El Gobierno anunció este martes «la mayor inversión en Dependencia de la democracia». La financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) disfrutará de 2.218 millones adicionales en 2026, de tal forma que la aportación del Estado llegará a los 5.513 millones este año y a los 7.239 millones de euros en 2027. Esta cantidad es 5,8 veces superior a la media anual que destinaron los Gobiernos de Mariano Rajoy entre 2012 y 2018. En esos años, la Dependencia recibió en total 8.685,8 millones de euros, a una media anual de 1.240,8 millones.
«Con esta ampliación de la financiación estatal vamos a conseguir que el año que viene, en 2027, la aportación del Estado suba hasta alcanzar el 50% del gasto total en Dependencia», explican a Público fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, el encargado de canalizar estos fondos extraordinarios. El otro 50% lo ponen las comunidades autónomas, que tienen la competencia exclusiva de la Dependencia.
«Rajoy recortó en siete años 5.400 millones de euros en Dependencia, entre otras cosas, porque suprimió el nivel acordado de la financiación al SAAD, que luego fue recuperado con la llegada de Sánchez al poder», insisten las fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Bustinduy.
Los datos en este sentido son irrebatibles: en 2012, en su primer año al frente del Gobierno, Rajoy recortó la ayuda a la Dependencia en 210 millones de euros con respecto a 2011, que cerró con una inversión de 1.590 millones de euros. A partir de ahí siguió recortando año tras año hasta tocar fondo en 2017, con un gasto de 1.228 millones de euros. Él mismo lo había avisado durante la campaña electoral de 2011: «La Dependencia no es viable», dijo en una entrevista al diario El País tres días antes de aquellas elecciones.
Hasta 2021 la ayuda a la Dependencia por parte del Gobierno no empezó a remontar. Durante ocho años, el nivel de inversión en la Dependencia apenas varió: pasó de 1.380 millones de euros en 2012 a los 1.384 en 2020. Desde entonces, el aumento ha sido notable, hasta llegar al anuncio de este lunes. «La inversión de la Administración General del Estado creció mucho de 2021 a 2023. Esto responde al plan de choque que hizo el Gobierno de coalición en la pasada legislatura, para revertir los recortes en Dependencia de Rajoy», apostillan fuentes del ministerio.
«A partir del 1 de julio, los Gobiernos de las comunidades autónomas recibirán una mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar a más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio», explica el Ministerio de Derechos Sociales.
«Histórica inyección económica»
Los colectivos sociales y profesionales vinculados al sector de la Dependencia y los cuidados valoran positivamente «la histórica inyección económica» anunciada por el Gobierno.
«El Gobierno pasa de la retórica a los hechos y recupera la financiación que deberíamos haber tenido en los últimos años», valora José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Ramírez destaca que con estos nuevos fondos para la Dependencia, «se debe sobre todo priorizar la atención a las personas que están en las listas de espera, que son una 265.000 en toda España, y se debe mejorar las intensidades de la ayuda a domicilio, así como mejorar las cuantías de las prestaciones económicas de las cuidadoras».
«Supone un avance de gran calado en la consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como uno de los pilares esenciales del Estado del bienestar», apunta de forma un poco más entusiasta Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).
«Cuando hablamos de la Ley de Dependencia, estamos hablando sobre todo de personas mayores. Hoy, prácticamente tres de cada cuatro personas beneficiarias del sistema son mayores, y eso significa que estamos hablando de más de 1,2 millones de personas», ilustra el presidente de la PMP. A 31 de marzo de 2026 el SAAD registraba 1.655.446 personas con prestación efectiva, de las que 1.208.476 eran personas mayores. «Es un gran paso en el intento de equipararnos en inversión a otros países de nuestro entorno», señala a su vez Carmen López, portavoz de Marea de Residencias.
Sin embargo, además de satisfacción, todos los actores del sector de la Dependencia y los cuidados muestran un punto de cautela. Y es que hay consenso en señalar que, pese al considerable aumento del presupuesto, la cantidad asignada por el Gobierno sigue siendo «insuficiente» para atender las necesidades del sistema de Dependencia.
Mar Ugarte (CEDDD): «La Dependencia en España sufre una infrafinanciación histórica»
Lo resume bien Fernando Flores, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare): «Bienvenida sea esta medida, pero estamos en un entorno cada vez más privatizado en el que los costes son prácticamente imposibles de asumir por parte de las familias. Aún hay muchas personas que no tienen acceso a las plazas públicas en las residencias».
