La escena tiene algo de déjà vu. En el pleno del Ayuntamiento de Lugo que se celebró este jueves el Partido Popular recuperó la Alcaldía gracias al voto decisivo de una concejala tránsfuga que se presentó en las listas socialistas y que ahora es la clave de la nueva mayoría. La imagen del alcalde saliente, Miguel Fernández, remite a una tradición política que Galicia conoce bien –el uso del transfuguismo como forma de alcanzar el poder local–, pero es el símbolo de algo más sustancial. No solo por el peso político de la capital provincial, sino porque encaja en una estrategia sostenida del PP gallego para recuperar poder allí donde ganó las elecciones locales de 2023 sin mayoría suficiente para gobernar.
En apenas unos meses, los populares han ido encadenando mociones o respaldando operaciones similares en distintos municipios, apoyándose en tránsfugas del PSOE, independientes o en fracturas internas de gobiernos locales progresistas. «Lo llaman estabilidad, pero es mercadeo institucional», denunció esta semana la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, quien acusó al PP de «blanquear prácticas que degradan la democracia local y convierten las instituciones en piezas de intercambio».
En términos formales, la moción de Lugo cumple la legalidad. En términos políticos, reabre un debate tan viejo como tóxico. El pacto antitransfuguismo, invocado recurrentemente por todos los partidos cuando están en la oposición y reinterpretado con elasticidad cuando gobiernan, se muestra limitado como código moral más que como norma de prometido cumplimiento.
«Ésta es mi oportunidad»
En el PSOE gallego, su secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, ha elevado su tono, casi siempre contenido, para calificar la operación de «asalto», recordando que María Reigosa, la tránsfuga que ha entregado el Gobierno local de Lugo a la popular Elena Candia, obtuvo su acta tras las muertes consecutivas de tres compañeros y compañeras de partido, incluida la alcaldesa Paula Alvarellos. «¿Qué ética hay en un político que mira a una familia en luto y piensa ‘ésta es mi oportunidad’?», le dijo Besteiro a Alfonso Rueda hace 15 días en el Parlamento de Galicia.
El PP rechaza frontalmente esa lectura. Su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, defiende que la moción responde a «una mayoría alternativa legítima» y niega cualquier contradicción ética. «Lo antidemocrático sería impedir que una mayoría de concejales cambie un Gobierno fallido», argumenta. El PP no dijo lo mismo cuando sucedió al revés: el pasado verano, fue precisamente el PSOE de Gómez Besteiro el que les arrebató la Alcaldía de Noia (A Coruña) gracias a un tránsfuga.
Las mociones hacen ver que la política municipal ha entrado en Galicia en una fase de volatilidad. Tras las municipales de 2023, el mapa local dejó múltiples ayuntamientos en equilibrio inestable, con coaliciones frágiles y tensiones internas en los bloques progresistas que Rueda ha ido observando con paciencia. Bajo su imagen pública de presidente institucional, moderado y de perfil bajo, el líder del PPdeG conserva intacta la vieja cultura de aparato del partido: control territorial, alianzas tácticas y obsesión por el poder provincial y municipal como red de influencia y capilaridad política.
Lugo llega precedida por una larga secuencia. La primera moción de la legislatura fue la de O Irixo (Ourense) en enero, cuando el PP entregó la Alcaldía a una edil socialista que abandonó después su partido e incorporó a concejales populares al Ejecutivo local. En febrero le tocó el turno a Serra de Outes (A Coruña), donde otro tránsfuga socialista permitió al PP desbancar a un alcalde independiente de izquierdas. En marzo, el PP recuperó Viveiro (Lugo) con otra moción apoyada por un edil independiente contra la alcaldesa socialista.
Forcarei, Touro, Fisterra, Carral, Ribeira… y Santiago
El patrón se consolidó durante el verano. En julio, la alcaldesa de Forcarei (Lugo), del PSOE, perdió el cargo tras la ruptura protagonizada por un exconcejal socialista. Agosto concentró varias operaciones más: Touro y Fisterra, ambos en A Coruña, mediante mociones auspiciadas por los populares. En septiembre llegó Carral, y en octubre, Ribeira, las dos en la misma provincia, donde el PP logró desalojar al BNG de esas alcaldías con operaciones tan broncas como contestadas.
A eso se suma la intentona de Santiago, donde el portavoz municipal popular, Borja Verea, ofreció la Alcaldía a una exconcejal socialista que había sido expulsada del partido en febrero junto a cuatro compañeros, para desbancar así a la alcaldesa nacionalista de la capital gallega, Goretti Sanmartín.
