Menos de 100 personas ejercen desde el diminuto Luxemburgo un poder sin igual que les faculta para definir las normas que rigen la vida de 500 millones de ciudadanos. Los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pueden obligar a los gobiernos a modificar leyes y forzar a las empresas a desembolsar miles de millones de euros; también tienen la última palabra sobre la legislación del mayor bloque comercial del mundo.
Estos magistrados y expertos están sujetos a normas muy estrictas para evitar la más mínima sombra de duda sobre sus decisiones. El Código de Conducta del tribunal establece que sus miembros deben evitar toda situación «que pueda dar lugar a un conflicto de intereses (…) o que pueda percibirse como tal». La realidad, sin embargo, es otra. Una investigación del consorcio internacional Investigate Europe, en la que ha participado Público, confirma que un número sorprendente de juristas y magistrados del TJUE tiene vínculos con las mismas empresas sobre las que el tribunal puede regular de forma efectiva.
Más del 40% de los actuales jueces y abogados generales han declarado intereses financieros privados, tal y como evidencia un análisis exclusivo de sus documentos de transparencia. Las carteras de los juristas incluyen acciones en los gigantes petroleros Eni y Total, participaciones en amplias operaciones inmobiliarias y de infraestructuras o su presencia en empresas tan conocidas como AstraZeneca, Airbus, Amazon y Boeing. Algunos de los miembros españoles del órgano también figuran en este listado.
Según ha descubierto Investigate Europe, en algunos casos los juristas del TJUE trabajaron antes en asuntos relacionados con empresas o competidores en los que tenían intereses económicos, lo que suscita dudas sobre posibles conflictos de intereses y sobre el sistema del tribunal para prevenir dichos riesgos. Esta dinámica plantea serias dudas sobre los posibles conflictos de intereses y sobre el sistema del tribunal para protegerse frente a tales riesgos.
Los periodistas de Investigate Europe trabajaron durante seis meses en una investigación en la que han descubierto lagunas llamativas en la información pública facilitada por los juristas, así como un sistema en el que los asuntos de los dos órganos que integran el TJUE —el Tribunal de Justicia, la instancia superior, y el Tribunal General, la instancia inferior— se asignan sin control externo. También ha desvelado toda una serie de riesgos para la imparcialidad derivados de los vínculos de los jueces con sus gobiernos nacionales.
Tras preguntarle Investigate Europe, el presidente del Tribunal General de la UE avanzó que los resultados de la investigación serán revisados por un comité interno. El Defensor del Pueblo Europeo, por su parte, anunció que abrirá una investigación después de que Investigate Europe presentara una denuncia ante este órgano administrativo por el hecho de que el tribunal no hubiera hecho públicas las declaraciones patrimoniales históricas de los jueces.
«El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue sin cumplir los estándares de transparencia que hoy en día se esperan de los tribunales supremos», critica Alberto Alemanno, profesor de Derecho de la UE en la Escuela de Estudios Superiores de Comercio (HEC) de París y en el Colegio de Europa, que lleva más de una década escribiendo sobre transparencia judicial e integridad pública.
Los nombres españoles que figuran en la lista
España tiene derecho a uno de los 27 jueces que componen el Tribunal de Justicia de la UE, igual que el resto de los Estados miembros. María Lourdes Arastey Sahún es la jueza española que ocupa ahora ese sillón. El Tribunal General cuenta además con dos magistrados por Estado. La cuota española la representan José Martín y Pérez de Nanclares y Miguel Sampol Pucurull, cuyo nombramiento fue confirmado para el mandato que comenzó en 2025. España también dispone tradicionalmente de un puesto permanente entre los abogados generales del Tribunal de Justicia: Manuel Campos Sánchez-Bordona.
María Lourdes Arastey Sahún entró a formar parte del Tribunal de Justicia de la UE en 2021. Y ejerce como presidenta de Sala desde el 8 de octubre de 2024. La magistrada tiene acciones en Repsol, tal y como consta en la declaración de intereses que presentó antes de su nombramiento, el 7 de octubre de 2024. En un escrito previo, de octubre de 2021, la jueza no declaró ninguna acción o interés, ni financiero ni inmobiliario. La situación no cambia mucho en el caso de José Martín y Pérez de Nanclares. El letrado forma parte del Tribunal General de la UE desde el 26 de septiembre de 2019. Su última declaración lo sitúa con un fondo de inversión y otro de pensiones en Caja Rural de Navarra así como un segundo fondo de pensiones en ING. Además, tiene cuentas bancarias en la entidad luxemburguesa Spuerkees y en la caja navarra. El documento de intereses es idéntico al que presentó en 2021.
