El Gobierno de España ha decidido esta semana redoblar su apuesta por una política migratoria «humanista». Esta es la expresión que cuidadosamente elige la portavoz del Ejecutivo para marcar distancias respecto a la deriva política europea, cada vez más restrictiva e insolidaria. Elma Saiz lidera el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones desde 2023 y defiende un oasis en el desierto europeo. O «un faro en el mundo».
Probablemente la dirigente navarra esté viviendo una de las semanas más intensas desde que asumió la cartera. El martes finalizó el plazo para las solicitudes de un proceso histórico en términos sociológicos y políticos: un proceso extraordinario de regularización en el que han participado más de un millón de personas migrantes. Ese mismo día, tres jueces conservadores del Tribunal Supremo propusieron llevar a la Justicia europea el proceso por si colisionaba con la normativa de la UE. Tanto el PP como Vox habían recurrido el plan con anterioridad.
Este miércoles la ministra recibe a Público para desgranar todos los detalles de un proyecto político que germinó desde las entrañas de los colectivos sociales y que ha terminado de desplegar el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a «todas las piedras» en el camino: «Podemos decir con total rotundidad que hoy en España hay más de un millón de personas que viven con esperanza, más derechos y con más ilusión para seguir desarrollando sus proyectos de vida», destaca Saiz.
Este martes ha finalizado el plazo de solicitud para el proceso de regularización. Un hito histórico, fruto de una reivindicación popular e impulsado por el Gobierno. ¿Qué balance hacen del proceso?
El balance es muy positivo. Estamos hablando de un procedimiento muy exigente, pero que ha estado muy a la altura. Desde el punto de vista del fondo, ha sido un éxito de país. Podemos decir con total rotundidad que hoy en España hay más de un millón de personas que viven con esperanza, más derechos y con más ilusión a seguir desarrollando sus proyectos de vida.
El Supremo tiene el derecho a preguntar al TJUE pero el proceso de regularización es sólido jurídicamente
Las derechas han recurrido y el Supremo ha entrado al quite. ¿Qué lectura hacen de este movimiento?
En primer lugar, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad. Hace unas semanas, el propio Tribunal Supremo rechazó la adopción de medidas cautelares. Indudablemente, el Supremo tiene todo el derecho a preguntar al TJUE, pero es un procedimiento que está muy vestido jurídicamente y que ha seguido todos los trámites. De hecho, incorporamos las recomendaciones esenciales que hacía el Consejo de Estado en su informe. Hablamos de personas que van a tener un permiso para residir y trabajar en España, en nuestro ámbito. Son personas que ya están aquí y que se circunscriben a la normativa de nuestro país.
No hace mucho, también hicimos un proceso de regularización en València, por la DANA. 30.000 solicitudes, de las que aproximadamente 27.500 fueron estimatorias. Hoy vemos que una de las comunidades que ha recurrido es la Comunidad Valenciana, cuando en su propio territorio dimos esa esperanza a los ciudadanos que sufrieron por la DANA.
Además, durante el proceso, algunas entidades locales y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han intentado poner piedras en el camino. Pero el mensaje es muy claro, esas piedras no se las ponen al Gobierno, sino a los más de un millón de ciudadanos que por fin van a salir de la invisibilidad. El día 3 de julio tendremos la ocasión de hacer las alegaciones ante el Supremo, con un texto sólido y vestido jurídicamente.
¿Está el Supremo ahora mismo haciendo política?
Siempre defiendo que este procedimiento pone en el centro los derechos humanos y se hace con todos los requisitos perceptivos que manda la norma. Además, forma parte de una política integral migratoria que es un faro en el mundo.
El Gobierno hace una política que pone en el centro a las personas, y además con el rigor y con la fortaleza de un texto muy armado. Ya sabíamos que había muchas personas que querían poner piedras en el camino en este procedimiento y, de hecho, así ha sido. Ha habido recursos, pero quiero recordar que quien ha cambiado de posición, en este caso, es el Partido Popular. Este texto coge la mano de esa ILP que fue votada a favor del PP, el único partido que votó en contra fue Vox.
¿Qué ha pasado con el Partido Popular? Ese giro que demuestra una vez más que siguen a pies juntillas los dictados de Vox, también en esto. Pero las piedras en el camino, insisto, son a las personas que quieren salir de la invisibilidad y desarrollar un proyecto de vida en igualdad de condiciones.
