Ese es exactamente el caso de Israel, que se encuentra investigado por la Corte Penal Internacional y cuyo primer ministro, Benjamin Netanyahu, fue objeto el año pasado de una orden de arresto emitida por ese tribunal, que también pidió el arresto del exministro de Defensa israelí, Yoav Gallant y del líder militar de Hamás, Mohammed Mohammed Deif, posteriormente abatido por los bombardeos israelíes. Los dos gobernantes hebreos están acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad por haber bloqueado la entrada de alimentos en Palestina para provocar la muerte por inanición de sus habitantes, así como por ser presuntamente autores de asesinatos y persecuciones en masa contra civiles, tipificadas como crímenes de lesa humanidad.
«La aplicación del embargo», reza la norma, «supondrá la prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación que tenga como destino directo o indirecto el territorio del Estado destinatario del embargo». La ley se aplicaría, de entrar en vigor, tanto a armamento y material de doble uso como a instrumental policial, y permitiría que las autoridades españolas inspeccionaran «en territorio nacional, incluidos los puertos marítimos y los aeropuertos, todos los cargamentos que estén destinados o procedan de un Estado afectado por un embargo» cuando posean «información que ofrezca motivos razonables para creer que el cargamento contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia, exportación o importación estén prohibidos».
El portavoz del grupo socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ha señalado en una rueda de prensa en el Congreso que votarán a favor porque quieren dejar clara su posición respecto a lo que «está haciendo Israel» y a la protección internacional a los gazatíes. No obstante, ha reconocido que el Gobierno no es favorable a la misma porque «ya hay controles suficientes para evitar el comercio«.
Desde el Ejecutivo, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha apelado a la posición del grupo socialista y ha remarcado que la postura del Gobierno respecto al conflicto en Gaza y al comercio de armas es clara, no obstante, fuentes de Moncloa recalcan que lo que se vota hoy es una admisión a trámite y que, en todo caso, hay que tener en cuenta la normativa internacional y europea sobre este asunto. Estas fuentes indican que podría haber «dificultades técnicas» para aplicar la normativa puesto que hay leyes europeas que chocan, por lo que España no puede tomar esa decisión unilateralmente. Además, alegan que el comercio también depende de empresas por lo que, en definitiva, rebajan las expectativas sobre una eventual aplicación de esta ley.