo, ha garantizado que estará en contacto a lo largo de la jornada con sus «asesores de seguridad nacional» y pendiente de cómo avanza la intermediación estadounidense,
En línea con lo defendido por Trump, el presidente ucraniano ha vuelto a incidir en que las prioridades son poner fin a las hostilidades y que Moscú acepte un alto el fuego; acordar una reunión «de líderes» para que las conversaciones «puedan conducir a una paz duradera«; y garantizar «la seguridad a largo plazo» de Kiev «junto con Estados Unidos y Europa».
«Ucrania nunca ha deseado la guerra y trabajará por la paz de la forma más productiva posible. Lo principal es que Rusia, que inició esta guerra, tome medidas reales para poner fin a su agresión. El mundo tiene influencia sobre el agresor y los medios para verificar si se cumplen sus promesas», ha zanjado. Este mensaje llega después de que mantuviese este miércoles una conversación telefónica con Trump y otro líderes europeos. «Estoy agradecido a cada uno de ellos por su apoyo. Hemos discutido sobre lo que se ha dicho en Moscú», trasladó su agradecimiento y dio unos pequeños detalles.
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El juez Juan Carlos Peinado mantiene sus esfuerzos por encontrar algo punible contra Begoña Gómez. El magistrado pregunta ahora a Presidencia si la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la que investiga por tráfico de influencias, tiene correo oficial de La Moncloa.
El último desmán del juez se enmarca dentro de la cátedra que codirigió Gómez. Así lo justifica el magistrado, tal y como recoge la Agencia EFE: “Teniendo en consideración que efectivamente se considera necesario conocer la existencia de cualquier medio utilizado para comunicarse con distintas empresas que colaboraron con la Cátedra de Transformación Social Competitiva dirigida, inicialmente, por la investigada María Begoña Gómez Fernández, y posteriormente codirigida junto con otro profesor, parece necesario y útil y, por tanto, pertinente”. La denominación del correo sería bgomez@presidencia.gob.es. “Sí resulta procedente acceder” a la petición, precisa el auto del juez.
En el auto, fechado a 5 de agosto, niega una diligencia que habían pedido las partes y que podría resultar interesante en un momento en el que ha salido a la luz un audio en el que el comisionista exculpa a Gómez de cualquier responsabilidad en el rescate de Air Europa.
Víctor de Aldama no declarará
El magistrado evita, sin embargo, llamar al empresario, al menos, en este momento procesal, considerante, precisamente, que no es trascendente. Asimismo, destaca que para que hechos relacionados con el rescate de esta compañía puedan ser investigados tienen que aparecer lo que la Audiencia Provincial denominan “hechos nuevos”.
Aquí aparece otro momento: el de una entrevista realizada a través de un medio de comunicación. En esa ocasión, Aldama hace referencia de manera tangencial a ese rescate “aun cuando fuera para relacionarlo con hipotéticos beneficios para la Cátedra de Transformación Digital”, pero para Peinado, ello no implica “per se” que los comentarios lleven aparejados la existencia de nuevos hechos.
Así las cosas, Peinado considera que en el momento en el que se encuentra la investigación, “no cabe dimitir, porque no resulta pertinente” la declaración de Aldama. El auto añade que “cuestión distinta sería que, como se supone que afirma en la citada entrevista, está dispuesto a poner en conocimiento de un órgano judicial determinados hechos, pida comparecer ante el juzgado que actualmente investiga la causa en la que tiene la condición de investigado, y ponga de manifiesto lo que estime conveniente”.
Así, según el magistrado, si el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga a Aldama lo ve conveniente, podría deducir el correspondiente testimonio y remitirlo a su juzgado, en cuya caso que sí se valoraría -tampoco se confirmaría- si se le cita o no como testigo.
En el audio, el comisionista expresa que “nada es verdad” respecto de lo que se dice de la esposa del responsable del Ejecutivo, y mencionaba al consejero delegado de Air Europa, Javier Hidalgo. “Está jodido (…) Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña (Gómez), mujer del presidente del Gobierno”, emplazaba. Pero Hidalgo no consiguió avanzar en con esas supuestas llamadas, que en los últimos días quedaron desmentidas por el propio Aldama, porque el acuerdo se le habría complicado. A partir de ahí, las únicas interacciones se habrían llevado a cabo entre Aldama, Hidalgo y, a la desesperada, Koldo, asesor del exministro de Transportes, José Luis Ábalos.
“Lo de que quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, que si ha habido presiones y tal, nada es verdad”, sostenía Aldama. Presiones ha habido a la ministra Calviño, a la ministra Montero, al ministro Ábalos, a todo el mundo porque era una compañía estratégica y si no se daba el préstamo la compañía cerraba, ¿eh? Iban 50.000 personas a la calle. Si a eso se llaman presiones porque la compañía iba a cerrar, pues sí, ha habido presiones… Hay cosas que no entiendo y no sé cómo se permite en este país que los periodistas sigan mintiendo, sean impunes, y no les pase nada o alguien les persiga. Esta gente se creen los vengadores, escriben cualquier barbaridad porque no les va a pasar nada”, aseveraba.
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Volvieron a encajar las piezas del puzzle: una masa de aire cálido y seco proveniente de África, la alta radiación solar de estas alturas del año que calienta la superficie y un potente anticiclón que favorece el estancamiento de este aire recalentado. Y el resultado es una nueva ola de calor en la península Ibérica.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) define la ola de calor como un episodio de al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de temperaturas máximas diarias entre los meses de julio y agosto del periodo 1971-2000.
Alerta activada hasta el día 12
Esto es lo que ocurre estos días, un calor muy por encima de lo habitual, incluso para ser agosto.
Las olas de calor las podemos clasificar por su intensidad —si se alcanzan temperaturas muy altas y se baten récords—, por su extensión territorial y por su duración. Esta que estamos sufriendo se caracterizará por su duración. Los modelos reflejan que van a ser muchos días superando los umbrales de ola de calor.
De momento, hasta el día 12 está activado el aviso de la Aemet, pero no es descartable que se extienda porque la masa de aire cálido se mantendrá sobre nosotros más días y no se intuyen grandes cambios en cuanto a la llegada de borrascas que nos alivien.
Según la gráfica de las temperaturas medias, el pico de la ola se registrará el próximo domingo con una anomalía de las temperaturas máximas de más de 7 °C.
Los 40 principales
En España, hay una cifra que de forma genérica nos indica que el día es tórrido: 40 °C. Si la temperatura máxima iguala o supera esta marca, sea en Sevilla o en Bilbao, quiere decir que el día es muy muy caluroso. Pues bien, si miramos las temperaturas máximas para diferentes ciudades nos podemos hacer una idea de cómo será esta ola de calor.
En ciudades como Sevilla o Córdoba podemos tener más de 10 días consecutivos con temperaturas máximas iguales o superiores a los 40 grados. En el caso de Sevilla, solo en la ola de calor de 2022 se superaron los diez días seguidos con más de 40 grados. En Córdoba fueron 17 días con estas máximas.
La previsión en Córdoba es que las máximas no bajen de los 40 grados hasta el lunes RTVE
La previsión para los próximos días en la capital cordobesa es que las máximas no bajen de los 40 grados hasta el próximo lunes, como mínimo. Y desde el pasado sábado ya están en estas cifras. En Sevilla, en la primera ola de calor de 2025 ya estuvieron siete días consecutivos por encima de los 40.
En Badajoz, desde el 26 de julio todos los días han superado los 40 grados RTVE
Badajoz no se queda atrás, desde el pasado 26 de julio todos los días han superado esta cifra, y seguirán así como mínimo hasta el domingo.
El fin de semana registrará los días más calurosos
Probablemente los días más calurosos de esta ola de calor a nivel estatal se registrarán a partir del viernes, con el domingo como día más cálido.
Una vez más, el norte de España se libra de este calor extremo. La ubicación del anticiclón, sobre las Azores, permite que se mantenga un ligero flujo del norte en la zona. Viento fresco y húmedo proveniente del mar Cantábrico que mantiene a raya el calor, como mínimo los primeros días de la ola de calor. Eso sí, a finales de semana las temperaturas en el Cantábrico también subirán mucho.
El domingo regstrará las temperaturas más altas de esta ola de calor este medio
Es importante destacar que las anomalías térmicas de las temperaturas mínimas, aún siendo altas, no serán tan destacadas como la de las máximas. Es decir, que la ola de calor se hará sentir durante el día, pero no tanto por las noches. Algo es algo.
La ciudadanía cada vez afronta más dificultades a la hora de pagar la renta de su vivienda. Para muchos ni siquiera es posible encontrar un inmueble al que poder acceder con sus ingresos, especialmente bajos en España; sin embargo, la gran mayoría de Comunidades Autónomas (CCAA), que agrupan casi la totalidad de competencias en esta materia, reniegan de intervenir en el mercado o de utilizar herramientas estatales como la ley de Vivienda que, si bien muy insuficiente, intenta abordar la problemática. El Gobierno de coalición se ha cansado de esperarlas y en septiembre seguirá avanzado con o sin ellas.
La última propuesta del Ejecutivo llegó en junio, durante la Conferencia de Presidentes, de la mano del presidente Pedro Sánchez. Sobre la mesa, un nuevo Plan Estatal para los próximos cinco años (2026-2030) que propone triplicar la inversión del conjunto del país para la construcción y habilitación de viviendas, pasando de los 2.300 a los casi 7.000 millones de euros. El Estado se haría cargo de 4.000 millones, pero exige a las CCAA que eleven su inversión al 40% (2.700 millones), dado que casi todas se encuentran en el entorno del 25%.
Si hay CCAA que no quieren participar, seguiremos avanzando bilateralmente con las que sí
Otra de las exigencias es que toda vivienda que se construya con fondos públicos mantenga su protección pública de por vida, no pudiendo pasar al mercado transcurridos una serie de años y replicando imágenes como las vistas en las últimas décadas en España. Si se construyen con dinero estatal, siempre serán públicas y con régimen de alquiler asequible, evitando un derroche de dinero en inmuebles que posteriormente poder ser utilizados para especular. “No queremos que con el dinero del Estado se construyan fondos que en 15 años se vendan a fondos buitre”, dejan claro fuentes del Ministerio de Vivienda a este medio.
El último de los tres requisitos es la facilitación de información transparente. Con este planteamiento, tan solo seis autonomías (Cataluña, País Vasco, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia) se han sumado. “Nuestra voluntad es sumar a todas las CCAA porque parece incomprensible que se quieran borrar de un acuerdo que supone triplicar la inversión por no querer asumir tres compromisos que son de puro sentido común: que todos tenemos que poner más dinero, que las viviendas que se paguen con los impuestos de todos tienen que estar protegidas para siempre y que hay que dar datos de forma transparente”, trasladan las mismas fuentes.
División en las CCAA del PP
Destaca la suma al acuerdo de dos autonomías gobernadas por el Partido Popular (PP), Galicia y Canarias (en coalición con Colación Canaria como partido minoritario), dado que las once inmóviles restantes están todas bajo dominio de los de Alberto Núñez Feijóo. Aragón empieza a planteárselo seriamente, aunque choca en lo referido a blindar de forma indefinida la naturaleza pública de las viviendas, siendo Jorge Azcón más proclive a descalificarlas transcurrido un tiempo. El aragonés y sus homólogos del resto de territorios tendrán algo más de un mes para pensarlo.
“A partir de septiembre se intensificarán las negociaciones y si hay CCAA que no quieren participar del plan, seguiremos avanzando bilateralmente con las que sí”, afirman con contundencia desde la cartera liderada por Isabel Rodríguez. Las mismas fuentes trasladan a este periódico que los territorios disponen de “autonomía financiera y fiscal” para llevar a cabo sus políticas “como gusten”. Eso sí, si quieren la financiación estatal tendrán que cumplir con los requisitos que pone el Gobierno central, que es el responsable de dichos fondos.
Requisitos y objetivos del Plan
La meta del Gobierno con este nuevo Plan Estatal, según destacan desde Vivienda, es acabar con el déficit residencial, situado entre las 400.000-450.000 viviendas por el Banco de España; mejorar la regulación, buscando que la vivienda cumpla de una vez por todas su función social como bien de primera necesidad, no solo la especulativa; y poner el foco en los colectivos con especiales dificultades para acceder a una vivienda, entre los que destacan esencialmente a los jóvenes. Así, la coalición pretende responder a la que es la principal preocupación de la ciudadanía española, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El abordaje planteado por Sánchez pretende avanzar en la solución de la problemática colaborando con las CCAA. Dentro de este marco, y más allá de los tres requisitos exigidos a los territorios que quieran recibir un dinero extra de la caja estatal, también se definen cinco objetivos. El primero de ellos es acercar el 3,4% que representa actualmente el parque español de vivienda pública, protegida y asequible al 8% de media europea, insuficiente también, pero más holgado. Asimismo, se considera necesario mejorar y acondicionar las viviendas existentes, a más de las nuevas que se levanten, para garantizar la dignidad del inquilino y la reducción de emisiones y derroches energéticos.
El tercero de los objetivos trasladados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana es adelantar la edad de emancipación de los jóvenes españoles, actualmente ubicada en los 30,4 años, con medidas concretas, aún no definidas, dirigidas a este colectivo. El cuarto punto es reducir el esfuerzo destinado por los trabajadores al pago de su alquiler, en muchos casos más del 40% de su sueldo. Como último objetivo, el departamento de Rodríguez incide en la necesidad de utilizar la figura de las “zonas de mercado tensionado” contempladas en la ley de Vivienda.
