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El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, volvió a la carga este jueves tras conocerse, de la mano de El País, que la pareja de la dirigente madrileña, Alberto González Amador, había facturado 4,4 millones de euros en tres años de contratos con un grupo sanitario. El periodista cargó contra el citado medio y contra la Agencia Tributaria, calificando de «falsa e insidiosa» la información publicada, lanzando un bulo para intentar contrarrestarla y opinando que Hacienda «debería ser dinamitada«. Este es solamente el último episodio de las incontables polémicas protagonizadas por Rodríguez, que han ido desde mentiras y bulos hasta amenazas textuales contra periodistas por hacer su trabajo.

«Ningún contrato desde que es presidenta y mucho menos desde que lo conoce«, aseguraba Rodríguez en un mensaje difundido por WhatsApp ante preguntas del citado medio. El texto del jefe de gabinete añade datos que no corresponden con lo publicado, como que el último contrato con el grupo sanitario fue en 2010, «cuando la presidenta no estaba ni pensada». El País lleva en sus páginas que González Amador facturó 4,4 millones de euros en tres años, de 2021 a 2023, los primeros de su noviazgo con la dirigente madrileña. El documento de la Agencia Tributaria detalla una tabla en la que se reflejan los pagos a las dos consultoras de Amador, Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker, año a año. En 2021, Amador ingresó 1.078.412 euros; en 2022, 1.956.449 euros; y en 2023, 1.401.634 euros. En total, 4.436.495 euros, casi un millón y medio de euros por campaña.

«Frente a la insidia de El País de que hubo contratos con el señor González Amador desde que conoció a la presidenta, aclaro que es falso», emitía Rodríguez, insistiendo en el bulo. El citado medio añade que una vez se le hizo notar que se trataba de un informe oficial incluido en una causa y no una información que partiera exclusivamente de un medio de comunicación, agregó: «De la Agencia Tributaria, que debería ser dinamitada«. Al ser preguntado por cuál ha recepción de Ayuso ante la noticia, el jefe de gabinete respondía: «Indignación por la mentira, pero ya está acostumbrada». Cabe repetir, nuevamente, que se trata de una información recogida en un informe oficial.

«El País lanza insidias sobre los contratos de la Comunidad de Madrid y González Amador, a partir del año 2021. Quede claro: el último contrato con el grupo sanitario fue del año 2010. La presidenta no estaba ni pensada. No pueden tapar que las hijas de Zapatero van Pá’lante», escribía en sus redes sociales el periodista, incidiendo en unos contratos que no guardan vinculación con los referenciados en la información y haciendo un paralelo con otro caso en curso que afecta al expresidente del Gobierno socialista y a su entorno personal.

«Hacienda debería ser dinamitada»

Rodríguez, con sus palabras, contradice a la Agencia Tributaria y fantasea con su extinción. Los informes de este organismo recogen que González Amador recibió un millón de euros en 2021, casi dos millones en 2022 y finalmente 1,4 millones en 2023, los tres años analizados. Varios artículos de prensa se hicieron eco en la primavera de 2021 de la relación sentimental entre Díaz Ayuso y González Amador, aunque sin precisar el momento en que había empezado la relación.

En concreto, se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría ante los que Hacienda ha encontrado «indicios de simulación» al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya tildó anteriormente de ser una pantalla. 

En su informe, la Agencia Tributaria solicita al juez que investiga a González Amador que suspenda el procedimiento inspector contra ambas al constatar que puede estar relacionado con la causa en la que mantiene imputado al empresario por delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Hacienda argumenta que el resultado de estas actuaciones inspectoras dependerá de los hechos que se declaren probados en la investigación penal.

Amenazas a periodistas

Uno de los mecanismos de intimidación más recurrentes de Miguel Ángel Rodríguez han sido las amenazas a periodistas por hacer su trabajo. «Te voy a arruinar la vida»; «tu jefe va a terminar en la cárcel»; «os vamos a triturar» o «vais a tener que cerrar» son solo algunos de los ataques que el jefe de comunicación de Ayuso ha proferido anteriormente contra periodistas progresistas de medios como elDiario o El País. Este último llevaba en sus páginas, hace dos años, una pieza que incluía una entrevista con un miembro de Vox, poco susceptible de defender a los comunicadores de izquierdas, que lamentaba que «si lo que hace Miguel Ángel Rodríguez lo llega a hacer el jefe de gabinete de Puigdemont o de Feijóo, habría acabado con la carrera de los dos». «Pero aquí no pasa nada porque Miguel Ángel lleva 30 años en esto, conoce a mucha gente en los medios y cuando no le obedecen, va a por ellos, le da igual a la derecha que a la izquierda. Se dedica a inventarse cosas y amenazar, sobre todo a ciertas horas», señalaba la citada fuente.

«Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Idiotas. Que os den», fue, textualmente, el mensaje que Miguel Ángel Rodríguez envió a una periodista de elDiario hace ya dos años, cuando el citado periódico publicaba en exclusiva la siguiente información: «La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla«. Al preguntarle al jefe de gabinete si sus palabras eran una amenaza, respondió que se trataban de «un anuncio».

El ejemplo de elDiario, no obstante, es solo uno de los más recientes del currículum de Rodríguez. Otro caso se dio hace 29 años, en 1997, cuando el entonces presidente de Antena 3, Antonio Asensio, compareció en el Congreso de los Diputados y denunció que el entonces secretario de Estado de Comunicación y portavoz del Gobierno de Aznar le amenazó para que rompiera un acuerdo con el grupo PRISA sobre los derechos televisivos de los clubes de fútbol.

Asensio aportó notas escritas por varios directivos de la cadena que fueron receptores de amenazas: «Asensio no sabe lo que ha hecho firmando con Polanco y le va a costar muy caro»; «Dile a tu jefe que terminará en la cárcel como Mario Conde, que vamos a ir a por él»; «No le van a servir de nada sus guardaespaldas porque el Gobierno tiene muchos más». Amenazas que, en su momento, Rodríguez justificó con que «existía confianza entre ellos» para hablarse así, misma explicación que utilizó en el caso de elDiario: «Hablo de esa manera con gente con la que tengo confianza. Es un modo bronco de decir que estaban inventando un caso donde no había». Resultó haberlo.

Las placas tectónicas del Congreso de los Diputados se están moviendo cada vez más últimamente. Y sin que ello signifique todavía un seísmo, lo cierto es que Junts per Catalunya, otrora muy distante al Partido Popular, se encuentra cada vez más cómodo votando en la misma línea que los de Alberto Núñez Feijóo e incluso que los de Santiago Abascal y defiende, al igual que ellos, la necesidad de un adelanto electoral, aunque todavía sigan lejos del mecanismo de la moción de censura. Feijóo ya lo decía en El Hormiguero: «Hay cosas que se están moviendo», entre ellas, las posiciones de los neoconvergentes. El Gobierno es consciente de esto, y según publica este sábado El País, esta protoalianza de partidos conservadores está directamente relacionada con el escenario que se abrirá del 16 de julio en adelante, cuando se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía.

El sentido del voto de Junts en la Cámara Baja es, actualmente, una incógnita. En función de cada Pleno, cada semana y cada asunto a tratar varía, no tiene una postura prefijada ni unos socios fijos, y menos desde que rompiera sus relaciones con el Gobierno y con la mayoría de investidura tras considerar incumplidos los acuerdos de legislatura. Su voto es imprevisible y se mueve indistintamente en el tablero parlamentario, pero recientemente su posición se está angulando hacia los sectores conservadores del Hemiciclo, votando sin miedo en el mismo sentido que PP y Vox y haciendo las mismas demandas electorales que ellos. Para muchos, esto significa algo.

En el último pleno de esta semana, los siete parlamentarios juntaires votaron con el bloque de investidura en dos decretos de interés general y para dos leyes, pero también se unieron al PP en la votación de la moción sobre la debilidad del Ejecutivo en la que la Mesa del Congreso vetó la votación para requerir al presidente, Pedro Sánchez, que convoque las urnas ya. Junts juega en una posición ventajosa en este sentido, ya que puede abstenerse sobre ese tipo de propuestas en el Senado (donde el PP goza de mayoría absoluta y el sentido del voto del resto de partidos no es tan relevante) o el Parlamento catalán, pero votar a su favor en el Congreso. En este mandato, ha apoyado siete mociones o proposiciones no de ley firmadas por el PP sobre diversos asuntos, seis de ellas desde que rompiera con el Ejecutivo. En esta XV legislatura han votado en la misma línea que el PP en 13 reales decretos de contenidos sociales, y en seis de esos casos se han sumado también a la ultraderecha.

