Ayuso y Moreno Bonilla cerrarán cerca de 4.000 camas de hospital en verano

El sistema sanitario se ve nuevamente perjudicado por las decisiones que lo obvian como una necesidad básica. El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha alertado este lunes sobre el cierre de 10.258 camas de hospital durante junio, julio, agosto y septiembre. Esto incrementará las listas de espera y una peor atención para acabar repercutiendo directamente en el estado de salud de algunas personas.

El sindicato afirma que «la posibilidad de aprovechar el periodo estival para reducir las listas de espera ha vuelto a ser descartada por las administraciones, que priman el bienestar de sus cuentas antes que el bienestar de las personas”.

Según los datos de SATSE, este verano se cerrarán miles de camas hospitalarias en todo el país. Andalucía encabeza la lista, con el cierre de al menos 2.200 camas. En Madrid, se prevé el cierre de 1.539 camas, bajo la información recabada en ocho hospitales. Le siguen Cataluña con 1.300 camas, la Comunidad Valenciana con 910 y, tanto Aragón como Galicia, donde el cierre afectará a 700 camas en cada comunidad. En el País Vasco dejarán de estar operativas 619 camas, en Extremadura 500, en Castilla-La Mancha 373, en Asturias 370, en Murcia 317, en Castilla y León 250, en Cantabria 164, en Navarra 146, en Baleares 116 y en La Rioja 54.

Aunque la cifra global es inferior a la de 2024, cuando se cerraron 10.463 camas, sin incluir datos de Madrid, la tendencia sigue al alza respecto a años anteriores: en 2023 se clausuraron 9.809 camas, en 2022 fueron 8.594 y en 2021 un total de 9.632.

Esta reducción de camas se suma a la paralización de consultas, pruebas e intervenciones quirúrgicas, una práctica extendida en todos los servicios de salud para «ahorrar costes sin importar las consecuencias negativas», según denuncia el sindicato. Las principales víctimas de estas medidas son los pacientes y los propios profesionales sanitarios.

SATSE subraya que el motivo principal del cierre de camas es la falta de personal suficiente para cubrir las ausencias por vacaciones, bajas laborales o cualquier otra incidencia. Esta carencia obliga a muchas enfermeras a asumir el trabajo de dos personas, ya que hasta un 40 o 50 % de las vacantes que se producen en verano no se sustituyen en algunas comunidades autónomas. Esto genera una sobrecarga adicional en plantillas que ya son insuficientes el resto del año.

Además, la escasez de profesionales provoca que las enfermeras tengan que ser desplazadas a otras unidades o servicios, lo que repercute en la calidad de la atención y agrava el estrés, el agotamiento y otros problemas de salud entre el personal.

Además, SATSE advierte de que la situación es especialmente crítica en las zonas con gran afluencia de turistas, donde la población llega a duplicarse o triplicarse durante el verano, incrementando la sobrecarga y la tensión asistencial en los centros sanitarios.

Súmate a El Plural

Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.

hazte socio

 

Este es el documento con el que se pide expedientar a Felipe González por incumplir estos cuatro artículos de los Estatutos

El distanciamiento entre Felipe González y el actual PSOE se ha convertido en una grieta cada vez más visible. Este domingo, Amparo Rubiales, histórica dirigente socialista, apoyó una recogida de firmas para pedir formalmente su expulsión del partido, acusándolo de incumplir los Estatutos tras sus duras críticas al Gobierno y a la ley de amnistía.

La iniciativa, impulsada mediante un documento firmado por un militante identificado con las iniciales Y.B.C., solicita la apertura de un expediente disciplinario con propuesta de expulsión para el expresidente del Gobierno y ex secretario general del PSOE. El escrito, que se puede consultar a través del siguiente enlace, sostiene que González habría incurrido en faltas muy graves tipificadas en los Estatutos Federales, al haber expresado públicamente opiniones desleales y haber llamado al voto en blanco, en contradicción con los intereses del partido en las próximas elecciones generales. Rubiales, que difundió el documento a través de redes sociales, acabó borrando el mensaje, pero no antes de que generara un intenso debate y se viralizara entre la militancia y los medios.

En el texto, los impulsores de la petición denuncian que las declaraciones recientes de González suponen un “daño grave a la imagen del partido” y una “deslealtad manifiesta”. El expresidente afirmó el pasado jueves que no votará al PSOE en las elecciones generales y que optará por el voto en blanco, al tiempo que calificó la ley de amnistía como una “barrabasada”, una “vergüenza” y un acto de “corrupción política”. Además, dirigió ataques personales al secretario general, Pedro Sánchez, asegurando que “no tiene vida política” y sugiriendo que debería abandonar el cargo y convocar elecciones. Según el documento, estos hechos son incompatibles con la militancia socialista y vulneran de forma directa las normas internas.

