«¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico?». Es la pregunta que hicieron llegar al papa León XIV los inquilinos afectados por la fundación Fusara y la Venerable Orden Tercera (VOT) antes de su intervención en el Congreso. No olvidaron citar un versículo de Isaías: «¡Ay de los que juntan casa con casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo! ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra?».
El grupo de inquilinos quiso trasladar al Pontífice el problema de la crisis de la vivienda y las dificultades de los españoles para tener «una vida estable». En una misiva redactada con el apoyo del Sindicato de Inquilinas, aseguraron que, en la capital, se les está «echando legalmente de casa» para subir los precios o hacer pisos turísticos, una espiral de «avaricia» de la que tampoco se habría librado la institución eclesiástica.
«Movidos por la obtención de lucro inmediato, la VOT está subiendo los precios de los alquileres de sus viviendas, llegando incluso a desahuciar a nuestro compañero Mariano el pasado 7 de mayo», exponen. En cuanto a la Fundación Fusara, dependiente del Arzobispado de Madrid, han querido que el Santo Padre sepa que los inquilinos de 13 edificios que estaban en su posesión están recibiendo órdenes de desahucio después de que se confirmara su venta a un fondo buitre. «Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más», lamentan.
Caso Fundaciones
Es uno de los mayores escándalos inmobiliarios relacionados con la Iglesia en España. La Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara) ha financiado durante décadas parte de su labor de ayuda a «los niños pobres» con las rentas de 14 bloques que le fueron donados por una herencia. En 2019, todos menos uno fueron vendidos a Tapiamar a través de una serie de sociedades pantalla, por un precio muy por debajo de mercado y en unas circunstancias que acabaron siendo investigadas en los tribunales.
En cuanto los arrendatarios conocieron la operación, se organizaron y actuaron como acusación popular en la causa. Seis años después, fundación y fondo han llegado a un acuerdo extrajudicial por el que se ha hecho efectivo el traspaso de las viviendas. Esta última decisión ha provocado la aplicación de la doctrina Botín al grupo de afectados y su expulsión del proceso. La última baza que les queda es el Constitucional, al que han presentado un recurso de amparo este mes de junio.
«Si nos lo admiten y nos dan la razón, se anularían las actuaciones que levantaron las medidas cautelares que evitaban la venta y volveríamos a entrar en la causa. Si esto no pasa, habrán ganado ellos», resume Mónica Sevil, que, además de inquilina, es una de las abogadas contra Fusara. Las protestas de los vecinos y el inquilinato, con las pancartas de los «buitres con sotana», son ya más que conocidas. Esta es la segunda vez que se dirigen a un papa, la primera, con Francisco al frente del Vaticano, consiguieron que se tomaran «cartas en el asunto» y que Fusara se convirtiera en acusación particular.
«Nosotros calculamos que, vendidos piso por por piso, los inmuebles hoy en día tienen un valor de 258 millones y los están vendiendo por 99. Es una estafa en mayúsculas«, sentencia la letrada. Cree que la venta perjudica a las cuentas de la fundación y va en contra de los orígenes de esta fundación, creada en 1914 para financiar un orfanato de niños pobres en Madrid. «Su fundadora, Antonia González y Pérez dejó en su testamento muy clara esta finalidad», sostiene, «por eso a nosotros se nos había comunicado que estos bienes eran invendibles y, de hecho, es lo que hemos visto que pone en los estatutos».
La abogada asegura que ya ha llegado a todos los vecinos una notificación informándoles de que sus contratos no se van a renovar. Según cuenta, los primeros desalojos podrían ocurrir en cuestión de semanas: «Ha sido una avalancha de cartas, puerta por puerta. Hay familias a las que le han dicho el 28 de mayo que el día 30 de junio se tienen que ir».
La investigación en torno a estos bloques acabó fusionándose en una macrocausa conocida como el «caso fundaciones». En este proceso también se puso bajo la lupa la venta de una parroquia y una residencia de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio a la Universidad Nebrija. Además, las pesquisas salpicaron a la Fundación Molina Padilla por la venta de otros dos bloques de viviendas en la calle Núñez de Balboa.
Este medio ha tratado de recabar el testimonio, tanto de Fusara, como de Hopewell (esta empresa ha comprado los inmuebles a Tapiamar hace aproximadamente un mes). Se ha preguntado a dichas entidades sobre el futuro de los edificios vendidos y de sus inquilinos, así como los motivos que derivaron en la firma del acuerdo extrajudicial.
