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España ha entrado por primera vez entre los 15 países del mundo con mayor gasto militar, según los nuevos datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI. El informe sitúa al Estado español en el puesto número 15 del ranking global tras elevar su gasto hasta los 40.200 millones de dólares en 2025, una cifra que supone un incremento del 50% respecto al año anterior y que coloca al país dos posiciones por encima de la que ocupaba en 2024.

El salto no es menor. En términos de Producto Interior Bruto, España habría alcanzado una carga militar del 2,1% del PIB, superando por primera vez en décadas la barrera del 2% que la OTAN venía reclamando a sus Estados miembros. El SIPRI vincula este crecimiento al Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa aprobado por el Gobierno en abril de 2025, al que se asignaron 11.800 millones de dólares durante ese ejercicio.

La entrada de España en este grupo de países se produce en un contexto de rearme acelerado en Europa, marcado por la guerra en Ucrania, la presión de la OTAN y el giro estratégico de la Unión Europea hacia una mayor autonomía militar. A escala mundial, el gasto militar alcanzó en 2025 los 2,887 billones de dólares, un 2,9% más en términos reales que en 2024, encadenando así el undécimo año consecutivo de aumentos.

El rearme europeo empuja a España al club de los grandes gastadores

El ascenso español en la clasificación llega después de años en los que Madrid figuraba entre los socios de la OTAN con menor gasto militar en relación con su PIB. En 2025, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez aceleró los plazos y anunció que España cumpliría ese mismo año el objetivo del 2%, que inicialmente estaba previsto para 2029. La decisión supuso un aumento de 10.500 millones de euros destinado a telecomunicaciones, ciberseguridad, equipamiento militar, mejora salarial y ampliación de efectivos.

El cambio de ritmo coloca a España junto a potencias consolidadas del gasto militar. Según la clasificación recogida por el SIPRI, Estados Unidos continúa liderando el ranking mundial, seguido por China y Rusia. Alemania, India, Reino Unido, Ucrania, Arabia Saudí, Francia, Japón, Israel, Italia, Corea del Sur y Polonia completan la lista antes de España. En conjunto, los tres primeros países —Estados Unidos, China y Rusia— concentraron el 51% del gasto militar mundial en 2025.

Para España, el dato tiene una lectura política de primer orden. El Gobierno defiende que el aumento responde a un escenario internacional más inestable y a la necesidad de modernizar capacidades estratégicas. No obstante, el salto en gasto militar llega en plena discusión sobre las prioridades presupuestarias del país y abre un debate incómodo para el Ejecutivo de coalición: hasta qué punto el incremento en defensa puede convivir con el refuerzo del Estado del bienestar, la vivienda, la sanidad o la educación.

La cuestión no es solo contable. El gasto militar español ha aumentado un 122% en la última década, según los datos difundidos a partir del informe del SIPRI. Ese crecimiento refleja una tendencia sostenida, pero el dato de 2025 marca un punto de inflexión por la magnitud del incremento anual y por el impacto simbólico de entrar en el top 15 mundial.

El avance de España coincide, además, con una subida generalizada en Europa. El SIPRI señala que el gasto militar europeo creció un 14% en 2025, impulsado tanto por los países de la OTAN como por el esfuerzo bélico de Rusia y Ucrania. La invasión rusa de Ucrania sigue actuando como principal argumento político para justificar la escalada presupuestaria, pero también ha servido para consolidar un consenso cada vez más amplio en Bruselas sobre la necesidad de aumentar la inversión en defensa.

Ese consenso, sin embargo, no elimina las tensiones internas. En España, el aumento del gasto militar ha generado resistencias en sectores de la izquierda y del movimiento pacifista, que cuestionan que la seguridad se mida principalmente en términos de rearme. Frente al discurso gubernamental de la “autonomía estratégica” y la protección ante amenazas híbridas, estas voces advierten del riesgo de normalizar una carrera armamentística con consecuencias presupuestarias y geopolíticas de largo alcance.

La fotografía que deja el SIPRI es clara: España ya no aparece en la periferia del gasto militar global, sino dentro del grupo de los principales países inversores en defensa. Lo hace en un momento en el que la seguridad se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política europea y en el que la presión de la OTAN se traduce en compromisos presupuestarios cada vez más ambiciosos.

La entrada en el top 15 supone, por tanto, mucho más que una subida en una tabla internacional. Es la confirmación de un giro estratégico: España ha decidido acelerar su rearme y situarse entre los grandes actores del gasto militar mundial. La incógnita, a partir de ahora, será si ese nuevo papel se consolida como una política de Estado o si abre una brecha política y social en torno a una pregunta de fondo: qué entiende España por seguridad y cuánto está dispuesta a pagar por ella.

La defensa de Begoña Gómez presentaba esta semana un un informe pericial ante el juzgado del juez Juan Carlos Peinado con el que trataba de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer de Pedro Sánchez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y sobre la que el magistrado centra sus acusaciones.

El documento, al que ha tenido acceso este medio, concluye que el 75% de los programas codificados en este centro disponen de la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”.

«Actividad sustancialmente altruista»

El informe, elaborado por el catedrático Antonio Manuel López Hernández, sostiene que en las aulas y las cátedras extraordinarias “es habitual que participen profesionales no vinculados a la Universidad pero que tienen experiencia en el sector que constituye el objeto de su actividad, ocupando la contraparte privada en la alianza”.

Por esa razón, las líneas solventan que «ni la dirección ni la impartición de docencia o la realización de talleres y seminarios es un elemento de conformación de la carrera profesional de las personas comprometidas en el proyecto», sino que se trata de una «actividad sustancialmente altruista que, como mucho, les permite el encuentro y la actualización de conocimientos».

En este sentido, refrenda incluso que en 12 de las 50 cátedras extraordinarias que existen en la actualidad en el mencionado centro universitario, una de las persona que aparece como codirectora no presenta vinculación contractual con la UCM, lo que deja ver que se trata de profesionales que proceden de otras instituciones, ya sean públicas o privadas. Con todo, el informe pericial vendría a contradecir la tesis de Peinado, quien considera que Gómez utilizó la cátedra extraordinaria con motivo lucrativo.