Los Estatutos que podrían costarle el carné

El escrito invoca hasta cuatro artículos de los Estatutos Federales para fundamentar la solicitud. El artículo 8 de los Estatutos Federales, referido al comportamiento de los afiliados y afiliadas, subraya que la militancia en el PSOE implica un compromiso con el respeto al Código Ético, el cumplimiento de las decisiones de los órganos de dirección y la lealtad al proyecto colectivo. Este precepto establece que la expresión pública de opiniones en términos irresponsables o desleales al partido, así como los actos de indisciplina, son infracciones que pueden ser sancionadas. En el caso de Felipe González, el escrito considera que sus reiteradas manifestaciones públicas, en las que ha desacreditado al partido y a sus dirigentes, especialmente al cuestionar las decisiones adoptadas en materia de política territorial y de convivencia —como la ley de amnistía—, encajan en la tipificación de estas infracciones, pues afectan directamente a la cohesión y a la imagen del PSOE ante la sociedad.

Por su parte, el artículo 9.f regula la pérdida de la condición de afiliado para aquellos militantes que, de manera expresa y pública, soliciten el voto para otras formaciones o insten al voto en blanco en procesos electorales donde concurre el PSOE. Según el documento, este sería el caso de González, quien ha declarado que no votará al partido y que depositará un voto en blanco en las próximas elecciones generales, un acto que el escrito interpreta como un llamamiento contrario a los intereses electorales de la organización. A ello se suman los artículos 86 y 87, que califican como faltas muy graves actuar contra los acuerdos adoptados por los órganos del partido o menoscabar la imagen de sus cargos públicos y estructuras, previendo como sanción máxima la expulsión. Los impulsores del expediente entienden que, al cuestionar con dureza la política de alianzas y las decisiones del actual Gobierno socialista, González habría sobrepasado los límites de la discrepancia legítima, incurriendo en los supuestos contemplados para la sanción de expulsión.

La propuesta remitida a la Comisión Federal de Ética y Garantías pide que se abra el correspondiente expediente, que se revisen las entrevistas y declaraciones realizadas por González y que se imponga la sanción de expulsión como “medida adecuada, proporcional y conforme al régimen disciplinario vigente”. Además, insta a que se apliquen los mismos criterios frente a cualquier militante que incurra en comportamientos similares de deslealtad o ataque a la imagen del PSOE.

La figura de Felipe González, cada vez más cuestionada dentro del socialismo

Este episodio ha puesto de nuevo en el foco la figura de Felipe González, un expresidente cuya relación con el PSOE actual es cada vez más compleja y que en los últimos años se ha convertido en uno de los críticos más notorios del Gobierno de Pedro Sánchez. Sus constantes ataques a las políticas del Ejecutivo y a los pactos alcanzados con partidos independentistas han provocado un creciente malestar en sectores del partido y de la militancia, que ven en sus palabras un intento de deslegitimar al actual liderazgo y de socavar la unidad interna en momentos clave.

La difusión del documento por parte de Rubiales, aunque posteriormente eliminada, ha dado visibilidad a un sentimiento que late en parte de las bases y que reclama una respuesta contundente frente a lo que consideran ataques desde dentro del propio partido. La propia Rubiales, tras borrar el mensaje, señaló que no era la autora de la petición, sino que la había compartido a petición de militantes comprometidos con la defensa de los valores y la disciplina interna del PSOE.

Por ahora, la Comisión Federal de Ética y Garantías no ha comunicado si tomará en consideración la solicitud y abrirá el expediente disciplinario. Sin embargo, el gesto ha encendido un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la discrepancia pública y el papel que deben desempeñar quienes, como González, fueron protagonistas de la historia reciente del PSOE pero que hoy cuestionan abiertamente las decisiones del partido.

Súmate a El Plural

Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.

hazte socio

La declaración de Santos Cerdán ha comenzado a las 10.07 horas y ha terminado poco antes de las doce. El imputado ha rechazado contestar al juez, al fiscal y al resto de las partes, y se ha dedicado a haber más un alegato político. Según fuentes jurídicas, Cerdán ha negado su implicación en la trama de corrupción y ha asegurado que es víctima de una «persecución política» que se dirige contra él por haber contribuido a formar gobiernos progresistas. Las mencionadas fuentes aseguran que Cerdán ha llegado a señalar que el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, será la siguiente «víctima» de esta supuesta persecución solo por haber negociado también con partidos nacionalistas. Asimismo, el exdirigente socialista se ha presentado a sí mismo como el arquitecto del primer Gobierno de Pedro Sánchez. 