Tomando posiciones

A nadie ha de sorprender la posición del partido de Carles Puigdemont en las cuestiones sociales y económicas ni su sentido del voto, pero ahora son especialmente fáciles de señalar. Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes del Partido Popular acostumbran a cargar duramente contra los socios del Gobierno por los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE, y apelan normalmente a «la mierda que tiene que tragar» Gabriel Rufián, portavoz de ERC, Sumar o el PNV, pero nunca incluyen en ese saco al partido de Puigdemont, quién sabe si porque lo consideran una carta útil con la que mantener buenas relaciones, o porque no lo consideran parte del grupo de socios del Ejecutivo tras la citada ruptura.

Junts, por su parte, cada vez se siente más cómodo en la alineación con el PP en cuestiones económicas, especialmente en demandas tradicionales de la formación como pueden ser las bajadas de impuestos, ponerse del lado de los caseros en la situación de la vivienda o endurecer las medidas contra la okupación. Asuntos, todos ellos, en los que ha mantenido una postura mucho más derechizada que otros partidos soberanistas como el PNV. En las votaciones registradas desde que comenzó el actual periodo de sesiones, Junts ha apoyado propuestas del PP hasta en 34 ocasiones, ha rechazado 36 y se ha abstenido en 25. Comparando estos datos con las iniciativas del Gobierno o del Grupo Socialista, las ha respaldado en 29 ocasiones, ha votado en contra en 9 y se ha abstenido en 13, unos números que desde las filas neoconvergentes justifican asegurando que el Gobierno ha sido «desleal» y ahora ni siquiera les llaman para hablar del calendario de enmiendas a temas en los que podría encontrarse fácilmente un acuerdo, como la ley de Dependencia.

Escenificando la ruptura

El pasado miércoles, durante la sesión de control, Sánchez aprovechó una pregunta de la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, para enviarle un mensaje a la portavoz de Junts en la Cámara, Miriam Nogueras, cuya actividad ha sido reducida desde hace semanas y que en esta ocasión no tenía pregunta propia. Sánchez, ante la insistencia de Vaquero para que los Presupuestos Generales del Estado sean sometidos a un debate serio y se saquen finalmente adelante, además de otras cuestiones, aprovechó para espetarle que aún le quedan temas pendientes por desarrollar, entre ellos, la implantación completa de la ley de amnistía. Gabriel Rufián, en otro momento del mismo Pleno, le recordó a los diputados de Junts que pretendían votar con el PP para exigir un adelanto electoral cuando era el mismo partido que hacía no tanto tiempo pretendía ilegalizarles, encabezar a su máximo dirigente y que aplicaron el artículo 155 para intervenir la Generalitat durante el procés independentista.

Otra sonada intervención fue la del diputado del PSC Arnau Ramírez, que se llevó los vítores de su bancada cuando contestó a un parlamentario del PP que deberían estarle agradecidos al Ejecutivo porque ahora, gracias «al éxito de la ley de amnistía» negociada por Sánchez al comienzo de esta legislatura, les quedaba la formación ultra y la de Puigdemont para fraguar una posible moción de censura. Desde el Gobierno, el PSOE, Sumar, ERC y otros partidos aliados hacen cábalas con la citada fecha del 16 de julio. Es el día en el que el TJUE dictará sentencia sobre la ley de amnistía y las cuestiones prejudiciales que han traído a la mesa el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional comenzarán a despejarse, y con ellas, un más que probable nuevo horizonte en el arco parlamentario.

“Yo quiero gobernar en solitario, lo he dicho por activa y por pasiva (…) Creo que es bueno gobernar en solitario. Ahora bien, yo voy a aceptar, cómo no, el resultado de las urnas”, expresó sin excesiva convicción Alberto Núñez Feijóo durante su entrevista en El Hormiguero. 

En el mismo día en que, por primera vez, un expresidente del Gobierno declaraba en la Audiencia Nacional en calidad de imputado, el líder de la oposición acudió al formato de Pablo Motos para erigirse como el garante de la decencia y el protector de la democracia española. “La democracia no está en peligro”, negó.

Feijóo aseguró que las encuestas señalan que el Partido Popular “va a ganar” las elecciones y que Vox “va a subir”. «Yo me voy a presentar a las elecciones para decirles a los españoles que les pido cuatro años de confianza (…) Extiéndanme cuatro años de préstamo de su confianza y yo les aseguro que dentro de cuatro años España estará mejor», manifestó el líder de los azules.

Tras el resultado de los ‘caucus’ de las derechas en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, Génova terminó de asumir que la llave de la gobernabilidad de las autonomías y la Moncloa está guardada en un cajón de Bambú 12. 

Tanto es así que Feijóo dió orden a sus barones territoriales de hacer propia la ideología de la ultraderecha y certificar los acuerdos de la ‘prioridad nacional’. María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco acataron. Juan Manuel Moreno Bonilla, de momento, negocia y espera.