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En un tablero político tan judicializado, todo se mira con lupa y el papel de la Guardia Civil en los procedimientos más mediáticos de los últimos meses no es esquivo. En el fuero interno de algunas formaciones políticas, siempre con la mesura que precisan estas cuestiones, se pasa de puntillas por un terreno tan farragoso como el de poner el foco sobre los investigadores del Instituto Armado.
Concretamente, en la Unidad Central Operativa (UCO), que ha recibido una andanada de críticas a raíz del caso del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. De hecho, este proceso ha aireado un conflicto soterrado entre la Fiscalía Anticorrupción y los propios agentes de la Benemérita, bajo la tutela del teniente coronel Antonio Balas. Pero la presión no sólo se centraliza aquí, sino que se ramifica a otras instrucciones como la controversia por el audio perdido de Víctor de Aldama en el marco de latrama Koldo, que desquitaba de toda responsabilidad a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en el rescate de Air Europa.
La cosa viene de lejos, como suele decirse. En este caso, desde hace varios años, habida cuenta de que la investigación sobre el entramado del exministro se extiende casi una década en el tiempo. Todo es cuestión de actitud, sobre todo en una instrucción judicial. Es aquí donde nacen todo los problemas de la Guardia Civil de Antonio Balas, protagonista principal del relato. Y es que el teniente coronel, a ojos de la fiscal encargada del caso, Carmen García Cerdá, “no quiere hace nada”. Así lo reflejó la máxima autoridad del Ministerio Público en la causa contra Cristóbal Montoro y sus 27 colaboradores en un escrito elevado a su superior, el fiscal jefe Alejandro Luzón.
El ‘pueblo’, contra Balas
García Cerdá se quejaba de la deliberada pasividad de la UCO, contrastando con el comportamiento proactivo tanto de la Agencia Tributaria como de los Mossos d’Esquadra, que desde el minuto cero de la investigación clarificaron su absoluta disposición a cooperar. Según elDiario.es, la fiscal encargada del caso trasladó sus quejas a su jefe directo, Alejandro Luzón, en una misiva fechada del 21 de junio de 2023. En ella, denuncia que los agentes bajo la tutela del teniente coronel se negaban a colaborar sin mediar explicación o motivo aparente. De hecho, esa actitud afloró cuando la investigación tomaba la vía de servicio para escudriñar correos electrónicos incautados a Hacienda que comprometían a los socios de Montoro. Dicho de otra manera, aireaban el uso partidista de información confidencial por parte de su entorno.
El principal encontronazo entre cuerpos se produce a raíz de la petición de la fiscal para volcar el contenido completo del buzón del correo aromero@minhap.es – una dirección no identificable a Montoro, pero utilizara para la recepción de informes internos sobre contribuyentes -. En virtud de tales averiguaciones de los Mossos y de la AEAT, Cerdá requirió la apertura de una pieza separadapara investigar esta vía de comunicación, pero se topó con la negativa de Luzón, generando una tensión que fue in crescendo entre ambos fiscales. El choque derivó en la intervención y tutela directa de la fiscal por parte del número dos del jefe de Anticorrupción, Antonio Romeral.
En diciembre de 2022, la fiscal requirió un informe urgente al Instituto Armado para justificar registros en sedes y domicilios de los investigados. Sin embargo, la UCO se negó, tal y como refleja un documento fechado el 28 de ese mismo mes, en el que la Guardia Civil de Balas descartaba cualquier actuación alegando falta de indicios suficientes. Incluso etiquetó como “excesivas” las medidas de la fiscal. Añadieron, además, que no era necesaria su participación porque los Mossos ya escribieron un informe al respecto. Una directriz que, según fuentes del Cuerpo, proviene del propio Luzón, reacio a profundizar en la línea propuesta por García Cerdá. No obstante, otras voces apuntaban a la incomodidad de los agentes a compartir protagonismo con los Mossos d’Esquadra.
Finalmente, en febrero de 2025, la UCO entregó al juzgado un informe financiero sobre los cerca de 700.000 euros que el bufete de Montoro, Equipo Económico, percibió del lobby gasístico. El documento no aireó irregularidades en el destino del dinero, pero el instructor decidió levantar el secreto de sumario en junio, manteniendo la condición de investigados a Montero y sus otros nueve altos cargos.
Audio exculpando a Begoña Gómez
Otro de los hechos que cuestionan la actuación de la Benemérita en las últimas semanas tiene como protagonista al comisionista Víctor de Aldama. A finales del mes de julio veía la luz un audio del empresario que eximía de cualquier responsabilidad a Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, una de las aristas de la investigación sobre la mujer de Pedro Sánchez que el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, se ha esforzado en alargar a pesar de no encontrar nada que incrimine a la esposa del Jefe de Gobierno.
La UCO había analizado anteriormente esta grabación, pero no la incluyó en sus informes sobre la polémica alrededor de la aerolínea. Nadie sabe por qué. Durante la conversación, Aldama explica de manera exhaustiva cómo durante la tramitación del rescate a la compañía aérea se presionó a varios ministros, pero que fue finalmente la SEPI quien se ocupó de la operación, para lo que exigió duras condiciones a la firma favorecida. Eso sí, en ningún caso existió implicación alguna por parte de Gómez.
El comisionista expresa que “nada” que pudiera involucrar a la mujer de Sánchez es cierto. “Lo de que quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, que si ha habido presiones y tal, nada es verdad”, esgrimía, para añadir a continuación: “Una operación que lleva desde el mes de marzo o abril y ha salido en el mes de noviembre, que la ha visto con puntos y comas la SEPI, que la SEPI ha contratado a Price Waterhouse, un auditor externo para que den su conformidad y no se pillen los dedos y también ha dado su conformidad que todo estaba legal”.
“Cuando Pepe Hidalgo ha puesto las garantías, ha puesto sus hoteles, ha puesto absolutamente todo… ¿dónde está lo raro de la operación? o ¿dónde está que ha habido presiones?”, preguntaba, colocando sobre la mesa el nombre de otros ministros en tanto en cuanto habrían recibido presiones: “Presiones ha habido a la ministra Calviño, a la ministra Montero, al ministro Ábalos, a todo el mundo porque era una compañía estratégica y si no se daba el préstamo la compañía cerraba, ¿eh? Iban 50.000 personas a la calle. Si a eso se llaman presiones porque la compañía iba a cerrar, pues sí, ha habido presiones… Hay cosas que no entiendo y no sé cómo se permite en este país que los periodistas sigan mintiendo, sean impunes, y no les pase nada o alguien les persiga. Esta gente se creen los vengadores, escriben cualquier barbaridad porque no les va a pasar nada”.
Lo llamativo es que, como se ha mencionado, la Guardia Civil no incorporara un audio a primera vista revelador al informe que trasladó al juez, con unas conclusiones muy alejadas asimismo a la versión de Aldama. El documento que terminó en los juzgados aseguraba que el empresario consiguió que Ábalos influyera en la operación, que es la SEPI la que gestiona las solicitudes, pero el Consejo de Ministros quien aprueba la ayuda.
Sea como fuere, Gómez se habría mantenido en todo momento al margen. Así las cosas, atendiendo al informe del cuerpo de seguridad, el 3 de septiembre de 2020 Aldama envía un mensaje al asesor del otrora ministro de Transportes en el que indica que Javier Hidalgo, consejero delegado de Air Europa, está “jodido, muy jodido”. “Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña (Gómez), mujer del presidente del Gobierno”, emplaza; pero Hidalgo no consiguió avanzar en con esas supuestas llamadas, que en los últimos días quedaron desmentidas por el propio Aldama, porque el acuerdo se le habría complicado. A partir de ahí, las únicas interacciones se habrían llevado a cabo entre Aldama, Hidalgo y, a la desesperada, Koldo.
Informe “incompleto” sobre la DANA
Tampoco escapa a la controversia el auto dictado por la Guardia Civil sobre la DANA. Se trata de un análisis, a ojos de la jueza que investiga la catástrofe que el pasado mes de octubre asoló la Comunidad Valenciana, “claramente incompleto”.
La magistrada se postulaba en los últimos días de forma muy dura para con el texto, vertiendo sobre él calificativos como “erróneo” y acusando a los agentes que lo redactaron de haberse extralimitado en su cometido.
Concretamente, lo que debería ser un análisis cronológico acerca de los desbordamientos y la relación de estos con la mortalidad de aquella jornada terminó incluyendo valoraciones acerca de la supuesta responsabilidad de varias administraciones.
En cualquier caso, desprende el juzgado, “el análisis de la negligencia, fallos o posición de garante es exclusivamente jurisdiccional”, por lo que el trabajo de la Benemérita en ese caso no solamente viene acompañado de cuestiones que se salen de sus competencias, sino que las mismas “no poseen eficacia incriminatoria, ni tampoco exculpatoria, de los investigados ni de cualquier otro implicado”. A ello hay que añadirle que, pesar de obedecer a un “informe extenso (…) refleja una teoría, la del apagón, plenamente superada y descartada”. En resumen y por todo ello, la conclusión en sencilla: el informe no sirve.
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha localizado el cobro de cerca de seis millones de euros por parte de Equipo Económico (EE) a través de cheques, según ha adelantado este martes el diario El Independiente. Esta unidad de la Benemérita ha encontrado asimismo y desde que empezara la investigación sobre Cristóbal Montoro y su entorno más de 500 cuentas bancarias vinculadas a los miembros de la firma que creó el exministro de Hacienda durante la época de Mariano Rajoy.
Cabe recordar que EE se creó hace dos décadas por Montoro cuando éste era ministro todavía con José María Aznar, si bien ya formaba parte del Consejo de Ministros de Rajoy. Lo que investiga la causa concretamente es si diferentes compañías, sobre todo del sector gasístico, pagaron para poder cambiar leyes que los beneficiasen económicamente.
En todo este entramado, la UCO ha identificado ingresos en hasta 516 cuentas bancarias. Más en detalle, 1.999.031,36 euros -el 2,90% del total- se percibió a través de cheques bancarios; siendo la década comprendida entre 2008 y 2018 cuando la firma obtuvo ingresos por valor de 60,65 millones de euros, y 2017 el periodo en el que más fondos se registraron bajo este concepto.
La Fiscalía Anticorrupción pido más información de los titulares, los beneficiarios y los autorizados, así como de “cualquier otro producto financiero”. Entretanto, el Ministerio Público buscaba que los bancos aportasen los nombres de aquellos que hicieron cargos en efectivo en las cuentas vinculadas a EE mediante cheques. Querían copias de ello por delante y por detrás, pero el juez que instruye la causa, de Tarragona, rechazó la petición.
673.500 euros de las empresas gasísticas
La unidad de la Guardia Civil ha cifrado en 673.500 el dinero total que las compañías gasistas hicieron al despacho clave del caso que encuentra en el centro al exministro de Hacienda.
La UCO concreta que “una proporción sustancial” se pagó directamente a los socios, quienes lo usaron para gastos personales, y establece que “los ingresos totales provenientes de las sociedades gasistas investigadas halladas en las cuentas bancarias ascienden a 673.500 euros distribuidos en 29 operativas distintas”.
En este escenario, los investigadores contemplan que “gran parte de esas entradas tienen como destino los socios de EE a través de transferencias directas”, precisando que la cuantía se utilizó “para cubrir pagos/gastos operativos y/o habituales, impuestos y gastos personales, sin que haya identificado una derivación de esos fondos”.
La UCO apunta, por tanto, que, “en esencia”, lo que demuestra el análisis es que “una proporción sustancial de los fondos investigados, provenientes de sociedades gasistas, fue destinado a los socios de EE” y que después se dio un “destino personal” a esos ingresos.
Defensa del ‘Equipo’ del exministro
Equipo Económico emitió un comunicado después de que se conocieran las últimas informaciones asegurando que esta parte de la investigación se hallaba bajo secreto “de manera injustificada”.
A renglón seguido, la firma que centra el caso Montoro -una causa que contempla de qué manera se habrían hecho leyes a medida para favorecer a determinadas empresas- indica que las conclusiones del informe “son contundentes” al no haber identificado “una derivación” de los fondos que se destinaron a los gastos personales. Y considera que “la operativa analizada por la UCO es la habitual de cualquier empresa”.
Así las cosas, el equipo “niega rotundamente” que hayan pagado comisión ninguna “a funcionarios o autoridad alguna”. Y apostilla que “nunca” ha incurrido en “irregularidades en la prestación de sus servicios profesionales”.
Resumen del ‘caso Montoro’
El despacho que perteneció al exministro popular se habría servido durante años de su influencia en el Ministerio de Hacienda para cobrar comisiones considerables a gasísticas o compañías de energía a cambio de leyes a medida en el Ejecutivo. Las pesquisas se centran en siete sociedades que controlan ocho socios de EE. En total, facturaron aproximadamente 12 millones de euros durante más de cinco años.
Montoro creó el despacho que le sitúa en el centro de la polémica a partir de 2006 y lo abandonó un año después, pero siguió en él formalmente hasta abril de 2008. Sin embargo, dejó a personas de su máxima confianza al frente del mismo; rostros que habían formado parte de su propio equipo en el Gobierno de España antes de saltar a Hacienda de la mano de Rajoy.
