No obstante, el PP, que gobierna en once comunidades, no es partidario de la declaración de zonas tensionadas. Recuerda que su implantación es voluntaria y ve en los llamamientos del Gobierno un intento de intromisión en las competencias autonómicas. El partido de Alberto Núñez Feijóo no cree que sea una medida «eficaz» para mejorar el acceso a la vivienda. Al contrario, considera que esta medida y la ley estatal en su conjunto ha generado inseguridad jurídica y ha desincentivando la inversión en vivienda, animando a los caseros a retirar pisos del alquiler. Califican de «devastadores» los efectos de intervenir el mercado y piden la derogación de una norma que han recurrido en varias ocasiones ante el Tribunal Constitucional. La corte de garantías ya se ha pronunciado al respecto dos veces y ha avalado el grueso del texto —salvo el blindaje de viviendas públicas—.
Según datos de Idealista, en los dos años que lleva en vigor la norma estatal, el volumen de pisos disponibles para alquilar se ha reducido un 17,55% entre el primer trimestre de 2023 y el mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, los alquileres se han encarecido de media un 24,35% en España hasta superarse los 1.000 euros mensuales por un piso promedio. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) eleva más incluso la caída de la oferta y habla de que dos de cada cinco agencias ha detectado un descenso de más del 50% en dos años frente a un aumento de la demanda del 20%. «La escasez de vivienda disponible para alquiler de larga duración se ha extendido como una mancha de aceite a todo el territorio, incluso a la segunda y tercera periferia, que es hacia donde se está desplazando la demanda», valora José María Alfaro, presidente de la FAI, que considera que el problema «se ha agravado claramente desde la aprobación de la nueva normativa en 2023 ante la falta de seguridad jurídica que ofrece a los pequeños compradores».
Frente a la dificultad creciente para encontrar un piso para alquilar como residencia habitual, los anuncios de arrendamientos temporales se han prácticamente duplicado en los últimos dos años, según datos de Idealista. Y lo han hecho de espaldas a la ley de vivienda, ya que su regulación quedó fuera de la norma. Algunos propietarios han recurrido a esta fórmula para escapar de la nueva regulación y obtener rentabilidades más altas. Tanto el sector inmobiliario como el Gobierno advierten de un uso fraudulento de este tipo de contratos, en cuya regulación trabaja ahora el Congreso.