Mar Ugarte, vicepresidenta del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), también se muestra satisfecha —»Todo lo que sea aumentar recursos, siempre es bienvenido»—, pero matiza que, pese al gran esfuerzo del Gobierno, el sistema de la Dependencia en España sufre «una infrafinanciación histórica». Esa misma expresión es utilizada por Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de la principal patronal del sector, el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs): «Seguimos muy lejos de lo que necesita España para garantizar cuidados suficientes, profesionales y de calidad», señala Sánchez-Ostiz.
En este sentido, Ugarte recuerda que España apenas llega al 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en inversión en Dependencia, cuando hay países que llegan «al 3% y al 4%». La media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) está en el 1,9%.
Además de reforzar la financiación, los colectivos sociales también exigen «un control férreo» en la gestión de estos fondos. Temen que estas nuevas inversiones no terminen donde deberían. «Exigimos que haya una fiscalización exhaustiva de estos fondos: el dinero público debe ir destinado de forma íntegra e inequívoca a poner los derechos de los residentes y trabajadoras por encima de los intereses de las empresas que operan en el sector», apunta Carmen López en este sentido.
Jesús Norberto Fernández: «La mejora de la financiación es una muy buena noticia, pero ahora hay que garantizar su correcta gestión en el ámbito territorial
Este temor se extiende a las comunidades autónomas, que son las que gestionan el sistema de Dependencia. No sería la primera vez que éstas recortan su ayuda a la Dependencia aprovechando que el Gobierno la aumenta. Ya ocurrió en 2022.
Lo expresa de forma diáfana José Manuel Ramírez: «Esto impele a las comunidades autónomas para que gestionen la Dependencia con pericia, simplifiquen procedimientos administrativos y, sobre todo, para que no ahorren dinero ni escatimen presupuesto en lugar de mejorar la vida de las personas en situación de dependencia, que esto ya lo hemos visto en algunas ocasiones».
Mar Ugarte comparte ese temor y esa sospecha: «Históricamente hay una infradotación presupuestaria por parte de las comunidades autónomas y del propio Estado central hacia la dependencia. Tememos que este dinero extra sea absorbido por esa deuda histórica«.
«La mejora de la financiación es una muy buena noticia, pero ahora hay que garantizar su correcta gestión en el ámbito territorial, porque un derecho subjetivo no puede quedar condicionado por desigualdades entre comunidades autónomas», advierte Jesús Norberto Fernández.
Carmen López: «El incremento presupuestario debe ir prioritariamente a aumentar el parque de plazas en las residencias públicas»
«El incremento presupuestario debe ir prioritariamente a aumentar el parque de plazas públicas de gestión directa en residencias de titularidad pública«, señala Carmen López, quien no se ahorra una crítica, sin citarla, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a un modelo que apuesta por la privatización: «Hay que evitar que estos fondos estatales terminen engrosando los beneficios de las grandes corporaciones sanitarias como Quirón o a las empresas y fondos de inversión que gestionan plazas concertadas en residencias».
El portavoz del Ministerio de Derechos Sociales también lanza un mensaje a las comunidades autónomas: insiste en que este nuevo plan para financiar la Dependencia forma parte de su «compromiso político»: «A partir de este año vamos a duplicar la aportación que el Estado transfiere a las comunidades autónomas para el sistema de la Dependencia. Esto hará posible que en 2027 alcancemos el 50%, de forma que cumplamos con el compromiso político que nos fijamos para esta legislatura, aunque no estamos obligados a ello. Algunas comunidades del PP usan este compromiso para mentir y decir que el Gobierno le debe dinero por no llegar al 50%. Esto es falso. El Estado no adeuda dinero a ninguna a las comunidades autónomas por este concepto».
A este respecto, Carmen López insiste en que esta nueva inyección de dinero «debería incidir en la corrección del profundo desequilibrio que sufren las familias dependiendo del código postal en el que vivan. Actualmente existe una brecha inaceptable en la financiación: mientras algunas comunidades autónomas asumen con fondos propios hasta el 84% del gasto total en dependencia, otras apenas aportan el 61% o menos. El incremento de los fondos estatales debe obligar a una corresponsabilidad real de todas las autonomías para garantizar que un ciudadano tenga exactamente los mismos derechos, las mismas ratios de personal y la misma calidad asistencial viva donde viva», concluye la representante de Marea de Residencias.