Miguel Sampol Pucurull tiene una carta de presentación un poco más compleja. El magistrado ejerce como presidente de la Sala del Tribunal General de la UE desde septiembre de 2025. Las últimas declaraciones de intereses que tenía colgadas en el portal de transparencia del organismo –una de 2021, otra de 2023 y la última de 2024- recogían acciones en BBVA y en una inmobiliaria familiar, Gestdoc SL. La primera lo situaba además como accionista de Prisa y las dos siguientes recogían participaciones en Amazon. Además, Sampol Pucurull cambió varias veces su declaración de intereses. En 2023, puso a nombre de su esposa las acciones de BBVA y Amazon. En 2024, no especificó a quién pertenecían. Y en la última, actualizada hace poco más de un mes, tras las reiteradas solicitudes de información de Investigate Europe, volvió a situarlas como un activo de su pareja. El TJUE no ha respondido a las solicitudes de información de Investigate Europe para aclarar a quién pertenecen realmente estas participaciones.
Y hay un detalle adicional. Miguel Sampol participó como juez en una resolución del TGUE sobre un caso que afectaba a UPS y TNT Express, dos de los competidores directos de Amazon en Europa. La Comisión Europea prohibió en 2013 la compra por parte de UPS, la mayor empresa de mensajería del mundo, de su rival holandesa TNT Express, porque restringiría la competencia en la entrega rápida de paquetes pequeños en 15 Estados miembros. UPS demandó a las autoridades comunitarias por considerar que el bloqueo a la operación le había causado pérdidas millonarias y consiguió que se anulara esa decisión por vulneración de sus derechos de defensa. La multinacional reclamó, además, una indemnización de 1.740 millones. El TGUE rechazó esa pretensión de UPS en 2022, con la firma del magistrado Miguel Sampol Pucurrull.
Manuel Campos Sánchez-Bordona, por su parte, tampoco recoge en su declaración ninguna participación o «interés financiero» en empresas o sociedades, ni en España ni en Europa ni en EEUU.
Los casos de las grandes farmacéuticas
Juliane Kokott es una figura destacada del Tribunal de Justicia y una autoridad en derecho de la competencia. La abogada alemana cuenta con una variada cartera de acciones que, según su última declaración pública, incluye una empresa de infraestructuras ferroviarias, un fondo de inversión en oro físico y tres grandes firmas farmacéuticas: AstraZeneca, BioNTech y Merck.
No es algo que contravenga las normas del tribunal. El Código de Conducta simplemente exige a los magistrados que declaren sus intereses económicos al tomar posesión de su cargo y que actualicen dicha información cada tres años o siempre que se produzcan cambios. Deben señalar cualquier posible conflicto cuando se les asigne un caso y, si es necesario, apartarse.
Pero el TJUE no ofrece ninguna definición de «conflicto de intereses» en sus directrices. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo define como aquella situación en la que los intereses privados de un funcionario público «podrían influir indebidamente» en sus responsabilidades. El organismo considera que existe un «conflicto percibido» cuando estos intereses pueden influir en sus funciones, pero en última instancia no lo hacen.
En 2019, Kokott recibió un caso que enfrentaba a la empresa farmacéutica francesa Servier con la Comisión Europea, en relación con un tratamiento para la hipertensión. Y dos años más tarde, compró acciones de las tres empresas farmacéuticas. Kokott explicó entonces que lo hizo para «contribuir, en una medida muy limitada», al desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. La abogada general emitió su dictamen en el caso Servier en 2022.
Kokott ha sido llamada a emitir dictámenes sobre al menos ocho casos relacionados con el sector farmacéutico y los dio en cuatro de ellos desde 2016. Los dictámenes de los abogados generales tienen mucho peso y los magistrados los siguen aproximadamente en ocho de cada diez casos para redactar sus sentencias definitivas.