Retribuciones

Además de lo anteriormente mencionado, el documento pone algunos casos pormenorizados sobre la mesa. Deja claro, por ejemplo, que “no tendría ningún sentido pensar que una cátedra de esta naturaleza como, por ejemplo, la cátedra Inditex de la Universidad de A Coruña, se ha constituido para favorecer la carrera profesional del presidente de esta sociedad”. Lo mismo sucedería con las cátedras extraordinarias que financia la ONCE, que sería llamativo pensar que “se crean para fortalecer el currículum profesional del presidente de esta organización”.

En el supuesto concreto de Gómez, solo podía cobrar un máximo de 15.000 euros al año al no ser funcionaria por los dos másteres que impartió en el centro. Además, nunca cobró por la codirección de la cátedra, pues tampoco podía hacerlo por el mismo motivo.

Así lo han refrendado varios testigos, pero el juez insiste en que la esposa de Sánchez se lucró e hizo de la cátedra un instrumento para contactos y proyectarse profesionalmente. Concretamente, señala que le “sirvió como un medio de desarrollo profesional privado” y “recibió una remuneración por dicha actividad”, en contra de lo que han esgrimido las personas que han hablado en sede judicial y ahora contradice también un informe pericial.

No se apropió de los fondos privados de otras compañías

El texto también desmonta que Gómez se apropiara de los fondos privados con los que otras compañías participaron en el trabajo para su “patrimonio personal”, dado que la gestión y administración de estos montantes no recaen en los directores privados, sino que lo hace “exclusivamente a las unidades administrativas de la propia Universidad”; esto es, en las Gerencias y Unidades de Asuntos Económicos de las Facultades, Centros o Institutos a los que se adscriben las cátedras.

En última instancia, mientras Peinado defiende que la captación de fondos podría obedecer a una “retribución encubierta” por futras ventajas privadas o comerciales “relacionadas” con las adjudicaciones públicas que vienen representadas por las firmas, el perito es contundente: toda cátedra obedece a un modelo de “colaboración público-privada” para atraer financiación externa.

Con ese objetivo, es la persona relacionada con el ámbito privado quien articula la relación con los patrocinadores o capta los recursos, mientras que la universidad  “asume la función pública , garantizando el control institucional, la adecuación académica de las actividades y la correcta gestión de los recursos conforme a la normativa universitaria” a través de un codirector u órganos académicos.

El juicio del caso Kitchen ha dejado muchas sorpresas. Una de las declaraciones que más expectación generaba era la de la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y no decepcionó: reconoció que se había reunido con el comisario policial José Manuel Villarejo «unas siete u ocho veces» y dijo de él que «se quejaba de ser un hombre que había prestado grandes servicios al Estado y que no se los habían recompensado lo suficiente«, en una alusión a la Operación Cataluña, por la que un dispositivo parapolicial puso esfuerzos para mermar el avance del proceso independentista en Cataluña e investigar la fortuna del expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

Cospedal mentaba al excomisario Villarejo ante a la pregunta que le hizo el abogado del mismo, Antonio García Cabrera. El letrado le preguntaba a la exministra si recordaba si habían hablado sobre «alguna cuestión económica» en sus reuniones y si «se quejaba de haber puesto a disposición del Estado un patrimonio empresarial suyo, un dinero suyo en una operación de interés para la unidad de la nación española«. «Él, en ese sentido, se sentía perjudicado porque consideraba que había prestado grandes servicios al Estado para muchas cosas importantes«, argumentaba Cospedal. Al preguntarle el letrado si le había comentado que «incluso había puesto su patrimonio para la unidad nacional», «Pues posiblemente me lo dijera, letrado, posiblemente». Antes de eso, la exsecretaria general del PP negó que Villarejo recibiera ninguna retribución económica.

Ninguno de los dos, ni García Cabrera, ni Cospedal, pronunció explícitamente las palabras Operación Cataluña, pero el asunto se coló en un juicio en el que está previsto, si la salud se lo permite, que declare el propio Jordi Pujol. Uno de los argumentos principales de su defensa consiste en que la causa abierta por su fortuna en Andorra comenzó, precisamente, por el dispositivo liderado por Villarejo, ya que la expareja de su hijo mayor, Victoria Álvarez, denunció que había acompañado a Andorra a Jordi Pujol Ferrusola con dinero en efectivo en bolsas, alentada por el propio comisario para que así lo hiciera.

Del ‘Proyecto Barna’ a la ‘Operación Cataluña’

Finales de 2012. Fue el momento en el que las agendas de Villarejo marcaban que comenzó lo conocido como ‘Proyecto Barna’, que trascendió más adelante a la prensa como ‘Operación Cataluña’. Un ambicioso operativo que, además de desfogar el independentismo catalán, pretendía emprender un «plan de imagen» para relanzar la popularidad del PP catalán en una región y época en la que sus previsiones eran muy complicadas.

Unos meses más tarde, el 1 de julio de 2013, las agendas del comisario contenían otro escrito en relación con María Dolores de Cospedal. «MD: Comprende que hay que pagar lo pendiente y valora que se siga con el tema catalino«. El 12 de junio de 2014, casi un año después, Villarejo escribe en sus notas que Cospedal le propuso utilizar la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), de capital público, para sufragar un «pago pendiente» de 100.000 euros. En sede judicial, la exministra de Defensa ha asegurado que el comisario no recibió pago alguno.

Francisco Martínez, al otro lado del teléfono

Publicaba El Periódico un audio en el que se escuchaba a Villarejo comprometerse, el 13 de noviembre de 2012, en pleno nacimiento del operativo, a adelantar 30.000 euros que después le debían ser abonados con fondos reservados para «hundir a esta gente», en alusión al expresidente catalán Jordi Pujol y sus hijos en concreto, y al movimiento independentista en general. En el audio, el comisario conversa con el entonces secretario de Estado de Seguridad y ex número dos de Interior, Francisco Martínez, del resultado de las dos primeras reuniones que ya había mantenido el 10 de noviembre de 2012 con el empresario Javier de la Rosa, quien había facilitado información sobre la fortuna oculta de la familia del expresident.