En cuanto a Andalucía, Feijóo ha indicó que PP y Vox están «negociando con mucha seriedad» y ha señalado que su formación preside el Parlamento andaluz porque ganó esos comicios.

«El partido que tiene más votos es el PP y tiene el control de la Asamblea. Así que siguen negociando con una serie de contenidos que me imagino que serán similares a los que hemos negociado con anterioridad y de momento no hay más avances en la negociación», asumió, en alusión a los pactos que han cerrado con Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Al ser preguntado si hay que acostumbrarse a la idea de que Santiago Abascal sea vicepresidente del Gobierno, Feijóo sostuvo que «cuanto más el gobierno sea más fuerte, mejor estará España«. 

Sin embargo, dejó la puerta a un gobierno con Vox: «En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno de acuerdo con los principios básicos de nuestros partidos, buscando una serie de líneas rojas que yo no estoy dispuesto a traspasar«, afirmó.

Después de cuestionar a los votantes del partido en el Gobierno, el líder de la oposición dejó claro que el no va a “demonizar a un partido (Vox) que es el tercer partido de España, y que tiene el 14, el 15, el 16% de los votos” porque respeta la democracia. Pese a ello, Feijóo se mostró “convencido” de que habrá socialistas «que no voten a Sánchez» y que «prestarán su voto» al Partido Popular mientras que «otros se van a mantener en la abstención».

«No van a poder votar a Sánchez porque tú no puedes votar al presidente con más sospechas de corrupción de la historia democrática del país. Tú no puedes votar a una persona que si sabía sólo una parte de lo que está ocurriendo tiene que dimitir por corrupto», ha aseverado.

Conforme discurría la amabilidad de la noche, Feijóo dibujó sus líneas rojas: «el respeto a la Constitución española, el respeto a la España de las autonomías, las políticas de igualdad y las políticas de género y las políticas LGTBI, el equilibrio de las cuentas públicas, la prosperidad de los españoles por encima de todo y una política de inmigración ordenada y racional«, enumeró. 

Con ello, trató de distanciarse de la ultraderecha. Sin embargo, la trayectoria política del Partido Popular en los últimos años ha dejado varios episodios que, para sus críticos, desmienten esos principios. 

Aunque Feijóo ha reivindicado el modelo autonómico, el PP gobierna con Vox en distintas comunidades pese a que la formación de Santiago Abascal defiende abiertamente la supresión del sistema autonómico. Ninguno de esos acuerdos ha sido roto por esa discrepancia de fondo. Asimismo, Feijóo situó la igualdad entre sus líneas rojas, pero sus pactos con Vox han permitido la introducción de conceptos como “violencia intrafamiliar” en sustitución de “violencia machista” y han dado entrada en gobiernos autonómicos a un partido que cuestiona la legislación específica contra la violencia de género. 

El líder popular se comprometió con las políticas de diversidad, aunque ha mantenido alianzas con Vox, que propone derogar leyes autonómicas LGTBI y ha impulsado iniciativas contra programas educativos sobre diversidad sexual y de género. El Partido Popular no ha condicionado sus acuerdos a la retirada de esas propuestas. 

Además, Feijóo apeló constantemente a la Constitución, pero el bloqueo durante años de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del Partido Popular fue criticado por instituciones europeas y por numerosos juristas por alejarse del espíritu constitucional. 

El presidente popular defendió una política migratoria moderada, pero en numerosas ocasiones ha asumido planteamientos cercanos a Vox, especialmente en el rechazo al reparto de menores migrantes entre comunidades o en el endurecimiento del discurso sobre inmigración irregular. 

Aunque el galleo hizo bandera de la estabilidad presupuestaria, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han incrementado significativamente su deuda pública y han aprobado rebajas fiscales que han sido cuestionadas por organismos independientes por su impacto en los ingresos. 

La principal crítica que recibe el líder de la oposición es que las líneas rojas anunciadas públicamente no impidieron los acuerdos con una formación que cuestiona buena parte de esos mismos principios. Sus detractores sostienen que el líder popular ha normalizado postulados de Vox y ha renunciado a convertir sus compromisos en condiciones innegociables. 

Desde el Partido Popular, por el contrario, defienden que esos pactos responden a la necesidad de garantizar gobiernos estables y aseguran que la presencia popular ha servido para moderar algunas de las propuestas más radicales de sus socios.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado que no acudirá a Washington como estaba planeado después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que se hizo una foto con ella en la cumbre del G-7 “por pena”.