Investigate Europe se puso en contacto con Kokott, quien afirmó «haber cumplido estrictamente todas las normas pertinentes, (…) en particular las relativas a la imparcialidad y los conflictos de intereses». Y respecto al caso Servier, Kokott señaló que, en última instancia, su dictamen no había sido favorable para la empresa. «Sostuve que los acuerdos alcanzados por el grupo Servier con empresas de medicamentos genéricos constituían restricciones a la competencia», explicó la letrada. «Esto no beneficia en modo alguno a otro fabricante de medicamentos, como AstraZeneca, y, por tanto, no aumenta el valor de sus acciones», argumentó.
Kokott confirmó asimismo a los periodistas que solo tiene cinco acciones en AstraZeneca, otras cinco en Merck y siete en BioNTech. Y cuando se le preguntó si el hecho de poseer acciones en un sector en el que también había trabajado podía plantear cuestiones de conflicto de intereses, Kokott deslizó: «No comparto esa impresión». La abogada no respondió a las preguntas que Investigate Europe le formuló sobre si el tribunal había examinado la existencia de un posible conflicto de intereses.
«El hecho de que un jurista apoye al sector farmacéutico en general es problemático, aunque el valor de las acciones sea más bien simbólico«, advierte una figura jurídica de alto nivel familiarizada con el funcionamiento del TJUE que pide permanecer en el anonimato. «Se trata de la percepción que transmite este tipo de casos, y ahí es donde radica el problema», insiste la misma fuente. Investigate Europe no ha encontrado indicios de que Kokott hubiera obtenido beneficios materiales de ninguno de los casos. Pero la abogada alemana no es la única cuyos intereses privados se acercan mucho a su trabajo.
Los vínculos con el sector de la banca
En 2023, Geert de Baere formó parte como juez de una sala de cinco magistrados que se pronunció sobre un asunto relacionado con BNP Paribas. El juez belga del Tribunal General de la UE había declarado previamente un conflicto de intereses con la filial belga del banco francés, BNP Paribas Fortis. El presidente del Tribunal General, Marc van der Woude, explica a Investigate Europe que De Baere no era accionista de BNP. Pero sí tenía allí una cuenta corriente y otra de ahorro, así como una «cartera de acciones y valores de terceros» gestionada en su nombre.
De Baere recibió entonces un caso, relacionado con una factura de BNP a una agencia bancaria de la UE y finalmente ganado por el banco, como parte de un conjunto de asuntos que afectaban a más de 40 entidades financieras. La participación del magistrado era necesaria para «preservar la coherencia de las sentencias», sostiene Van der Woude. El presidente del Tribunal General reconoce que no examinó la situación de conflicto de intereses cuando se asignó el caso a De Baere, pero afirma que, aun así, habría aprobado la participación del juez en el caso.
De Baere no posee acciones en BNP, pero sigue manteniendo una relación con el banco y esa circunstancia, «desde el punto de vista de la percepción es problemática», resalta la fuente jurídica anónima con conocimiento de los procedimientos del TJUE. «La imparcialidad judicial debe quedar fuera de toda duda», añade Shari Hinds, responsable sénior de políticas de Transparency International UE. «Lo que ocurre es que algunos de estos casos dejan preguntas sin respuesta sobre si se tuvieron plenamente en cuenta las consecuencias de los conflictos de intereses percibidos a la hora de asignar los casos», continúa.
«El sistema se basa en la autoevaluación»
Investigate Europe no ha encontrado indicios de que ninguno de estos casos constituya un conflicto de intereses como tal. La investigación, no obstante, sí plantea dudas sobre los controles que lleva a cabo el tribunal a la hora de asignar las causas. «El sistema se basa casi por completo en la autoevaluación«, asegura el profesor Alberto Alemanno. «La manera de proceder es que cuando un miembro identifica un posible conflicto, tiene que notificarlo al presidente del tribunal, quien tiene ‘debidamente en cuenta’ dicha declaración a la hora de asignar los asuntos. [El problema es que] no existe ninguna verificación externa al respecto, ni se publica ningún razonamiento», resalta la misma fuente.
El tribunal sostiene que tal secretismo es necesario para proteger a los jueces de interferencias externas. Y, por la misma razón, los magistrados deliberan en salas colegiadas en lugar de hacerlo individualmente. Durante la investigación, el tribunal rechazó las múltiples solicitudes de información que le envió Investigate Europe, todas ellas relativas a los intereses de los jueces y la toma de decisiones en torno a la asignación de los casos. El órgano alegó la necesidad de preservar la confidencialidad de las deliberaciones internas.