El proceso extraordinario de regularización ha recibido un volumen de solicitudes muy superior a lo previsto. ¿A qué atribuyen esto?
Las cifras que se barajaban son cifras que nunca han sido oficiales y que tomaban ese testigo de la ILP, donde se estimaban esas cifras. Yo reivindico que no hablemos de cifras, hablamos de cada una de las historias de vida que están detrás de estas solicitudes.
Hemos hecho un procedimiento que está a la altura y que da respuesta a todos los que cumplan los requisitos y, efectivamente, ha superado el millón de solicitudes. En apenas dos meses y medio he recorrido España, y son muchísimas las experiencias y los casos que conoces que te aproximan a esta realidad.
Es un procedimiento en el que ya estamos hablando de más del 50% de emisiones a trámite, que demuestra no solamente la colaboración de las entidades en materia de extranjería, que han estado ahí, sino también esa vocación de servicio público y de ser una administración que pone en el centro a las personas.
¿Cómo le explicaría a un ciudadano, de manera sencilla, por qué es necesaria esta regularización?
La política migratoria y las herramientas legislativas se van modernizando. Por eso destaco que esto es un procedimiento extraordinario, pero que convive con una política migratoria coherente y mucho más amplia.
Se están reduciendo las llegadas irregulares de una manera muy notable, en torno al 70% en la ruta canaria. Es algo fundamental, porque la migración irregular es un drama humanitario que cuesta vidas y tenemos que ser muy contundentes con las mafias. Lo que hace el Gobierno es reorientar esos flujos migratorios, siempre bajo los parámetros de la seguridad y el orden de una migración regular, ordenada y segura. Ahí se encuadra la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería que ha dado resultados tan importantes como los más de 800.000 arraigos desde que se puso en marcha dicha figura. Y quiero recordar que se amplió a más supuestos con la reforma.
Aún así, hay personas que están en nuestro país, pero en los márgenes, y un Gobierno que pone en el centro a las personas no puede permitir que eso se produzca. Y, como ha pasado en otras ocasiones, se pone en marcha el procedimiento de regularización porque se escucha a la sociedad civil. Cuando se dan la mano a la sociedad civil, las entidades y la política, el resultado es esto: un procedimiento extraordinario que reconoce derechos y saca de los márgenes a quienes ya viven junto a nosotros.
Durante el proceso ha habido críticas por parte de los colectivos sociales. Sobre los plazos, el certificado de vulnerabilidad o las deportaciones. ¿Hacen alguna autocrítica?
El texto iba absolutamente armado jurídicamente y, precisamente, se incorporaron las recomendaciones esenciales del Consejo de Estado. Una de ellas fue pedir ese informe de vulnerabilidad. Pero, lógicamente, cuando un procedimiento de esta envergadura arranca, se producen disfunciones que, por cierto, también se ven agravadas cuando ha habido quien de manera clara e intencionada ha cerrado puertas que no tenían que estar cerradas.
Además, lo he comprobado. He visitado todos los territorios y he visto quién ha puesto incluso en marcha programas de ayuda para sufragar gastos a las entidades colaboradoras y quién ha cerrado servicios municipales para producir colas y poner palos en la rueda en este procedimiento.
Pero, insisto, ahí están las cifras. Más allá de las disfunciones que puede haber habido al comienzo, el elevado porcentaje de admisiones a trámite demuestra el éxito del proceso.
Destaca el giro radical del PP en esta materia. No solo porque antes históricamente se hubieran impulsado regularizaciones en gobiernos del PP sino también porque apoyó en un principio la tramitación de la ILP. ¿A qué atribuyen este cambio radical de posición?
Permítame que le recuerde que ha hecho más cosas. No solamente ha hecho ese giro y ha puesto palos en la rueda en este proceso, sino que también, por ejemplo, ha votado en el Congreso de los Diputados para eliminar el arraigo o el FISI (Foro para la Integración Social de los Inmigrantes).
El PP ha dejado de ser un partido de Estado y lo vemos en cómo sigue abonando la desinformación y los bulos, ya sea cuestionando el procedimiento electoral o la Ley de Memoria Democrática. Yo he tenido que desmentir, con datos, en más de una ocasión al señor Feijóo. Llegó a decir que estábamos propiciando el acceso al Ingreso Mínimo Vital.
