Asimismo, Alegría negó «rotunda y categóricamente que hubiera instrucciones por parte de Presidencia del Gobierno a la Fiscalía General del Estado» para filtrar esos correos, otro de los extremos que afirma el juez Hurtado en su auto. «Esto no sucedió nunca, y lamentamos mucho que el Tribunal Supremo haga estas afirmaciones sin ninguna prueba», espetó la ministra portavoz. No obstante, fuentes de la Moncloa no se plantean emprender acciones legales contra el magistrado, a pesar de que aseguran que está vertiendo contra el Fiscal General del Estado y contra el Gobierno «acusaciones que no tienen hechos que las respalden».
No obstante, para el ala de Sumar en el Ejecutivo es un error quedarse solo en palabras. Las fuentes consultadas no concretan qué es lo que creen que debería hacer el Gobierno, pero consideran que es necesario ir más allá y plantar cara al auto y a su autor, aunque con «inteligencia». Estas fuentes, además, recuerdan que Sumar ya se querelló en noviembre de 2023 contra los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entonces aún bloqueado por el boicot del PP a su renovación, por haber votado a favor de una declaración institucional contraria a la ley de amnistía incluso antes de que el texto de esa proposición fuera publicado.
Para la formación, esos magistrados actuaron de manera «ilegal y arbitraria» y excediéndose en sus funciones, si bien la querella ni siquiera fue admitida a trámite y se archivó meses después por parte del Tribunal Supremo, el mismo al que pertenece el juez Hurtado. El Alto Tribunal estimó entonces que la declaración institucional formaba parte del derecho a la libertad de expresión de los magistrados, y argumentaba que «no es una resolución decisoria que afecte o perjudique a los administrados», a diferencia del auto referido al fiscal general del Estado, que sí tiene carácter resolutivo.
Aunque la Moncloa no se plantea, al menos por ahora, llegar tan lejos, fuentes consultadas por este diario sí aseguran que su apoyo a García Ortiz es total y llegará «hasta el final», incluso si finalmente, como todo apunta, se le termina abriendo juicio dentro de unos días. Entre los socialistas, no obstante, cunde la sensación de que el asunto se va a alargar, y por ello apuestan por no precipitarse y dejar que la defensa del fiscal general del Estado presente primero el recurso contra ese auto del juez Hurtado antes de plantearse nuevos movimientos.
En cualquier caso, tanto en público como en privado, el Gobierno en su conjunto —el PSOE y Sumar— se muestra convencido de que García Ortiz no debe dimitir. «No he visto un auto semejante al que hemos visto estos días, muestro mi perplejidad», espetó este martes la vicepresidenta segunda del Ejecutivo, Yolanda Díaz, que deslizó que el poder judicial debe «respetar el resultado de las urnas del 23 de julio» de 2023 y aseguró que los «poderes fácticos y el PP» tienen «una herramienta a su disposición, que se llama moción de censura». «Si el PP se cree que goza de la mayoría para conseguir [tumbar al Gobierno], que la presente, pero basta ya de torpedear todas las instituciones de nuestro país», espetó Díaz.