La responsable italiana ha respondido a la mofa del magnate, con la que se ha declarado “atónita”. Las palabras las ha pronunciado Trump en un canal de televisión en el que ha declarado que la política de Italia le suplicó que se sacaran la instantánea juntos, algo que ella ha calificado de “invento”.

El episodio ha provocado que el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, cancele la visita que tenía prevista hacer los próximos días 21 y 22 de junio, a tenor de las “graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni”. “Ofenden a toda Italia”, ha considerado.

Meloni ha asegurado que “las declaraciones de Donald Trump son totalmente inventadas”. “Sinceramente, estoy atónica”, ha afirmado en un mensaje de redes sociales, en el que ha sostenido que ni ella “ni Italia suplicamos nada”.

La reacción de Meloni ha llegado después de una entrevista telefónica a través del canal de televisión italiano La 7 a Trump, de la que solo se ha divulgado la transcripción al italiano: “En la cumbre del G7 me suplicó que me tomara una foto. Me dio pena”. “¡Seguro que está contenta de que haya hablado con ella! ¡No tenía por qué hacerlo! ¡No sé qué decir! ¡Me rogó que me tomara una foto con ella! Tenía muchísimas ganas de una foto conmigo. No la habría aceptado, ¡pero me dio pena!”, se lee en dicha transcripción.

Meloni ha respondido también a través de internet, donde ha señalado vía redes sociales: “No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus aliados. Además, no es la primera vez que ocurre”. Y añade: “Solo puedo decir que lamento que no muestre la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos, con unos líderes con los que se muestra mucho más complaciente”.

Historial de encontronazos

“Yo no he notado nuestra relación cambiada. No ha habido entre nosotros recriminaciones ni hemos hablado de lo que ha sucedido. Donald Trump y yo tenemos un carácter fuerte y ambos somos líderes que defienden con determinación el interés nacional”, afirmó en una rueda de prensa al final de la cumbre del G7 hace apenas unas horas. “Nosotros no necesitamos aclarar nada cuando no estamos de acuerdo con algo”.

Así, ha pasado de achacó sus últimas desavenencias al “carácter fuerte de ambos” a dejar de acudir al país de las estrellas y barras después del último exabrupto de Trump.

La relación entre los dos ha estado marcada por las tensiones. A pesar de ellas pudo verse a Meloni charlar en varias ocasiones con Trump con la cumbre como escenario de fondo después de los varios encontronazos que ambos han protagonizado, sobre todo a cuenta de la guerra en Irán o de otros puntos como los ataques del estadounidense al papa León XIV.

La jornada arrancaba con una noticia sonada. Después de haber celebrado a principios de semana la vista preliminar del parte principal del caso, el juez Peinado decidía esta mañana abrir una nueva pieza separada contra Begoña Gómez por un presunto delito de prevaricación y otro de fraude a los intereses de la Unión Europea. Concretamente, esta causa se centraba en un contrato adjudicado por la compañía pública Red.es a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, y la consultora KMPG, un expediente que contó con la financiación de los fondos Feder.

No obstante, en esta misma mañana, Peinado ha optado por rectificar y, aunque mantiene esta pieza separada vinculada al caso principal, decide excluir a Begoña Gómez de las investigaciones que se abrirán para esclarecer si pudo darse o no estos presuntos delitos de prevaricación y fraude.

El contrato sobre el que se pone la lupa se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el marco del procedimiento donde la mujer del presidente del Gobierno declaró hace unos meses como testigo.

No obstante, la Audiencia Nacional daba la razón a Juan Carlos Barrabés y señalaba que ese contrato debía de examinarse en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid para que sea esta instancia la que valore si lo investiga y que el procedimiento no corresponda a la Fiscalía Europea. Es por ello que, el titular de ese juzgado, Juan Carlos Peinado, comunicaba esta mañana que decidía abrir una pieza separada con la documentación remitida por la Fiscalía Europea «para la investigación de los hechos» y llamaba a la Fiscalía de Madrid a pronunciarse sobre si son delictivos o no.

La vista preliminar del lunes

Juan Carlos Peinado tomaba esta decisión, de la cual rectificaba en esta misma mañana, tras celebrar el lunes la vista preliminar de la causa principal del caso por el cual Begoña Gómez lleva dos años enfrentándose al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid y las polémicas prácticas del magistrado.