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Cada verano, España se convierte en el destino ideal de millones de turistas extranjeros. Franceses, alemanes, y, sobre todo, ingleses, buscan sol, playa, montañas y grandes atracciones para disfrutar durante el período estival. De los más de 40 millones de turistas que llegaron en verano de 2024, cerca del 60% optaron por Baleares —dos de cada diez van a esa región—, Cataluña y Andalucía.
Como no es lo mismo contarlo que verlo, DatosRTVE ha analizado hacia dónde se desplazaron las seis nacionalidades con más turistas que llegaron a España entre junio y septiembre de 2024. Para ello, se han empleado los datos experimentales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge pernoctaciones de turistas a partir de la posición de sus teléfonos móviles [ver metodología].
Aunque aún quedan dos meses para que se dé por cerrado el verano —la temporada donde cuatro de cada diez turistas llegan a España, según la estadística de movimientos turísticos en fronteras, FRONTUR—, el país podría cerrar el año con un nuevo récord. Hasta junio, nos han visitado más de 44 millones de extranjeros y el dato podría llegar hasta los 100 millones en todo 2025. Así lo explicó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Si se cumplen sus expectativas, España superaría los casi 94 millones de extranjeros recibidos en 2024, un 47% más que hace diez años y un 12% más que en 2019, antes de la irrupción de la pandemia del coronavirus.
Los británicos pueblan Benidorm y las islas
Los turistas del Reino Unido tienen claro que en verano viajan a España con la playa como objetivo. Los ingleses son la colonia turística mayoritaria en buena parte de Levante y de las Baleares. En Benidorm (Alicante) es donde más proporción hay, con un 73% de las pernoctaciones, y en Calviá donde acuden en mayor número, 441.000 estancias.
La presencia británica también es superior al 60% del total de turistas en Teguise (Las Palmas, 130.000), Yaiza (Las Palmas, 183.000), Pollença (Baleares, 137.000) y Arona (Tenerife, 345.000). En número de pernoctaciones, junto a Calvià, completan el pódium Barcelona, que también supera los 400.000; y Adeje, con unos 450.000. En Madrid, en cambio, apenas representan un 6% del total de visitantes.
La cercanía territorial prima entre los franceses
Salvo unas cuantas excepciones, en Francia optan por viajar a Cataluña en verano. Más de 335.000 franceses pernoctaron en Barcelona entre junio y septiembre. La Jonquera (Girona) es el segundo destino preferido con 243.000. Madrid, lejos del mar y de la frontera, es la excepción y ocupa el tercer puesto con más de 210.000.
Favorecidos por su cercanía con Francia, acogen a miles de turistas del país vecino Roses (Girona), Irún (Gipuzkoa) y Lloret de Mar (Girona), que superan los 100.000 visitantes galos. Los franceses también disfrutan de otros puntos cercanos a la frontera, como San Sebastián (Gipuzkoa) o Baztan. En esta localidad navarra, tres de cada cuatro turistas son franceses. Aunque, por lo general, los franceses prefieren destinos con playa; de entre los 20 municipios más visitados, solo cinco no tienen.
Baleares, el paraíso de los alemanes
Seis de los diez municipios más visitados por los turistas alemanes son de esta comunidad. Palma es la localidad con más visitantes durante los meses de verano, con más de 740.000, seguida a bastante distancia de Calvià, con cerca de 240.000. Fuera del archipiélago balear, Barcelona (200.000), Pájara (en Las Palmas, 175.000, donde representan más de un 50% del total de turistas), Madrid (175.000) y San Bartolomé de Tirajana (139.000) completan el top diez.
Otros 12 municipios reciben más de 50.000 alemanes cada uno entre junio y septiembre. De ellos, ocho también pertenecen a Baleares, como Alcúdia (99.000), Santanyí (98.000) y Manacor (96.000). Los cuatro restantes también son localidades costeras muy visitadas por otras nacionalidades, como Lloret de Mar (Girona), Adeje (Santa Cruz de Tenerife), Valencia y Málaga.
Los neerlandeses, repartidos por buena parte del país
Los neerlandeses son la sexta nacionalidad que más visita España. Repiten el esquema de los estadounidenses: prefieren acudir a grandes capitales como Barcelona (130.000 turistas), Madrid (más de 90.000) y, en tercer lugar, Valencia (casi 65.000). Fueron más de 40.000 en puntos como San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Málaga, Palma y Lloret de Mar (Girona).
En Sant Pere Pescador (Girona) se concentra la mayor ‘colonia’ de neerlandeses: tres de cada diez turistas (cerca de 62.000) llegaron de Países Bajos. A 25 kilómetros de allí, Torroella de Montgrí recibe a cerca del 25%. No obstante, la provincia con más municipios atractivos para turistas procedentes de Países Bajos es Baleares. Su capital, Palma, destaca con más de 40.000 visitantes.
Baleares, la segunda casa de los italianos
Los italianos lo tienen muy claro: solo en dos de sus principales destinos de verano no hay costa. El primer puesto va para Barcelona, con 250.000 visitantes transalpinos. Madrid ocupa el segundo lugar más visitado por turistas esta nacionalidad, con más de 125.000. El tercero es Valencia, con 90.000.
Aunque no sea la provincia que cope los primeros puestos, cuatro de cada diez turistas procedentes de Italia viajan a Baleares. La mayor presión turística recae en Sant Josep de sa Talaia (Formentera), ya que un 47% de sus visitantes en estos meses son italianos. También ocupan un puesto destacado en la lista Ibiza y Palma, que oscilan entre los 50.000 y los 80.000 visitantes procedentes de Italia entre junio y septiembre. Arona, Adeje y La Oliva, en Canarias, son los puntos más alejados —pero también de los más populares— a los que se desplazan los italianos.
Los estadounidenses optan por las grandes capitales
Barcelona es la ciudad más visitada por los turistas estadounidenses. En concreto, cerca de 440.000 acudieron a la capital catalana entre junio y septiembre. A Madrid fueron casi 330.000. Fueron, de largo, sus dos ciudades favoritas, ocho veces más visitadas que las siguientes en la lista, todas grandes capitales, como son Valencia (poco más de 40.000), Palma (39.000) y Sevilla (38.000).
Los otros cinco puntos turísticos con más visitantes estadounidenses superan por poco los 20.000 asistentes y todos cuentan con playa. Es el caso de Sant Josep de sa Talaia (Baleares), San Sebastián (Gipuzkoa), El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga y Algeciras (Cádiz). En Rota, más del 45% de los turistas fueron norteamericanos.
Mapa del turismo extranjero en España: dónde pasan sus vacaciones
Sobre esta información
La estadística experimental «Medición del turismo a partir de teléfonos móviles» forma parte de una serie de estudios del Instituto Nacional de Estadística. Se toman como referencia los datos desagregados de “los usuarios de telefonía móvil de otros países que hagan uso de las redes de los operadores que participan en este proyecto”. En este caso, se analizan los viajes que realizan los turistas no residentes en territorio nacional. Hay que tener en cuenta que se ocultan aquellos cruces con un número de viajes menor que 30 por secreto estadístico.
El INE recalca que la ubicación de los dispositivos depende enormemente de las antenas («más precisión a mayor concentración de antenas») y, por ende, de la cobertura («la densidad es mayor en zonas urbanas que en zonas rurales o poco pobladas»). Además, las operadoras no abarcan el 100% de los usuarios (alrededor de tres cuartos), pero se tienen en cuenta «todos los acuerdos de roaming y coberturas que proporcionan».
Para el cálculo de las estimaciones por municipio se realiza un reparto porcentual de los datos por provincia-país. Los datos obtenidos se contrastan con fuentes auxiliares (AENA, DGT, Puertos del Estado y Renfe), que se utilizan para la validación y depuración de los resultados.
Se considera que un móvil no residente en España ha cruzado la frontera de entrada con nuestro país «cuando el móvil ha sido detectado en España entre las 22:00 y las 6:00 un determinado día del mes en observación, y además el móvil se ha seguido detectando en España a partir de las 6:00». Por otro lado, «el viaje finaliza el día en el que el móvil no es detectado en España entre las 22:00 y las 6:00, habiéndose detectado en España en las horas anteriores a las 22:00».
* Diseño e ilustración: Víctor Meneses Lobera y Jorge Moreno Aranda (InfografíaRTVE / Hiberus) | Desarrollo: José Manuel Pina (DatosRTVE) y Jairo Sánchez Béjar (InfografíaRTVE / Hiberus).
El activista Fernando Jabonero ha reavivado la polémica en torno al chalet del juez Juan Carlos Peinado en La Adrada (Ávila) con una serie de denuncias públicas basadas en documentación oficial. Jabonero, exfiscal y habitual defensor de la transparencia, explica que ha rastreado licencias municipales, registros catastrales e incluso datos en el portal inmobiliario Idealista para demostrar lo que considera irregularidades urbanísticas en la vivienda de Peinado. El chalet del juez “lleva más de 20 años en situación irregular”. Desde diciembre de 2024 –nueve meses después de que Peinado iniciara el caso contra Begoña Gómez– el activista habría advertido que la residencia “vulneraba presuntamente la normativa urbanística”.
Jabonero subraya que la casa no contaba con la preceptiva licencia de primera ocupación hasta hace pocas semanas. En sus intervenciones recientes destaca que esa licencia finalmente se otorgó “el 25 de mayo de 2025”, por lo que hasta entonces el chalet no podía legalmente tener luz y agua. Él mismo pregunta: “¿Cómo que su domicilio no tiene siquiera licencia de primera ocupación?”, y señala el contrasentido de consumir servicios básicos sin el permiso oficial. Además, apunta que la licencia de obras original fue tramitada como si la finca fuese urbana cuando en realidad está en suelo no urbanizable; en consecuencia, esa licencia sería “ilegal” según informes del SEPRONA citados por Jabonero. De hecho, recuerda que Peinado tuvo que pagar 70.000 € en sentencia por las obras emprendidas. Con todos esos datos, Jabonero presentó un requerimiento formal al Ayuntamiento de La Adrada solicitando copia de todos los informes técnicos y jurídicos relativos a las licencias urbanísticas del chalet –incluyendo las licencias de obra y de primera ocupación– junto con cualquier autorización municipal para acometidas de agua y luz. En su escrito insiste en que “ocupar una vivienda sin la correspondiente licencia de primera ocupación… constituye una infracción urbanística”, subrayando que la falta de autorización en un inmueble así no puede pasarse por alto.
Otra “prueba” que destaca Jabonero es la sorprendente calificación del chalet en el catastro: figura como un almacén en lugar de una vivienda. La parcela de casi 3.000 m² con 858 m² construidos está “inscrita en el Catastro Inmobiliario como un almacén”, aunque alberga “una gran vivienda” construida en el año 2000. Esta disparidad alimenta las sospechas: ¿por qué registrarlo como almacén si es claramente un chalet? Los registros demuestran que la propiedad fue donada a Peinado en 2007 y que nunca se condonó formalmente la obra a través de un plan de urbanización completo (falto de redes de saneamiento, acceso rodado adecuado, cesiones de terreno, etc.), requisitos enumerados por la ley. La alcaldesa de La Adrada, María de los Ángeles Andray (PP), admitió que “no ha concedido licencia de primera ocupación al chalet familiar del juez Peinado”, aunque dejó la puerta abierta a que se hubiera expedido antes de su mandato. En todo caso, el catastro sigue situándolo como almacén (categoría generalmente reservada a garajes o depósitos). Esa clasificación contable se mantuvo “a día de hoy”, lo que evidencia el desfase entre la realidad de la construcción y su inscripción oficial.
Jabonero resalta también que el portal inmobiliario Idealista permite obtener datos públicos sobre la calle donde se ubica el chalet. Por ejemplo, al consultar el mapa de Idealista para la zona Camino Carmen Navalpino de La Adrada se observa que hay 39 viviendas construidas en esa vía, con una superficie típica de 105–120 m² y edificadas en las últimas décadas. Esto confirma que la dirección del inmueble es plenamente localizable en fuentes abiertas, contrariamente a lo que sugiere el juez, quien atribuye a Jabonero la difusión de una dirección exacta sensible. Para el activista, el hecho de que los datos catastrales estén “públicamente accesibles” –incluso en sitios como Idealista– pone de relieve que no hay reserva de información y que el domicilio del magistrado no es un secreto. En su discurso se afirma que cualquier ciudadano puede comprobar en portales urbanísticos y de bienes raíces la ubicación y características del chalet, con lo que la acusación de violación de intimidad pierde fuerza.
Enfrentado a estas revelaciones, el juez Juan Carlos Peinado ha reaccionado con una demanda por injurias y calumnias. Peinado exigió en su citación judicial que Jabonero reconozca varias “verdades” sobre sus acciones: primero, que efectivamente el vecino solicitó información urbanística al Ayuntamiento de La Adrada durante 2024 –las mismas peticiones que constan en el portal de transparencia–, cuyo objetivo, según el magistrado, habría sido filtrar ciertas resoluciones y difundir “la dirección exacta del inmueble”. Segundo, quiere que Jabonero confiese que su denuncia contra el juez (rechazada por el TSJM en 2024) buscaba desacreditar el caso contra Begoña Gómez para apartarlo del procedimiento. En suma, Peinado acusa a Jabonero de vulnerar su privacidad y de articular una campaña paralela al proceso judicial. Por ahora, la “conciliación” que precede a la querella está programada para septiembre y el activista ha declarado que no piensa retractarse ni pagar los 25.000 € reclamados.
