«Damos autonomía al centro educativo para reforzar la lengua que considere», ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha apuntado que esta es la «literalidad» de la ley que el Parlament aprobó como respuesta al requerimiento judicial de que se diera un 25% en castellano en las aulas, norma que fue apoyada por PSC, ERC, Junts y los comunes. «Se apuesta por reforzar la autonomía de los centros», ha añadido el ministro, señalando que en el acuerdo firmado se destaca que el catalán debe ser «la lengua vehicular» en la escuela y que el castellano tiene que estar presente, aunque los criterios para cada centro se basará «exclusivamente en criterios pedagógicos».
Asimismo, el Ejecutivo se compromete a «asegurar la presencia de Cataluña» en instituciones nacionales, comunitarias e internacionales como la Unesco. Por un lado, el Gobierno se ha comprometido a reformar el Reglamento del Senado para que los senadores puedan intervenir en catalán. Y, por otro, se solicitará al Parlamento Europea que se pueda utilizar el catalán en el pleno. Esto deberá realizarlo mediante una propuesta «técnica y financieramente viable» antes de fin de año.
Uno de ellos para potenciar el uso del catalán dentro y fuera de nuestro país. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a reformar el reglamento del Senado para que los senadores puedan intervenir en catalán. Y también a solicitar al Parlamento Europeo que sea considerado lengua de uso para que se pueda utilizar también en la Eurocámara si ésta así lo acepta. Bolaños ha explicado que estas medidas son extensibles a otras lenguas cooficiales de nuestro país, como el euskera o el gallego, siempre que sus respectivos Gobiernos regionales así lo soliciten.
ERC renuncia de facto a la vía unilateral
En el documento que trata sobre ese extremo, ambos firman la «apuesta la por soluciones políticas, siempre en el marco de la seguridad jurídica». Sin concretar más, también alcanzan un pacto «político e institucional con la seguridad jurídica, el ordenamiento y los principios democráticos» que se sellarán en diferentes proposiciones de ley que se devengan de reuniones futuras de la mesa de diálogo.
A vueltas con la sedición
No obstante, desde el Gobierno aseguran lo contrario. Bolaños ha vuelto a rechazar que vayan a intentar una reforma que tenían muy avanzada. La idea era rebajar las penas previstas, pasando de 15 a ocho años de prisión, un trabajo que el anterior ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya había comenzado a hacer. Sin embargo, en enero, Bolaños avanzó que había «otras prioridades».