En este último tramo antes de decidir o no si envía a Begoña Gómez a una instancia superior a ser juzgada, algo que todavía no ha hecho, Peinado debía de realizar ese trámite, ya que, ante su intención de que la mujer del presidente del Gobierno se enfrente a un jurado popular, tenía que completar este paso.

En el núcleo de la investigación, sobre la que este lunes se celebró la audiencia preliminar, Peinado sostiene que Begoña Gómez podría haber incurrido en cuatro presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. La instrucción se apoya fundamentalmente en dos líneas argumentales. Por un lado, el magistrado considera que la esposa del presidente del Gobierno habría utilizado su proximidad a Pedro Sánchez para favorecer su proyección profesional. Por otro, entiende que recurrió a una asesora vinculada a Moncloa para colaborar en actividades de carácter privado.

A pesar de las numerosas objeciones y críticas que ha recibido durante la tramitación del procedimiento, el juez mantiene que los hechos investigados encajarían en una supuesta trama de corrupción de carácter excepcional. De hecho, en un auto dictado el pasado mes de abril, cuando planteó la apertura de juicio oral, llegó a comparar el caso con prácticas propias de épocas pretéritas. Según escribió entonces, resultaría difícil encontrar antecedentes similares, ya que, a su juicio, comportamientos surgidos desde el entorno de la Presidencia del Gobierno recuerdan más a sistemas absolutistas que a los estándares de una democracia moderna.

El desglose de los salarios de la Junta Directiva de la CEOE no comenzó a especificarse hasta el 2021. Previamente a ello, la patronal, que sí puntualizaba que los únicos miembros que perciben una remuneración eran el presidente y el secretario general, simplemente indicaba en sus cuentas anuales una cifra conjunta de la cantidad de dinero que destinaba a sus mandos de dirección. 

Las partidas económicas que la CEOE ha dedicado en los últimos años para remunerar el trabajo de los dos principales cargos de su Junta Directiva ha experimentado un crecimiento constante desde 2019. En aquel entonces, antes de conocer el desglose de los salarios del presidente y el secretario general, dedicaba un total de 594.000 euros a esta sección de la patronal, cantidad que se incrementaba para llegar a los 597.000 euros en 2020 y a 601.000 euros en 2021.

Ahora bien, a partir de 2021 la patronal comienza a entrar más en detalle en sus cuentas anuales y comienza a especificar en sus libros el salario que perciben los dos máximos representantes de esta organización empresarial. Así, es posible observar que la remuneración que Antonio Garamendi ha percibido por su trabajo ha crecido de manera sostenida en los últimos cuatro años, aumentando en un 14% entre 2021 y 2025.

Un total de 403.000 euros percibió el presidente de la patronal por su cargo el pasado año, lo cual suponen 50.000 euros más que lo que cobraba en 2021. Las cuentas de la CEOE correspondientes al 2026 no se podrán conocer hasta mediados de 2027, momento en el que se podrá analizar si esta dinámica ascendiente en la remuneración que percibe Garamendi se mantiene, incluso a pesar de este contexto en el que viene siendo el rostro principal, así como uno de los más críticos con el Gobierno y los sindicatos, a la hora de bloquear las negociaciones encaminadas a mejorar las condiciones retributivas y laborales de los trabajadores españoles.

Garamendi, cuyo salario por sus funciones representativas en la CEOE ha crecido por encima de la inflación, se ha tornado el principal freno en las conversaciones que buscan renovar el ya caducado Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un documento clave que sirve de referencia nacional a la hora de negociar los convenios.

El presidente de la CEOE, un agente muy crítico con las subidas del CNI y preocupado por una «falta de actitud» entre los trabajadores

Durante los últimos años, y especialmente en los últimos meses, Garamendi ha mantenido un duro enfrentamiento con el Gobierno y los sindicatos a propósito de la reducción de la jornada laboral, las subidas del salario mínimo y la regulación de determinadas condiciones de trabajo. La organización empresarial sostiene que estas medidas pueden afectar a la competitividad y a la creación de empleo. Sin embargo, sus críticos señalan que la consecuencia práctica es la consolidación de un modelo económico en el que una parte creciente de los trabajadores continúa sin poder acceder en solitario a una vivienda digna.

La patronal ha rechazado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, argumentando que supondría un incremento de costes para las empresas y una pérdida de competitividad. Garamendi también ha criticado reiteradamente las subidas del Salario Mínimo Interprofesional aprobadas en los últimos años, defendiendo que los incrementos salariales deben negociarse sector por sector y empresa por empresa, rechazando intervenciones generales que eleven los costes laborales. Una postura que, según los sindicatos, dificulta que los aumentos de productividad y beneficios empresariales se traduzcan en mejoras retributivas para amplias capas de la población trabajadora. 