Cerdán ha afirmado en el Supremo que no se reconoce en las grabaciones de Koldo García que la UCO intervino y de las que parten la mayoría de indicios contra el ex número 3 del PSOE. El juez Puente, en el auto en el que ha acordado el ingreso en prisión de Cerdán, le ha reprochado la «imprecisa y genérica impugnación de la autenticidad» de dichas grabaciones, realizadas entre 2019 y 2023. Es más, las ha avalado al descartar que pudieran «haber sido manipuladas, alteradas o simuladas», desechando igualmente que Koldo fuera un «agente encubierto».

En este sentido, el ex número 3 del PSOE ha afirmado que Sánchez le encomendó a él expresamente la tarea de negociar con el PNV el apoyo a la moción de censura que tumbó el Gobierno de Mariano Rajoy. Cerdán lideró esa negociación junto al empresario Joseba Antxon Alonso, también implicado en la trama, tal y como ha explicado este lunes en el Supremo. Según ha dicho, Antxon Alonso fue quien «facilitó» la interlocución con el PNV y EH Bildu. 

El exdiputado ha contado al juez que, tras negociar con estas formaciones, se presentó en el despacho de Pedro Sánchez «para anunciarle que iba a ser presidente». Asimismo, el exdiputado ha incidido también en su papel en las negociaciones con Junts en torno a la ley de amnistía y el apoyo de la formación a la última investidura de Pedro Sánchez. Durante la declaración, Cerdán ha explicado que Bolaños fue quien negoció con ERC y «por eso» va a ser «el siguiente objetivo» de esa supuesta persecución política. 

Así ha transcurrido la primera declaración de Cerdán como imputado, acordada después de que el juez apreciara «consistentes indicios» contra él en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Tras tomar declaración a Cerdán, Puente ha subrayado en un auto que «resulta evidente que persisten notabilísimos indicios» contra el investigado. 

Dicho informe recogía indicios de la existencia de una organización criminal conformada por Cerdán, Ábalos y Koldo García, y dedicada a amañar contratos públicos (principalmente en favor de Acciona) a cambio de mordidas. Cerdán llegó a gestionar el cobro de un total de 620.000 euros, según la UCO. 

Por otro lado, en un registro efectuado tras la entrega del informe, la Guardia Civil encontró un documento que probaría que el empresario Joseba Antxon Alonso le vendió a Cerdán el 45% de las participaciones de una empresa adjudicataria de varios contratos millonarios en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona. 

Este lunes, el exdiputado socialista ha negado la gestión de mordidas y ha asegurado que esa venta de participaciones nunca llegó a término. El ex número tres del PSOE ha sostenido que el documento en cuestión es un contrato privado que nunca se elevó a público. 

La venta tuvo lugar cuando Cerdán sopesaba dejar la política y entrar en el mundo empresarial, según ha afirmado. Pero, de acuerdo con su versión, Cerdán pidió a Antxon Alonso que rompiera el contrato porque su mujer le convenció de seguir en política. Pese a todo, el juez ha señalado tras la declaración que la conexión de Cerdán con esta compañía «resulta inequívoca». 

Durante la declaración de Cerdán ha quedado claro su estrecho vínculo con este empresario, con quien, según ha afirmado, llegó a compartir piso en Madrid. El exdiputado, además de negar el cobro de mordidas, ha señalado también que nunca llegó a conocer a Víctor de Aldama. El comisionista, sin embargo, mantiene que él mismo entregó una mordida de 15.000 euros a Santos Cerdán. 

Fiscalía le sitúa como el líder de la trama

El fiscal anticorrupción ha fundamentado la solicitud de prisión en los «indicios evidentes» que obran contra Cerdán. La Fiscalía ha situado al ex número 3 del PSOE como el «líder» de la organización criminal, y ha afirmado que fue él quien inició la trama en Navarra, tras conocer a Koldo García. Asimismo, ha incidido en que Cerdán «llevó la corrupción» al Ministerio de Transportes tras la llegada de José Luis Ábalos. Fue Cerdán quien conectó al exministro con Koldo García. 

Por otro lado, el fiscal ha calificado las explicaciones del investigado como «pobres y sesgadas», y ha acusado a Cerdán de hacer una «victimista y ofensiva» insinuación de que la causa tiene motivaciones políticas.