En particular, entre las actuaciones más «efectivas» para aumentar la oferta, el Banco de España aboga por garantizar la seguridad jurídica mediante una regulación estable, impulsar la colaboración público-privada centrada en el mercado del alquiler residencial a precios asequibles e implantar programas públicos de aseguramiento y compensación de rentas del alquiler para caseros. El estudio recuerda que hay una parte del parque inmobiliario que no se destina a uso residencial y calcula que, si se movilizaran todas las segundas residencias, pisos turísticos y casas vacías, en Barcelona y Madrid podrían absorberse 310.000 y 390.000 hogares respectivamente.
Además, también apuesta por reducir las trabas administrativas en la construcción de vivienda y la producción de suelo. En ese sentido, el informe recalca que, pese a constituir el suelo la materia prima para levantar viviendas, «en los últimos años no se han producido grandes desarrollos urbanísticos que hayan aumentado la producción de suelo finalista en las grandes áreas urbanas», donde más se concentra el crecimiento de la población. Asimismo, el Banco de España apunta a la oportunidad de reducir los costes de producción de inmuebles mediante la construcción industrializada, aunque reconoce que su penetración es todavía «reducida» y recuerda que el sector arrastra un problema de escasez de mano de obra cualificada.