En medio de esta polémica, varios medios documentan los antecedentes urbanos. La Fiscalía de Ávila encontró “indicios de criminalidad urbanística” centrados en un posible delito de prevaricación municipal en la concesión de licencias al chalet del juez. Sin embargo, esos delitos prescribieron y la causa se archivó. Pese a ello, Jabonero insiste en la legalidad de sus críticas: asegura que Peinado tiene “un chalet en situación irregular desde hace más de 20 años” y que sus actos se amparan en la Constitución, pues “tenemos derecho a criticar” las acciones de un funcionario público. Incluso señala que el magistrado habría archivado diligencias contra el PP –partido al que pertenece la hija del propio juez, concejala de Pozuelo– “sin tener competencias”, algo que relaciona con un “caciquismo secular” en la gestión local.
El caso ha cristalizado en torno a tres ejes de prueba que destaca Jabonero: las licencias municipales inexistentes o irregulares, las anotaciones catastrales contradictorias y los registros abiertos en portales como Idealista. Cada una de estas fuentes refuerza su tesis de que el chalet de Peinado no ha cumplido con las normas que exigiría a cualquier otro ciudadano. La disputa ha cobrado visibilidad pública y ha puesto en evidencia la tensión entre el aparato judicial y las denuncias ciudadanas. Como afirma Jabonero, aunque Peinado amenace con querellas, “lo que busca es la revancha” por haber expuesto estas irregularidades.
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El entorno lucrativo del juego recauda las combinadas de dinero e influencias en distintos sectores que, desde la investigación del despacho del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se vinculan con Feijóo y sus barones del PP.
Con la investigación de los Mossos d’Esquadra del caso Montoro por las sospechas sobre los pagos de 679.000 euros que Codere habría realizado a la asesoría, con el objetivo de influir en distintos Gobiernos del PP y del PSOE y orientar la normativa a su favor, nace una trama entre los populares que cuota su vinculación con los salones de juego entre las más beneficiosas para los intereses de este sector.
La trama, que nace en Madrid, salpica al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y a dos de sus principales barones: Juanma Moreno Bonilla y Carlos Mazón. La red de relaciones entre el PP y las casas de apuestas se extiende por varias comunidades autónomas gobernadas por los populares, donde decisiones políticas recientes han favorecido de forma directa a Codere.
Feijóo estando al frente de la Xunta
En Galicia, cuando Feijóo presidía la Xunta, se perdonaron más de cinco millones de euros a Codere en el año 2021. El Gobierno gallego modificó la fiscalidad del sector del juego en plena pandemia, permitiendo que empresas como Codere dejaran de pagar todos los impuestos con el fin de “mitigar los efectos” de la pandemia. El actual presidente del PP justificó esta rebaja fiscal que introdujo en los presupuestos de 2021 a los salones de juego, casinos, bingos y máquinas automáticas alegando que era necesario “establecer un beneficio fiscal que contribuyera a la situación provocada en este sector para paliar los efectos de la pandemia en 2020”.
La decisión fue duramente criticada por la oposición y por colectivos sociales, que denunciaron que mientras se recortaban recursos públicos, se facilitaban ventajas fiscales a una empresa que ahora aparece en el epicentro de una investigación por presunta corrupción política. El caso vuelve a cobrar relevancia al conocerse que Codere pagó grandes sumas al despacho de Montoro en el mismo periodo en que la Xunta de Galicia aplicaba medidas fiscales especialmente favorables al sector.
Moreno Bonilla con una ley aprobada “deprisa y corriendo”
En Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno aparece señalado por la vicesecretaria general del PSOE-A, Noemí Cruz Márquez, quien ha exigido explicaciones al Ejecutivo andaluz por la tramitación exprés de una ley que facilitó la implantación de casas de apuestas a menos de 150 metros de centros educativos, una medida aprobada en el Parlamento andaluz que fue tachada por el PSOE como una auténtica “salvajada”.
Según la dirigente socialista, es “urgente saber cuál es el hilo y por qué se aprobó esa ley deprisa y corriendo”, sobre todo ahora que se conoce que Codere pudo pagar por influir en este tipo de decisiones políticas a través del despacho fundado por un exministro del PP.
Mazón lo replica en Valencia
El tercer vértice de esta triangulación política es Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que ha reproducido a nivel autonómico las líneas de actuación que se están investigando a Montoro en el ámbito estatal. Uno de los ejemplos más claros para los socialistas es la reforma de la Ley del Juego impulsada por el Consell de Mazón. En su primer año de mandato, el gobierno autonómico eliminó la distancia mínima de seguridad entre las casas de apuestas y centros educativos, sanitarios o espacios de ocio infantil, una medida que el PSPV atribuye directamente a la presión de los lobbies del juego.
El Consell de Mazón ha paralizado normativas que limitaban la expansión de los salones de juego y ha aprobado normas más laxas en favor del sector, muchas de ellas coincidiendo con las reivindicaciones de Codere y otras grandes firmas del sector. Además, en su agenda regulatoria, el ejecutivo valenciano ha incluido prioridades similares a las que aparecen en los documentos relacionados con el despacho de Montoro. De esta forma, se termina de dar un patrón que comparte con las distintas comunidades autónomas y nombres propios del PP basado en decisiones políticas tomadas que benefician al sector del juego, y en especial a Codere.
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La Unión Europea ha vuelto a pronunciarse este domingo sobre la situación en Gaza, centrando esta vez su condena en la difusión de imágenes de rehenes israelíes por parte de milicias palestinas. La Alta Representante para Política Exterior, Kaja Kallas, ha calificado las escenas como «espantosas» y ha acusado a Hamás de «barbarie«, reiterando que «todos los rehenes deben ser liberados de inmediato y sin condiciones«.
“Hamás debe desarmarse y poner fin a su gobernanza en Gaza. Al mismo tiempo, debe permitirse que la ayuda humanitaria a gran escala llegue a quienes la necesitan», ha señalado. Sin embargo, la declaración ha sido criticada por diversos sectores sociales y analistas internacionales por su sesgo evidente hacia el relato israelí, omitiendo una vez más el contexto humanitario devastador que vive la población civil de Gaza.
Las imágenes difundidas por Hamás y Yihad Islámica mostraban a dos rehenes visiblemente desnutridos. Según las milicias, el deterioro de su estado físico es consecuencia directa del bloqueo israelí, que ha imposibilitado proporcionarles comida y atención médica. Una de las escenas muestra a un rehén cavando su propia tumba, lo que fue presentado como una denuncia desesperada de las condiciones impuestas por el asedio.
Lo que la UE no menciona, y que numerosos informes de organizaciones humanitarias independientes han documentado, es que la catástrofe humanitaria en Gaza ya se ha cobrado más de 60.400 vidas palestinas, muchas de ellas civiles, y al menos 170 personas han muerto por hambre o desnutrición severa.
La respuesta de Bruselas también ha evitado cuestionar la narrativa del gobierno de Benjamin Netanyahu, que ha afirmado este sábado no tener responsabilidad en la situación de los rehenes y ha asegurado que la “entrada de ayuda humanitaria” está garantizada. Según el mandatario israelí, es Hamás quien «priva de comida deliberadamente«.
Trump elude hablar de genocidio
Organizaciones humanitarias están alertando de que los gazatíes se están muriendo de hambre -más de 100, según el Ministerio de Salud del enclave- mientras que sus propios trabajadores se están desmallando por falta de alimentos. Pese a ello, Estados Unidos se ha mantenido como un aliado cercano a Israel y su administración ha evitado exigir un cambio en la estrategia israelí en la gestión de ayuda humanitaria, a diferencia de gobiernos occidentales como los de España o Francia. Sin embargo, ahora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma estar trabajando en un nuevo plan de distribución, al tiempo que elude hablar de genocidio y continúa situando el foco de culpa en Hamás.
El enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio, Steve Witkoff, ha viajado este viernes a la Franja para observar uno de los puntos de distribución humanitaria. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó este jueves que el viaje, en el que Witkoff va acompañado del embajador estadounidense para Israel, Mike Huckabee, tiene como objetivo asistir en “aprobar un plan final para la distribución de ayuda humanitaria en la región”.
«Queremos que la gente esté alimentada. Queremos que la gente de Gaza sobreviva. Es algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo», ha explicado Trump en una breve llamada telefónica con Axios. Witkoff, por su parte, ha detallado en redes sociales que ha pasado “más de cinco horas” en la Franja para elaborar un informe para “ayudar al presidente Trump a comprender la situación humanitaria a fin de elaborar un plan para entregar alimentos y ayuda médica a la población».
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Con la renovación de las principales Ejecutivas de las dos grandes fuerzas políticas de España, el Partido Popular, al mando de Alberto Núñez Feijóo, y el PSOE, capitaneado por Pedro Sánchez, son muchas las novedades de nombres conocidos y por conocer que han traído consigo con el horizonte puesto a partir de septiembre. No obstante, uno de los detalles que quizás ha pasado desapercibido es la representación femenina en cargos de dirección y relevancia en cada formación.¿De cuánta brecha estamos hablando?
En las últimas décadas, y gracias al peso del movimiento feminista en avances y derechos, tanto en los puestos orgánicos como en los Gobiernos de distinto color, las mujeres dirigentes han ido ganando fuerza y posiciones de poder y, llegados a 2025, se han alcanzado cifras de calado si se mira la vista atrás; pero, si se echa hacia adelante, cierto es que queda mucho camino que recorrer para alcanzar una paridad justa e igualdad equitativa.
En lo que concierne a los números que han venido reflejando los principales partidos del bipartidismo, es de especial relevancia someterlos a examen sobre esta cuestión.
El PP de Feijóo concentra a un 35% de mujeres en su directiva
Con la reciente celebración del Comité de la Ejecutiva Nacional del PP a principios de julio, se dio a conocer públicamente su nueva estructura de cara al próximo curso político tras el verano. En ese sentido, la cúpula de Núñez Feijóo está liderada en su gran mayoría por hombres, en total, 60; mientras, tan sólo 33 mujeres ocupan cargos de relevancia, decisión y poder dentro de estas filas, una cifra que se traduce en un 35% del total.
Y es que el punto de partida de estos cambios vino de la mano del cambio de mando en el ‘número 2’, más conocido como la Secretaría General, de Cuca Gamarra a Miguel Tellado. En esencia, ahora, las mujeres populares de peso son la mencionada Gamarra, ahora vicesecretaria de Regeneración y Justicia; Carmen Fúnez, Sanidad y Política Social; y Alma Ezcurra, en Coordinación Sectorial.
A ellas tres, se suma el notorio hueco que ha dejado Noelia Núñez, hasta hace una semana atrás vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, quien dimitió por mentir en su expediente académico. Además, caben destacar otros nombres relevantes como Ester Muñoz, portavoz en el Congreso y sustituta en el puesto de Tellado; Alicia García, como portavoz en el Senado. Sin dejar en el tintero los casos de Ana Alós y Paloma Martín, responsables de Igualdad y Política Social y de vivienda, respectivamente, quienes fueron relegadas de estas funciones, siendo la primera de ellas la que ha quedado completamente fuera del organigrama renovado de Feijóo.
Así las cosas, el poder del ‘núcleo duro’ de Feijóo ha quedado prácticamente en manos masculinas. A Tellado le sigue Alberto Nadal, en Economía; Juan Bravo, en Hacienda; Borja Sémper, en Cultura; Elías Bendodo, en Política Autonómica; y Jaime de los Santos, en Educación e Igualdad.
De los diez cargos de alto poder en Génova, tan sólo tres están bajo control femenino.
La cúpula de Ferraz, con un peso femenino cercano al 50%
En la otra cara de la moneda, desde la Ferraz de Sánchez, la brecha de paridad es más estrecha en comparación con Génova. La principal novedad que emergió de los cambios orgánicos, que vinieron declinados de la crisis provocada por el caso Koldo, fue el ascenso de Rebeca Torró a la secretaría de Organización, puesto que hasta junio ocupaba Santos Cerdán.
Este giro no sólo ha tenido un significado de calado en el escenario político reciente, sino también en la historia contemporánea de las filas socialistas, puesto que una mujer no ocupaba este puesto de poder en Ferraz desde 2008, cuando estuvo a cargo de la exministra Leire Pajín.
Así las cosas, en la Comisión Ejecutiva Federal de Ferraz celebrada también en julio, 20 de los 43 integrantes son mujeres, dicho de otra manera, el 47% de representación femenina. Sin embargo, cabe destacar que esta cifra ha descendido en los últimos años, dado que el pico de mujeres con cargos de representación y poder se dio en 2021 con el 57%, cifra que ha descendido un 10% hasta este 2025.
Paridad en Moncloa: disyuntiva entre Rajoy y Aznar con Zapatero y Sánchez
Dejando a un lado la realidad de igualdad entre hombres y mujeres en cargos de relevancia en partidos políticos, otro de los reflejos semejantes sobre este espectro se ha dado en las últimas décadas en los distintos Gobiernos de España. Tanto los del PP de José María Aznar y Mariano Rajoy, hasta los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, independientemente de la duración de cada uno de ellos, se ha denotado una evolución favorable de las mujeres que han ocupado distintos Ministerios e incluso Vicepresidencias.