Antonio Garamendi se ha convertido en una de las figuras más controvertidas del entorno laboral español. Prueba de ello es una de las distintas polémicas que ha protagonizado, en la cual se mostró en contra de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales afirmando que en España existe un problema de “actitud” hacia el trabajo. Durante un foro económico, puso como ejemplo al tenista Carlos Alcaraz para defender lo que llamó la “cultura del esfuerzo”, preguntándose retóricamente si alguien creía que Alcaraz trabajaba solo 37,5 horas a la semana. Según Garamendi, el éxito profesional exige sacrificio, constancia y capacidad de asumir renuncias, y consideró que el mensaje de “trabajar menos para vivir mejor” transmite valores equivocados a la sociedad.

Además, sostuvo que muchas empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores porque, a su juicio, parte del problema radica en la falta de disposición al esfuerzo. Estas declaraciones provocaron una intensa reacción política y sindical, ya que sus críticos consideraron inapropiado comparar la realidad de los asalariados con la de un deportista de élite y le acusaron de presentar una visión simplista de los problemas laborales y salariales de España.

El Tribunal Supremo de Brasil ha asestado un nuevo golpe al entorno político y familiar del expresidente Jair Bolsonaro. La Primera Sala de la máxima corte brasileña condenó este martes a Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos más influyentes del exmandatario ultraderechista, por tratar de obtener apoyo de la Administración de Donald Trump para presionar a los jueces que juzgaron a su padre por la intentona golpista posterior a las elecciones de 2022. La sentencia incluye cuatro años y dos meses de prisión, ocho años de inhabilitación política y una multa económica.

La resolución fue adoptada por unanimidad por los cuatro magistrados de la sala que también participaron en el juicio contra Jair Bolsonaro, condenado el pasado año a 27 años de prisión por su responsabilidad en la trama que intentó revertir el resultado electoral que llevó al poder a Luiz Inácio Lula da Silva.

Según la Fiscalía y los jueces, Eduardo Bolsonaro desarrolló desde Estados Unidos una campaña destinada a influir en el desarrollo de los procedimientos judiciales abiertos contra su padre. El exdiputado, que reside en Texas desde principios de 2025, habría promovido contactos y gestiones para que Washington adoptara medidas de presión contra Brasil, incluyendo sanciones a magistrados del Supremo y la imposición de aranceles comerciales, con el objetivo de condicionar las decisiones judiciales.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor de las causas vinculadas al intento de golpe de Estado y principal objetivo de las campañas de presión impulsadas por el bolsonarismo, sostuvo que las actuaciones de Eduardo Bolsonaro constituyeron una forma de coacción contra las instituciones brasileñas. Durante la lectura de su voto, defendió que las maniobras del exparlamentario no solo afectaron al tribunal, sino que perjudicaron los intereses del conjunto del país.

Eduardo Bolsonaro fue juzgado en ausencia. Tras abandonar Brasil y establecerse en Estados Unidos, perdió posteriormente su escaño parlamentario por ausencias reiteradas, lo que también supuso la desaparición de las protecciones asociadas a su condición de diputado. Al no designar representación legal propia, fue defendido por un abogado de oficio.

El condenado reaccionó a través de las redes sociales denunciando una supuesta persecución política y alegando que no fue debidamente notificado del procedimiento. Su defensa ha sostenido durante todo el proceso que sus actividades en Washington se limitaron a la interlocución política y a denunciar lo que considera abusos del poder judicial brasileño. Sin embargo, los magistrados rechazaron esos argumentos y concluyeron que existió una estrategia deliberada para interferir en el curso de la Justicia.

Una condena con fuerte impacto político

La decisión judicial llega en un momento especialmente delicado para la derecha brasileña. Aunque Jair Bolsonaro permanece inhabilitado y cumple condena en arresto domiciliario por motivos de salud, su familia continúa siendo uno de los principales referentes de la oposición al Gobierno de Lula.

En este contexto, la figura emergente dentro del bolsonarismo es el senador Flávio Bolsonaro, hermano del ahora condenado y considerado uno de los posibles candidatos de la derecha para las elecciones presidenciales previstas para octubre. La sentencia contra Eduardo añade una nueva dificultad a la estrategia del clan Bolsonaro para mantener su influencia política en un escenario marcado por las divisiones internas de la oposición conservadora.