De igual manera, Público se ha dirigido al Arzobispado de Madrid para conocer cuál es su responsabilidad respecto a los movimientos de este tipo de fundaciones y su opinión ante la misiva enviada al máximo responsable de la Santa Sede. A la fecha en la que se publica este artículo no ha obtenido respuesta, si bien esta última entidad se ha pronunciado recientemente sobre el caso Fusara.
Esta misma circunscripción territorial católica, en diciembre de 2025, hizo pública una comunicación tras conocer que algunas víctimas del caso Fusara se habían puesto en contacto con parroquias madrileñas. En dicho texto señala que «la fundación no forma parte del arzobispado ni depende de él» y que el arzobispo de Madrid ocupa la presidencia de su patronato «por expreso deseo de sus fundadoras».
Ha sido una avalancha de cartas, puerta por puerta. Hay familias a las que le han dicho el 28 de mayo que el día 30 de junio se tienen que ir
También recuerdan que los responsables de la operación de 2019, judicializada, han dejado sus cargos. «En 2024 se nombró un equipo totalmente renovado, con controles internos y auditoría externa. Este equipo consiguió revertir la compra irregular de unos terrenos y recuperar parte del dinero perdido, mejorando la situación económica», añaden. A este respecto, indican que el acuerdo entre ambas partas de finales de 2025 se ha producido con la intención de «garantizar la continuidad de los colegios y residencias, y evitando que la fundación tuviera que cerrar antes de que hubiera sentencia firme».
Esta institución ha desarrollado recientemente un documento con su «política de inversiones financieras». En él insisten en que todas las inversiones de la diócesis deberán seguir «un marco ético, evitando prácticas contrarias a la dignidad humana». Además, las inversiones se realizarán «a través de fondos de inversión y no se utilizarán instrumentos financieros complejos o de difícil comprensión».
Desahuciado por una orden franciscana
«A Dios rezando y con la VOT desahuciando», era uno de los lemas que cantaron los activistas en las hasta cuatro ocasiones en las que lograron frenar el desahucio de Mariano Ordaz. A la quinta, finalmente, se produjo. Ahora, este jubilado de 67 años que llevaba viviendo en el mismo portal del barrio de Embajadores desde que nació, duerme en un albergue compartiendo habitación con otras tres personas. Su historia está detallada en la carta que León XIV recogió de manos de la diputada Verónica Barbero.
«Mariano Ordaz vive en un albergue porque la VOT se negó a renovarle su contrato y, lo más grave de todo, se negó a negociar una solución cuando son propietarios de más de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir con la función benéfica de la Iglesia», señalan los redactores de dicho documento.
Esta orden franciscana cuenta con varias propiedades en el centro de la capital, desde pisos a locales o edificios enteros. Una de sus posesiones más icónicas es el Hospital VOT de San Francisco de Asís, a poca distancia de la manzana donde vivía Ordaz. Según denuncian desde el Sindicato de Inquilinas, hay afectados de varios bloques que se están organizando para denunciar desperfectos en sus viviendas y subidas de alquiler excesivas.
Aunque los responsables inmobiliarios de la VOT no han respondido a las preguntas de Público relacionadas con estas nuevas protestas de sus inquilinos, sí aportaron su versión sobre el desahucio de Mariano en un comunicado remitido a la prensa. La asociación considera que ofrecieron facilidades en el pago de la renta y se le dio al arrendatario tiempo suficiente para encontrar una solución. Además, entienden que, por este motivo, deben ser las administraciones quienes se encarguen de ayudarle, ya que, tanto su situación económica como personal «ya son ajenas al objeto de esta Asociación privada, sin ánimo de lucro, que debe velar por el cumplimiento de sus fines estatutariamente previstos».
¿Hasta dónde llega el negocio inmobiliario de la Iglesia?
«Es difícil de calcular. Digamos que todo lo que sabemos es la peccata minuta y hay muchas cosas de sus negocios que se nos escapan. Está todo el tema de las inversiones en fondos, las ventas que realizan, el turismo…», comenta José María Rosell Tous, portavoz de la Coordinadora Recuperando, encargada de investigar y denunciar las inmatriculaciones de la Iglesia.
Junto a situaciones como las anteriores, donde los bienes acaban en manos de organizaciones religiosas gracias a donaciones y herencias, otra de las grandes fuentes de obtención de patrimonio inmobiliario para las diócesis han sido las inmatriculaciones. «Las donaciones nos pueden parecer bien o mal, pero son legales. Lo que es indigno es que hayan podido durante tantos años adueñarse de un suelo que no es suyo y que luego, además, se lucren vendiéndolo», añade Rosell.