El tribunal se negó también a facilitar versiones anteriores de las declaraciones de intereses de los jueces, pese a que se trata de documentación pública. En los días previos a la publicación de este artículo, la Defensora del Pueblo de la UE, Teresa Anjinho, aseguró a Investigate Europe que abrirá una investigación sobre la decisión de no publicar las declaraciones previas y confirmó que se reunirá con el tribunal para tratar el asunto a mediados de septiembre. No obstante, los periodistas pudieron obtener distintas versiones anteriores de las declaraciones de intereses a través de sitios web de archivos de Internet.
Amplia gama de participaciones en empresas
Así, Investigate Europe ha constatado a partir de documentos de acceso público que, en total, 36 magistrados alegaron intereses en 124 entidades, según sus últimas declaraciones. Entre las empresas más destacadas se encuentran los gigantes de los combustibles fósiles Eni, Total y Repsol, la fabricante de medicamentos para adelgazar Novo Nordisk, los titanes de la aviación Boeing y Airbus, y el gigante tecnológico estadounidense Amazon.
Los intereses en el sector financiero fueron, con diferencia, los más comunes. Y abarcaban desde instituciones europeas como Erste Bank, Swedbank y Bank of Valletta hasta el conglomerado estadounidense Berkshire Hathaway, dirigido por el millonario Warren Buffett. La investigación ha revelado que cinco juristas concentraban la mitad de todos los intereses declarados: la maltesa Ramona Frendo, el estonio Lauri Madise, la finlandesa Tuula Pynnä, Juliane Kokott y el austriaco Andreas Kumin.
Sin embargo, los detalles sobre el volumen y la naturaleza de las participaciones se omiten casi siempre en las declaraciones publicadas. Investigate Europe ha podido confirmar que casi un tercio de las declaraciones se subieron hace más de tres años, lo que parece contradecir la propia política de transparencia del Tribunal de la UE. Poco después de que Investigate Europe se pusiera en contacto con el TJUE para recabar sus comentarios en los días previos a la publicación, volvieron a subirse a la página web del organismo más de 35 declaraciones públicas de juristas, la mayoría de las cuales estaban desactualizadas, con nuevas versiones. Al menos tres seguían sin incluir ninguna fecha en el momento de la publicación de este artículo. Y en un caso, además, ni siquiera se llegó a publicar declaración alguna.
Según consta en el código de conducta del tribunal, existe una versión independiente y más detallada de las declaraciones que se distribuye internamente, pero que no se hace pública. Silje Hermansen, profesora adjunta especializada en política judicial de la Universidad de Copenhague, cree que el hecho de permitir que los jueces tengan cualquier tipo de participación accionarial supone un riesgo innecesario para la integridad percibida del tribunal. «Hay que tener en cuenta que, cuando una empresa que cotiza en Bolsa gana un juicio, la noticia suele tener un efecto inmediato en su valor bursátil«, subraya. «El tribunal debería plantearse una reforma por la que los jueces tengan que vender sus acciones antes de tomar posesión de su cargo. Nunca encontrarás a nadie en las instituciones de la UE que cobre más que estas personas», concluye la profesora danesa.
El presidente del Tribunal General, Marc van der Woude, explica a Investigate Europe que, en su anterior puesto de trabajo en un bufete de abogados privado, tanto a él como a sus compañeros se les prohibía tener acciones directas. «Estaba absolutamente claro y no había ninguna ambigüedad», recuerda.
En cambio, otro portavoz del TJUE apunta que «los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia son ciudadanos que tienen una vida privada y, por tanto, deciden por sí mismos cómo desean gestionar sus bienes». Al ser preguntado sobre esta amplia gama de participaciones accionariales, señala que «no hay nada de malo en tener acciones o participaciones, siempre que ello no afecte a la buena administración de la Justicia». Y argumenta que, hasta la fecha, nunca ha sido necesario recusarse.
Una vida pasada en el terreno político
Investigate Europe descubrió también durante estos meses que muchos jueces, nombrados por sus países de origen para mandatos renovables de seis años, habían ocupado anteriormente cargos políticos a nivel nacional, lo que, según algunos expertos, puede suponer un riesgo potencial para la imparcialidad de los casos.
