El plan del Principado contra la despoblación: fiscalidad por concejos y una oficina para recuperar emigrantes

Asturias
bajará del millón de habitantes y el Principado ultima toda una una batería de medidas legislativas, presupuestarias, fiscales y organizativas para darle la vuelta al declive demográfico. Las ha ido desvelando esta mañana el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, en las V Jornadas ‘
Pegados a la Tierra’, organizadas por este medio y patrocinadas por el Principado, EdP, Unicaja y Reale Seguros. El próximo año se abrirá una
oficina específica para ayudar a los emigrantes en la búsqueda de empleo y vivienda. Dependerá de Presidencia y «hará seguimiento de su situación, facilitando la vuelta desde todos los puntos de vista». Un segundo departamento en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón se consagrará a atraer «nómadas digitales», esto es, profesionales que pueden trabajar desde cualquier lugar conectados a internet.

Esta tarde el grupo de expertos reunido para redactar un borrador de ley de Reto Demográfico cerrará su propuesta, con idea de que el Consejo de Gobierno la apruebe y pase a la Junta General «a finales de diciembre o principios de enero. Estamos en tiempo» para su aprobación en esta legislatura. Su punto de partida fue el dictamen aprobado por 43 de los 45 diputados («un consenso que es una rara avis en la política actual») y que incluía 219 medidas. La norma nació «con una premisa, el reto demográfico no tiene solución a corto y medio plazo, no hay que hablar de una o dos legislaturas, hay que pensar en términos de décadas», defendió. Una norma con esa capacidad de «perdurar» al margen de los vaivenes políticos solo puede nacer de «un amplio consenso» y comprender que ésta es «una política de Estado».

Una de las novedades del proyecto de ley es imponer la obligación para que en adelante todos los planes y normas calibren «su incidencia demográfica», como ya valoran sus efectos sobre la economía y la igualdad de género, por ejemplo. La otra, de mayor repercusión, consiste en «clasificar a los concejos en función de su perfil demográfico», algo que se irá revisando «de manera constante». Entrar en una u otra categoría «tendrá
consecuencias y efectos. Las políticas serán diferentes para cada grupo de concejos y territorios atendiendo a su grado de despoblamiento, serán de tipo fiscal y otro tipo, y graduarán su intensidad en función del grado de despoblamiento«.

La ley «debe ser el punto de apoyo de las políticas que planteen los próximos gobiernos del Principado». En esta legislatura y «como anticipo» se han ido ampliando y redefiniendo las deducciones fiscales. Cofiño dio por asegurada la aprobación de las cuentas de 2023 («vamos a tenerlos y eso es una buena noticia») y enumeró el paquete de deducciones que incluye en la declaración del IRPF pensando en el reto demográfico. Las hay que benefician a quienes tienen acogido en su vivienda a un mayor de 65 años, las pensadas para quien paga el alquiler de una vivienda de uso habitual, las de acogimiento de menores de otros países o nacionales. También las deducciones por parto múltiple, familia numerosa y familia monoparental. Hay deducciones por descendientes en centros de 0 a 3 años, adquisición de libros de texto, gastos en transporte para estudios desde zonas en despoblación y compra de vivienda en los mismos territorios. «Son solo un anticipo» de las que se seguirán perfilando, anotó.

Durante el coloquio celebrado en el Parador de San Pedro de Villanueva (Cangas de Onís), el vicepresidente asumió que puede existe cierta percepción de abandono en las alas, «pero desde el punto de vista presupuestario no es así. Mantenemos unos servicios que son muy caros y a pesar de ello hay un despoblamiento creciente». Tener carreteras, escuelas, médico y banda ancha ayuda pero no basta. «Nos falta mucho músculo económico, que es lo que sujeta a la población y lo que tenemos que conseguir», instó.

Una de las herramientas para ello es «el viento a favor que nos dan los Fondos Next Generation». El vicepresidente asumió que hay «una cierta ansiedad» con su ejecución, derivada en parte en el hecho de que «España fue la primera que vio aprobado su plan por parte de la Comisión Europea, y lo que se espera es que se ejecute». Sin embargo los programas financieros de Bruselas en este campo tienen un funcionamiento distinto «y nos está costando» asumirlo. «Hay dos ejes de gasto. De un lado están los fondos que gestionamos nosotros y que llegan a las empresas a través de las convocatorias», explicó. En este campo «las cosas van bien, en plazo, tenemos 600 millones aprobados, 400 ya en caja, y en licitación 300. Los efectos en la calle se irán viendo en los próximos meses». Lo que acumula más retraso, concedió, son los PERTE, un «instrumento novedosísimo en España y está más verde por las dificultades para aprender su funcionamiento».