La causa también ha tensionado las relaciones entre Brasil y Estados Unidos. Durante los últimos meses, dirigentes próximos a Trump y al movimiento ultraconservador estadounidense respaldaron públicamente las denuncias del bolsonarismo sobre una supuesta persecución judicial. La Fiscalía brasileña sostuvo que Eduardo Bolsonaro buscó precisamente aprovechar esas conexiones internacionales para obtener medidas de presión capaces de alterar el desenlace de los procesos judiciales abiertos en su país.

Los investigadores señalaron que parte de la estrategia consistió en promover sanciones contra miembros del Supremo Tribunal Federal y alimentar amenazas comerciales contra Brasil. Algunas de esas iniciativas llegaron a materializarse parcialmente antes de ser revisadas o limitadas posteriormente.

La condena de Eduardo Bolsonaro supone, además, un precedente relevante para la justicia brasileña. Los magistrados han querido enviar un mensaje de firmeza frente a cualquier intento de utilizar presiones extranjeras para condicionar el funcionamiento de las instituciones democráticas del país. El fallo refuerza la línea mantenida por el Supremo desde los procesos relacionados con el asalto a las instituciones brasileñas tras la derrota electoral de Jair Bolsonaro.

Mientras el exdiputado permanece en territorio estadounidense, la sentencia abre una nueva incógnita sobre su futuro político y judicial. Si regresara a Brasil, podría enfrentarse al cumplimiento efectivo de la pena impuesta. Entretanto, el caso continúa alimentando la polarización política en el país y se convierte en un nuevo capítulo de la larga batalla entre el bolsonarismo y las instituciones que investigaron y juzgaron la ofensiva contra la democracia brasileña.

Después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya tumbado la enmienda de Junts y el Partido Popular para impulsar una votación sobre un adelanto electoral, los populares han avanzado que se reservan su derecho a llevar la cuestión al Tribunal Constitucional, todo ello entre críticas por el movimiento adoptado por PSOE y Sumar.

De esta manera, la portavoz del PP en la Cámara Baja ha tachado este martes, tras conocer la resolución de la Mesa, de “arbitraria” dicha decisión, avanzado que su grupo parlamentario presentará un recurso contra ella y, en caso de volver a ser rechazada, se reservarán su derecho de acudir a los tribunales.

Tal y como ha desgranado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso la portavoz del Grupo Popular Parlamentario, Ester Muñoz, ha vertido críticas contra la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, quien, según ha deslizado, “trabaja única y exclusivamente” para el presidente del Gobierno: “Si como ellos mismos han dicho durante toda la mañana no es vinculante y no serviría para nada, ¿qué miedo tienen de que se vote?«, se ha preguntado la dirigente parlamentaria del PP, para quien los grupos que integran el Gobierno central han hecho gala de “un cinismo, una hipocresía y una cobardía absoluta”, a su juicio.

Por ende, ha subrayado que la decisión de la Mesa, de mayoría progresista por PSOE y Sumar, “acredita que la legislatura está muerta y que ha llegado a su fin”, acusando a Sánchez de pretender seguir “parasitando las instituciones hasta que no le quede más remedio que convocar elecciones”. De esta manera, desde el PP consideran que este escenario es sinónimo de la consciencia “de que no tienen una mayoría y de que la legislatura ha llegado a su fin”.

Muñoz ha eludido a la proposición no de ley que presentó Junts contra Sánchez en 2024 para someterse a una cuestión de confianza, pese a ser una competencia exclusiva de la Presidencia del Gobierno; una iniciativa que tampoco salió adelante por no pasar el visto bueno de la Mesa en su fase de tramitación.

Junts lo tacha de “inaudito”

Por parte de los neoconvergentes de Carles Puigdemont, han tachado de “inaudita” la decisión de la Mesa del Congreso, al considerar que se trata de una muestra de “debilidad extrema” del Ejecutivo central. En su enmienda, ya vetada, Junts asumía que la exigencia de elecciones generales no supone una obligación para el presidente del Gobierno, que es quien tiene la competencia exclusiva de disolver las Cortes Generales.

“Instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales, de conformidad con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”, es lo defendido por Junts.

En la resolución de la Mesa del Congreso, se suscribe que “en virtud de lo estipulado respecto a la prerrogativa exclusiva de la figura de la cuestión de confianza regulada en el artículo 112 de la Constitución Española, ha inadmitido las enmiendas presentadas este mediodía por los grupos parlamentarios PP y Junts per Catalunya. La Mesa resuelve que ambas invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia del Gobierno”.