Esa falta de rigor y esa falta de responsabilidad no obedece más que a alguien que no tiene un proyecto de país, que está atando su presente y su futuro a la ultraderecha.
PP y Vox no se diferencian en nada
¿El sistema de pensiones sería sostenible sin la aportación de las personas migrantes?
Ahí están los datos. Hemos celebrado el éxito colectivo de haber superado los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social y ya les adelanto que anticipamos un mes de junio espectacular. Pronto conoceremos los datos de afiliación.
No podemos obviar que el 14,6% de los afiliados son extranjeros, con presencia en todos los sectores, y que también generan empleo. Ayer, en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030, contamos con la participación de sindicatos y patronal, que aplaudieron el procedimiento de regularización.
Es más, el propio presidente de la patronal reivindicó que muchos de esos afiliados extranjeros son, a su vez, empresarios, emprendedores y autónomos. Por eso digo que el Partido Popular ha dejado de escuchar a la sociedad civil. Ha dejado de ser un partido que resuelve y que hace política para la España real, para abrazar los postulados más ultras, antisistema y absolutamente desnortados.
¿En este sentido, en qué se diferencian ahora mismo PP y Vox?
En nada. Hemos visto cómo la señora Ayuso y el señor Feijoó aplauden el discurso del papa León XIV, que ha sido un respaldo desinteresado a la política migratoria del Gobierno de España. Pero, en declaraciones del papa: «Uno no se puede arrodillar ante Dios y despreciar al hermano».
La señora Ayuso se refiere a la regularización como un «procedimiento de importar pobreza masiva». Me gustaría saber cuál es la diferencia cuando se dirige al hermano latinoamericano y, al mismo tiempo, se refiere así al procedimiento de regularización, teniendo en cuenta que un porcentaje muy importante de las personas que van a regularizar su situación son personas que vienen de Latinoamérica. El Partido Popular y Vox son lo mismo.
La prosperidad y el desempeño económico de nuestro país no se entendería sin la población migrante
Lo del cordón democrático a Vox parece hoy una quimera. ¿Hemos retrocedido en este sentido?
Absolutamente. No hay más que ver que tenemos acuerdos de gobiernos autonómicos en Aragón, en Castilla y León, en Extremadura, y lo vamos a ver de manera inminente en Andalucía.
Lo que está claro es que el Gobierno de España va a proteger a los ciudadanos frente a las políticas que les hacen daño y que llevan a cabo el PP y Vox en sus territorios. Lo hará a todos los niveles, tanto desde el punto de vista de escudo social, de la política migratoria o de la empleabilidad, con este importantísimo Plan de Integración que mira a la España que somos y que queremos ser en 2030.
Los delitos e incidentes de odio alcanzaron en 2025 su cifra más alta desde que existen registros oficiales, con el racismo y la xenofobia como principal motivación. ¿Considera que el aumento del discurso político contra la migración está contribuyendo a ese repunte? ¿Qué papel debe asumir el Gobierno para frenarlo?
Sin duda. Hay que exigir a los responsables públicos ser exquisitos con sus declaraciones. Ya vivimos el verano pasado lo ocurrido en Torre Pacheco. Lo que pasa en redes sociales no es inocuo. Por eso tenemos el Oberaxe (Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia) y ese compromiso con las plataformas para hacer mucho más en la retirada de los discursos de odio en las redes sociales, porque se trasladan a nuestras calles.
Hay quien hace del insulto su único proyecto político y, luego, algunos la replican. Lo hemos visto recientemente con el ascenso del Sabadell a Segunda División.
España no es un país racista pero hay que dar un paso más y ser claramente antirracista
Hace unos días dimos en Público una información sobre Lamine Yamal, a raíz de los mensajes de odio contra el futbolista por una de sus celebraciones. ¿Es España un país racista en el que hasta sus propios ídolos sufren ataques?
España no es un país racista, pero ya no basta con eso. Ahora hay que ser claramente antirracista. Ha llegado el momento de dar un paso adelante y los primeros que tenemos que encabezar esa corresponsabilidad somos los representantes políticos.