En 2014, la citada ‘solución’: «Enresa- Fco. Gil (contacto de Cospe) Opción para obtener el pago pendiente», anotó en sus páginas el comisario. El entonces presidente de la empresa pública, Francisco Gil-Ortega Rincón, fue vicepresidente del Parlamento autonómico en Castilla-La Mancha y alcalde de Ciudad Real. Otro audio que publicaba RAC1 lo certificaba: «Bueno, mira, quizá una vía buena pueda ser esa que me ha dicho. Voy a hablar yo con Paco Gil Ortega y voy a decirle que lo vas a llamar, es el presidente de Enresa, eso que no se me olvide, eso lo voy a hacer ahora”, dice Cospedal en la grabación.

España no solo ha incomodado a Washington. Ha obligado a la OTAN a mirarse en un espejo que muchas capitales europeas preferirían evitar. La negativa del Gobierno español a permitir que sus bases y su espacio aéreo fueran utilizados para la guerra de Estados Unidos contra Irán ha abierto una pregunta que trasciende la coyuntura militar: ¿la Alianza Atlántica es una alianza entre socios soberanos o una estructura de subordinación a las decisiones de Donald Trump?

El debate se ha intensificado después de que Reuters revelara la existencia de un correo interno del Pentágono en el que se recogen distintas opciones para castigar a los aliados de la OTAN que, a juicio de Washington, no apoyaron suficientemente las operaciones estadounidenses durante la guerra con Irán. Entre esas opciones figuraría incluso la posibilidad de suspender a España de la Alianza Atlántica, una medida de enorme carga simbólica aunque de alcance operativo limitado.

Según la agencia británica, el documento expresa la frustración de altos niveles del Pentágono con varios aliados por su negativa o sus reticencias a conceder derechos de acceso, bases y sobrevuelo —conocidos en la jerga militar como ABO— para las operaciones contra Irán. El correo citado por Reuters llega a definir esos permisos como “la base absoluta” de la OTAN. Esa afirmación resume el choque de fondo: para la Administración Trump, la lealtad aliada parece medirse por la disponibilidad de cada país para facilitar sus infraestructuras militares cuando Washington lo exige.

España ha trazado una línea roja en ese punto. El Gobierno español rechazó que sus bases o su espacio aéreo pudieran ser empleados para atacar Irán. No se trata de una cuestión menor. Estados Unidos cuenta en España con dos instalaciones estratégicas, la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón, fundamentales para su despliegue en el Mediterráneo, Oriente Próximo y el norte de África. Pero la posición española recuerda algo elemental que a menudo queda sepultado bajo el lenguaje técnico de la seguridad: Rota y Morón están en territorio español y su uso no puede ser un cheque en blanco para cualquier guerra decidida en Washington.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este viernes desde Nicosia, donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, la necesidad de que las partes implicadas en la guerra en Oriente Próximo se sienten para “lograr un acuerdo lo antes posible”, aunque recononció que teme que no exista “confianza entre las partes para un acuerdo a corto plazo”. Tras denunciar que Europa sufre las consecuencias de una “crisis provocada por una guerra ilegal”, Sánchez subrayó que “la ley del más fuerte hace que el mundo sea mucho más débil”. Preguntado por el correo interno del Pentágono, el jefe del Ejecutivo evitó alimentar la polémica y se limitó a señalar que su Gobierno “no trabaja sobre mails”, remarcando que la posición española es de “absoluta colaboración” con la Alianza Atlántica.

El ‘no’ de España sacude el tablero global

La presión sobre España no puede leerse únicamente como una disputa bilateral. Su verdadero significado es político y europeo. Madrid ha situado en primer plano una discusión que afecta a todos los socios de la OTAN: hasta dónde llega la lealtad atlántica y dónde empieza la obediencia ciega.

Durante décadas, Europa ha basado gran parte de su seguridad en el paraguas estadounidense. Ese esquema ha funcionado mientras Washington y sus aliados compartían diagnósticos, prioridades y márgenes de actuación relativamente compatibles. Pero la guerra contra Irán ha tensionado ese equilibrio. Trump reclama apoyo militar, logístico y político para una ofensiva que varios países europeos no consideran propia o no quieren convertir en una guerra abierta de la OTAN.

Ahí reside la relevancia de la postura española. España no ha cuestionado su pertenencia a la Alianza ni ha renunciado a sus compromisos de defensa colectiva. Lo que ha hecho es diferenciar entre ser aliado de Estados Unidos y participar en una guerra impulsada por la Casa Blanca. Ser socio no significa entregar automáticamente bases, espacio aéreo y respaldo político a cualquier operación militar estadounidense.

Ese matiz es precisamente lo que incomoda a la Administración Trump. Según Reuters, el correo interno del Pentágono considera que una eventual suspensión de España tendría un efecto limitado sobre las operaciones militares estadounidenses, pero un impacto simbólico importante. La lectura es clara: España no sería castigada tanto por paralizar la maquinaria bélica de Washington como por ofrecer un ejemplo peligroso para otros aliados. Si Madrid puede decir “no”, también podrían hacerlo París, Londres, Berlín o Roma.

La dimensión disciplinaria del planteamiento estadounidense se refuerza con otras opciones incluidas en el documento. Reuters señala que el correo contempla suspender a países considerados “difíciles” de posiciones importantes o prestigiosas dentro de la OTAN. También menciona la posibilidad de revisar el apoyo diplomático estadounidense a antiguas posesiones o disputas territoriales europeas, como el caso de las islas Malvinas/Falklands, administradas por Reino Unido y reclamadas por Argentina. Es decir, Washington no solo estaría pensando en sanciones militares, sino en utilizar la arquitectura diplomática y política de la Alianza como herramienta de presión.

La novedad, por tanto, no es únicamente que Estados Unidos esté molesto con España. Eso ya formaba parte del ruido diplomático de las últimas semanas. Lo verdaderamente relevante es que el Pentágono estaría explorando cómo convertir ese malestar en un mecanismo de castigo interno dentro de la OTAN. Trump no necesita abandonar la Alianza si puede transformarla desde dentro en un sistema de premios y represalias.