Esta asociación calcula que entre 1964 y 2014 (mientras la ley lo permitía) la Iglesia puso a su nombre unos 100.000 bienes. Las comunidades que más han sufrido las inmatriculaciones son Castilla y León y Navarra. En esta última, hay 3.000 notas simples, que corresponden a «unas 5.000» inmatriculaciones. «Aproximadamente un 20% son bienes de culto, pero el resto no. El resto son jardines, huertos, frontones, fincas rústicas, viviendas… «, explica Cristina Contreras, portavoz de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro.
Uno de los casos en los que se implicó esta asociación hace unos años fue el desahucio de Felicia, una anciana de casi 90 años a la que el Arzobispado de Pamplona acabó echando de la casa parroquial en la que estuvo 30 años viviendo. «Nos han llegado historias parecidas y las tenemos en un registro, pero a Felicia la estuvimos acompañando. Era un desahucio legal, pero era una mujer muy mayor. Le dijeron que tenían que hacer unas obras y que luego volvería. Era mentira. No volvió nunca y la casa sigue vacía y abandonada», afirma.
Le dijeron que tenían que hacer unas obras y que luego volvería. Era mentira. No volvió nunca y la casa sigue vacía y abandonada
Rosell señala problemas parecidos con otras casas parroquiales o «casas de rectores». Uno de los primeros ejemplos que le vienen a la mente es el conflicto que hubo en 2019 en Coya, Asturias. El pueblo intentó alquilar esta vivienda a una familia con pocos recursos, pero fue entonces cuando descubrió la realidad: el Arzobispado de Oviedo la había inmatriculado en 1964 y su intención era venderla.
«Es un caso que se repite con frecuencia. Son inmuebles que construyeron los ayuntamientos o los propios vecinos, igual que se construía la casa del maestro o de un funcionario. Es decir, no eran de la Iglesia, se les cedieron. Luego las inmatricularon y muchas las venden o las alquilan. Es un tema bastante masivo», explica.
«Habría que reflexionar sobre el tema fiscal. A mí no me gustaría ser el alcalde de Toledo porque prácticamente todo el casco antiguo es propiedad eclesiástica y no pagan IBI»
El catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra, Alejandro López Gutiérrez, cree que las posibilidades de recuperar ese patrimonio son mínimas, porque se hicieron al amparo de la legislación vigente. Sin embargo, resalta como una «victoria» haber conseguido revertir este privilegio y señala otra serie de asignaturas pendientes en esta materia: «Habría que reflexionar sobre el tema fiscal. A mí no me gustaría ser el alcalde de Toledo porque prácticamente todo el casco antiguo es propiedad eclesiástica y no pagan IBI, y es muy difícil prestar servicios si la mitad de tu ciudad no paga».
En segundo lugar, el catedrático apunta como su principal «campo de batalla» las casas de los ministros de culto. «Son decenas de miles de personas cuyas residencias no pagan el impuesto de bienes inmuebles y disfrutan de un régimen fiscal mejor que el de los funcionarios públicos, todo esto en un país en que ninguna confesión tiene carácter estatal», afirma. Por otro lado, López Gutiérrez señala que también existe un plano moral: «Quizá deberían predicar con el ejemplo, quizá están desahuciando a personas que pueden estar en una situación comprometida».
Más allá de estos activos locales, los datos aportados por la propia Conferencia Episcopal confirman que, tras ella, se encuentra uno de los mayores patrimonios inmobiliarios del país. Según la Memoria de Actividades presentada por la Conferencia Episcopal en 2025, la institución destinó 9,13 millones de euros correspondientes al ejercicio anterior para el desarrollo de 842 proyectos inmobiliarios, tanto de construcción como de conservación y rehabilitación. Además, a través de la gestión de su patrimonio inmobiliario, financiero y de otras actividades, la Iglesia obtuvo unos ingresos de 168,3 millones de euros.
La asociación Europa Laica pone en duda la transparencia de estas cifras y considera que se está ocultando «la magnitud de los beneficios derivados de su entramado patrimonial y empresarial para que la ciudadanía no sea consciente de la cantidad de impuestos que deja de aportar por estos conceptos». Además, desde la organización creen que, por los datos recabados, «es muy difícil catalogarla como una entidad sin ánimo de lucro».