Partiendo de los nombramientos que se ejecutaron en las distintas legislaturas de PP y PSOE desde el comienzo de la era de Aznar en 1996 hasta la actual de Sánchez en 2025, las principales claves extraídas dan cuenta de que el Gobierno de coalición progresista fue el que mayor proporción de mujeres ha tenido con un 64,7% -once ministras-, aunque el periodo comprendido entre 2018 y 2021. A la contra, el Ejecutivo de Aznar fue el que menos espacio femenino otorgó desde 1996 hasta 200 con un 26,7% -cuatro ministras-.
Cabe reiterar que fue a partir de la legislatura de Zapatero cuando se comenzó a consolidar la paridad y estas cifras comenzaron a equipararse poco a poco con el peso masculino, más aún debido a que este Gobierno socialista inauguró las Vicepresidencias con María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado. En el caso del popular Mariano Rajoy, la representación femenina descendió con creces con respecto a sus predecesores.
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La Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado este jueves una reforma constitucional que abre la puerta a la reelección indefinida del presidente del país y amplía la duración del mandato presidencial de cinco a seis años. La iniciativa, impulsada por Nuevas Ideas – el partido del actual jefe del Estado, Nayib Bukele -, contó con el respaldo de sus socios parlamentarios y fue aprobada con 57 votos a favor de los 60 posibles.
La propuesta modifica los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, y su principal impulsora ha sido la diputada oficialista Ana Figueroa. Durante su intervención en el pleno, Figueroa argumentó que «lo importante es darle el poder total al pueblo salvadoreño» y defendió la reelección presidencial como una opción legítima, señalando que en otros niveles del sistema político – como en alcaldías o en la Asamblea Legislativa – ya existe la posibilidad de postularse indefinidamente sin que ello haya generado conflicto institucional. «Aquí hay una clave bastante importante y es el apoyo de la gente«, subrayó.
La reforma elimina la prohibición vigente que impedía la reelección inmediata del presidente de la República, lo que, en la práctica, permitirá que Bukele pueda volver a presentarse a los comicios si así lo decide. Aunque su actual mandato está previsto hasta 2029, la modificación del calendario electoral podría hacer coincidir las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en 2027, permitiéndole optar nuevamente al cargo antes de finalizar el periodo actual.
Entre las novedades del paquete aprobado también figura la eliminación de la segunda vuelta electoral, un mecanismo contemplado hasta ahora en caso de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta en la primera ronda de los comicios presidenciales. Con este cambio, el candidato más votado en una primera vuelta sería proclamado automáticamente ganador, independientemente del porcentaje de respaldo obtenido.
Los partidos de la oposición, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos, votaron en contra de la reforma y criticaron duramente el proceso. La diputada Marcela Villatoro (ARENA) calificó la votación como un punto de inflexión negativo para la historia política del país: «Hoy ha muerto la democracia en El Salvador«, manifestó desde el estrado. La parlamentaria denunció la ausencia de diálogo y debate previo a la aprobación, a la que tachó de «burda y cínica». «Se quitaron las máscaras«, añadió, en alusión a la coalición que respalda al Gobierno.
Tras esta aprobación inicial, el paquete de reformas deberá ser ratificado por la misma cámara legislativa en una segunda votación, conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución salvadoreña para las reformas de carácter estructural. La Asamblea también tiene previsto debatir próximamente una nueva prórroga del régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022 y renovado mensualmente desde entonces.
El propio presidente Bukele ha mostrado en varias ocasiones su rechazo a las críticas internacionales sobre el rumbo político que ha tomado el país. A principios de junio, declaró públicamente que no le preocupaba ser calificado de dictador y cuestionó abiertamente los principios democráticos tradicionales. «Democracia, institucionalidad, transparencia, Derechos Humanos, Estado de derecho, suenan bien (…) pero son términos que solo se usan para tenernos sometidos«, afirmó entonces.
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Alberto Núñez Feijóo ha decidido electoralizar su hoja de ruta. Para ello, su gran promesa programática de cara a un hipotético adelanto de las elecciones -algo completamente descartado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en cada una de sus intervenciones- es derogar el sanchismo. O lo que es lo mismo: cargarse poco a poco todas las leyes aprobadas por los dos gobiernos de coalición desde los que el líder del Ejecutivo ha impulsado los acuerdos de legislatura alcanzados primero con Podemos y luego con Sumar. Para esta tarea, la más importante a ojos del presidente del PP, la séptima planta de Génova, 13 ha designado a una persona: Alma Ezcurra (Madrid, 1986).
La madrileña se ha convertido en la ‘número tres’ de Feijóo a nivel orgánico. Pese a que Miguel Tellado prácticamente monopoliza la coordinación con los territorios y la gestión de los equipos, fruto de las prolíficas tareas encargadas por el propio presidente del PP a su mano derecha, la labor de Ezcurra, recientemente nombrada vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP -labor que compagina con su actividad como eurodiputada-, está focalizada en el interior de Génova, en las sombras, en el terreno donde mejor se ha movido en su ya dilatada trayectoria política.
Porque a nadie se le escapa que hay que conocer muy bien la fontanería de un partido como el PP para pasar de los brazos de Aznar, donde empezó como becaria en FAES, a los de Rajoy, donde se asentó. Sus consejos también han sido importantes y muy escuchados por Isabel Díaz Ayuso -y, por ende, Miguel Ángel Rodríguez-, quien, como alumna aventajada del núcleo irradiador de Esperanza Aguirre, dio su visto bueno al ascenso dictaminado por Alberto Núñez Feijóo.
Ezcurra ha sobrevivido a todas las familias políticas del PP. El aznarismo, con su cordón umbilical radicado en Madrid, y el rajoyismo, con acento gallego. Ahora, tal y como ha adelantado El Independiente, Feijóo ha decidido que sea ella la encargada de centralizar la recepción de todas las propuestas que emanen del resto de vicesecretarías, aconsejando en su elaboración y consiguiendo que a partir de septiembre los enunciados gocen de un poso con el que superar las atrabiliarias promesas enumeradas desde un primer y raquítico boceto.
Este cometido, explica el medio previamente mencionado, dibuja un corto y medio plazo cargado de trabajo para la madrileña. La misión principal será la derogación de las leyes del sanchismo, con especial mención a aquellas que llevan monopolizando el debate político desde hace años, como la Amnistía.
No es nueva en lo suyo
Lo cierto es que Alma Ezcurra es tan desconocida para el público general como apreciada internamente. Sin hueco en las portadas, hasta ahora, pero de esa clase de trabajadoras que todo el mundo quiere en su equipo. Acostumbrada a hacer programas electorales y curtida en todas las esferas del partido -nacional, Madrid y Europa-, además de los think tanks de José María Aznar, donde empezó como becaria, o del propio Feijóo -número dos del laboratorio de ideas Reformismo 21-, la plenipotenciaria de la Coordinación Sectorial del partido ya ayudó en la confección de la ponencia del Congreso del PP celebrado el primer fin de semana de julio.
Este fue su último encargo, pero su currículum vitae atesora un sinfín de proyectos similares dispuestos por decenas de jefes. Desde Aznar en FAES hasta Ana Botella en el ayuntamiento de Madrid, Javier Fernández Lasquetty en la Comunidad, Rajoy en presidencia y en el Congreso o Ayuso en la Asamblea. Siempre entre bastidores, donde verdaderamente se cuece el juego de la política. Siempre entre susurros.
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El comisionado del Gobierno para la reconstrucción, José María Ángel Batalla, ha presentado un escrito para comunicar su dimisión, según ha avanzado la Cadena SER y al que ha tenido acceso este medio. El hasta ahora responsable de la coordinación para las tareas de reconstrucción por la DANA de Valencia del pasado 28 de octubre ha remitido una misiva al Ministerio de Política Territorial mediante el cuál informaba de su renuncia después de que trascendiera que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por su acceso y promoción a la función pública de la diputación de Valencia a principios de los 80.
Ángel Batalla, histórico dirigente socialista, ha presentado su dimisión como Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA. El también expresidente del PSPV-PSOE y exsecretario autonómico de Emergencias ha decidido dar un paso al lado en medio de la polémica por una titulación universitaria que figura en su expediente y que, según la Agencia Valenciana Antifraude, podría ser falsa.
Cambio de postura
Durante la jornada del martes por la noche, Batalla descartaba abandonar su puesto y defendía no haber cometido ninguna irregularidad en el proceso de acceso a su plaza como funcionario, para la que solo se requería el título de Bachillerato. Sin embargo, 24 horas después, cambió de postura y comunicó su renuncia al Ministerio de Política Territorial, liderado por Ángel Víctor Torres. En el escrito remitido, fechado este jueves 31 de julio, Batalla denuncia haber sido objeto de una campaña de desprestigio con el único objetivo de “dañar y manchar” su trayectoria en la función pública.
La investigación que ha acabado precipitando su salida se inició tras una denuncia anónima trasladada a la Agencia Valenciana Antifraude, que después remitió el caso a la Fiscalía. En el expediente de Batalla figura un título de Diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de València, supuestamente fechado en 1983. Sin embargo, la institución académica ha confirmado que esa titulación no existía en aquel momento, ya que no comenzó a impartirse hasta 1990.
A pesar de aportar documentación para demostrar que accedió legalmente a su plaza de funcionario y su posterior reclasificación, Batalla no ha dado explicaciones sobre ese diploma ni sobre otras menciones a titulaciones universitarias en varios de sus currículos. Algunas de esas referencias incluyen una supuesta diplomatura por la Biblioteca Nacional, institución que no ofrece formación reglada ni expide títulos académicos, y que apareció incluso en el perfil enviado por el Gobierno con motivo de su último nombramiento.
Esta es la carta de dimisión de Batalla
«Una vez aclarado y documentado mi acceso hace ya 43 años, de forma legal y reglamentaria, a mi puesto como funcionario de la Diputación de Valencia, así como mi posterior reclasificación, he tomado la decisión personal e irrevocable de presentar mi dimisión como Comisionado Especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación de los daños provocados por la DANA.
Después de más de cuarenta años dedicando mi vida al servicio público, puedo asegurar que ésta es una vocación que no se improvisa, que no se hereda, y que no se compra, sino que se construye día a día, con los pies en la calle y la mirada puesta en las personas, en sus problemas, en sus derechos, en su dignidad.
No necesito grandes discursos para defender mi trayectoria, pues creo que hablan por mí los años vividos en primera línea, las decisiones difíciles, la cercanía a quienes más lo necesitaban, el trabajo callado, las horas sin reloj. Y hablan por mí los principios que nunca negocié: la libertad, la justicia social, la democracia.
He servido – y sigo sirviendo – a la ciudadanía y para ella trabajo. Con entrega. Con respeto. Y con una idea firme que me ha acompañado siempre: que lo público es sagrado, porque es de todos.
Y por ello, frente al ruido, la sospecha o el oportunismo, me quedo con la conciencia tranquila y la memoria de una vida entregada al bien común. Porque servir es lo contrario de servirse. Y en estos tiempos en que algunos confunden lo público con botín o con trinchera, reivindico, sin ambages, el valor de una vida pública honesta, comprometida y transparente.
Ayer ya expliqué y acredité que mi acceso a la Diputación de Valencia fue en todo momento ajustado a la legalidad y al procedimiento, pero como aun así se sigue queriendo sembrar la duda entre la ciudadanía, quiero dejar claro que jamás he falsificado ningún documento y por supuesto jamás me he valido de ningún documento falso para acceder a ningún puesto.
Lamentablemente, las circunstancias políticas han hecho que desde que asumí la responsabilidad del cargo de Comisionado Especial para la Reconstrucción y Reparación de los daños por la DANA se hayan producido reiteradas actitudes de inquina hacia mi persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio, si se me permite, diligente y transparente. Y es que hasta el momento de este nombramiento, mi trayectoria en la Diputación de Valencia había sido siempre respetada tanto por mis compañeros y compañeras funcionarios como por los distintos responsables políticos que han estado al frente de ella. Hasta ahora. Hasta este momento y hasta este nombramiento.
El daño que a nivel personal representa este ataque injustificado es enorme. Se está poniendo en cuestión mi trayectoria profesional desde sus mismos inicios, cuando he acreditado fehacientemente que todo se hizo con total respeto a la legalidad y a los procedimientos. Se me está acusando de la comisión de conductas muy graves sin ningún tipo de prueba y sin que se me haya dejado defenderme en el procedimiento de la agencia Antifraude, y con ello se está poniendo en entredicho toda mi credibilidad y honorabilidad.
Y sinceramente, no aguanto. Mi amor a mi partido, a mis compañeros, mi compromiso con mi gobierno y mi Presidente me hacen tomar esta decisión para no ser titular de esta campaña de desgaste incansable que me provoca un gran dolor. Y lo hago por mí y por mi familia.
Por tanto, me voy. Me jubilo. Y voy a defender con todo mi tiempo y mis fuerzas, allá donde proceda, la verdad, mi honestidad y mi honor, que han sido puestos en entredicho por un procedimiento inquisitorial, secreto, mal intencionado y sin derecho de réplica».