El propio presidente estadounidense ha alimentado esa incertidumbre. Trump ha criticado duramente a los aliados europeos por no enviar sus armadas para abrir el Estrecho de Ormuz, cerrado al tráfico global tras el inicio de la guerra aérea contra Irán. También ha llegado a plantear la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la OTAN. Sin embargo, según Reuters, el correo interno del Pentágono no propone ni una salida estadounidense de la Alianza ni el cierre de bases en Europa. Ese detalle resulta revelador: la estrategia no parece ser romper con la OTAN, sino imponer una nueva jerarquía dentro de ella.

El castigo como nueva doctrina atlántica

Esa jerarquía choca frontalmente con la idea de una alianza entre democracias soberanas. Si un país puede ser castigado por no sumarse a una guerra concreta, la OTAN deja de funcionar como un pacto defensivo y empieza a parecerse a una cadena de mando política bajo liderazgo estadounidense. La defensa colectiva no puede convertirse en obediencia automática a la Casa Blanca, menos aún cuando lo que está en juego no es una agresión contra un aliado, sino una ofensiva impulsada por Washington en Oriente Próximo.

España ha puesto nombre a esa contradicción. Al negarse a facilitar el uso de sus bases y de su espacio aéreo para atacar Irán, Madrid ha obligado a la Alianza a responder una pregunta incómoda: si sus miembros conservan capacidad real para decidir sobre la guerra y la paz o si deben aceptar que la pertenencia a la OTAN implica seguir a Estados Unidos allí donde Trump marque el camino.

La respuesta europea está lejos de ser unánime, pero el dilema ya no puede esconderse. Reino Unido, Francia y otros aliados han defendido que sumarse al bloqueo naval exigido por Washington equivaldría a entrar en la guerra, aunque se han mostrado dispuestos a contribuir a mantener abierto el Estrecho de Ormuz cuando exista un alto el fuego duradero o el conflicto haya terminado. Esa diferencia es crucial: no es lo mismo proteger la navegación internacional que participar en una estrategia militar de escalada.

En ese contexto, la posición española puede entenderse como una defensa de la prudencia, de la soberanía y de una concepción no subordinada de la Alianza Atlántica. España no está rompiendo la OTAN; está defendiendo que la OTAN no se convierta en una herramienta al servicio de las guerras de Trump. La amenaza de castigo, lejos de debilitar ese argumento, lo refuerza: si Washington necesita sancionar a quienes discrepan, es porque la Alianza se encuentra ante una crisis política más profunda que un desacuerdo puntual sobre Irán.

El caso español abre además una conversación inevitable sobre la autonomía estratégica europea. Cada presión de Trump, cada amenaza de represalia y cada intento de convertir las bases europeas en instrumentos automáticos de la política exterior estadounidense alimentan la misma conclusión: Europa no puede seguir aplazando la pregunta sobre su propia capacidad de decisión. Depender de Estados Unidos para la seguridad no debería equivaler a renunciar a una política exterior propia.

La fijación de Donald Trump con España sigue sumando episodios. Ni siquiera la guerra de Irán ha hecho que el mandatario estadounidense se olvide de la Península Ibérica ni, más concretamente, de la campaña crítica impulsada por Pedro Sánchez contra sus políticas internacionales. Un reproche directo a su forma de presionar e intimidar a otros países que, en este conflicto en Oriente Medio, empieza a sumar apoyos a la postura defendida por el presidente del Gobierno español.

En un primer momento fueron las amenazas arancelarias, después las críticas por no elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB y, ahora, la polémica gira en torno a la supuesta intención de expulsar a España de la OTAN. Todo ello tras la negativa del Ejecutivo español a participar en las operaciones militares en Irán, no solo rechazando el envío de tropas, sino también impidiendo el uso de las bases de Rota y Morón para dicha guerra.

Castigos para los países que no apoyaron la guerra de Irán

La Administración Trump vuelve a cargar contra España. Según ha informado Reuters, Estados Unidos estaría valorando distintas medidas para castigar a los aliados de la OTAN que no respaldaron su ofensiva en Irán. Entre ellas, se encontrarían la posible suspensión de España de la Alianza Atlántica o incluso la revisión de posiciones geopolíticas sensibles como las Islas Malvinas. Un movimiento que refuerza la estrategia de presión internacional del presidente estadounidense.

Según estas informaciones, se estudia penalizar a países considerados “difíciles”, especialmente aquellos con peso dentro de la organización. Esto plantea una duda clave: ¿puede Estados Unidos expulsar a España de la OTAN?

Expulsar a España no es una posibilidad, Trump tendría que encontrar la manera de forzar una salida voluntaria

La estructura jurídica de la OTAN impide expulsar a un país de forma unilateral, incluso a una potencia como Estados Unidos. La Alianza se basa en el principio de soberanía entre iguales y en la toma de decisiones por consenso, lo que hace inviable cualquier exclusión forzosa. Además, el Tratado de Washington de 1949 solo contempla la salida voluntaria a través del Artículo 13, con un preaviso formal y un plazo de un año.

Ante este escenario, Washington solo podría aplicar presión política, militar o económica para intentar que España abandone la organización. Estas tensiones ya se han visto en cuestiones como el gasto en defensa o el uso de bases militares. También podría producirse un aislamiento dentro de la OTAN, limitando la influencia española o bloqueando su acceso a puestos estratégicos.

Aun así, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su postura, defendiendo su autonomía y descartando cualquier salida de la Alianza Atlántica.

Israel y Líbano han acordado extender durante tres semanas más el alto el fuego que mantenían desde mediados de abril, según ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión celebrada en la Casa Blanca con representantes de ambos países. La prórroga llega en un contexto de máxima fragilidad sobre el terreno, con nuevos ataques atribuidos a Hezbolá, bombardeos israelíes en el sur del Líbano y una creciente presión diplomática para evitar una nueva escalada regional.