La oposición no cree que sean casos aislados sino una estrategia diseñada por la dirección del PPdeG para recuperar las diputaciones de Lugo y A Coruña.
La acumulación de casos ha alimentado la tesis de la oposición: no son respuestas puntuales a crisis locales tramadas desde los respectivos ámbitos municipales, sino de una estrategia territorial diseñada desde la dirección del PPdeG para teñir de azul el mapa municipal antes de las próximas autonómicas, previstas para 2027 y para reforzar sus opciones de recuperar las diputaciones de Lugo y A Coruña, hoy en manos socialistas y apoyo nacionalista.
El partido apenas se esfuerza en disimularlo y justifica esas operaciones como una forma de corregir pactos antinaturales y devolver gobiernos a la lista más votada allí donde, según su argumentario, se ha instalado la ingobernabilidad. La sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado junio anuló parcialmente el blindaje legal contra las mociones sustentadas por tránsfugas facilitó el acelerón en Galicia. Aunque el pacto antitransfuguismo sigue formalmente vigente, el PP hace de él una interpretación tan expansiva que, en la práctica, lo anula: si la operación es legal, sostienen, también es legítima. Sus adversarios responden que la legalidad no elimina el deterioro democrático.
Recuperar poder sin pasar por las urnas
No parece casual que el movimiento coincida con otras decisiones de alto contenido territorial. El apoyo del el PP al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a cambio de asegurar determinados equilibrios institucionales, otorgado por Feijóo y mantenido por Rueda, ya había sido leído como prueba de una lógica instrumental a la que parece responder la actual ofensiva. El BNG habla de una «segunda vuelta no oficial» tras las municipales, es decir, de una fase de reajuste en la que el PP explora oportunidades para recuperar poder sin necesidad de esperar a pasar por las urnas.
El escritor gallego Lois Pérez, lucense y portavoz de la plataforma Transfuguismo no, democracia sí, ironizaba hace unos días sobre esa dinámica al afirmar que Galicia vive en una suerte de «realismo mágico administrativo», donde «las mayorías electorales duran lo que tarda alguien en cambiar de bancada». Su comentario circuló con rapidez en redes sociales y fue ampliamente compartido por cargos y simpatizantes de la izquierda gallega.
No es solo una cuestión simbólica. El control local tiene una dimensión material decisiva en Galicia: contratación pública, urbanismo, red clientelar, implantación territorial y presencia institucional en comarcas envejecidas y muy dependientes de la Administración autonómica… Recuperar una Alcaldía no es sólo sumar un bastón de mando; es reconstruir nodos de influencia.
En el entorno de Rueda se niega a reconocer que todo responda a una acción coordinada y centralizada. De hecho, el propio presidente dijo la semana pasada que la moción de censura de Lugo dependía exclusivamente de la decisión del grupo municipal y de su portavoz, Elena Candia, también presidenta provincial y vicepresidenta del Parlamento de Galicia. Una tesis que choca con la cultura política del partido en la comunidad, que se asienta sobre una relativa autonomía local siempre supervisada y bajo control orgánico.
Mecanismos clásicos de la política turbia
La moción de Lugo tiene además valor narrativo. Permite al PP presentar la recuperación de una capital simbólica como prueba de fortaleza política cuando Rueda está consolidando su liderazgo interno y su imagen exterior tras su victoria autonómica de febrero de 2024. Aunque enfrenta un elevado riesgo reputacional, dado que normalizar el recurso a los tránsfugas erosiona el discurso de moderación y estabilidad que cultiva el presidente gallego. La oposición trabaja sobre esa contradicción: él se proyecta como gestor bienintencionado y amable mientras su partido activa mecanismos clásicos de la política más turbia. «El problema no es solo quién gobierna Lugo mañana», resumía Pontón esta semana, «sino qué cultura democrática se está normalizando en Galicia».
En realidad, la moción del viernes trasciende Lugo. Es el síntoma de un ecosistema político donde el poder local sigue siendo un relevante campo de batalla y donde, pese a los cambios generacionales, sobreviven intactos algunos modos de otra época. No es solo una alcaldía, es el enésimo capítulo de una política de desgaste y reconquista institucional.
El escritor gallego Lois Pérez, presente el jueves en una multitudinaria manifestación en plaza Mayor de la ciudad frente a la sede del Concello mientras se gestaba la moción, también ironizaba estos días con que el país vive instalado en una «democracia reversible» donde las mayorías duran menos que los pactos que las sostienen. Es decir, que en Galicia ya no basta con ganar o perder: hay que sobrevivir al tiempo que separa unas elecciones del próximo pleno.