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Si se le preguntara al Alberto Núñez Feijóo de principios del mes de julio, previo al Congreso extraordinario que le ratificó como preboste conservador, probablemente hubiera proyectado un final de curso político diferente. Sin embargo, de la euforia y optimismo que reinaba en Génova tras el cónclave apenas quedan algunas pavesas rebeldes en el cenicero. La concatenación de contratiempos – en forma de imputaciones o dimisiones – provocó el enésimo golpe de timón para reconducir al PP a una ruta más a la derecha. De ahí que el gallego clausure el curso con una subida de tono en materia migratoria – coto de caza privado de Vox -, así como contra el presidente del Gobierno, a cuya acción de Gobierno promete pasar una vileda y restaurar la confianza en las instituciones.
Una enmienda a la totalidad al sanchismo que tiene como medida estrella la derogación de una ley cuyo efecto sería absolutamente inocuo. El propio Feijóo lo admitió en su discurso ante el Comité Ejecutivo Nacional del partido el pasado lunes, solapándose con el “mitin” de final de curso del presidente del Gobierno en el que se pudo poner negro sobre blanco en términos de estrategia y argumentario. Navegando entre las grandilocuencias propias de estos actos, se topa con la promesa pre vacacional del jefe del principal partido de la oposición. Su intención es regresar de las vacaciones con un listado de leyes de la coalición “para derogar”, cocinándolo en el mismo fuego que otro itinerario de alternativas para “sustituirlas”; el ”último día de la etapa negra del sanchismo”. Es decir, “el primer día de su Gobierno”.
Amnistía: la joya de la corona
La intención del presidente del Partido Popular es empezar con la Ley de Amnistía; articulado sobre el que los conservadores edificaron parte de su estrategia a principios de legislatura. De hecho, fue la excusa para trasladar la presión al Gobierno desde las calles, donde coincidían – no físicamente – con las hordas ultraderechistas que colapsaron e incendiaron las inmediaciones de Ferraz. La que hasta principios de mes era la secretaria general del partido – sustituida por Miguel Tellado -, Cuca Gamarra, apuntó a la medida de gracia en una entrevista concedida a Europa Press.
La cuestión aquí pivota sobre el siguiente interrogante: ¿Es posible desamnistiar a alguien? A esta misma pregunta responden desde el Partido Popular, con una enmienda a su propia propuesta, al reconocer abiertamente que los efectos de la Ley de Amnistía no son reversibles. Dicho de otro modo, en palabras de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del partido, “no se puede corregir”. Lo que sostienen en la sala de máquinas de Génova es que el mayor de sus efectos será destruir todo lo que tenga que ver con el olvido penal para los condenados por el procés entre la horquilla de años que contempla el articulado. “Devolvería la dignidad a la sociedad española”, esgrimen.
Entonces, ¿qué valor tiene la derogación de una ley que no tendrá ninguna repercusión? Aquí entra en juego el relato político o propagandístico, según desde los cristales con los que se observe la realidad, habida cuenta de que algunos expertos en materia constitucional ya se han pronunciado y subrayado que la Carta Magna establece que “no se pueden aplicar retroactivamente normas penales desfavorables”. Así queda delimitado en el artículo 9.3 de la Ley Fundamental que blinda el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o que restrinjan derechos individuales.
Todo ello redunda sobre los casos que aún quedan por resolverse. Y es que en caso de derogarse el articulado con la llegada del PP a Moncloa, la ley entró en vigor en el año 2024, independientemente del estado de cada caso en concreto. Con lo cual, la inocuidad de la eventual iniciativa de Génova es total porque ese derecho al olvido penal ya se ha aplicado.
Enmienda a la totalidad al sanchismo
En cualquier caso, amnistías al margen, Gamarra reveló que el plan de regeneración que plantea el PP no sólo se enfoca a la derogación de las leyes sanchistas, sino también en el desarrollo de iniciativas paralelas, como en los casos de la Ley de Vivienda o de la Ley Trans, que representen la alternativa y la esperanza. Aun con el cariz discursivo del proyecto popular, en Génova destacan el carácter “ambicioso” de la regeneración que busca Feijóo para el país.
En este sentido, el objetivo no es sino desmarañar la tela de araña en los años de Pedro Sánchez, que lo han tachado como “colonización” para devolver la “independencia e imparcial” al sistema democrático, además de apuntalar un equilibrio de poderes que consideran perdido. Así, dentro de este plan, se incluirán iniciativas para fortalecer el delito de malversación y tipificar el de referéndum ilegal, al margen de una eventual modificación de la figura del indulto para evitar que se apliquen en casos de corrupción.
También pivotará sobre el rechazo y futuras actuaciones contra la nueva financiación singular para Cataluña, porque a juicio del Partido Popular representa la “compra a través del privilegio, de la diferencia de la desigualdad” con el único objetito de “mantener a Sánchez” en el Palacio de La Moncloa. Para los conservadores, es un precio “inadmisible, inaceptable e inmoral”, reiterando su compromiso para reformar el sistema de financiación para que beneficie a todos por igual.
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Este domingo la Unión Europea cerraba un acuerdo con Estados Unidos con el fin de frenar la guerra comercial y arancelaria que se inició el pasado mes de marzo con el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, en el bautizado como ‘Día de la Liberación’. Con la firma de este acuerdo, sellado en un campo de golf en Escocia propiedad del magnate de la Casa Blanca, el Ejecutivo europeo se aleja del 30% de aranceles que deslizó Trump, pero ha debido aceptar el 15% para todas las exportaciones de productos europeos a Estados Unidos.
Tras el acuerdo, lo cierto es que, pese a librarse de ese 30%, algunos países de la Unión Europea sufrirán en mayor medida este golpe debido a su mayor dependencia comercial con Estados Unidos. Sin embargo, países como España saldrán más airosos y experimentarán una afectación muy concentrada sectorialmente. Además, el país ya cuenta con un plan que se aprobó el pasado mes de abril, basado en la protección de empresas y empleo y en la reorientación productiva, para auxiliar a los sectores que pudiesen verse más perjudicados por la política proteccionista del presidente del presidente de los Estados Unidos.
No obstante, todo ello no ha sido suficiente para la valoración que ha ofrecido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el acuerdo. “Lo respaldo, pero sin ningún entusiasmo”, ha declarado el presidente en una rueda de prensa en La Moncloa. Sánchez ha rechazado criticar abiertamente el pacto y ha querido reconocer “el esfuerzo” de la dirigente alemana y su actitud “constructiva y negociadora”. Pese a ello, lo cierto es que el jefe del Ejecutivo español ha asegurado que Europa no puede quedarse quieta. “Hay que diversificar las relaciones comerciales”, ha insistido, mencionando acuerdos como el de Mercosur o las negociaciones en marcha con India y China. “Los europeos nos tenemos que poner las pilas en todos los ámbitos, tanto en autonomía estratégica como en las relaciones con otros países”, ha recalcado.
Los compromisos de ambas partes
Según han destacado fuentes del Ejecutivo comunitario, con este acuerdo se restablece la estabilidad y la previsibilidad para los ciudadanos y las empresas a ambos lados del Atlántico. Asimismo, el acuerdo garantiza un acceso continuo de las exportaciones de la UE al mercado estadounidense, preservando cadenas de valor profundamente integradas y salvaguardando los puestos de trabajo. También proporciona la base para la colaboración continua entre la UE y los Estados Unidos.
Al hilo de todo lo anterior, en la reunión celebrada este domingo entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea se dejaron también pactados los compromisos clave y cada uno de los puntos que incluye el acuerdo.
Por una parte, abogan por establecer un límite arancelario único e inclusivo del 15% para las mercancías de la Unión Europea. Será a partir del 1 de agosto, cuando Estados Unidos aplique este arancel máximo a la gran mayoría de las exportaciones europeas. En el gravamen se representa un límite máximo, incluido el arancel de la nación más favorecida (NMF) de Estados Unidos que anteriormente se aplicaba además de los aranceles adicionales que Estados Unidos introdujo.
Por lo que hace al límite máximo del 15%, este se aplica a casi todas las exportaciones de la UE actualmente sujetas a aranceles recíprocos (excepto cuando el arancel NMF de Estados Unidos supera el 15%, en cuyo caso solo se aplica el arancel NMF sin aranceles adicionales). Asimismo, se aplica también a los automóviles y sus piezas, actualmente sujetos a un tipo arancelario de hasta el 25% con un arancel NMF adicional del 2,5%, lo que proporciona una reducción arancelaria inmediata. También se aplicará a cualquier posible arancel futurosobre productos farmacéuticos y semiconductores, incluidos los basados en la sección 232. Hasta que Estados Unidos decida si impone aranceles adicionales a estos productos de conformidad con la Sección 232, seguirán sujetos únicamente a los aranceles NMF de Estados Unidos.
Otro de los compromisos clave gira en torno a proporcionar un tratamiento especial para productos estratégicos. A partir del 1 de agosto de 2025, los aranceles estadounidenses sobre aeronaves y partes de aeronaves de la UE, determinados productos químicos, determinados medicamentos genéricos o recursos naturales volverán a los niveles anteriores a enero. Con esto se prevé un alivio arancelario inmediato para las industrias clave de la UE, mientras que la UE y EE.UU. acordaron seguir trabajando para agregar más productos a esta lista.
Por otra parte, también se busca aunar fuerzas para proteger los sectores del acero, el aluminio y el cobre de la competencia desleal y falseadora. Sostienen que el exceso de capacidad mundial amenaza por igual a la industria de la UE y de Estados Unidos, por lo que ambas partes establecerán contingentes arancelarios para las exportaciones de la UE a niveles históricos, reduciendo los aranceles actuales del 50%, al tiempo que garantizan conjuntamente una competencia mundial leal.
En el mismo orden de cosas, con este acuerdo se pretende liberalizar el comercio de interés mutuo de EE.UU. a la UE. De esta forma, los importadores y consumidores de la UE ahorrarán unos 5.000 millones de euros en derechos cada año, mientras que las principales sensibilidades industriales y agrícolas de la UE seguirán estando protegidas. Además, con esta medida se busca la eliminación de los bajos derechos sobre bienes industriales, mejorar el acceso al mercado de la UE para cantidades limitadas de productos pesqueros estadounidenses y mejorar el acceso al mercado para determinadas exportaciones agrícolas estadounidenses no sensibles por valor de 7.500 millones de euros.
Otro de los aspectos claves que se persigue a través del acuerdo arancelario es el de reducir las barreras no arancelarias, en particular mediante la cooperación en materia de normas aplicables a los automóviles y medidas sanitarias y fitosanitarias, y facilitando también el reconocimiento mutuo de las evaluaciones de la conformidad en otros sectores industriales. También, un refuerzo de la cooperación en materia de seguridad económica mejorando la resiliencia de la cadena de suministro y abordando políticas no relacionadas con el mercado.
Por último, se persigue el objetivo de garantizar un acceso fiable a la energía crítica y a los suministros orientados al futuro. En este sentido, la UE tiene la intención de adquirir gas natural licuado, petróleo y productos de energía nuclear de los EE.UU. con una compra prevista valorada en 750.000 millones de dólares (alrededor de 700.000 millones de euros) en los próximos tres años. Esto contribuirá a sustituir el gas y el petróleo rusos en el mercado de la UE. Además, la UE también tiene la intención de comprar chips de IA por valor de 40.000 millones de euros, esenciales para mantener la ventaja tecnológica de la UE. De igual manera, se promoverá y facilitarán las inversiones mutuas a ambos lados del Atlántico. Las empresas de la UE han expresado su interés en invertir al menos 600.000 millones de dólares (unos 550.000 millones de euros) en diversos sectores de Estados Unidos de aquí a 2029, impulsando aún más los ya significativos 2,4 billones de euros en inversiones existentes.
Con todo ello, desde el Ejecutivo comunitario sostienen que el acuerdo alcanzado por ambas partes sirve a los intereses económicos fundamentales de la UE en unas relaciones comerciales y de inversión estables y previsibles entre la UE y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, señalan, respeta plenamente la soberanía reguladora de la UE y protege ámbitos sensibles de la agricultura de la UE, como la carne de vacuno o las aves de corral.
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El juez que instruye la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha dado el primer paso para querellarse por injurias y calumnias contra el activista que le calificó en redes sociales de prevaricador, infractor urbanístico y seguidor de la doctrina del nazismo, según publica eldiario.es. Fernando Jabonero, exconcejal del PSOE en Pastrana (Guadalajara) y que se autodefine como “activista anticorrupción”, denunció en diciembre ante la Fiscalía la ilegalidad del chalé que el magistrado Juan Carlos Peinado tiene en la localidad abulense de La Adrada. Desde entonces, el instructor ha amagado con llevarle a los tribunales en varias ocasiones, hasta que finalmente ha sentado las bases para ello.
Jabonero destapó en diciembre de 2024, nueve meses después de que Peinado abriera la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, que el chalet del magistrado en el municipio de Ávila vulneraba presuntamente la normativa urbanística. Un inmueble de 858 metros cuadrados que se erige sobre una parcela de aproximadamente 0,3 hectáreas y que comenzó dos décadas atrás. Desde entonces, según esgrime la Fiscalía, se habla de “indicios de criminalidad urbanística” focalizado en un delito de prevaricación que puede ser atribuible a los responsables del Ayuntamiento de La Adrada anteriores al actual equipo de gobierno (PP). No obstante, habría prescrito.