El anuncio fue realizado por Trump después de participar en un encuentro con los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh. Según el mandatario estadounidense, la reunión fue “un gran éxito” y Washington colaborará con Beirut para “ayudarlo a protegerse de Hezbolá”. La Casa Blanca aspira ahora a transformar esta prórroga temporal en un marco de negociación más amplio, aunque la distancia entre las partes sigue siendo profunda.

La tregua inicial, declarada el pasado 16 de abril, tenía una duración de diez días y fue alcanzada después de una primera ronda de contactos en Washington. Aquella cita supuso uno de los encuentros de mayor nivel entre representantes israelíes y libaneses desde 1993, un dato que subraya tanto la excepcionalidad del momento como la dificultad de convertir el diálogo indirecto o limitado en un proceso político sostenido.

Pese al anuncio, el alto el fuego continúa siendo extremadamente precario. Mientras se desarrollaban los contactos en Washington, Hezbolá reivindicó nuevos ataques contra el norte de Israel, que el Ejército israelí aseguró haber interceptado. La milicia chií justificó sus lanzamientos como respuesta a lo que considera violaciones israelíes de la tregua, en particular por los bombardeos y operaciones en el sur del Líbano. Israel, por su parte, sostiene que sus ataques se dirigen contra infraestructura militar de Hezbolá y que actúa en defensa propia.

El Gobierno libanés llega a esta nueva fase de conversaciones con varias exigencias sobre la mesa. Beirut reclama el cese de los ataques israelíes, la retirada de las tropas desplegadas en el sur del país, la liberación de detenidos y avances en la delimitación de la frontera. También ha puesto el foco en las demoliciones y la destrucción de viviendas en localidades del sur libanés, una cuestión que el presidente Joseph Aoun había señalado como prioritaria antes de la reunión en Washington.

La situación humanitaria añade presión a la negociación. El conflicto ha provocado miles de muertos y más de un millón de desplazados en Líbano, según los balances difundidos en los últimos días por agencias internacionales. La muerte de la periodista libanesa Amal Khalil en un ataque israelí en el sur del país ha incrementado además la indignación en Beirut y ha reavivado las denuncias sobre el impacto de la ofensiva en la población civil y en los trabajadores de la información.

Trump ha asegurado que espera recibir próximamente en Washington al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, con el objetivo de dar continuidad a las conversaciones. Sin embargo, el margen político es reducido: Hezbolá no participó en las reuniones y ha rechazado cualquier normalización con Israel, mientras que en Líbano persisten fuertes divisiones internas sobre el alcance de las negociaciones y el papel de Estados Unidos como mediador.

La Administración estadounidense intenta presentar la prórroga como un avance diplomático, pero la realidad sobre el terreno sigue marcada por la desconfianza y la violencia. La extensión de tres semanas concede tiempo a Washington, Beirut y Tel Aviv para explorar un acuerdo más duradero, aunque no resuelve los principales focos de tensión: la presencia israelí en el sur del Líbano, el arsenal de Hezbolá, la reconstrucción de las zonas devastadas y las garantías de seguridad exigidas por ambas partes.

Así lo ha dado a conocer la agencia Reuters, que ha podido acceder a la información a través de una fuente. Estados Unidos estaría planteando diferentes acciones que volverían a condicionar el panorama político internacional, estando entre ellas distintas opciones para castigar los aliados de la OTAN que, según consideran en el país norteamericano, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán, incluyendo la suspensión de España de la alianza y la revisión de la posición de Estados Unidos sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas.

Concretamente, estas ideas que baraja la Administración Trump se habrían planteado en un correo electrónico cuya información ha desvelado una fuente a esta agencia. Sería este, por tanto, un nuevo gesto por el cual el presidente de los Estados Unidos buscaría intimidar o amedrentar a aquellos que no conceden sus deseos. Así, estas posibles actuaciones que este escrito pone sobre la mesa se deben a la reticencia o negativa de algunos aliados a conceder a Estados Unidos acceso, bases y derechos de sobrevuelo (conocidos como ABO) para la guerra contra Irán.

De esta manera, en este correo electrónico se indica que se podría plantear la suspensión de países denominados como «difíciles» al contar con puestos importantes o prestigiosos en la OTAN. Esta idea sería una continuación de las duras críticas que Trump ha realizado a aquellos territorios que forman parte de la organización internacional y que se negaron a enviar sus armadas para ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, que fue cerrado al transporte marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea el 28 de febrero.

Ante esta información, Reuters preguntó al secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, por este email, algo a lo que respondió que «como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros». A ello añadía que «el Departamento de Guerra se asegurará de que el Presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte».

España desafía la estrategia militar de Trump

España se ha convertido en una auténtica piedra en el zapato para Donald Trump dentro de la OTAN, especialmente en el terreno militar, por dos decisiones clave que cuestionan directamente la estrategia estadounidense: el rechazo al aumento del gasto en defensa hasta el 5% del PIB y la negativa a participar en la guerra contra Irán.

El primero de estos choques es estructural. Trump ha impulsado que los aliados eleven su inversión militar hasta el 5%, un objetivo que la mayoría ha aceptado, pero que España ha rechazado frontalmente, manteniéndose en torno al 2%. Esta posición no es solo presupuestaria, sino política: el Gobierno español considera ese nivel “desproporcionado”, lo que sitúa a Madrid como una excepción incómoda dentro de la Alianza y como símbolo de resistencia a la presión estadounidense.

El segundo conflicto es aún más sensible: el operativo militar. España ha rechazado apoyar la ofensiva de Estados Unidos contra Irán y, sobre todo, ha impedido el uso de bases estratégicas como Rota y Morón para operaciones militares. Esta decisión afecta directamente a la capacidad logística de Washington en una zona crítica como el estrecho de Ormuz, generando una ruptura poco habitual entre aliados.

La ofensiva de la ultraderecha europea contra uno de los símbolos más reconocibles de la integración comunitaria suma un nuevo capítulo. Patriots for Europe, el grupo del Parlamento Europeo en el que se integra Vox, ha puesto sobre la mesa la idea de incorporar el principio de “prioridad nacional” a la normativa que regula el espacio Schengen, una propuesta que supondría reforzar la capacidad de los Estados para otorgar ventajas a sus propios ciudadanos frente a los extranjeros en ámbitos vinculados a derechos, acceso y protección dentro de la Unión.