Primero, por una cuestión de valores y de memoria. Segundo, porque ahí están los datos. La prosperidad y el desempeño económico de nuestro país no se entenderían sin la población inmigrante. Hay un estudio de políticas públicas que visualiza una España en 2070 sin flujos migratorios y el país se paralizaría.
Hace poco estuve en Huelva presentando, junto con el ministro marroquí, el programa Wafira de migración circular. Los propios empresarios ponían en valor el importantísimo trabajo y la necesidad de estos programas porque, sin ellos, no se podrían recoger los frutos rojos y no tendrían prosperidad ni ellos ni sus territorios. Pero yo sé que ahí había gente que vota a Vox. ¿Cómo podemos explicar esto, cuando es un partido que quiere expulsar a miles de ciudadanos? Ocurre porque una cosa son las preocupaciones reales de la ciudadanía y otra las creadas por algunos de manera interesada.
Así que, desde la responsabilidad, desde los datos y poniendo todas las herramientas del Estado de derecho, tenemos que combatir el racismo y la xenofobia de manera mucho más contundente.
La regularización abre la puerta a la residencia y al empleo, pero la integración real va mucho más allá de obtener unos papeles. ¿Qué medidas del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía considera más importantes para garantizar esa inclusión?
Este Plan de Integración y Ciudadanía 2026-2030 marca una hoja de ruta clara, con aspectos tan importantes como la estrategia de movilidad laboral, la Agencia de Movilidad Humana y esa cogobernanza en la que las comunidades autónomas, las entidades locales y también el tercer sector van a tener mucho que decir.
Pero, además, marca hitos y objetivos, porque las políticas tienen que evaluarse para saber si funcionan o no. Esos hitos van claramente dirigidos a reducir brechas y desigualdades que ya estamos poniendo de manifiesto. Si hablamos del acceso a la vivienda, vemos que la población migrante tiene muchas más dificultades. Si hablamos de la discriminación educativa o de la discriminación laboral, ocurre lo mismo.
El proceso de regularización terminó el 30 de junio, pero no es un punto y final, sino un punto y seguido hacia el modelo de país que somos. Una sociedad próspera y abierta, donde la diversidad es algo muy positivo. Y esa es una elección política, porque no da igual quién esté al frente de las instituciones para llevar a cabo esta política migratoria.
España ha sido el único país que se ha mostrado en contra de algunos puntos del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo como la creación de centros de detención en terceros países. ¿Cuáles son exactamente las líneas rojas del Gobierno en este Pacto y hasta qué punto existe margen real de resistencia frente a un consenso europeo que parece desplazarse hacia posiciones más restrictivas?
La aplicación del Pacto por parte del Gobierno de España se va a dar siempre bajo una perspectiva humanista y de defensa de los derechos humanos. No compartimos ni las llamadas soluciones innovadoras ni los centros en terceros países. Esta postura se la hemos trasladado también a la Unión Europea mediante una carta, en la que explicamos que algunas de esas cuestiones plantean muchas dudas jurídicas. Ya estamos implementando las directivas y adecuando nuestra normativa a todo lo recogido en el Pacto, pero siempre siguiendo una política migratoria que pone en el centro los derechos humanos.
España está entre los países de la UE que más solicitudes de asilo recibe pero menos protección internacional concede. ¿A qué se debe esta brecha?
La protección internacional tiene que ser una vía absolutamente clara y despejada, porque no es lo mismo un proceso migratorio por distintos motivos que el de quien huye porque sufre persecución por cualquier causa de discriminación. Por eso tenemos un sistema de protección internacional absolutamente sólido y a la altura. Pero creo que también es importante que las regulaciones queden muy claras, porque no son lo mismo unos procesos migratorios que otros.
España es el segundo país, si no me equivoco, en solicitudes de protección internacional. Pero, insisto, eso convive con la normativa de extranjería y con procesos tan importantes como el que estamos viendo ahora, donde uno de los requisitos o posibilidades era haber sido solicitante de protección internacional a 31 de diciembre de 2025.
Ninguna organización está exenta de que puedan aparecer casos de corrupción. Lo importante es cómo se reacciona
¿Cómo valoran el daño generado por los casos de corrupción en el entorno de su partido? ¿Cree que la imagen y la legitimidad del Gobierno queda en entredicho?
