Ninguna de las dos propuestas gusta a las mencionadas asociaciones judiciales y fiscales. Sobre la ley que cambiará el modo en que un ciudadano se convierte en juez, señalan que no contribuirá a «solucionar los verdaderos problemas de la justicia» e incrementará el «riesgo de politización».
La norma planteada por el Gobierno cambiará el modelo de oposición, incluyendo una prueba escrita que sustituirá a una de las dos pruebas orales. Además, se regulará el cuarto turno, al que se presentan juristas que quieren ser jueces y pasan por una evaluación de méritos y un dictamen (un «concurso oposición», en palabras de Justicia).
El proyecto prevé regular ese cuarto turno para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre, el de la oposición, también se convoque el cuarto turno para garantizar que una de cada cuatro plazas se cubra por «juristas de reconocida competencia». Al margen de esta medida, el Ejecutivo pretende realizar un proceso extraordinario y puntual para regularizar la situación de los jueces sustitutos e incluirlos en la carrera judicial.
Las asociaciones judiciales y fiscales se reunieron con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, para trasladar su desacuerdo con estas medidas, pero según comunicaron la semana pasada, este les trasladó «de forma tajante» que las normas no se retirarán.
Ni la relativa al refuerzo de ambas carreras ni la reforma del Estatuto Fiscal, que se expone como una condición previa a la reforma de la LeCRim, que dejará la investigación penal en manos de los fiscales. Para las asociaciones convocantes, la reforma estatutaria es una base demasiado endeble sobre la que edificar un cambio sin precedentes en el modelo de instrucción.
Es más, consideran que en lugar de reforzar la autonomía de los fiscales, la debilita, dando más poder aún al fiscal general del Estado. La reforma es «una oportunidad perdida de apostar por una real autonomía funcional que blinde a los fiscales del riesgo de injerencias políticas», denunciaron al anunciar el paro de este miércoles.
El descontento de las carreras judicial y fiscal se suma a las preocupaciones de un Ejecutivo para el que casi todos los problemas están relacionados con los juzgados y tribunales. Esta protesta tiene lugar en la misma semana en que el Tribunal Supremo ha procesado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Paralelamente, el caso Koldo sigue su curso e incluso amenaza con extenderse sobre el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Hace semanas fue procesado también el hermano del presidente del Gobierno, junto al líder del PSOE de Extremadura. Este mismo martes, el domicilio del exministro José Luis Ábalos fue objeto de un registro de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una unidad que se encuentra en pleno foco mediático por ser el punto de mira de la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez.
Este es el contexto en el que tendrá lugar el paro de mañana. Y este paro precederá a una posible convocatoria de huelga de jueces y fiscales organizada por un movimiento que se dice espontáneo, la Unión de Fiscales y Jueces (UFJ).