La iniciativa encaja en la estrategia política que desde hace años comparten distintas formaciones de la derecha radical europea: cuestionar el actual modelo de libre circulación y endurecer el enfoque de la UE en materia migratoria, fronteriza y de acceso a prestaciones. Aunque Schengen nació como uno de los grandes avances del proyecto comunitario al eliminar los controles fronterizos internos entre países adheridos, la extrema derecha ha convertido ese espacio de libertad de movimiento en uno de sus principales objetivos políticos, al presentarlo como una grieta por la que —según su relato— se debilita la soberanía nacional.

En ese marco, la propuesta lanzada desde Patriots apunta a una revisión de las reglas para que los Estados miembros dispongan de mayor margen a la hora de priorizar a sus nacionales frente a ciudadanos de otros países o frente a personas extracomunitarias. La fórmula, habitual en el vocabulario político de la extrema derecha, persigue trasladar al terreno normativo europeo una idea sencilla pero de fuerte carga ideológica: que los recursos públicos, la protección social y determinados derechos de acceso deben reservarse en primer lugar para quienes tienen la nacionalidad del país.

La maniobra no es menor. Schengen no solo regula la circulación sin fronteras interiores, sino que forma parte del entramado legal y político que ha sostenido durante décadas la idea de una Europa sin barreras internas. Introducir en ese espacio el criterio de preferencia nacional supondría, en la práctica, abrir la puerta a una reinterpretación del equilibrio entre soberanía estatal e igualdad de trato dentro del club comunitario.

Un golpe al corazón del proyecto europeo

El planteamiento del grupo europeo en el que se sienta Vox llega, además, en un contexto especialmente propicio para este tipo de mensajes. La migración, la seguridad y el control de fronteras se han consolidado como algunos de los ejes prioritarios del debate político europeo, y la ultraderecha ha logrado desplazar el marco de discusión hacia posiciones cada vez más restrictivas. Bajo ese prisma, propuestas que hace apenas unos años habrían quedado confinadas a los márgenes del debate europeo empiezan a encontrar más eco institucional y mediático.

La prioridad nacional no es un concepto nuevo. En distintos países, la extrema derecha lo ha utilizado para defender que los nacionales tengan preferencia en el acceso a vivienda pública, ayudas sociales, empleo o servicios. Su traslación al marco de Schengen, sin embargo, tiene una dimensión adicional: afecta a uno de los fundamentos de la UE, el de la libre circulación y el de la igualdad de trato entre ciudadanos europeos en determinados ámbitos reconocidos por la legislación comunitaria.

Los defensores de este enfoque sostienen que los gobiernos necesitan recuperar herramientas para proteger a sus ciudadanos en un contexto de presión migratoria, crisis económica y desafección política. Pero sus críticos advierten de que detrás de esa formulación se esconde una normalización de la discriminación en función del origen o la nacionalidad, así como un debilitamiento consciente de los principios que han articulado la construcción europea desde finales del siglo XX.

De “Europa fortaleza” a “Europa para los nacionales”

La propuesta de Patriots no aparece en el vacío. Forma parte de una evolución política más amplia en la que la extrema derecha ya no se limita a reclamar más controles fronterizos o más expulsiones, sino que busca reordenar la arquitectura legal europea para que la pertenencia nacional pese más que los compromisos comunitarios. El paso es significativo: ya no se trata solo de cerrar puertas hacia fuera, sino de redefinir quién tiene prioridad dentro.

En el caso de Vox, su inserción en este bloque refuerza una línea política que el partido lleva años defendiendo también en España: endurecimiento migratorio, recentralización del poder, exaltación de la soberanía nacional y confrontación con los consensos liberales y sociales de la UE. La diferencia es que, en el Parlamento Europeo, ese discurso se articula ahora con aliados de otros países para intentar convertirlo en agenda común de la ultraderecha continental.

La propuesta, previsiblemente, topará con resistencias entre las fuerzas proeuropeas y en sectores que consideran que tocar Schengen en esta dirección supondría desnaturalizar uno de los principales logros de la integración. No obstante, su valor político no depende solo de que salga adelante. También reside en su capacidad para marcar la agenda, forzar debates y seguir empujando el centro de gravedad europeo hacia postulados más duros en inmigración y ciudadanía.

En ese terreno, Patriots y Vox juegan una partida de largo recorrido. Su objetivo no es únicamente reformar normas concretas, sino instalar una nueva lógica política en la UE: menos universalidad, menos igualdad de trato y más frontera, incluso dentro de las propias fronteras europeas. La prioridad nacional, convertida en bandera ideológica, deja así de ser un eslogan de campaña para aspirar a convertirse en criterio legislativo. Y eso afecta no solo a la política migratoria, sino al propio sentido del proyecto europeo.

El programa nuclear iraní ha sido uno de los puntos de mayor controversia y de los que más protagonismo ha dispuesto desde el inicio de la guerra en este país. Tanto Estados Unidos como Israel han insistido en este tiempo, para justificar sus ataques, que Irán dispone de bombas nucleares dispuestas para ser usadas en sendas ofensivas. Sin embargo, aunque el régimen de los ayatolás posee las infraestructuras y los materiales para preparar esta peligrosa arma, la realidad es que no cuenta con ninguna lista para su uso, a diferencia de otros territorios que si cuentan con arsenal de este tipo, como los propios EEUU o Israel.

Es por ello que, teniendo esto en cuenta, en uno de los más recientes discursos pronunciados por Benjamin Netanyahu resulte llamativo escucharle volviendo a poner sobre la mesa este asunto, buscando de nuevo un argumento que permita dar sentido a la guerra que inició de la mano de Donald Trump y que está desestabilizando por completo el panorama internacional. 