Primer paso
Pero ahora, el “activista anticorrupción” ha recibido una citación para comparecer el próximo 23 de septiembre en el juzgado de primera instancia 63 de Madrid. No es sino un “acto de conciliación” previo a la querella penal si el demandado no acepta retractarse de sus palabras en ese momento o que tampoco acepte pagar los 25.000 euros que demanda el magistrado por daños y perjuicios.
Jabonero, según ha declarado a eldiario.es, entiende que no se ha extralimitado en sus palabras hacia Juan Carlos Peinado en la red social X – antes Twitter –. Por otro lado, esgrime que no tiene ningún motivo para dar marcha atrás en sus tesis sobre el modus operandi del juez en la instrucción del caso de Begoña Gómez. De hecho, explica que el pasado mes de diciembre, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ya le tachó de “prevaricador”, recordando además el varapalo que sufrió el propio magistrado con el fallido intento de imputación del titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aun con la “absoluta ausencia de indicios”.
No está claro si este movimiento contra Jabonero es la primera respuesta legal del magistrado contra quienes critican su papel en la instrucción del caso o su aparente falta de imparcialidad, sobre todo después de que se haya cuestionado que siga al frente del procedimiento mientras su hija ocupa un cargo como concejal del PP en Pozuelo de Alarcón.
Lo que sí se sabe es que Peinado mantiene una demanda por vulneración del derecho al honor contra el periodista Max Pradera, una iniciativa revelada por Okdiario a principios de junio en un artículo que titulaba con contundencia que el juez había iniciado “la batalla contra las difamaciones”.
Las exigencias de Peinado
En su citación judicial, Peinado busca que Fernando Jabonero admita una serie de afirmaciones clave que, a su juicio, justificarían la querella por intromisión ilegítima. La primera es que Jabonero solicitó información urbanística al Ayuntamiento de La Adrada – donde se encuentra la segunda residencia del magistrado – a lo largo de 2024, y que esa solicitud tuvo como fin filtrar resoluciones municipales a la prensa y difundir públicamente la dirección exacta del inmueble. Según el juez, esa acción vulneraría su intimidad y supondría la difusión sin consentimiento de datos sensibles y confidenciales.
El segundo punto que Peinado quiere que Jabonero reconozca es que su denuncia contra él – inadmitida por el TSJM en septiembre de 2024 – tenía como objetivo deslegitimar la instrucción contra Begoña Gómez y fabricar una causa artificial de recusación con el fin de apartarlo del procedimiento.
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Antes del 7 de octubre de 2023, Mahmud regentaba una barbería que le permitía vivir dignamente con su familia. La guerra ha destruido su negocio y su casa, pero su vida terminó de quebrarse por completo el día en que dispararon a su hermano mayor en un punto de reparto de comida. Lina es filóloga inglesa y madre de cinco hijos. En estos 21 meses de conflicto se ha desvivido para proteger a sus niños de las bombas, al tiempo que lidia con el rugido de sus estómagos vacíos. Cada día se las ingenia para que, al menos, tengan acceso a una comida. Mohamed es de los pocos cirujanos vivos que quedan en la Franja. Hace un año su mujer y sus hijos pudieron escapar de Gaza, pero él decidió quedarse para curar las heridas de la guerra y del hambre. Los hospitales están colapsados y el personal sanitario trabaja en condiciones extremas, agravadas por la carestía de material sanitario y la falta de comida.
En las últimas 24 horas otros 10 palestinos han muerto por desnutrición, las autoridades locales suman ya 111 víctimas mortales a causa de la hambruna. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que está ocurriendo en Gaza es una de las «peores crisis de hambre del mundo que se desarrolla en tiempo real». A lo largo de la historia, el hambre se ha utilizado como un arma de guerra y de exterminio. Las muertes que provocan tanto las crisis alimentarias como los conflictos son evitables. Sin embargo, Mahmud, Lina y Mohamed se aferran cada día a la esperanza de vivir un día más en una tierra calcinada bajo un cielo hostil. La población en Gaza ha disminuido un 6%, según el último censo de la Oficina Central Palestina de Estadísticas (PCBS), con datos a enero de 2025. Estiman que en la Franja viven 2,1 millones de personas en una superficie de 41 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho cubiertos por un océano de escombros. Más de 59.000 personas han sido asesinadas y otras 142.000 han resultado heridas. Esquivar los ataques por tierra, mar y aire del Ejército israelí no es suficiente, ya que conseguir comida se ha vuelto una tarea de alto riesgo.
Según Naciones Unidas, más del 80% de la población sufre de inanición, lo que les obliga a recurrir a pienso para animales o a plantas como la malva. La situación ha sido crítica desde el principio, pero tras el fracaso de la última tregua, Gaza se ha vuelto irrespirable. Todo ha ido a peor desde el pasado 2 de marzo, cuando el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ordenó el bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria y, más tarde, encomendó esta tarea a la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF en sus siglas en inglés) conocida entre los gazatíes como «americanos». Se trata una organización patrocinada por Israel y Estados Unidos, cuya financiación es opaca y cuenta con el rechazo de la ONU y otros organismos internacionales.
Mahmud Jabar Brahim
38 años. Asesinaron a su hermano en el punto de recogida de ayuda de la Fundación Humanitaria de Gaza.
«No son ayudas, es una invitación a la muerte»
Mahmud camina todo lo rápido que puede. Lo hace casi corriendo, hasta quedarse sin fuerza. Es un trayecto largo y peligroso. Se para y vuelve a levantarse. Hay que avanzar, aunque cada paso pesa y por cada metro recorrido la flaqueza se adueña de sus piernas. Las nubes expulsan fuego y la tierra cobija explosivos. «¡Más de 10 kilómetros!», exclama. Horas de caminata con pausas cortas. Escombros y más ruinas. Otros ojos desesperados. Una vez cerca de las colas del hambre, su cuerpo no puede relajarse. Se escuchan disparos, «¿al aire o a la tierra?», se preguntaba Mahmud, al recordar lo que ha bautizado como «la marcha hacia la muerte». Solo quería acudir a uno de los puntos de ayuda, el de Netzarim, ubicado al sur de Wadi Gaza.
«Baba (papá) tengo hambre», son las palabras de su hija. Se repetían en su mente y fueron un impulso para arriesgar su vida e intentar traer algo de comida de los americanos a casa. «No tenía otra alternativa», dice y jura por Alá y por su madre. Pero al llegar les disuadieron con disparos y volvió a casa con las manos vacías. Mahmud tiene 38 años y es padre de siete hijos. Antes de la ofensiva israelí sobre Gaza, tenía una casa y una barbería que le permitía salir adelante. «Ahora vivo en una choza de plástico y no tengo nada, ni siquiera una miga de pan para mis hijos«, lamenta. «Para conseguir comida nos enfrentamos al camino de la muerte», lamenta. Antes del conflicto, pesaba 93 kilos y ahora pesa 65. Llevan semanas haciendo solo una ingesta al día y a veces solo ha sido «agua caliente con cualquier cosa que le cambie un poco el sabor». «He ido a buscar comida para mi familia, no a morir», denuncia tras hacer este camino en dos ocasiones con su hijo y fracasar en el intento. Las dos veces les dispararon. No hay apenas carreteras y su cuerpo no tiene ni fuerza ni energía para recorrer tantos kilómetros.
Dejó de intentarlo cuando la mañana del 25 de junio le despertó un amigo para darle una mala noticia: su hermano mayor, Mohamed, había sido tiroteado y estaba herido en el hospital. Vivían juntos en la misma choza. El hermano tenía 48 años y era padre de seis hijos. Fue el primero en ir a los puntos de recogida de ayuda de los estadounidenses. «La primera vez bien, la segunda sobrevivió, la tercera también y a la cuarta le dispararon los israelíes», zanja.
Mahmud se pregunta una y otra vez por qué les reparten la comida para luego dispararles. «No son ayudas, es una invitación a la muerte», explica. Lo recuerda como algo humillante y un atentado contra la dignidad. En una declaración bajo el título ‘Hambruna o disparos: esto no es una respuesta humanitaria’, las ONG han exigido a Israel el levantamiento del bloqueo a la ayuda humanitaria y la necesidad de restablecer los mecanismos de coordinación de distribución de suministros liderados por Naciones Unidas. Los 400 puntos de distribución de ayuda que funcionaron durante el alto el fuego temporal en Gaza fueron reemplazados por solo cuatro puntos en zonas militarizadas y controladas por el ejército israelí. «La GHF es una parodia cínica. Una distracción deliberada», ha denunciado el encargado de la coordinación de ayuda de Naciones Unidas, Tom Fletcher. Es un «encubrimiento para mayor violencia y desplazamiento» de los palestinos en el territorio y está convirtiendo la «ayuda en un arma».
La ONU denuncia más de mil gazatíes asesinados mientras buscaban comida. La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) acusa a la fundación impuesta por Israel y Estados Unidos de actuar sin control en la «trampa mortal» de los repartos de ayuda. «Francotiradores disparan contra las muchedumbres como si tuvieran licencia para matar. Es una cacería masiva de personas con total impunidad», ha señalado el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini. Y por su parte, desde GHF dicen que han «entregado más de 52 millones de comidas en tan solo cinco semanas» – y añaden- «no son temas de debate ni titulares de prensa, sino alimentos que llegan a las familias palestinas todos los días. Mientras tanto, otras organizaciones se quedan impotentes mientras su ayuda es saqueada. Les hemos ofrecido ayuda para entregarla de forma segura. Se han negado».
La agencia de noticias estadounidense The Associated Press ha publicado una investigación en la que demuestra cómo contratistas estadounidenses han disparado con munición real y granadas aturdidoras a civiles desarmados. Previamente, una investigación del periódico israelí Haaretz había recopilado el relato de soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que, de forma anónima, confiesan haber recibido órdenes de disparar contra civiles desarmados cerca de los centros de distribución de ayuda para ahuyentarlos o dispersarlos. El primer ministro israelí rechazó rotundamente el informe y calificó las acusaciones de «falsedades maliciosas».
Además, las organizaciones humanitarias que han estado sobre el terreno denuncian que la comida que se reparte es poco nutritiva y necesita cocción. El hermano de Mahmud consiguió traer, de los tres viajes que hizo con éxito al punto de reparto, un total de cinco kilos de lentejas, dos kilos de macarrones y un kilo de sal. Explica que en 24 horas su familia, compuesta por un total de 22 personas, había comido dos kilos de pasta mezclada con otro kilo y medio de lentejas. Confiesa que, en varias ocasiones, le ha pedido a sus hijos dormir para que no piensen en comida ni gasten calorías. «Estamos siempre cansados y desmayados», señala. «Solo nos queda esperar a morir de hambre. Podemos intentar sobrevivir con agua y sal, pero vamos a morir», añade. Su voz cansada ha perdido la esperanza de que esta pesadilla termine. «¿Hasta cuando?», se pregunta.
Lina Abu Akmeil
38 años. Vive con su marido y sus cinco hijos en la ciudad de Gaza.
«Nuestro sufrimiento es más psicológico que físico»
Lina Abu Akmeil tiene 38 años, estudió Filología inglesa y es madre de cinco hijos. La mayor, de 14 años y el más pequeño, de dos. Durante dos semanas ha compartido con este medio su menú en estos tiempos de guerra y escasez. El suyo es el relato de una madre condenada a vivir con el terror permanente de que las bombas puedan matar a sus hijos. Al miedo se le suma la impotencia por no poder darles una comida digna.
Diario de comidas
Lina
10 de junio“Vivo con mi marido y mis cinco hijos en nuestra casa medio destruida en la ciudad de Gaza. Hoy hemos comido este arroz como plato principal, la otra comida fue una taza de té con media hogaza de pan. Compré un kilo de arroz por 30 dólares y cociné medio para los siete».
11 de junio«Hice Falafel, la comida tradicional palestina. Cada uno de nosotros ha comido una rebanada de pan con cuatro bolas de falafel frito».
12 de junioSin conexión
13 de junioSin conexión
14 de junioSin conexión
15 de junioSin conexión
16 de junio«Ha vuelto internet. Te paso un reel mío preparando la comida. Hoy hemos comido una sopa de lentejas con arroz. No teníamos ni pan, ni verduras. La segunda comida fueron unas galletas saladas con una taza de té para cada uno».
Lentejas
Arroz
Galletas
Té
17 de junio«Vamos a comer un arroz con una berenjena. Las verduras son de origen local, pero tienen precios exorbitantes. Las tierras están quemadas y dañadas por los bombardeos, pero hay algunas áreas en el sur que aún producen tomates, berenjenas, pepinos y perejil».
18 de junio«Hoy comimos falafel. Cada uno comió una hogaza de pan con falafel y pepino. Hago un sándwich con falafel frito dentro del pan. Normalmente, se come con tomates y pepinos, pero no hay. La otra comida ha sido una taza de té con dos galletas».
Falafel
Pan
Pepino
Galletas
Té
19 de junio«Hoy comimos pasta. Cada uno, una taza de pasta y más tarde una taza de leche con dátiles. Nos negamos a ir a los puntos de comida. Muchos jóvenes que han ido a buscar ayuda para su familia han sido asesinados por los francotiradores israelíes. En vez de darles alimentos, les matan».
20 de junio«Hemos comido un tazón de arroz sin nada más y la otra comida ha sido una hogaza de pan con dukkah. Es una comida típica en Gaza, está hecha básicamente de frutos secos y granos de trigo, pero en estos tiempos difíciles, como no tenemos trigo, lo hacemos con lentejas».