Bueno, yo pertenezco a un Gobierno limpio que tiene unos hitos que ahí están y están claros. Hemos alcanzado los 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social, hemos realizado el mayor despliegue de fondos de la Unión Europea, hemos aprobado un paquete de protección para paliar los efectos de la guerra de Irán y tenemos una política migratoria que es un ejemplo y un faro mundial, que protege y da derechos a las personas.
Esa es la España que está siendo gobernada por un Gobierno de coalición progresista, en minoría parlamentaria, pero que busca todos los días el acuerdo. El Congreso de los Diputados no lo ha elegido este Gobierno, lo ha elegido la ciudadanía. Y lo que hacemos es poner esos acuerdos al servicio del bien común. Esa es la España real.
Por supuesto, somos un Gobierno limpio y contundente contra la corrupción, porque la corrupción nos hace daño. Yo lo vivo constantemente porque acudo a actos en los que se pone en valor la política social, la política migratoria o la política económica, pero siempre hay una pregunta sobre la corrupción, y mi respuesta es siempre la misma: tolerancia cero contra la corrupción.
Encima de la mesa hay un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción con medidas muy concretas que buscan dar resultados y prevenir también la corrupción. Esa es la posición del Gobierno de España. Ninguna organización está exenta de que puedan aparecer casos, lo importante es cómo se reacciona y este Gobierno lo ha hecho. Me gustaría que quien se erige como líder moral contra la corrupción contase sus propuestas. ¿Por qué no se pone al lado del Gobierno para sacar adelante todas las iniciativas que forman parte de ese Plan de Lucha contra la Corrupción?
Hablando de la legitimidad, Feijóo está lanzando estos días acusaciones que ponen en cuestionamiento la limpieza de los procesos electorales ¿Cómo lo valora?
Es Feijóo contra Feijóo. En el programa electoral del Partido Popular de 2023 figuraba una medida similar a lo que ahora está cuestionando. Es más, creo que en las últimas horas ha dicho que todo se debe a que se flexibilizaron requisitos. Quiero recordar que se trata de una ley que salió de las Cortes Generales y que cuando hablamos de esa flexibilización, lo que se hizo en 2022 fue incorporar a las personas que habían tenido que huir de la dictadura por su condición sexual. Este es el Orgullo del Partido Popular en la semana del Orgullo.
Por eso le decía que, más allá de intentar erosionar al Gobierno, están atentando contra los principios básicos del Estado de derecho y de nuestra propia democracia, siguiendo esa carrera sin sentido con Vox para ver quién dice la barbaridad más grande. Ahora Vox también está cuestionando el voto de los españoles en el exterior, pidiendo a la Junta Electoral que no les permita el voto. Es el más puro estilo ultra que ya hemos visto en otras latitudes. Eso es fruto de la desesperación y de que no tienen un proyecto sólido que ofrecer al país.
¿Qué España propone Feijóo? ¿Qué modelo de política migratoria? ¿Las deportaciones? ¿Qué modelo de política social? ¿La privatización? ¿Por qué debilita el sistema público de pensiones? Yo no tengo ningún interés en cuestionar la sostenibilidad de las pensiones, quienes sí lo tienen son quienes apuntan constantemente a ponerla en duda porque quieren redirigir el sistema hacia modelos privados.
Esa es la frustración que arrastra el señor Feijóo y la desesperación de quien no tiene un proyecto de país. Y parece, por cierto, que se pone la venda antes de la herida, como si ya anticipara una derrota electoral y estuviera intentando explicarla antes de que se produzca.
¿Qué motivos ven para seguir dando vida a la legislatura y qué cuestiones concretas marcan el horizonte de los próximos meses?
Más de 6.200 millones de inversión en la dependencia, 22 millones y medio de afiliados y un nuevo paquete para paliar los efectos de una guerra injusta e ilegal que desde el primer momento hemos condenado.
Para terminar, una inquietud que invade a la mayoría de la población ahora mismo. No estamos pasando por nuestro mejor momento. Me refiero a la selección española. ¿Hay opciones de ganar el Mundial?
¿Cómo que no estamos en nuestro mejor momento? La ministra de Educación y Deportes ha dicho que España va a ganar el Mundial. La selección está en un buen momento y desde luego me atrevo a decir que vamos a llegar muy lejos en este campeonato.