Las palabras del primer ministro israelí volvían a alinearse, una vez más, con los argumentos que Trump suele usar, los cuales se encuentran basados en ideas no verficadas y que no se ajustan a la realidad. Básicamente, el discurso del miedo volvió ha ponerse sobre la mesa para encontrar sentido a haber dado pie a un conflicto bélico que no era necesario iniciar. Así, Netanyahu volvía a subrayar algo que ya se le ha escuchado en otras ocasiones: «Irán planeó otro Holocausto. Tramó destruirnos con bombas nucleares… Si no actuábamos contra la amenaza existencial, si no actuábamos con determinación y valentía, los nombres de los lugares de la muerte Natanz, Fordow e Isfahán (ciudades iraníes con infraestructuras nucleares), podrían unirse a los nombres de los campos de exterminio del Holocausto: Auschwitz, Miedbekistán, Treblinka…».

Irán, un país sin cabezas nucleares frente a las 200 bombas con las que cuenta Israel

El programa nuclear iraní se ha convertido en el eje central de la creciente tensión entre Teherán, Washington y Tel Aviv, hasta el punto de haber derivado en ataques directos contra instalaciones estratégicas del país persa. Sin embargo, más allá del ruido político y militar, los datos disponibles dibujan un escenario más matizado, observando que Irán, aunque sí ha desarrollado una industria nuclear avanzada con capacidad potencial para fabricarlas, no posee armas nucleares.

Desde comienzos de los años 2000, el secretismo en torno a algunas de sus instalaciones —como Natanz, Arak o Fordow— ha despertado la preocupación de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y de la ONU. Aun así, Teherán sostiene que su programa tiene fines exclusivamente civiles, una afirmación difícil de verificar completamente debido a las limitaciones en las inspecciones internacionales, especialmente tras la ruptura del acuerdo nuclear de 2015 por parte de Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.

En términos técnicos, Irán controla todo el ciclo nuclear: desde la extracción de uranio hasta su enriquecimiento. Este proceso es clave, ya que permite obtener material fisible. El uranio natural contiene apenas un 0,71 % del isótopo U-235, necesario para la fisión nuclear, mientras que para uso militar suele requerirse un enriquecimiento cercano al 90 %. Actualmente, Irán ha alcanzado niveles del 60 %, un umbral elevado pero que no implica, por sí mismo, la existencia de armamento nuclear operativo.

El último informe del OIEA advertía, no obstante, de la acumulación de importantes reservas de uranio enriquecido —más de 600 kilogramos entre el 20 % y el 60 %— y de la imposibilidad de verificar plenamente estas cantidades en los últimos meses, lo que incrementa la preocupación internacional. A esto se suma el desarrollo de misiles balísticos con un alcance superior a los 2.000 kilómetros, capaces de transportar cargas convencionales y, potencialmente, nucleares.

Frente a esta realidad se sitúa Israel, que mantiene una política de ambigüedad sobre su arsenal atómico, aunque diversas estimaciones le atribuyen entre 80 y 200 cabezas nucleares plenamente operativas. Esta asimetría resulta clave: mientras Irán es señalado como una amenaza por su potencial futuro, Israel ya dispone de una capacidad nuclear consolidada desde hace décadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado en las últimas horas que prorrogará el alto el fuego temporal con Irán más allá de la hora prevista para su expiración, en una decisión que aplaza una nueva escalada militar en Oriente Próximo pese al fracaso de las negociaciones y al visible deterioro de los contactos entre ambas partes. La medida, comunicada por el propio mandatario en redes sociales, mantiene por ahora congelada la ofensiva estadounidense, aunque no rebaja la presión sobre Teherán.

“He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que mantengan el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan preparadas y operativas, y, en consecuencia, prorrogaré el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, ha señalado Trump. La formulación elegida por el presidente refleja una prórroga abierta, sin una fecha concreta de caducidad, pero condicionada a que las autoridades iraníes logren articular una posición común y la trasladen a la mesa de conversaciones.

El anuncio se produjo apenas unas horas antes de que expirara la tregua, fijada para las 4.50 horas del 22 de abril, esto es, las 13.50 horas en la España peninsular y Baleares. El momento elegido por la Casa Blanca da cuenta de la fragilidad extrema del proceso diplomático y de la tensión que rodea cualquier decisión sobre el conflicto, abierto desde finales de febrero y convertido ya en uno de los principales focos de inestabilidad internacional.

Trump ha atribuido directamente su decisión a la mediación de Pakistán. En concreto, ha asegurado que la petición para prolongar el alto el fuego partió del jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, y del primer ministro, Shehbaz Sharif. “Se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada”, explicó el mandatario, antes de subrayar que “el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido”.

La implicación de Islamabad sitúa a Pakistán en el centro de una negociación que pende de un hilo. Las autoridades paquistaníes han emplazado a Teherán a acudir a las conversaciones previstas este mismo miércoles en Islamabad, en un intento de evitar que el actual compás de espera desemboque en una ruptura definitiva. La prórroga del alto el fuego parece responder precisamente a ese margen solicitado por la mediación paquistaní para tratar de encauzar una salida política.

Islamabad gana tiempo mientras Washington mantiene la presión

Aunque la decisión de Trump evita por ahora la reanudación inmediata de los ataques, no debe interpretarse como un gesto de distensión. Estados Unidos ha dejado claro que mantendrá el bloqueo militar y que sus fuerzas seguirán “preparadas y operativas”, lo que en la práctica significa que la tregua convive con una arquitectura de presión intacta. No hay desescalada real, sino una pausa táctica mientras la Casa Blanca espera movimientos concretos por parte de Irán.

Ese equilibrio inestable se produce, además, en un contexto especialmente delicado en el estrecho de Ormuz, donde han aumentado las tensiones por la sucesiva apertura y cierre del paso por parte de Irán. A ello se suma la decisión de Washington de no levantar su cierre perimetral de la zona, así como los asaltos a varios buques cargueros que intentaban burlar el control estadounidense. La región, por tanto, sigue instalada en una lógica de máxima presión, incluso aunque el alto el fuego continúe técnicamente en vigor.

En paralelo, la actividad diplomática y política se acelera en torno a la Casa Blanca. Estaba previsto que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, viajara este miércoles a Islamabad, aunque ese desplazamiento parece haberse retrasado, según fuentes citadas por CNN, que apuntan a la celebración de una reunión de alto nivel en Washington para abordar la situación. A ese encuentro asistiría previsiblemente también el secretario de Estado, Marco Rubio.

