España tendrá que realizar un ajuste de 14.000 millones para cumplir con las exigencias de Bruselas
Si el Gobierno quiere rebajar el desequilibrio en las cuentas hasta el 3% del PIB -el máximo permitido por Bruselas- deberá reducir la brecha entre lo que ingresa y gasta el país hasta llevarla al entorno de los 42.200 millones. Sin embargo, esta tarea no es sencilla. En primer lugar, porque en ese proceso de ajuste el Gobierno no puede reducir el gasto en intereses por el pago de la deuda, que está previsto que alcance el 2,4% del PIB (33.800 millones o el 61% del déficit previsto este año) Hacerlo, implicaría impagar a los acreedores de España, con el consiguiente daño reputacional para el país.
Para poner en contexto la cifra, 14.000 millones son, en términos presupuestarios más de lo que se gastará en política de defensa este año (12.827 millones) y algo menos que los 14.623 que la Seguridad Social se dejará en abonar las prestaciones no contributivas (complementos a mínimos de las pensiones, pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, prestaciones familiares y otras).
Tres años para cuadrar las cuentas
Sin embargo, todo apunta a que este ajuste quedará en manos del Gobierno que salga de las urnas tras las próximas elecciones generales previstas para diciembre. En principio, el Ejecutivo actual no tiene previsto presentar presupuestos para 2024, lo que provocaría una prórroga de las cuentas públicas aprobadas para este año.
El gran problema de la deuda
En este sentido, conviene recordar que las reglas fiscales europeas establecen un límite máximo de deuda del 60% del PIB, un umbral que actualmente incumplen 13 Estados miembros. Y, aunque la norma no obliga a rebajar la deuda a ese 60% del PIB en tres años (algo que resultaría imposible sin desmantelar el Estado del bienestar), sí exigen que se fijen objetivos para asegurar que la reducción de deuda es “plausible y continua”.
Todo ello en un contexto en el que la hacienda pública enfrenta un futuro lleno de retos presupuestarios. El envejecimiento, con el gasto en pensiones y sanidad que trae aparejado, la transición ecológica o la digitalización son desafíos que potencialmente tensionarán las cuentas públicas durante los próximos años. Elementos que se juntan en el corto plazo con las fuertes subidas de tipos de interés, que han encarecido sustancialmente el precio que pagan los Estados por financiarse.