Entre ellos se encuentra el luxemburgués François Biltgen, quien fue ministro durante 14 años, además de estrecho aliado del veterano primer ministro Jean-Claude Juncker. En 2023, formó parte -como uno de los cinco jueces de la sala- de un caso de gran repercusión relacionado con la deuda tributaria de Amazon en el Gran Ducado. La Comisión Europea quería que Luxemburgo recuperara 250 millones de euros que le había eximido de pagar en impuestos al gigante estadounidense. Y alegó que se le había otorgado una ventaja competitiva mediante decisiones de la administración tributaria que se remontaban a la época en que Biltgen formaba parte del Gobierno. El tribunal finalmente falló a favor de Amazon y Luxemburgo.
Biltgen declaró a Investigate Europe que su participación no constituía en modo alguno un conflicto de intereses: «No puede haber aquí apariencia alguna de conflicto de intereses, salvo que el concepto de conflicto de intereses se amplíe indebidamente». El magistrado alegó que la decisión impugnada la habían tomado las autoridades fiscales de Luxemburgo y no el propio Gobierno. «Desde que me convertí en juez del TJUE, no mantengo ningún contacto oficial con el Partido Socialcristiano [el partido de Juncker]», añadió. «Además, nunca he sido objeto de presiones políticas por parte de ninguna entidad política, ya sea gubernamental o de otro tipo», zanjó.
Silje Hermansen sostiene que no es infrecuente ni va en contra de las normas que los jueces formen parte de un tribunal que se pronuncie sobre un asunto que afecte a su país de origen, así como tampoco se contemplan restricciones a que participen antiguos políticos. El tribunal intenta garantizar, con todo, que los magistrados no actúen como ponentes para evitar cualquier riesgo de parcialidad nacional. En esta función crucial, un juez elabora un borrador de sentencia sobre el que deliberan sus colegas.
Pero Investigate Europe ha descubierto que, entre 2018 y 2024, los jueces ejercieron de ponentes en unas 30 ocasiones en asuntos que afectaban directamente a su país de origen, tal y como revela el análisis de una base de datos recopilada por IUROPA, un proyecto de investigación que realiza un seguimiento de los asuntos del TJUE.
El «deber de lealtad»
Los magistrados del TJUE tienen «un deber de lealtad hacia el Estado que los nombró, y son esos mismos Estados los que tienen la facultad de renovar sus mandatos», indica Carles Aulés-Blancher, investigador de la Universidad de Yale. El ha estudiado la percepción de parcialidad en el tribunal y considera que los mandatos renovables de seis años son una especie de «espada de Damocles que pende sobre las cabezas de los jueces y que debería abolirse en favor de mandatos más largos».
En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos modificó sus propias normas de nombramiento precisamente por este motivo, introduciendo mandatos de nueve años no renovables para los jueces. «No encontrarás ni un solo tribunal constitucional o supremo en toda Europa en el que los jueces tengan mandatos renovables», avisa una destacada figura del ámbito jurídico que pide permanecer en el anonimato. «Te puedo asegurar que, un año antes de que finalice su mandato, cunde la ansiedad entre los jueces. Y aumenta el número de viajes que hacen para reunirse con ministros o con quien sea necesario, porque quieren seguir en el cargo», insiste la fuente.
Los activistas llevan mucho tiempo criticando el proceso de selección de los jueces, en el que los candidatos son ratificados a puerta cerrada por un comité poco conocido que lleva por nombre Comité 255. Este órgano está compuesto por siete juristas europeos, muchas veces antiguos miembros del TJUE. En 2024, Politico informó de que un alto cargo de la FIFA formaba parte del Comité 255, pese a que el tribunal estaba tramitando múltiples casos relacionados con el organismo rector del fútbol mundial.
Koen Lenaerts, presidente del TJUE, defendió durante una entrevista en 2020 que un juez no debía tener «el más mínimo interés personal» en un asunto. «Esa imparcialidad es también una cuestión de percepción: ninguna de las partes debe albergar ninguna duda razonable sobre la imparcialidad del juez».
Editor: Chris Matthews
Additional reporting: Lisa Pace, Nico Schmidt
Esta investigación ha sido dirigida y coordinada por Investigate Europe, un consorcio periodístico transfronterizo. Se publica en colaboración con EU Observer, Follow The Money, Le Monde, Publico.pt, Publico.es, Le Soir y Taz.