No son los únicos movimientos relevantes. Tanto el enviado especial Steve Witkoff como Jared Kushner, yerno del presidente y figura recurrente en la política exterior del trumpismo, se encuentran de camino a Washington. La concentración de altos cargos y figuras del círculo presidencial revela hasta qué punto la Administración estadounidense considera que el momento actual es decisivo: la tregua se mantiene, pero el proceso diplomático está lejos de consolidarse.

El principal problema para Washington es que la prórroga del alto el fuego no oculta el fondo del fracaso negociador. La Casa Blanca habla abiertamente de la falta de una propuesta iraní unificada, mientras Trump insiste en la división interna del régimen de Teherán. Esa lectura permite al presidente presentarse como quien concede una última oportunidad a la diplomacia sin renunciar a la fuerza. Al mismo tiempo, desplaza sobre Irán la responsabilidad de desbloquear el proceso.

Sin embargo, la maniobra también evidencia que Estados Unidos quiere evitar una nueva escalada inmediata. A pocas horas del vencimiento de la tregua, el coste político, militar y económico de una ofensiva podía resultar demasiado alto en una región ya atravesada por una crisis de gran envergadura. De ahí que la Casa Blanca haya optado por una salida intermedia: prorrogar el alto el fuego sin desactivar el dispositivo militar y fiar el próximo movimiento a una eventual propuesta iraní.

La incógnita ahora es cuánto tiempo puede sostenerse este equilibrio. Si Teherán no presenta una oferta capaz de reactivar las conversaciones, la tregua podría convertirse en un simple paréntesis antes de una nueva fase de confrontación. Si, por el contrario, Islamabad logra arrancar un canal de diálogo mínimamente operativo, Trump podrá vender la prórroga como una decisión eficaz, aunque tomada en medio del bloqueo y la desconfianza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá este miércoles al Congreso de los Diputados tras casi un mes sin someterse a una sesión de control, en un contexto político especialmente tenso y marcado por varios frentes abiertos tanto dentro como fuera del país. Su regreso al hemiciclo se produce después de su viaje oficial a China, así como tras las recientes cumbres progresistas celebradas en Barcelona en el marco de la IV Reunión en Defensa de la Democracia y el ‘Global Progressive Mobilisation’ organizado por el PSOE y el nuevo acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Extremadura.

La última vez que Sánchez acudió al Congreso fue en la sesión de control del 25 de marzo, antes de Semana Santa. La semana siguiente no hubo Pleno y, ya de vuelta la actividad parlamentaria, el jefe del Ejecutivo tampoco estuvo presente en las preguntas del miércoles pasado al encontrarse de viaje oficial en China.

En esta sesión, Sánchez deberá responder a las preguntas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como de las portavoces de Junts y EH Bildu, Míriam Nogueras y Mertxe Aizpurua, respectivamente.

El regreso no estará exento de polémica. Se produce días después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decidido procesar a su esposa, Begoña Gómez, por los delitos de por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida, una cuestión que previsiblemente planee sobre el debate político. Además, el clima parlamentario se ha visto caldeado por las críticas de la oposición a la política exterior del Gobierno, especialmente tras el encuentro de Sánchez con el presidente chino, Xi Jinping.

Choque parlamentario

El líder del PP preguntará si el Ejecutivo “hace que España funcione”, mientras que Nogueras ampliará el foco hacia la situación política general del país. Por su parte, Aizpurua se interesará por las “medidas pendientes” que el Gobierno prevé culminar “antes de que finalice la legislatura”.

La sesión también incluirá duros reproches dirigidos al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Desde las filas populares, Miguel Tellado y Cuca Gamarra cuestionarán la actuación del Ejecutivo. Tellado, quiere saber dónde fija «el límite de este Gobierno» y Gamarra le preguntará si cree que es «un digno ministro de Justicia«. A su vez, Cayetana Álvarez de Toledo centrará su intervención en criticar las relaciones internacionales del Gobierno: «¿Qué democracia defiende un Gobierno que alterna con dictadura?«.

Por parte de Vox, aunque su líder Santiago Abascal no está previsto que realice preguntas, en su lugar lo harán  la portavoz Pepa Millán y el diputado Ignacio Gil Lázaro mantendrán el tono crítico contra el Ejecutivo, cuestionando su gestión y su relación con los ciudadanos. Miilán aspira a que el ministro le aclare «qué tiene el Gobierno en contra de los españoles» y Lázaro busca echarle en cara que el empeño en «burlándose de los españoles?» que achaca al Ejecutivo.

En paralelo, otros ministros como el diputado del PP Carlos Rojas quiere dirigirse al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, para que explique si la política exterior de España «responde al interés de los españoles» y la también ‘popular’ Ana Belén Vázquez al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que le dé detalle si sus medidas son coherentes con las políticas del Gobierno. Así, el regreso de Sánchez al Congreso no solo marca la reactivación del pulso parlamentario tras semanas de ausencia, sino que anticipa una sesión de control cargada de confrontación política en un momento clave de la legislatura.

De Alberto Núñez Feijóo, pasando por Isabel Díaz Ayuso, hasta este lunes con Felipe González, la opositora venezolana María Corina Machado ha hecho gala de su sintonía con la derecha española en su estancia en España este fin de semana, lo que ha coincidido con su ferviente postura de no reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la vía diplomática estatal, incluso acuciando un choque contra Moncloa por cuestiones ideológicas.

Desde su llegada a Madrid el pasado viernes, la dirigente venezolana ha acercado posturas tanto con el Partido Popular como con Vox, rehusando a reunirse con el jefe del Ejecutivo central pese a que este le mostró la puerta “abierta” de Moncloa, tal y como entonó en la Cumbre España-Brasil celebrada en Barcelona. “Las puertas de La Moncloa están abiertas para los miembros de la oposición venezolana, como hemos hecho con Edmundo González o Leopoldo López”, dijo Sánchez, al tiempo que reiteró que, si dicho encuentro no se producía, era porque “ella ha considerado que no es oportuno”.