21 de junio«Mira, en la foto se ve claramente como es la dukkah. La añadimos al pan para cambiarle un poco de sabor. Este es nuestro desayuno durante la guerra. Tostamos las lentejas y las molemos con especias hasta convertirlas en polvo y las llamamos dukkah”.
22 de junio«Hoy solo hemos comido los siete este plato de arroz con lentejas negras. Menos mal que para el desayuno de los niños me quedaba dukkah. Se la puse con el pan y una taza de té».
Desde el 7 de octubre de 2023, la familia de Lina se ha desplazado más de diez veces para ponerse a salvo, pero con la última tregua volvieron a su casa destruida en la ciudad de Gaza. Entre ruinas, todas las mañanas busca leña o residuos para encender el fuego, después piensa en recetas milagrosas en tiempos de escasez. No hay apenas gas y más del 64% de los hogares se han visto obligados a quemar residuos para preparar alimentos, lo que supone graves riesgos para la salud y la seguridad. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), dos tercios de los hogares de Gaza (un 68%) dependen de la ayuda humanitaria. El PMA también ha anunciado el cierre de todas sus panaderías en la Franja de Gaza debido a la falta de harina.
En estos momentos la única ayuda humanitaria que entra es la que reparte la Fundación Humanitaria de Gaza. Lina se niega a arriesgar su vida o la de su marido para traer comida de los americanos. Ella prefiere regatear en el mercado. De hecho, solo el 21% de los gazatíes recurre al comercio local, puesto que los precios de los alimentos básicos se han disparado. Lina asegura que ha llegado a pagar 30 dólares por un kilo de arroz.
Las mujeres son las que más sufren las consecuencias de la guerra. Su lucha para la supervivencia diaria es más invisible. Lina recuerda que ahora no hay lavadoras, por lo que todo lo tienen que lavar a mano y el agua escasea. Además, ellas tienen que buscar un sustituto al gas para cocinar. La suya es una dieta pobre, basada en carbohidratos y es un milagro encontrar verduras. Las imágenes satelitales muestran cómo todos los invernaderos en el norte y en la región de la ciudad de Gaza han sido dañados o destruidos en lo que va de conflicto.
Lina hace hincapié en que todas estas dificultades en un contexto tan hostil tienen un impacto en la salud mental. «Nuestro sufrimiento es más psicológico que físico», insiste. Lo que más le preocupa es el futuro de sus hijos. Intentó hacerles de maestra, pero por las noches cae «rendida». Además, una madre, dice, necesita transmitir fuerza a sus criaturas y no puede ni pensar en todos los niños huérfanos que ha dejado la guerra. Oxfam Intermón estima que hay 20.000 niños que han perdido a sus padres. Y desde que empezó el conflicto, más de 15.000 niños, entre ellos mil bebés de menos de un año, han sido asesinados.
En los últimos días, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha registrado 111 muertes de palestinos por desnutrición, 10 de ellas en un periodo de 24 horas y al menos 80 son niños. El pasado 20 de junio, Unicef alertó de que los niños en la Franja de Gaza «van a empezar a morir de sed» si no hay un cambio en el bloqueo de combustible de las plantas desalinizadoras de agua que impuso Israel hace más de 100 días. Naciones Unidas subraya que cada día más de un centenar de niños son tratados por malnutrición. El número de niños desnutridos crece a un ritmo alarmante. Solo en el mes de mayo, 5.119 niños de entre seis meses y cinco años fueron admitidos para recibir tratamiento por desnutrición aguda, de los cuales 636 tenían desnutrición aguda grave, la forma más letal de desnutrición. Según Unicef, estos datos representan un aumento de casi el 50% respecto a los 3.444 niños admitidos en abril de 2025 y un aumento del 150% respecto a febrero, cuando estaba en vigor un alto el fuego y la ayuda entraba en la Franja de Gaza en cantidades significativas.
Advertencia: la dureza de estas imágenes puede herir su sensibilidad.
Mohamed Amin Hawehie
40 años. Es cirujano vascular, de los pocos que quedan en la Franja de Gaza.
«Pendemos de un hilo y nos morimos de hambre»
Mohamed Amin Hawehie es cirujano vascular, de los pocos que hay en Gaza, y se negó a salir porque en una guerra un médico se vuelve más imprescindible que nunca. Tiene 40 años, su mujer y sus dos hijos han dejado Gaza. Son de las pocas personas que por circunstancias extremas han logrado salir por tener que someterse su hijo pequeño a una operación médica en Egipto. «Yo me he quedado solo en Gaza. Sé que están a salvo, pero me mata no verles crecer y no estar con ellos. Es devastador. Pero me niego a salir, a pesar de que esto ha terminado con mi vida personal», arguye.
El 8 de octubre de 2023, un día después del comienzo de la ofensiva israelí, concluyó con su mujer que su vida se había derrumbado. «Escuchamos un bombardeo muy fuerte, tan fuerte como nunca escuché antes. El suelo temblaba debajo de nosotros. Logramos coger a nuestros hijos y bajamos las escaleras corriendo por la calle como locos. Yo estaba descalzo y no sentí una aguja que se me clavó en el pie», recuerda Mohamed. Detrás quedó su casa y los recuerdos de toda una vida. Mohamed pasó los primeros 14 días seguidos sin poder salir del hospital Nasser. «No podía irme, y salí la primera vez a las 12 de la noche, y a las seis de la mañana volví. Cené algo con mis hijos y mi esposa, y la maratón siguió», recuerda.
Desde entonces no ha dejado de trabajar. «Hacemos muchas cirugías, tres o cinco casos por día, a veces más. [A eso se suman] los casos que se nos acumulaban, tenemos muchos nuevos y tenemos que hacer el seguimiento de los antiguos», dice. Mohamed vivió la primera hambruna durante los primeros cuatro meses de guerra. En estos momentos, igual que el resto de gazatíes, el personal médico lucha contra el hambre.
«Pasé más de 15 horas sin comer y no podía seguir con la cirugía»
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Mohamed se quedó en Gaza para atender a los heridos, pero las condiciones son extremas también para el personal médico, al que le cuesta hacer bien su trabajo. Cuando comenzó la ofensiva, pesaba 96 kilos, ahora pesa unos 83. No tiene palabras para explicar lo que supone ser médico en esta guerra. «Nos asesinan directamente y también indirectamente», zanja.
«Sometido al estrés, el hambre y la falta de sueño»
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Reconoce que ha cometido aberraciones desde el punto de vista médico, como operar en muchos casos sin sedación. «No es humano operar a una persona sin anestesia, amputar a alguien despierto o cortar a una persona en pedazos para tratar de curarla», dice con una voz que se entrecorta, pero aparentemente fuerte. Remarca que no tiene instrumentos ni suministros para hacer una cirugía vascular.
«Nosotros también hemos sido objeto de ataques del Ejército y los hospitales han sido completamente desmantelados desde el primer día de esta guerra», dice este médico. El bloqueo de la ayuda humanitaria ha impedido la entrada de suministro sanitario básico. Además, se ha permitido la entrada de un número muy reducido de médicos extranjeros. «Nosotros tenemos que curar, al tiempo que hacemos frente al impacto de la guerra en nuestra propia vida», añade. Se refiere a las heridas emocionales provocadas por la destrucción y la pérdida de sus seres queridos. En las últimas semanas, ha atendido en el hospital Nasser a pacientes que han resultado heridos mientras acudían a los puntos de reparto de ayuda humanitaria.
«Cientos de casos llegaron al hospital desde el punto de recolección»
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Mohamed, Lina y Mahmud imploran día y noche que esta guerra termine, pero Israel y Hamás no acercan posturas para un alto el fuego.
Coordinación de contenidos: José Á. Carpio, Paula Guisado y Estefanía de Antonio. | Datos: José Á. Carpio (DatosRTVE) | Vídeo y fotos: Jebreel Abu Kmail | Diseño: Carlos Vázquez y Víctor Meneses (InfografíaRTVE · Hiberus) | Maquetación: Belén Polo y Nicolas Leschiutta (InfografíaRTVE · Hiberus) | Infografías: Jorge Moreno (InfografíaRTVE · Hiberus).
Parece que en el Partido Popular no se aclaran mucho a la hora de definir qué estudios tienen o dejar de tener sus miembros. El caso más palmario ha sido el de Noelia Núñez, la ya exdiputada y exvicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, quien la semana pasada dimitió de todos sus cargos tras salir a la luz que falseó su currículum. Pero Núñez no es, ni mucho menos la única a la que los estudios que ha cursado son de una forma u otra dependiendo de dónde se busqué. Al alcalde del PP en Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, también le sucede, pues su currículum varía dependiendo de dónde se busque.
Así, si uno entra en la web del Ayuntamiento del que es alcalde puede leer que Pérez “cursó relaciones laborales en la Universidad de Alicante”, una afirmación en pasado de la que se desprende que finalizó dichos estudios. Sin embargo, la duda sobre si acabó o no los mismos surge cuando se entra en la página de web de la Diputación de Alicante. Allí, en la pestaña dedicada a este tema, la de formación académica, pone que Toni Pérez tiene “estudios de relaciones laborales”, pero si uno pincha en la pestaña de “visualizar títulos”, la misma está vacía.
Y esta duda se incrementa cuando se pincha en los perfiles de otros miembros de la corporación y en sus trayectorias profesionales sí que pone licenciado o diplomado. Este es el caso de Carlos Pastor, diputado de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos. En su ficha aparece que es licenciado en derecho por la Universidad de Alicante. Eso sí, tampoco ha subido sus títulos en la pestaña habilitada para hacerlo, aunque como persona que es técnico de la GVA, actualmente en excedencia, se le presupone total veracidad a lo puesto en la web. La pregunta es: ¿Si existe una pestaña para adjuntar los títulos por qué no es obligado ponerlos?
Los contratos de Pérez en Benidorm
Este baile de nombres en la formación académica del alcalde de Benidorm y mandamás de la Diputación se suma al hecho de los contratos con la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L, vinculada a la trama Koldo que este medio publicó en exclusiva.
El primero de ellos fue el contrato que se cerró hace ahora algo menos de tres años con el que el Consistorio de la localidad alicantina adjudicó a la firma mencionada el contrato de obra de Musealización integral del Castellum de Tossal de la Cala de Benidorm por importe de 400.994,38 euros.
El segundo es todavía más cuantioso. El mismo ayuntamiento rubricó otro contrato por un importe mucho más alto, en su caso para la reparación de una pasarela peatonal en playa poniente. En este caso, el importe de presupuesto base de licitación fue de 1.672.457,57 euros (con impuestos) y de 1.382.196,34 (sin impuestos). Finalmente, el importe de adjudicación con impuestos fue de 1.567.092,74 euros, y de 1.295.117,97 sin impuestos.
Carlos Mazón y la empresa de la ‘trama Koldo’
Los vínculos del Partido Popular con la empresa valenciana van más allá del regidor de Benidorm y presidente de la sucursal conservadora alicantina. De hecho, suben en el escalafón hasta para alcanzar la figura de Carlos Mazón. En este sentido, destacar que en octubre y en noviembre de 2023, el presidente de la Generalitat -desde octubre del año pasado especialmente en entredicho por su gestión antes, durante y después de la DANA que dejó 228 fallecidos- concedió varios contratos con la ahora firma polémica.
La constructora, que entró en concurso de acreedores el 14 de junio de 2024 por acumulación de deudas –llegó a presentar pérdidas de casi 40 millones de euros-, con filiales en países como Argelia o Panamá y cuya sede fue registrada por la UCO acumuló hasta tres contratos con el Consell del president.
La primera de ellas queda fechada a 3 de noviembre de 2023, aunque no se oficializó hasta el día 27 del mismo mes. En aquella ocasión se centraba en la “reposición del muro de protección del Barranco de la Mota”, en Enguera (Valencia).
Se trató de una licitación impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que actualmente dirige Vicente Martínez Mus, y por la que se pagó 831.645,77 euros.
El segundo de los acuerdos que escaló hasta el líder valenciano lo firmó su Conselleria de Sanidad en el marco de la “reparación de escaleras de emergencia exteriores del Hospital Clínico de Valencia”, por un montante de 524.505,38 euros el 6 de octubre de 2023. Si bien, igual que ocurrió en el supuesto anterior, no se formalizó hasta pasados 20 días.
Por último, la tercera adjudicación la rubricó, otra vez, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio; en su caso por el “traslado de casetas de venta de billetes a la isla de Santa Pola y reposición de servicios portuarios”, a razón de 47.915,90 euros el proyecto. Un contrato que se licitó el 3 de noviembre, aunque aquí no se registró la fecha de oficialización.
Con todos los datos sobre la mesa, cabe confirmar que el Gobierno de Carlos Mazón habría invertido un total de 1.404.067 euros en tres adjudicaciones a Levantina Ingeniería y Construcción SL.
La compañía, con oficina en Alberic y Plaza del Patriarca de València, consiguió contratos con el anterior Ministerio de Transportes que ascendieron a 94 millones de euros. el empresario José Ruz, vinculado a la compañía, negaba el pasado viernes ante el magistrado en el Tribunal Supremo el pago de presuntas mordidas a la trama para lograr adjudicaciones de contratos de obra pública.
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